Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01673-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01673-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01673-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 02577 del 25 de enero de 2018 y
RDP 014028 del 20 de abril de 2018, a través de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 2 de
febrero de 2016; ii) la indexación de las sumas adeudadas de conformidad con los
índices de precios al consumidor; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en
derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga nació el 10 de octubre de 1957.
3.2. Se vinculó al servicio docente entre el 30 de marzo de 1977 y el 7 de abril de
1978; entre el 8 de agosto de 1977 y el 3 de octubre de 2004; y entre el 4 de abril
de 2004 y el 31 de mayo de 2017, para un total de 21 años, 3 meses y 29 días, por
lo que adquirió el estatus pensional el 2 de febrero de 2016.
3.3. El 19 de octubre de 2017 solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de las resoluciones RDP 02577 del 25
de enero de 2018 y RDP 014028 del 20 de abril de 2018.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley
116 de 1928; 4 de la Ley 4 de 1966; 15 de la Ley 91 de 1989; 1 del Decreto 2285
de 1955 y 5 del Decreto 224 de 1972.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La entidad demandada negó el derecho a la pensión gracia desconociendo los
decretos 13 del 5 de febrero de 1997 y 1624 del 8 de septiembre de 2004, así como
sus actas de posesión mediante las cuales se acreditó la vinculación como docente
territorial para los periodos comprendidos entre el 8 de febrero de 1997 y el 3 de
octubre de 2004, y entre el 4 de octubre de 2004 y el 31 de mayo de 2017.
5.2. Los mencionados actos administrativos fueron suscritos por autoridades
territoriales, tanto por el alcalde del municipio de El Santuario como por el
2 En adelante Ugpp
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
gobernador de Antioquia respectivamente, hecho del que se estableció que la
vinculación del docente por los periodos laborados a partir del 8 de febrero de 1997
era territorial y no nacional, como erróneamente lo certificó la Secretaría de
Educación y como lo pretendió hacer valer la entidad demandada, aspecto en el
cual nada tenía que ver la fuente de los recursos con los cuales eran pagados los
salarios del educador.
5.3. El demandante ostentó la calidad de docente nacionalizado vinculado antes del
31 de diciembre de 1980, y finalmente como docente territorial; por lo tanto, a la
fecha de la presentación de la petición ante la Ugpp superaba 20 años de trabajo y
más de 50 años de edad; en consecuencia, cumplió con los requisitos exigidos en
el Ley 114 de 1913.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación3:
6.1. Los actos administrativos demandados conservan su presunción de validez y
surten plenamente sus efectos jurídicos, puesto que esta no ha sido desvirtuada,
toda vez que no contienen vicio alguno que conlleve su anulación, lo anterior debido
a que fueron expedidos por la autoridad competente observando la ritualidad exigida
para su creación y ejecutoria, así como los motivos que lo soportan, que son
congruentes y consistentes con las normas superiores en las que se fundan.
6.2. Los tiempos laborados válidos para el cómputo no son suficientes para completar
los 20 años de servicio a la docencia, sin tomar en cuenta las vinculaciones a cargos
administrativos o nombramientos en calidad de docente nacional. No es admisible
computar tiempo de servicio prestado en la nación cuyo nombramiento provenga
del Ministerio de Educación por ser incompatible con los prestados en un
departamento, un municipio o un distrito.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, en sentencia
proferida el 19 de octubre de 2023 negó las súplicas de la demanda y para tal efecto,
luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables
al asunto, concluyó lo siguiente4:
3 Folios 61 a 65, cuaderno principal.
4 Índice 33 del aplicativo Samai tribunal, archivo pdf denominado «9_SENTENCIA».
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
7.1. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga nació el 10 de octubre de 1957, por lo que cumplió
los 50 años de edad el 10 de octubre de 2007, tal y como se extrae de la copia del
registro civil de nacimiento.
7.2. Prestó sus servicios como docente oficial de manera interrumpida por más de 20
años, de la siguiente manera: del 30 de marzo de 1977 al 7 de abril de 1978, del 8
de febrero de 1997 al 3 de octubre de 2004, y del 4 de octubre de 2004 al 28 de
febrero de 2017; lo anterior, según la certificación de historia laboral expedida por
la Secretaría del departamento de Antioquia.
