Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00684-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00684-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00684-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Rafael Uripe Piñeros Arias
Temas: Pensión de invalidez. Caducidad (Ley 2381 de 2024)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra
la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se declaró de
oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011, por
medio de la cual le reconoció una pensión de invalidez a Rafael Uripe Piñeros Arias.
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 La demanda fue presentada el
13 de agosto de 2020. Índice 3, Samai tribunales, documento
«6ED_06ACTADEREPARTO2020684(.PDF) NroActua 3».
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro de las sumas pagadas por concepto de pensión de invalidez
desde el 1 de abril de 2011 hasta la declaratoria de nulidad del acto demandado; ii)
el reintegro de los valores descontados por concepto de aportes a salud y girados
a la respectiva entidad; iii) la indexación de las sumas reconocidas a favor de
Colpensiones; iv) el pago de los intereses a que hubiera lugar; y v) la condena en
costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. El 22 de abril de 2010, Rafael Uripe Piñeros Arias solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.
3.2. La Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó una pérdida de la
capacidad laboral del 58%, con fecha de estructuración del 15 de mayo de 2008.
3.3. Mediante la Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011, Colpensiones le
reconoció una pensión de invalidez a partir del 1 de abril de 2011, en cuantía de
$535.600, con base en la Ley 100 de 1993, con una tasa de reemplazo del 58,50%
y un ingreso base de liquidación de $434.556.
3.4. Al revisar el reconocimiento pensional y consultar el Sistema de Información de
los Afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, Colpensiones advirtió
que Rafael Uripe Piñeros Arias se encontraba afiliado al régimen de ahorro
individual con solidaridad, administrado por Protección y que el 25 de julio de 2008,
solicitó su traslado al régimen de prima media con prestación definida el cual se hizo
efectivo el 1 de septiembre siguiente.
3.5. Conforme con el Concepto 742 del 10 de febrero de 2010 y el dictamen
201859915EE del 7 de febrero de 2018, la fecha de estructuración de la pérdida de
la capacidad laboral correspondió al 15 de mayo de 2008 y arrojó una calificación
del 61.04%.
3.6. Para la fecha de dicha estructuración Rafael Uripe Piñeros Arias se encontraba
afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Protección,
por lo tanto, Colpensiones no era la entidad competente para reconocer y pagar la
prestación.
3.7. Mediantela Resolución APSUB 3621 del 12 de noviembre de 2019,
Colpensiones solicitó a Rafael Uripe Piñeros Arias autorización para revocar la
Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011, sin que aquel hubiera expresado su
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Demandante: Colpensiones
consentimiento para tal efecto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 21, 38, 39, 40, 41 y 44 de la Ley 100
de 1993; 2 de la Ley 797 de 2003; 1 de la Ley 860 de 2003; 52 de la Ley 962 de
2005; 10 del Decreto 758 de 1990; 42 del Decreto 1406 de 1999; y 142 del Decreto
019 de 2012; y el Acto Legislativo 1 de 2005.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. Elreconocimiento de la pensión de invalidez a Rafael Uripe Piñeros Arias
desconoció las normas señaladas, pues para la fecha de estructuración de la
invalidez, esto es, el 15 de mayo de 2008, aquel se encontraba afiliado al régimen
de ahorro individual con solidaridad, administrado por Protección.
5.2. El traslado al régimen de prima media con prestación definida fue solicitado el
25 de julio de 2008 y se hizo efectivo el 1 de septiembre siguiente, es decir, con
posterioridad a la estructuración de la invalidez; de tal manera que, conforme con el
artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, la administradora de la cual se retiraba el
afiliado debía asumir las prestaciones derivadas de los siniestros ocurridos antes de
que se hiciera efectivo el traslado.
1.2. Contestación de la demanda
6. Rafael Uripe Piñeros Arias se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente4:
6.1. El 22 de abril de 2010 solicitó ante el entonces ISS el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, prestación que fue reconocida por dicho instituto mediante
la Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011. El acto se ajustó a las normas
vigentes para la fecha de estructuración de la invalidez, pues para ese momento
efectuaba cotizaciones al ISS.
6.2. Además, durante el trámite, Colpensiones tuvo la oportunidad de analizar el
expediente administrativo y la historia laboral que obraban en su poder antes de
reconocer la prestación; y en todo caso, no demostró que él hubiera incurrido en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas o de mala fe para obtener el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
6.3. Propuso las excepciones de: i) improcedencia de la acción por falta de
4 Índice 27, Samai tribunales, documento 76.
