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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01815-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01815-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

Tema: Análisis de validez del acto administrativo que negó la modificación de una
certificación sobre la naturaleza nacional de una vinculación docente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida
el 16 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Doris del Socorro Gómez Idárraga solicitó que se declare la nulidad del
oficio del 26 de abril de 2018 expedido por el subsecretario administrativo de la
Secretaría de Educación de Antioquia, a través del cual no se accedió a la corrección
o aclaración de la vinculación docente de carácter nacional en los formatos únicos
para la expedición del certificado de historia laboral y de salarios fechados el 27 de
octubre de 2017. La Sala resuelve en cuanto al estudio de legalidad del acto acusado
estarse a lo resuelto por esta Subsección en la sentencia proferida el 6 de agosto de
2025 dentro del proceso con número de radicado 05001233300020190289101 (5679-
2024). Negar el reconocimiento de perjuicios morales.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Doris del Socorro Gómez Idárraga, por conducto de apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de: (a) la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP); y (b) del

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

departamento de Antioquia, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho1.

2.1.1. Pretensiones

2.1.1.1. Respecto de la UGPP

2. Solicitó la nulidad de las resoluciones RDP 014382 del 5 de abril de 2017, RDP
020444 del 18 de mayo de 2017 y RDP 025171 del 15 de julio de 2017, por medio de
las cuales la UGPP no accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
peticionaria.

2.1.1.2. En relación con el departamento de Antioquia

3. Solicitó la nulidad del oficio del 26 de abril de 2018 del subsecretario
administrativo de la Secretaría de Educación de Antioquia, mediante el cual negó la
solicitud de corrección o aclaración de los formatos únicos para la expedición del
certificado de historia laboral y de salarios fechados el 27 de octubre de 2017, en
relación con el tipo de vinculación al establecer que es de carácter nacional, en
consecuencia:

4. Que los nombramientos efectuados a través de los decretos 568 del 29 de
marzo de 1978, 226 del 3 de febrero de 2000 y 1025 del 15 de julio de 2004 expedidos
por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de El Carmen de Viboral se trataron de
vinculaciones de carácter nacionalizado - territorial y no del orden nacional como lo
consignó el oficio en mención. Por tanto, que se profiera un acto administrativo en el
que se certifique la mencionada situación.

5. Como restablecimiento del derecho solicitó: (a) el reconocimiento y pago de
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de perjuicios morales,
y (b) condenar a la demandada al pago de las costas del proceso, incluyendo las
agencias en derecho.

2.1.2. Trámite de primera instancia

6. En el curso de la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante auto del 9 de septiembre de 20192, ordenó desacumular las pretensiones de
la demanda y continuar el proceso de la referencia únicamente frente a la pretensión
de nulidad del oficio del 26 de abril de 2018 del subsecretario administrativo de la
Secretaría de Educación de Antioquia.

7. Ahora, es del caso referenciar que las pretensiones relacionadas con el
derecho a la pensión gracia fueron definidas dentro del proceso con número de
radicado 05001233300020190289101 (5679-2024), en sentencia del 6 de agosto de

1 Samai Tribunal, índice 47, expediente digital, 18ED_001ExpedienteFisicoE(.pdf) NroActua 47.pdf, folio 2-27.
2 Samai Tribunal, índice 47, expediente digital, 18ED_001ExpedienteFisicoE(.pdf) NroActua 47.pdf, folio 177-180.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

2025 por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo Estado
concluyó que los periodos laborados por la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga
fueron en plazas del orden territorial; en consecuencia, reconoció el derecho.

2.1.3. Hechos

8. La accionante indicó que nació el 17 de noviembre de 1958, por lo que el 17 de
noviembre de 2008 cumplió 50 años.

9. Manifestó que conforme al Decreto 568 del 29 de marzo de 1978 de la
gobernación de Antioquia prestó sus servicios como docente oficial de carácter
nacionalizado desde el 13 de abril de 1978 hasta el 14 de abril de 1984, para un total
de 2.160 días.

10. Expresó que de acuerdo con el Decreto 226 del 3 de febrero de 2000 del
municipio de El Carmen de Viboral prestó sus servicios como docente oficial de
carácter nacionalizada desde el 7 de febrero de 2000 hasta el 14 de julio de 2004,
para un total de 1.597 días.