7.3. El 19 de octubre de 2017 solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de la
pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante
el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado.
7.4. Por medio de la Resolución RDP 002577 del 25 de enero de 2018, la entidad
negó la petición, con el argumento de que se acreditó que los 20 años de servicio
se prestaron como docente nacionalizado o territorial, pues consideró que durante
el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1997 y el 28 de febrero de 2017 se
desempeñó con vinculación como docente nacional y no era posible computar este
tiempo para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
7.5. Frente al tiempo laborado por el demandante entre 30 de marzo de 1977 y el 7
de abril de 1978, no existió conflicto o desacuerdo entre las partes de que haya sido
como docente de carácter nacionalizado. La controversia se concreta en la calidad
de la vinculación del docente durante el periodo comprendido del 8 de febrero de
1997 al 28 de febrero de 2017, tiempo necesario para definir la procedencia o no de
la prestación reclamada, pues con ello se completarían los 20 años de servicio
docente que exige la norma.
7.6. No era procedente considerar el tiempo de servicio como docente antes referido,
como computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, toda vez
que no fue de carácter nacionalizado o territorial. Adicionalmente, respecto de la
vinculación del 4 de octubre de 2004 al 28 de febrero de 2017, consideró que
tampoco podía computarse como tiempo útil para acceder a la pensión gracia, toda
vez que se evidenció que la plaza era de carácter nacional.
7.7. Si bien se acreditó que el gobernador de Antioquia lo nombró en la nueva planta
de cargos del departamento por medio del Decreto 1624 del 8 de septiembre de
2004, y que los recursos para el pago se harían con el Sistema General de
Participaciones, dicho nombramiento se efectuó en atención a los términos de la
Directiva Ministerial 020 del 31 de diciembre de 2003 y a la asignación de la planta
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
de cargos docente que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus
competencias le entregó al departamento de Antioquia, tal y como se extrae de la
parte considerativa del decreto; lo cual da a entender que la plaza docente ocupada
era del orden nacional y no territorial como lo afirmó en la demanda, en tanto fue
asignada al ente territorial por el gobierno nacional.
1.4. El recurso de apelación
8. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior,
con base en los siguientes argumentos5:
8.1. El tribunal se guio por lo señalado en las constancias de tiempo laboral emitidas
por las secretarías de educación, en las cuales se transgredieron, en muchas
ocasiones, los derechos prestacionales al registrar de manera equivocada la
información, por lo cual el presente asunto se debió debatir con los actos
administrativos del docente y con la revisión del tipo de plantel educativo en el cual
fue nombrado el educador, análisis del cual se podría inferir su tipología o
vinculación que era territorial y no nacional.
8.2. Debió tenerse como precedente obligatorio la sentencia unificada en la que se
indicó que el operador jurídico se guiará por lo previsto en los actos administrativos
de nombramiento y posesión para definir el tipo de vinculación del docente y no
únicamente en las constancias de tiempo laboral emitidas por las secretarías de
educación. Igualmente, analizar minuciosamente el contenido del acto
administrativo y en caso de duda, en virtud de las atribuciones propias del operador
judicial, ordenar o realizar la práctica de pruebas que le permitieran concluir con
total certeza el tipo de vinculación que ostentó el demandante mientras estuvo activo
en el servicio oficial.
8.3. El tribunal no aplicó en debida forma las reglas establecidas en las sentencias
de unificación proferidas por el Consejo de Estado, en razón a que otorgó especial
validez probatoria a las certificaciones laborales y constancias emitidas por las
secretarías de educación; a la vez hizo una interpretación literal de los actos
administrativos de nombramiento, pero sin realizar un análisis riguroso de su
contenido e incluso omitió la posibilidad de ordenar la práctica de pruebas con las
cuales se pudiesen resolver las dudas que tuviera respecto al tipo de vinculación
que ostentó el demandante con posterioridad a su vinculación en los años 1997 y
2004.
5 Índice 35 del aplicativo Samai tribunal, tipo de (.pdf).
«12_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_RECURSOAPELACIONRODR».
