Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-02432-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02432-01 (0584-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: María Josefa Kefer de Mojica
Temas: Pensión gracia. Caducidad (Ley 2381 de 2024)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 29 de enero del 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. LaUgpp presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara i) la nulidad de las resoluciones 09789 del 9 de marzo de 1993 y
011714 del 23 de septiembre de 1996, mediante las cuales Cajanal reconoció la
pensión gracia a favor de María Josefa Kefer de Mojica y efectuó su reliquidación
1 En lo que sigue Ugpp.
2 La demanda fue presentada el 8 de julio del 2020. Índices 1 y 46 (Carpeta 38, PDF 2) de Samai
de Tribunales y Juzgados.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2020-02432-01 (0584-2025)
Demandante: Ugpp
con ocasión del retiro definitivo del servicio, respectivamente; y ii) que a María
Josefa Kefer de Mojica no le asistía el derecho a percibir la pensión gracia, por
haberse tenido en cuenta para su reconocimiento tiempos de carácter nacional.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la restitución de las sumas pagadas por concepto de pensión gracia desde
su reconocimiento hasta su devolución efectiva; ii) los intereses desde la ejecutoria
de la sentencia; y iii) la indexación de las sumas adeudadas; y iv) la condena en
costas y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Josefa Kefer de Mojica nació el 31 de julio de 1931.
3.2. Prestó sus servicios a diferentes entidades así: i) en el departamento de
Antioquia, desde el 4 de marzo de 1952 hasta el 12 de junio de 1960; ii) en el Instituto
Tecnológico Pascual Bravo de Medellín, desde el 1 de marzo de 1967 hasta el 31
de marzo de 1970; y iii) en el INEM José Félix de Restrepo de Medellín, desde el 8
de abril de 1970 hasta el 17 de abril de 1994.
3.3. Mediante Resolución 13170 del 5 de noviembre de 1985, Cajanal le reconoció
una pensión de jubilación en cuantía de $ 19.297,61, efectiva a partir del 31 de
agosto de 1981, equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año
de servicio.
3.4. A través de Resolución 09789 del 9 de marzo de 1993, le reconoció una pensión
gracia en cuantía de $ 32.559,50, con efectos a partir del 29 de diciembre de 1989,
fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, liquidada con el 75% del promedio de lo
devengado en el año inmediatamente anterior al estatus pensional. En este acto se
tuvo en cuenta tiempos de servicio prestados al Ministerio de Educación Nacional
en el INEM José Félix de Restrepo de Medellín, desde el 8 de abril de 1970 hasta
el 17 de abril de 1994.
3.5. Con Resolución 011714 del 23 de septiembre de 1996 la entidad reliquidó la
pensión por retiro definitivo del servicio.
3.6. Mediante Resolución 36761 del 5 de agosto de 2008, negó la reliquidación de la
pensión gracia, al considerar que no se aportaron nuevos elementos que
permitieran modificar la decisión previamente adoptada.
3.7. Al considerar que el reconocimiento pensional se efectuó teniendo en cuenta
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Demandante: Ugpp
tiempos de servicio con vinculación de carácter nacional, mediante auto ADP
004084 del 17 de junio de 2019 le solicitó a María Josefa Kefer de Mojica su
consentimiento para iniciar el trámite de revocatoria directa de las resoluciones
09789 del 9 de marzo de 1993 y 011714 del 23 de septiembre de 1996. La
demandada no allegó el consentimiento requerido para proceder con dicha
revocatoria.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228
y 336 de la Constitución Política; y 1 de la Ley 114 de 1913; y las leyes 91 de 1989,
60 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La Ley 114 de 1913 beneficia a los docentes departamentales y municipales
(posteriormente nacionalizados), criterio reiterado por el Consejo de Estado en la
sentencia «S-699» del 29 de agosto de 19974; y aunque la Ley 91 de 1989 (artículo
15) permitió su reconocimiento a aquellos docentes del orden territorial vinculados
antes del 31 de diciembre de 1980 no se extendió a los nacionales.
