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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08022-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08022-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 08022 01 Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08022-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 08022 01
Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de tutela de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 12 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Adriana María Zamorano, actuando a través de apoderada, interpuso acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Cali y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. TUTELAR los derechos fundamentales descritos en la presente acción
trasgredidos a ADRIANA MARIA ZAMORANO HINCAPIE, vulnerados por el
Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al expedir las sentencias de fecha Sentencia de once (11) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y el día junio trece (13) de dos mil
veinticinco (2025) respectivamente, contrariando de manera directa el artículo 338
de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por los principios de
Legalidad Tributaria, Certeza Tributaria y Reserva de Ley.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió el 13 de junio de 2024 (sic) y,
en consecuencia, profiera una decisión de reemplazo, en la que tenga en
consideración los argumentos que sustentan la presente acción constitucional,
asociadas a que no es procedente equiparar los rentistas de capital a trabajadores
independientes. Subsidiariamente, de considerar que procede tal equiparación,
Aplicar las mismas reglas de cotización de los trabajadores independientes al

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08022 00

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Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

rentista de capital, lo cual supone que deban realizar aportes sobre el 40% del
valor de los ingresos mensualizados, y

(ii) En el caso de mi poderdante, el criterio para no realizar los aportes estaba
asociado a que era una persona que ya había cumplido la edad de pensión sin
cumplir los requisitos para acceder a una indemnización sustitutiva, de ahí que
actuó bajo el convencimiento -o la «errónea creencia» que no debía realizar tales
aportes, sin que su conducta pudiera considerarse antijuridico, de modo que no
era procedente imponerle la sanción por inexactitud u omisión. Criterio que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado reconoció en sentencia 05001-23 33-000-
2018-02306-01 (28002) Consejero Ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La señora Adriana María Zamorano Hincapié informó que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante
Liquidación Oficial núm. RDO-2018-00245 del 2 de febrero de 2018, le ordenó pagar
aportes al sistema de salud y pensión por valor de $31.712.400 y le impuso una sanción
por inexactitud de $21.098.400.

Señaló que interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto, el cual fue resuelto
mediante la Resolución núm. RDC-2019-00094 de 1.º de febrero de 2019, que confirmó
en su integridad la precitada liquidación oficial.

Manifestó que, inconforme con esas decisiones, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener
la nulidad de los referidos actos administrativos.

Precisó que el asunto correspondió al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de
Cali, autoridad que, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda. Agregó que interpuso recurso de apelación contra esa
decisión y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por sentencia del 13 de
junio de 2025, notificada el 17 de junio siguiente, la confirmó.

Adujo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, por cuanto
avalaron la interpretación según la cual los rentistas de capital debían asimilarse a
trabajadores independientes con capacidad de pago y que, en consecuencia, estaban
obligados a cotizar al sistema de salud y pensión, pese a que, en su criterio, ninguna
norma con rango legal establece de manera expresa esa equiparación. Asimismo,
sostuvo que con ello se desconocieron los principios de no tributación sin representación,
legalidad, reserva de ley y certeza tributaria previstos en el artículo 338 de la Constitución.

Expuso que las autoridades judiciales extendieron indebidamente el alcance de las
normas que regulan la afiliación y cotización de los trabajadores independientes a un
supuesto que no fue previsto expresamente por el legislador, como lo es el de los
rentistas de capital.

Añadió que, aun en el evento en que se admitiera dicha inclusión, las providencias
acusadas omitieron analizar dos aspectos que consideró relevantes: de una parte, que
no resultaba procedente aplicar al rentista de capital las mismas reglas de cotización
previstas para los trabajadores independientes y, de otra, que no había lugar a imponer

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la sanción, dado que actuó bajo la convicción de que no estaba obligada a efectuar tales
aportes, por haber cumplido la edad de pensión sin reunir las condiciones para acceder
a una indemnización sustitutiva.

Afirmó que las sentencias accionadas desconocieron el precedente judicial de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en particular el fijado en la sentencia proferida dentro del
radicado 05001 23 33 000 2018 02306 01 (28002), en la que, según expuso, se reconoció
que, aun cuando los rentistas de capital pueden estar obligados a cotizar, debe
examinarse de manera diferenciada la procedencia de las sanciones cuando la conducta
del aportante se funda en una interpretación razonable del ordenamiento. A su juicio, ese
criterio no fue tenido en cuenta al momento de proferirse la sentencia de segunda
instancia.

En cuanto a los requisitos de procedibilidad, sostuvo que la acción de tutela era
procedente porque la cuestión planteada tenía relevancia constitucional, en tanto
comprometía sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia.

De igual forma, anotó que cumplía el requisito de inmediatez, por cuanto la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 13 de junio de 2025 y notificada el 17 de junio siguiente,
y que también se satisfacía la subsidiariedad, dado que agotó la totalidad de los
mecanismos ordinarios de defensa, tanto en sede administrativa como judicial, sin contar,
en su criterio, con otro medio eficaz para obtener la protección de sus garantías
fundamentales.

