Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01817-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01817-01 (1263-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Guillermina Muñoz Sepúlveda
Temas: Pensión de vejez. Caducidad (Ley 2381 de 2024)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual declaró probada la
excepción de caducidad.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a
que se declarara la nulidad de la Resolución ISS 00774 del 5 de febrero de 1992,
por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales4 reconoció y ordenó el pago
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 Expediente digital. Índice 2 de Samai, documento 1, páginas 1 a 17. La demanda fue presentada
el 6 de septiembre de 2018.
3 En adelante CPACA.
4 En adelante ISS.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
de una pensión de vejez a favor de Guillermina Muñoz Sepúlveda.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de que Guillermina Muñoz Sepúlveda no era beneficiaria
del régimen de transición ni tenía derecho al reconocimiento de la pensión
conforme con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003; ii) el reintegro indexado de las
sumas pagadas por concepto de la pensión de vejez desde su inclusión en nómina
hasta la suspensión provisional o la declaratoria de nulidad del acto; iii) el pago de
intereses; y iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Guillermina
Muñoz Sepúlveda nació el 2 de febrero de 1934 y solicitó el
reconocimiento de la pensión de vejez el 15 de noviembre de 1991.
3.2. Mediante la Resolución ISS 00774 del 5 de febrero de 1992, el ISS reconoció
una pensión de vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990, por un valor de
$110.958, ordenó el pago de un retroactivo de $397.909 y dispuso su inclusión en
nómina a partir del 10 de abril de 1992.
3.3. Al 1 de abril de 1994, la demandada acreditaba 624,57 semanas de cotización
y 60 años de edad.
3.4. El 13 de octubre de 2017, Guillermina Muñoz Sepúlveda solicitó la reliquidación
de la pensión.
3.5. A través del Auto APSUB 1632 del 4 de mayo de 2018, Colpensiones solicitó el
consentimiento de aquella con el fin de revocar el acto de reconocimiento pensional,
el cual no fue otorgado.
3.6. Con Resolución SUB145546 del 30 de mayo de 2018 negó la reliquidación antes
mencionada.
3.7. Mediante la Resolución SUB152551 del 13 de junio de 2018, remitió el asunto
a la Dirección de Procesos Judiciales para promover la acción de lesividad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron el Acto Legislativo 1 de 2005; las leyes 100 de 1993 y
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
797 de 2003; y el Decreto 758 de 1990.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados eran nulos
porque el reconocimiento pensional se efectuó con desconocimiento de las normas
que regulaban la materia, toda vez que la demandada únicamente acreditó 481
semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
mínima [55 años] y 624,57 semanas durante toda su vida laboral [del 2 de febrero
de 1969 al 2 de febrero de 1989]. En consecuencia, no reunía los requisitos
previstos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez; no había
causado el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 y, por tanto, no podía ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de esa ley, ni acceder a la prestación con fundamento en el Acto
Legislativo 1 de 2005 y en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al no cumplir con el
tiempo de cotización exigido por tales disposiciones.
1.2. Contestación de la demanda
6. Guillermina Muñoz Sepúlveda se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en que el reconocimiento pensional se ajustó a
derecho, pues cumplía con los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990 al
acreditar más de 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima y, además, era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo que, Colpensiones
excluyó arbitrariamente varios períodos cotizados de su historia laboral, pese a que
existían planillas y soportes que demostraban su validez. En esa medida, la entidad
no podía trasladarle las consecuencias de sus inconsistencias administrativas5.
7. Propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de vicios de legalidad en el
reconocimiento de la pensión de vejez, porque la prestación le fue reconocida
conforme con las normas vigentes y cumplía con los requisitos para acceder a ella;
ii) cobro de lo no debido y buena fe, toda vez que el reconocimiento pensional
obedeció a una actuación legítima de la administración sin mediar fraude o mala fe;
y iii) «prescripción» ya que la entidad contaba con 3 años contados a partir de la
expedición del acto de reconocimiento pensional para demandarlo, plazo que había
superado cuando presentó la demanda.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión mediante
5 Expediente digital. Índice 2 de Samai, documento 1, páginas 211 a 227.
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sentencia proferida el 28 de febrero de 20256 declaró probada la excepción de
caducidad y se abstuvo de resolver el fondo de la controversia, al considerar que
entre el reconocimiento de la pensión de vejez mediante la Resolución ISS 00774
del 5 de febrero de 1992 y la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el 6 de septiembre de 2018, transcurrió un término
superior a los 5 años previstos en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin que
Colpensiones hubiera demostrado la existencia de fraude o la comisión de un delito
en la obtención de dicho reconocimiento, únicas circunstancias que exceptuaban la
aplicación de esta institución jurídico procesal. Disposición que resultaba aplicable,
toda vez que la norma en referencia había entrado en vigencia desde su
promulgación, el 16 de julio de 2024, pese a que la entrada en funcionamiento del
nuevo sistema de protección social integral para la vejez había sido diferida hasta
el 1 de julio de 2025. Finalmente, no condenó en costas.
