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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02293-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO: RECONOCER a la abogada Rocío del Pilar Arena España, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 de Bogotá y tarjeta profesional 287.249 del C.S de la J, como apoderada general de la Ugpp, en los términos del poder conferido, visto en el índice 7 de Samai. CUARTO: RECONOCER a la abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo, identificada con cédula de ciudadanía 1.016.093.355 y tarjeta profesional 399.821 del C.S de la J, como apoderada judicial sustituta de la Ugpp, en los términos del poder conferido, visible en el índice 7 de Samai. QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado-“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-02293-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Requisito de tiempo de
servicio. Naturaleza de la vinculación docente. Educador
Nacional. Proceso de incorporación de personal docente no
cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011. Ley
1437 de 2011

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 16 de mayo de 2025, que negó las súplicas de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones

2. El señor Ramón Alfonso Acosta Moreno, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 016256 del 20 de abril
de 2017 y 028484 del 14 de julio de 2017 por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a partir del 17 de noviembre de 2010, junto con el pago de reajuste
en los términos de la Ley 71 de 1989; así como el ajuste de la condena de

1 Demanda visible en los folios 1 a 35 del cuaderno 2 del expediente

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Radicado: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

conformidad con el artículo 187 del CPACA; se condene a la UGPP al pago de
intereses moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta el
artículo 192 de la misma codificación procesal; y se condene en costas.

4. Manifestó que nació el 4 de agosto de 1955, por lo que cumplió 50 años
de edad el 3 de agosto de 2005; que estuvo vinculado como docente en los
siguientes períodos: i) desde el 27 de marzo de 1979 hasta el 20 de agosto de
1984 con designación departamental; y ii) desde el 25 de junio de 1984 hasta el
9 de abril de 1996 con vinculación nacional, la cual mutó a vinculación
departamental como consecuencia del mandato de la Ley 60 de 1993 y en ese
sentido, el servicio prestado en el período de 1° de abril de 1996 al 16 de enero
de 2003 es de carácter departamental.

5. En consideración a que cumplió con los requisitos solicitó a la UGPP, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el
derecho a través de los actos administrativos demandados por estimar que no
cumplió el tiempo de servicio exigido para ser beneficiario de esta prestación.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Manifestó que la entidad demandada infringió los artículos 1°, 2°, 13, 25,
29, 48, 53, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 3°, 4° y 13 de la
Ley 39 de 1903; 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley 114 de 1913; 6° de la Ley 116 de 1928;
3° de la Ley 37 de 1933; 1° de la Ley 24 de 1947; 4° de la Ley 4ª de 1966; 1° y
10 de la Ley 43 de 1975; 54 de la Ley 24 de 1984; 9° de la Ley 29 de 1989; 1° y
15-2 literal a de la Ley 91 de 1989; 2°, 3° y 6° de la Ley 60 de 1993; 7°, 37, 35,
38 y 41 de la Ley 715 de 2001; 4° y 80 de la Ley 1437 de 2011; 5° del Decreto
1743 de 1966; 1°, 2°, 3°, 5° y 6° del Decreto Ley 2277 de 1979.

7. Expuso que los actos demandados se encuentran falsamente motivados
al determinar que el docente prestó en su mayoría un servicio nacional y no
territorial, igualmente, precisó que, si bien tuvo una vinculación del orden
nacional, esta cambió al orden territorial con la expedición de la Ley 60 de 1993
y 715 de 2001, específicamente, cuando el departamento de Antioquia asumió la
educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual
fue incorporado a la planta de personal territorial, completando así el tiempo de
labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de
1913.

1.3. Contestación de la demanda2

8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales-UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, argumentando que el actor no reunió los requisitos para acceder a
la pensión gracia, en especial, los 20 años de servicio, ya que, es improcedente

2 Folios 227 a 230 del cuaderno principal del expediente

La demanda se presentó el 19 de noviembre de 2018, y fue admitida el 12 de diciembre de 2018
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Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

computar el tiempo laborado por designación provenientes del Ministerio de
Educación.

1.4. Sentencia de primera instancia3

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 16 de
mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la
parte demandante.

10. En primer lugar, determinó que el actor acreditó su vinculación como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, la cual perduró
por un tiempo aproximado de 5 años, sin embargo, a través del Decreto 10091
con fecha de 27 de julio de 1984 expedido por el Ministerio de Educación fue
nombrado como instructor en el centro auxiliar de servicios docentes. De ese
modo, la citada designación correspondió a una vinculación del orden nacional.

