Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01658-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01658-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01658-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 250002342000201601658-01 (3214-2017)
Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 1 de marzo de 2017, proferida del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección D—, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el ciudadano Álvaro Antonio Martínez
Maestre, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la
nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por CAJANAL: 20932 del 29 de
agosto de 2001, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, 0610 del
31 de enero y 033947 del 26 de julio de 2003, por las cuales, en su orden, se negó
el reconocimiento de la pensión gracia y se resolvieron los recursos de reposición
y apelación. Asimismo, solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP033947 de 26
de julio de 2013, RDP001319 de 16 de enero de 2014 y RDP03728 de 5 de febrero
de 2014; a través de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de dicha
prestación.
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Radicado: 250002342000201601658-01 (3214-2017)
Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de una pensión
gracia, liquidada con todas las sumas dejadas de percibir, mes a mes, hasta la
fecha de su estatus; ii) ordenar el pago de la indexación de la condena y de los
intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo; iii) condenar a la entidad al
pago de las cosas y agencias de derecho; y dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del CPACA.
1.1.2. Hechos:
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Martínez Maestre nació el 13 de octubre de 1949.
ii) Prestó sus servicios al Estado como docente en las siguientes entidades y
períodos: en el municipio de Cúcuta (Norte de Santander), del 26 de febrero de
1970 al 19 de febrero de 1978 y del 9 de marzo de 1978 al 19 de febrero de 1987;
posteriormente, en la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 15 de febrero
de 2006 hasta el 9 de julio de 2010, acumulando como docente territorial más de
veinte años de servicio.
iii) Durante el tiempo en que prestó sus servicios, mantuvo una buena conducta.
iv) Solicitó a Cajanal (hoy UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
petición que fue negada por medio de los actos acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se citaron como normas violadas los artículos 2, 25 y 58 de la Constitución; 27, 30
y 31 del Código Civil; 4 de la Ley 4ª de 1966; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la
Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 3, 4, y 13 de la Ley 39 de 1903; 21 del
CST; 2 de la Ley 153 de 1887; 1 y 2 de la Ley 91 de 1938; 1 y 15 de la Ley 91 de
1989.
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado del demandante sostuvo lo
siguiente:
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
i) El acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque
infringe el ordenamiento constitucional; particularmente, en lo relacionado con los
derechos a la igualdad, trabajo, irrenunciabilidad a los derechos laborales,
seguridad social, estabilidad en el empleo y el principio de favorabilidad.
ii) La entidad demandada desconoció abiertamente la categoría docente del señor
Martínez, toda vez que la calidad de maestro territorial no se adquiere por la
prestación del servicio en entidades territoriales «geográficamente hablando, sino
por el tipo de vinculación a establecimiento del orden territorial».
iii) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el tiempo de
servicio para obtener la pensión gracia puede haber sido prestado en distintas
épocas; o sea, en forma continua o discontinua, pues lo que exige el artículo 3 de
la Ley 114 de 1913 es que el docente haya laborado en entidades territoriales con
vinculación de igual índole por 20 años y haya ingresado al servicio antes del 31
de diciembre de 1980.
1.2. Contestación de la demanda1
La UGPP, por conducto de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Expuso las siguientes razones de defensa:
i) Los actos administrativos demandados gozan de plena validez, pues el
demandante no acreditó haber sido vinculado a la docencia con anterioridad al 30
de diciembre de 1980.
ii) La decisión de negar el reconocimiento y pago de la pensión gracia fue motivada
por la ausencia de documentos acreditativos de la vinculación del señor Martínez
a la docencia antes de la fecha señalada, pues, por un lado, el Acta de Posesión
del 5 de marzo de 1960 que allegó contraviene lo dispuesto en el Decreto ley 19
de 2012 y, por otro lado, el Decreto 141 de 26 de febrero de 1979 (de
nombramiento de un docente) no resulta legible.
1 Folios 149 al 153.
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
iii) Propuso como excepciones las de i) inexistencia de las obligaciones
demandadas y cobro de lo no debido, ii) improcedencia de intereses moratorios o
indexación, iii) buena fe, iv) improcedencia de imposición de costas procesales, y
v) prescripción.