11. Señaló que en virtud del Decreto 1025 del 15 de julio de 2004 de la gobernación
de Antioquia prestó sus servicios como docente oficial de carácter nacionalizado
desde el 15 de julio de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2017, para un total de 4.755
días.

12. Respecto de los periodos anteriores, afirmó que el tiempo de servicio al
magisterio fue de 23 años, 7 meses y 22 días; en consecuencia, cumplió los 20 años
de servicio el 8 de febrero de 2014.

13. Relató que a través de escrito del 2 de diciembre de 2016 solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP. Sin embargo, mediante la
Resolución RDP 014382 del 5 de abril de 2017, dicha entidad negó su reconocimiento
y pago al considerar que su vinculación fue del orden nacional.

14. Indicó que el 26 de abril de 2017 interpuso el recurso de apelación contra el
acto administrativo citado en precedencia, pero la UGPP mediante la Resolución RDP
025171 del 15 de julio de 2017 lo confirmó en todas sus partes.

15. Manifestó que, mediante escrito del 7 de marzo de 2018, solicitó la corrección
de la historia laboral y certificado de salarios en lo relativo a la categorización de su
vinculación docente -nacional a nacionalizado- a la Secretaría de Educación del
departamento de Antioquia.

16. Expresó que, a través del oficio del 26 de abril de 2018, el subsecretario
administrativo de la Secretaría de Educación de Antioquia no accedió a lo solicitado,
al considerar que el nombramiento se ajustó a la denominación de docente nacional,
debido a que se realizó en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo

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Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

10 del Decreto 1706 de 1989, puesto que el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional certificó sobre la disponibilidad
presupuestal para la designación.

2.1.4. Normas violadas y concepto de violación

17. Identificó como normas desconocidas las siguientes:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículos 1, 2, 5, 6, 9 y 11.
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preámbulo y
artículos 1, 2 y 9.
• Constitución Política, preámbulo y artículos 1, 2, 4, 11, 12, 13, 23, 25, 29,
42, 43, 44, 45, 48, 53, 85, 93, 209 y 366.
• Ley 114 de 1913, artículos 1, 3, y 4.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 4 de 1996, artículo 4.
• Decreto 1743 de 1966, artículo 5.
• Ley 91 de 1989, artículo 1 y 15.
• Ley 100 de 1993, artículo 276, parágrafo 2.

18. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante transcribió apartes de
la normativa y la jurisprudencia de esta corporación, relacionadas con el
reconocimiento de la pensión gracia, y concluyó que la entidad se apartó del
ordenamiento jurídico e interpretó de manera errónea el tipo de vinculación al servicio
docente, por el periodo comprendido entre 1978 a 2016, al catalogarla de orden
nacional.

2.2. Contestación de la demanda

19. El departamento de Antioquia, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito3:

20. En primer lugar, inexistencia de la obligación demandada, al considerar que no
tiene la competencia para otorgar la pensión gracia, máxime cuando la peticionaria no
cumple con los requisitos para su reconocimiento.

21. En segundo lugar, legalidad del acto administrativo, al sostener que tanto el
acto acusado como el certificado fueron expedidos en cumplimiento de las leyes 43
de 1975 y 91 de 1989, mediante las cuales se establece el carácter de las plazas
docentes, por consiguiente, no se configura falsa motivación ni desviación de poder.

3 Samai Tribunal, índice 47, expediente digital, 18ED_001ExpedienteFisicoE(.pdf) NroActua 47.pdf, folio 136-143.

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Demandada: Departamento de Antioquia

22. En tercer lugar, falta de causa para pedir, al señalar que la demandante no
acredita el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

23. En cuarto lugar, cobro de lo no debido, al indicar que carece de competencia
para reconocer la pensión gracia y que el documento expedido por esta autoridad se
encuentra conforme a lo dispuesto por la ley.

24. Finalmente, prescripción, al manifestar que, en el evento en que la accionante
tenga derecho a la pensión gracia, opera la prescripción respecto de las mesadas
causadas y no reclamadas oportunamente.

2.3. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 16 de julio de 2025,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. La providencia se fundó en las siguientes consideraciones4:

26. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia, analizó el tipo de vinculación docente de la accionante en los periodos
comprendidos: a) del 13 de abril de 1978 al 16 de abril de 1984, en virtud del Decreto
568 del 29 de marzo de 1978; b) del 7 de febrero de 2000 al 14 de julio de 2004,
mediante el Decreto 226 del 3 de febrero de 2000 y; c) del 15 de julio de 2004 al 30
de septiembre de 2017, a través del Decreto 1025 del 15 de julio de 2004.

