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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2018-00337-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2018-00337-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar que no operó la caducidad del medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Edgardo Caicedo Rivas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 16 Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025) Demandante: Ugpp La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 17

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-008-2018-00337-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Edgardo Caicedo Rivas

Temas: Pensión de vejez. Caducidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a
que se declarara la nulidad de i) la Resolución 000075 del 10 de febrero de 1986

1 En lo que sigue Ugpp.
2 Expediente digital, carpeta «otros cuadernos» subcarpetas 10; CD01, documento «DEMANDA

LESIVIDAD EDGARDO CAICEDO RIVAS». La demanda fue presentada el 5 de abril de 2018.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

por medio de la cual la Empresa Puertos de Colombia4, le reconoció una pensión
de jubilación convencional a Edgardo Caicedo Rivas en condición de empleado
público; y las resoluciones 031158 del 3 de septiembre de 1986; 000903 del 3 de
abril, 002934 del 3 de septiembre y 39778 del 19 de noviembre de 1991; y 2002
del 19 de mayo de 1998, por medio de las cuales modificó, reliquidó y reajustó la
pensión señalada.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de que Edgardo Caicedo Rivas no tenía derecho a percibir
una pensión de jubilación de carácter convencional, por ostentar la calidad de
empleado público; ii) el reconocimiento de la prestación conforme con el régimen
legal aplicable, si a ello hubiere lugar; iii) el reintegro de las sumas pagadas en
exceso; iv) la actualización de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo
187 del CPACA; y v) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Edgardo Caicedo Rivas nació el 12 de julio de 1941.

3.2. Prestó sus servicios en las siguientes entidades:

Entidad cargo Desde Hasta
Departamento del 1 de julio de 1964 30 de agosto de 1969
Profesor
Valle del Cauca 25 de octubre de 1969 15 de febrero de 1976
Municipio de Secretario de gobierno al 20 de noviembre de
17 de marzo de 1970
Buenaventura municipal 1972
Colpuertos, en el
Director de relaciones
Terminal Marítimo 9 de abril de 1973 9 de febrero de 1976
industriales
de Buenaventura
Municipio de 30 de octubre de
Alcalde municipal 19 de enero de 1977
Buenaventura 1978
Colpuertos, en la Abogado asistente 10 de febrero de 1976 17 de abril de 1977
oficina principal Subgerente de
1 de diciembre de 1978 15 de julio de 1985
de Bogotá relaciones industriales
Colpuertos, en el
10 de noviembre de 22 de octubre de
Terminal Marítimo Gerente
1986 1990
de Buenaventura

3.3. Colpuertos expidió los siguientes actos:

4 En adelante Colpuertos.

2

Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

3.3.1. Resolución 000403 del 15 de julio de 1985 por medio de la cual aceptó la
renuncia presentada por el demandando, a partir del 11 de julio de 1985 al cargo
de subgerente de relaciones industriales para acogerse al artículo 45, parágrafos 4
y 5 de la Convención Colectiva de Trabajo.

3.3.2. Resolución 000075 del 10 de febrero de 1986 con la cual reconoció una
pensión de jubilación convencional a Edgardo Caicedo Rivas, con fundamento en
el artículo 45, parágrafos 4 y 5 de la Convención Colectiva de Trabajo, efectiva a
partir del 12 de julio de 1991, al haber acreditado más de 20 años de servicio con
menos de 50 años de edad, motivo por el cual, no podía acceder al goce inmediato
de la prestación, pero sí al anticipo de jubilación de 20 mensualidades de salario,
según el artículo 45, parágrafo 4, literal b) de la referida convención.

3.3.3. Resolución 031158 del 3 de septiembre de 1986, por medio de la cual se
reliquidó la prestación y se reconocieron diferencias por el anticipo de 20
mensualidades, efectiva a partir del 12 de junio de 1991.

