Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01856-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01856-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-01856-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: EDISON ANDRÉS RINCÓN ATEHORTUA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Tema: Prolongación injustificada de la privación de la libertad. Ley 906
de 2004. Cosa juzgada parcial. No se acreditó un daño
antijurídico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 6 de diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional capturaron a Edison
Andrés Rincón Atehortúa, luego de encontrar que escondía en uno de los bolsillos
de su pantalón cinco bolsas que contenían presuntamente base de cocaína, por lo
que podía ser autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al
día siguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías
de Cisneros legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento consistente
en detención domiciliaria, la cual, según lo narrado en la demanda, se hizo efectiva
el 10 de diciembre siguiente. El 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del
Circuito con Función de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de
aseguramiento y ordenó dejar en libertad al procesado. Finalmente, el 19 de febrero
de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío precluyó la investigación al
constatar que las sustancias halladas en poder del procesado eran para su consumo
personal.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el INPEC son
patrimonialmente responsables por la prolongación injustificada de la privación de
la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa, por la demora en
hacer efectiva la medida de detención domiciliaria.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 10 de septiembre de 20181, Edison Andrés Rincón Atehortúa, Paulina Cárdenas
González, Brahian Estiv Rincón Ramírez, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del
Socorro Atehortúa Cortés, Ruth Estella Jaramillo Atehortúa, Nelson Alberto Rincón
Atehortúa y Viviana Patricia Rincón Atehortúa, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la
Nación, Rama Judicial y el INPEC, por los perjuicios irrogados con ocasión de la
prolongación injustificada de la privación de la libertad de la que fue objeto Edison
Andrés Rincón Atehortúa.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 1000 SMLMV a Edison
Andrés Rincón Atehortúa y 100 SMLMV a Brahian Estiv Rincón Ramírez, Paulina
Cárdenas González, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro Atehortúa
Cortés, Nelson Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia Rincón Atehortúa y Ruth
Estella Jaramillo Atehortúa; por daño a la vida de relación, la suma equivalente a
1000 SMLMV para Edison Andrés Rincón Atehortúa y 100 SMLMV a Brahian Estiv
Rincón Ramírez, Paulina Cárdenas González, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela
del Socorro Atehortúa Cortés, Nelson Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia
Rincón Atehortúa y Ruth Estella Jaramillo Atehortúa.
1 Fl. 1 a 15, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de diciembre de
2016, agentes de la Policía Nacional capturaron a Edison Andrés Rincón Atehortúa,
luego de encontrar que escondía en uno de los bolsillos de su pantalón cinco bolsas
que contenían presuntamente base de cocaína, por lo que podía ser autor del delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Indica que el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal con Función
de Control de Garantías de Cisneros legalizó la captura de Edison Andrés Rincón
Atehortúa, formuló cargos y le impuso medida de aseguramiento consistente en
detención domiciliaria, la cual, según lo narrado en la demanda, se hizo efectiva el
10 de diciembre siguiente.
Afirma que el 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función
de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento y ordenó
dejar en libertad al procesado al considerar que la solicitud de aquella medida no se
presentó en debida forma.
Indica que el 19 de febrero de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío
precluyó la investigación penal seguida en contra de Edison Andrés Rincón
Atehortúa, pues evidenció que las sustancias halladas en su poder eran para su
consumo personal.
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el INPEC son
patrimonialmente responsables por la prolongación injustificada de la privación de
la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa, por la demora en
hacer efectiva la medida de detención domiciliaria.
Textualmente solicitan en la demanda: “[T]rasladado el ciudadano [Edison Andrés
Rincón Atehortúa] a la cárcel en Santo Domingo allí fue retenido cinco días. Allí
esperó su inmediato traslado a la casa en Cisneros, o la autorización para hacerlo
él por sus propios medios, pero esto nunca se registró así; y por el contrario pasaron
los días y festividades de diciembre o sea el 6, 7, 8, 9 y 10, y allí lo dejaron retenido
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
en la cárcel, hasta el día sábado, diciembre 10 de 2016, así pues la orden del juez
no se cumplió. El ciudadano estuvo privado de la libertad físicamente de manera
ilegal prolongándole la privación de su libertad en el establecimiento carcelario los
días referidos pese a que el juez había dado la orden perentoria de la detención
domiciliaria y el INPEC y la Policía tenían que tramitarla debida, oportuna y
correctamente en cumplimiento de una orden judicial”.
2. Contestaciones
El 14 de enero de 20192, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. La Policía Nacional3 manifestó que el daño alegado no le es imputable, pues su
actuar se limitó a capturar a Edison Andrés Rincón Atehortúa en cumplimiento de
las funciones constitucionales y legales que le habían sido conferidas. Como
excepciones formuló las que denominó “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “falta de relación de causalidad” e “inexistencia de perjuicios”.
2.2. El INPEC4 argumentó que no le asiste responsabilidad porque Edison Andrés
Rincón Atehortúa fue recibido en las instalaciones del centro de reclusión el 9 de
diciembre de 2016 y de inmediato se realizó la reseña e identificación del interno, y
el mismo día fue trasladado a su residencia, conforme la reglamentación
penitenciaria y carcelaria que prevé ese procedimiento. Por ello, formuló como
excepción la que denominó “cumplimiento de un deber legal”.
2.3. La Rama Judicial5 sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a los
demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los
postulados legales que le habían sido conferidos y, además, porque existían indicios
graves de responsabilidad penal que daban cuenta de la presunta participación de
Edison Andrés Rincón Atehortúa en el delito de tráfico, fabricación o porte de
2 Archivo “009AutoAdmisorio”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
3 Archivo “021ContestaciónDeLaDemanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
4 Archivo “014ContestaciónDeLaDemanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
5 Archivo “019ContestaciónDeLaDemanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
estupefacientes. Como excepciones formuló las que denominó “inexistencia de
presupuestos de responsabilidad de la administración” y “falta de legitimación en la
causa por pasiva”.
2.4. La Fiscalía General de la Nación y el ministerio público guardaron silencio.
3. Audiencia inicial
El 18 de octubre de 20226 el Tribunal Administrativo de Antioquia celebró la
audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “las demandadas son administrativamente responsables por el
presunto daño que habrían padecido los demandantes por la privación de la libertad
que habría sufrido Edison Andrés Rincón Atehortúa entre el 6 y el 10 de diciembre
de 2016”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 18 de mayo de 20237, se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. El extremo activo8, la Policía Nacional9, el INPEC10 y la Rama Judicial11
reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la
contestación de esta, respectivamente.
