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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01643-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01643-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar que no hay lugar a aplicar el término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Segundo. Revocar la sentencia del 14 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Tercero. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01643-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01643-02 (1354-2025)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República1
Demandado: Beneficiarios indeterminados de Emma Ruiz de Mendoza

Temas: Reajuste especial pensión de excongresista. Caducidad (Ley
2381 de 2024)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se declaró de
oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Fonprecon presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 1499 del 29 de diciembre de 1994,
mediante la cual se revocó la Resolución 1203 del 29 de noviembre de 1994 y se
reajustó la pensión de Emma Ruiz de Mendoza en cuantía del 75% de lo
devengado por un congresista en ejercicio en el año 1992.

1 En lo que sigue Fonprecon
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01643-02 (1354-2025)
Demandante: Fonprecon

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó el reajuste de la pensión de jubilación en cuantía del 50% de las pensiones
a que tenían derecho los congresistas en ejercicio en el año 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Emma Ruiz de Mendoza nació el 5 de abril de 1914.

3.2. Prestó sus servicios a diferentes entidades del Estado por un lapso de 22 años,
4 meses y 22 días, incluidos 4 meses y 28 días como representante a la Cámara
por el departamento de Boyacá en el periodo transcurrido entre el 21 de septiembre
de 1982 y el 17 de febrero de 1983.

3.3. A través de la Resolución 14783 del 1° de diciembre de 1983, la Caja Nacional
de Previsión Social le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $92.152
condicionada al retiro definitivo del servicio.

3.4. Mediante la Resolución 1202 del 29 de noviembre de 1994, Fonprecon ordenó
su afiliación a la entidad pensional del Congreso y, a través de la Resolución 1203
del 29 de noviembre de 1994 reajustó la pensión reconocida en cuantía del 50% del
promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas en el año 1992,
conforme con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993.

3.5. Por medio de la Resolución 1499 del 29 de diciembre de 1994, el aludido fondo
revocó la Resolución 1203 del 29 de noviembre de 1994 y reajustó la pensión de
jubilación en cuantía del 75% de lo devengado por un congresista en ejercicio en el
año 1994.

3.6. Emma Ruiz de Mendoza falleció el 23 de noviembre de 2010.

3.7. El 19 de julio de 2018, Jairo José González Riaño, en calidad de compañero
permanente, solicitó a Fonprecon el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional causada por la muerte de la pensionada.

3.8. Mediante la Resolución 0693 del 27 de noviembre de 2018, Fonprecon negó la
anterior solicitud por la falta de acreditación de los requisitos legales exigidos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003. Contra el
anterior pronunciamiento, Jairo José González Riaño presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 0165 del 21 de marzo de
2019, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

2

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Demandante: Fonprecon

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13 y 48 de la Constitución Política; y 17 de
la Ley 4 de 1992 en los términos de la sentencia C-258-2013; así como la Ley 33
de 1985 y los decretos 1293 de 1994 y 1359 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. El acto administrativo incurrió en un vicio de ilegalidad, toda vez que el artículo
17 del Decreto 1359 de 1993 estableció el reajuste pensional, por una sola vez, para
los congresistas que se hubiesen pensionado con anterioridad a la vigencia de la
Ley 4ª de 1992, era «equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían
derecho los actuales congresistas» (sic).

5.2. Emma Ruiz de Mendoza no ejercía como congresista a la entrada en vigencia
de la Ley 4ª de 1992, por lo que le aplicaba el reajuste pensional del 50% antes
mencionado. Sin embargo, la entidad reajustó la prestación en un porcentaje del
75% de lo devengado por un congresista en ejercicio.

1.2. Contestación de la demanda

6. El curador ad litem de los herederos indeterminados de Emma Ruiz de Mendoza
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en
lo siguiente4:

6.1. Fonprecon pretendió que se declarara la nulidad de la Resolución 1499 del 29
de noviembre de 1994, con fundamento en que el reajuste pensional reconocido fue
contrario a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. No obstante,
desconoció «su obligación legal como entidad receptora de la solicitud de reajuste
pensional, de observar rigurosamente lo establecido en la ley» (sic).

6.2. Talcarga no podía trasladarse al afiliado que, de buena fe, solicitó el
reconocimiento del aludido reajuste pensional con fundamento en la interpretación
jurisprudencial de la norma, «situación que el Fondo reconoció por estar ajustado a
derecho consolidándose una situación de carácter particular cuyo derecho no puede ser
conculcado, sobre todo al haberse actuado de buena fe y por no existir ninguna actuación
de carácter ilegal que haya dado con dicho otorgamiento» (sic).