Finalmente, indicó que la tutela resultaba necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, pues con la decisión adoptada en segunda instancia culminó
definitivamente el proceso promovido contra la UGPP, manteniéndose una carga
económica que estimó contraria a la Constitución.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 15 de diciembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Quinta de esta Corporación que, por auto del 15 de enero de 20263 la admitió y
dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, como partes accionadas; así como vincular a
la UGPP como tercero con interés en la resulta del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Cali y
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 76001 33 33
016 2019 00168 00/01.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.
4 Esta orden se cumplió el 19 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 08022 00.

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3.2. El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia cuestionada rindió
informe5 en el que solicitó negar el amparo, al considerar que no se configuró vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

Señaló que las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho fueron adoptadas con apego a la Constitución, la ley y la jurisprudencia
aplicable, previa valoración integral del expediente y de las pruebas, con garantía del
derecho de defensa y contradicción.

Indicó que la decisión se fundamentó en precedentes del Consejo de Estado conforme a
los cuales la expresión “trabajadores independientes”, prevista en la Ley 100 de 1993,
comprende a los rentistas de capital como personas económicamente activas obligadas
a cotizar al sistema de seguridad social.

3.3. La apoderada de la UGPP6 solicitó negar o declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
accionante.

Indicó que no se cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la tutela se dirige contra
decisiones proferidas el 11 de septiembre de 2024 y el 13 de junio de 2025, superando
el término razonable sin justificación.

Señaló que las providencias cuestionadas fueron adoptadas con respeto del debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia, en tanto la
accionante agotó los medios de defensa ordinarios y obtuvo decisiones motivadas
conforme al material probatorio y al marco normativo aplicable.

Afirmó que el asunto hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que la tutela no puede utilizarse
como una instancia adicional para reabrir el debate judicial.

Finalmente, sostuvo que no se configura defecto alguno ni vulneración de derechos
fundamentales y que las actuaciones adelantadas por la entidad se ajustaron al
ordenamiento jurídico, razón por la cual solicitó negar el amparo o, subsidiariamente, su
desvinculación del trámite.

3.4. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali remitió el expediente
solicitado7, pero no se pronunció sobre los hechos de la tutela.

3.5. La Consejera de Estado Gloría María Gómez Montoya8, manifestó impedimento para
conocer del presente asunto, al considerar que se encuentra incursa en la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión
del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior, por cuanto señaló que sostiene una relación de amistad íntima con la doctora
Zoranny Castillo Otálora, quien suscribió la providencia del 13 de junio de 2025 objeto de

5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.
6
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 08022 00.
7 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.
8 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.

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Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
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la presente acción de tutela, razón por la cual puso en conocimiento dicha situación para
que la Sala decida lo correspondiente.

3.6. Mediante providencia del 12 de febrero de 20269, la Sala de Decisión de la Sección
Quinta declaró infundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado Gloria
María Gómez Montoya, al considerar que no se configuró la causal prevista en el numeral
5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Señaló que, si bien la magistrada manifestó tener una relación de amistad con una de las
integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que suscribió la providencia
cuestionada, dicha circunstancia no encuadra en la causal invocada, por cuanto esta
exige que la relación exista respecto de una de las partes o intervinientes en el proceso,
lo cual no ocurre en el presente asunto.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.

Inicialmente, expuso que la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un
juicio de validez y no una instancia adicional para controvertir interpretaciones jurídicas o
valoraciones probatorias realizadas por el juez natural, especialmente cuando se trata de
decisiones adoptadas por órganos de cierre.

En el caso concreto, advirtió que la accionante sustentó la vulneración en la configuración
de un defecto sustantivo, al cuestionar la interpretación según la cual los rentistas de
capital están obligados a cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral, por considerar
que dicha equiparación carece de sustento legal y desconoce los principios de legalidad,
reserva de ley y certeza tributaria.

Asimismo, indicó que la actora alegó un yerro adicional al no aplicarse reglas más
favorables de cotización ni excluir la sanción por inexactitud, pese a que, en su criterio,
actuó bajo una interpretación razonable del ordenamiento.

Frente a estos planteamientos, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
al resolver la apelación, concluyó que la accionante sí estaba obligada a cotizar, al
considerar que los rentistas de capital se encuentran comprendidos dentro del concepto
de trabajadores independientes como personas económicamente activas con capacidad
de pago, con fundamento en una interpretación amplia del régimen contributivo y en
precedentes del Consejo de Estado.

A partir de ello, la Sala concluyó que los reproches de la accionante evidencian una
inconformidad con la interpretación normativa adoptada por el juez natural, en particular
respecto de su calidad como sujeto pasivo, la determinación del ingreso base de
cotización y la procedencia de la sanción, aspectos que fueron analizados y decididos en
el proceso ordinario.

En ese sentido, precisó que no se acreditó la configuración de un defecto con relevancia
constitucional ni una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales

9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.

