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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01896-01

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01896-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 22 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: 86 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 88 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 89 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 36 Radicado: 05001233300020180189601 (69855) Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros “PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luciana Carmona Cárdenas, conforme las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales por la privación de la libertad Edison Andrés Rincón Atehortúa las siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a continuación se relacionan: Edison Andrés Rincón Atehortúa 4,49 SMLMV Paulina Cárdenas González 2,24 SMLMV Brahian Estiv Rincón Ramírez 2,24 SMLMV Mariela del Socorro Atehortúa Cortés 2,24 SMLMV Nelson Alberto Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV Viviana Patricia Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV Ruth Estella Jaramillo Atehortúa 1,34 SMLMV CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.” SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Rama Judicial, las cuales serán liquidadas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01896-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

13 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: EDISON ANDRÉS RINCÓN ATEHORTUA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Tema: Privación de la libertad. Ley 906 de 2004. Se acreditó un daño
antijurídico. Liquidación de perjuicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 6 de diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional capturaron a Edison
Andrés Rincón Atehortúa, luego de encontrar que escondía en su humanidad cinco
bolsas que contenían presuntamente base de cocaína, por lo que podía ser autor
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al día siguiente, el
Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Cisneros
legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención
domiciliaria. El 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función
de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento y ordenó
dejar en libertad al procesado. Posteriormente, el 19 de febrero de 2017, el Juzgado
Penal del Circuito de Puerto Berrío precluyó la investigación penal seguida en su
contra, pues evidenció que las sustancias halladas en poder del procesado eran
para su consumo personal. Los demandantes consideran que la detención de
Edison Andrés Rincón Atehortúa fue injusta, puesto que se precluyó la investigación
penal por atipicidad subjetiva de la conducta.

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Radicado: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de octubre de 20181, Edison Andrés, Nelson Alberto y Viviana Patricia Rincón
Atehortúa; Brahian Estiv Rincón Ramírez, Paulina Cárdenas González, Luciana
Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro Atehortúa Cortés y Ruth Estella Jaramillo
Atehortúa, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la
libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 1000 SMLMV a Edison
Andrés Rincón Atehortúa y 100 SMLMV a Brahian Estiv Rincón Ramírez, Paulina
Cárdenas González, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro Atehortúa
Cortés, Nelson Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia Rincón Atehortúa y Ruth
Estella Jaramillo Atehortúa. Asimismo, la parte demandante solicita condenar a las
entidades accionadas a pagar, por daño a la vida de relación, 1000 SMLMV a
Edison Andrés Rincón Atehortúa y 100 SMLMV a Brahian Estiv Rincón Ramírez,
Paulina Cárdenas González, Luciana Carmona Cárdenas, Mariela del Socorro
Atehortúa Cortés, Nelson Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia Rincón
Atehortúa y Ruth Estella Jaramillo Atehortúa.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de diciembre de
2016, agentes de la Policía Nacional capturaron a Edison Andrés Rincón Atehortúa,
pues encontraron que portaba cinco bolsas que contenían presuntamente base de
cocaína y, por lo tanto, podía ser autor del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.

Indica que el 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal con Función
de Control de Garantías de Cisneros legalizó su captura, le formuló cargos y le
impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

1 Fl. 129 a 151, C. 1.

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Radicado: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

Afirma que el 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función
de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento y ordenó
dejar en libertad al procesado al considerar que la solicitud de la medida no se
presentó en debida forma.

Señala que el 2 de febrero de 2017, la Fiscalía 126 Seccional de Cisneros presentó
escrito de acusación contra el procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes.

Sostiene que el 13 de junio de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío
celebró la audiencia de formulación de acusación en contra del procesado por el
señalado delito.

Indica que el 19 de febrero de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío
precluyó la investigación penal seguida en contra de Edison Andrés Rincón
Atehortúa, pues evidenció que las sustancias halladas en su poder eran para su
consumo personal.

Los demandantes consideran que la detención de Edison Andrés Rincón Atehortúa
fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal por atipicidad subjetiva de
la conducta.

Textualmente solicitan en la demanda: “indemnización por la privación de la libertad
domiciliaria de Edison Andrés Rincón Atehortúa por los perjuicios […] con ocasión
de dicha situación impuesta a él y su familia […] pues Edison Andrés Rincón
Atehortúa padeció la detención domiciliaria desde diciembre 10 de 2016 hasta enero
31 de 2017 es decir un mes y veintiún días […] hasta febrero 19 de 2018 que se
precluyó el asunto en su favor […] la Fiscalía y la Rama Judicial, desconocieron la
ley y nuestros argumentos y en cambio impusieron la detención domiciliara al
ciudadano […] la medida de aseguramiento de perdida de la libertad no era
necesaria no era proporcional y no era razonable”.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

2. Contestaciones

El 8 de febrero de 20192, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Fiscalía General de la Nación3 argumentó que el daño alegado por los
accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial, pues fue
la entidad que impuso medida de aseguramiento en contra de Edison Andrés Rincón
Atehortúa. Como excepciones formuló las que denominó “falta de legitimidad en la
causa por pasiva”, “cumplimiento de un deber legal” e “inexistencia de la obligación”.

2.2. La Rama Judicial4 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los
demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los
postulados legales que le habían sido conferidos y, además, porque existían indicios
graves de responsabilidad penal que daban cuenta de la presunta participación de
Edison Andrés Rincón Atehortúa en el delito de de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes. Como excepciones formuló las que denominó “falta de legitimación
en la causa por pasiva”, “culpa exclusiva de la víctima” y “falta de nexo de
causalidad”.

2.3. El Ministerio Público guardó silencio.

3. Audiencia inicial

El 11 de diciembre de 20195 el Tribunal Administrativo de Antioquia celebró la
audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “es procedente declarar la responsabilidad administrativa de las
demandadas, Nación- Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los daños
causados a los demandantes, con ocasión de la presunta privación injusta de la
libertad a que fue sometido el señor Edison Andrés Rincón Atehortúa, ocurrida
desde el 10 de diciembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017”.

