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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08022-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08022-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Adriana Zamorano por no superar el requisito de relevancia 3 Sentencia SU-215 de 2022 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Adriana Maria Zamorano Demandados: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca Y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-08022-00 constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-08022-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de febrero de 2026

Demandante: Adriana Maria Zamorano
Demandados: Tribunal Administrativo Del Valle Del
Cauca Y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08022-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
​ ​
Referencia:​ ACCIÓN DE TUTELA
Radicación:​ 11001-03-15-000-2025-08022-00
Demandante:​ ADRIANA MARÍA ZAMORANO
Demandados:​ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Temas: ​ Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
no superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Adriana María Zamorano, por conducto de apoderada judicial,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca y del Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali, con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de las providencias del 11 de
septiembre de 2024 y el 13 de junio de 2025, por medio de los cuales las
autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el número
76001333301620190016800, manteniendo en firme los actos administrativos
expedidos por la UGPP (Liquidación Oficial No. RDO-2018-00245 del 02/02/2018
y Resolución RDC-2019-00094 del 01/02/2019).

1.2. Pretensiones

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Adriana Maria Zamorano
Demandados: Tribunal Administrativo Del Valle Del
Cauca Y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08022-00

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia de la accionante Adriana
María Zamorano Hincapié, los cuales resultan vulnerados por las decisiones
judiciales cuestionadas, al contrariar de manera directa el artículo 338 de la
Constitución Política y los principios de legalidad tributaria, certeza tributaria y
reserva de ley.

SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efectos las providencias proferidas por
(i) el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali el 11 de septiembre de 2024,
y (ii) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 13 de junio de 2025
(notificada el 17 de junio de 2025), dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 76001-33-33-016-2019-00168-00.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profiera
una decisión de reemplazo en la que se valore y resuelva de manera expresa la
controversia constitucional planteada, particularmente en lo relativo a que no
resulta procedente equiparar a los rentistas de capital con los trabajadores
independientes como sujetos pasivos obligados a cotizar, en los términos
expuestos en la acción de tutela.

CUARTO: De forma subsidiaria en el evento de considerarse jurídicamente
viable dicha equiparación, ordenar que se apliquen al rentista de capital las
mismas reglas de cotización de los trabajadores independientes, esto es, que el
ingreso base de cotización se determine sobre el 40% del valor de los ingresos
mensualizados, conforme lo solicita la accionante.

1.3. Hechos

La parte actora expuso que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
adelantó en su contra un proceso de fiscalización por el presunto incumplimiento
en la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de la Protección Social, en su
condición de persona natural declarante del impuesto sobre la renta.

Indicó que, como resultado de dicho proceso, la UGPP expidió la Liquidación
Oficial No. RDO-2018-00245 del 2 de febrero de 2018, mediante la cual
determinó a su cargo la obligación de pagar aportes al sistema de salud y
pensión por la suma de $31.712.400, así como una sanción por inexactitud por
valor de $21.098.400, al considerar que la actora, en su calidad de rentista de
capital, debía asimilarse a un trabajador independiente con capacidad de pago.

Señaló que interpuso oportunamente recurso de reconsideración contra la
referida liquidación oficial, el cual fue resuelto por la UGPP mediante la
Resolución No. RDC-2019-00094 del 1.º de febrero de 2019, confirmando en su
integridad el acto administrativo inicialmente proferido.

Manifestó que, inconforme con dichas decisiones administrativas, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado 16
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Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso radicado
76001-33-33-016-2019-00168-00, solicitando la nulidad de los actos expedidos
por la UGPP y el restablecimiento de sus derechos, bajo el argumento de que las
normas aplicables no consagran de manera expresa a los rentistas de capital
como sujetos obligados a cotizar al sistema de seguridad social en salud y
pensión.