1.3. La sentencia apelada2
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección D—
dictó sentencia en la audiencia inicial del 1 de marzo de 2017,3 mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión
en las siguientes consideraciones:
i) Contra las Resoluciones RDP033947 de 26 de julio de 2013, RDP001319 de 16
de enero de 2014 y RDP03728 de 5 de febrero de 2014, a través de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia, no se cumplió con el requisito
de procedibilidad de agotamiento de la vía administrativa;4 por tal razón, no se
tendrán por demandadas y se seguirá la actuación únicamente frente las
resoluciones 20932 del 29 de agosto de 2001, 0610 del 31 de enero de 2002 y
033947 del 26 de julio de 2003.
ii) Aunque en los actos administrativos demandados se precisó que la negativa del
reconocimiento de la pensión gracia fue consecuencia, entre otras razones, de la
presentación por parte del interesado de documentos en copia simple, lo cierto es
que el Consejo de Estado ha admitido este tipo de pruebas con fundamento en el
principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.5
iii) La documental aportada al proceso permite establecer que el señor Martínez
Maestre prestó sus servicios, como docente nacionalizado y territorial, por un tiempo
total de 20 años, 3 meses y 16 días. Así mismo, el actor satisface los demás
requisitos del artículo 3 de la Ley 114 de 1913, ya que cumplió los 50 años de edad
el 13 de octubre de 1999, y dentro del plenario no hay ninguna evidencia de que a
lo largo de su carrera docente haya mostrado mala conducta.
2 Folios 191 al 215.
3 Proferida en la audiencia inicial celebrada en igual fecha.
4 Porque contra ellas no se presentó el recurso de apelación.
5 Citó la sentencia de la Sala Plena del 28 de agosto de 2013, radicado 1996-0065901; C.P. Enrique Gil
Botero.
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
iv) Establecido lo anterior, corresponde ordenar a la demandada el reconocimiento
y pago de la pensión gracia al señor Martínez, la cual debe liquidarse por el 75%
del salario devengado en el año anterior a alcanzar su estatus de pensionado (25
de marzo de 2010), con la inclusión de todos los factores salariales que percibió en
ese mismo período. No obstante, comoquiera que el demandante presentó la
solicitud administrativa el 21 de junio de 2013, debe declararse la prescripción de
las mesadas anteriores al 21 de junio de 2010.
1.4. El recurso de apelación6
La entidad demandada interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y solicitó revocarla, para que, en su lugar, se denieguen las
pretensiones de la demanda. Expuso los siguientes argumentos de inconformidad:
Si bien es cierto el señor Álvaro Antonio Martín Maestre cumplió con los requisitos
de edad para adquirir la pensión de gracia, también es cierto que no cumplió con
los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913, como fue allegar la documental;
como lo ratifiqué en los alegatos de conclusión y como está también establecido
en la contestación de la demanda, al no cumplir con dichos documentos al
expediente. Es decir, honorables magistrados, que ruego dejar los actos
administrativos en firme y no acceder a la pensión de gracia. En este orden de
ideas, los actos administrativos que entraron en dicha controversia, aquí el
demandante, pues no logra dar la prueba total, como lo dije anteriormente. De esta
forma dejo sentado el recurso de apelación. [sic]
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. De la parte demandante.7 El señor Álvaro Martínez Maestre reiteró los
argumentos de la demanda, relacionados con el cumplimiento de los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia.
1.5.2. De la parte demandada.8 La UGPP pidió revocar la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Reiteró que si bien el señor Martínez aportó
sendas certificaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, para probar su
vinculación como docente nacionalizado entre el 5 de marzo de 1970 y el 31 de
6 El recurso se presentó y sustentó verbalmente en la audiencia inicial. Se transcribe a partir de la
grabación que obra en CD dentro del folio 190.
7 Folios 247 y 256 al 257.
8 Folios 251 al 255.
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
julio de 1977, lo cierto es que no allegó, en original o copia auténtica, los actos de
nombramiento y posesión de esos períodos.
1.5.3. Del Ministerio Público.9 El procurador tercero delegado ante esta
corporación solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar
satisfechos, por parte del demandante, los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia. No obstante, pidió exonerar de la condena en costas a la entidad
demandada, por cuanto el análisis que empleó el a quo, para imponerla, no fue
realmente objetivo.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si el señor Álvaro Martínez Maestre tiene
derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del
régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 establecieron la posibilidad
de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados
en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4.º de la
9 Folios 258 al 264.
10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a
esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en
aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
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Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4.º
ejusdem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».13 En virtud de dicho
condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante la sentencia S-
699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta
de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».14
En cuanto a esto último, cabe recordar que la prestación graciosa se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón
a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
12
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que
han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-
33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020,
radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la
Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la Ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
A su turno, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de
unificación del 11 de agosto de 2022,15 analizó el alcance de la citada disposición,
en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el
fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de
diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
15
Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a
saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».16
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:17
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-
000-2016-00278-01 (3018-2017).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-
000-2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-
000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Álvaro Antonio Martínez Maestre
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación la siguiente: «[l]os docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la
sentencia transcrita.