2 Fl. 192, C. 1.
3 Fl. 199 a 203, C. 1.
4 Fl. 216 a 234, C. 1.
5 Fl. 247 a 241, C.1.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 26 de marzo de 20216, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo7, la Fiscalía General de la Nación8 y la Rama Judicial9
reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la
contestación de la demanda, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 22 de marzo de 202310, el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que
la privación de la libertad de Edison Andrés Rincón Atehortúa fue injusta, toda vez
que la medida de aseguramiento impuesta en su contra no cumplió con los
presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, de cara al delito que
se le pretendía atribuir, esto es, el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Al efecto sostuvo que: “es claro que el ente acusador infringió sus deberes
funcionales en el ejercicio de la acción penal, pues se insiste, decidió solicitar la
restricción del bien supremo de la libertad, bajo una argumentación que incluso el
juez al momento de resolver sobre la apelación de la medida preventiva, consideró
insuficiente. De allí que se evidencie que la medida impuesta derivó en irrazonable
y desproporcionada. En igual sentido, se advierte que presentada la solicitud bajo
estos argumentos ante el Juez de Control de Garantías, la juez consideró que
correspondía a la defensa acreditar la condición de adicción o consumidor, no
siendo tenida en cuenta la declaración que bajo la gravedad del juramento el
capturado ofreció en el sentido de afirmar que se trataba de un asiduo consumidor,
siendo entonces que la sustancias halladas en su poder correspondían al consumo
personal […] Por lo anterior, resulta evidente la configuración de una falla en el

6 Índice 2, Samai. ED_18AUTOTRASLADOPARAAL(.pdf) NroActua 2.
7 Índice 2, Samai. ED_03ALEGATOSDEMANDANTE(.pdf) NroActua 2.
8 Índice 2, Samai. ED_21ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 2.
9 Índice 2, Samai. ED_20ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 2.
10 Índice 2, Samai. ED_28SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, habiendo
quedado demostrado el daño padecido por el afectado, como quiera que la primera
solicitó la orden de captura, formuló la imputación, y solicitó la imposición de la
medida de aseguramiento de detención preventiva; y la segunda, legalizó la captura
y ordenó la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en
detención domiciliaria conforme a las pruebas y las argumentaciones allegadas por
el ente investigador, sin que se desplegara actividad alguna tendiente a la
verificación de la configuración de la conducta penal y la viabilidad de su
persecución penal, se repite, tratándose de un tipo penal de especial tratamiento,
como es el porte de estupefacientes. Por ello, las entidades demandadas están
llamadas a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a los
demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto dentro
del proceso penal el señor Edison Andrés Rincón Atehortúa, el cual culminó con
decisión de preclusión de la investigación por atipicidad subjetiva de la conducta”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a las entidades demandadas a pagar, por
perjuicios morales, las sumas de $4.658.000 a Edison Andrés Rincón Atehortúa y
$2.329.000 a Paulina Cárdenas González, Mariela Del Socorro Atehortúa Cortés y
Brahian Estiv Rincón Ramírez.

6. Recursos de apelación

Los días 28 y 29 de marzo de 202311, la parte actora, la Fiscalía General de la Nación
y la Rama Judicial interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales
fueron concedidos el 14 de abril 202312 y admitidos el 12 de mayo de 202313.

6.1. La parte actora14 solicitó reconocer perjuicios morales a todos los demandantes.

6.2. La Fiscalía General de la Nación15 manifestó que no causó un daño antijuridico
a los demandantes, pues su actuar estuvo amparado en las disposiciones
sustanciales y formales que regían el procedimiento penal. Además, indicó que la
solicitud de imposición de medida de aseguramiento se fundamentó en la existencia
de indicios graves de responsabilidad en contra del procesado.

11 Índice 2, Samai.
12 Fl. 276, C. 1.
13 Fl. 280 y 281, C. 1.
14 Índice 2, Samai. 13_050012333000201801896012EXPEDIENTEDIGI20230509142437.pdf.
15 Índice 2, Samai. 14_050012333000201801896013EXPEDIENTEDIGI20230509142437.pdf.

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6.3. La Rama Judicial16 argumentó que se configuró la culpa exclusiva de la víctima
como causal eximente de responsabilidad, toda vez que la actuación desplegada
por Edison Andrés Rincón Atehortúa fue la que dio lugar a la imposición de una
medida privativa de la libertad en su contra, pues conforme se constató en el
proceso penal, éste fue capturado en flagrancia portando 5.1 gramos de cocaína.

7. Trámite en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que
de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5°
del artículo 67 de la Ley 2080 del 202117, no se decretaron pruebas en segunda
instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el Ministerio
Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7318 de la Ley 270 de
1996 y 15019 del CPACA.

16 Índice 2, Samai. 12_050012333000201801896011EXPEDIENTEDIGI20230509142437.pdf.
17 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
18 Artículo 73 de la Ley 270 de 1996. “De las acciones de reparación directa y de repetición de que

tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa
conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de
competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.”
19 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.

“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14020 del CPACA.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe
examinarse de oficio21.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer

20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no

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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad
de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la
sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,
lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el
carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad26.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta que aunque no obra sello o constancia de ejecutoria de la
providencia del 19 de febrero de 201827, mediante el cual el Juzgado Penal del
Circuito de Puerto Berrío precluyó la investigación penal seguida en contra de
Edison Andrés Rincón Atehortúa, lo cierto es que entre la fecha en que se profirió
aquella y la que se presentó la demanda, esto es, 9 de octubre de 201828, no
transcurrieron más de dos (2) años. Además, se evidencia que se cumplió con el
requisito de procedibilidad, pues los demandantes presentaron solicitud de

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130;
Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,
Rad.: 54.716.
27 Fl. 497 a 517, C. 5.
28 Fl. 129 a 151, C. 1.

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conciliación extrajudicial el 23 de julio de 201829, la cual se declaró fallida el 12 de
septiembre de 201830.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.

4.1. Edison Andrés Rincón Atehortúa (víctima), Brahian Estiv Rincón Ramírez (hijo),
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés (madre), Nelson Alberto Rincón Atehortúa
(hermano), Viviana Patricia Rincón Atehortúa (hermana) y Ruth Estella Jaramillo
Atehortúa (hermana), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que el
primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de
radicado 2017-00035, según da cuenta copia auténtica de la providencia de
preclusión dictada en dicha causa penal32, y los demás conforman su núcleo
familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus correspondientes
registros civiles de nacimiento33.