5.2. Para el reconocimiento de la pensión gracia a través de la Resolución 09789 del
9 de marzo de 1993 tuvo en cuenta tiempos de servicio prestados al Ministerio de
Educación Nacional en el INEM José Félix de Restrepo de Medellín (desde el 8 de
abril de 1970 hasta el 17 de abril de 1994), siendo esta una vinculación de carácter
nacional.
5.3. Los tiempos laborados por la demandada en la Secretaría de Educación del
departamento de Antioquia (entre el 4 de marzo de 1952 y el 12 de junio de 1960),
son de carácter territorial y equivalen a 8 años, 3 meses y 9 días, sin los cuales el
tiempo de servicio acreditado resulta insuficiente para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia.
5.4. En consecuencia, la demandada no cumplía con el requisito de acreditar 20 años
de servicio docente con vinculación de carácter nacionalizado, distrital,
departamental o municipal, por lo que, el reconocimiento efectuado era contrario a
derecho.
1.2. Contestación de la demanda
6. María Josefa Kefer de Mojica se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
4 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandante: Ugpp
demanda, con fundamento en lo siguiente5:
6.1. Los actos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico, en tanto el
reconocimiento de la pensión gracia se realizó cuando ya había cumplido los
requisitos legales de edad (50 años), tiempo de servicio docente (20 años) y buena
conducta, lo que consolidó su derecho bajo la vigencia de la Ley 91 de 1989. Para
el momento en que se profirió la sentencia de unificación del 26 de agosto de 19976,
su situación jurídica ya se encontraba definida, sin que se hubiera acreditado mala
fe en su obtención, por lo que debía respetarse como un derecho adquirido.
6.2. Proceden las excepciones de:
6.2.1. Ausencia de causa real para la demanda debido a que el reconocimiento de
la pensión gracia tuvo sustento en una norma vigente que la amparaba, por lo que
no existía fundamento jurídico para controvertirla;
6.2.2.Inexistencia de la obligación, en tanto los valores percibidos se originaron en
un reconocimiento legal, lo que excluía cualquier deber de reintegro;
6.2.3. Buena fe, al no acreditarse conducta fraudulenta ni intención de engaño en
la obtención de la prestación;
6.2.4.Cobro de lo no debido, al pretenderse la devolución de sumas recibidas
conforme a derecho; y
6.2.5. Protección de los derechos adquiridos ya que la pensión se consolidó
legalmente tras el cumplimiento de los requisitos, la cual debía ser respetada como
una situación jurídica definida, sin que resultara procedente su desconocimiento o
afectación posterior.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante
sentencia proferida el 29 de enero del 2025 declaró de oficio la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
por la Ugpp y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes
términos7:
7.1. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció un término de 5 años para
5 Índice 46 de Samai de Tribunales y Juzgados. Carpeta 38, PDF 16.
6 Sentencia «S-699» del 26 de agosto de 1997, M.P. NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA, Actor
Wilberto Therán Mogollón.
7 Índice 48 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: Ugpp
ejercer acciones administrativas y contencioso-administrativas contra actos que
reconocen pensiones, contado desde el momento en que se otorgó el derecho;
disposición que se encuentra vigente desde el 16 de julio de 2024, fecha de su
promulgación, por lo que resultaba aplicable de manera inmediata, incluso frente a
procesos que ya estaban en curso, de conformidad con lo señalado por el Consejo
de Estado en la sentencia del 2 de octubre del 20248, por lo que la caducidad debía
analizarse desde ese momento y con base en el término de 5 años contados desde
el reconocimiento pensional.
7.2. Operó la caducidad porque i) el asunto versó sobre la legalidad de actos
administrativos que reconocieron una prestación, en particular la Resolución 09789
del 9 de marzo de 1993, mediante la cual se reconoció la pensión gracia, y la
Resolución 011714 del 23 de septiembre de 1996, por medio de la cual se reliquidó
dicha prestación; y ii) la demanda se encontraba en curso; iii) y fue presentada el 8
de julio de 2020, de tal manera que se superó ampliamente el término de 5 años
previsto en la Ley 2381 de 2024. En efecto, para demandar el primer acto referido,
la acción vencía el 9 de marzo de 1998, y frente al segundo, vencía el 23 de
septiembre de 2001, en consecuencia, la acción se ejerció de manera
extemporánea, sin que se acreditaran las excepciones legales de fraude o la
comisión de un delito.