27. Frente al primer periodo, indicó que el nombramiento fue de tipo nacionalizado,
puesto que la demandante prestó su servicio docente al departamento de Antioquia
para la enseñanza primaria. Lo anterior, fue aceptado por el propio ente territorial al
momento de contestar la demanda.

28. Respecto del segundo periodo, señaló que el nombramiento fue de tipo
nacional, toda vez que el alcalde de El Carmen de Viboral lo realizó en ejercicio de las
atribuciones conferidas en los artículos 106 y 115 de la Ley 115 de 1994 y del Decreto
277 de 1979.

29. En cuanto al último periodo, refirió que el nombramiento fue de tipo nacional,
teniendo en cuenta que el gobernador de Antioquia lo realizó en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

30. Así las cosas, concluyó que no hay lugar a lo pretendido por la parte
demandante. Por último, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en cuanto a
la petición de condena en costas, indicó que no se vislumbra temeridad o mala fe de
la parte demandante y no existe prueba de que aquellas se hayan causado al interior
del presente proceso.

4 Samai Tribunal, índice 50, expediente digital, 20Sentencia_05001233300020180181(.pdf) NroActua 50.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

2.4. Recurso de apelación

31. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque la decisión de primera instancia. Fundamentó
su inconformidad en las siguientes razones5:

32. Destacó que el juez de primera instancia se equivocó al considerar que las
vinculaciones efectuadas mediante los decretos 226 del 3 de febrero de 2000 y 1025
del 15 de julio de 2004, son de carácter nacional, por el simple hecho de que en los
actos de designación participaron los delegados del Ministerio de Educación Nacional
ante los fondos educativos regionales, toda vez que la intervención de dichos
funcionarios no desvirtúa la naturaleza territorial del nombramiento.

33. Agregó frente al Decreto 1025 de 2004, que corresponde a una incorporación
de la demandante a la planta de cargos asignada al departamento de Antioquia, que
se hizo sin solución de continuidad y en los mismos términos y condiciones en que
venía vinculada con anterioridad, es decir, como docente territorial.

34. Resaltó que no es competencia de la Nación efectuar nombramientos de
docentes en la planta de cargos de los establecimientos educativos departamentales,
distritales o municipales destinados a la prestación del servicio de educación
preescolar, primaria, secundaria y media vocacional, en virtud de las leyes 60 de 1993
y 115 de 1994.

35. Por último, expresó que el docente oficial nombrado por decreto de un
gobernador o alcalde ostenta la condición de nacionalizado por haberse vinculado al
magisterio a partir del 1 de enero de 1976, contando con la previa autorización del
Ministerio de Educación Nacional, ya que los costos salariales y prestacionales de la
plaza docente son asumidos por la Nación. Por el contrario, de no contarse con dicha
autorización, se ostentará la condición de territorial, sufragada con recursos propios
de la entidad territorial.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Por medio de auto del 6 de octubre de 20256 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA,
y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente

5 Samai Tribunal, dice 53, expediente digita, 22_MemorialWeb_Recurso-GomezIdarragaDoris(.pdf) NroActua 53.
6 Samai, índice 4, expediente digital, 4Autoqueadmite_24612025(.pdf) NroActua 4.

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Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón de la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3287 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

39. ¿Es procedente pronunciarse de fondo sobre la corrección de la historia laboral
y de salarios de la accionante, consistente en que durante su trayectoria como docente
oficial se le nombró maestra del orden nacional, a pesar de que en la sentencia del 6
de agosto de 2025 esta Subsección concluyó que el servicio se prestó en plazas del
orden territorial y se le reconoció el derecho a la pensión gracia?

40. ¿Resulta procedente el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados?

3.3. Hechos probados

41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene
por acreditados los siguientes:

42. De acuerdo con la copia del Decreto 568 del 29 de marzo de 19788, el
gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus facultades legales, nombró
a la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga, educadora de enseñanza primaria.

43. Conforme a la copia del acta de posesión del 12 de abril de 19789, la
demandante se presentó al despacho del gobernador de Antioquia con el fin de tomar
posesión del cargo seccional de la Escuela Rural Mixta Santa Bárbara del municipio
de Rionegro.