Explicó que, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2024, el Juzgado 16
Administrativo del Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda, al
considerar ajustada a derecho la interpretación realizada por la UGPP y al
estimar que los rentistas de capital se encuentran comprendidos dentro del
concepto de trabajadores independientes, con base en una interpretación amplia
de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia constitucional.

Indicó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de junio de 2025,
notificada el 17 de junio del mismo año, confirmó el fallo de primera instancia,
manteniendo en firme los actos administrativos demandados.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante sostuvo que las providencias proferidas por el Juzgado 16
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrieron en un defecto sustantivo, al fundamentar sus decisiones en una
interpretación normativa que desconoció de manera directa el artículo 338 de la
Constitución Política, así como los principios de legalidad tributaria, certeza y
reserva de ley.

Explicó que las autoridades judiciales accionadas avalaron la equiparación del
rentista de capital con el trabajador independiente como sujeto pasivo obligado a
cotizar al sistema de seguridad social en salud y pensión, pese a que ninguna
norma con rango legal establece de manera expresa dicha asimilación, lo cual
resulta inadmisible en materia tributaria y parafiscal, donde los elementos
esenciales del tributo deben estar claramente definidos por el legislador.

Afirmó que esta interpretación desborda el margen razonable de interpretación
jurídica, pues atribuye efectos jurídicos a una norma que no se adecúa a la
situación fáctica regulada, configurando una aplicación manifiestamente errada
del derecho y una creación judicial de obligaciones contributivas, prohibida por la
Constitución.

La accionante alegó también que las decisiones judiciales cuestionadas
incurrieron en una violación directa de la Constitución, al contrariar el contenido
del artículo 338 de la constitucion politica, que reserva al legislador la
determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones fiscales y
parafiscales.

Indicó que, al permitir que la administración y el juez definieran el alcance
subjetivo de la obligación de cotizar mediante interpretaciones extensivas, se

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vació de contenido el principio democrático de no tributación sin representación,
se afectó la seguridad jurídica y se desconoció el derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la accionante, las providencias acusadas desconocieron el
precedente judicial, particularmente fijado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en el que se ha reconocido que, aun admitiendo la inclusión de los
rentistas de capital dentro del régimen contributivo, deben analizarse de manera
diferenciada las reglas de determinación del ingreso base de cotización y la
procedencia de las sanciones, especialmente cuando la conducta del
contribuyente se funda en una interpretación razonable del derecho vigente.

Sostuvo que los jueces accionados omitieron realizar dicho análisis, pese a
haber sido solicitado de manera expresa en la demanda y en el recurso de
apelación, sin ofrecer una justificación suficiente para apartarse de ese criterio
jurisprudencial.

Finalmente, sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron el
principio pro actione y el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, al cerrar de manera definitiva el debate judicial mediante una
interpretación restrictiva y desfavorable de las normas aplicables, sin ponderar
adecuadamente el impacto constitucional de la decisión ni la inexistencia de otro
medio judicial eficaz para controvertir la afectación patrimonial sufrida.

En ese sentido, afirmó que la acción de tutela se configura como el único
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la consolidación de una vulneración
constitucional derivada de una interpretación judicial incompatible con los
principios superiores que rigen el sistema tributario y parafiscal.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 15 de enero de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca y al Juzgado dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Cali

También se ordenó vincular al director de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
como tercero en atención al interés que le asiste en las resultas de este proceso.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por intermedio del magistrado
Víctor Adolfo Hernández Díaz, al rendir informe dentro de la presente acción de
tutela, solicitó negar el amparo constitucional, al considerar que no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Señaló que las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
76001-33-33-016-2019-00168-00 fueron adoptadas con estricto apego a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable.

