Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01202-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01202-01 (0297-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Egidio Lopera Echeverri
Tema: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Caducidad (Ley 2381 de 2024)
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 242 del 8 de junio de 2004,
por medio de la cual se ordenó el pago a Jesús Egidio Lopera Echeverri del valor
que resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la
expedición del acto acusado, «desde el 22 de diciembre de 2003 hasta el 31 de mayo
de 2021», y los valores que se generaran con posterioridad hasta que la sentencia
se encuentre en firme; y ii) la condena en costas al demandado.
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:
3.1. Jesús Egidio Lopera Echeverri estuvo vinculado con la Universidad de Antioquia
desde 17 de octubre de 1973 hasta el 22 de diciembre de 2003 y al cumplir con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó su reconocimiento ante el
Instituto de Seguros Sociales3.
3.2. Conel objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez del
demandado, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 324 del 28 de junio
de 2002, por valor de $508’079.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
$510’260.000, suma de dinero que consignó a la entidad competente, esto es al
ISS.
3.3. Mediante la Resolución 003884 del 21 de marzo de 2004, el ISS le reconoció la
prestación en cuantía mensual de $3.402.410, a partir del 22 de diciembre de 2003,
sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, «de servicios» y de
vacaciones.
3.4. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1992 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto Instituto de
Seguros Sociales4 y efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de
invalidez, vejez y muerte.
3.5. A partir de la expedición del Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.
3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:
2 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio
allegado al plenario.
3 En adelante ISS.
4 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.
2
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Demandante: Universidad de Antioquia
«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
[…]
«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».
3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
3.8. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
242 del 8 de junio de 2004, en la que ordenó pagar temporalmente, « hasta que el
Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial», a Jesús Egidio Lopera
Echeverri el valor que resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que
establece el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que no reconociera el
Seguro Social.
3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20135 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de abril de 2015.
3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
5 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.
3
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Demandante: Universidad de Antioquia
jurisprudencia vigentes en la materia.
3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20136, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.
3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993 era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones; y por ello, en el caso del demandado, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente lo relacionado con el mayor valor en su
ingreso base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad
previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, la
que debía asumir dicho reconocimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente7:
5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
6 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.
7 Samai, índice 2, 4ED_expzip(.zip) NroActua 2;
4_EXPEDIENTEDIGI_expzip_0_20250203152216808; 01. Demanda.pdf.
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Demandante: Universidad de Antioquia
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.
5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.
5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.
5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicio o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió al demandado,
al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto, pues nació el
16 de septiembre de 1943.
1.2. Contestación de la demanda
6. El curador Ad-Litem de Jesús Egidio Lopera Echeverri8 contestó la demanda, se
8 Nombrado como curador por medio del auto del 6 de febrero de 2023, visible en Samai, índice 2,
4ED_expzip(.zip) NroActua 2; 4_EXPEDIENTEDIGI_expzip_0_20250203152216808: 21.
AutoDesignaCuradoryFijaFecha.pdf.
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opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción que denominó
«principio de la buena fe para devolución de prestaciones periódicas»9 [sic].
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024, declaró «probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control», y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes
términos10:
7.1. La Ley 2381 de 2024, en su artículo 86, introdujo una modificación en relación
con el término para ejercer las acciones administrativas y contenciosas
administrativas contra los actos de reconocimiento pensional. En virtud de tal
disposición, estas acciones están sometidas a un término de caducidad de 5 años,
contados a partir de la entrada en vigencia de la ley «incluso para aquellas demandas
que se encuentre en curso». Lo anterior, obedece a que mantener en indefinición y
por un tiempo indeterminado la posibilidad de la administración para demandar los
actos de reconocimiento prestacional es contrario a los principios de un Estado
Social de Derecho y de la justicia social.
7.2. De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de
octubre de 202411, resulta pertinente declarar la configuración de la caducidad de
aquellos asuntos en los que se discute el reconocimiento pensional y han
transcurrido más de 5 años, toda vez que no tendría sentido someter a los «jueces
a una espera prolongada (hasta el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de
si la caducidad se declara en este momento o con posterioridad, los efectos serían los
mismos; pues la contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación».
7.3. Comoquiera que la prestación se reconoció con ocasión de la Resolución
003884 del 21 de marzo de 2004 y la demandada se radicó el 1° de julio de 2021,
operó la caducidad del medio de control prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, pues entre el reconocimiento pensional y la demanda transcurrieron más de
5 años.