4.2. La Fiscalía General de la Nación12 señaló que el daño alegado por los
accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial, pues esta
6 Archivo “15ActaAudienciaInici”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
7 Archivo “34ActaAudienciaPrueb”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
8 Archivo “40DemandanteAlegatos”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
9 Archivo “38AlegatosPolicia”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
10 Archivo “46AlegatosINPEC”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
11 Archivo “42AlegatosRamaJudici”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
12 Archivo “44AlegatosFiscalia”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
es la entidad que tiene la competencia para decidir sobre la libertad de los
procesados, bajo las prerrogativas de la Ley 906 de 2004.
4.3. El ministerio público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de octubre de 202413, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño alegado
por los demandantes no devenía en antijurídico, porque entre la imposición de la
medida de aseguramiento en el domicilio y el traslado del señor Rincón Atehortúa a
su lugar de residencia, corrió un término razonable y ajustado a las medidas propias
de seguridad del interno.
Al efecto sostuvo que: “Debe tenerse en cuenta que, una vez se otorga el beneficio
de la detención domiciliaria, la Policía Nacional en coordinación con el INPEC debe
realizar el traslado del interno para su reseña y registro a otro Municipio (Santo
Domingo, Antioquia) tal y como fue ordenado por el Juzgado de Control de
Garantías de Cisneros Antioquia, lo cual requiere logística, planeación y control por
parte de la Policía Nacional, con el fin de materializar el traslado del interno de forma
oportuna y diligente. Por tanto, según las pruebas recaudadas se tiene que el interno
ingresó el 9/12/2016 al EPMSC Santo Domingo – Regional Noroeste, para su
reseña y registro proveniente de la Policía Nacional de Cisneros (Antioquia), es
decir, para la Sala es un término prudente y razonable en que la entidad accionada
ejecutó el traslado del interno sin perjuicio de sus derechos fundamentales, pues lo
cierto es que el traslado debió efectuarse entre dos municipios, las audiencias
concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y medida de
aseguramiento se llevaron a cabo el 7/12/2016, por tanto no se encuentra
injustificado ese lapso […] no se observa dilación injustificada en el traslado del
interno a la prisión domiciliaria, ya que las entidades involucradas cumplieron con
un plazo razonable para implementar dicha medida […] Mucho menos, se advierte
una privación injusta de la libertad, sustentada en el hecho que no se materializó el
13 Archivo “47Sentencia”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
beneficio de la prisión domiciliaria de forma inmediata como lo quería el
demandante, pues si bien el Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros Antioquia
concedió el mecanismo de sustitución de detención intramural, lo cierto es que esa
decisión no implica la libertad del interno Rincón Atehortúa, sino, únicamente
cumplir con la misma medida de privación de la libertad pero en su lugar de
domicilio. Por tanto, para la Sala no existió demora en el traslado del detenido a su
residencia de domicilio, pues tal situación no afecta el derecho a la libertad, en la
medida en que no está privado de la libertad con violación de las garantías
constitucionales ni esa reclusión se ha prolongado ilegalmente, máxime cuando la
misma se ejecutó el mismo día que ingresó para su reseña, dentro de un plazo
razonable”.
6. Recurso de apelación
El 8 y 13 de noviembre de 202414, la parte actora interpuso y sustentó recurso de
apelación, el cual fue concedido el 18 de diciembre de 202415 y admitido el 7 de febrero
de 202516.
6.1. La parte actora17 argumentó que las entidades demandadas no acataron la
orden de detención domiciliaria, dejando confinado en prisión a Edison Andrés
Rincón Atehortúa por el término de 5 días, prolongando injustificadamente su
privación de la libertad. En ese sentido, señaló que las pruebas obrantes en el
expediente permitían establecer la demora por parte de las accionadas en hacer
efectiva la medida de detención domiciliaria.
Precisamente indicó que: “[H]ay una prolongación ilegal de la pérdida de la libertad
a un ciudadano [Edison Andrés Rincón Atehortúa], por cuenta de la inacción de los
demandados […] Por hacer sin fórmula legal la mutación de la medida de
aseguramiento de detención domiciliaria en privación real y aflictiva de la libertad en
centro carcelario a un ciudadano […] Esto fue lo que paso y aquí está el daño
14 Archivo “49y50ApelacionDemandant”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
15 Archivo “51ConcedeApelacionpd”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
16 Archivo “58Autoqueadmite”, índice 4, Samai del Consejo de Estado.
17 Archivo “49y50ApelacionDemandant”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
antijurídico porque nadie tiene que soportar la aflictiva cárcel cuando tiene derecho
a la detención domiciliaria, porque una institución no tramitó mi derecho y orden de
un Juez a la detención domiciliaria […] Así el ciudadano estuvo privado de la libertad
físicamente de manera ilegal prolongándole la privación de su libertad en el
establecimiento carcelario los días de diciembre 6, 7, 8, 9, y 10, pese a que el juez
había dado la orden perentoria de la detención domiciliaria y el INPEC y la Policía
tenían que tramitarla debida oportuna y correctamente en cumplimiento de una
orden judicial […] Aquí hay una falla probada a cargo de los demandados
consistente en el retraso que hicieron negándose a tramitar la medida de
aseguramiento en detención domiciliaria oportunamente al ciudadano,
principalmente el INPEC y la Policía Nacional, imponiéndole mientras tanto la
privación de la libertad en establecimiento carcelario y prolongando la misma a
Edison”.
7. Trámite en segunda instancia
El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que
de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5°
del artículo 67 de la Ley 2080 del 202118, no se decretaron pruebas en segunda
instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el ministerio
público19 rindió concepto y consideró que se acreditaron los supuestos necesarios
para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado por privación
injusta de la libertad, toda vez que Edison Andrés Rincón Atehortúa fue absuelto
penalmente por atipicidad de la conducta.
18 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
19 Archivo “62Concepto”, índice 12, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
III. CUESTIÓN PREVIA
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona se presume
inocente hasta que se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a la asistencia
de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de
defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem.