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invocados, sino que la acción de tutela pretende reabrir un debate jurídico ya concluido,
lo cual resulta improcedente en este mecanismo.

Por lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual la declaró improcedente.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó
solicitando su revocatoria, al considerar que sí se cumple el requisito de relevancia
constitucional y que, en consecuencia, debía realizarse un estudio de fondo de la solicitud
de amparo.

Manifestó que la decisión impugnada desconoció los criterios fijados por la Corte
Constitucional para evaluar dicho requisito, particularmente los desarrollados en las
sentencias SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, según los cuales la acción de tutela contra
providencias judiciales procede cuando el asunto tiene entidad constitucional, trasciende
una discusión meramente legal y comporta una afectación desproporcionada de
derechos fundamentales.

Sostuvo que, contrario a lo señalado por la Sala, la controversia planteada no se limita a
un desacuerdo interpretativo, sino que involucra la vulneración directa del artículo 338 de
la Constitución Política y de los principios de legalidad tributaria, reserva de ley y no
tributación sin representación, en la medida en que las autoridades judiciales avalaron la
inclusión de los rentistas de capital como sujetos obligados a cotizar sin que exista una
disposición legal expresa que así lo establezca.

Adujo que dicha interpretación no solo tiene efectos en su situación particular, sino que
impacta a una categoría amplia de contribuyentes, por lo que no puede considerarse una
discusión de carácter meramente individual o económico.

Asimismo, indicó que se configura una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales, en tanto se le impusieron obligaciones y sanciones sin sustento legal
claro, sin aplicar reglas más favorables de cotización ni valorar la errónea creencia en la
que fundó su conducta.

Frente a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, señaló que no pretende reabrir
el debate jurídico propio del proceso ordinario, sino cuestionar una interpretación judicial
que desconoce parámetros constitucionales, lo cual habilita excepcionalmente la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Finalmente, sostuvo que también se cumplen los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, por cuanto agotó los mecanismos ordinarios de defensa y la acción de tutela
se presenta como el medio idóneo para evitar la consolidación de la vulneración alegada,
razón por la cual reiteró su solicitud de que se revoque la decisión impugnada y se estudie
de fondo el asunto.

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5.2. Por auto proferido el 25 de febrero de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de marzo de 202611.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

6.2.1. La señora Adriana María Zamorano Hincapié presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el
fin de que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial núm. RDO-2018-00245 del 2
de febrero de 2018 y de la Resolución núm. RDC-2019-0094 del 1.º de febrero de 2019,
mediante las cuales se le ordenó pagar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
por el año 2014 y se le impuso sanción por omisión e inexactitud.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito de Cali que, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2024, negó las
pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de
junio de 2025, la confirmó.

10 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 00.
11 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 08022 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76001 33 33 016 2019 00168 01.

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6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]17.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 19. De manera

17 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
18 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
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que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que20:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están encaminadas a cuestionar la interpretación jurídica
adoptada por el juez natural en relación con la obligación de los rentistas de capital de
cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral, así como la procedencia de la sanción
impuesta por la UGPP.

20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 08022 01
Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

En igual sentido, alegó el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, según
el cual, aun cuando los rentistas de capital pueden estar obligados a cotizar, debe
analizarse de manera particular la procedencia de las sanciones cuando el aportante
actúa bajo una interpretación razonable del ordenamiento jurídico.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la accionante pretende cuestionar lo decidido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 13 de junio de 2025
e insistir en que no estaba obligada a realizar aportes al sistema de seguridad social en
pensión, o que estos debían liquidarse bajo parámetros distintos, así como en la
improcedencia de la sanción impuesta, aspectos que ya fueron objeto de debate.

En dicha providencia, el Tribunal concluyó que la demandante sí estaba obligada a cotizar
al Sistema de Seguridad Social Integral, al considerar que los rentistas de capital se
encuentran comprendidos dentro del concepto de trabajadores independientes como
personas económicamente activas con capacidad de pago, con fundamento en el
régimen contributivo y en precedentes del Consejo de Estado. Asimismo, determinó que
no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP, razón
por la cual confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

En ese sentido, la inconformidad de la parte actora no plantea un problema de relevancia
constitucional, sino un desacuerdo con las conclusiones adoptadas por el juez natural, lo
cual desborda el ámbito de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Cabe recordar que el proceso judicial tiene como finalidad resolver la controversia
planteada por las partes a partir de las pruebas y las normas aplicables, y que el juez
decide en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley. Por ello, no corresponde al juez de tutela reexaminar dichas decisiones ni sustituir
al juez natural en la valoración jurídica del caso.

Asunto distinto se presentaría si la decisión cuestionada se apartara del debate planteado
y afectara el derecho de defensa; sin embargo, ese no es el supuesto en el presente
caso, pues no se evidencia que las autoridades judiciales se hayan apartado de los
hechos o del marco jurídico propuesto en el proceso ordinario.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará el fallo de
primera instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

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Accionante: Adriana María Zamorano Hincapié
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 23 de abril
de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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