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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia del 1° de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente 16 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024) Demandante: Universidad de Antioquia CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 17

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Guillermo Ceferino Agudelo Valderrama

Temas: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Subrogación pensional. Caducidad (Ley 2381 de
2024)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Antioquia
contra la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que

1 La demanda fue presentada el 1 de julio del 2021. Índice 2 de Samai en el expediente en que se

tramitó la apelación contra el auto que decretó la medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-
01285-02. Archivo ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado
«02. ConstanciaCorreoReparto».
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 037 del 24 de febrero de
2004 por la cual ordenó pagarle a Guillermo Ceferino Agudelo Valderrama el valor
que resultara de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación previsto en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la restitución de las sumas pagadas como consecuencia de lo dispuesto
en el acto acusado desde el 17 de febrero de 2003 hasta el 31 de mayo de 2021,
que ascendía a la suma de $ 258.523.198; y ii) la condena en costas y agencias en
derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Guillermo Ceferino Agudelo Valderrama estuvo vinculado con la Universidad de
Antioquia en calidad de empleado público desde el 11 de marzo de 1975 hasta el
16 de febrero de 2003, fecha en la que le fue aceptada su renuncia.

3.2. Cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó su
reconocimiento ante el ISS, que mediante la Resolución 11987 del 21 de octubre de
2003 reconoció la prestación en cuantía mensual de $2.915.488, a partir del 17 de
febrero de 2003, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, «de
servicios» y de vacaciones.

3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto ISS 3 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

3.4. Con
fundamento en el Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.

3.5. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez del
demandado, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 390 del 24 de julio
de 2003, por valor de $274.653.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
la totalidad de esa suma de dinero, que consignó a la entidad competente.

3 En la actualidad la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual
dispuso en sus artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

[…]

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».

3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios, a los
empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

3.8. Con fundamento en lo anterior, la Universidad emitió la Resolución
Administrativa 037 del 24 de febrero de 2004, en la que ordenó pagar a Guillermo
Ceferino Agudelo Valderrama el valor que resultaba de la aplicación del ingreso
base de liquidación que establece el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y
que no reconoció el Seguro Social.

3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20134 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la Universidad, providencia que fue confirmada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia del 16 de abril de
2015.

3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó

4 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.

3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20135, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.

3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones y por ello, en el caso del demandado, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente, lo relacionado al mayor valor en su ingreso
base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad previsional o
administradora de las cotizaciones realizadas por el demandado, el que debía
asumir dicho reconocimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. La
Resolución Rectoral 12094 del 4 mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la

5 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.
6 Índice 2 de Samai en el expediente en que se tramitó la apelación contra el auto que decretó la

medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02. Archivo
ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado «01. Demanda».

4

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la Universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.

5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.

5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.

5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicio o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió al demandado,
al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto.

1.2. Contestación de la demanda

6. GuillermoCeferino Agudelo Valderrama se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente7:

7 Índice 2 de Samai en el expediente en que se tramitó la apelación contra el auto que decretó la

medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02. Archivo

5

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

6.1. El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de
2005, no fue desconocido por el acto acusado, por el contrario, ratificó el carácter
de derecho fundamental de la seguridad social. Tampoco podría considerarse que
se presentó una inconstitucionalidad sobreviniente pues es posterior al acto
acusado.

6.2. A la Universidad de Antioquia, como empleadora, es a la que le correspondía
cumplir sus deberes frente a sus empleados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley 100 de 1993. También era su deber adelantar todos los trámites
necesarios, como «conseguir el dinero para pagar salarios, prestaciones sociales y hacer
los aportes para la pensión. Cualquier descuido o negligencia, debe asumirla».

