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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01020-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 13 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Armando Gordillo López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su lugar, Segundo: Declarar la nulidad de las Resoluciones 025880 del 8 de noviembre de 2000, 007744 del 3 de abril de 2001, 00002117 del 11 de abril de 2002, 60765 del 24 de noviembre de 2006, RDP 039882 del 28 de agosto de 2013 y RDP 0045530 del 1.° de octubre de 2013, a través de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia. 23 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi. Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017) Demandante: Armando Gordillo López Tercero: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar la pensión gracia al señor Armando Gordillo López, a partir del 5 de septiembre de 2011, liquidada con el 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 5 de septiembre de 2010 y 5 de septiembre de 2011, con inclusión de la asignación básica, y las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones. Las sumas que resulte de la condena anterior, serán ajustadas en los términos del artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-01020-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de noviembre de 2022

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: ARMANDO GORDILLO LÓPEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 13 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Armando Gordillo López en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112 formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 025880 del 8 de noviembre de
2000, 007744 del 3 de abril de 2001, 00002117 del 11 de abril de 2002 y
60765 del 24 de noviembre de 2006, proferidas por Cajanal; así como de
las Resoluciones RDP 039882 del 28 de agosto de 2013 y RDP 0045530
del 1.° de octubre de 2013, emitidas por la UGPP, actuaciones
administrativas que negaron el reconocimiento y pago de una pensión
gracia al demandante.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a: i)
reconocer y pagar en favor del libelista una pensión gracia de jubilación en
la que se incluya en el promedio base de liquidación la totalidad de los
factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

en adelante CPACA.
3 Folios 112 a 114.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

la fecha en que se consolidó el estatus de pensionado; ii) reconocer y pagar
las mesadas pensionales que se han causado desde el 28 de enero de
2007, fecha en la que adquirió el estatus de pensionado, hasta la fecha en
que se haga efectivo el pago de sus acreencias; iii) ejecutar el pago de
manera indexada, con los reajustes de valor y con los intereses moratorios
conforme a lo dispuesto en los artículos 187, 189 y 195 del CPACA y 141
de la Ley 100 de 1993; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 187, 189 y 195 del CPACA; y vi) condenar en costas a la
demandada.

Fundamentos fácticos relevantes4

1. El señor Armando Gordillo López ha laborado como docente desde el año
1969 hasta la actualidad y durante ese período ha tenido diferentes
vinculaciones, las cuales discriminó así:
i) Desde el 30 de octubre de 1969 y hasta el 19 de enero de 1970, como
maestro alfabetizador, según Decretos 1368 del 30 de octubre de 1969
y 0136 del 29 de enero de 1970, proferidos por la Gobernación del Valle
del Cauca, de carácter nacionalizado;
ii) Desde el 1.° de enero de 1977 y hasta el 30 de noviembre de 1991, en
calidad de docente nombrado mediante Resolución 1750 del 28 de
febrero de 1977, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, con
carácter nacional y;
iii) Desde el 30 de abril de 1987 y hasta la actualidad, en calidad de
docente tiempo completo en el Colegio Santa Librada de la ciudad de
Cali, nombrado mediante Decreto 0393 del 2 de marzo de 1987,
proferido por la Gobernación del Valle del Cauca, con carácter de
nacionalizado.

2. Destacó que desde el 30 de abril de 1987 y hasta el 30 de noviembre de
1991, laboró paralelamente en dos instituciones educativas disímiles y en
jornada laboral diferente, una ubicada en el municipio de Santander de
Quilichao, Cauca y la otra, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

3. El demandante por haber cumplido los 50 años de edad el 2 de febrero de
2000 y contar con más de 20 años de servicio, solicitó el reconocimiento
de su pensión gracia. La entonces Cajanal EICE, mediante Actos
Administrativos 025880 del 8 de noviembre de esa anualidad, 007744 del
3 de abril de 2001 y 00002117 del 11 de abril de 2002, negó la petición por
no tener los requisitos dado que el tiempo laborado para la nación no podía
ser computado.