1.4. El recurso de apelación
8. LaUgpp interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos9:
8.1. No operó la caducidad porque el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 fue aplicado
de forma indebida, tanto en su alcance material como en su vigencia temporal
porque dicha norma solo regula acciones dirigidas contra actos de reconocimiento
pensional y en este caso no se controvirtió ese acto (expedido por Cajanal) sino uno
posterior relacionado con el pago de un mayor valor, por lo que, esta situación no
encajaba en el supuesto normativo. Además, el proceso se promovió bajo el
régimen anterior del CPACA que permitía demandar en cualquier tiempo este tipo
de actos, de modo que al aplicar de forma retroactiva la caducidad se desconocieron
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la justicia, así
como las reglas de transición procesal previstas en la Ley 153 de 1887.
8.2. No existía una posición jurisprudencial unificada sobre la aplicación inmediata
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, lo que imponía privilegiar una interpretación
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 2 de octubre de 2024, MP.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Índice 54 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02432-01 (0584-2025)
Demandante: Ugpp
favorable de acceso a la justicia10; es decir, no se debió aplicar la tesis de la
sentencia del 2 de octubre del 202411. Incluso, se configuraba una excepción al
fenómeno de la caducidad por tratarse de un caso de fraude a la ley en el
reconocimiento pensional12, lo que excluía su aplicación. En consecuencia,
comoquiera que no era posible declarar la caducidad, correspondía al juez
pronunciarse de fondo sobre la legalidad de los actos demandados.
8.3. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 para docentes de primaria
con 50 años de edad y 20 de servicio en entidades territoriales, extendida
posteriormente por las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 a otros cargos docentes 13,
y limitada por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a quienes se vincularon antes del
31 de diciembre de 1980; finalmente, la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado en sentencia «S-699» de 199714 precisó que este beneficio solo cobijaba a
docentes de carácter territorial y que excluía a los de orden nacional, lo que imponía
analizar el caso conforme con dicha evolución normativa y jurisprudencial.
8.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado15 ha reiterado que dicha pensión se
liquida con base en los factores salariales del año anterior a la adquisición del
derecho y no al retiro del servicio, en razón a que su reconocimiento no exige el
retiro definitivo y es compatible con el salario, por lo que comienza a disfrutarse
desde el cumplimiento de los requisitos legales; en ese sentido, se trata de una
prestación que se consolida como un derecho invariable, sin que resulte procedente
su reliquidación con fundamento en salarios posteriores, nuevos tiempos de servicio
o reglas previstas para pensiones ordinarias.
8.5. En el caso concreto, se acreditó que la reliquidación de la pensión gracia se
efectuó con base en los factores salariales devengados al momento del retiro del
servicio, lo cual contraviene el régimen especial aplicable a esta prestación, según
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto
del 10 de octubre de 2024, con radicado 25000-23-42-000-2018-00498-01 (4996-2022); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de
agosto de 2018, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, con radicado 41001-23-33-000-2015-00926-01;
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, sentencia del 20 de septiembre de
2024, con radicado 2022-00549-00.
11 No indicó el radicado.
12; Corte Constitucional, sentencias C-835 de 2003 y C-258 de 2013.
13 Como los ejercidos por empleados y profesores de las escuelas normales, los Inspectores de
Instrucción Pública y los maestros de enseñanza secundaria.
14 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de septiembre de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, expediente 0185-2001;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 17 de abril de 2008, M.P. Alfonso Vargas Rincón, radicado 25000-23-25-000-2004-
09499-01 (1809-2007); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14
de abril de 2016, radicado 66001-23-33-000-2012-00160-02 (0633-14); y Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de
2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 25000-23-25-000-2008-00030-03 (1739-15).