4.2. Paulina Cárdenas González está legitimada en la causa por activa como
compañera permanente de Edison Andrés Rincón Atehortúa, pues las
declaraciones juramentadas de Kelly Johana Cataño Jaramillo34 y Carmen Andrea
Martínez35, al ser valoradas en conjunto con las declaraciones extrajuicio de ella y
de Edison Andrés Rincón Atehortúa, en donde afirman al unísono que “desde hace
tres años convivimos en unión libre y hasta el momento estamos compartiendo el
mismo techo, lecho y mesa de manera permanente y continua” 36, permiten
establecer que ella mantenía una comunidad de vida permanente y singular con la
víctima.

29 Fl. 166 y 167, C. 1.
30 Ibídem
31 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
32 Fl. 497 a 517, C. 5.
33 Fl. 45, 49, 50, 51 y 52, C. 1.
34 Índice 2, Samai. 05001233300020180189600 25-02-2020 JLAF.mpg.
35 Ibídem
36 Fl. 53, C. 1.

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4.3. Luciana Carmona Cárdenas37, quien alega ser hija de crianza de Edison Andrés
Rincón Atehortúa, no está legitimada en la causa por activa, pues aunque el
derecho de acción se ejerció invocando tal calidad, lo cierto es que no se acreditó
la relación que ésta sostenía con la víctima38 ni el sufrimiento que padeció por su
detención.

4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de
conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección39,
puesto que la primera fue la institución que solicitó ante el Juez de Control de
Garantías decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva
en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa y la segunda fue quien impuso la
medida de aseguramiento y, posteriormente, precluyó la investigación penal.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si la captura y su legalización cumplió con los
presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado
tiene el deber de reparar, ii) si la solicitud y la imposición de medida de
aseguramiento cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un
daño antijurídico que el Estado debe reparar, y iii) si las entidades demandadas
cumplieron con los términos procesales para presentar escrito de acusación y
celebrar audiencia de formulación de acusación, o si por el contrario, con su
incumplimiento se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar.

37 En sentencia T 281 de 2018 la Corte Constitucional manifestó que “…la familia de crianza… [es]

aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales,
y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional. Se trata de
una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la
sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni
jurídico, y de características precisas…”
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2020, Rad.: 54148 “la Sala

recuerda que la familia no está limitada por los vínculos naturales o jurídicos, pues también se extiende
a aquellos casos en los que las personas conforman una relación paternal y/o de hermandad, en virtud
de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, compresión y protección que caracterizan las relaciones de
consanguinidad o las legales. Lo anterior, por ejemplo, en los eventos en los que entre una de las
personas que conforman la pareja y los hijos de la otra se establece una relación propia de los padres
y sus descendientes y, como consecuencia, se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre,
madre o hijo, tanto desde el punto de vista afectivo como económico. Lo expuesto también resulta
predicable cuando se conforma un mismo núcleo familiar entre los hijos de la nueva unión con los
provenientes de un vínculo precedente, por tal razón, se trata de hermanos de crianza. En estos eventos
los testimonios deben dar cuenta de las características de la relación que existía entre la
víctima y los demandantes, para que, una vez valorados, sea el juez quien concluya si se trataba
o no de hermanos de crianza” (Se resalta).
39 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420.

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6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199140 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho41, que contraría el orden legal42 o que está desprovista de una
causa que la justifique43, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida44, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la

40 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
42 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
44 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros45.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó en la Ley 270 de
1996 la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus
órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales”

La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad46.

En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos
derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996, consagró que:

“Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente
de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta
de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación47 en
particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del
juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la
construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas,

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
46 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
47 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.

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que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo
anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con
la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la
solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen
la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de
éste.

Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la
Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte
marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de
octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger
el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido
por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado
recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno
de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba
la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no
cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya
ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por
tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos
estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia
del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado
verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo
al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de
librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en
particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación
de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración.
Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de
responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo
90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la
existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su
antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo
implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o
privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para
luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la
responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de
antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo

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escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en
concreto.

En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que
se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se
exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se
llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente
si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la
medida era necesaria, razonable y proporcional48, de donde, si la detención se
realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño
carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le
indemnicen los perjuicios por su padecimiento49. Así, cuando el operador jurídico o
el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una
persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el
análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la
antijuridicidad del daño que se discute.

En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar
misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que
tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la
medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este
responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del
principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el
ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y
determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si
debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que
se adoptara la medida restrictiva de su libertad.

48 Ibídem.
49 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: “Este artículo, en

principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los
artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se
refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales,
de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada
ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría
permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase
en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la
reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de
todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente
declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis
razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

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Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra
amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la
adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una
persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye
la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad
de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el
daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e
inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano
competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla
del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio
pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado
se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas
públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho
que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente
atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo.
Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el
sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in
dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto
luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar
la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas
que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se
desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de
auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del
servicio50.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de marzo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó reconocer perjuicios morales a
todos los demandantes. A su turno, la Fiscalía General de la Nación manifestó que
no causó un daño antijuridico a los demandantes, pues su actuar estuvo amparado
en las disposiciones sustanciales y formales que regían el procedimiento penal.
Además, indicó que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento se
fundamentó en la existencia de indicios graves de responsabilidad penal en contra

50 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127.

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del procesado. Por su parte, la Rama Judicial argumentó que se configuró la culpa
exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, toda vez que la
actuación desplegada por Edison Andrés Rincón Atehortúa fue la que dio lugar a la
imposición de una medida privativa de la libertad en su contra, pues conforme se
constató en el proceso penal, éste fue capturado en flagrancia portando 5.1 gramos
de cocaína.