Explicó que la naturaleza de la vinculación no mutó por la incorporación del cargo
a la planta de personal de la entidad territorial, toda vez que, tal procedimiento no
es una nueva nominación.

En consecuencia, el tiempo con vinculación territorial era insuficiente para
demostrar los 20 años de servicio oficial docente, pues, la designación posterior
correspondió a vinculación nacional.

1.5. Recurso de apelación4

11. A manera de síntesis, se tiene que el señor Ramón Alfonso Acosta
Moreno, mediante apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia estimando
que el tiempo laborado como docente territorial el Tribunal estableció que
correspondía a 5 años, 3 meses y 23 días cuando realmente fue de 5 años, 4
meses y 23 días, ya que, laboró de manera continua en el lapso de 27 de marzo
de 1979 a 20 de agosto de 1984.

12. Por otra parte, si bien contaba con una vinculación del orden nacional, a
partir del 10 de abril de 1996 esta cambió a departamental, dado que, con ocasión
de la certificación en educación del departamento de Antioquia otorgada por el
Ministerio de Educación, el período de 10 de abril de 1996 a 16 de enero de 2013
es del orden departamental, a su vez, como el municipio de Medellín fue
certificado el 17 de enero de 2003, el tiempo posterior a esa fecha y hasta el 27
de septiembre de 2016 (fecha de expedición del certificado) debe computarse
como prestación del servicio de carácter municipal.

13. Puntualizó que el vínculo nacional que traía el demandante mutó a
territorial a partir de la descentralización de la educación, debido a la

3 Visible en el archivo 017Sentencia_LJok00020180229300Pe que reposa en el expediente digital
4 Visible en el archivo 019_MemorialWeb_Respuesta-APELACIONRamonAl que reposa en el expediente

digital
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Radicado: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

incorporación docente, y la respectiva entrega de administración de la educación
al departamento Antioquia y al municipio de Medellín.

14. De otro lado, señaló que para que se dé la mutación de vínculos no se
requiere que haya nuevos nombramientos. Además, cuestionó la falta de
valoración probatoria por parte del tribunal respecto a la descentralización de la
educación, lo que a juicio del recurrente le impidió a dicha autoridad judicial
concluir que a partir de la mentada descentralización de la educación en el ente
territorial, la Nación dejó de ser prestadora de dicho servicio, primero por prestar
servicio en una plaza territorial y luego por la descentralización administrativa;
así, los docentes nacionales y nacionalizados que venían vinculados pasaron a
las plantas departamentales y municipales, respectivamente, mutando así el tipo
de vinculación.

15. Explicó que no se valoró el certificado de tiempo de servicios del 27 de
septiembre de 2016 que indica que el vínculo del accionante fue como docente
nacional, y que contiene una falsedad ideológica, dado que, si bien un tiempo fue
como nacional, insistió en que el vínculo mutó; y en todo caso, no hubo cambio
de régimen prestacional.

16. En ese orden, indicó que se desconoció el principio de congruencia, al no
analizarse por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral
del docente; que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no
reconocer que la vinculación mutó a departamental y municipal, desconoce el
fenómeno de la descentralización; e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993 y 715
de 2001, en vista que, descentralizada la educación, los entes territoriales dirigen
y administran la misma. Agregando que la decisión de instancia resulta contraria
a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho tópico, y que data del año
1994 (radicado interno 8183), año 2000 (radicado interno 2630-99), y año 2003
(radicado interno 3762-01).

17. Agregó que con la sentencia objeto de alzada, se desatienden las
sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, en la
que se menciona que se requiere de los actos administrativos para establecer si
la plaza ocupada era o no territorial, insistiendo así que, al pasar el docente a una
plaza territorial, luego de la descentralización, entonces su vínculo mutó a
territorial. De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados
los salarios fueron pagados con el situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, y de acuerdo con ello, la vinculación podría poseer naturaleza
territorial o nacionalizada, más no nacional.

18. Finalmente, reprochó la condena en costas, sostuvo que su imposición no
procede únicamente por resultar vencido en el proceso, toda vez que, no se
acreditó su causación y tampoco se cuentan con elementos de que la actuación
fue temeraria, desprovista de buena fe o sin arreglo a los procedimientos
establecidos en el ordenamiento jurídico.

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Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Mediante auto de 11 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, así mismo, la procuradora segunda
delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia recurrida 5,
argumentando que la departamentalización y posterior municipalización de la
educación oficial no conllevó a la mutación de la naturaleza de la vinculación de
los nombramientos anteriores, por lo tanto, la designación nacional del actor no
tuvo ninguna modificación.