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(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en
lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
De igual manera, a los docentes no se les puede exigir haber completado todos
los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989, y tampoco es válido impedirles
el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron
pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del
sistema general de participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».21
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme a su registro civil de nacimiento, el señor Martínez Maestre nació el
19 de octubre de 1949, es decir, cumplió 50 años de edad el 19 de octubre de
1999.22
ii) El 26 de febrero de 1970, a través del Decreto 141, el gobernador de Norte de
Santander lo nombró director de «la escuela Urbana Mixta No. 39 LOS MOTILONES
del Municipio de CÚCUTA [sic]».23 Tomó posesión el 5 de marzo de 1970, según
Acta de esa fecha.24
iii) El jefe de la División Administrativa Docente de la Secretaría de Educación de
Norte de Santander hizo constar los siguientes servicios prestados por el actor al
departamento, así:25
22 Documento 9, cd expediente administrativo.
23 Folio 96.
24 Folio 93.
25 Documento 69, cd expediente administrativo.
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iv) El 15 de octubre de 2009, la responsable del Área Administrativa de la
Gobernación de Norte de Santander —Secretaría de Educación Departamental—
certificó lo siguiente:
Certificamos que: MARTÍNEZ MAESTRE ÁLVARO ANTONIO identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 13235045, prestó sus servicios en el nivel Básica Secundaria,
vinculación en propiedad, como Departamental en forma Continua.
Hasta la última fecha se desempeñó como Docente en Col Dptal [sic] Sagrado
Corazón de Jesús, ubicado en Cúcuta, jornada Completa. (Negrillas fuera del
texto)
[…]
Asimismo, dentro del documento se precisaron los siguientes períodos de
vinculación:
➢ Escuela Urbana Mixta 39 Motilones - Cúcuta, desde el 5 de marzo de 1970
hasta el 1 de abril de 1973 (3 años y 27 días).
➢ Colegio Básico Simón Bolívar - Cúcuta, desde el 2 de abril de 1973 hasta
el 6 de mayo de 1975 (2 años, 1 mes y 5 días).
➢ Colegio Básico Simón Bolívar - Cúcuta, entre el 7 de mayo de 1975 y el 31
de julio de 1977 (2 años, 2 meses y 34 días)
➢ Total: 7 años, 4 meses y 26 días.26
v) El 15 de octubre de 2009, la responsable del Área Administrativa de la
Gobernación de Norte de Santander —Secretaría de Educación Departamental—
certificó lo siguiente:
Certificamos que: MARTÍNEZ MAESTRE ÁLVARO ANTONIO identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 13235045, prestó sus servicios en el nivel Básica secundaria,
vinculación en propiedad, como Nacionalizado en forma interrumpida.
Hasta la última fecha se desempeñó como Docente en Col Dptal [sic] Sagrado
Corazón de Jesús, ubicado en Cúcuta, jornada Completa. (Negrilla fuera del texto)
[…]
26 Folio 58.
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Además, se indicó que el señor Martínez prestó sus servicios desde el 9 de marzo
de 1978 hasta el 18 de febrero de 1987, para un total de 8 años, 11 meses y 10
días, así:27
vi) El 17 de febrero de 2014, el rector y la secretaria de la Institución Educativa
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (de Cúcuta) hicieron constar que el señor
Álvaro Antonio Martínez Maestre «prestó sus servicios a esta Institución Educativa
como Docente de la Sección Nocturna partir [sic] del 9 de marzo de 1978 al 19 de
febrero de 1987».28
vii) El 14 de mayo de 2014, a través del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, la responsable del Área Administrativa del Fondo
Nacional de Prestaciones Social del Magisterio certificó que el demandante prestó