A su turno, el artículo 303 del CGP consagra que la sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPACA prevé, entre otras cosas, que la sentencia
dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento,
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto
y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes.
Lo anterior supone que una de las tantas manifestaciones del derecho al debido
proceso se configura precisamente en el cumplimiento del principio de cosa juzgada
y del non bis in ídem, pues ambos tienen en común prohibir al juez resolver dos
veces el mismo asunto20.
Sobre la definición y efectos de la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en
sentencia C-100 de 2019, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes
términos:
“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…). Los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en
20 Corte Constitucional, Sentencia T-652, del 27 de noviembre de 1996. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo
e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio.”
Así las cosas, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o
asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios
mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis
y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso
judicial anterior21.
Precisamente el Consejo de Estado en sentencia sostuvo que el principio de cosa
juzgada busca que los hechos y conductas que han sido dirimidas por un juez no
vuelvan a ser debatidos en un juicio posterior, porque lo decidido es obligatorio para
las partes. Textualmente indicó:
“El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del ‘non bis in idem’ y
tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de
cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro
juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes decidido
tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener plena
eficacia jurídica22.”
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del
CPACA, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los
siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al
proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada23; (ii) identidad
de objeto, esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material
o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada24; y (iii) identidad de causa,
que conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben
tener los mismos fundamentos o hechos como sustento25.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.:
51066.
22 “Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente N°50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).”
23 Corte Constitucional, sentencia C-100-19.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
Bajo el anterior contexto, en el presente asunto se advierte de la existencia de otro
proceso que versó sobre los mismos hechos. Al efecto, en el medio de control de
reparación directa identificado con radicado No. 05001233300020180189601
(69855)26, promovido el 9 de octubre de 2018 por Edison Andrés Rincón Atehortúa,
Paulina Cárdenas González, Brahian Estiv Rincón Ramírez, Luciana Carmona
Cárdenas, Mariela del Socorro Atehortúa Cortés, Ruth Estella Jaramillo Atehortúa,
Nelson Alberto Rincón Atehortúa y Viviana Patricia Rincón Atehortúa contra la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, se solicitó declarar
patrimonialmente responsables a las entidades referidas de los daños y perjuicios
que sufrieron los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de
la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa dentro del proceso penal que se
tramitó con el número de radicado 2017-00035, en el que se le impuso medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria.
Adicionalmente, está demostrado que en el proceso No. 69855, mediante sentencia
del 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de Edison Andrés
Rincón Atehortúa. Al efecto, indicó que la medida de aseguramiento consistente en
detención domiciliaria impuesta en su contra no cumplió con los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, de cara al delito que se le pretendía
atribuir, esto es, el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según da
cuenta copia de la mencionada providencia27. El contenido de la misma es el
siguiente:
“La parte actora solicita que se declare que la Nación- Fiscalía General de la Nación
y la Rama Judicial, son responsables administrativamente por los daños causados,
en virtud de la privación injusta a que fue sometido el señor Edison Andrés Rincón
Atehortúa entre el 6 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017.
[…] En torno a la acreditación del daño, considera la Sala necesario aclarar en
primer lugar que si bien dentro de la prueba testimonial practicada se planteó que el
señor Edison Andrés Rincón Atehortúa, permaneció privado de la libertad en centro
carcelario e inclusive la señora Carmen Andrea Martínez Correa, aseguró que a
pesar de haberle sido concedida detención domiciliaria fue recluido efectivamente
26 Rad.: 69855, índice 27, Samai del Consejo de Estado.
27 Rad.: 05001233300020180189600, índice 64, Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
en la cárcel de Santo Domingo; lo cierto es que del material probatorio aportado al
proceso, no se encuentra probada dicha situación.
Contrario a ello, se evidencia de las decisiones del juez de control de garantías y la
certificación expedida por el Director del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad
de Santo Domingo a quien correspondió la realización de la reseña, que al señor
Edison Andrés le fue impuesta medida de aseguramiento en detención domiciliaria,
en el barrio la Cristalina del municipio de Cisneros, siéndole concedido además
permiso para trabajar de lunes a domingo entre las 6:00 y las 18:00 horas. No existe
en el expediente documento o prueba alguna que dé cuenta de peticiones elevadas
por la defensa para poner de presente el incumplimiento de la medida de detención
domiciliaria adoptada.
Ahora se evidencia igualmente que el señor Edison fue capturado el 6 de diciembre
de 2016 y a pesar que la decisión de revocatoria de la medida de aseguramiento se
profirió el 31 de enero de 2017, la misma se hizo efectiva el 2 de febrero siguiente,
tal como lo certificó el establecimiento carcelario.
[…] es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio
de la acción penal, pues se insiste, decidió solicitar la restricción del bien supremo
de la libertad, bajo una argumentación que incluso el juez al momento de resolver
sobre la apelación de la medida preventiva, consideró insuficiente. De allí que se
evidencie que la medida impuesta derivó en irrazonable y desproporcionada. En
igual sentido, se advierte que presentada la solicitud bajo estos argumentos ante el
Juez de Control de Garantías, la juez consideró que correspondía a la defensa
acreditar la condición de adicción o consumidor, no siendo tenida en cuenta la
declaración que bajo la gravedad del juramento el capturado ofreció en el sentido
de afirmar que se trataba de un asiduo consumidor, siendo entonces que la
sustancias halladas en su poder correspondían al consumo personal […]
Por lo anterior, resulta evidente la configuración de una falla en el servicio imputable
a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, habiendo quedado demostrado
el daño padecido por el afectado, como quiera que la primera solicitó la orden de
captura, formuló la imputación, y solicitó la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva; y la segunda, legalizó la captura y ordenó
la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en detención
domiciliaria conforme a las pruebas y las argumentaciones allegadas por el ente
investigador, sin que se desplegara actividad alguna tendiente a la verificación de la
configuración de la conducta penal y la viabilidad de su persecución penal, se repite,
tratándose de un tipo penal de especial tratamiento, como es el porte de
estupefacientes.