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
8.4. Ante la posición negativa expuesta por parte del ente territorial para corregir el
tipo de vinculación que tuvo, se solicitó al Ministerio de Educación Nacional que
certificara si Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga estaba registrado como docente
nacional, ente que informó que este no se encontraba dentro de su registro como
educador ni que hubiera sido vinculado a través suyo.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
10. La Procuraduría no se pronunció en segunda instancia, según consta en el
informe secretarial del 24 de junio de 20246.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver ¿si Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
6 Índice 10 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf).
«12_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_RECURSOAPELACIONRODR».
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19137 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
8
15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19339, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
7 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
18. En efecto, la Ley 60 de 199310 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
10 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja11, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196812, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos13 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199414 (artículo 179, literal d).
20. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199515, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.
21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
11 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
12 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
13 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
14 «Por la cual se expide la ley general de educación»
15 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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22. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
16
25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201817 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
18
26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala19 ha señalado:
16 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
19 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
«Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198920 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio». [Se resalta]
28. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201821, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
20 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
21 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
29. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202222 indicó:
«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».23
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]
30. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41.1. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga nació el 10 de octubre de 1957, según consta en
su cédula de ciudadanía y en su registro civil de nacimiento24.
41.2. Mediante el Decreto 00341 del 19 de marzo de 1977 25, el gobernador del
departamento de Antioquia lo nombró en la escuela rural mixta Santa Rosa en el
cargo de director, y de acuerdo con el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral, tomó posesión del empleo el 30 de marzo de 1977 y presentó
renuncia a partir del 7 de abril de 197826.
41.3. A través del Decreto 013 del 5 de febrero de 1997, el alcalde del municipio de
El Santuario lo nombró docente en propiedad en el Liceo Pbro. Luis Rodolfo Gómez.
Se posesionó el 19 de febrero de ese año27, con efectos fiscales a partir del 7 de
febrero de 1997. En el acto se indicó que la plaza a ocupar era «nacionalizada (o
24 Folios 32 y 33, cuaderno principal.
25 Folios 34 y 35, ibidem.
26
Folio 47.
27 Folios 38 y 39, ibidem.
13
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
nacional)»; además, el alcalde aludió a las disposiciones del artículo 9 de la Ley 29
de 1989 y de los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989. En sus consideraciones,
señaló que el delegado permanente del Ministerio de Educación ante el FER
certificó la existencia de disponibilidad presupuestal y en la resolutiva ordenó enviar
copias de ese acto administrativo al delegado del Ministerio ante el FER.
41.4. Por medio del Decreto 1624 del 8 de septiembre de 200428, el departamento de
Antioquia incorporó a unos docentes y directivos docentes a la nueva planta de
personal, entre ellos a Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga, para prestar sus servicios en
el municipio de El Santuario en el I.E. Pbro. Luis Rodolfo Gómez. Este acto
administrativo lo suscribió el gobernador de Antioquia en ejercicio de las
atribuciones legales establecidas en los artículos 300 de la Constitución Política y
38 de la Ley 715 de 2001. Allí se consideró lo siguiente:
«El departamento de Antioquia fue certificado a partir del año 2002, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 41 de la Ley 715 de 2001.
En cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 37 de la Ley 715 de 2001, la
Nación, el Departamento de Antioquia y sus municipios organizan la planta de cargos
docentes, directivos docentes y de los administrativos de las instituciones educativas.
El Ministerio de Educación Nacional en el marco de sus competencias asigna la planta
de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas
para el Departamento de Antioquia.
El Departamento adoptó la planta de cargos para el Departamento de Antioquia en los
términos del artículo 37 de la Ley 715 de 2001, por medio del Decreto 230 de 2004.
En cumplimiento de sus facultades el Departamento viene asignando la planta de cargos
por Municipios e Instituciones Educativas de acuerdo con lo estipulado en el Decreto
Nacional 3020 de 2002, para lo cual se ha soportado en la información enviada por los
Alcaldes Municipales.
Por Decreto 730 de junio 2 de 2004 y aclarado por el decreto 1478 de agosto 31 de 2004,
se asignó la planta de cargos para el Municipio de El Santuario por institución educativa.