En este sentido, y como quiera que ambos extremos de la litis presentaron recurso
de apelación contra el fallo del 22 de marzo de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite sin limitación alguna51.
Por ello, a continuación se analizará si la Nación – Fiscalía General de la Nación y
la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados
por la privación de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón Atehortúa.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Está probado que el 6 de diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional
capturaron en flagrancia a Edison Andrés Rincón Atehortúa, por ser presunto autor
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia
simple52 del informe de captura53. En efecto, dicho documento consignó lo siguiente:

“El día 06/12/2016 siendo las 16:30 horas en el kilómetro 2 salida Cisneros –
Medellín fue capturado el señor Edison Andrés Rincón Atehortúa identificado con
número de cédula 71.175.037, quien se movilizaba en una motocicleta, se le realizó
un pare y se le solicitó un registro personal, hallándosele en el bolsillo del lado
derecho de su pantalón 5 bolsas herméticas transparentes con una sustancia
pulverulenta de color blanco, características similares al clorhidrato de cocaína”

51 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia” (Se resalta).
52 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo

decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.
53 Fl. 150, C. 1.

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7.1.2. También consta que el 7 de diciembre de 2016, la Fiscalía 126 Seccional de
Cisneros solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros legalizar la captura
del procesado e imponer medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en su contra, por ser presunto autor del delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, según da cuenta copia simple de dicha solicitud54.

7.1.3. Consta que en esa misma fecha, el Juzgado Promiscuo Municipal con
Función de Control de Garantías de Cisneros adelantó las audiencias de
legalización de la captura, imputación de cargos e imposición de la medida de
aseguramiento. En esta última, el referido Juzgado impuso medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra del procesado;
decisión que fue apelada por la defensa, según da cuenta el acta55 y los audios de
las referidas audiencias56. En la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento se indicó lo siguiente:

“La señora Fiscal solicita medida de aseguramiento de detención preventiva según
el artículo 307 literal a, numeral 2º, en la residencia señalada por el imputado, por
su parte el señor defensor dice no estar de acuerdo, pues refiere que el señor Edison
Andrés Rincón es una persona drogadicta que no tiene antecedentes y que en este
caso no se configura antijuridicidad material alguna por la poca cantidad de droga
que le fue encontrada y que la misma declaración que hace el imputado es que es
drogadicto y para ello se referencia la respuesta al oficio que hizo la patrullera Marta
Rocío González en el que se habla sobre un antecedente en flagrancia, que no se
trata sobre estupefacientes, sino de explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales, sin que tenga que ver con estupefacientes, en cuanto a la afirmación del
imputado, no solamente es no creíble, sino que la entidad encargada de diagnosticar
que una persona es drogadicta es medicina legal (sic). Por lo expuesto, el Juzgado
resuelve decretar como medida de aseguramiento la detención preventiva en contra
de Edison Andrés Rincón Atehortúa, imputado por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, detención preventiva en residencia señalada por el
imputado, siempre que esta ubicación no obstaculice el juzgamiento, se le concede
permiso para trabajar como mecánico en un horario de 6:00 am a 6:00 pm de lunes
a viernes”

7.1.4. Está acreditado que ese mismo día, Edison Andrés Rincón Atehortúa
suscribió acta compromisoria con permiso para trabajar, según da cuenta copia
simple del acta de dicha diligencia57.

7.1.5. Consta que el 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con
Función de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento

54 Fl. 70 y 71, C. 1.
55 Fl. 74, C. 1.
56 Índice 2, Samai. Expediente Digital.
57 Fl. 76, C. 1.

20

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impuesta en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa al considerar que la solicitud
de la medida no se presentó en debida forma. De esta información da cuenta copia
simple del acta58 y del audio de la audiencia59. En efecto, el Juez de Control de
Garantías fundamentó la revocatoria de la medida de aseguramiento en lo siguiente:

“fueron 5.1 gramos los que se le incautaron al señor Edison, lo cual excede la
cantidad permitida, hay una condición de adicción que se adujo por la defensa pero
la adujo sin ningún sustento, lo cual debía acreditarse, la Fiscalía de su parte
reconoce que hasta el momento no está probado que usted sea expendedor […] Se
argumentó por la Fiscalía que se cumplían los requisitos del artículo 308 del Código
de Procedimiento Penal […] Ahora bien, escuchado el audio de la audiencia, no
encuentra esta judicatura que la solicitud de la medida se haya presentado en
debida forma, no hay razones claras de porqué el procesado puede obstaculizar el
proceso, puede constituir un peligro para la comunidad o que no compareciera,
todas estas cuestiones me llevan a concluir que deberá revocarse la medida de
aseguramiento, sin que esto sea óbice para que usted Edison siga vinculado al
proceso penal”

7.1.6. Se demostró que Edison Andrés Rincón Atehortúa estuvo privado de la
libertad hasta el 2 de febrero de 2017, según da cuenta copia simple de la boleta de
libertad60.

7.1.7. Se demostró que el 2 de febrero de 2017, la Fiscalía 126 Seccional de
Cisneros presentó escrito de acusación contra el procesado por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, según da cuenta copia auténtica de dicho
escrito61.

7.1.8. Quedó acreditado que el 13 de junio de 2017, el Juzgado Penal del Circuito
de Puerto Berrío celebró la audiencia de formulación de acusación en contra del
procesado por el señalado delito, según da cuenta copia simple del acta de dicha
diligencia62.

7.1.9. Está probado que el 19 de febrero de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de
Puerto Berrío precluyó la investigación penal seguida en contra de Edison Andrés
Rincón Atehortúa por solicitud de la Fiscalía 126 Seccional de Cisneros, según da
cuenta copia simple del acta63 y del audio de la audiencia64. En la diligencia se indicó
lo siguiente:

58 Fl. 93, C. 1.
59 Índice 2, Samai. Expediente Digital.
60 Fl. 108, C. 1.
61 Fl. 100 a 104, C. 1.
62 Fl. 123, C. 1.
63 Fl. 124, C. 1.
64 Índice 2, Samai. Expediente Digital.