Por ello, las entidades demandadas están llamadas a responder patrimonialmente
por el daño antijurídico causado a los demandantes con ocasión de la privación de
la libertad de la que fue objeto dentro del proceso penal el señor Edison Andrés
Rincón Atehortúa, el cual culminó con decisión de preclusión de la investigación por
atipicidad subjetiva de la conducta […]
[…]
Falla
PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, conforme las razones expuestas en
esta decisión.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y
RAMA JUDICIAL, a pagar a los demandantes las siguientes sumas:
Por concepto de PERJUICIOS MORALES:
Edison Andrés Rincón Atehortúa - Afectado - $4.658.000
Paulina Cárdenas González - Compañera Permanente - $2.329.000
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés – Madre - $2.329.000
Brahian Estiv Rincón Ramírez - Hijo - $2.329.000
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme las razones
expuestas en la parte considerativa de esta decisión […]” (Se subraya)
Sumado a lo anterior, consta que mediante sentencia del 13 de marzo de 2024, esta
Subsección: i) modificó la decisión del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el sentido de declarar responsable única y
exclusivamente a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que
fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa, ii) modificó el monto de la condena
impuesta en primera instancia; y, iii) declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de Luciana Carmona Cárdenas, según da cuenta copia de la referida
providencia28. De hecho, el contenido de esta providencia es el siguiente:
“[…] Edison Andrés, Nelson Alberto y Viviana Patricia Rincón Atehortúa; Brahian
Estiv Rincón Ramírez, Paulina Cárdenas González, Luciana Carmona Cárdenas,
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés y Ruth Estella Jaramillo Atehortúa, mediante
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto
Edison Andrés Rincón Atehortúa.
[…]
Por ello, a continuación se analizará si la Nación – Fiscalía General de la Nación y
la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados
por la privación de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa.
[…] Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del
daño, consistente en la privación de la libertad de Edison Andrés Rincón Atehortúa
derivada de la captura en flagrancia […] se concluye que la captura de Edison
Andrés Rincón Atehortúa satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297,
301 y 303 de la Ley 906 de 2004, pues se cumplió con el término procesal estipulado
para realizar la audiencia de control de legalidad y los presupuestos establecidos
para realizar su captura en flagrancia.
28 Fl. 42 a 56, C. 1.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
[…] se observa que la medida de aseguramiento impuesta el 7 de diciembre de 2016
por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de
Cisneros no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 296, 308, 309 y 310
de la Ley 906 de 2004, toda vez que aunque señaló en qué consistía la inferencia
razonable para concluir, de forma preliminar, que Edison Andrés Rincón Atehortúa
podía ser autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, no
analizó, además, que el imputado debía merecer la medida precautelativa por poder
obstruir el debido ejercicio de la justicia, o constituir un peligro para la seguridad de
la sociedad, o porque no fuera a comparecer al proceso […] Tan es así que,
justamente, de forma posterior, mediante providencia del 23 de enero de 2017, el
Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Control de Garantías de Cisneros,
revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra de Edison Andrés Rincón
Atehortúa.
En virtud de lo anterior, se puede constatar que la medida cautelar no fue legalmente
impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en los artículos
296, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004, lo que tornó la detención de Edison
Andrés Rincón Atehortúa en injusta y le causó un daño antijurídico […]
En este orden de ideas, en cuanto a la conducta de la Fiscalía General de la Nación,
se advierte que el daño antijurídico causado a los demandantes con la imposición
de la medida de aseguramiento en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa no le
es imputable a dicha entidad, puesto que su actuación se ajustó a las prerrogativas
constitucionales y legales que rigen los actos de investigación que están a su cargo
[…]
Sin embargo, por otro lado, se advierte que la Rama Judicial sí contribuyó fáctica y
jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Edison Andrés
Rincón Atehortúa a pesar de que no existían razones que justificaran la necesidad
de limitar el derecho de locomoción del procesado […]
Según lo expuesto, se evidencia que únicamente la Rama Judicial incurrió en una
falla del servicio y es patrimonialmente responsable del daño antijurídico padecido
por los demandantes, pues privó injustamente de la libertad a Edison Andrés Rincón
Atehortúa […]
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 22 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luciana
Carmona Cárdenas, conforme las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón
Atehortúa.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar por concepto de
perjuicios morales por la privación de la libertad Edison Andrés Rincón Atehortúa las
siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a continuación se
relacionan:
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
Edison Andrés Rincón Atehortúa 4,49 SMLMV
Paulina Cárdenas González 2,24 SMLMV
Brahian Estiv Rincón Ramírez 2,24 SMLMV
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés 2,24 SMLMV
Nelson Alberto Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV
Viviana Patricia Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV
Ruth Estella Jaramillo Atehortúa 1,34 SMLMV
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.” (Se subraya)
En síntesis, se observa que, a través de sentencia del 13 de marzo de 2024, la
Sección Tercera de esta Corporación dentro del proceso de reparación directa No.
69855, resolvió modificar el fallo de primera instancia allí apelado, esto es, el
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de marzo de 2023,
condenando únicamente a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de
la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa dentro del proceso penal que se
tramitó con el número de radicado 2017-00035.
Así las cosas, se observa que en el caso objeto de estudio los requisitos para
declarar la cosa juzgada parcial se encuentran reunidos a cabalidad, pues en el
proceso No. 69855, en el que se demandó a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial por la privación de la libertad de Edison Andrés Rincón
Atehortúa, ya fue objeto de un pronunciamiento judicial de fondo, específicamente
frente a las conductas adelantadas por las referidas entidades en el trámite de ese
proceso penal.
Justamente, en este proceso de reparación directa, identificado con el radicado
interno No. 72353, Edison Andrés Rincón Atehortúa, Paulina Cárdenas González,
Brahian Estiv Rincón Ramírez, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro
Atehortúa Cortés, Ruth Estella Jaramillo Atehortúa, Nelson Alberto Rincón
Atehortúa y Viviana Patricia Rincón Atehortúa pretenden que la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y
el INPEC, sean declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios
irrogados con ocasión de la prolongación injustificada de la privación de la libertad
de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa, producto de la demora en
hacer efectiva la detención domiciliaria. En otras palabras, el reproche va dirigido a
obtener una indemnización por situaciones acaecidas durante la privación de la
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libertad del señor Rincón Atehortúa y que en todo caso derivan de la medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria.