Es obligación del Departamento incorporar en la nueva planta de cargos el personal
vinculado, no significando con esto que se legalizan situaciones irregulares que hayan
existido en la vinculación de los docentes y o directivos docentes, por lo que
incorporación se hará en los términos establecidos en la directiva Ministerial 020 de
diciembre 31 de 2003, sin solución de continuidad, con el solo requisitos de
suscripción del acta de posesión y presentación de la cédula de ciudadanía» (sic)
[resaltado del texto original].
28 Folio 40 a 42, ibidem.
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41.5. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 28 de abril de 201629, prestó sus servicios como docente en propiedad del nivel
básica primaria nacionalizado en el E.R.M. Santa Rosa del municipio de Bolívar
desde el 30 de marzo de 1977 hasta el 7 de abril de 1978.
41.6. Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historial Laboral del 29 de marzo de 201730, tuvo vinculación
nacional de la siguiente manera:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Nombramiento E.R.M. STA
ROSA, municipio:
BOLIVAR, calidad docente: DTO 341 30-03-1977 06-04-1978
DIRECTOR
NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD I.E. PBRO
LUIS RODOLFO EL DTO MPAL 013 08-02-1997 03-10-2004
SANTUARIO – Calidad
docente: P.T.C.
INCORPORACION I.E.
PBRO LUIS RODOLFO EL DTO. 1624
04-10-2004 28-02-2017
SANTUARIO – Calidad
docente: P.T.C.
Tiempo total 21 años y 6 días
41.7. El 19 de octubre de 201731, solicitó a la Ugpp el reconocimiento de su pensión
gracia.
41.8. La subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Ugpp expidió
la Resolución RDP 2577 del 25 de enero de 201832, por la cual negó el
reconocimiento pensional. Posteriormente, esa entidad, en respuesta al recurso de
apelación confirmó la decisión mediante la Resolución RDP 01428 del 20 de abril
de ese año33.
29 Folio 45, ibidem.
30 Folio 47, ibidem.
31 Folios 23 a 26, ibidem.
32 Folios 17 a 19, ibidem.
33 Folios 21 a 22, ibidem.
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
2.4. Análisis sustancial
42. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto si bien
el gobernador de Antioquia lo nombró en la nueva planta de cargos del
departamento por medio del Decreto 1624 del 8 de septiembre de 2004, y los
recursos para el pago salarial se hicieron con el Sistema General de Participaciones,
dicho nombramiento se efectuó en atención a los términos de la Directiva Ministerial
020 del 31 de diciembre de 2003 y a la entrega de la planta de cargos docente que
el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias, le asignó al
departamento de Antioquia, tal y como se extrae de la parte considerativa del acto;
lo cual le dio a entender que la plaza docente ocupada por el demandante era del
orden nacional y no territorial como lo afirma.
43. Por su parte, el demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que
contrario a lo concluido en dicho proveído, el operador jurídico debió guiarse por lo
señalado en los actos administrativos de nombramiento y posesión para definir el
tipo de vinculación del docente y no únicamente en las constancias de tiempo
laboral emitidas por las secretarías de educación, en las cuales se transgredieron
derechos prestacionales al omitir o registrar de manera equivocada la información.
44. De acuerdo con lo anterior, la sala deberá verificar si como se afirmó en el recurso
de apelación, el recurrente acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de
edad; ii) ejerció la docencia con buena conducta; iii) acreditó una experiencia
anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o
nacionalizada y iv) completó 20 años de servicio en una plaza territorial o
nacionalizada.
45. Al respecto, se advierte que Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga contaba con más de
50 años de edad [nació el 10 de octubre de 1957, por lo que cumplió con ese
requisito en el año 2007]. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la
buena conducta, en tanto se presume y frente a este no se efectuó reproche alguno.
46. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el
expediente se evidencia que el demandante se desempeñó como director entre el
30 de marzo de 1977 y el 7 de abril de 1978, con ocasión del nombramiento
efectuado por el gobernador del departamento de Antioquia en la escuela rural mixta
16
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
Santa Rosa. Se advierte que la anterior vinculación finalizó con el Decreto 788 del
21 de abril de 1978, especificando en uno de los Formatos Únicos para la
Expedición de la Certificación Laboral que el retiro fue a partir del 8 de abril de ese
mes y año.