44. En virtud de la copia del Decreto 226 del 3 de febrero 200010, el alcalde
municipal de El Carmen de Viboral, en uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por los artículos 106 y 115 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 227 de 1979,
nombró en propiedad a la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga, «con grado 2,
en el escalafón nacional docente, maestra bachiller, para desempeñar el cargo de

7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
8 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 43 y 44.
9 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 45.
10 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 50 y 51.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

docente de básica primaria en el colegio La Chapa, núcleo educativo 18-15» de ese
mismo municipio.

45. Según la copia del acta del 3 de febrero de 200011, la accionante se presentó
al despacho del alcalde de El Carmen de Viboral con el fin de tomar posesión del
cargo de docente de básica primaria en el colegio La Chapa, núcleo educativo 18-15
de dicho municipio, para el que fue nombrada mediante el Decreto 226 del 3 de febrero
de 2000.

46. A través del Decreto 1025 del 15 de julio de 200412, el gobernador del
departamento de Antioquia incorporó en la nueva planta de cargos asignada al
departamento, a «quienes prestan sus servicios en el municipio de EL CARMEN
VIBORAL», lo que cobijaba a la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga, como
docente de primaria en el establecimiento educativo La Chapa del municipio de El
Carmen de Viboral.

47. En armonía con el acta de incorporación de la Secretaría de Educación para la
Cultura Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo- Personal13, la peticionaria se
presentó el 23 de julio de 2004 para tomar posesión del cargo de docente de primaria
en el establecimiento educativo La Chapa.

48. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral14, la demandante laboró al servicio del departamento de Antioquia:

• Del 13 de abril de 1978 al 15 de abril de 1984, en virtud del Decreto 568 del 19
de marzo de 1978.
• Del 7 de marzo de 2000 al 14 de julio de 2004, con ocasión del Decreto 226
del 3 de febrero de 2000.
• Del 15 de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2017, en virtud del Decreto
1025 del 15 de julio de 2004.

49. El 7 de marzo de 201815 la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga le solicitó
a la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia, entre otras cosas, la
corrección de la historia laboral en lo relacionado con la categoría de la vinculación
docente, en el siguiente sentido:

Corríjase o aclárese, mediante resolución motivada, el certificado de historia laboral y
certificado de salaries, de la señora educadora, Doris del Socorro Gómez Idárraga, titular
de la cedula de ciudadanía N° 21,625,373 de El Carmen de Viboral, Antioquia; en el
sentido de precisarse la siguiente situación laboral:

Cargo: docente.
Tipo de nombramiento: propiedad.

11 Samai, índice 00047, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 52.
12 Samai, índice 00047, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 53 a 60.
13 Samai, índice 00047, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 61.
14 Samai, índice 00047, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 36 a 37.
15 Samai, índice 00047, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 47, 18_pp. 91 a 93.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

Tipo de vinculación: nacionalizada (plaza docente pagada con recursos del situado fiscal),
o en subsidio municipal.

Lo anterior, de no cumplirse el requisito del artículo 10 de la Ley 43 de 1.975, cuyo tenor
expresa: "Artículo 10°.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaria, ni el
Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional. (Sic para la cita).

50. El 26 de abril de 2018, la Secretaría de Educación del departamento de
Antioquia negó la solicitud de corrección o aclaración, bajo los siguientes argumentos:

La señora Doris del Socorro Gómez Idárraga ha tenido dos tipos de vinculación, una de
Abril de 1978 al mes de abril de 1984, periodo en el cual de acuerdo con la definición de
la Ley 91 de 1979, se dan los preceptos para señalar que el servidor fue docente
nacionalizado, no obstante de acuerdo con información que reposa en los archivos de la
entidad, la señora Gómez Idárraga presentó renuncia a dicho nombramiento y se vinculó
posteriormente por medio del Decreto Municipal 226 del 3 de febrero de 2000, con
nombramiento del Municipio de El Carmen de Viboral, siendo incorporado en la planta de
personal docente y directivo docente del departamento de Antioquia donde este último tipo
de nombramiento se ajusta a la denominación de docente Nacional ya que como se indica
en el Decreto de nombramiento, la actuación se ajustó al cumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 10 del Decreto 1706 de 1989, toda vez que el Delegado
Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional,
certifico sobre la disponibilidad presupuestal, lo cual le otorga la categoría de Nacional, y
no de territorial que sería la otra opción aplicable, dada la fecha de nombramiento y por
ser la autoridad municipal quien suscribe el acto administrativo de nombramiento. En tal
sentido la Subsecretaria administrativa, se reitera en la respuesta otorgada inicialmente.
De igual manera en lo relativo a las copias me permito hacerle llegar las mismas
contenidas en 4 folios. En lo relativo a los certificados deberá reclamar copia de los mismos
en el piso 4 taquilla 12, de la Secretaría de Educación, previo el aporte de la constancia
de pago del valor estimado por la expedición de los mismos. (Sic para la cita).