sus servicios como docente nacionalizado, entre el 5 marzo de 1970 y el 31 de
julio de 1977; y desde el 9 de marzo de 1978 hasta el 18 de febrero de 1987.29
27 Folio 57.
28 Folio 92.
29 Folios 59 y 60 y 61 a 62.
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viii) Mediante las Resoluciones de nombramiento 492 del 15 de febrero de 2006,
1795 de 16 de mayo de 2006, 2715 de 17 de julio de 2006, 543 de 15 de febrero
de 2007, 1362 de 29 de abril de 2008, 4379 de 11 de noviembre de 2008 y 2804
de 19 de noviembre de 2009, expedidas por el secretario de Educación Distrital de
Bogotá, el señor Martínez Maestre prestó sus servicios a dicho ente territorial
durante 3 años, 11 meses y 10 días.30
30 Folios 64 al 79.
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ix) El 21 de enero de 2014, a través del Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral, la Secretaría de Educación Distrital (de Bogotá)
certificó que el tipo de vinculación del señor Martínez Maestre, durante los tiempos
antes señalados, fue territorial.31
31 Folios 90 y 91.
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x) La Procuraduría General de la Nación certificó que el accionante no
registraba antecedentes disciplinarios.32
32 Documento 103 cd expediente administrativo.
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2.3.2. Actuación administrativa
i) En el año 2001, el demandante peticionó ante Cajanal el reconocimiento de la
pensión gracia.33
ii) El 29 de agosto de 2001, mediante la Resolución 20932, Cajanal negó la referida
solicitud, toda vez que el peticionario aportó certificaciones laborales no
correspondientes a la docencia, y tampoco existía certeza del tipo de vinculación
nacional, nacionalizada o territorial del interesado.34 Esta decisión fue confirmada
por las Resoluciones 0610 del 31 de enero de 2002 y 033947 del 26 de julio de
2003, que resolvieron los respectivos recursos de reposición y apelación.
iii) El 21 de junio de 2013, el señor Martínez Maestre volvió a presentar la solicitud
de reconocimiento de la pensión gracia, esta vez, ante la UGPP.35
iv) El 26 de julio de 2013, mediante la Resolución RDP033947, la UGPP negó la
petición, al considerar sin valor probatorio los documentos aportados en copia
simple por el interesado, para acreditar su vinculación a la docencia con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.36 Frente a esta decisión, el señor Martínez
presentó el recurso de apelación; sin embargo, mediante el auto ADP013002 de
25 de septiembre de 2013, la UGPP lo rechazó por extemporáneo.37
2.3.3. Pruebas de oficio en esta instancia
En cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Sala,38 el coordinador del
Grupo de Certificaciones del Ministerio de Educación Nacional remitió copias de
los siguientes actos administrativos encontrados a nombre del demandante:
i) Resolución 5539 del 15 de junio de 1977, expedida por el Ministro de Educación
Nacional, por la cual se causan unas novedades de personal, entre ellas el
33 Información extraída de la Resolución 20932 del 29 de agosto de 2001 (folios 123 a 125).
34 Ibidem.
35 Según se indica en la Resolución RDP033947 de 26 de julio de 2013 (folio 126).
36 Folios 35 y 36.
37 Folios 38 y 38.
38 Auto para mejor proveer proferido el 30 de marzo de 2023 (folios 266 y 267).
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nombramiento del demandante en el cargo de profesor de secundaria en el
Instituto Nacional José María Campo Serrano, de Aguachica (Cesar). Tomó
posesión el 18 de julio de 1977.
ii) Resolución 6847 del 26 de mayo de 1978, por la cual el ministro de Educación
aceptó la renuncia del actor al cargo de profesor del Instituto Nacional José María
Campo Serrano.
iii) Resolución 11533 del 4 de agosto de 1978, expedida por el ministro de
Educación Nacional por la cual se hacen unos nombramientos, entre ellos el del
señor Martínez Maestre como profesor de Enseñanza Secundaria, en la Normal
Nacional de Señoritas de Cúcuta (Norte de Santander). Se posesionó el 6 de
septiembre de 1978.
iv) Resolución 24664 del 27 de diciembre de 1983, por la cual se suspendió
provisionalmente del cargo al actor.
v) Constancia suscrita por la rectora y la pagadora de la Escuela Normal Nacional
María Auxiliadora de Cúcuta, que da cuenta del servicio prestado en dicho plantel
educativo por el señor Martínez Maestre, como profesor de secundaria, nombrado
por Resolución 11533 del 4 de agosto de 1978, desde el 19 de mayo de 1978
hasta el 14 de octubre de 1983, cuando fue retirado del cargo.
