Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-02306-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2018-02306-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-02306-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2018-02306-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
Demandado: UGPP
Temas: Contribuciones a salud y pensión (enero a diciembre de 2014).
Rentista de capital. Sujeto pasivo. Obligación de realizar aportes.
Sanción por omisión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante1 y
demandada2 contra la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que resolvió3:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL en lo referente a la sanción por omisión de la
Liquidación Oficial N° RDO-2017-02191 del 12 de julio de 2017, proferida por el Subdirector de
Determinación de Obligaciones de la UGPP y de la Resolución RDC-2018-00636 del 19 de julio
de 2018 proferida por el Director de Parafiscales mediante el cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial N° RDO-2017-02191 del 12 de julio
de 2017 por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que no hay lugar a la sanción
impuesta en los actos que se anulan parcialmente.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas.
CUARTO: NO CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UAE de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) profirió la
Liquidación Oficial RDO-2017-02191 de 12 de julio de 2017 por omisión en la
vinculación y pagos de las contribuciones al sistema de seguridad social integral
(SSSI) a cargo de Eduardo José Restrepo Correa por los períodos de enero a
diciembre de 2014, y lo sancionó por la anterior conducta4.
1
SAMAI Tribunal, indicé 41.
2
SAMAI Tribunal, indicé 40.
3
SAMAI Tribunal, índice 36.
4
SAMAl CE, índice 3. Documento: ED_C01_01 OTROS- CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 3, p.p. 40 a 53.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
El 14 de septiembre de 2017, se interpuso recurso de reconsideración contra el acto
de liquidación, decidido por la Dirección de Parafiscales mediante la Resolución RDC-
2018-00636 de 19 de julio de 2018, en el sentido de confirmar el acto recurrido5.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante
formuló las siguientes pretensiones6:
3.1. Solicito que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
3.1.1. Liquidación Oficial No. RDO-2017-02191 del 12 de julio de 2017, proferida por el
Subdirector de Determinación de Obligaciones de la U.G.P.P.
3.1.2. Resolución RDC-2018-00636 del 19 de julio de 2018, del Director de Parafiscales
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación
Oficial No. RDO-2017-02191 del 12 de julio de 2017.
3.1.3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare
lo siguiente:
3.1.3.1. Que EDUARDO JOSE RESTREPO CORREA NO está obligado a liquidar y pagar
contribución al subsistema de pensión, al NO considerarse sujeto pasivo de dicho tributo.
3.1.3.2. Que EDUARDO JOSE RESTREPO CORREA NO estaría obligado a pagar la sanción
por omisión e intereses de mora.
II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
3.2. En el evento de NO concederse las PRETENSIONES PRINCIPALES, formulo al Honorable
Tribunal las siguientes pretensiones de manera subsidiaria.
3.2.1. Si en gracia de discusión el rentista de capital - como El Contribuyente - es sujeto pasivo
de las contribuciones a los subsistemas de salud, pensión y fondo de solidaridad pensional,
declarar la Excepción de Inconstitucionalidad con la finalidad de aplicar artículo 18 de la Ley
1122 de 2007 a partir de los principios constitucionales igualdad (artículo 13 de la C.N), equidad
tributaria (artículo 363 de la C.N) y legalidad tributaria (artículos 95 - numeral 9 y 338 de la
C.N).
3.2.2. Como una consecuencia de aplicar el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 para la
cuantificación de la base gravable (ingreso base de cotización “IBC”), DEJAR SIN EFECTOS la
determinación oficial efectuada por la U.G.P.P y DETERMINAR judicialmente una nueva
Liquidación Oficial a cargo de El Contribuyente de acuerdo a los ingresos certificados por
contador público, con la finalidad de imponer una carga tributaria justa -razonable, equitativa y
proporcionada que salvaguarde Io previsto en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución
Nacional.
3.2.3. Consecuencialmente aplicar los principios jurídicos - sancionatorios positivizados en el
artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 - norma jurídica que estuvo vigente para los periodos
gravables que integraron el año gravable dos mil catorce (2014) -, en aras de ponderar la
conducta de El Contribuyente para establecer la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción
tributaria impuesta por la U.G.P.P. bajo el régimen de responsabilidad objetiva.