4. En cumplimiento de un fallo de tutela la aludida entidad expidió la
Resolución 60765 del 24 de noviembre de 2006, mediante la cual ordenó
el reconocimiento de la pensión gracia de forma transitoria y el disfrute de
la prestación quedó condicionado a la presentación de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de los
Contencioso Administrativo; no obstante, la hoy UGPP mediante Auto ADP
007251 del 21 de mayo de 2013, dispuso el decaimiento del anterior acto
administrativo y en consecuencia, la extinción de sus efectos.

4 Folios 115 a 118.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

5. Al respecto, aclaró que nunca fue incluido en nómina, ni le fue cancelada
mesada pensional alguna.

6. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia
del 22 de junio de 2010, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue revocada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
providencia del 28 de marzo de 2011, al declarar probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió de estudiar las pretensiones
de la misma, sin que pueda entenderse que estas hicieron tránsito a cosa
juzgada, en el entendió que no se ha definido si le asiste o no derecho a la
pensión que reclama, sumado a que la situación fáctica en ese entonces,
difiere mucho a la que ahora se plantea.

7. Precisó que, si bien es cierto que ejerció por 14 años y 6 meses en calidad
de docente nacional, también los es que por espacio de más de 26 años
ha laborado en calidad de educador nacionalizado, motivo por el cual
cumple con el requisito de 20 años de servicio del orden nacionalizado,
departamental, distrital y/o municipal; además de vinculó como maestro
antes del 31 de diciembre de 1980.

8. Los días 31 de agosto de 2010, 22 de septiembre de 2010, 14 de diciembre
de 2011 y 1.° de febrero de 2012 solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, peticiones que según lo indicó el libelista, no fueron
resueltas y que solamente fueron señaladas en Auto ADP 007251 del 21
de mayo de 2013, que informó que el expediente se encuentra archivado.

9. Indicó que el 23 de junio de 2013, peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia y aportó como nuevos elementos jurídicos fácticos las
certificaciones de tiempo de servicio que dan fe que ha prestado por más
de 26 años sus servicios como docente, de carácter nacionalizado.

10. La UGPP a través de la Resolución RDP 039882 del 29 de agosto de 2013,
se limitó en señalar que en Auto ADP 007251 del 21 de mayo de esa
anualidad solicitó copia auténtica de los fallos contenciosos y sus
constancias de ejecutoria por ser necesario para estudiar la solicitud y
consecuentemente negó el reconocimiento de la prestación deprecada;
argumentos que fueron confirmados a través de la Resolución RDP 045530
del 1.° de octubre de 2013.

11. El demandante cumplió su estatus pensional el 28 de enero de 2007, fecha
en la cual contaba con más de 50 años de edad y superaba los 26 años en
la educación oficial nacionalizada, además de haber acreditado su
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y nunca haber sido
sancionado disciplinariamente.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5

5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas:

«[…]

DEMANDADO CONTESTACIÓN EXCEPCIONES DECISIÓN
UGPP Oportuna De mérito Ninguna
(fl. 206 al 211)
[…]»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] el litigio consiste en determinar si el actor tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia, en aplicación al régimen especial establecido en la Ley
114 de 1913 y demás normas concordantes.»

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia el 13 de marzo de 2017, en la cual declaró probada
las excepciones denominadas inexistencia de la obligación demanda, cobro
de lo debido y ausencia de vicios en los actos demandados y, consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

Como fundamento de su decisión y luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial sobre la materia, destacó que los actos administrativos
demandados negaron a favor del demandante el reconocimiento y pago de
una pensión gracia bajo el argumento de no cumplir con los 20 años como
docente oficial con vinculación de tipo nacionalizado, municipal y/o
departamental.

Bajo ese entendido, procedió a analizar el cumplimiento de cada uno de los
requisitos legales para concluir que el señor Gordillo López cumplió el requisito
de la edad (50 años), el 2 de febrero de 2000. Así mismo, que de conformidad
con la declaración por él rendida bajo juramento, desarrolló su actividad laboral

6 Folios 246 a 250 vto.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

docente con buena conducta y honradez. Igualmente, que se vinculó a la
docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto es, el 30 de octubre
de 1968.