Lo anterior devela a la Sala que entre el proceso de reparación directa identificado
con radicado interno No. 69855 y el presente medio de control identificado con
radicado interno No. 72353, existe identidad de causa, identidad de partes e
identidad de objeto respecto de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial. De hecho: i) hay identidad de causa: porque los hechos por los que se
demandó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial en el
proceso No. 69855 y que culminaron con sentencia condenatoria favorable a los
intereses de los aquí demandantes, y los hechos con fundamento en los cuales se
presentó el proceso No. 72353, entre otros, contra la Nación – Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial son homogéneos, esto es, se promovieron por la
privación de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa entre
el 6 de diciembre de 2016 y el 2 de febrero de 2017 por los delitos de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, y con ocasión de la medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria; ii) hay identidad de partes:
en consideración a que en los procesos No. 69855 y 72353 fungieron como
demandantes Edison Andrés Rincón Atehortúa, Paulina Cárdenas González,
Brahian Estiv Rincón Ramírez, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro
Atehortúa Cortés, Ruth Estella Jaramillo Atehortúa, Nelson Alberto Rincón
Atehortúa y Viviana Patricia Rincón Atehortúa y como demandadas la Nación –
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial; y iii) hay identidad de objeto:
toda vez que en los procesos No. 69855 y 72353, se persigue la declaratoria de
responsabilidad de la Administración por la falla en el servicio derivada de la
privación de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa.
Por lo anterior, como frente a las demandadas Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial se cumplen los presupuestos para la configuración de la
institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, la Sala así lo declarará, pues está
probado que en el proceso de reparación directa identificado con el radicado interno
No. 69855 incoado por Edison Andrés Rincón Atehortúa y su núcleo familiar contra
la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se juzgó la conducta
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
de esas entidades, y se concluyó que el daño antijuridico alegado por los
accionantes no era imputable a la primera de ellas, sino únicamente a la segunda,
razón por la cual se le condenó a pagar perjuicios morales por la privación de la
libertad del señor Rincón Atehortúa.
Por último, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo de Antioquia
haya pasado por alto la configuración del fenómeno jurídico de la cosa juzgada
respecto de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues
aunque la cosa juzgada no fue propuesta como excepción por ninguna de las partes,
no impedía que el A quo la declarara probada de oficio, máxime cuando el
apoderado de la Rama Judicial29 presentó solicitud de acumulación de los procesos
referidos, que a la postre fue negada por extemporaneidad.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 30 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7330 de la Ley 270 de
1996.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
29 Rad.: 05001233300020180189600, índice 28, Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.
30 Artículo 73 de la Ley 270 de 1996. “De las acciones de reparación directa y de repetición de que
tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa
conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de
competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.”
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14031 del CPACA.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable al Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y al INPEC.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe
examinarse de oficio32.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general33, estableció unos plazos para poder ejercer
31 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
33 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción34, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
34 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure35 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 36,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.
El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad
de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la
sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,
35 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el
carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad37.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta que aunque no obra sello o constancia de ejecutoria de la
providencia del 19 de febrero de 201738, mediante la cual el Juzgado Penal del
Circuito de Puerto Berrío precluyó la investigación penal seguida en contra de
Edison Andrés Rincón Atehortúa, lo cierto es que entre la fecha en que se profirió
aquella y la que se presentó la demanda, esto es, el 10 de septiembre de 201839,
no transcurrieron más de dos (2) años. Además, se evidencia que se cumplió con
el requisito de procedibilidad, pues los demandantes presentaron solicitud de
conciliación extrajudicial el 4 de julio de 2018, la cual se declaró fallida el 3 de
septiembre de 201840.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis41.
4.1. Edison Andrés Rincón Atehortúa (víctima), Brahian Estiv Rincón Ramírez (hijo),
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés (madre), Nelson Alberto Rincón Atehortúa
(hermano), Viviana Patricia Rincón Atehortúa (hermana) y Ruth Estella Jaramillo
Atehortúa (hermana), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el
primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de
radicado 2017-00035 y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;
Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130;
Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,
Rad.: 54.716.
38 CD1 Fl. 164, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
39 Fl. 1 a 15, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
40 Archivo “004Conciliación”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
41 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
establecen las copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de
nacimiento42.
4.2. Paulina Cárdenas González está legitimada en la causa por activa como
compañera permanente de Edison Andrés Rincón Atehortúa, pues las
declaraciones juramentadas de Jonathan Alberto Correa Cataño43 y Carmen Andrea
Martínez Correa44, al ser valoradas en conjunto con las declaraciones extrajuicio de
ella45 y de Edison Andrés Rincón Atehortúa46, en donde afirman al unísono que
“desde hace tres años convivimos en unión libre y hasta el momento estamos
compartiendo el mismo techo, lecho y mesa de manera permanente y continua”,
permiten establecer que ella mantenía una comunidad de vida permanente y
singular con la víctima.
4.3. Luciana Carmona Cárdenas, quien alega ser hija de crianza47 de Edison Andrés
Rincón Atehortúa, no está legitimada en la causa por activa, pues aunque el derecho
de acción se ejerció invocando tal calidad, lo cierto es que no se acreditó la relación
que ésta sostenía con la víctima48 ni el sufrimiento que padeció por su detención.
42 Fl. 44, 46, 49, 50 y 51, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
43 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
44 Ibid.
45 Fl. 52, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
46 Ibid.
47 En sentencia T 281 de 2018 la Corte Constitucional manifestó que “…la familia de crianza… [es]
aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales,
y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional. Se trata de
una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la
sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni
jurídico, y de características precisas…”
48 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2020, Rad.: 54148 “la Sala
recuerda que la familia no está limitada por los vínculos naturales o jurídicos, pues también se extiende
a aquellos casos en los que las personas conforman una relación paternal y/o de hermandad, en virtud
de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, compresión y protección que caracterizan las relaciones de
consanguinidad o las legales. Lo anterior, por ejemplo, en los eventos en los que entre una de las
personas que conforman la pareja y los hijos de la otra se establece una relación propia de los padres
y sus descendientes y, como consecuencia, se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre,
madre o hijo, tanto desde el punto de vista afectivo como económico. Lo expuesto también resulta
predicable cuando se conforma un mismo núcleo familiar entre los hijos de la nueva unión con los
provenientes de un vínculo precedente, por tal razón, se trata de hermanos de crianza. En estos eventos
los testimonios deben dar cuenta de las características de la relación que existía entre la
víctima y los demandantes, para que, una vez valorados, sea el juez quien concluya si se trataba
o no de hermanos de crianza” (Se resalta).