2.4. Análisis de la Sala
Con las pruebas documentales previamente relacionadas, se encuentra probado
que el señor Álvaro Antonio Martínez Maestre, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, cumplió con el requisito de edad el
13 de octubre de 1999, fecha en la cual llegó a la edad de 50 años. De igual
manera, no existen reproches sobre la conducta en el desempeño del servicio
docente por el tiempo certificado.
Ahora bien, en cuanto al requisito de 20 años de servicio como docente del orden
territorial y/o nacionalizado, es preciso realizar el análisis de los tiempos que
pretende hacer valer para tal fin, así:
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i) Vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
Mediante Decreto 141 del 26 de febrero de 1970, el gobernador del departamento
del Norte de Santander nombró al actor en el cargo de director de la Escuela
Urbana Mixta No. 39 Los Motilones del municipio de Cúcuta. De ello dan cuenta el
acto de nombramiento y el acta de posesión.
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De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Educación
Departamental, permaneció en dicho plantel hasta el 1 de abril de 1973, cuando
fue trasladado al Colegio Básico Simón Bolívar de Cúcuta, del cual se retiró el 31
de julio de 1977. Laboró en total 7 años, 4 meses y 26 días, así:
✓ Escuela Urbana Mixta 39 Motilones — Cúcuta (nombramiento), desde
el 5 de marzo de 1970 hasta el 1 de abril de 1973 (3 años y 27 días).
✓ Colegio Básico Simón Bolívar - Cúcuta (traslado), desde el 2 de abril
de 1973 hasta el 6 de mayo de 1975 (2 años, 1 mes y 5 días).
✓ Colegio Básico Simón Bolívar- Cúcuta (traslado), entre el 7 de mayo de
1975 y el 31 de julio de 1977 (2 años, 2 meses y 34 días).
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✓
La historia laboral certificada coincide con la constancia expedida por el jefe
de la División Administrativa Docente de la Secretaría de Educación distrital,
como se aprecia a continuación:
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Sin lugar a dudas, la vinculación tiene naturaleza territorial, por cuanto fue
designado por el gobernador, en uso de sus facultades legales, sin la
intervención del Ministerio de Educación Nacional. En ese orden, se puede
inferir razonablemente que se trataba de plazas territoriales por tratarse de
instituciones educativas a cargo del referido ente departamental.
Aunado a ello, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme
a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías,
nacionales y territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente:
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización»
de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los
nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada «pensión gracia», de que trata la
Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116
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de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980,
pues la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme
a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues
la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera
el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna
[…].
Posteriormente, según da cuenta la certificación expedida por la Secretaría de
Educación Departamental39 el 14 de mayo de 2014, el demandante laboró en el
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta, en calidad de nacionalizado, entre
el 9 de marzo de 1978 y el 19 de febrero de 1987, un total de 8 años, 11 meses y
10 días, lapso durante el cual efectuó aportes a la Caja de Previsión
Departamental.
Si bien no se allegó el correspondiente acto de nombramiento, pese a los
reiterados requerimientos efectuados, la Sala puede inferir razonablemente que se
trató de una vinculación nacionalizada, pues no se evidencia que dicha institución
educativa pertenezca al orden nacional, por el contrario, el rector y la secretaria
certificaron que fue creada por medio de la Ordenanza 03 del 14 de marzo de
1911.
39 Folio 57.
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La afirmación de que dicha designación tiene el carácter nacionalizado
encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en
tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43
de 1975». Además, no puede perderse de vista que los aportes pensionales
fueron efectuados a la Caja de Previsión Departamental.
En este punto es oportuno resaltar que la UGPP pretende desestimar el tiempo de
servicio prestado por el demandante antes del 31 de diciembre de 1980, en
consideración a que los documentos aportados por él (decreto de nombramiento
y acta de posesión) no lo fueron mediante copia auténtica u original. No obstante,
como lo indicó el tribunal, esta corporación40 ha señalado que, salvo los
documentos que constituyan título ejecutivo (que deben ser aportados en original
o en copia auténtica), la valoración de las copias simples procede en los mismos
términos que el original, pues se presume su autenticidad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 246 del CGP.41 Sin embargo, tal presunción puede destruirse
si los documentos aportados en copia simple son tachados de falsos.