Finalmente, en cuanto al tiempo de servicio y el tipo de vinculación destacó
que el demandante, de acuerdo con los certificados de tiempo de servicios
expedidos por el Fomag, laboró para el municipio de Santiago de Cali como
docente de carácter nacionalizado, por un total de tiempo de servicio de 27
años, en los siguientes períodos: i) mediante Resolución 1366 del 30 de
octubre de 1968, desde el 10 de octubre de 1969 y hasta el 28 de enero de
1970 (2 meses y 30 días) y; ii) a través de Decretos 0399 del 2 de marzo de
1987 y 0500 del 21 de octubre de 2003, desde el 30 de abril de 1987 y hasta
el 1.° de febrero de 2014 (26 años, 9 meses y 2 días).

Refirió además que, según certificación expedida por la Secretaria de
Educación y Cultura del departamento del Cauca, laboró para el Ministerio de
Educación Nacional como docente de orden nacional, nombrado por Decreto
1750 del 28 de febrero de 1977, desde el 1.° de marzo de 1977 y hasta el 30
de noviembre de 1992, durante 14 años, 11 meses y 1 día.

En cuanto al último tiempo, señaló que este impide que el demandante acceda
a la pensión gracia, dado que la ley y la jurisprudencia es clara en establecer
que los docentes del orden nacional no pueden ser beneficiaros de la pensión
gracia. En virtud de ello, destacó lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1.°
de la Ley 114 de 1913 que determinó que dicha prestación se reconoce a favor
de los docentes que no hayan recibido o reciban recompensa de carácter
nacional.

RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y
solicitó se revoque la misma. En ese sentido, precisó que los tiempos de
servicios por él acreditados, son suficientes para demostrar el cumplimiento de
los requisitos que la ley exige para conceder una pensión gracia, pues
demostró más de 20 años de servicio como educador del orden municipal y un
vínculo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Consideró errada la conclusión a la que llegó el tribunal en tanto que si es
cierto trabajó por un período de 14 años con nombramiento nacional, labor que
ejerció paralelamente a la desarrollada con el municipio de Cali, en el escrito
de la demanda explicó que al momento de hacer el computo del tiempo de
servicios, no se tuviera en cuenta en el entendido que el tiempo como
educador municipal colma a cabalidad los requisitos normativos.

Destacó que en el libelo también se invocaron precedentes jurisprudenciales
en los que se ratifican que los tiempos de servicios no tiene que ser continuos
y pueden ser computados en diferente épocas; que no tiene que estar
expresamente vinculado al 31 de diciembre de 1980, pues solo basta que se
acredite que inicio como docente oficial con anterioridad a dicha data y que el
docente no pertenece al orden nacional simplemente porque así aparezca

7 Folios 257 a 263.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

consignado en una historia laboral dado que el aspecto regulador el tipo de
vinculación.

Finalmente sostuvo que la pensión debe ser reconocerse con efectos fiscales
desde el 1.° de febrero de 2009, toda vez que entre actuación y actuación
administrativa (las tendientes al reconocimiento de la prestación, a la
interposición de los recursos y la presentación de la demanda), se interrumpió
efectivamente el fenómeno de la prescripción trienal, sin que transcurrieron
más de tres años.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar
que el demandante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en la
ley para acceder a la pensión gracia, comoquiera que no se evidencia e tipo
de vinculación que ostentó y como fundamente de ello, se remitió a la
certificación emitida por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento
del Valle del Cuaca, de donde se desprende que este fue nombrado mediante
Decreto 1750 de 1977 con el Ministerio de Educación Nacional por más de 14
años. En ese orden de ideas, señaló que a la parte demandante le corresponde
probar los supuestos de hecho en que se fundan sus pretensiones.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa, de conformidad con lo
dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 304.

CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Segunda Delegada9 peticionó revocar el numeral que
condenó en costas al demandante y confirmar en lo demás la sentencia
impugnada. En primer lugar, señaló que el libelista si bien resultó vencido en
juicio, lo cierto es que este inició el presente medio de control bajo el
convencimiento que tenía derecho y no se advierte temeridad o mala fe de su
parte.

En segundo lugar, precisó no se sabe cuál certificación se ajusta a la realidad
del demandante, máxime cuando este refiere que se desempeñó como
docente por 14 años paralelamente en el municipio de la ciudad de Cali y en
Santander de Quilichao, Cuaca, sin que medie justificación alguna de la
modalidad utilizada para el efecto, motivo por el cual consideró, que no es
posible acceder a la pensión gracia que reclama, más aún cuando en el
concepto de violación argumento que el tiempo que desempeñó como nacional
podía ser computado.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda

8 Folios 291 a 293.
9 Folios 293 a 310.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿El señor Armando Gordillo López tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia de jubilación?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como se
explica a continuación:

Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.

Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de esta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.

Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»

Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201811 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto
de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en
uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys

Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202212 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por
la Ley 114 de 1913.

La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación

En el presente caso se observa que el tribunal estimó bien denegada la
pensión en favor del docente, en tanto que, de las pruebas arrimadas al
proceso, se puede concluir que el señor Gordillo López tuvo la condición de
docente nacionalizado durante 27 años y nacional por 14 años, 11 meses y 1
día. En cuanto a este último tiempo, señaló que este le impide acceder a la

12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia

Jiménez Lozano contra la UGPP.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

pensión gracia, dado que la ley y la jurisprudencia es clara en establecer que
los docentes del orden nacional no pueden ser beneficiaros de la pensión
gracia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1.° de la
Ley 114 de 1913 que determinó que dicha prestación se reconoce a favor de
los docentes que no hayan recibido o reciban recompensa de carácter
nacional.

El demandante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el a
quo, dado que demostró con suficiencia más de 20 años de servicio como
educador del orden municipal y un vínculo con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 y agregó que, si bien es cierto que se desempeñó por más de 14 años
con nombramiento nacional y que dicha labor la ejerció paralelamente a la
desarrollada con el municipio de Cali, también lo es que en el escrito de la
demanda explicó que al momento de hacer el cómputo del tiempo de servicios,
no se tuviera en cuenta, en el entendido que el tiempo como educador
municipal colma a cabalidad los requisitos normativos.

Sobre el particular, la sala advierte que el numeral 3, del artículo 4 de la Ley
114 de 1913, prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso
que el interesado, entre otras cosas, compruebe «Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la normativa evita que
una misma persona pueda recibir doble remuneración con cargo al tesoro
público de la Nación, garantizando así el uso razonable de los recursos
estatales, de acuerdo con el artículo 128 de la Carta Política de 1991 que reza:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.».

De tal suerte que dicho requisito hacer referencia a aquel maestro que recibe
al momento de solicitar la prestación alguna contraprestación de la nación, ya
sea por los servicios que este prestando en su momento o que se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de
2020 se dijo lo siguiente13:

«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás
Pájaro Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los
siguientes términos14:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la
pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”.
(En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de
1913).

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020.

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma
Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
14 Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues
constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se
encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios
de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»

Bajo la anterior línea argumentativa, no se advierte en el dossier que el señor
Armando Gordillo estuviere recibiendo retribución alguna de la nación en el
momento en que consolidó su estatus pensional, por lo que es del caso pasar
a analizar si el demandante cumple los demás requisitos exigidos en la
normativa aplicable, motivo por el cual se procede a efectuar la siguiente
relación probatoria:

El señor Armando Gordillo López nació el 2 de febrero de 1950, de modo que
cumplió los 50 años en el año 200015.

Así mismo, pese a que no obra certificado de antecedentes emitido por la
Procuraduría General de la Nación en el que se indicara por la autoridad
competente que la parte demandante no registró sanciones o inhabilidades,
no encuentra la Sala que este aspecto haya sido objeto de discusión en sede
administrativa o en la primera instancia, por lo que se presume la buena fe del
interesado en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez, consagración
y buena conducta.