21

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“ha presentado la señora Fiscal solicitud de preclusión, solicitud coadyubada por la
defensa, arrimando unas consideraciones adicionales para lograr el archivo de la
investigación a favor de Edison Andrés Rincón Atehortúa. La señora Fiscal invocó
como única causal la de atipicidad del hecho investigado numeral 4º del artículo 332,
el señor defensor fue más allá invocando otra de las causales, inexistencia del hecho
investigado, de una vez tampoco opera señor defensor, pues el hecho existió,
recordemos que esa causal es objetiva con respecto al acontecimiento de un hecho
delictivo o no delictivo, habla es del hecho investigado, que es la captura del señor
llevando consigo estupefacientes, no podemos desconocer que el hecho existió,
entonces no hay lugar a considerar esa causal […], entonces, la decisión del
despacho se va a centrar en la causal que realmente fue fundamentada tanto por
Fiscalía como por defensa, la atipicidad del hecho investigado […] es cierto como
bien lo argumenta la señora Fiscal y el señor defensor, hay una clara línea
jurisprudencial, bien decantada y precisa de las altas cortes en cuanto al tráfico y
porte de estupefacientes, en donde como lo indicó el señor defensor, lo que se ha
pretendido con ese cambio, a partir del acto legislativo 01 de 2009, es evitar que el
derecho penal invada las esferas del libre desarrollo de la personalidad y del ámbito
personal del ciudadano, máxime cuando se es adicto a las sustancias
estupefacientes, de allí que no deba pretenderse perseguir a los enfermos con el
derecho penal, sino que este se encargue de sancionar a los verdaderos infractores
de la ley penal, de lo que dista bastantemente una persona que es capturada
cargando consigo cantidades de droga, que aunque supera la dosis personal
permitida por el legislador, lo superan en mínimas cantidades, que la Fiscalía no ha
logrado demostrar que tengan unos fines distintos al del uso personal.
Efectivamente, el que se capture a Edison Andrés Rincón Atehortúa, llevando
consigo 5.1 gramos positivos para cocaína y sus derivados, cuando la defensa de
manera acuciosa ha presentado elementos materiales probatorios de los que corrió
traslado a la señora Fiscal en donde se da cuenta de su condición de consumidor,
al menos habitual, ya de pronto una adicción no se da a conocer con la declaración
de unos testigos, pero si llevan a que este juez considere que estamos en presencia
de una persona que es cercana al consumo de estupefacientes y la mínima cantidad
de droga que le fuere incautada, simplemente llevando consigo, permiten suponer y
la Fiscalía no logró demostrar lo contrario y de hecho la motivó a presentar la
solicitud de preclusión, es que esa droga tuviera una destinación distinta a su propio
consumo personal, no se logró demostrar por parte de la Fiscalía que efectivamente
esa, aunque mínima cantidad de estupefacientes tuviera una destinación de
comercialización o expendido, de allí que encontrándonos ante una persona
consumidora de estupefacientes, de ser capturada llevando consigo una mínima
cantidad de cocaína o sus derivados, permite concluir que efectivamente la conducta
se torna atípica a la luz de los recientes y reiterados pronunciamientos de las Cortes
en cuanto al tema de los consumidores de drogas y el tráfico de estupefacientes […]
De allí que resulte procedente acceder a la pretensión demandada por la Fiscalía y
coadyubada por la defensa de decretar la preclusión de la investigación penal en
favor de Edison Andrés Rincón Atehortúa”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.

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Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración65-66.

El análisis que se realice entonces tendrá en cuenta dos hechos fundamentales que
tuvieron lugar durante el proceso penal del que fue objeto Edison Andrés Rincón
Atehortúa, a saber: i) la privación de la libertad de la que fue objeto cuando fue
capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional; y ii) la medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria impuesta en su contra.

No se examinará si vencieron los términos para presentar escrito de acusación y
adelantar la diligencia de formulación de acusación, pues para entonces el
procesado se encontraba en libertad. Al efecto, es pertinente resaltar: i) que el 6 de
diciembre de 2016, agentes de la Policía Nacional capturaron a Edison Andrés
Rincón Atehortúa, por ser presunto autor del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes (hecho probado 7.1.1.); ii) que el 7 de diciembre de 2016, el
Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Cisneros le
impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria (hecho
probado 7.1.3.); y iii) que el 23 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito
con Función de Control de Garantías de Cisneros, revocó la medida de
aseguramiento y ordenó dejar en libertad al procesado (hecho probado 7.1.5.).

65 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
66 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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Asimismo, es del caso referir que el sub examine no se analizará a la luz de un
régimen objetivo de responsabilidad, conforme la sentencia SU-072 de 201867, pues
para ello es necesario que la conducta del procesado no haya existido o fuera
objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin
mayor arrojo, lo cual no aconteció en el presente caso. De hecho, se advierte que
aquí el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío precluyó la investigación penal
seguida en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa por atipicidad subjetiva de la
conducta, supuesto que no permite aplicar el régimen aludido68.

7.2.1. La captura efectuada por agentes de la Policía Nacional

Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño,
consistente en la privación de la libertad de Edison Andrés Rincón Atehortúa
derivada de la captura en flagrancia.

Ahora bien, el artículo 56 del Decreto 1355 de 197069, señala que nadie puede ser
privado de su libertad sino “en el caso de flagrancia o cuasi flagrancia de infracción
penal o de policía” o “previo mandamiento escrito de autoridad competente”.

Por otro lado, el artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que “Para la captura se
requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las
formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el
artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe
del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. Capturada
la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo
máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de
legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con
relación al aprehendido.

A su vez, el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 prevé que hay flagrancia cuando la
persona: (i) es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito, (ii) es
sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida
inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u
otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su

67 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127.
68 Ver entre otros: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 3 de noviembre de 2022, Rad.:

55691; Sentencia 14 de septiembre de 2022, Rad.: 62245.
69 Por el cual se dictan normas sobre Policía.

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perpetración; (iii) es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas,
de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber
participado en él; (iv) es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito
en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y
aprehendida inmediatamente después; o (v) se encuentre en un vehículo utilizado
momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca
fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible.

Por su parte, el artículo 303 ejusdem dispone que “Al capturado se le informará de
manera inmediata lo siguiente: 1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura
y el funcionario que la ordenó. 2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba
comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado
inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este
indique. 3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que
haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra
de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.

