Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06095-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06095-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-06095-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República1
Demandado: José Augusto Trujillo Muñoz
Temas: Pensión de excongresista. Caducidad (Ley 2381 de 2024)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se declaró de
oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fonprecon presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara lo siguiente:
1.1. Que a José Augusto Trujillo Muñoz no le era aplicable el régimen especial de
pensiones establecido en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
1 En lo que sigue Fonprecon
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
1.2. Que el libro «Pretextos», de su autoría, no cumplió con los requisitos legales
previstos en la Ley 50 de 1886 y en el Decreto 753 de 1974, para ser convalidados
como tiempo de servicio.
1.3. La nulidad de la Resolución 983 del 14 de septiembre de 1995 mediante la cual
le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $400.534 a partir del 20 de
marzo de 1993 y de $3.231.726 a partir del 1° de enero de 1994.
1.4. La nulidad de las resoluciones 97 del 13 de febrero de 1996 y 460 del 9 de julio
de 1998, a través de las cuales se le reconoció un reajuste especial en cuantía del
75% de lo devengado por un congresista en ejercicio a partir del 20 de marzo de
1993 y los intereses de mora sobre aquel, respectivamente.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reintegro de las sumas recibidas por concepto de pensión de jubilación
en cuantía superior a la permitida por la ley; y ii) la exclusión de la nómina de
pensionados.
3. De manera subsidiaria, solicitó la nulidad parcial de la Resolución 97 del 13 de
febrero de 1996 y «el reajuste de la pensión en cuantía del 50% de las pensiones [a] que
tendrían derecho los [c]ongresistas en ejercicio en el año 1994» (sic).
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. José Augusto Trujillo Muñoz nació el 19 de marzo de 1943.
4.2. Prestó sus servicios a diferentes entidades del estado por un lapso de 19 años,
5 meses y 17 días, así:
Entidad Desde-Hasta Años Meses Días
Departamento del Del 14 de marzo de 1967 al 17 0 5 3
Tolima de agosto de 1967
Secretaría de Del 21 de noviembre de 1967 al 0 4 27
Gobierno Municipal de 17 de abril de 1698;
Ibagué Del 20 de mayo de 1968 al 31 3 11
de agosto de 1968; y
Del 16 de febrero de 1971 al 30 3 14
de julio de 1971
Secretaría de Del 27 de octubre de 1968 al 11 0 5 14
Gobierno de junio de 1969; y
Departamental del Del 30 de julio de 1971 al 24 de 6 24
Tolima enero de 1972
Secretaría de Del 10 de mayo de 1973 al 1 3 21
Hacienda «1°/09/15/06/77»
2
Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
Departamental del
Tolima
gerente beneficencia Del 16 de septiembre de 1974 al 2 9 29
del Tolima «15/077 al 1° de agosto de
1978»
Cámara de Del 1° de septiembre de 1977 al 0 11 0
Representantes 1° de agosto de 1978
Banco de Occidente Del 25 de septiembre de 1979 al 0 11 15
1° de septiembre de 1980
Cámara de Comercio Del 8 de septiembre de 1980 al 9 8 20
19 de julio de 1990 (licencia no
remunerada del 25 de enero al
15 de marzo de 1988)
Senado de la Del 20 de julio de 1990 al 16 de 0 11 0
República diciembre de 1990
Total 19 5 17
4.3. Para completar el tiempo de servicio y adquirir la pensión, aportó el libro
«Pretextos», publicado en abril de 1990 por la editorial Pijao Editores, y registrado
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el 26 de julio de 1994 [esto es, con
posterioridad al retiro del servicio]. El 13 de julio de 1994, el rector del Colegio Oficial
Juan Lozano y Lozano certificó que el libro es «susceptible de ser utilizado como
herramienta de estudio, y que a partir de 1990 el libro de 214 páginas se encuentra en la
biblioteca». Asimismo, el 12 de julio de 1994, el rector del Colegio Externado Popular
de Bachillerato de Ibagué certificó que el texto «fue adquirido en 1990 por dicho
establecimiento educativo».
4.4. Através de la Resolución 983 del 14 de septiembre de 1995, Fonprecon
homologó el libro «Pretextos» y le reconoció a Jose Augusto Trujillo Muñoz una
pensión de jubilación con 50 años de edad, al considerar que contaba con una
situación jurídica consolidada al 20 de junio de 1994.