20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Ramón
Alfonso Acosta Moreno, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.

24. De otro lado, se resolverá si le asistió razón jurídica al a quo al condenar
en costas a la demandante en sede de primera instancia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

5 Concepto visto en el archivo 012Memorial_CHL_12Concepto que reposa en el expediente digital
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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Radicado: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

2.3.1 La pensión gracia

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

26. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma
de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.

28. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.

29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

30. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]

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Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»

31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19978 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral
2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento
de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»

32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20189 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían
tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y
además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

33. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 202210 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

34. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

35. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública,

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar
tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó
dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso
de descentralización de la educación

36. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

37. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería
los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de
igual manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de
los establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

38. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto
original)

39. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte
de las respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y,
en consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación,
pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados,
debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen
prestacional que incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior,
sería el establecido en la Ley 91 de 1989.

40. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma
era que más municipios asumieran el manejo total de la administración del
servicio de educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los
municipios certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para
que se les trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema
educativo para ser invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral
7 del artículo 16 ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del

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Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»

41. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la
educación del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles
municipal, departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de
la descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su
autonomía administrativa como operadores de la organización de los servicios de
educación […]», se expidió la Ley 715 de 2001.

42. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las
entidades territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la
educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió
expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y
38. Tales normas disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos
y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»

43. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo
consigo dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el
personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal
adoptadas conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii)
que los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de
vinculación que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

44. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 7 de
diciembre de 201611, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 016256 del 20 de abril de 201712, por considerar que el
período de prestación de servicios con posterioridad al 30 de mayo de 1995 fue
vinculación nacional.

11 Pg 150 y 151 del cuaderno 1 del expediente
12 Pg 181 a 186, ídem

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45. Inconforme con dicha respuesta interpuso el recurso de apelación, el cual
fue desatado a través de la Resolución RDP 028484 del 14 de julio de 201713,
confirmando la negativa.

2.4. Caso concreto

46. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si el actor cumple con las exigencias contenidas en la Ley
114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.4.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

47. Se encuentra acreditado que el señor Ramón Alfonso Acosta Moreno nació el

4 de agosto de 1955, razón por la que, el 4 de agosto de 2005, cumplió 50 años;
requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

48. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo
que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

49. Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial; requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 27 de marzo de
1979 hasta el 24 de junio de 1984 (5 años, 2 meses y 28 días)

13 Pg 197 a 199, ídem

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50. El gobernador del departamento de Antioquia en uso de sus atribuciones
legales expidió el Decreto 0384 del 22 de marzo de 197914 «por el cual se hacen
unos nombramientos en secundaria», dentro de los que se encontraba el señor
Ramón Alfonso Acosta Moreno como educador de enseñanza secundaria para
el distrito educativo 8 institución educativa Pedro Antonio Elejalde en el municipio
de Frontino. Además, reposa acta de posesión de 27 de marzo de 197915.

51. A su vez, reposa Formato Único para la Expedición de Historia Laboral-
Secretaría del recurso humano del departamento de Antioquia de fecha 10 de
agosto de 200716, en el que se señaló como extremos temporales de dicho
vínculo, desde el 27 de marzo de 1979 hasta el 2 de febrero de 1981.

14 Pg 110 y 111 del cuaderno 1 del expediente
15 Pg 112, ídem
16 Pg 44 y 45 del cuaderno 1 del expediente

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52. El citado documento también referenció lo siguiente: i) mediante la
Resolución 254 de 1981 se realizó traslado al plantel educativo Ignacio Botero
Vallejo del municipio El Retiro, lugar en el que permaneció en el lapso de 3 de
febrero de 1981 a 9 de febrero de 1982; ii) a través del Decreto 196 de 1982 se
efectuó traslado a la institución educativa «L.N» Juan María del municipio El
Retiro, espacio en el que laboró durante el período de 10 de febrero de 1982 a
20 de agosto de 1984.

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53. Ciertamente, en el expediente se aportó el Decreto 1674 de 24 agosto de
198417 en virtud del cual se aceptó la renuncia del accionante al cargo de profesor
de tiempo completo en el bachillerato nocturno Juan María Vianey del municipio
El Retiro, con efectos a partir del 20 de agosto de 1984.