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Radicado: 05001233300020180185601 (72353)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el INPEC, de
conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección49,
puesto que la primera fue la institución que capturó a Edison Andrés Rincón
Atehortúa, y la segunda por ser la entidad encargada de hacer efectiva la medida
de aseguramiento.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Policía Nacional y el INPEC incurrieron en
un retardo injustificado en materializar la detención domiciliaria que se decretó en
favor de Edison Andrés Rincón Atehortúa.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199150 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:
20420.
50 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo
excepcional y con el daño especial51.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 30 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte actora argumentó que las entidades demandadas no acataron
la orden de detención domiciliaria, dejando confinado en prisión a Edison Andrés
Rincón Atehortúa por el término de 5 días, prolongando injustificadamente su
privación de la libertad. En ese sentido, señaló que las pruebas obrantes en el
expediente permitían establecer la demora por parte de las accionadas en hacer
efectiva la medida de detención domiciliaria.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte actora presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 30 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos
51Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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aspectos frente a los que la parte actora manifestó su inconformidad en la alzada52.
Por ello, a continuación, se analizará si la Nación, representada por la Policía
Nacional y el INPEC, es patrimonialmente responsable por los perjuicios
ocasionados por la prolongación injustificada de la privación de la libertad de Edison
Andrés Rincón Atehortúa.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
7.1.1. Está probado que el 6 de diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional
capturaron en flagrancia a Edison Andrés Rincón Atehortúa, por ser presunto autor
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia
simple53 del acta de derechos del capturado54 y el informe ejecutivo de captura en
flagrancia55. En efecto, dicho documento consignó lo siguiente:
“El día 06/12/2016 siendo las 16:30 horas en el kilómetro 2 salida Cisneros –
Medellín fue capturado el señor Edison Andrés Rincón Atehortúa identificado con
número de cédula 71.175.037, quien se movilizaba en una motocicleta, se le realizó
un pare y se le solicitó un registro personal, hallándosele en el bolsillo del lado
derecho de su pantalón 5 bolsas herméticas transparentes con una sustancia
pulverulenta de color blanco, características similares al clorhidrato de cocaína”.
7.1.2. Se constató que en la misma fecha, la Policía Nacional adelantó el registro
decadactilar y el registro fotográfico de Edison Andrés Rincón Atehortúa, según da
52 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
53 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo
decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.
54 Fl. 152, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
55 Fl. 149 a 151, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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cuenta copia simple del acta de consentimiento56, la tarjeta decadactilar57 y la
reseña fotográfica58.
7.1.3. También consta que el 7 de diciembre de 2016, la Fiscalía 126 Seccional de
Cisneros solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros legalizar la captura
del procesado e imponer medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en su contra, por ser presunto autor del delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, según da cuenta copia simple de dicha solicitud59.
7.1.4. Consta que el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal con
Función de Control de Garantías de Cisneros adelantó las audiencias de
legalización de la captura, imputación de cargos e imposición de la medida de
aseguramiento. En esta última, el referido Juzgado impuso medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra del procesado;
decisión que fue apelada por la defensa60, según da cuenta copia simple del acta
de esas audiencias61.
7.1.5. Se acreditó que el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito
con Función de Control de Garantías de Cisneros solicitó al Jefe de la Estación de
Policía de Cisneros “alojar, custodiar, vigilar y trasladas al señor Edison Andrés
Rincón Atehortúa al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Santo Domingo – Antioquia para ser reseñado, luego de habérsele
impuesto medida de aseguramiento en el lugar de su residencia”, según da cuenta
copia simple de dicho oficio62.
7.1.6. Consta que el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito con
Función de Control de Garantías de Cisneros solicitó al Director del Establecimiento
Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Santo Domingo (Antioquia)
“reseñar y vigilar la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar
56 Fl. 157, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
57 Fl. 158, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
58 Fl. 159, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
59 Fl. 68 y 69, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
60 Fl. 81 a 87, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
61 Fl. 72, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
62 Fl. 76, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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de residencia del señor Edison Andrés Rincón Atehortúa”, según da cuenta copia
simple del oficio referido63.
7.1.7. Se demostró que el 9 de diciembre de 2016, Edison Andrés Rincón Atehortúa
ingresó al EPMSC de Santo Domingo, procedente de la Policía Nacional de
Cisneros (Antioquia) para ser reseñado, según da cuenta copia simple de cartilla
biográfica del interno64 y de la certificación del Coordinador de Reseña y
Dactiloscopia del EPMSC de Santo Domingo65.
7.1.8. Está probado que el 9 de diciembre de 2016, el INPEC indicó que “una vez la
oficina de reseña y dactiloscopia verifique la identificación del interno se remitirá a
su domicilio”, según da cuenta copia simple de esa orden66.
7.1.9. Se verificó que el 9 de diciembre de 2016, Edison Andrés Rincón Atehortúa
suscribió acta de compromiso de detención domiciliaria, según da cuenta copia
simple del acta de dicha diligencia67.
7.1.10. Consta que el 31 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con
Función de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento
impuesta en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa al considerar que la solicitud
de la medida no se presentó en debida forma, y ordenó su libertad inmediata, para
lo cual expidió la correspondiente boleta. De esta información da cuenta copia
simple del acta de esa audiencia68.
7.1.11. Se demostró que el 2 de febrero de 2017, la Fiscalía 126 Seccional de
Cisneros presentó escrito de acusación contra el procesado por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia simple de dicho
escrito69.
63 Fl. 75, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
64 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
65 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
66 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
67 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
68 Fl. 93, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
69 Fl. 98 a 102, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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7.1.12. Se probó que Edison Andrés Rincón Atehortúa estuvo privado de la libertad
hasta el 2 de febrero de 2017, según da cuenta copia simple de la orden de
libertad70.
7.1.13. Quedó acreditado que el 13 de febrero de 2017, el Juzgado Penal del
Circuito de Puerto Berrío celebró la audiencia de formulación de acusación en contra
del procesado por el señalado delito, según da cuenta copia simple del acta de dicha
diligencia71 y del audio de la audiencia72.