4.5. Mediante las resoluciones 97 del 13 de febrero de 1997 y 460 del 9 de julio de
1998, Fonprecon le reconoció un reajuste especial en cuantía del 75% de lo
devengado por un congresista en ejercicio a partir del 20 de marzo de 1993 y el
pago de los intereses moratorios sobre el reajuste especial reconocido,
respectivamente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, se señalaron los artículos 13 y 48 de la Constitución Política; y 17 de
la Ley 4 de 1992 en los términos de las sentencias C-608 de 1999 y C-258-2013;
así como la Ley 50 de 1886 y los decretos 1293 de 1994, 1359 de 1993 y 753 de
1974.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
6.1. Elacto administrativo incurrió en un vicio de ilegalidad, toda vez que al
demandado no le era aplicable el régimen especial de pensiones establecido en el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, porque a la fecha de su retiro del Senado de la
República, esto es el 16 de diciembre de 1990, la aludida disposición no se
encontraba vigente. Así pues, tampoco le era aplicable el Decreto 1359 de 1993,
puesto que las reglas pensionales contenidas en este tenían como destinatarios a
los congresistas que a partir de la entrada en vigencia de la citada ley ostentaran tal
calidad.
6.2. Aunque a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones José Augusto
Trujillo Muñoz contaba con más de 40 años de edad, está sola circunstancia no lo
hacía beneficiario del régimen de transición del Decreto 1293 de 1994, tal y como
lo ha reconocido el Consejo de Estado en anteriores pronunciamientos con
contornos fácticos y jurídicos similares4.
6.3. La entidad consideró que el demandado contaba con una situación jurídica
consolidada que le permitía adquirir la pensión con 50 años de edad y la aplicación
del régimen especial de los congresistas. Lo anterior, con base en el parágrafo del
artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 que indica que el régimen de transición también
cobija a quienes hubiesen sido congresistas antes del 1° de abril de 1994 siempre
que cumplieran con los requisitos de los literales a) y b) del artículo 2 en mención.
Sin embargo, el libro «Pretextos» no cumplió con los requisitos para ser homologado
como tiempo de servicio, porque i) fue registrado 4 años después del retiro del
servicio y con posterioridad al 20 de junio de 1994, es decir, no hubo una situación
jurídica consolidada; y ii) su producción no fue concurrente con el ejercicio de la
docencia; por lo tanto, no alcanzó los requisitos para acceder a la pensión.
6.4. El reajuste especial de la pensión se efectuó en cuantía del 75% de lo devengado
por un congresista en ejercicio, pese a que debía liquidarse con base en el salario
percibido por José Augusto Trujillo Muñoz en el año 1990 y, posteriormente,
reajustarse con el 50% del promedio de lo devengado por un congresista en
ejercicio en 1994.
6.5. Lo anterior conllevó a que la prestación se incrementara en un valor superior al
doble de la legalmente permitida y a que, además, se reconociera un retroactivo por
ese reajuste, lo que derivó en el pago de intereses moratorios, a pesar de que la
pensión había sido solicitada en el año 1994.
3 Índice 60 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«83_ED_006DEMANDA(.pdf) NroActua 60».
4 Sentencia del 14 de junio de 2007, Radicación: 25000-23-25-000-2001-04579-01(2834-05) C.P.
Jesús María Lemos
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
1.2. Contestación de la demanda
7. José Augusto Trujillo Muñoz se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente5:
7.1. Su situación jurídica se encontraba consolidada porque de acuerdo con la
jurisprudencia tenía un derecho adquirido en materia pensional, el cual era
irrenunciable y objeto de especial protección constitucional. Además, «el derecho
ingresó a su patrimonio» «legítimamente» desde hace años por decisión de la ahora
demandante, y percibió las mesadas sin que existiera abuso de derecho o fraude.
Por lo tanto, no era procedente la solicitud de devolución de suma alguna.
7.2. El libro de su autoría cumplió con los requisitos legales para ser convalidado por
tiempo de servicio, comoquiera que las disposiciones que regulan el asunto no
exigen que el texto hubiese sido registrado en una fecha particular. Lo anterior,
porque el literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974 fue declarado nulo, por
ende, no se le podía exigir el registro de los derechos de autor de la obra literaria
en fecha anterior a su retiro definitivo del servicio. Igual, ocurre con el artículo 13 de
la Ley 50 de 1886, referido a que la producción del texto sea en ejercicio de la
docencia, pues la norma salió del ordenamiento jurídico y, por ende, no produce
efectos.
7.3. En todo caso, aun sin la homologación del libro «Pretextos», acreditó 20 años
de servicio y, por consiguiente, cumplió con los requisitos legales para acceder al
reconocimiento pensional.