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Demandante: Colpensiones
agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial ante el
Ministerio Público; ii) caducidad; iii) prescripción; iv) buena fe; v) presunción de
legalidad y seguridad jurídica del acto administrativo demandado; vi) inexistencia de
la obligación de reintegrar, a título de restablecimiento del derecho, las sumas
pagadas en virtud del acto administrativo demandado en favor de la demandante;
vii) inexistencia de la obligación de reintegrar los valores pagados por concepto de
aportes a salud en virtud del acto administrativo demandado en favor de la
demandante; viii) cobro de lo no debido; y ix) la genérica.
7. El Fondo de Pensiones y Cesantías, Protección se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:
7.1. El artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016 establecía que la administradora de
la cual se retiraba el afiliado debía asumir las prestaciones causadas hasta el día
anterior a aquel en que surgieran las obligaciones para la nueva entidad. Como
Colpensiones calificó la «pérdida de capacidad laboral» y reconoció la pensión, le
correspondía asumir la prestación, sin que existiera obligación a cargo de
Protección.
7.2. El reconocimiento pensional se ajustó a las normas aplicables y a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
7.3. Propuso las excepciones de: i) falta manifiesta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) «justeza» en el reconocimiento pensional; iii) inoponibilidad del dictamen
de calificación a protección; iv) prescripción; v) buena fe; y vi) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 declaró de oficio la excepción
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Colpensiones y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció
en los siguientes términos6:
8.1. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció un término de 5 años para
ejercer acciones administrativas y contencioso-administrativas contra actos de
reconocimiento pensional, contado desde el otorgamiento de la prestación, salvo
que mediara fraude o la comisión de algún delito; regla que resultaba aplicable a las
acciones promovidas por las entidades estatales en ejercicio de la denominada
«acción de lesividad», incluso respecto de aquellos procesos que se encontraran en
5 Índice 26, Samai tribunales
6 Samai tribunales, índice 65.
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Demandante: Colpensiones
curso.
8.2. Dicha regla era aplicable al caso porque el artículo 94 de la ley en cita difirió
hasta el 1 de julio de 2025 únicamente la entrada en funcionamiento del Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
mientras que las demás disposiciones rigieron desde la sanción y promulgación de
la ley. A su vez, por su naturaleza procesal, las normas relativas a la caducidad eran
de aplicación inmediata, conforme con la interpretación acogida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de octubre de
2024.
8.3. En el caso concreto, la Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011 reconoció
a Rafael Uripe Piñeros Arias una pensión de invalidez, efectiva a partir del 1 de abril
de 2011, y fue notificada el 18 de mayo de 2011, en ese sentido, comoquiera que la
demanda fue presentada por Colpensiones el 13 de agosto de 2020, transcurrieron
más de 5 años desde el reconocimiento de la prestación. En consecuencia, se
configuró la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
8.4. Enese orden, no era procedente examinar de fondo la legalidad del acto
demandado ni determinar si Colpensiones era o no competente para reconocer la
pensión de invalidez, tal fenómeno procesal extintivo del derecho de acción impedía
continuar con el estudio de las demás pretensiones.
8.5. No impuso condena en costas porque, aunque Colpensiones resultó vencida, no
se acreditó su causación.
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos7:
9.1. A través del acto demandado [Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011], se
le reconoció a Rafael Uripe Piñeros Arias una pensión de invalidez a partir del 1 de
abril de 2011, sin embargo, al revisar el reconocimiento, advirtió que la fecha de
estructuración de la invalidez correspondía al 15 de mayo de 2008, momento para
el cual el beneficiario se encontraba afiliado al régimen de ahorro individual con
solidaridad, administrado por Protección, pues su traslado al régimen de prima
media solo se hizo efectivo el 1 de septiembre de 2008. En consecuencia, no era la
entidad competente para reconocer y pagar la prestación y, por lo tanto, el
reconocimiento pensional se efectuó sin el cumplimiento de los requisitos legales y
sin competencia, circunstancia que originó el pago de unas mesadas no debidas y,
7Sami tribunales, índice 68.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
por contera, comprometió recursos públicos destinados al sistema pensional.
9.2. La demanda fue presentada el 13 de agosto de 2020, cuando se encontraba
vigente el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA, conforme con el cual los
actos administrativos que reconocieran prestaciones periódicas podían demandarse
en cualquier tiempo. En ese sentido, la modificación posterior de las reglas de
caducidad contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no podía afectar una
actuación promovida bajo el régimen procesal vigente para ese momento, pues ello
desconocería las reglas de tránsito legislativo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887
y los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la administración
de justicia. Así lo había determinado la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado a través de la providencia del 10 de octubre de 20248.