7.1.14. Está probado que el 19 de febrero de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de
Puerto Berrío precluyó la investigación penal seguida en contra de Edison Andrés
Rincón Atehortúa por solicitud de la Fiscalía 126 Seccional de Cisneros, según da
cuenta copia simple del acta73 y del audio de la audiencia74. En la diligencia se indicó
lo siguiente:
“Ha presentado la señora Fiscal solicitud de preclusión, solicitud coadyubada por la
defensa, arrimando unas consideraciones adicionales para lograr el archivo de la
investigación a favor de Edison Andrés Rincón Atehortúa. La señora Fiscal invocó
como única causal la de atipicidad del hecho investigado numeral 4º del artículo 332,
el señor defensor fue más allá invocando otra de las causales, inexistencia del hecho
investigado, de una vez tampoco opera señor defensor, pues el hecho existió,
recordemos que esa causal es objetiva con respecto al acontecimiento de un hecho
delictivo o no delictivo, habla es del hecho investigado, que es la captura del señor
llevando consigo estupefacientes, no podemos desconocer que el hecho existió,
entonces no hay lugar a considerar esa causal […], entonces, la decisión del
despacho se va a centrar en la causal que realmente fue fundamentada tanto por
Fiscalía como por defensa, la atipicidad del hecho investigado […] es cierto como
bien lo argumenta la señora Fiscal y el señor defensor, hay una clara línea
jurisprudencial, bien decantada y precisa de las altas cortes en cuanto al tráfico y
porte de estupefacientes, en donde como lo indicó el señor defensor, lo que se ha
pretendido con ese cambio, a partir del acto legislativo 01 de 2009, es evitar que el
derecho penal invada las esferas del libre desarrollo de la personalidad y del ámbito
personal del ciudadano, máxime cuando se es adicto a las sustancias
estupefacientes, de allí que no deba pretenderse perseguir a los enfermos con el
derecho penal, sino que este se encargue de sancionar a los verdaderos infractores
de la ley penal, de lo que dista bastantemente una persona que es capturada
cargando consigo cantidades de droga, que aunque supera la dosis personal
permitida por el legislador, lo superan en mínimas cantidades, que la Fiscalía no ha
logrado demostrar que tengan unos fines distintos al del uso personal.
70 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
71 Fl. 121, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
72 CD1 Fl. 164, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
73 Fl. 138, archivo “002demanda”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
74 CD1 Fl. 164, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Efectivamente, el que se capture a Edison Andrés Rincón Atehortúa, llevando
consigo 5.1 gramos positivos para cocaína y sus derivados, cuando la defensa de
manera acuciosa ha presentado elementos materiales probatorios de los que corrió
traslado a la señora Fiscal en donde se da cuenta de su condición de consumidor,
al menos habitual, ya de pronto una adicción no se da a conocer con la declaración
de unos testigos, pero si llevan a que este juez considere que estamos en presencia
de una persona que es cercana al consumo de estupefacientes y la mínima cantidad
de droga que le fuere incautada, simplemente llevando consigo, permiten suponer y
la Fiscalía no logró demostrar lo contrario y de hecho la motivó a presentar la
solicitud de preclusión, es que esa droga tuviera una destinación distinta a su propio
consumo personal, no se logró demostrar por parte de la Fiscalía que efectivamente
esa, aunque mínima cantidad de estupefacientes tuviera una destinación de
comercialización o expendido, de allí que encontrándonos ante una persona
consumidora de estupefacientes, de ser capturada llevando consigo una mínima
cantidad de cocaína o sus derivados, permite concluir que efectivamente la conducta
se torna atípica a la luz de los recientes y reiterados pronunciamientos de las Cortes
en cuanto al tema de los consumidores de drogas y el tráfico de estupefacientes […]
De allí que resulte procedente acceder a la pretensión demandada por la Fiscalía y
coadyubada por la defensa de decretar la preclusión de la investigación penal en
favor de Edison Andrés Rincón Atehortúa”
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración75-76, en tanto la prueba de todos los elementos de
75 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
76 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
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la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.
7.2.1. Ausencia de daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho77, que contraría el orden legal78 o que está
desprovista de una causa que la justifique79, resultado que se produce sin derecho
al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una
situación reconocida o protegida80, violando de manera directa el principio alterum
non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice que
daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
Así las cosas, el primer elemento que se debe observar en el caso concreto, es la
existencia del daño antijurídico, dado que constituye un presupuesto necesario de
la responsabilidad y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de
su imputación al Estado81. Adicionalmente, para que sea indemnizable el daño debe
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.
78 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
80 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516 y del 6 de
junio de 2012, Rad. 24633.
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ser cierto, real, determinado o determinable, so pena, de configurarse como
eventual e hipotético82.
En el caso sub examine, se tiene que el daño alegado consiste en la prolongación
de la privación de la libertad de Edison Andrés Rincón Atehortúa derivada de la
presunta demora en hacer efectiva la medida de detención domiciliaria.
Ahora bien, es menester precisar que no es posible alegar una restricción ilegal de
la libertad por la presunta demora en que incurrió la Policía Nacional y el INPEC en
hacer efectiva la medida de detención domiciliaria que se decretó en contra de
Edison Andrés Rincón Atehortúa, por cuanto la decisión que concedió el mecanismo
de sustitución de detención intramural no implicó la libertad del procesado, sino
únicamente el cambio del lugar de reclusión, razón por la cual no es posible predicar
que su derecho a la libertad se vio afectado.
En efecto, el artículo 307 de la Ley 906 de 2004 establece que son medidas de
aseguramiento privativas de la libertad la detención preventiva en establecimiento
carcelario y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado. De
allí que tanto la medida impuesta en centro de reclusión como la impuesta en la
residencia son privativas de la libertad, por lo que no es procedente alegar una
privación injusta de la libertad porque no se trasladó inmediatamente a su domicilio,
por cuanto ambas constituyen la restricción de la libertad.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia indicó que “[L]a prisión domiciliaria en
tanto mecanismo supletorio de la pena de prisión intracarcelaria no comporta la
libertad del sentenciado sino únicamente la mutación del lugar de reclusión, como
así se desprende del artículo 38 del Código Penal, que señala: ‘La prisión
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 20614: “En este orden de ideas, la certeza del perjuicio
hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente
o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica, es decir, es
incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota
realización que pueden suceder o no” y, por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la
responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye,
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto
indemnizable”. Criterio reiterado en sentencia del 14 de septiembre de 2017, Rad: 44260. Sentencia
del 28 de septiembre de 2017, Rad: 53447. Sentencia del 19 de abril de 2018, Rad: 56171.