51. En el oficio descrito la administración no indicó la procedencia de recursos
contra la decisión adoptada.

52. A partir de los decretos de nombramiento, las actas de posesión y el formato
único para la expedición de certificado de historia aportados al expediente, se acredita
que la demandante prestó el servicio docente durante los siguientes periodos. Se
precisa que los traslados respectivos se registraron en el señalado certificado:

9

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

Institución educativa Cargo Acto Periodo
administrativo Fecha de Fecha de
inicio finalización
Escuela Rural Santa Docente Decreto 568 del 29 12/04/1978 16 15/04/1984
Barbara (municipio de de marzo de 1978.
Rionegro) - Acta de posesión
Nombramiento del 12 de abril de
1978
E. R. Olaya Herrera Docente Resolución 369 del Traslado
(municipio de 21 de abril de
Girardota) 198317
E. R. El Aguila Docente Resolución 220 del Traslado
(municipio de Giraldo) 4 de abril de
198418
Colegio La Chapa Docente Decreto 226 del 3 07/02/2000 14/07/2004
(municipio de de febrero de
Girardota) - 2000.
Nombramiento Acta del 3 de
febrero de 2000
I. E. Campestre Docente Decreto 1025 del 15/07/2004 30/09/2017
(municipio El Carmen 15 de julio de
de Viboral) – 2004.
Incorporación Acta de
incorporación del
23 de julio de 2004

3.4. Caso concreto

53. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad del oficio del 26 de
abril de 2018 que le negó la modificación de una certificación sobre naturaleza nacional
de vinculación docente y; en consecuencia, se declare que los nombramientos
efectuados a través de los decretos 568 del 29 de marzo de 1978, 226 del 3 de febrero
de 2000 y 1025 del 15 de julio de 2004 expedidos por la gobernación de Antioquia y la
alcaldía de El Carmen de Viboral se trataron de vinculaciones de carácter
nacionalizado - territorial y no del orden nacional como lo consignó el oficio en mención.

54. Al respecto, debe decirse que esta Subsección al interior del proceso con
número de radicado 05001233300020190289101 (5679-2024), que corresponde a
aquel producto de escindir las pretensiones de reconocimiento de la pensión gracia,
que se encontraban en el escrito de demanda inicial, mediante sentencia del 6 de
agosto de 2025 concluyó que los periodos laborados por la señora Doris del Socorro
Gómez Idárraga, del 12 de abril de 1978 al 15 de abril de 1984 y desde el 7 de febrero
del 2000 hasta el 28 de febrero de 2014, fueron en plazas del orden territorial, en virtud

16 Aunque el formato único indica que la accionante inició la prestación del servicio el 13 de abril de 1978, la Sala

considera a partir del acta de posesión correspondiente, que la labor docente inició un día antes, el 12 de abril de
1978.
17 Menciona en el formato único para la expedición de certificado de historia de la Secretaría de Educación del

departamento de Antioquia.
18 Ibdidem.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

de los decretos 568 del 29 de marzo de 1978, 226 del 3 de febrero de 2000 y 1025 del
5 de julio de 2004. Así lo sostuvo:

Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980:

Para acreditar el cumplimiento de este requisito la Sala observa que, la señora Doris
del Socorro Gómez aportó: i) el Decreto 568 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos setenta y ocho (1978); ii) Formato Único para la expedición de
Certificado de Historia Laboral Consecutivo No. 101870-17, y iii) diligencia de posesión
del doce (12) de diciembre de mil novecientos setenta y ocho (1978).

La entidad demandada afirmó que, este tiempo no puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, porque en el Formato para la Expedición de
Historia Laboral, se consignó que se trata de una vinculación de carácter nacional; sin
embargo, la Sala le resta credibilidad a la indicación, toda vez que, al proceso se
aportaron los actos de nombramiento y el acta de posesión de la docente, para este
periodo, y aun cuando, la diligencia de posesión no tiene la firma de la demandante, de
la revisión armónica de los medios de prueba, se evidencia que la señora Gómez
Idárraga como maestra por disposición de la autoridad territorial correspondiente, en
uso de sus facultades legales, para una plaza territorial19.