3.2.4. Como consecuencia de la ponderación de la conducta endilgada a El Contribuyente en
virtud de los principios jurídicos establecidos en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012,
5
Ib. Pp.40 a 52.
6
Ib. Pp. 5 y 6.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
REDUCIR la sanción a título de omisión y cuantificarla de manera razonable y sin que llegase a
sobrepasar el valor del tribute determinado judicialmente.
3.2.5 Corolario de las pretensiones subsidiarias, DECLARAR la obligación tributaria a cargo que
le correspondería pagar a El Contribuyente.
3.2.6. Solicito que, de resultar vencida la U.G.P.P y puesta que este proceso se adelanta para
proteger el interés particular de un contribuyente, sea condenada en las costas que se prueben
en este proceso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
Invocó como vulnerados los artículos 4°, 13, 29, 83, 95 numeral 9, 338 y 363 de la
Constitución Política (CP); 107, 683, 742, 744, 745 del Estatuto Tributario (ET); 3°, 7°,
36 y 40 del CPACA; 15,17,33, 34, 64 de la Ley 100 de 1993; 18 de la Ley 1122 de
2007; 179 y 179 numeral 1° y 197 de la Ley 1607 de 2012, 3°, 7° numeral 9 , 36 y 40
de la Ley 1437 de 2011 y 2 literal b) del Decreto 758 de 19907.
Como concepto de violación la parte demandante planteó lo siguiente:
Expedición irregular por indebida motivación. La UGPP no acreditó de manera clara,
concreta, específica y suficiente la obligación de la afiliación al subsistema de pensión
como rentista de capital para el año 2014.
Se vulneró el derecho de defensa y contradicción al omitir valorar los argumentos y
las pruebas aportadas con el recurso de reconsideración, tendientes a demostrar que
era un sujeto excluido de la liquidación y pago de las contribuciones al subsistema de
pensión, dado que pertenecía al régimen de ahorro individual con solidaridad y, para
el año 2014, contaba con un capital acumulado que le garantizaba obtener una
pensión superior al 110% de salario mínimo legal de conformidad con el artículo 64
de la Ley 100 de 1993.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la demandada se limitó a
mencionar que el rentista de capital es un trabajador independiente que tiene la
obligación de cotizar al SSSI desde la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que dicha
obligatoriedad surgió a partir de la Ley 1753 de 2015.
No obligatoriedad de liquidar y pagar la contribución de pensión de los rentistas de
capital. La UGPP fundamentó su decisión en la sentencia de la Corte Constitucional
C-578 de 2009, que hace referencia al artículo 157 de la Ley 100 de 1993 relacionado
con el subsistema de salud y no de pensión. Al efecto, la ley ha previsto la capacidad
de pago como un aporte destinado al financiamiento de subsistema de salud.
Para el año 2014 no estaba la sujeción pasiva para los rentistas de capital de cotizar
a pensión por los 12 periodos fiscales del año 2014, porque la obligación solo fue
establecida a partir de la vigencia del artículo 157 la Ley 1753 de 2015. La ley tampoco
definió de manera clara, expresa e inequívoca quién es trabajador independiente; sin
embargo, la autoridad tributaria desarrolló una interpretación auténtica al respecto, sin
tener en cuenta que esa facultad es únicamente del legislador, con lo cual vulneró el
principio de legalidad.
El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 excluyó expresamente a las personas con
capacidad de pago, consideradas como sujeto pasivo de la contribución al subsistema
de pensión, a los hombres que se afilien por primera vez como trabajador
independiente, cuya edad superara 55 o más años. En todo caso, para los rentistas
7
Ib. Pp. 10.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
de capital la capacidad económica y la actividad económica no son elementos jurídicos
suficientes para determinar el nacimiento de la obligación tributaria.