3 Índice 24 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo «9_ED_EXPEDIENTE

DIGITAL_02CdDemanda.pdf(.PDF) NroActua 24», página 1 a 17.
4 Índice 75 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo «64_Contestacio´n

demanda terceros interesados herederos(.pdf) NroActua 75»

3

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Demandante: Fonprecon

6.3. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) cobro de lo no debido por
ausencia de causa e inexistencia de la obligación; y iii) genérica.

7. JairoJosé González Riaño fue notificado personalmente5; sin embargo, no
contestó la demanda. Asimismo, se emplazó a los herederos indeterminados, sin
que se allegara pronunciamiento6.

1.3. La sentencia apelada

8. En sentencia del 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, declaró «de oficio la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho» instaurado por
Fonprecon, y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes
términos7:

8.1. La Ley 2381 de 2024, en su artículo 86, introdujo una modificación en relación
con el término para ejercer las acciones contenciosas administrativas contra los
actos de reconocimiento pensional, así como los «modificatorio[s], esto es, los actos
de liquidación». En virtud de tal disposición, estas acciones están sometidas a un
término de caducidad de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la
ley, respecto de las pensiones ya reconocidas.

8.2. El Consejo de Estado8 señaló que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que
regula la caducidad, entró en vigencia desde la promulgación de la ley el 16 de julio
de 2024 y, por lo tanto, era de aplicación inmediata, pues no formaba parte de las
disposiciones del sistema pensional cuya entrada en vigor fue diferida hasta el 1 de
julio de 2025.

8.3. Así pues, la Resolución 1499 del 29 de diciembre de 1994, a través del cual se
le reconoció el reajuste pensional a Emma Ruiz de Mendoza, fue notificada el 30 de
diciembre de 1994 y quedó ejecutoriada el 31 de igual mes y año. En ese sentido,
el plazo de 5 años para presentar la demanda venció el 31 de diciembre de 1999,
por cumplirse la fecha en periodo de vacancia judicial, hasta el primer día hábil
siguiente a la finalización de esta; sin embargo, se presentó el 25 de noviembre de
2019, esto es, fuera del plazo legal previsto. Además, no se alegó fraude o la
ocurrencia de un delito en la obtención del derecho pensional que permitiera aplicar
la excepción del término de caducidad. En consecuencia, se configuró tal fenómeno,

5 Índice 24 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «13_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL_06ConsignacionNotificacionPersonalDemanda.pdf(.PDF) NroActua 24».
6 En el registro nacional de personas emplazadas de la página web de la rama judicial - fecha de

inicio termino: 02 de marzo de 2020 y fecha de fin termino: 24 de marzo de 2020, índice 13 de Samai
de Tribunales Juzgados.
7 Índice 110 de Samai de Tribunales y Juzgados.
8 en la sentencia del 2 de octubre de 2024

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Demandante: Fonprecon

de conformidad con la ley vigente desde el año 2024.

8.4. No condenó en costas porque «el medio de control interpuesto busca proteger el
interés superior público patrimonial.».

1.4. El recurso de apelación

9. Fonprecon interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos9:

9.1. El alcance del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se desconoció porque la
disposición prevé la excepción a la aplicación del término de caducidad en los
eventos en que se interpongan acciones contra los actos de reconocimiento
pensional cuando se trate de fraude o por la ocurrencia de algún delito 10.

9.2. El tribunal omitió analizar si el presente asunto se enmarcaba en la excepción
del término para ejercer acciones respecto de las pensiones reconocidas en tales
circunstancias. Bajo ese contexto, Emma Ruiz de Mendoza nació el 5 de abril de
1914 y prestó sus servicios por 22 años, 4 meses y 22 días. Mediante la Resolución
14783 del 1 de diciembre de 1983, le fue reconocida una pensión, la cual fue
reajustada inicialmente a través de la Resolución 1203 del 29 de noviembre de
1994, en cuantía del 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los
Congresistas en el año 1992 conforme con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto
1359 de 1993. Posteriormente, con la Resolución 1499 del 29 de diciembre de 1994,
se revocó la decisión anterior y se reajustó la pensión en cuantía equivalente al 75%
de lo devengado por un congresista en ejercicio en el año 1994; es decir, con
sustento en salarios no devengados y en un régimen especial inaplicable.