7.4. No procedió la condena en costas porque « la terminación del proceso no obedece
a que se haya presentado una variación jurisprudencial y que ello haya determinado el
fracaso de las pretensiones, sino que, por el contrario, la decisión obedece a la modificación
legislativa que impide analizar el fondo del asunto y que se presentó con posterioridad a la
9 Ibidem, 30.1 ContestacionDemandaCuradorAdLitem.pdf.
10 Ibidem, 41. SentenciaPrimeraInstancia07112024.pdf.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencial del 2 de octubre de 2024,
expediente: 25000-23-42-000-2015-05734-01 (3936-2018).
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interposición de la demanda».
1.4. El recurso de apelación
8. La Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos12:
8.1. Elanálisis que realizó el a quo carece de motivación para declarar la
configuración de la caducidad del medio de control, pues sin precisar porqué se
configuraron los supuestos del artículo 86 de la Ley 2381 de 2004 se limitó a señalar
que «en el sub judice debe aplicarse el término de caducidad traído por la Ley 2381 de
2024, del cual se indica está vigente según lo decidido por la Subsección A de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 2 de octubre
de 2024» [sic].
8.2. El término de caducidad previsto por artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 solo
aplica respecto de las prestaciones reconocidas.
8.3. El tribunal desconoció el alcance del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, porque
el acto demandado no es el de reconocimiento pensional sino por el cual la
universidad dispuso pagar temporalmente, «hasta que el Seguro Social lo reconozca
bien motu proprio o por orden judicial», a Jesús Egidio Lopera Echeverri el valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que establece el inciso 3
del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que no reconociera el Seguro Social.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
12 Samai, índice 2, 4ED_expzip(.zip) NroActua 2;
4_EXPEDIENTEDIGI_expzip_0_20250203152216808; 43.1 RecursoApelacionSentencia.pdf.
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2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Con fundamento en el argumento expuesto en el escrito de apelación13 los
problemas jurídicos consisten en determinar:
11.1. ¿si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra los actos de reconocimiento pensional?
11.2. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demanda o si lo que corresponde es devolver el
expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto de
garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la administración
de justicia?
2.2. Análisis sustancial del caso en concreto
2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
12. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
13. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida y reajustada una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad, según lo
decidió el a quo.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»14.
15. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202415, disposición según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». [Se resalta]
16. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que el acto por el cual la Universidad de Antioquia
ordenó el pago de la diferencia que resultaba entre la aplicación del IBL conforme
con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el efectuado con la inclusión de las primas
de vacaciones, de navidad y semestral que no reconoció el ISS al demandado, se
expidió hace más de 5 años.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
15 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
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17. Alrespecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional16 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
18. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)».
19. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]17 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
16 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
17 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01202-01 (0297-2025)
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legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188718, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» [Se resalta].
21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
22. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.
23. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.
18 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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24. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».
25. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.
26. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 7 de noviembre de 2024
y se dio trámite al recurso en la siguiente anualidad, esto es en vigencia de la
mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere
a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de
la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo
término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
27. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, el recurso
de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado frente al alcance
otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio expuesto, al caso
concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad prevista en el texto
original del artículo 164.c del CPACA, comoquiera que, a la fecha en que se presentó
la demanda, el 1° de julio de 2021, era la disposición que en materia de oportunidad
para presentar la demanda se encontraba vigente y la cual no tenía previsto término
de caducidad alguno.
28. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
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consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general.
29. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto
por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando
este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
30. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legitima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades19. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio
del segundo problema jurídico.
2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico
31. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera la competencia de la universidad para
asumir el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a
Jesús Egidio Lopera Echerri y la devolución de las sumas oportunamente pagadas
de más, en virtud del acto demandado.
32. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,
radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera; del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo; del 5 de marzo de 2026, radicación: 25000-23-42-000-2015-06095-
02 (6845-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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33. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia no estudió de
fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente a
la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los
reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
34. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profiera una nueva decisión en la que analice los cargos
formulados en la demanda.
2.6. Costas
35. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
36. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
37. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
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medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma20.
38. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
39. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
40. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164
c. del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era la
disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.
41. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta por las
partes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
20 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que
profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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