El contribuyente nunca se afilió al subsistema de pensión como rentista de capital
porque para el año 2014 contaba con 60 años. El artículo 2 literal b del Decreto 758
de 1990 excluye de la afiliación al subsistema de pensión a las personas naturales
que se afilien por primera vez en la categoría de trabajador independiente, teniendo
50 años de edad o más si es mujer, o 55 años de edad o más si es hombre, por lo que
no estaba obligado a realizar contribuciones en el subsistema de pensión para el año
2014, época en la que contaba con 60 años de edad; además, nunca estuvo afiliado
en la categoría de trabajador independiente al mencionado subsistema.
La obligación de realizar las contribuciones al sistema general de pensiones se
termina al momento en que se reúnen los requisitos. Para el año 2014 cumplía con
los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, toda vez se encontraba en
el régimen de ahorro individual con solidaridad con un total de 1.490,15 semanas
cotizadas y contaba con un capital suficiente para acceder a una pensión mensual
superior al 110% del salario mínimo. En todo caso, la ley no le impuso una obligación
adicional para realizar la afiliación y pago de los aportes al SSSI.
Excepción de inconstitucionalidad. De considerarse que es sujeto pasivo de las
contribuciones a los subsistemas de salud y pensión, debe aplicarse la excepción de
inconstitucionalidad y aplicar el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, con el fin de
determinar el ingreso base de cotización en virtud de los principios de igualdad y
equidad tributaria. Pese a que la mencionada norma está direccionada a los
prestadores de servicio, considera que desde un test de ponderación razonable,
proporcionado e idóneo, no está en condiciones de admitir una discriminación para
excluir a las personas naturales que obtuvieron ingresos como rentistas de capital,
máxime cuando se consideran personas naturales que perciben ingresos no laborales.
Atenuación de la sanción. Con fundamento en los principios jurídicos establecidos en
el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, se debe reducir la sanción por omisión y
determinarse a partir de las pretensiones formuladas, sin que exceda el valor del
tributo.
Contestación de la demanda
La UGPP contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y solicitó que se
condenara en costas a la parte demandante con fundamento en lo siguiente 8:
Los actos demandados se encuentran debidamente motivados, en tanto explicaron
las razones por las cuales se deben modificar las contribuciones parafiscales del SSSI,
por lo que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 712 del ET.
Indica que, de las pruebas aportadas, no hay soporte alguno que demuestre que el
demandante tuviera reconocido el estatus de pensionado para el año 2014, por lo que
conforme con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3 de la Ley 797 de
2003 estaba obligado a cotizar al SSSI.
8
Ib. Pp. 200 a 300
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
Además, la mencionada certificación fue expedida el 13 de febrero de 2017, por lo que
para el año 2014 el demandante no era pensionado ni cumplía con los requisitos
exigidos por el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, lo que lleva a la conclusión de que
ese documento es una mera expectativa de acceder a la pensión de vejez, sin que
pueda considerarse como un documento que reconoce que el actor es acreedor de la
mencionada prestación.
La UGPP no es la entidad competente para analizar la historia laboral del actor y
determinar si tenía o no el capital suficiente para acceder a una pensión mensual
superior al 110%, pues en virtud de la carga dinámica de la prueba le correspondía al
demandante desvirtuar lo planteado en los actos acusados, circunstancia que no
aconteció.
Conforme con la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes con capacidad de
pago están en la obligación de afiliarse y cotizar al SSSI en la categoría de rentistas
de capital9 y, para el año 2014, la determinación del ingreso base de cotización se
encontraba establecida en los artículos 15, 17, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993,
33 de la Ley 1438 de 2011, 3 del Decreto 510 de 2003 y 66 del Decreto 806 de 1998.
En la declaración de renta del año 2014, se encontró probado que percibió un total de
ingresos por concepto de renta de $353.543.000, sin que se aportaran documentos
que permitieran deducir del IBC los costos o gastos relacionados con la actividad
económica para su cálculo, por lo que propuso ajustes para cada uno de los periodos
objeto de fiscalización por $15.400.000.
Conforme con la consulta realizada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
actor para el año 2014 contaba con 60 años de edad, por lo que en razón a sus
ingresos y edad cumplía con los requisitos para afiliarse y realizar aportes al
subsistema de pensiones. Además, el aportante se encuentra en estado activo al
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y fue afiliado al subsistema de pensiones
a partir del 1° de abril de 1995, motivo por el cual, al evidenciar que el actor para el
año fiscalizado tenía capacidad de pago estaba obligado a afiliarse y cancelar aportes
a pensión.