3.3.4. Resolución 715 del 18 de octubre de 1990, por medio de la cual aceptó la
renuncia presentada por el demandando, a partir del 22 de octubre de 1990.

3.3.5. Resolución 000903 del 3 de abril de 1991, mediante la cual reajustó la pensión
de jubilación reconocida mediante la Resolución 00075 del 10 de febrero de 1986,
con efectos a partir del 12 de julio de 1991, por reincorporación al servicio oficial,
de conformidad con el artículo 79 del Decreto 1848 de 1969. Decisión confirmada
con la Resolución 36692 del 10 de abril de 1991.

3.3.6. Resolución 002934 del 3 de septiembre de 1991, a través de la cual reajustó
nuevamente el valor de la pensión de jubilación convencional reconocida al
demandado. Acto confirmado a través de la Resolución 39778 del 19 de noviembre
de 1991.

3.3.7. Resoluciones 1380 del 30 de septiembre y 1634 del 7 de noviembre de 1997,
por medio de las cuales ordenó pagar una suma al demandado con ocasión de una
sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Buenaventura.

3.3.8. Resolución 2002 del 19 de mayo de 1998, que indexó la primera mesada
pensional y ordenó el pago de las diferencias correspondientes.

3.3.9. Resolución 2162 del 29 de mayo de 1998 por medio de la cual ordenó el pago
de unas sumas de dinero, como consecuencia del mandamiento de pago proferido
por los Juzgados 1 y 2 Laboral del Circuito de Buenaventura contra Colpuertos.

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Demandante: Ugpp

3.3.10. Resoluciones 00264 del 3 de mayo de 2002 y 000089 del 13 de marzo de
2003, por medio de las cuales ajustó la mesada pensional a los topes legales y
convencionales y ordenó el reintegro de las sumas pagadas en exceso.

3.3.11. Auto 751 del 20 de abril de 2007, por medio del cual ordenó adelantar la
revisión integral de la pensión del demandado.

3.4. La Ugpp emitió los siguientes actos:

3.4.1. Auto ADP 010249 del 11 de julio de 2013, por medio del cual solicitó al
demandado autorización para revocar directamente los actos mediante los cuales
se reconoció y reajustó la pensión.

3.4.2. Resolución RDP 040129 del 30 de agosto de 2013, a través de la cual negó la
revocatoria directa de la Resolución 00075 del 10 de febrero de 1986 y dispuso
remitir el expediente a la Subdirección Jurídica Pensional para promover las
acciones judiciales tendientes a obtener su nulidad o revocatoria.

3.4.3. En cumplimiento de un fallo judicial proferido el 7 de noviembre de 2012 por la
Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fiscalía 22, expidió las
siguientes resoluciones:

3.4.3.1. RDP 025964 del 25 de junio de 2015, por medio de la cual suspendió los
efectos de las resoluciones 1380 y 1634 de 1997 y 2162 de 1998 y ajustó el valor
de la mesada reconocida en la Resolución 000903 del 3 de abril de 1991.

3.4.3.2. RDP 51904 del 4 de diciembre de 2015, con la que revocó la Resolución
RDP 025964 del 25 de junio de 2015; y suspendió los efectos de las resoluciones
1380 del 30 de septiembre y 1634 del 7 de noviembre de 1997, y 2162 de 1998 y
ordenó adelantar las acciones para efectuar el cobro de las sumas pagadas
mediante dichos actos.

3.4.4. RDP 037354 del 4 de octubre de 2016 modificó las resoluciones RDP 51904
del 4 de diciembre de 2015 y RDP 51904 al no haber sido aplicadas a la nómina de
pensionados, y en el sentido de excluir la suspensión de la Resolución 2162 del 29
de mayo 1998. Dicha modificación ocurrió con ocasión de la revisión integral del
expediente pensional del demandado.