Bajo el anterior contexto, se observa que la captura de Edison Andrés Rincón
Atehortúa cumplió con el término procesal previsto en el artículo 297 de la Ley 906
de 2004, toda vez que el Juez de Control de Garantías no tardó más de treinta y
seis (36) horas para realizar la audiencia de control de legalidad, desde el momento
en que fue aprehendido. Justamente, el 6 de diciembre de 2016, el señor Rincón
Atehortúa fue capturado (hecho probado 7.1.1.) y el 7 de diciembre de 2016, el
Juzgado con Función de Control de Garantías adelantó la audiencia de control de
legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con el aprehendido (hecho probado
7.1.3.).

Igualmente, se evidencia que la captura de Edison Andrés Rincón Atehortúa cumplió
con los presupuestos estipulados en el artículo 301 ibídem, ya que fue capturado
en flagrancia durante la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes. Justamente, se observa que el sindicado fue detenido porque
portaba consigo cinco papeletas que contenían 5.1 gramos de base de cocaína
(hecho probado 7.1.1.), lo cual, de forma preliminar, daba cuenta que podía ser
autor del ilícito consagrado en el artículo 376 del Código Penal.

De otro lado, se observa que la captura de Edison Andrés Rincón Atehortúa atendió

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lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley 906 de 200470, y se respetaron las garantías
y derechos fundamentales del procesado, pues en el acta de derechos del
capturado71 quedó evidenciado que a éste se le pusieron de presente sus derechos
y garantías procesales, frente a lo cual el indiciado y su abogado defensor no
presentaron ninguna objeción. De hecho, en el acta de derechos del capturado se
consignó lo siguiente:

“[…] De conformidad al artículo 303 del C.P.P., al capturado se le hizo saber sobre:

1. El hecho que se le atribuye y motivo de su captura.
2. Derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar la aprehensión.
3. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser
usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge,
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad.
4. Derecho que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en
el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de
Defensoría Pública proveerá su defensa.

El día 6 de diciembre de 2016 […] se cumple el procedimiento de captura de una
persona a quien inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta,
quien enterada del mismo manifestó: 1. Mis datos personales son: Edison Andrés
Rincón Atehortúa […] 2. Que he entendido los derechos leídos. 3. La persona a
quien deseo se le comunique mi aprehensión es: Carmen Andrea Martínez […]”

Asimismo, en la constancia de buen trato72 del capturado se consignó lo siguiente:
“En Cisneros a los 6 días del mes de diciembre del año 2016, siendo las 16:30
horas, el señor Edison Andrés Rincón Atehortúa […] indiciado del delito de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes, suscribe la presente acta con el fin de
manifestar el buen trato físico, psicológico y moral que ha recibido por parte del
personal que realizó el procedimiento de la captura, que le han comunicado y
respetado sus derechos y ha sido tratado con dignidad y respeto”.

De conformidad con lo anterior, se concluye que la captura de Edison Andrés Rincón
Atehortúa satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297, 301 y 303 de la
Ley 906 de 2004, pues se cumplió con el término procesal estipulado para realizar
la audiencia de control de legalidad y los presupuestos establecidos para realizar
su captura en flagrancia.

70 “Artículo 303. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo
siguiente: 1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. 2. Del
derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable
del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este
indique. 3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser
usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.”
71 Fl. 87, C. 1.
72 Ibídem

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7.2.2. La medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria
impuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Cisneros

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de
la libertad de Edison Andrés Rincón Atehortúa, derivada de la medida de
aseguramiento impuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de
Control de Garantías de Cisneros, la cual los demandantes califican como injusta.

Ahora bien, el artículo 296 de la Ley 906 de 200473 frente a la finalidad de la
restricción de la libertad prevé que “La libertad personal podrá ser afectada dentro
de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para
asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad
y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena”.

A su vez, el artículo 308 íbidem dispone que “el juez de control de garantías, a
petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva
que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye
un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable
que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.

Adicionalmente, es menester poner de presente que según el artículo 309 ejusdem:
“se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable
para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados
que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar
o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados,
testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la
labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.

73 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

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Asimismo, según el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, “para estimar si la libertad
del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la
gravedad y modalidad de la punible. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez
podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias: 1. La
continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones
criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de
aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa
de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La existencia de sentencias
condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional74”.

Bajo el anterior contexto, se observa que la medida de aseguramiento impuesta el
7 de diciembre de 2016 por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control
de Garantías de Cisneros no cumplió con los requisitos previstos en los artículos
296, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004, toda vez que aunque señaló en qué
consistía la inferencia razonable para concluir, de forma preliminar, que Edison
Andrés Rincón Atehortúa podía ser autor del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, no analizó, además, que el imputado debía merecer la medida
precautelativa por poder obstruir el debido ejercicio de la justicia, o constituir un
peligro para la seguridad de la sociedad, o porque no fuera a comparecer al proceso.
De hecho, su fundamento fue el siguiente:

“La señora Fiscal solicita medida de aseguramiento de detención preventiva según
el artículo 307 literal a, numeral 2º, en la residencia señalada por el imputado, por
su parte el señor defensor dice no estar de acuerdo, pues refiere que el señor Edison
Andrés Rincón es una persona drogadicta que no tiene antecedentes y que en este
caso no se configura antijuridicidad material alguna por la poca cantidad de droga
que le fue encontrada y que la misma declaración que hace el imputado es que es
drogadicto y para ello se referencia la respuesta al oficio que hizo la patrullera Marta
Rocío González en el que se habla sobre un antecedente en flagrancia, que no se
trata sobre estupefacientes, sino de explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales, sin que tenga que ver con estupefacientes, en cuanto a la afirmación del
imputado, no solamente es no creíble, sino que la entidad encargada de diagnosticar
que una persona es drogadicta es medicina legal. Por lo expuesto, el Juzgado

74 Se advierte que la Ley 1760 de 2015, que entró en vigencia el 6 de julio de 2015, modificó dicha

disposición en el sentido de establecer que “para estimar si la libertad del imputado representa un
peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta
punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias: 1. La continuación
de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. El número de
delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un
mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La
existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 5. Cuando se
utilicen armas de fuego o armas blancas. 6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de
14 años. 7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.