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Demandante: Ugpp
el cual su liquidación debía realizarse con fundamento en los factores
correspondientes al año anterior a la consolidación del derecho; en consecuencia,
no resultaba procedente el reajuste efectuado, al haberse aplicado criterios propios
de las pensiones ordinarias.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar16.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio17.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación 18, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si es aplicable al presente asunto el
artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de caducidad de 5
años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra los actos de
reconocimiento pensional?; y en caso de que la respuesta al anterior problema
jurídico sea negativa se verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo
en esta instancia en relación con las pretensiones de la demanda o si lo que
corresponde es devolver el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie
al respecto con el objeto de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso
material a la administración de justicia?
2.2. Análisis sustancial del caso en concreto
2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
12. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
16 De acuerdo con el auto visible a índice 4 de Samai.
17 Obra soporte de notificación a índice 7 de Samai. Asimismo, se registró constancia secretarial a
índice 8 de Samai.
18 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Ugpp
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
13. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida y reajustada una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad, según lo
decidió el a quo.
14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»19.
15. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202420, disposición según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
20 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02432-01 (0584-2025)
Demandante: Ugpp
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». (Se resalta)
16. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución 09789 del 9 de marzo de 1993 y reajustada a través de la
Resolución 011714 del 23 de septiembre de 1996, esto es, hace más de 5 años.
17. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional21 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
18. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
19. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
21 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02432-01 (0584-2025)
Demandante: Ugpp
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]22 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188723, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).
21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
22. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.
23. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
22 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
23 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.
24. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».
25. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que la demanda fue oportunamente admitida y que el proceso se
encontraba válidamente en curso; de manera que se permitió que se adelantara el
juicio de legalidad propuesto por la Ugpp y la decisión del tribunal sorprendió a la parte
que confió en que había accedido a la administración de justicia para que esta
resolviera sobre el debate planteado.
26. Llama la atención que el tribunal hubiese concluido que el primer acto acusado
debía ser demandado antes del 9 de marzo de 1998 y, el segundo, antes del 23 de
septiembre de 2001, fecha para la cual la norma vigente permitía que fueran
demandados en cualquier tiempo.
27. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 29 de enero del 2025 y
se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia de la
mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere
a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de
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Demandante: Ugpp
la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo
término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
28. Luego, si bien la decisión adoptada por el tribunal resultaría en principio razonable,
el apelante cuestionó el análisis realizado respecto del alcance otorgado al artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio expuesto, al caso concreto le resulta
aplicable la regulación sobre la caducidad prevista en el texto original del artículo 164.c
del CPACA, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda (8 de julio del
2020), dicha disposición era la vigente en materia de oportunidad para acudir al medio
de control y no tenía previsto término de caducidad alguno.
29. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
30. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Ugpp tendiente a la declaratoria de
nulidad de los actos demandados, se presentó dentro del término previsto por las
normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este se
dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
31. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como lo ha considerado esta Sala en
anteriores oportunidades24. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio
no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio del
segundo problema jurídico.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 5 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar; del 25
de septiembre de 2025, radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-
01273-02 (0990-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico
32. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustado a derecho o
no el reconocimiento pensional de la demandada María Josefa Kefer de Mojica de
conformidad con los especiales requisitos para acceder a la pensión gracia, en
particular, i) si se habían tenido en cuenta tiempos del orden nacional; y ii) si la
reliquidación efectuada con base en los factores salariales devengados al momento
del retiro del servicio se ajustaba a dicho régimen o si, por el contrario, debía
realizarse con fundamento en los factores correspondientes al año anterior a la
consolidación del derecho.
33. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
34. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad no estudió de fondo la controversia planteada, la Subsección estima
necesario devolver el expediente a la referida autoridad, con el objeto de que se
analice de fondo el debate suscitado, pues resolver directamente el fondo del asunto
en sede de apelación, sin que los reproches hubieran sido analizados en primera
instancia, implicaría privar a las partes del doble escrutinio judicial que exige el
debido proceso, garantía reconocida tanto en la Constitución Política como en el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
35. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
36. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad profiera una nueva decisión
en la que analice los cargos formulados en la demanda.
2.3. Costas
37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
38. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
39. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma25.
40. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
41. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164,
c) del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era
la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.
43. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad para que se pronuncie en torno a la
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Ugpp
controversia jurídica expuesta por las partes procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 29 de enero del 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante la cual se declaró
de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Oralidad para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de
fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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