3.4.5. RDP 040129 del 30 de agosto de 2013, por la cual no accedió a la revocatoria
directa de la Resolución 000075 del 10 de febrero de 1986 en la medida en que el
demandado no la había autorizado; y señaló que se debían adelantar las gestiones
pertinentes para anular dicho acto en virtud de las inconsistencias advertidas en el

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Demandante: Ugpp

trámite pensional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 48 y 150 de la Constitución Política; y
137 y 138 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos demandados fueron
expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse y falsa motivación
porque se le reconoció a Edgardo Caicedo Rivas una pensión de jubilación
convencional y un anticipo de veinte mensualidades, pese a que al presentar su
renuncia, el 11 de julio de 1985, contaba con 44 años de edad y más de 20 años
de servicio, de los cuales aproximadamente 10 correspondían a Colpuertos. Dicho
reconocimiento era contrario al ordenamiento jurídico, porque el demandado no
tenía la calidad de trabajador oficial sino de empleado público, al desempeñar los
cargos de subgerente de relaciones industriales y, posteriormente, de gerente del
Terminal Marítimo de Buenaventura, de conformidad con el artículo 38 del Decreto
2465 de 1981 y el Acuerdo 16 del 9 de octubre de 1990, aprobado por el Decreto
287 del 28 de enero de 1991. En consecuencia, no podía ser beneficiario de la
convención colectiva de trabajo, la cual únicamente era aplicable a los trabajadores
oficiales, razón por la cual su situación pensional debía regirse por la Ley 33 de
1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y no por el artículo 45 de la convención
colectiva vigente para los años 1985 y 1986.

1.2. Contestación de la demanda

6. Edgardo Caicedo Rivas se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, por las razones que se expresan a continuación5:

6.1. El reconocimiento pensional se efectuó de conformidad con el régimen vigente
para la época. Al haber sido beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 33 de 1985, conservó los requisitos de edad y tiempo de servicios establecidos
en la Ley 6ª de 1945, esto es, 50 años de edad y más de 20 años de servicios. En
tales condiciones, se acogió al Acuerdo 963 de 1983, vigente entonces y amparado
por la presunción de legalidad, el cual extendía a los empleados públicos los
beneficios de la convención colectiva de trabajo de Colpuertos. En virtud de ello, la
pensión le había sido reconocida en cuantía equivalente al 80% del promedio de
los salarios y primas devengados durante el último año de servicio, luego de que el
11 de julio de 1985 renunciara al cargo de subgerente de relaciones industriales
para acogerse a dicho acuerdo. Posteriormente, su reincorporación como gerente

5 Folios 514 a 527.

5

Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

del Terminal Marítimo de Buenaventura había dado lugar a los reajustes de la
prestación, los cuales se habían efectuado de conformidad con la normativa
vigente.

6.2. LaUgpp no estaba facultada para revocar unilateralmente el acto de
reconocimiento pensional, pues no se había acreditado fraude ni obtenido su
consentimiento para la revocatoria.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) legalidad y convalidación de los actos
demandados porque para la fecha del reconocimiento pensional efectuado con
fundamento en el Acuerdo 963 de 1983 cumplía con los requisitos previstos en la
Ley 6ª de 1945, esto es, más de 20 años de servicio y 50 años de edad. Aunque
dicho acuerdo fue anulado por el Consejo de Estado, esa decisión se produjo con
posterioridad al reconocimiento de la prestación, de tal manera que no afectó la
situación jurídica consolidada; ii) buena fe y cobro de lo no debido toda vez que la
pensión se reconoció en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en
las normas vigentes para la época; y iii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 25 de
noviembre de 20246 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Declaró la nulidad de las resoluciones 75 del 10 de febrero y 31158 del 3 de
septiembre de 1986; 2002 del 19 de mayo de 1998; y 903 del 3 de abril, 2934 del 3
de septiembre y 39778 del 19 de noviembre de 1991, mediante las cuales la
empresa Puertos de Colombia reconoció, reliquidó, reajustó e indexó la pensión
proporcional de jubilación de Edgardo Caicedo Rivas. Ordenó a la Ugpp estudiar
nuevamente el reconocimiento pensional del demandado, teniendo en cuenta el
tiempo de servicios acreditado y las normas vigentes al momento de la causación
del derecho, sin que hubiera lugar al reintegro o pago de suma alguna a favor de la
Ugpp; y se abstuvo de condenar en costas. La decisión tuvo sustento en los
siguientes argumentos:

8.1. Edgardo Caicedo Rivas prestó sus servicios al departamento del Valle del
Cauca entre el 1 de julio de 1964 y el 30 de agosto de 1969, y del 25 de octubre de
1969 al 15 de febrero de 1976; al municipio de Buenaventura entre el 17 de marzo
de 1970 y el 20 de noviembre de 1972, y del 19 de enero de 1977 al 30 de octubre
de 1978. Y a Colpuertos en donde se desempeñó como director del Departamento

6
Samai tribunales y juzgados. Índice 40.

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

Jurídico y director de relaciones industriales entre el 9 de abril de 1973 y el «107»
de febrero de 1976; subgerente de relaciones industriales entre el 10 de febrero de
1976 y el 17 de abril de 1977, y del 1 de diciembre de 1978 al 15 de julio de 1985;
y gerente del Terminal Marítimo de Buenaventura desde el 10 de noviembre de
1986 hasta el «218» de octubre de 1990.

8.2. Aunque el 11 de julio de 1985 presentó renuncia al cargo para acogerse a los
beneficios previstos en la convención colectiva de trabajo y mediante la Resolución
00075 del 10 de febrero de 1986 se le reconoció una pensión de jubilación
convencional, efectiva a partir del 12 de julio de 1991, posteriormente fue
reincorporado al servicio como gerente del Terminal Marítimo de Buenaventura, del
10 de noviembre de 1986 hasta el «21» de octubre de 1990 fecha en la que se retiró
de forma definitiva, sin perder su condición de empleado público. Esta circunstancia
dio lugar al reajuste de la prestación mediante la Resolución 000903 del 3 de abril
de 1991; y a la reliquidación y ajuste a través de las resoluciones 002934 del 3 de
septiembre y 39778 del 19 de noviembre de 1991; y 2002 del 19 de mayo de 1998.

8.3. En ese contexto, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2465 de 1981 y
el Acuerdo 16 del 9 de octubre de 1990, aprobado por el Decreto 287 del 28 de
enero de 1991, dichos cargos correspondían a empleos públicos de dirección y
confianza, razón por la cual no era jurídicamente procedente extenderle los
beneficios previstos en la convención colectiva de trabajo, ni en el Acuerdo 963 de
1983, pues su régimen salarial y prestacional solo podía ser fijado por la ley y el
gobierno nacional.

8.4. En consecuencia, Colpuertos carecía de competencia para extender a los
empleados públicos los beneficios previstos en las convenciones colectivas de
trabajo mediante el Acuerdo 963 del 10 de noviembre de 1983, por tratarse de una
materia reservada al legislador. Disposición que fue anulada por el Consejo de
Estado en la sentencia proferida el 29 de julio de 19919, al considerar que las juntas
directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado no podían fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos ni hacer extensivos a
estos los beneficios convencionales, los cuales únicamente podían cobijar a los
trabajadores oficiales. Así las cosas, la pensión convencional reconocida al
demandado era contraria al ordenamiento jurídico.

7
Según lo registrado en el memorando 912 del 30 de junio de 2010 emitido por el Ministerio de la
Protección Social esta fecha corresponde al 9 de febrero de 1976. Folios 322 a 344.
8
Según lo registrado en el memorando 912 del 30 de junio de 2010 emitido por el Ministerio de la
Protección Social esta fecha corresponde al 22 de octubre de 1990. Folios 322 a 344.
9 No hizo referencia al radicado.