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resuelve decretar como medida de aseguramiento la detención preventiva en contra
de Edison Andrés Rincón Atehortúa, imputado por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, detención preventiva en residencia señalada por el
imputado, siempre que esta ubicación no obstaculice el juzgamiento, se le concede
permiso para trabajar como mecánico en un horario de 6:00 am a 6:00 pm de lunes
a viernes”

Según lo expuesto, la decisión adoptada el 7 de diciembre de 2016 por el Juzgado
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Cisneros se limitó a
señalar que Edison Andrés Rincón Atehortúa no acreditó su condición de adicto o
consumidor habitual de estupefacientes, en tanto fue capturado con una sustancia
prohibida por el ordenamiento jurídico, pero no estableció razones suficientes para
dictaminar que debía ser privado de la libertad de forma cautelar.

Tan es así que, justamente, de forma posterior, mediante providencia del 23 de
enero de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Control de
Garantías de Cisneros, revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra de
Edison Andrés Rincón Atehortúa al considerar que “no hay razones claras de porqué
el procesado puede obstaculizar el proceso, puede constituir un peligro para la
comunidad o que no compareciera” (hecho probado 7.1.5.), evidenciando que la
medida de aseguramiento no cumplió con las finalidades de la restricción de la
libertad dispuestas en el artículo 296 de la Ley 906 de 2004 y tampoco contó con
las exigencias sustanciales y formales exigidas en el artículo 308 de la misma
norma, por cuanto no satisfizo el estándar de necesidad propio que invoca la norma
para tener por acreditado que al procesado debía limitársele su derecho de
locomoción, lo que a la postre tornó su detención en injusta y le causó un daño
antijurídico.

En virtud de lo anterior, se puede constatar que la medida cautelar no fue
legalmente impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en
los artículos 296, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004, lo que tornó la detención
de Edison Andrés Rincón Atehortúa en injusta y le causó un daño antijurídico, ya
que la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento no
justificó la necesidad de proceder a privarlo de la libertad de forma cautelar, bien
porque fuera a obstruir el debido ejercicio de la justicia, constituyera un peligro para
la seguridad de la sociedad, o que no fuera a comparecer al proceso.

Ahora bien, para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación
– Fiscalía General y la Rama Judicial, debe examinarse si la conducta que

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adoptaron contribuyó fáctica y/o jurídicamente en su causación.

Al respecto, es menester recordar que el proceso penal acusatorio previsto en la
Ley 906 de 2004 comporta un modelo adversarial en el que se encuentran
separadas las funciones de investigación o acusación de aquellas de carácter
decisorio, que además trajo consigo el principio de igualdad de armas, donde las
partes cuentan con las mismas herramientas para acudir ante el juez75, quien es el
encargado de propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de
los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes76. Además, este
procedimiento se compone de varias de etapas y estas a su vez de distintas
actuaciones procesales como son, entre otras, la captura, la imposición de la
medida de aseguramiento (acto introductorio) y el proferimiento de la sentencia
(acto decisorio).

En este orden de ideas, en cuanto a la conducta de la Fiscalía General de la Nación,
se advierte que el daño antijurídico causado a los demandantes con la imposición
de la medida de aseguramiento en contra de Edison Andrés Rincón Atehortúa no
le es imputable a dicha entidad, puesto que su actuación se ajustó a las
prerrogativas constitucionales y legales que rigen los actos de investigación que
están a su cargo de conformidad con los artículos 20777, 28778 y 30679 de la Ley
ibídem, dado que aquella se limitó a solicitar la imposición de la medida de
aseguramiento, que a la postre fue decretada por el Juez con Función de Control
de Garantías.

De hecho, resulta necesario precisar que si bien la Fiscalía General de la Nación
solicitó la imposición de la medida de aseguramiento en contra de Edison Andrés

75 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto de 1° de marzo de 2013, Rad.: 4819.
76 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de mayo de 2016.

Rad.: 43837.
77 La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la medida de aseguramiento en contra

de Edison Andrés Rincón Atehortúa con sustento en: i) el informe de los agentes de Policía que
capturaron en flagrancia a Edison Andrés Rincón Atehortúa (Fl. 153, C.1.), ii) el acta de derechos del
capturado (Fl. 154, C.1.), iii) el acta de incautación (Fl. 155, C. 1.), y iv) el informe del investigador
de campo (Fl. 156 y 157, C. 1.)
78 “Artículo 287. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios,

evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este
código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de
aseguramiento que corresponda”.
79 “Artículo 306. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de

aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para
sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la
controversia pertinente”.

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Rincón Atehortúa con sustento en los elementos materiales probatorios y evidencia
física recaudadas80, lo cierto es que es el Juez con Función de Control de Garantías
quien con fundamento en dichos elementos de prueba profiere una decisión
favorable o no a los intereses del procesado, ello, de cara a lo dispuesto en la Ley
906 de 200481.

Sin embargo, por otro lado, se advierte que la Rama Judicial sí contribuyó fáctica y
jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Edison Andrés
Rincón Atehortúa a pesar de que no existían razones que justificaran la necesidad
de limitar el derecho de locomoción del procesado, incumpliendo así lo dispuesto
en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 que establece que “el juez de control de
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la
medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente,
se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los
siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”. Esta actuación
contraria a la ley procesal ocasionó la prolongación del daño antijurídico padecido
por Edison Andrés Rincón Atehortúa, pues fue privado de la libertad de forma
injusta.

Según lo expuesto, se evidencia que únicamente la Rama Judicial incurrió en una
falla del servicio y es patrimonialmente responsable del daño antijurídico padecido
por los demandantes, pues privó injustamente de la libertad a Edison Andrés Rincón
Atehortúa, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 296, 308, 309 y 310 de la Ley
906 de 2004.

80 “Artículo 207. […] En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará

la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y
que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos
materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito,
a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.”
81 De igual forma se analizó en Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 14 de diciembre

de 2022, Rad.: 51627; Sentencia 2 de marzo de 2022, Rad.: 51867.