6.3. Era beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
el que se constituye en un derecho adquirido, cierto, irrenunciable e imprescriptible,
el cual debe mantenerse incólume.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia proferida
el 1° de noviembre de 2024 declaró de oficio la excepción de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Universidad
de Antioquia y no condenó en costas8. Para tal efecto señaló lo siguiente:

7.1. Mediante la Resolución 11987 del 21 de octubre de 2003 el ISS le concedió una
pensión de vejez a Guillermo Ceferino Agudelo Valderrama; a través de la
Resolución 037 del 24 de febrero de 2004, la Universidad de Antioquia resolvió
pagarle temporalmente el valor que resultara de la aplicación del IBL que prevé el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no le fue reconocido por el ISS,
a modo de subrogación; y la demanda en contra del acto anterior se radicó el 1 de
julio de 2021.

7.2. Comoquiera que el reconocimiento pensional se efectuó el 21 de octubre de
2003, la Universidad tenía hasta el 22 de octubre de 2008 para presentar la
demanda; sin embargo, como esta se radicó el 1 de julio de 2021, operó el fenómeno
de la caducidad de que trata el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 pues
transcurrieron más de los 5 años señalados en la norma.

ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado «07.1 Guillermo
Ceferino Afudelo Valderrama. Respuesta al traslado y oposición a la medida cautelar.».
8 Índice 2 de Samai en el expediente en que se tramitó la apelación contra el auto que decretó la

medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02. Archivo
ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado «29.
SentenciaPrimeraInstancia».

6

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

1.4. El recurso de apelación

8. La Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos9:

8.1. Elacto administrativo acusado no era el que reconoció la pensión del
demandado, sino aquel en virtud de la cual, la Universidad se subrogó en una
obligación sin competencia, en torno de lo cual se planteó el debate judicial. De
acogerse las pretensiones de nulidad propuestas, el reconocimiento de la prestación
quedaría incólume. En ese sentido el asunto planteado no se encuentra dentro del
supuesto de hecho del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

8.2. No había lugar a estudiar de manera anticipada la ocurrencia del fenómeno
jurídico de la caducidad del medio de control, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA en este caso se podía presentar la
demanda en cualquier tiempo, cuando se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas», ya que la discusión planteada giraba en
torno a una prestación periódica: la reconocida por la Universidad, sin competencia
para ello y que no es de carácter pensional.

8.3. Lanorma no tiene aplicación retrospectiva y debe considerarse que los
ciudadanos tenían una expectativa legítima de contar con el término respectivo para
acudir a la administración de justicia. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 debía
ser inaplicado por inconstitucional, porque la ley rige hacia el futuro, y su aplicación
vulneraría «el derecho fundamental de acción».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado de intervención tercero ante el Consejo de Estado solicitó
que se revocara la sentencia apelada «por no adecuarse a la función de administrar
justicia». Al efecto señaló lo siguiente11:

9 Índice 2 de Samai en el expediente en que se tramitó la apelación contra el auto que decretó la

medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02. Archivo
ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado
«31.1 RecursoApelacionDemandante».
10 De acuerdo con el auto visible a índice 4 de Samai.
11 Índice 8 del aplicativo Samai.

7

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

10.1. El acto demandado no es el de reconocimiento pensional, sino el de uno
expedido por autoridad incompetente para compensar, sin fundamento jurídico, las
presuntas carencias del reconocimiento efectuado por la entidad previsional a cargo
de las pensiones. Por lo anterior, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no aplica, ni
aplicaría a una pensión reconocida antes de la entrada en vigencia de esta ley,
porque rige hacia el futuro.

10.2. Sin perjuicio de lo anterior, «los efectos de la decisión tomada incidirán en la pensión
del accionado, pero este ya no cuenta con el medio de control idóneo para controvertir ante
la entidad competente su derecho sustancial y fundamental, debido a la fecha del
reconocimiento y la modificación legal a la caducidad».

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación12, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si es aplicable al presente asunto el
artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de caducidad de 5
años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra los actos de
reconocimiento pensional?; y en caso de que la respuesta al anterior problema
jurídico sea negativa se verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo
en esta instancia en relación con las pretensiones de la demanda o si lo que
corresponde es devolver el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie
al respecto con el objeto de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso
material a la administración de justicia?

2.2. Análisis sustancial del caso en concreto

2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

12. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

13. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la

12 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida y reajustada una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad, según lo
decidió el a quo.

14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»13.

15. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202414, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley». [Se resalta]

16. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
14 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez

y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

9

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la subrogación de la pensión objeto de
discusión fue reconocida mediante la Resolución Administrativa 037 del 24 de febrero
de 2004, esto es, hace más de 5 años.

17. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional15 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

18. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

19. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de

15 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.

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su sanción [16 de julio de 2024]16 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188717, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).

21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

22. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.

23. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en

16 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y

Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
17 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Universidad de Antioquia

esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.

24. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».

25. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda, se decretó la medida cautelar solicitada18 y se adelantó el trámite
pertinente, resultaría una vulneración del debido proceso entender que el tránsito
legislativo impactó en el asunto al punto de desconocer que la demanda fue
oportunamente admitida y que el proceso se encontraba válidamente en curso; de
manera que se permitió que se adelantara el juicio de legalidad propuesto por la
Universidad de Antioquia y la decisión del tribunal sorprendió a la parte que confió en
que había accedido a la administración de justicia para que esta resolviera sobre el
debate planteado.

26. Llama la atención que el tribunal hubiese calculado la caducidad del medio de
control a partir de la fecha en que se efectuó el reconocimiento pensional que, valga
señalar, fue proferido por el ISS el 21 de octubre de 2003. Además de que para esa
fecha la norma vigente permitía que fueran demandados los actos que reconocen
prestaciones periódicas en cualquier tiempo, lo cierto es que no puede endilgarse a
la entidad un reproche por la tardanza en demandar un acto frente al que no tiene
interés jurídico, no fue expedido por esa autoridad y no contiene vicios de nulidad
que impliquen la intervención del juez contencioso-administrativo.

27. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 1° de noviembre de
2024 y se dio trámite al recurso de apelación en igual anualidad, esto es en vigencia
de la Ley 2381 de 2024, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la referida norma, según el pronunciamiento adoptado por

18
Índice 2 de Samai en el expediente en que se tramitó la apelación contra el auto que decretó la
medida cautelar, radicado 05001-23-33-000-2021-01285-02. Archivo
ED_RV_REMISIONEXPEDIE(.msg) NroActua 2. Enlace. Archivo denominado «09.
AutoDecretaMedidaCautelar19112021».

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01285-02 (6684-2024)
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la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual se
dispuso:

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere
a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de
la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo
término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

28. Luego, si bien la decisión adoptada por el tribunal resultaría en principio razonable,
el apelante cuestionó el análisis realizado respecto del alcance otorgado al artículo 86
de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio expuesto, al caso concreto le resultaba
aplicable la regulación sobre la caducidad prevista en el texto original del artículo 164.c
del CPACA, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda (1 de julio de
2021), dicha disposición era la vigente en materia de oportunidad para acudir al medio
de control y no tenía previsto término de caducidad alguno.

29. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.

30. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad del acto acusado, se presentó dentro del término previsto
por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando
este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.

31. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legitima y seguridad jurídica, tal y como lo ha considerado esta Sala en
anteriores oportunidades19. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 5 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar; del 25

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no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio del
segundo problema jurídico.

2.2.2. En cuanto a la posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo en
esta instancia

32. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustado a derecho o
no el reconocimiento de la subrogación pensional a favor de Guillermo Ceferino
Agudelo Valderrama o si, por el contrario, debía concluirse que la entidad había
actuado sin competencia.

33. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

34. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta no
estudió de fondo la controversia planteada, la Subsección estima necesario devolver
el expediente a la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el
debate suscitado, pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de
apelación, sin que los reproches hubieran sido analizados en primera instancia,
implicaría privar a las partes del doble escrutinio judicial que exige el debido
proceso, garantía reconocida tanto en la Constitución Política como en el artículo 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

35. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.

36. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, profiera una nueva decisión en la que
analice los cargos formulados en la demanda.

2.3. Costas

37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-

de septiembre de 2025, radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-
01273-02 (0990-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

38. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

39. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma20.

40. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

41. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164,
c) del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era
la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.

43. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración

20En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica
expuesta por las partes procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia del 1° de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la
controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

17

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