7.4. Propuso las siguientes excepciones de mérito: i) cobro de lo no debido; ii)
ausencia de causa petendi; iii) cumplimiento de los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión; y iv) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 declaró «de oficio la excepción
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho» instaurado
por Fonprecon, y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los
siguientes términos6:
5 Índice 60 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«94_ED_017CONTESTACIONDELAD(.pdf) NroActua 60»
6 Índice 94 de Samai de Tribunales y Juzgados.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
8.1. La Ley 2381 de 2024, en su artículo 86, introdujo una modificación en relación
con el término para ejercer las acciones contenciosas administrativas contra los
actos de reconocimiento pensional, así como los «modificatorio[s], esto es, los actos
de liquidación». En virtud de tal disposición, estas acciones están sometidas a un
término de caducidad de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la
ley, respecto de las pensiones ya reconocidas. Lo anterior, obedece a que mantener
en indefinición y por un tiempo indeterminado la posibilidad de la administración
para demandar los actos de reconocimiento prestacional es contrario a los principios
de un Estado Social de Derecho y de la justicia social7.
8.2. Aunque el Consejo de Estado, en auto del 10 de junio de 2018, confirmó la
decisión de declarar no probada la excepción previa de caducidad, al señalar que
se había confundido el procedimiento administrativo impuesto a la entidad, con
fundamento en lo establecido en la sentencia C-258 de 2013, que fijó como fecha
límite para la revisión de pensiones el 31 de diciembre de 2013, y el término de
caducidad del medio de control, que, «al tratarse de una acción de lesividad dirigida
contra el reconocimiento de sumas periódicas, podía presentarse en cualquier tiempo»; lo
cierto era que, se habían configurado los presupuestos del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024 y, por lo tanto, la disposición era aplicable.
8.3. Así pues, la Resolución 0983 del 14 de septiembre de 1995, a través de la cual
se le reconoció la pensión al demandado, fue notificada el 14 de septiembre de
1995, y la demanda fue radicada el 10 de diciembre de 2015, por lo que operó la
caducidad. Frente a las resoluciones 97 del 13 de febrero, notificada el 15 de igual
mes y año, y 460 del 9 de julio de 1998, notificada el 9 de ese mes y año, también
se superó el termino de 5 años para presentar la demanda, por lo que se configuró
la caducidad.
8.4. No procedió la condena en costas porque « se ventila un asunto de interés público,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA».
1.4. El recurso de apelación
9. Fonprecon interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos8:
9.1. Se violó el principio de preclusión de instancias, toda vez que en la audiencia
inicial celebrada el 17 de agosto de 2017 se declaró no probada la excepción de
caducidad, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia
del 10 de julio de 2018.
7 En virtud de lo considerado en la sentencia C-385-2023
8 Índice 97 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
9.2. Se desconoció el alcance del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues la
disposición prevé la excepción a la aplicación del término de caducidad en los
eventos en que se incoen acciones contra los actos de reconocimiento pensional
cuando se trate de fraude o por la ocurrencia de algún delito.
9.3. En esas condiciones, comoquiera que aún no se ha regulado el procedimiento
al que se hace referencia en el artículo 48 de la Constitución Política, introducido
mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley, era procedente aplicar de forma analógica la Ley 797 de
2003, según lo consideró la sentencia C-258 de 2013. Lo anterior, con fundamento
en la materialización del mandato constitucional, y según la definición de las
categorías de fraude a la ley y abuso del derecho y el restablecimiento de los
términos de caducidad previstas en la mencionada sentencia.
9.4. No solo bastaba con estudiar el paso del tiempo, sino que se debía establecer si
se podía aplicar la excepción a la aplicación del término de caducidad de la Ley
2381 de 2024, que para el caso particular era procedente, porque:
«1. El señor JOSE AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ no era destinatario de la aplicación
del régimen pensional especial consagrado en la ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de
1993, esto a la luz de la sentencia C -258 de 2013 y Sentencia CE-SUJ-S2- 018 de 2020
considerando la fecha en que se retiró del Congreso al no contar con la expectativa
legitima de pensionarse bajo este régimen.
2. La vinculación del señor JOSE AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ al Congreso de la
República fue de carácter precario, cabe recordar que se desempeñó como Senador de
la República en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1990 y el 16 de diciembre
de 1990, asistiendo a 145 sesiones de 150 realizadas, sesiones equivalentes a 11 meses
8 días de conformidad con la Ley 5 de 1969.
3.El señor TRUJILLO MUÑOZ solamente acreditó 19 años 5 meses 17 días de servicios
para el reconocimiento de la pensión.
4. Se convalidó ilegalmente el texto titulado “PRETEXTOS” como texto de enseñanza.
Quedó acreditado en juicio que la entidad incurrió en violación de la Ley al convalidar el
tiempo de servicio cuando las instituciones educativas NO CERTIFICARON que se
tratase de un texto de enseñanza, pues se limitaron a señalar la “susceptibilidad de ser
empleado” por una parte y por otra la adquisición del libro.