No se reúnen los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, toda vez
que no se especificaron los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados.
La sanción por omisión se calculó con fundamento en el artículo 179 de la Ley 1607
de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2014, norma más favorable
para el demandante.
Sentencia apelada
El tribunal anuló parcialmente los actos demandados y, a título de restablecimiento del
derecho, declaró que no hay lugar a la sanción por omisión, sin condenar en costas,
por las siguientes razones10:
9
Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-578 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
10
SAMAI CE, índice 2, documento: ED_SENTENCIA_01SENTENCIA(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
No se configuró la expedición irregular por indebida motivación, porque los actos
acusados plantearon los argumentos que fundamentan la decisión y se resolvieron los
cargos propuestos por el recurrente.
Como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2009 y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en el fallo de 11 de noviembre de 2011 11, en virtud de
los principios de solidaridad y universalidad, las personas con capacidad económica
deben contribuir al SSSI, por lo que el demandante, en condición de rentista de capital,
tenía el deber de aportar al subsistema de pensiones.
La Ley 1753 de 2015 no fue fundamento normativo de los actos acusados y el actor
no estaba excluido de realizar los aportes al subsistema de pensiones como quiera
que no acreditó tener el estatus de pensionado o estar incurso en una causal de
exclusión, por lo que, al contar con capacidad de pago, debe aportar al SSSI.
No es procedente la excepción de inconstitucionalidad para aplicar el artículo 18 a la
Ley 1122 de 2007, porque la norma permite otorgar un límite máximo de cotización
para los contratistas de prestación de servicios, sin que el demandante se encuentre
en tal supuesto.
Por último, declaró la nulidad de la sanción por omisión porque, conforme con la
sentencia 24719 de 11 de noviembre de 202112, la comprensión del demandante
sobre la obligación de aportar al subsistema de pensión era razonable e incurrió en la
errónea creencia de no cometer un comportamiento antijurídico.
Recursos de apelación
El demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revoque y
que, en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones de la demanda13.
El juez de primera instancia no realizó el análisis de los artículos 15 de la Ley 100 de
1993 y 2° del Decreto 758 de 1990, según el cual no se encontraba en la obligación
de afiliarse al subsistema de pensión, toda vez que, para el año 2014, tenía 60 años
de edad y no había estado afiliado al SSSI como trabajador independiente. Además,
le dio trato de trabajador independiente pese a ser rentista de capital, todo para
determinar que estaba obligado a realizar los aportes al subsistema de pensión.
Finalmente, solicitó que se incorpore al proceso la Resolución de Colpensiones No.
2023_140711 de 7 de febrero de 2023, por medio de la cual se le reconoció el pago
de la pensión de vejez.
La demandada impugnó la sentencia de primera instancia en lo relativo a la nulidad
de la sanción por omisión14. Sostuvo que la sentencia apelada es contradictoria por
cuanto reconoce que para el año 2014 el actor tenía el deber de afiliación y pago al
SSSI, pero dispone eliminar la sanción por omisión cuando se encuentra demostrado
que se incurrió en la conducta tipificada como sancionable en el artículo 179 de la ley
1607 de 2012.
11
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00316-01 (24719), C.P. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de noviembre de 2021, exp. 24719, C.P. Myriam Stella Gutierrez
Argüello.
13
SAMAI CE, índice 2, documento ED_RECURSODE_10MEMORIALRECURSOAPE(.pdf) NroActua 2.
14
SAMAI CE, índice 2, documento ED_RECURSODE_06MEMORIALRECURSOAPE(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
Pronunciamientos en segunda instancia
La demandante allegó documento en el que reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación15.
La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la UAE de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
profirió liquidación por omisión en la vinculación y pagos de las contribuciones al
sistema de seguridad social integral (SSSI) a cargo de Eduardo José Restrepo Correa
por los períodos de enero a diciembre de 2014, y lo sancionó por la anterior conducta.