9.3. En ese sentido, no operó la caducidad del medio de control, pues la Ley 2381 de
2024 aunque fue promulgada el 16 de julio de 2024, entró en vigencia el 1 de julio
de 2025, de conformidad con lo señalado en el artículo 94 ejusdem. En
consecuencia, no resultaba procedente aplicar el término de 5 años previsto en el
artículo 86 de dicha ley a una demanda presentada con anterioridad a la entrada en
vigencia; de tal manera que, al tratarse de una prestación periódica, el acto podía
demandarse en cualquier tiempo conforme con las reglas vigentes al momento de
promover el medio de control, sin que la solicitud previa de autorización para su
revocatoria constituyera un requisito para acudir a la jurisdicción.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio10.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación11, los
8
Con radicado 25000-23-42-000-2018-00498-01 (4996-2022).
9 De acuerdo con el auto visible a índice 4 de Samai.
10 Obra soporte de notificación a índice 8 de Samai. Asimismo, se registró constancia secretarial a
índice 11 de Samai.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si es aplicable al presente asunto el
artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de caducidad de 5
años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra los actos de
reconocimiento pensional?; y en caso de que la respuesta al anterior problema
jurídico sea negativa se verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo
en esta instancia en relación con las pretensiones de la demanda o si lo que
corresponde es devolver el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie
al respecto con el objeto de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso
material a la administración de justicia?
2.2. Análisis sustancial del caso en concreto
2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
13. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
14. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad del acto
mediante el cual fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar control de
legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva
el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad, según lo decidió el a quo.
15. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»12.
16. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202413, disposición según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». (Se resalta)
17. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, comoquiera que la pensión de invalidez fue reconocida
mediante la Resolución 007550 del 25 de febrero de 2011 y la demanda se presentó
el 13 de agosto de 2020.
18. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional14 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
19. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
13 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
14 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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Demandante: Colpensiones
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
20. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
21. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]15 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188716, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).
15 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
16 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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22. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
23. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.
24. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho dirigido contra los actos con los que se
reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en cualquier tiempo.
25. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, debe estudiarse en cada caso, comoquiera que la
lectura puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el
reconocimiento pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma
procesal, pero la demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto
que, la Sala no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la
cual, las «leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».
26. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que la demanda fue oportunamente admitida y que el proceso se
encontraba válidamente en curso; de manera que se permitió que se adelantara el
juicio de legalidad propuesto por Colpensiones y la decisión del tribunal sorprendió a
la parte que confió en que había accedido a la administración de justicia para que esta
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Demandante: Colpensiones
resolviera sobre el debate planteado.
27. Luego, si bien la decisión adoptada por el tribunal resultaría en principio razonable,
el apelante cuestionó el análisis realizado respecto del alcance otorgado al artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio expuesto, al caso concreto le resulta
aplicable la regulación sobre la caducidad prevista en el texto original del artículo 164.c
del CPACA, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda (13 de agosto
de 2020), dicha disposición era la vigente en materia de oportunidad para acudir al
medio de control y no tenía previsto término de caducidad alguno.
28. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
29. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por Colpensiones tendiente a la declaratoria
de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto por las
normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este se
dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
30. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como lo ha considerado esta Sala en
anteriores oportunidades17. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio
no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio del
segundo problema jurídico.
2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 5 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar; del 25
de septiembre de 2025, radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-
01273-02 (0990-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
11
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
31. Sobre el particular, la Sala observa que las partes tuvieron la oportunidad
procesal de exponer sus argumentos para que se definiera si se encontraba
ajustado a derecho o no el reconocimiento de la pensión de invalidez de Rafael
Uripe Piñeros Arias y, en particular, si Colpensiones era la entidad competente para
reconocer dicha prestación, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración de la
invalidez fue anterior a aquella en que se hizo efectivo su traslado al régimen de
prima media con prestación definida.
32. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
33. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D no estudió de fondo la controversia planteada, la
Subsección estima necesario devolver el expediente a la referida autoridad, con el
objeto de que se analice de fondo el debate suscitado, pues resolver directamente
el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los reproches hubieran sido
analizados en primera instancia, implicaría privar a las partes del doble escrutinio
judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida tanto en la Constitución
Política como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
34. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
35. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, profiera una
nueva decisión en la que analice los cargos formulados en la demanda.
2.3. Costas
36. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
12
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
37. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
38. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma18.
39. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
40. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164,
c) del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era
la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.
42. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para que se pronuncie en torno a
la controversia jurídica expuesta por las partes procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
18En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
13
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00684-02 (2435-2025)
Demandante: Colpensiones
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual
se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, para que profiera una sentencia de reemplazo en la que
resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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