54. Cabe mencionar que, aunque el certificado de tiempos de servicio indica
que el tipo de vinculación fue nacional, el acto administrativo de nombramiento
desvirtúa tal información, pues, para la Sala es claro que el señor Ramón Alfonso
Acosta Moreno tuvo una vinculación como docente territorial desde el 27 de
marzo de 1979 hasta el 24 de junio de 1984, en tanto el acto de designación
fue expedido por el gobernador de Antioquia sin que se haya dejado constancia
de que actuara por instrucciones del Ministerio de Educación, tampoco se
encuentra prueba alguna que permita establecer que se trató de una plaza del
orden nacional; o que hubiera sido objeto del proceso de nacionalización.

55. Se aclara que los traslados a los planteles educativos Ignacio Botero
Vallejo y Juan María Vianey del municipio El Retiro no modificaron la vinculación
primigenia que fue en calidad de docente territorial del orden departamental,
comoquiera que el último nombramiento del que fue objeto acaeció con el
Decreto 0384 del 22 de marzo de 1979, es decir, la situación administrativa de
traslado no generó la ruptura del vínculo laboral inicial.

17 Pg 32 del archivo 009Recepcion Memor_MEMORIALYANEXOSRAMON que reposa en el expediente
digital
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56. Por lo anterior, estima la Sala que el tiempo de labor oficial del demandante
como educador en las instituciones educativas Pedro Antonio Elejalde, Ignacio
Botero Vallejo y Juan María Vianey del municipio El Retiro, puede ser tenido en
cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder
a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esa designación fue del orden
territorial.

57. Ello por cuanto, si bien el nombramiento se efectuó el 22 de marzo de
1979, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975, que ocurrió
el 11 de diciembre de dicha anualidad y por medio de la cual se adelantó la
nacionalización de la educación, no se advierte, a partir del acto de
nombramiento, la intervención o delegación de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional para efectuar el nombramiento, en los términos del procedimiento de la
referida norma (Ley 43 de 1975), y tampoco se hizo referencia a que la plaza
ocupada por el hoy demandante hubiese sido parte de aquellas que fueron
modificadas en el proceso de nacionalización; observándose además que el acto
fue suscrito por los secretarios de hacienda, educación y general del
departamento de Antioquia, y sin que se haga mención a la participación del
FER.

58. De otro lado, sobre el período como docente territorial el recurrente
reprochó el tiempo establecido por el juez de primera instancia, ya que, según su
comprensión, se estableció 5 años, 3 meses y 21 días, cuando el cálculo correcto
es el relativo a 5 años, 4 meses y 23 días.

59. Se advierte que el a quo contabilizó el tiempo así: i) lapso de 27 de marzo
de 1979 a 2 de febrero de 1981, equivalente a 1 año, 10 meses y 5 días; ii) 3 de
febrero de 1981 a 20 de agosto de 1984, equivalente a 3 años, 6 meses y 16
días.

60. Sin embargo, es pertinente aclarar que se generó concomitancia en las
labores como docente territorial y las funciones ejercidas con posterioridad al 25
de junio de 1984 en adelante, que como se explicará en los párrafos siguientes
la naturaleza del servicio fue nacional.

61. Al respecto, la vinculación nacional inició el 25 de junio de 1984 y la
relación laboral del orden territorial culminó el día 20 de agosto de 1984, época
en la que se generó concomitancia en el servicio.

62. La corporación ha determinado la improcedencia de computar tiempos de
labor oficial simultáneos como maestro nacionalizado o territorial y a la vez
nacional18, para acreditar el requisito temporal de la Ley 114 de 1913 a efectos
de obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Sobre el tema se señaló:

18 Sobre el punto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 19001-23-33-000-2017-00392-01 (1907-2020). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.; Sección Segunda, Subsección B proferidas el 6 de abril de 2017, radicado
23001-23-31-000-2012-00005-01(3940-15); el 16 de marzo de 2023, radicado 54001-23-33-000-2015-
00404-01 (1906-2020); el 17 de noviembre de 2022, radicado 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-
2017); y el 12 de octubre de 2011, radicado 25000-23-25-000-2009-00537-01 (0350-11).
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«[…] el período durante el cual el demandado trabajó en forma paralela como
docente territorial y nacional (en jornadas diferentes) no podía ser tenido en cuenta
por Cajanal para conceder la pensión gracia, pues, se reitera, a pesar de que la
primera de esas vinculaciones le permitía obtener (desde luego, junto con los
demás requisitos) ese beneficio excepcional, la segunda lo excluía de dicha
posibilidad por expresa disposición legal. […]».