Igualmente, se visualizan las siguientes vinculaciones docentes, al servicio del
Estado, así:

• Como docente nacionalizado, de básica secundaria16: i) en la institución
educativa Localidad Genérica de la ciudad de Cali, nombrada por Resolución
1366 del 20 de octubre de 1969, desde el 30 de octubre de esa anualidad y
hasta el 28 de enero de 1970; ii) en la institución educativa Santa Librada de
la ciudad de Cali, designada mediante Decreto 0393 del 2 de marzo de 1987,
desde el 30 de abril de 1987 y iii) en la institución educativa Ciudad Córdoba
de la ciudad de Cali, a través del Decreto 0500 del 21 de octubre de 2003,
desde el 10 de diciembre de 2003 y hasta el 1.° de febrero de 2014, para un
total de 26 años, 11 meses y 28 días.

• Como docente nacional, enseñanza secundaria17 en el Instituto Técnico
Colegio Nacional de Bachillerato de Santander, Cauca, cargo del cual tomó
posesión el 8 de marzo de 1977, con retroactividad al 1.° de enero de la misma
anualidad y hasta el 30 de noviembre de 1991, para un total de 14 años y 6
meses.

15 Según documento de identidad obrante a folio 3 del expediente.
16 Según formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral de la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali, ambos de fecha 10 de junio de 2014 (folios 54 a 57) y
certificación suscrita por el Subsecretario de desarrollo pedagógico de la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del Cauca (folio 66).
17 Según certificaciones expedidas por la asesora de secretaria general del Ministerio de Educación

Nacional (folio 62) y la Secretaría de Educación y Cultura del Grupo de Hojas de Vida Registro y Control
de fecha 6 de abril de 2005 (folios 65 y 69).

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

Como prueba de los referidos tiempos laborados, solo se cuenta con copia del
Acta de Posesión 1986 del 30 de abril de 198718, que da cuenta que el señor
Gordillo López tomó posesión como «PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO EN
EL COLEGIO “DE SANTA LIBRADA” CALI – DIST. 1_ A. SATELITE
GOLONDRINAS», cargo al cual fue nombrado en propiedad, mediante el
Decreto 0393 del 2 de marzo de 1987 y de la Resolución 1750 del 28 de febrero
de 197719, por medio de cual el Ministro de Educación Nacional (E), nombró al
libelista como docente en el Instituto Técnico Colegio Nacional de Bachillerato
de Santander, Cauca y Acta de Posesión S/N del 8 de marzo de la misma
anualidad20, por medio de la cual tomó posesión de dicho cargo, a partir del
1.° de enero de 1977.

Ahora bien, acorde con la pauta vi) de la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, el carácter territorial o nacionalizada de un docente, en principio,
se debe probar con la copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo y subsidiariamente, a través de certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial.

En ese sentido, la Sala advierte con claridad que el tiempo laborado por el
señor Armando Gordillo López como docente nacionalizado para el municipio
de Santiago de Cali, Valle del Cauca, entre el 30 de octubre de 1969 y el 28
de enero de 1970 y el 30 de abril de 1987 y el 1.° de febrero de 2014, tal como
se desprende de los formatos únicos para la expedición de historia laboral
citados en precedencia, al no contar con la totalidad de los actos donde conste
el vínculo. Igualmente, que se desempeñó como docente nacional para el
municipio de Santander, Cauca, entre el 1.° de enero de 1977 y el 30 de
noviembre de 1991, en atención a los actos administrativos de nombramiento
y posesión referidos, que confirman que dicho nombramiento provino por
nombramiento del Gobierno Nacional.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en acápite anterior la pensión
gracia es una dádiva reservada de manera exclusiva por el legislador para los
docentes territoriales y los que posteriormente se nacionalizaron, justificada en
que sus ingresos eran inferiores a los de sus pares nacionales y, en ese
sentido, el tiempo laborado por un docente con vinculación nacional no es
computable para efectos de completar los 20 años requeridos por la normativa
para hacerse acreedor a dicha prestación.