9.3. En esa medida, la pensión se calculó con base en ingresos que no
correspondían a su historia laboral e incluyó aumentos desproporcionados en los
últimos años.

9.4. En conclusión, «bajo los parámetros del régimen especial de pensiones consagrado
en el artículo 17 de la ley 100 de 1993 constituyó un fraude a la ley, esto es, en términos de
la Corte Constitucional “aprovechamiento de la interpretación judicial o administrativa de las
normas o reglas, para fines o resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y aquél
que invoca las normas de una forma claramente excesiva y desproporcionada que desvirtúa
el objetivo jurídico que persigue. En este orden de ideas, el juez y la administración tienen
el deber de evitar que se interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a
los principios del sistema.”» (sic).

9 Índice 119 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «98_MemorialWeb_Recurso-
MEMORIALPROCESO250(.pdf) NroActua 119».
10 sentencia C- 258 de 2013

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Demandante: Fonprecon

9.5. Así pues, la jurisprudencia ha señalado que los derechos adquiridos con fraude
o abuso no puede ser protegidos y deben ser revocados o reliquidados conforme
con el derecho.

10. El a quo debió realizar un análisis de la constitucionalidad del artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 confrontándolo con el alcance relacionado con la facultad de
revisar en cualquier tiempo el reconocimiento de prestaciones periódicas.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio12.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación13, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

13.1. ¿si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra los actos de reconocimiento pensional?

13.2. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demanda o si lo que corresponde es devolver el
expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto de
garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la administración
de justicia?

2.2. Análisis sustancial del caso en concreto

11 De acuerdo con el auto del 23 de julio de 2025, visible a índice 4 de Samai.
12 Obra soporte de notificación a índice 7 de Samai. Asimismo, se registró constancia secretarial del

20 de agosto de 2025, a índice 9 de Samai.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

14. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

15. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad del acto que
reajustó una pensión, se procederá a efectuar control de legalidad con el fin de
verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva el fondo de la
controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar a dar por
terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del medio de
control, este es, por caducidad, según lo decidió el a quo.

16. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»14.

17. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202415, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
15 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez

y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Fonprecon

facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». (Se resalta)

18. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución 1483 del 1 de diciembre de 1983 y reajustada a través de la
Resolución 1499 del 29 de diciembre de 199416, esto es, hace más de 5 años.

19. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional17 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

20. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

16 Índice 24 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «10_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL_03Demanda.pdf(.PDF) NroActua 24», Páginas 14 a 19.
17 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.

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Demandante: Fonprecon

21. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

22. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]18 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188719, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).

23. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

18 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y

Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
19 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Fonprecon

24. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.

25. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.

26. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».

27. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.

28. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 14 de marzo de 2025 y
se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia de la
mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere

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Demandante: Fonprecon

a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de
la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo
término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

29. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, en
principio, el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado
frente al alcance otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio
expuesto, al caso concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del artículo 164.c del CPACA, comoquiera que, a la fecha
en que se presentó la demanda, el 25 de noviembre de 2019, era la disposición que
en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y la cual
no tenía previsto término de caducidad alguno.

30. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.

31. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por Fonprecon tendiente a la declaratoria de
nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto por las normas
procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este se
dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.

32. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legitima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades20. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio
del segundo problema jurídico.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,

radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera, del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, y del 5 de marzo de 2026, radicación: 25000-23-42-000-2015-
06095-02 (6845-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: Fonprecon

2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico

33. Sobre el particular, la Sala observa que a través de la sentencia de primera
instancia no se definió si era procedente el reajuste de la mesada pensional de
Emma Ruiz de Mendoza equivalente al 75% de lo devengado por un congresista en
ejercicio en el año 1994 o debía ser equivalente al 50% de las pensiones a que
tendrían derecho los congresistas en ejercicio en el año 1994. Sin embargo, el
anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio la caducidad del
medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

34. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estudió
de fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente
a la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los
reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

35. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.

36. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profiera una nueva decisión en la que analice los
cargos formulados en la demanda.

2.3. Costas

37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

38. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,

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Demandante: Fonprecon

no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

39. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.

40. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

41. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164
del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era la
disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.

43. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta
por las partes procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

21En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Fonprecon

FALLA

Primero. Declarar que no hay lugar a aplicar el término de caducidad previsto en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Segundo. Revocar la sentencia del 14 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual
se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Tercero. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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