Por consiguiente, este periodo de servicio, que inició con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, puede ser contabilizado para el reconocimiento de la pensión gracia.

De otra parte, la UGPP sostuvo que la demandante es docente nacional porque en el
acto de su vinculación intervino el representante del FER; sin embargo, conforme a
la jurisprudencia de esta Corporación20, no puede concluirse que los docentes con
vinculación territorial y/o posteriormente nacionalizados adquieren automáticamente la
calidad de educadores nacionales por el solo hecho que en el acto de vinculación,
intervenga el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
integrante de la junta administradora del respectivo FER, junto con el representante
legal de la entidad territorial.

Vistas así las cosas, para la Sala no son de recibo los planteamientos de la entidad y,
en consecuencia, este tiempo es válido para ser contabilizado para el reconocimiento
de la pensión gracia a favor de la accionante.

Prestación de servicio como docente territorial o nacionalizado por 20 años. Para
acreditar este requisito, además del periodo indicado en líneas anteriores, se
encuentran en el expediente: i) Decreto 226 del tres (3) de febrero de dos mil (2000),
ii) el acta de posesión del tres de febrero de dos mil (2000); y iii) el Decreto No. 1025
del cinco (5) de julio de dos mil cuatro (2004).

Este período resulta válido para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda
vez que, a través del Decreto 226 del tres (3) de febrero de dos mil (2000), el alcalde

19 Artículo 1º de la Ley 91 de 1989
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor:
Gladys Amanda Hernández Triana
11

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

del municipio del Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia, en uso de sus
facultades legales, designó a la docente para prestar sus servicios en una plaza
territorial y, por medio del Decreto No. 1025 del cinco (5) de julio de dos mil cuatro
(2004) el Gobernador del Departamento de Antioquia, incorporó a la nueva planta del
departamento a los docentes que prestaban sus servicios al municipio del Carmen de
Viboral.

Siendo, así las cosas, la Sala encuentra que, de las pruebas que obran en el
expediente, la demandante logró acreditar los 20 años de servicios docentes de la
siguiente manera: desde el trece (13) de abril de 1978 hasta el veintiséis (26) de abril
de mil novecientos ochenta y cuatro (1984); desde el siete (7) de febrero de dos mil
(2000) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014)21

Finalmente se tiene que, la demandante cumplió todos los requisitos para acceder a la
pensión gracia, en los términos indicados con anterioridad.

55. Por lo tanto, la Sala encuentra que la discusión sobre el tipo de vinculación
docente de la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga fue resuelta por esta misma
Subsección en la sentencia del 6 de agosto de 2025, que definió que aquella fue del
orden territorial.

56. En relación con lo anterior también se tiene que, en el asunto de la referencia,
el tribunal de primera instancia encontró probado que el periodo de servicio docente
comprendido del 13 de abril de 1978 al 15 de abril de 1984, en virtud del Decreto 568
del 29 de marzo de 1978, fue del orden nacionalizado, lo cual es acorde con lo
previamente definido con por esta Subsección, y sin que dicha decisión fuera objeto de
controversia por las partes.

57. En cuanto a los nombramientos subsiguientes y como lo advirtió esta
subsección en la sentencia del 6 de agosto de 2025, se tiene lo siguiente:

58. Al revisar el Decreto 226 del 3 de febrero 2000 el alcalde municipal de El
Carmen de Viboral, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por
los artículos 106 y 115 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 227 de 1979, nombró en
propiedad a la señora Doris del Socorro Gómez Idárraga como maestra en el colegio
La Chapa, núcleo educativo 18-15 de ese municipio.

59. Sobre el particular, la Sala recuerda que en la sentencia de unificación del 21
de junio de 2018 se estableció la regla según la cual «para acreditar la calidad de
docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

21 De acuerdo con el Formato Único para la expedición de Certificado de Historia laboral, la demandante tuvo, en

total, 26 días de interrupciones.
12

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

60. Ahora, vale la pena precisar que en la citada providencia de unificación se
concluyó que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se
sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

61. De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten
en nacionales por el simple hecho de que los recursos destinados para su
sostenimiento tuvieran su origen o fuente en la Nación, tal como se indicó en la
sentencia del 6 de agosto de 2025, trascrita párrafos atrás.