7

Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

8.5. De otra parte, comoquiera que existía simultaneidad en algunos periodos de
servicio, únicamente podían contabilizarse 5 años, 1 mes y 20 días de servicios
prestados al departamento del Valle del Cauca entre el 10 de julio de 1964 y el 30
de agosto de 1969; 6 años, 7 meses y 5 días en Colpuertos, Oficina Principal entre
el 10 de diciembre de 1978 y el 15 de julio de 1985; y 3 años, 11 meses y 11 días
en Colpuertos, Terminal Marítimo de Buenaventura entre el 10 de noviembre de
1986 y el 21 de octubre de 1990, para un total de 15 años, 8 meses y 6 días. En
ese orden, no resultaba beneficiario de la Ley 6ª de 1945 ni de la Ley 33 de 1985
aplicables a los empleados públicos. El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 tampoco
no era aplicable, porque la pensión había sido reconocida por Colpuertos, empresa
industrial y comercial del Estado del orden nacional, mientras que la disposición
únicamente amparaba situaciones jurídicas consolidadas con fundamento en
normas pensionales expedidas por entidades territoriales.

8.6. En todo caso, se debía ordenar a la Ugpp efectuar un nuevo estudio de los
tiempos efectivamente acreditados para determinar si al demandado le asistía el
derecho a una pensión conforme con el régimen aplicable a los empleados públicos
al momento del retiro.

8.7. Comoquiera que no se desvirtuó la buena fe, no era procedente la devolución
de las sumas reclamadas.

8.8. Seabstuvo de condenar en costas a la parte demandante, al acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda y no advertir su causación.

1.4. El recurso de apelación

9. Edgardo Caicedo Rivas interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se declarara probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control, porque la demanda de
lesividad había sido presentada más de 30 años después de la expedición de los
actos que reconocieron, reajustaron y reliquidaron la pensión; por lo tanto, había
superado el término de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
para ejercer las acciones administrativas y contencioso-administrativas dirigidas a
controvertir actos de reconocimiento pensional, sin que se hubiera acreditado la
existencia de fraude o de un delito que habilitara la excepción señalada en dicha
norma la cual era de aplicación inmediata por tratarse de una disposición de
naturaleza procesal que entró en vigor desde su promulgación y que, además,
ordenó expresamente su aplicación a los procesos en curso.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

8

Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto11.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contenciosos Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos».

2.2. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a
establecer ¿si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
que estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra los actos de reconocimiento pensional?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

10 Auto en el índice 5 de Samai.
11 De conformidad con la constancia secretarial del 13 de junio de 2025. Índice 10 de Samai.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

2.3.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

14. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

15. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida una pensión y se modificó, reliquidó y reajustó esta, se
procederá a efectuar control de legalidad con el fin de verificar si era procedente
proferir una sentencia que resolviera el fondo de la controversia planteada en el sub
judice , según lo decidió el a quo, o si, por el contrario, había lugar a dar por
terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del medio de
control, este es, por caducidad.

16. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»13.

17. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202414, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
14 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez

y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». [Se resalta]

18. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución 000075 del 10 de febrero de 1986, esto es, hace más de 30
años [contados hasta la fecha de presentación de la demanda].

19. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional15 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

20. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos

15 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

21. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

22. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]16 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]»,
se considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un
tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 153 de 188717, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» [Se resalta].

23. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de
la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra
legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas
de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el
legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se

16 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y

Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
17 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

establezca un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan
efectivizar sus derechos fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la
administración de justicia. Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías
fundamentales de manera arbitraria y sin justificación alguna.

24. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.

2.3.4. Análisis sustancial del caso en concreto

25. Tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el marco de la
competencia del juez en segunda instancia se encuentra definido por los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que la Sala limitará su
análisis a esos planteamientos.