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Radicado: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

8. Liquidación de perjuicios

A continuación se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los demandantes,
teniendo en cuenta únicamente la tipología de aquellos que fueron alegados en la
demanda, esto es, los perjuicios morales y el daño a la vida de relación.

8.1. En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar por
perjuicios morales, 1000 SMLMV a Edison Andrés Rincón Atehortúa y 100
SMLMV a los demás demandantes.

Ahora bien, en sentencia del 29 de noviembre de 202182, la Sección Tercera de
esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios
morales en caso de privación injusta de la libertad. En ella indicó que había lugar a
reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación
injusta de la libertad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) para la víctima
directa, la prueba de la privación de la libertad constituye presunción de la
causación del perjuicio moral; ii) frente a los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido y cónyuge, compañero o compañera permanente, la
prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral ocasionado por
la privación de la libertad de la víctima; y iii) en relación con las demás víctimas
indirectas, el perjuicio moral no está acreditado por su vínculo familiar con la
víctima, per se, sino que el juez debe determinar si el demandante cumplió la carga
de la prueba para acreditar un perjuicio moral indemnizable, ocasionado por la
privación de la libertad de la víctima y su vínculo afectivo con estos.

Asimismo, se señaló que había lugar a reconocer los perjuicios a quienes habían
sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta
los topes de indemnización establecidos para la víctima directa. En ese sentido, i)
para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge
o su compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por
ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás
demandantes que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por
ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa, según la siguiente tabla:

82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV

Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación
injusta de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando
una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30
días. Igualmente, estableció que en casos de detención domiciliaria, la cuantía de
los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%.

Adicionalmente, en esta sentencia se manifestó que en relación con las demandas
presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021, en
las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia
existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer uso de las
facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido
proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes
máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría
aplicación inmediata.

Ahora bien, como en el caso sub examine la demanda se presentó el 9 de octubre
de 201883, es dable aplicar los topes máximos establecidos para el reconocimiento

83 Fl. 129 a 151, C. 1.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

de los perjuicios morales, y la forma de calcularlos, establecidos en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 202184.

En este orden de ideas, se encuentra acreditado que Edison Andrés Rincón
Atehortúa fue la víctima directa de la privación injusta de la libertad y que es
compañero permanente de Paulina Cárdenas González; padre de Brahian Estiv
Rincón Ramírez; hijo de Mariela del Socorro Atehortúa Cortés; y hermano de Nelson
Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia Rincón Atehortúa y Ruth Estella Jaramillo
Atehortúa.

Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por Edison
Andrés Rincón Atehortúa y su núcleo familiar durante el tiempo en el que
permaneció privado de la libertad de forma injusta, esto es, desde el 6 de diciembre
de 2016, cuando fue capturado por agentes de la Policía Nacional (hecho probado
7.1.1.) hasta el 2 de febrero de 2017, cuando quedó en libertad (hecho probado
7.1.6.), atendiendo a la siguiente formula:

PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)

PM = (1 mes x 5 SMLMV) + (24 días x 0,166 SMLMV)

PM = 5 SMLMV + 3,984 SMLMV

PM = 8,984 SMLMV

De conformidad con lo anterior y debido a que el procesado estuvo detenido en
detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima
directa se disminuirá en un 50%. Por ello, en la parte resolutiva la Sala reconocerá
por concepto de perjuicios morales, 4,49 SMLMV a Edison Andrés Rincón
Atehortúa, 2,24 SMLMV para cada una de las siguientes personas, Paulina
Cárdenas González, Brahian Estiv Rincón Ramírez y Mariela del Socorro Atehortúa
Cortés, y 1,34 SMLMV para cada una de las personas que se nombran a
continuación, Nelson Alberto Rincón Atehortúa, Viviana Patricia Rincón Atehortúa y
Ruth Estella Jaramillo Atehortúa.

8.2. Por otro lado, en la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas
a pagar por daño a la vida de relación, 1000 SMLMV a Edison Andrés Rincón
Atehortúa y 100 SMLMV a los demás accionantes.

84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.

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Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que el “daño a la vida de
relación” reclamado por los demandantes, en la nueva categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia, se ajusta al concepto de afectación relevante a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados85, que establece
la compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación
no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, o
mediante una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para
la víctima directa, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles
para consolidar la reparación integral del daño.

Sin embargo, aunque se acreditó que Edison Andrés Rincón Atehortúa fue privado
de su libertad de forma injusta, lo cierto es que el plenario deja en evidencia que tal
circunstancia no generó consecuencias negativas a los bienes jurídicos que en la
demanda se adujeron como conculcados, o que se haya ocasionado un perjuicio
inmaterial que sea adicional a los morales que fueron reconocidos en el capítulo
correspondiente. En este orden de ideas, la Sala negará el reconocimiento de este
tipo de perjuicio, en tanto no obran pruebas dentro del acervo probatorio que
permitan dilucidar la existencia de un menoscabo de este orden padecido por
Edison Andrés Rincón Atehortúa.

9. Condena en costas

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 ibídem, prevé las siguientes reglas para proceder a la
condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

85 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto

de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.

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Radicado: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”. (Se subraya)

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho86 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora87. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201688
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse
entre 1 a 6 SMLMV89.

No obstante, comoquiera la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en
segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de
la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 22 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, la cual quedará así:

86 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
88 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
89 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En

única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Radicado: 05001233300020180189601 (69855)
Demandante: Edison Andrés Rincón Atehortúa y otros

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luciana
Carmona Cárdenas, conforme las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Edison Andrés Rincón
Atehortúa.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar por concepto de
perjuicios morales por la privación de la libertad Edison Andrés Rincón Atehortúa las
siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a continuación se
relacionan:

Edison Andrés Rincón Atehortúa 4,49 SMLMV
Paulina Cárdenas González 2,24 SMLMV
Brahian Estiv Rincón Ramírez 2,24 SMLMV
Mariela del Socorro Atehortúa Cortés 2,24 SMLMV
Nelson Alberto Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV
Viviana Patricia Rincón Atehortúa 1,34 SMLMV
Ruth Estella Jaramillo Atehortúa 1,34 SMLMV

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Rama Judicial, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los
artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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