Conforme a lo anterior, es claro entonces que el tiempo en el que el señor
Gordillo López se desempeñó como maestro nacional no puede servir para
efectos de acceder a la pensión graciosa, situación que da lugar a incluir el
extremo que se contrapone como docente nacional y nacionalizado (desde el 30
de abril de 1987 y el 1.° de febrero de 2014), dado que, tal como lo afirmó el
demandante en libelo de mandatorio y en el recurso de alzada y así se
corrobora con la documentación adjunta, parte del tiempo que laboró como
educador para el municipio de Santander, Cauca (nacional), lo desempeñó de
forma paralela como docente en el municipio de Santiago de Cali, Valle del
Cauca (nacionalizado). En otras palabras, a efectos de determinar si el libelista

18 Folios 63 y 67.
19 Folios 61 y 64.
20 Folio 68.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

cumple con los 20 años de servicio no será computable todo el tiempo en que
el libelista trabajó como docente nacional (entre el 1.° de enero de 1977 y el
30 de noviembre de 1991).

Así las cosas, en las condiciones anotadas, y según las pautas fijadas por esta
sección en las sentencias de unificación citadas, la Sala evidencia que el señor
Gordillo López acreditó los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado, de la siguiente forma:

Carácter plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizado 30 10 1969 28 01 1970 26 2
Nacionalizado 01 12 1991 01 02 2014 2 22
Total 26 4 22

Por consiguiente, se puede concluir que la demandante laboró como docente
nacionalizado por más de 20 años, con honradez, consagración y buena
conducta, así como acreditó los 50 años de edad y su vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, de modo que cumplió con la totalidad
de requisitos exigidos para ser beneficiaria de la pensión gracia y consolidó el
derecho el 5 de septiembre de 2011, cuando completó los 20 años de servicio.

En conclusión: La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiario de la prestación.

Finalmente, en el presente caso no se configuró la prescripción, en tanto que
el demandante consolidó su derecho a la pensión el 5 de septiembre de 2011,
cuando acreditó los 20 años de servicio docente, la petición que se radicó
luego de haber cumplido con los presupuestos que acreditaron su situación
jurídica pensional (el 23 de junio de 201321), lo que interrumpió el término
prescriptivo por tres años, por lo que tenía hasta el 24 de junio de 2016 para
radicar la demanda, lo que ocurrió el 30 de septiembre de 201422.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 13 de marzo de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, se declarará la nulidad de las Resoluciones 025880 del 8
de noviembre de 2000, 007744 del 3 de abril de 2001, 00002117 del 11 de
abril de 2002, 60765 del 24 de noviembre de 2006, RDP 039882 del 28 de
agosto de 2013 y RDP 0045530 del 1.° de octubre de 2013, a través de las
cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social a reconocer y pagar la pensión gracia del señor
Armando Gordillo López, a partir del 5 de septiembre de 2011, liquidada con
el 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la

21 Folios 32 a 42.
22 Folio 151.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 5 de septiembre
de 2010 y 5 de septiembre de 2011, con inclusión de la asignación básica, y
las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior, será ajustada a valor
presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la
siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de
mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el
número que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por
el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se
dispuso en la parte motiva de este proveído.

La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201623, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 13 de marzo de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Armando
Gordillo López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad de las Resoluciones 025880 del 8 de noviembre
de 2000, 007744 del 3 de abril de 2001, 00002117 del 11 de abril de 2002,
60765 del 24 de noviembre de 2006, RDP 039882 del 28 de agosto de 2013
y RDP 0045530 del 1.° de octubre de 2013, a través de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia.

23 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario

Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017)
Demandante: Armando Gordillo López

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer
y pagar la pensión gracia al señor Armando Gordillo López, a partir del 5 de
septiembre de 2011, liquidada con el 75% del promedio de los factores
devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 5 de septiembre de 2010 y 5 de septiembre de 2011,
con inclusión de la asignación básica, y las doceavas partes de las primas de
navidad y vacaciones.

Las sumas que resulte de la condena anterior, serán ajustadas en los
términos del artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la fórmula indicada
en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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