Problema jurídico
El debate jurídico se centra en determinar, conforme a los argumentos de apelación
formulados por las partes demandante y demandada: (i) si el actor, como rentista de
capital para el año 2014, estaba exonerado de aportar al subsistema de pensiones,
de conformidad con lo previsto en los artículos 15 de la Ley 100 de 1993 y 2° del
Decreto 758 de 1990 y (ii) si es procedente la exculpación de la sanción por omisión.
i) Rentista de capital. Obligatoriedad en la afiliación al SSSI. Reiteración
jurisprudencial16
El demandante adujo que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993,
los rentistas de capital no están obligados a realizar aportes al SSSI.
La obligatoriedad en la afiliación es una de las características que rige al sistema de
seguridad social, que encuentra sustento, tratándose del subsistema de salud, en el
literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, según el cual, «[t]odos los habitantes en
Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de
la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de
solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales».
En lo que se refiere a los tipos de participantes, el artículo 157 ibidem dispone que
«todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud», y lo harán como afiliados al régimen contributivo o subsidiado.
Para lo que interesa al presente asunto, los afiliados al régimen contributivo en salud
son «las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados
y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago […]».
15
SAMAI CE índice 12.
16
Sentencia de 07 de diciembre de 2023, exp. 26006, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto. En igual sentido, cfr. las sentencias
de 30 de agosto de 2024, exp. 26718, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, de 11 de octubre de 2024, exp. 26883, CP: Wilson
Ramos Girón y 13 de febrero de 2025, exp. 28624 CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
En igual sentido, el artículo 26 del Decreto 806 de 199817 dispuso que son afiliados al
mencionado régimen, entre otros, «los trabajadores independientes, los rentistas, los
propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no
tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador […]» .
De otra parte, respecto de la obligatoriedad en la afiliación al subsistema de pensión,
los literales a)18 y d) del artículo 13 de la Ley 100 de 199319, en su orden, prevén como
características de este que «la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes
e independientes» y que «la afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen
en esta ley».
El artículo 15 ibidem20 estipula que la afiliación será en forma obligatoria para «[t]odas
aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o servidores públicos. Así mismo, las
personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del
sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes […]».
Nótese que las disposiciones de la Ley 100 de 1993 no se refieren de forma expresa
a los rentistas de capital como sujetos obligados a afiliarse a salud y pensión; no
obstante, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 200921 «[…]
una comprensión amplia de la expresión [se refiere a trabajadores independientes] permite incluir
dentro de tal concepto el de “rentistas” tal como en su momento lo señaló el Decreto 3063 de 1989, en
su artículo 15, según el cual es trabajador independiente toda “persona natural que ejerce personal y
directamente una profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin
sujeción a contrato de trabajo”, con lo cual se concluye que la expresión trabajadores independientes
incluye a todas las personas económicamente activas» [subraya original].
En ese contexto, partiendo de la interpretación que realizó la Corte Constitucional de
la expresión «trabajadores independientes» y del análisis de legalidad hecho por esta
corporación, se tiene que los rentistas de capital están obligados a afiliarse al régimen
contributivo en salud y al de pensión, en atención a que son personas
económicamente activas, posición que materializa los principios de universalidad y
solidaridad.
Así, teniendo en cuenta que el actor es un rentista de capital -hecho no discutido-, es
claro para la Sala que, para la época de los hechos en cuestión, estaba obligado a
afiliarse y cotizar a los subsistemas de salud y pensión, pues según quedó expuesto,
uno de los elementos determinantes es que se trate de personas económicamente
activas, que tengan capacidad de contribuir al financiamiento y sostenibilidad del
sistema, como ocurre con los rentistas de capital. En consecuencia, no prospera el
cargo de apelación.
ii) Exclusión de la obligación de cotizar al sistema de pensiones
El actor sostiene que conforme con en el literal b) del artículo 2 del Decreto 758 de
1990 se encuentra excluido de realizar aportes al subsistema de pensión porque para
17
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
18
Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo.
19
Modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.
20
Modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. La expresión «trabajadores independientes» contenida en el numeral 1 del
mencionado artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, MP: Mauricio González
Cuervo.
21
MP: Juan Carlos Henao Pérez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
el año 2014 tenía 60 años de edad y nunca estuvo afiliado en la categoría de
trabajador independiente.