26. De conformidad con las consideraciones expuestas, corresponde determinar si,
como lo sostiene el apelante, procedía declarar la caducidad del medio de control
con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por tratarse de una norma
procesal de aplicación inmediata y que dispuso expresamente su aplicación a los
procesos en curso. Para tal efecto, es necesario establecer cuál era la normativa
que regía el presupuesto procesal de la caducidad al momento de la presentación
de la demanda.

27. En el sub judice, se advierte que la demanda fue presentada el 5 de abril de
2018, cuando se encontraba vigente el artículo 164, numeral 1, literal c), del
CPACA, disposición conforme con la cual el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dirigido contra actos que reconocieran prestaciones
periódicas podía ejercerse en cualquier tiempo.

28. Aunque el apelante sostuvo que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 resultaba
aplicable de manera inmediata por tratarse de una norma procesal y porque el
legislador dispuso expresamente su aplicación a los procesos en curso, la Sala
considera que la aplicación de las normas que regulan la caducidad frente a un
tránsito legislativo debe analizarse en cada caso concreto. En efecto, la solución
depende del momento en que comenzó a regir el presupuesto procesal
correspondiente y de la etapa en que se encontraba el proceso al entrar en vigor la
nueva regulación, sin desconocer la regla prevista en el artículo 40 de la Ley 153
de 1887, conforme con la cual las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que empiezan
a regir.

29. En ese orden, como la demanda fue presentada cuando se encontraba vigente el
artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA y fue oportunamente admitida bajo esa
regulación, el presupuesto procesal de la caducidad debe examinarse conforme con
dicha disposición. Entender que la entrada en vigor del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 impidió el análisis de unos planteamientos jurídicos de una demanda
válidamente instaurada y admitida desconocería los principios de acceso material a
la administración de justicia y debido proceso, así como de confianza legítima y
seguridad jurídica, tal y como lo ha considerado esta Sala en anteriores
oportunidades18, pues no puede calificarse de negligente a quien ejerció
oportunamente el derecho de acción con fundamento en las reglas procesales
vigentes para ese momento.

30. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 25 de noviembre de
2024 y se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia
de la mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se
refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir
un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

31. En consecuencia, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no resulta aplicable al
presente asunto. Por el contrario, la oportunidad para promover el presente medio de
control debe examinarse conforme con el artículo 164, numeral 1, literal c), del
CPACA, vigente al momento de la presentación de la demanda, razón por la cual no
hay lugar a declarar la caducidad alegada por el apelante.

32. Porlo expuesto, el cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.
Comoquiera que este fue el único reparo formulado por la parte demandada en el
recurso de apelación, no hay lugar a efectuar un estudio sobre la aptitud legal para el
reconocimiento y posterior reliquidación de la prestación o en general en cuanto al

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 5 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar; del
25 de septiembre de 2025, radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-
01273-02 (0990-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

derecho subjetivo reconocido en los actos acusados, por cuanto no se plantearon
otros motivos de inconformidad que habiliten un pronunciamiento sobre los demás
aspectos de la sentencia de primera instancia.

33. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

34. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

35. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

36. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma19.

37. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

38. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas en esta instancia.

19En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

3. Conclusión

39. Del análisis expuesto, la Sala concluye que no operó la caducidad del medio de
control, porque la demanda fue presentada el 5 de abril de 2018, cuando se
encontraba vigente el artículo 164 del CPACA en su texto original, el cual permitía
demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que reconocieran
prestaciones periódicas. En consecuencia, aplicar el término de caducidad
introducido posteriormente por la Ley 2381 de 2024 desconocería los principios de
debido proceso, acceso a la administración de justicia, confianza legítima y
seguridad jurídica.

40. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 25 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social contra Edgardo Caicedo Rivas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar que no operó la caducidad del medio de control, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra
Edgardo Caicedo Rivas por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Radicado: 76001-23-33-008-2018-00337-01 (0722-2025)
Demandante: Ugpp

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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