5. La prestación fue liquidada con base en salarios NO devengados por el señor
TRUJILLO MUÑOZ al considerar que tenía una situación jurídica consolidada, se tuvo
como base de liquidación lo devengado por un Congresista en ejercicio. Esta operación
condujo al reconocimiento de una prestación desproporcionada y que no corresponde a
los salarios devengados.
Para el efecto debe tenerse en cuenta que la Ley 4 de 1992, ordenó la creación NO
SOLO de un Régimen Pensional sino Prestacional, es así como el Decreto 801 del 21
de mayo de 1992 INCREMENTA DRASTICAMENTE el monto de los ingresos salariales
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
de los Congresistas de la República, quienes con anterioridad a la vigencia de la Ley 4
de 1992 devengaban Dietas por asistencia a sesiones y gastos de representación, para
así pasar a devengar conforme a la norma que se cita una asignación mensual de UN
MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) de la cual el 36% correspondía al
sueldo básico y el 64% a gastos de representación, una prima de localización y vivienda
de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000), una prima de salud equivalente al 10% de
la asignación mensual y prima de navidad. Así las cosas, pese a que el señor TRUJILLO
MUÑOZ solo devengó dietas y gastos de representación por sesiones asistidas, la
pensión se liquidó con base en todas las asignaciones devengadas posteriormente por
un Congresista en ejercicio» (sic).
10. En tal medida, se debió realizar un análisis de la constitucionalidad del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 confrontándolo con el alcance relacionado con la facultad
de revisar en cualquier tiempo el reconocimiento de prestaciones periódicas.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio10.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación 11,
los problemas jurídicos consisten en determinar:
13.1. ¿si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra los actos de reconocimiento pensional?
13.2. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demanda o si lo que corresponde es devolver el
expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto de
9 De acuerdo con el auto del 20 de febrero de 2025, visible a índice 4 de Samai.
10 Obra soporte de notificación a índice 7 de Samai. Asimismo, se registró constancia secretarial del
3 de abril de 2025, a índice 8 de Samai.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la administración
de justicia?
2.2. Análisis sustancial del caso en concreto
2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
14. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
15. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida y reajustada una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad, según lo
decidió el a quo.
16. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»12.
17. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202413, disposición según la cual:
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
13 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
9
Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». (Se resalta)
18. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución 983 del 14 de septiembre de 1995 y reajustada a través de
la Resolución 97 del 13 de febrero de 199614, esto es, hace más de 5 años.
19. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional15 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
20. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
14 Si bien en la sentencia de primera instancia se incluyó el análisis de caducidad frente a la
Resolución 460 del 9 de julio de 1998, lo cierto es que en el auto admisorio del 25 de enero de 2016,
visible a índice 60 de Tribunales y Juzgados, archivo «86_ED_009AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua
60» se escindió la demanda y se rechazó la pretensión contra la indica resolución, porque esta
reconoció el pago de intereses de mora sobre el reajuste especial «aspecto que no corresponde a
una prestación periódica, razón por la cual la administración no podía demandarlo en cualquier
tiempo» (sic).
15 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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Demandante: Fonprecon
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
21. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
22. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]16 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188717, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).
23. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
16 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
17 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Fonprecon
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
24. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.
25. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.
26. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».
27. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.
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28. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 24 de octubre de 2024 y
se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia de la
mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia
de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente,
podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
29. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, en
principio, el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado
frente al alcance otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio
expuesto, al caso concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del artículo 164.c del CPACA, comoquiera que, a la fecha
en que se presentó la demanda, el 10 de diciembre de 2015, era la disposición que en
materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y la cual no
tenía previsto término de caducidad alguno.
30. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
31. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por Fonprecon tendiente a la declaratoria de
nulidad de los actos demandados, se presentó dentro del término previsto por las
normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este se
dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
32. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
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acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legitima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades18. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio
del segundo problema jurídico.
2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico
33. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustado a derecho o
no el reconocimiento pensional del demandado, José Augusto Trujillo Muñoz, de
conformidad con el régimen especial de congresista [Ley 4ª de 1994] y el reajuste
especial efectuado, en su defecto, cuál régimen pensional le era aplicable, si
cumplió con los requisitos para adquirir la pensión o si para ello acreditó, con el libro
«Pretextos», los presupuestos previstos en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de
1974 para convalidar tiempo de servicio y, consecuentemente, si procedía o no la
exclusión de la nómina y el reintegro de las sumas percibidas.
34. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
35. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estudió
de fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente
a la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los
reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
36. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,
radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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37. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profiera una nueva decisión en la que analice los
cargos formulados en la demanda.
2.3. Costas
38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma19.
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
42. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
19En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164
c. del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era la
disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.
44. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta
por las partes procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual
se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024)
Demandante: Fonprecon
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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