Teniendo en cuenta que el apelante se refiere al alcance del literal b) del artículo 2 del
Decreto 758 de 1990, en torno a una aparente «exclusión» de la obligación de afiliarse
y aportar al sistema pensional, la Sala analizará la norma para verificar la finalidad que
cumple ese mandato y si es o no aplicable al caso particular, considerando la
sentencia con similitudes fácticas y jurídicas al presente22, exp. 26868 de 2024, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
El literal b) del artículo 2° del Decreto 758 de 1990 entró a regir para cuando en materia
de seguridad social solo existía el régimen de prima media y establecía que estaban
exentos del subsistema pensional, entre otros, «b. Los trabajadores independientes que se
afilien por primera vez con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es
varón».
Con la Ley 100 de 1993 se implementó el régimen dual que permitió la operación, de
además del régimen anterior, del régimen de ahorro individual con solidaridad,
respecto del cual, ante las posibilidades de traslado entre regímenes, en el artículo 61
estableció los criterios de exclusión de realizar aportes de la siguiente manera: «[e]stán
excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: (…) b. Las personas que al entrar en
vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta
(50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500)
semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes
correspondientes».
En ese sentido, la Sala advierte que en este caso no es aplicable el literal b) del artículo
2 del Decreto 758 de 1990 y tampoco puede sustraerse del deber al tenor del criterio
de exclusión previsto en la Ley 100 de 1993 -art. 61, literal b)- porque, conforme con el
certificado de la información de historia laboral emitida por Colpensiones, el
demandante se afilió al subsistema pensional desde el año 1995 23, sin que para esa
fecha haya tenido 55 años o más de edad -tenía 41 años-, considerando que su año
de nacimiento fue 1954, por lo que no se encontraba excluido de realizar aportes al
subsistema de pensión.
Por otro lado, se advierte que en el segundo inciso del artículo 17 de la Ley 100 de
1993, se prevé que “(…) La obligación de cotizar cesa al momento en que el
afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o
cuando se pensione por invalidez o anticipadamente. (…)”. Conforme obra en el
expediente, si bien el actor estuvo afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección, bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad, el cual permite la
obtención de pensión anticipada, en observancia del artículo 64 ibidem24, no obtuvo
22
Sentencia de 11 de octubre de 2024, exp. 26868, C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto, reiterada en sentencia del 27 de
febrero de 2025, exp. 28995, C.P. Wilson Ramos Girón.
23 23
SAMAl CE, índice 3. Documento: ED_C01_01 OTROS- CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 3, p.p. 29.
24
Art. 64, Ley 100 de 1993.«REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado
en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Indice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a
éste <sic> hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por
continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal
o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad
si es hombre.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
tal reconocimiento para el año en discusión e incluso, en el certificado allegado por
Protección, además de no suministrar información respecto de la posibilidad de
acceder a la pensión anticipada del 110% del salario mínimo por capital acumulado,
después de referirse a las diversas variables que se requieren para los cálculos
pensionales en el citado régimen, se concluye que no es posible brindar la información
solicitada por el actor a la fecha de su solicitud. Sin embargo, confirma la entidad
administradora de pensiones privada que, aunque proyecta meras aproximaciones
debido a que dependen de factores cambiantes constantemente, a la edad de 62 años,
el afiliado podría contar con una prestación económica, si continúa como cotizante
activo, situación que no ocurrió puesto que el actor finalmente se trasladó al régimen
de prima media para obtener una pensión de vejez reconocida por Colpensiones
mediante Resolución 2023_140711 del 7 de febrero de 2023, a partir del 3 de enero
de 2020, con posterioridad al periodo en discusión.
Corolario de lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
iii) Sanción por omisión
El tribunal, en aplicación de la sentencia de 11 de noviembre de 2021 de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado25, declaró la nulidad de la sanción por omisión impuesta
al demandante, pues consideró que su comprensión sobre la obligación de aportar en
el subsistema de pensión fue razonable.