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en que el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 no era aplicable porque cuando el tribunal profirió la
sentencia de primera instancia el nuevo régimen pensional aún no había entrado
en vigor, circunstancia que solo ocurrió el 1 de julio de 2025. Aun si se considerara
aplicable dicha disposición, el término de caducidad debía contabilizarse desde el
momento en que tuvo conocimiento de la irregularidad en el reconocimiento
pensional, esto es, el 13 de octubre de 2017. En consecuencia, comoquiera que,
entre esa fecha y la presentación de la demanda [septiembre de 2018] no habían
transcurrido los 5 años previstos en la norma, el tribunal debía estudiar el fondo de
la controversia, pues la demandada no reunía las semanas de cotización exigidas
por el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, lo que evidenciaba
la irregularidad del reconocimiento pensional. Además, resultaba procedente la
condena en costas y agencias en derecho a la demandada7.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
6 Samai tribunales y juzgados. Índice 60.
7 Samai tribunales y juzgados. Índice 65.
8 Auto en el índice 4 de Samai.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
11. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la
sentencia recurrida al considerar que se había configurado la caducidad del medio
de control porque entre la presentación de la demanda y el reconocimiento del
derecho pensional transcurrieron más de los 5 años previstos en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, sin que Colpensiones hubiera acreditado la existencia de
fraude o la comisión de un delito9.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contenciosos Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos».
2.2. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer
13.1. ¿si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra los actos de reconocimiento pensional?;
9
índice 9 de Samai.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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13.2. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demanda o si lo que corresponde es devolver el
expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto de
garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la administración
de justicia?; y
13.3. ¿si era procedente la condena en costas a la parte demandada?
2.3. Análisis sustancial del caso en concreto
2.3.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
14. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
15. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida y reajustada una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad, según lo
decidió el a quo.
16. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»11.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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17. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202412, disposición según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». (Se resalta)
18. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución ISS 00774 del 5 de febrero de 1992, esto es, hace más de
30 años.
19. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional13 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
12 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
13 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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Derecho».
20. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
21. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
22. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]14 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]»,
se considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un
tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 153 de 188715, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
14 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
15 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).
23. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de
la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra
legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas
de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el
legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se
establezca un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan
efectivizar sus derechos fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la
administración de justicia. Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías
fundamentales de manera arbitraria y sin justificación alguna.
24. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.
25. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.
26. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».
27. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
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cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que la demanda fue oportunamente admitida y que el proceso se
encontraba válidamente en curso; de manera que se permitió que se adelantara el
juicio de legalidad propuesto por Colpensiones y la decisión del tribunal sorprendió a
la parte que confió en que había accedido a la administración de justicia para que esta
resolviera sobre el debate planteado.
28. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 28 de febrero de 2025
y se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia de la
mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se
refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir
un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
29. Luego, si bien la decisión adoptada por el tribunal resultaría en principio razonable,
el apelante cuestionó el análisis realizado respecto del alcance otorgado al artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio expuesto, al caso concreto le resulta
aplicable la regulación sobre la caducidad prevista en el texto original del artículo
164.c del CPACA, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda (6 de
septiembre de 2018), dicha disposición era la vigente en materia de oportunidad
para acudir al medio de control y no tenía previsto término de caducidad alguno.
30. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye
en la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar
la jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
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31. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por Colpensiones tendiente a la declaratoria
de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto por las
normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este se
dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
32. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como lo ha considerado esta Sala en
anteriores oportunidades16. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio
no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio del
segundo problema jurídico.
2.3.2. En relación con el segundo problema jurídico
33. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si el reconocimiento pensional de la
demandada Guillermina Muñoz Sepúlveda se encontraba ajustado a derecho, en
particular, si acreditaba las semanas de cotización exigidas por el Decreto 758 de
1990 para acceder a la pensión de vejez.
34. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
35. En ese sentido, comoquiera que en la decisión del 28 de febrero de 2025 no se
estudió de fondo la controversia planteada, la Subsección estima necesario
devolver el expediente a la referida autoridad, con el objeto de que se analice de
fondo el debate suscitado, pues resolver directamente el fondo del asunto en sede
de apelación, sin que los reproches hubieran sido analizados en primera instancia,
implicaría privar a las partes del doble escrutinio judicial que exige el debido
proceso, garantía reconocida tanto en la Constitución Política como en el artículo 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 5 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar; del
25 de septiembre de 2025, radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-
01273-02 (0990-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01817-01 (1263-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
36. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
37. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, profiera una nueva decisión
en la que analice los cargos formulados en la demanda y los argumentos de
oposición, razón por la que, no hay lugar a pronunciamiento alguno sobre la
procedencia de la imposición de costas en la primera instancia.
2.4. Costas
38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma17.
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
17En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01817-01 (1263-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
42. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.
3. Conclusión
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo
164, c) del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda,
era la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que
no tenía previsto un término de caducidad.
44. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo
de Antioquia para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta por
las partes procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se declaró
de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de
fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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