62. Entonces. en efecto como el Decreto 226 del 3 de febrero 2000 fue suscrito por
una autoridad del orden territorial, esto es, por el alcalde municipal de El Carmen, en
uso de sus atribuciones legales, sin intervención alguna del Ministerio de Educación,
no existen razones para predicar que se trató de una designación nacional, conclusión
a la que también se arribó en la sentencia que le reconoció el derecho de la pensión
gracia a la demandante.

63. Además, se observa que se nombró en propiedad a la señora Doris del Socorro
Gómez Idárraga, para desempeñar el cargo de docente de básica primaria en el
colegio La Chapa, núcleo educativo 18-15 del municipio de El Carmen, es decir, se
trata de una plaza municipal.

64. Ahora, no se pasa por alto que a través del Decreto 1025 del 15 de julio de
2004 dictado por el gobernador de Antioquia, la demandante fue incorporada a la
nueva planta de cargos asignada al departamento y designada nuevamente al
establecimiento educativo La Chapa, en el cual venía desempeñando sus labores en
virtud del Decreto 226 del 3 de febrero 2000.

65. Entonces, se aclara que dicha circunstancia obedeció, como lo indica el
mismo Decreto 1025 de 2004, a una incorporación a la nueva planta de cargos, por lo
que en estricto sentido no se trató de un nuevo nombramiento, manteniendo la
vinculación del orden territorial –que ostentaba desde el 12 de abril de 1978–, que
como lo ha precisado esta Sección, no se ve modificada por las distintas situaciones
administrativas que surjan con posterioridad22.

66. En ese orden de ideas, es claro que la vinculación de la demandante fue
territorial o nacionalizado, situación que fue así definida dentro del proceso con
número de radicado 05001233300020190289101 (5679-2024), mediante sentencia
del 6 de agosto de 2025, por lo que en cuanto al estudio de legalidad del acto acusado

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16

de marzo de 2023. Radicado 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

deberá estarse a lo resulto en dicha providencia.

3.4.1. Acerca de los perjuicios morales

67. Se recuerda que la accionante solicitó, a título de restablecimiento del derecho,
en la modalidad de daño moral, la indemnización de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Al respecto, se tiene que esta se reconoce siempre que el daño
se encuentre acreditado en el proceso.

68. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalo lo siguiente23 :

27. Al respecto, ha entendido la Sala que la indemnización por daño moral debe
estar precedida de un análisis del fallador que verifique la existencia de criterios o
referentes objetivos para su cuantificación, tales como las características mismas del
daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale
decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación
del demandante afectado.

28. En últimas, el daño moral comprende el aspecto interno del individuo, la
afección directa a los sentimientos del ser humano y para que haya lugar a su
indemnización, resulta necesario que dicho daño esté acreditado, pues, debe
recordarse que solo los perjuicios derivados de la afectación a la vida o integridad
psicofísica de la persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares
más cercanos.

69. A la luz del anterior criterio, la Sala advierte que no es posible analizar las
características, gravedad, extensión y grado de afectación del daño inmaterial
presuntamente ocasionado con el acto acusado, puesto que, en concordancia con los
documentos obrantes en el expediente, se observa que la señora Doris del Socorro
Gómez Idárraga no expuso los hechos que le ocasionaron el supuesto perjuicio y, a su
vez, no obra prueba alguna que acredite los motivos de la solicitada indemnización.

70. En ese sentido, no procede, a título de restablecimiento del derecho, la
indemnización de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de perjuicios morales.

4. Costas

71. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario24 de la Subsección en relación con el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual la imposición de la condena en costas
exige la verificación de que la parte vencida haya actuado de manera temeraria o de
mala fe. En consecuencia, en el caso bajo estudio no hay lugar a imponer dicha
condena, toda vez que no se advierte que la parte vencida haya incurrido en alguna
de tales conductas.

23 Rad. 76001-23-31-000-2006-01813 01 (54.555). M. P. José Alberto Sáchica Méndez.
24 En la nota al pie 29 se sintetizó la posición de la magistrada ponente en materia de costas.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01815-01 (2461-2025)
Demandante: Doris del Socorro Gómez Idárraga
Demandada: Departamento de Antioquia

72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. En cuanto al estudio de legalidad del acto acusado estarse a lo resuelto por
esta Subsección en la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025 dentro del proceso
con número de radicado 05001233300020190289101 (5679-2024).

Segundo. Negar el reconocimiento de perjuicios morales.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Salva voto
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx julio

15

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