En este caso, la parte demandada no propuso tacha de falsedad respecto del
decreto de nombramiento y del acta de posesión anteriores al 31 de diciembre de
1980; sino que solo hizo referencia a que tales pruebas no eran del todo legibles.
Una circunstancia que, por lo que a ello concierne, esta Sala pudo superar luego
de comprobar su contenido y advertirlo claro e inteligible.
En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación del señor Martínez
Maestre como docente nacionalizado, antes de 31 de diciembre de 1980, debe ser
tenida en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, pues, contrario a lo
manifestado por la UGPP, el demandante logró demostrarla a partir de la copia
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de
18 de mayo de 2017, expediente 53.240, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Criterio reiterado recientemente
por la Subsección A, en auto de 19 de marzo de 2021, expediente 66.285.
41 Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original,
salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento
podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a
aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
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simple del Decreto 141 de 26 de febrero de 1970 y del Acta de Posesión del 5 de
marzo de 1970, cuya información fue corroborada con las certificaciones
expedidas por la Gobernación de Norte de Santander y la Institución Educativa
Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta.
ii) Vinculación posterior al 31 de diciembre de 1980
Entre el 15 de febrero de 2006 y el 9 de julio de 2010, el demandante estuvo
vinculado con el Distrito Capital como docente provisional, así:42
Resolución Tiempo
nombramiento
Res. 492 del 15 de febrero Nombramiento docente 4 meses y 1 día
de 2006 provisional Hasta el 16 de
junio de 2006
Res.1795 de 16 de mayo Prórroga nombramiento 7 días
de 2006 provisional hasta el 23 de
junio de 2006
Res. 2715 del 17 de julio Nombramiento docente 4 meses y 28 días
de 2006 provisional hasta el 15 de
diciembre de 2006.
Res. 543 del 15 de febrero Nombramiento docente 10 meses y 2 días
de 2007 provisional hasta el 17 de
diciembre de 2007.
Res. 1362 del 29 de abril Nombramiento docente 7 meses, 13 días
de 2008 provisional hasta el 12 de
diciembre de 2008.
Res. 4379 del 11 de Prorroga nombramiento 1 año , 29 días
noviembre de 2008 provisional hasta el 11 de
diciembre de 2009
Res. 2804 del 19 de Prórroga nombramiento 7 meses, 20 días-
noviembre de 2009 provisional hasta el 12 de
julio de 2010 (fecha a partir
de la cual se dieron por
terminados los nombramientos
en provisionalidad.
Total: 3 años, 11 meses
y 10 días
Las designaciones fueron efectuadas por el secretario de Educación Distrital en la
planta de docentes del Distrito de Bogotá, en uso de las atribuciones legales, en
especial las conferidas por la Ley 715 de 2001 y por el Decreto 1278 de 2002, con
42 Folios 64 al 79.
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el fin de garantizar la prestación del servicio público educativo. Se trata, sin duda,
de vinculaciones de naturaleza territorial (distrital), que resultan computables para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, las cuales, además, no fueron
objeto de inconformidad por la parte recurrente.
En este orden, el tiempo de servicio válido para el reconocimiento pretendido es el
siguiente:
TIEMPO
PERÍODOS FECHAS
TOTAL
i) Del 5 de marzo de 1970 al 1 de abril de 1973; ii) Desde
Vinculación anterior al 2 de abril de 1973 hasta el 6 de mayo de 1975; iii) Del 7 16 años,
31 de diciembre de de mayo de 1975 al 31 de julio de 1977; y, iv) del 9 de 4 meses y
1980 marzo de 1978 hasta el 18 de febrero de 1987. 6 días.
Vinculación posterior 3 años,
al 31 de diciembre de Del 15 de febrero de 2006 al 9 de julio de 2010. 11 meses
1980 y 10 días.