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domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en
el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine’.
Así las cosas, no puede aseverarse que exista una restricción ilegal de la libertad
cuando no se ha formalizado el cambio de sitio de reclusión, de centro carcelario a
lugar de residencia o domicilio del penado, pues es ambos casos se trata de la
restricción al derecho de libre locomoción” 83.
Con todo, se advierte que no hay lugar a declarar la responsabilidad de la Policía
Nacional y el INPEC, ya que la materialización de la medida de detención
domiciliaria se realizó dentro de un término prudente de acuerdo con los medios y
recursos disponibles de las entidades accionadas, teniendo en cuenta los trámites
administrativos que deben adelantarse previamente para tal fin.
En efecto, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra acreditado
lo siguiente: i) que el 6 de diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional
capturaron en flagrancia a Edison Andrés Rincón Atehortúa, por ser presunto autor
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (hecho probado 7.1.1.);
ii) que en la misma fecha, la Policía Nacional adelantó el registro decadactilar y el
registro fotográfico de Edison Andrés Rincón Atehortúa (hecho probado 7.1.2.); iii)
que el 7 de diciembre de 2016, la Fiscalía 126 Seccional de Cisneros solicitó al
Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros legalizar la captura del procesado e
imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su
contra, por ser presunto autor del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes (hecho probado 7.1.3.); y iv) que en esa misma fecha, el Juzgado
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Cisneros impuso
medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra del
Edison Andrés Rincón Atehortúa (hecho probado 7.1.4.).
En ese orden, se demostró que: (v) el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo
del Circuito con Función de Control de Garantías de Cisneros solicitó al Jefe de la
Estación de Policía de Cisneros custodiar y trasladar al señor Edison Andrés Rincón
83 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de marzo de 2020. Rad.:
55007.
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Atehortúa al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Santo Domingo (Antioquia) para ser reseñado (hecho probado 7.1.5.); vi) el 7 de
diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Control de
Garantías de Cisneros solicitó al Director del Establecimiento Carcelario y
Penitenciario de Media Seguridad de Santo Domingo (Antioquia) reseñar y vigilar la
medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia del
señor Edison Andrés Rincón Atehortúa (hecho probado 7.1.6.); vii) el 9 de diciembre
de 2016, Edison Andrés Rincón Atehortúa ingresó al EPMSC de Santo Domingo,
procedente de la Policía Nacional de Cisneros (Antioquia) para ser reseñado (hecho
probado 7.1.7.); viii) el 9 de diciembre de 2016, el INPEC indicó que “una vez la
oficina de reseña y dactiloscopia verifique la identificación del interno se remitirá a
su domicilio” (hecho probado 7.1.8.); y ix) el 9 de diciembre de 2016, Edison Andrés
Rincón Atehortúa suscribió acta de compromiso de prisión o detención domiciliaria
(hecho probado 7.1.9.).
Así pues, para materializar la detención domiciliaria que se decretó en contra de
Edison Andrés Rincón Atehortúa era necesario que la Policía Nacional en
coordinación con el INPEC trasladaran al señor Edison Andrés Rincón Atehortúa de
la Estación de Policía del municipio de Cisneros (Antioquia) al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del municipio de Santo Domingo
(Antioquia) para que la oficina de reseña y dactiloscopia de ese centro verificara la
identidad del interno, así como sus antecedentes penales y se suscribiera la
correspondiente acta de compromiso, tal y como se describe en el Proceso de
Seguridad Penitenciaria y Carcelario – Reseña e Identificación de Internos al
Ingresar a un Establecimiento de Reclusión84, todo lo cual se ejecutó el mismo día
que Edison Andrés Rincón Atehortúa ingresó al EPMSC para su reseña.
Adicionalmente, se debía organizar el plan de marcha para el desplazamiento de
aquel del EPMCS al lugar de su residencia dispuesto por el juez, que para este caso
comprendía el traslado a una ciudad diferente a la que se encontraba recluido
(Santo Domingo – Cisneros), lo que incluye la toma de medidas adicionales de
84 CD3 Fl. 189, archivo “ExpedienteDigital”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros
seguridad necesarias para evitar una fuga o que durante el traslado el señor Rincón
Atehortúa fuera objeto de un atentado que pudiese afectar su integridad.
En suma, se evidencia que la materialización de la detención domiciliaria de Edison
Andrés Rincón Atehortúa no tardó más de tres días, teniendo en cuenta que el 7 de
diciembre de 2016 se dictó la medida referida y que el 9 del mismo mes y año se
materializó la misma en su residencia, garantizándose la aplicación correcta de la
medida impuesta por el juez, así como la seguridad y el bienestar tanto del interno
como de la comunidad en general.
Así pues, la Sala encuentra que no existe prueba en el plenario que permita
evidenciar que la Policía Nacional y el INPEC ocasionaron un daño antijurídico a los
demandantes.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el sub examine no se
configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la
responsabilidad, lo que hace infructuoso e innecesario el análisis de los demás
elementos del instituto indemnizatorio, entre ellos el fundamento del deber de
reparar y con ello el juicio de imputación, pues debe recordarse que la
responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende
necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus
elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la
obligación de reparar.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los
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artículos 149485 y 175786 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del
nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber insoslayable
del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del juez o en
virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión
de la obligación misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal
plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) - y
deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual
para que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la
responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros implica probar el daño
antijurídico, que en el caso de marras se extraña.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la
sentencia del 30 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, únicamente en el sentido de
declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luciana Carmona
Cárdenas y la excepción de cosa juzgada frente a la Nación – Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial, según lo dicho en precedencia.
8. Condena en costas
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.
85 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
86 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
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Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202187, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que las entidades demandadas no desplegaron
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
87 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
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RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 30 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, la
cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de
Luciana Carmona Cárdenas.
SEGUNDO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada frente a la Nación
– Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el INPEC, conforme las razones
expuestas.
CUARTO: SIN COSTAS”.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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