La UGPP sostuvo que no había lugar a la nulidad de la sanción por omisión, por cuanto
se encontró probado que el actor incurrió en la conducta tipificada como sancionable
en el artículo 179 de la ley 1607 de 2012.
Al respecto, la Sala advierte que si bien la sanción por omisión del artículo 179 de la
Ley 1607 de 2012 –modificada por el artículo 314 de la ley 1819 de 2016- en principio
es procedente, por cuanto el actor incurrió en dicho supuesto, lo cierto es que, como
lo ha señalado esta Sección «el reconocimiento del error sobre el derecho como causal de
exoneración de responsabilidad punitiva es connatural a todo el andamiaje sancionador tributario, ya
sea que la legislación lo reconozca explícitamente o que omita mencionarlo en el texto de las normas
sancionadoras. Si no fuera así, se estarían habilitando de manera inconstitucional formas de
responsabilidad objetiva en las que la sanción surgiría como la simple consecuencia de la adecuación
de la conducta ocurrida con la descrita en el tipo infractor»26.
En ese sentido, para aplicar esta causal «no basta entonces, para exculpar, que se advierta en
el caso la existencia de una mera “diferencia de criterios” entre los sujetos de la relación jurídica
tributaria. Para el régimen sancionador es irrelevante que las posiciones jurídicas de los sujetos de la
relación tributaria sean discrepantes; ese dato viene dado en la medida en que acreedor y deudor del
tributo interpretan desde su posición e interés jurídico las normas que deben aplicar. Si no hubiera
diferencia de criterios, sencillamente no habría debate alguno sobre la cuantificación del tributo y, por
tanto, no habría infracción. Lo determinante con miras a exonerar de la reacción punitiva es establecer
si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión
sobre la interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos,
el cual propició en él la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico»27
En el caso, contrario a lo afirmado por la UGPP, si bien para el año 2014 el actor tenía
el deber de afiliación y pago al SSSI, lo cierto es que la Sala observa que, como lo
sostuvo el tribunal, los argumentos que llevaron al demandante a no realizar dichos
aportes se basan en una interpretación razonable que generaron la errónea creencia
25
Exp. 24719, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Sentencia de 11 de junio de 2020, exp. 21640 C.P, Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Ib.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
de no incurrir en un comportamiento antijurídico y, en ese sentido, se encuentra
eximido de responsabilidad frente a la sanción.
En efecto, para la época de los hechos, la ley no hizo mención expresa relacionada
con los rentistas de capital, sino frente a los trabajadores independientes, expresión
que, como se explicó con anterioridad, de acuerdo con una interpretación amplia y de
integración normativa de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100, permitió a esta
Sección determinar que se incluyen aquellos que no cuentan con un contrato de
trabajo o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago para
financiar el sistema, como lo son los rentistas de capital, entre otros, razón por la cual,
para la Sala el juicio de compresión sobre la obligación del demandante fue razonable
y constituye el error alegado que lo exculpa de la sanción por omisión impuesta .
Así las cosas, no prospera el cargo de apelación y la Sala confirmará la sentencia
apelada en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos en lo relacionado con
la sanción por omisión impuesta al demandante
Costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, y teniendo en cuenta el criterio de la Sala, no se condenará
en costas toda vez que no está probada su causación.
Conclusión
La Sala establece que conforme con los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de
1993, la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2009 y el
criterio unificado de esta Sección, los rentistas de capital con capacidad contributiva
para el año 2014, se encontraban obligados a afiliarse y a realizar aportes al SSSI.
Se advierte que, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 2° del Decreto 758
de 1990 y el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, no procede la omisión de
afiliación y pago al subsistema de pensiones, alegado por el actor, dado que consta
que se afilió desde el año 1995, sin que para esa fecha haya tenido 55 años o más de
edad, pues para el año 2014 contaba con 41 años de edad y no tenía estatus de
pensionado, por lo que le asistía el deber de realizar aportes al subsistema de pensión.
Se concluye que procede la revocatoria de la sanción por omisión impuesta al
demandante, comoquiera que el criterio del actor para no realizar los aportes al SSSI
fue razonable y propició a la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento
antijurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02306-01 (28002)
Demandante: Eduardo José Restrepo Correa
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.