47. En este punto es importante resaltar, que el tiempo en que el demandante se
desempeñó como director en la escuela rural mixta Santa Rosa del departamento
de Antioquia era válido para obtener la pensión gracia por las razones que a
continuación se exponen:
48. El Decreto 128 del 20 de enero de 1977 señalaba lo siguiente en torno a la labor
del director de un establecimiento educativo:
«Artículo 21. Para los efectos del presente estatuto, los cargos directivos de los planteles
educativos oficiales se definen de la siguiente manera:
Director: es la cabeza o autoridad principal de su plantel de educación primaria.
Subdirector: es la segunda autoridad de un plantel de educación primaria.
Rector: es la cabeza o autoridad principal de un plantel de educación secundaria.
Vicerrector: es la segunda autoridad académica - administrativa de un plantel de
educación secundaria.
Perfecto: es la autoridad de un plantel de educación secundaria, a cuyo cargo están la
disciplina del plantel y control del cumplimiento de las obligaciones de los profesores.
Parágrafo. De acuerdo con la clasificación dada por el Ministerio de Educación Nacional
a los planteles educativos según las necesidades de cada categoría, dicho Ministerio
que podrán ser ejercidos por la misma persona.
[…]
Artículo 23. Los cargos de Director y de Rector tienen simultáneamente el doble
carácter de docentes y administrativos y serán provistos por concurso.
Los cursos para Directivos y Receptores se descentralizarán de acuerdo con la
reglamentación que dice el Ministerio de Educación». [Se resalta]
49. En igual sentido se consideró con posterioridad, pues el Decreto 2277 de 1979
que derogó el anterior precisó que las personas que ejercieran la profesión docente
se denominan genéricamente educadores, y que se entendía por profesión docente
«el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes
que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de
supervisión inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás
actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en
los Términos que determine el reglamento ejecutivo». De acuerdo con lo anterior, en su
artículo 32 dispuso que tendrían carácter docente, los cargos directivos que señaló
a continuación, estos fueron: a) director de escuela o concentración escolar;
b) coordinador o prefecto de establecimiento; c) rector de plantel de enseñanza
básica secundaria o media; d) jefe o director de núcleo educativo o de agrupación
de establecimientos; y e) supervisor o inspector de educación.
50. A partir de las anteriores disposiciones, esta corporación en forma pacífica y
reiterada ha concluido que a la pensión gracia «también pueden acceder los directivos
docentes, al tratarse de cargos que hacen parte de la profesión de educador»34.
51. Posteriormente, el alcalde del municipio de El Santuario nombró a Rodrigo
Alonso Arcila Zuluaga docente de tiempo completo en propiedad en el Liceo Pbro.
Luis Rodolfo Gómez, con posesión del 19 de febrero de 1997, pero con efectos
fiscales a partir del 7 de ese mes y año. Finalmente, el gobernador del departamento
de Antioquia lo incorporó como docente de tiempo completo a la nueva planta de
personal, para prestar sus servicios en el municipio de El Santuario en el I.E. Pbro.
Luis Rodolfo Gómez, desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 28 de febrero de 2017,
y allí se especificó que «[l]a incorporación se hace sin solución de continuidad, en los
mismos términos en que venía vinculado».
52. Todo lo anterior indica que las vinculaciones eran del orden territorial y podían
ser computadas para efectos del reconocimiento de la prestación pretendida, toda
vez que se trataba del ejercicio docente en entidades territoriales o nacionalizadas.
53. Esto es así, pues si bien en el Decreto 1624 de 2004 el docente fue «incorporado»
a la planta de personal del departamento, luego de que el Ministerio de Educación
la asignara a la entidad territorial, esa incorporación no solo afectó docentes que
prestaban sus servicios en planteles nacionales sino también a los
nacionalizados; y lo cierto es que, tal y como se reseñó en el acápite anterior, a
través del Decreto 013 del 5 de febrero de 1997 el alcalde de El Santuario
(Antioquia) lo nombró docente de la institución educativa Liceo Presbítero Luis
Rodolfo Gómez, y al efecto hizo uso, de entre otras, de las prerrogativas de la Ley
60 de 1993 que le asignó a los municipios la labor de administrar los servicios
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-
000-2013-06449-01(3989-15). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 9 de abril de
2014, radicado 05001-23-31-000-2008-00946-01(0443-13); ii) del 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-
000-2016-02645-01(1081-19); y iii) del 3 de octubre de 2022, radicado 52001-23-33-000-2014-00540-01 (2892-
2016).