20 años,
total 3 meses
y 16 días
El anterior tiempo evidencia una vinculación como docente nacionalizado y
territorial superior a 20 años; sin embargo, el causante no podía acceder a la
pensión gracia, por cuanto la prestación del servicio en el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús fue simultánea con las designaciones que le hizo el
Ministerio de Educación Nacional para ejercer como profesor a partir del 10 de
mayo de 1977 y hasta 14 de octubre de 1983, como lo muestran las siguientes
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Es decir, que el actor incumplió uno de los requisitos establecidos en la Ley
114 de 1913, esto es, demostrar que el interesado «no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional». Al respecto,
esta corporación ha explicado lo siguiente:43
Sin embargo, la subsección advierte que, de conformidad con el artículo 4º de
la Ley 114 de 1913, «Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe», entre otras exigencias, «Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional» (se subraya), la
cual no satisface el accionado, pues a pesar que desde el 1º de septiembre de
1977 hasta el 2 de septiembre de 2003 prestó sus servicios como maestro
territorial en el municipio de San José de Cúcuta44, lo cierto es que para
entonces también devengaba una «recompensa» a cargo de la Nación, es decir,
la asignación que en su condición de pedagogo nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional recibía del erario, motivo por el cual no resulta dable incluir
ese interregno en el cómputo pensional, toda vez que con ello se desconoce la
intención del legislador de «[…] evitar la doble remuneración de carácter
nacional y así garantizar la administración racional de los recursos del Estado,
cumpliendo el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886
(art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art.128), sobre la prohibición de
recibir doble asignación del Tesoro Público […]»45.
Acerca de este tema, la Subsección A de la sección segunda de esta
Corporación, en fallo de 17 de noviembre de 202246, dijo:
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en acápite anterior la pensión
gracia es una dádiva reservada de manera exclusiva por el legislador para los
docentes territoriales y los que posteriormente se nacionalizaron, justificada en
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2023, radicado
54001-23-33-000-2015-00404-01 (1906-2020). Ver también las siguientes sentencias: i) del 17 de
noviembre de 2022, radicado 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017); y ii) del 12 de octubre de
2011, radicado 25000-23-25-000-2009-00537-01 (0350-11).
44 Aspecto que las partes no controvierten.
45 Sentencia C-479 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz, demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1° (parcial) y 4° (numeral 3) de la Ley 114 de 1913.
46 Expediente 76001-23-33-000-2014-01020-01 (2150-2017).
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que sus ingresos eran inferiores a los de sus pares nacionales y, en ese sentido,
el tiempo laborado por un docente con vinculación nacional no es computable
para efectos de completar los 20 años requeridos por la normativa para hacerse
acreedor a dicha prestación.
Conforme a lo anterior, es claro entonces que el tiempo en el que el señor […]
se desempeñó como maestro nacional no puede servir para efectos de
acceder a la pensión graciosa, situación que da lugar a incluir el extremo
que se contrapone como docente nacional y nacionalizado (desde el 30 de
abril de 1987 y el 1.° de febrero de 2014), dado que, tal como lo afirmó el
demandante en libelo de mandatorio y en el recurso de alzada y así se corrobora
con la documentación adjunta, parte del tiempo que laboró como educador para
el municipio de Santander, Cauca (nacional), lo desempeñó de forma paralela
como docente en el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca
(nacionalizado). En otras palabras, a efectos de determinar si el libelista
cumple con los 20 años de servicio no será computable todo el tiempo en
que el libelista trabajó como docente nacional (entre el 1.° de enero de 1977
y el 30 de noviembre de 1991) [sic para toda la cita; se destaca].
En este orden de ideas, se colige que el período durante el cual el demandado
trabajó en forma paralela como docente territorial y nacional (en jornadas
diferentes) no podía ser tenido en cuenta por Cajanal para conceder la pensión
gracia, pues, se reitera, a pesar de que la primera de esas vinculaciones le
permitía obtener (desde luego, junto con los demás requisitos) ese beneficio
excepcional, la segunda lo excluía de dicha posibilidad por expresa disposición
legal.
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, el tiempo en que el
docente prestó simultáneamente sus servicios a la nación y al Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Cúcuta, entre el 9 de marzo de 1978 y el 14 de octubre
de 1983, no resulta válido para acceder a la pensión gracia y, por ende,
únicamente lograría acumular 15 años como profesor territorial y
nacionalizado, de manera que no logra cumplir el tiempo exigido.
En consecuencia, procede revocar la sentencia del a quo y, en su lugar, denegar
las pretensiones de la demanda.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para
imponer condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración
objetiva, en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran
causado y en la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos
como la buena fe o la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para
precisar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá
de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo no se ajustó a las
directrices interpretativas que rigen la situación particular del demandante. Por
este motivo, la Sala procede a revocar la sentencia apelada y no condena en
costas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia del 1 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a
las pretensiones de la demanda. En su lugar,
Segundo. Denegar las pretensiones de la demanda incoada por el señor Álvaro
Antonio Martínez Maestre contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Tercero. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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