63. Lo precedente tiene justificación en el artículo 128 de la Constitución
Política que consagró la prohibición de recibir doble asignación del erario, una de
éstas, la coexistencia de dos o más vinculaciones legales y reglamentarias en
cabeza de un mismo servidor público como los docentes oficiales, dado que, no
se estableció ninguna excepción, salvo la que gozan los docentes pensionados,
situación diferente al caso del actor, cuyo «trabajo concomitante» como
consecuencia de dos relaciones laborales diferentes acaeció cuando no
ostentaba la condición de jubilado19.

64. De esa manera, ante una simultaneidad en el desarrollo de la labor
docente como territorial y nacional, se incumple el requisito preceptuado por el
numeral 3° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913 que exige al profesor lo siguiente:
«[…] Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. […]». Es decir, como el demandante percibió una
remuneración por parte del Ministerio de Educación Nacional de forma
simultánea con los pagos efectuados por una entidad territorial, hace
improcedente computar ambos períodos para adquirir el derecho reclamado.

65. En consecuencia, el tiempo laborado en el plantel educativo Juan María
Vianey del municipio de el Retiro durante el 25 de junio de 1984 al 20 de agosto
de 2024 no será tiempo de servicio computable para el reconocimiento de la
pensión gracia.

66. Así, la Sala tendrá en cuenta el tiempo de prestación de servicios
determinado por esta corporación, correspondiente a 5 años, 2 meses y 28 días
de servicio docente prestado desde el 27 de marzo de 1979 hasta el 24 de junio
de 1984, el cual es computable para efectos de obtener la pensión gracia.

67. En ese orden, se encuentra satisfecho el requisito de una vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

• Desde 25 de junio de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2023-fecha de
retiro del servicio certificado por la Secretaría de Educación de

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 4 de septiembre de 2025. Expediente: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022). CP Jorge Iván
Duque Gutiérrez. .
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Medellín en el certificado de historia laboral del día 11 de junio de
2024 (39 años, 6 meses y 6 días).

68. En el expediente reposa copia del Decreto 10091 de 27 de julio de 198420,
por medio del cual la ministra de Educación en uso de sus facultades legales
nombró al señor Ramón Alfonso Acosta Moreno como instructor en el Centro
Auxiliar de servicios docentes «C.A.S.D.».

69. De forma complementaria, se allegó al plenario el Formato Único para la
Expedición de Historia Laboral expedido el 11 de junio de 202421, en el cual se
puntualizó que el Centro Auxiliar de Servicios Docentes en el que laboró el actor
fue la institución José María Espinosa Prieto de Medellín y que la relación laboral
perduró entre el 25 de junio de 1984 y el 31 de diciembre de 2023 cuando se
retiró del servicio, cuyas novedades registradas únicamente correspondieron a
ascensos, cambios de sueldo y licencia no remunerada.

20 Pg 31 del archivo 009Recepcion Memor_MEMORIALYANEXOSRAMON que reposa en el expediente
digital
21 Pg 33 a 37 del archivo 009Recepcion Memor_MEMORIALYANEXOSRAMON que reposa en el
expediente digital
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70. En los anteriores términos, es claro que la naturaleza jurídica del vínculo
es nacional, pues, la nominación la llevó a cabo el Ministerio de Educación, con
lo que concuerda la parte demandante que ha sostenido en el escrito de demanda
y en el de la apelación que la vinculación es de ese carácter.

71. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un
docente «nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional».
72. Por otra parte, en el recurso se cuestionó la presunta falta de valoración
de material probatorio, alegando en concreto que el a quo no tuvo en cuenta que
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la designación nacional y los actos administrativos mediante los cuales se
materializó la descentralización de la educación, y la administración de dicho
servicio se entregó en primer lugar al departamento de Medellín y en segundo
término al municipio de Medellín; todo ello, a su juicio, conllevó a que mutara a
departamental o municipal el vínculo docente que sostenía; a su vez, arguye que
tampoco se realizó una debida valoración del certificado laboral con fecha de 27
de septiembre de 2016, ya que se tuvo como tiempo nacional todo el periodo
servido, cuando según afirma, una parte de ese periodo fue departamental y
municipal, insistiendo que ello se debió al proceso de incorporación docente y la
consecuente administración por parte de los ente territoriales.