18
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educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y secundaria y
media.
54. De hecho, así lo dispone el artículo 3 del Decreto 196 de 1995, al señalar que
«[l]os docentes nacionales y nacionalizados a que se refiere el artículo 6o. de la Ley 60
de 1993 que se incorporen a las plantas departamentales o distritales, seguirán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos de la Ley 91 de
1989 y los Decretos Reglamentarios 1775 y 2563 de 1990, 2129 de 1991 y las disposiciones
que los modifiquen o sustituyan».
55. Este acto lo suscribió el alcalde municipal y el secretario, no participó el Ministerio
de Educación y aun cuando el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional ante el FER certificó la disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo
señalado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 «la calidad de docente
territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando
en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo»35.
56. De manera que, si el ingreso al servicio educativo en el año 1997 fue
nacionalizado, y la incorporación no implicó que el tipo de vinculación mutara, debe
considerarse que el periodo comprendido entre los años 1997 y 2017 fue
nacionalizado.
57. Así las cosas, acreditó el siguiente tiempo de servicio:
Total tiempo
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
Decreto
Departamento 00341 del 30 de marzo 8 de abril
Director 1 año, 9 días 1 0 9
de Antioquia 19 de marzo de 1977 de 1978
de 1977
Decreto 013
3 de 7 años 7
Municipio El del 5 de 7 de febrero
Docente octubre meses 26 7 7 26
Santuario febrero de de 1997
de 2004 días
1997
Decreto
1624 del 8 4 de 28 de 12 años 4
Departamento Docente
de octubre de febrero meses 24 12 4 24
de Antioquia (incorporación)
septiembre 2004 de 2017 días
de 2004
Total 21 0 29
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
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Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
58. En suma, contrario a lo establecido por el a quo Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la prestación pretendida, por
cuanto: i) acreditó vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980; ii) contaba
con más de 50 años de edad; iii) prestó sus servicios como docente oficial del orden
nacionalizado y territorial por más de 20 años; y iv) ejerció la docencia con buena
conducta, bajo el entendido de que no fue desvirtuada.
59. De acuerdo con lo anterior, el demandante adquirió el estatus pensional el 29
de enero de 2016, fecha en la que completó los 20 años de experiencia docente y
ya contaba con 50 años de edad.
60. Porotro lado, resulta oportuno precisar que Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
presentó la reclamación administrativa el 19 de octubre de 2017 y comoquiera que
el derecho lo causó el 29 de enero de 2016, no operó la prescripción extintiva de
mesada alguna.
61. Así las cosas, se impone revocar la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, a título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Ugpp al reconocimiento y pago de
la pensión gracia con el 75% de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente a la consolidación de su estatus pensional, esto es, anteriores al
29 de enero de 2016, puesto que Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga acreditó todos los
requisitos para esos efectos.
2.5. Costas
62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
67. Con fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia proferida el 19 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, por cuanto:
67.1. El demandante trabajó como docente (director), por lo que era viable tener en
cuenta la labor desempeñada para efectos del cómputo de tiempo de servicios que
se requería para el reconocimiento de la pensión gracia, siempre y cuando esta
vinculación haya sido del orden territorial o nacionalizado.
67.2. Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga acreditó los requisitos para el reconocimiento de
la pensión gracia, según lo previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas
concordantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, que negó las pretensiones
36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
de la demanda presentada por Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga contra la Ugpp y, en
su lugar se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 002577 del 25 de enero de
2018 y RDP 014028 del 20 de abril de 2018, por las cuales la Ugpp negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de Rodrigo Alonso Arcila
Zuluaga.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp) el reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75%
de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente a la
consolidación de su estatus pensional, esto es, anteriores al 29 de enero de 2016.
Cuarto. Realizar la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Sexto. No condenar en costas en esta instancia.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
22
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01673-01 (1891-2024)
Demandante: Rodrigo Alonso Arcila Zuluaga
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
mgafs
23
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