73. Pues bien, el apoderado del accionante argumentó que en el año de 1996
el docente pasó a ser del orden departamental, toda vez que, en aplicación de la
Ley 60 de 1993, se suscribió un compromiso para que la Nación entregara al
departamento los bienes, el personal y los establecimientos del sector educativo,
así mismo, puntualizó que desde el 17 de enero de 2003 adquirió la calidad de
docente municipal como quiera que en la citada fecha fue certificado en
educación el municipio de Medellín.

74. De los documentos allegados al expediente, se observa que el docente
Ramón Alfonso Acosta Moreno laboró por más de 44 años; sin embargo, a partir
del nombramiento efectuado mediante el Decreto 10091 de 27 de julio de 1984,
se presentó una continua dependencia laboral del demandante respecto de la
Nación, pues fue nombrado de manera directa por el Ministerio de Educación y
ha permanecido en ese mismo cargo hasta por lo menos el 31 de diciembre de
2023; por lo que existe certeza de que el tipo de vinculación es nacional.

75. En ese sentido, las condiciones de la vinculación del demandante no se
modificaron a pesar de que, se insiste, el último nombramiento del que fue objeto
se efectuó en el año 1984, en el orden nacional; de ahí en adelante no se
presentaron situaciones administrativas que afectara su relación laboral, pues,
como quedó claro, la designación de que fue objeto antes de la incorporación a
la planta de personal docente del departamento de Nariño y con posterioridad en
el municipio de Medellín se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo
laboral.

76. Ahora, si bien con el recurso se aduce que en razón del proceso de
descentralización de la educación, y la creación del sistema general de
participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a los entes territoriales,
dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la naturaleza del vínculo
docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley 60 de 1993 se dispuso
la descentralización de ciertas competencias de la Nación respecto de los entes
territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en

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ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

77. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el
artículo 34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el
caso del actor, cuyo vinculo desde el año 1984, se mantuvo sin solución de
continuidad hasta el año 2023.

78. El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre
otras, en sentencia de 28 de enero de 202122:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca que
(i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales era el
lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que no mutaba
la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y el colegio en
el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva designación, tanto
es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial que le reconocía la
Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10 de
febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la incorporación
del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado fiscal
que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como en
este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el plenario
prueba en contrario.» 23

79. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante
a partir del año 1984 en adelante, fue del orden nacional y que las novedades de
las que fue objeto administrativamente no modificaron dicha naturaleza, es claro
que no es posible computar el tiempo de servicio que se analiza; y en
consecuencia, como lo dispuso el tribunal en primera instancia, no se acredita los
20 años de servicio docente territorial y/o nacionalizado, lo cual resulta
indispensable para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

80. Por el contrario, el análisis del material probatorio permite inferir, que aquél
ocupó una plaza nacional por más de 44 años, incluso, la parte demandante
acepta que el nombramiento fue del orden nacional, pero que mutó en virtud del
proceso de incorporación, argumento que como se ha dejado sentado, no tiene
prosperidad.
2.5. Conclusión

22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-01 (363-

2018).
23 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-01(2163-

2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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81. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos
planteados en el recurso de apelación, pues, no había lugar a considerar que el
actor tuvo un vínculo territorial y/o nacionalizado, pues se insiste, se mantuvo en
el orden nacional conforme a las actas de posesión. Con fundamento en lo antes
expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento de la jurisprudencia de esta
Corporación ni de la Constitución.

82. Así, el demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala considera que debe
ser confirmada la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.

2.6. Condena en costas de primera instancia

83. El recurrente reprochó la condena en costas impuestas en tanto no actuó
de forma temeraria y de buena fe.

84. Sobre el tema, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte
de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de
lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

85. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

86. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA. En
consecuencia, el juez de primera instancia acertó al imponer la condena en
costas a la parte actora.

2.7. Condena en costas en segunda instancia

87. Debido a que se confirma la decisión que no accedió a las pretensiones
de la demanda y se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación,
se impondrán costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

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Radicado: 05001 23 33 000 2018 02293 01 (1790-2025)
Demandante: Ramón Alfonso Acosta Moreno

ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO: RECONOCER a la abogada Rocío del Pilar Arena España,
identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 de Bogotá y tarjeta
profesional 287.249 del C.S de la J, como apoderada general de la Ugpp, en los
términos del poder conferido, visto en el índice 7 de Samai.

CUARTO: RECONOCER a la abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo,
identificada con cédula de ciudadanía 1.016.093.355 y tarjeta profesional
399.821 del C.S de la J, como apoderada judicial sustituta de la Ugpp, en los
términos del poder conferido, visible en el índice 7 de Samai.

QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado-“SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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