Explicó que la Sala efectuó un análisis integral del expediente y de las pruebas
allegadas oportunamente, garantizando en todo momento el derecho de defensa
y contradicción de las partes. Indicó que la decisión cuestionada se fundamentó
en precedentes reiterados del Consejo de Estado, conforme a los cuales la
expresión “trabajadores independientes” prevista en la Ley 100 de 1993 admite
la inclusión de los rentistas de capital, en la medida en que se trata de personas
económicamente activas con capacidad de pago, obligadas a contribuir a los
subsistemas de salud y pensión.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de su Subdirectora
Jurídica de Defensa Judicial Pensional, solicitó negar o declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

Indicó, en primer lugar, que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, pues
se dirige contra sentencias proferidas el 11 de septiembre de 2024 y el 13 de
junio de 2025, sin que la accionante hubiere justificado razonablemente la
interposición tardía del mecanismo constitucional. En ese sentido, sostuvo que la
acción se promueve por fuera del término razonable fijado por la jurisprudencia
constitucional.

Afirmó, adicionalmente, que las decisiones judiciales cuestionadas fueron
adoptadas con pleno respeto del debido proceso, el derecho de defensa y el
acceso a la administración de justicia, toda vez que la accionante hizo uso de los
medios de control ordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011, así como del
recurso de apelación, obteniendo pronunciamientos motivados y congruentes
con el acervo probatorio y el marco normativo aplicable.

Sostuvo que el asunto objeto de controversia hizo tránsito a cosa juzgada, por lo
que la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo para reabrir
un debate ya definido en sede judicial, ni como una instancia adicional para
cuestionar interpretaciones jurídicas razonables adoptadas por los jueces
naturales del proceso.

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Finalmente, precisó que las actuaciones administrativas adelantadas por la
UGPP y los actos expedidos dentro del proceso sancionatorio se ajustaron al
ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual no es posible predicar la
existencia de un defecto fáctico, sustantivo o procedimental, ni la vulneración de
los derechos fundamentales alegados. En consecuencia, solicitó que se niegue
el amparo solicitado o, subsidiariamente, que se desvincule a la UGPP de la
presente acción constitucional.

1.7 Manifestación de impedimento

El 12 de febrero de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó
su impedimento para conocer del asunto de la referencia, al considerar que se
encontraba incursa en la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, debido a la relación de amistad íntima que
sostiene con la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien suscribió la
providencia del 13 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, objeto de controversia dentro de la presente acción de tutela.

Sin embargo, mediante auto de la misma fecha, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró infundado el impedimento, al concluir que no se configuraban
los supuestos de hecho de la causal invocada, por cuanto la magistrada con
quien se alega la relación de amistad no ostenta la calidad de parte, denunciante
o víctima dentro del proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la revisión del escrito de tutela se advierte que la solicitud se dirige contra el
Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con ocasión de las sentencias proferidas el 11 de septiembre de
2024 y el 13 de junio de 2025, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Adriana María Zamorano
Hincapié

Al respecto, se precisa que el análisis constitucional se centrará principalmente
en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
su condición de juez de segunda instancia, por tratarse de la decisión judicial
que definió de manera definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

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Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia de la señora Adriana María Zamorano Hincapié,
con ocasión de la sentencia proferida el 13 de junio de 2025, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No.
76001-33-33-016-2019-00168-00, mediante la cual se mantuvo en firme los
actos administrativos expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP), relativos a la liquidación de aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensión y a la imposición de sanción por
inexactitud.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración1

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de
2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Relevancia constitucional

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
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Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.

En el caso concreto, la parte actora controvierte la sentencia proferida el 13 de
junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra UGPP,
mediante las cuales se mantuvieron en firme los actos administrativos que
ordenaron la liquidación de aportes al sistema de seguridad social en salud y
pensión, así como la imposición de una sanción por inexactitud.

Para el efecto, la sala precisa que, si bien la accionante identificó de manera
expresa que la acción de tutela se dirigía contra las providencias judiciales
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, del
contenido integral del escrito se desprende que el reproche constitucional se
fundamentó, principalmente, en la configuración de un defecto sustantivo,
derivado de una interpretación extensiva e inadecuada del marco normativo que
regula los sujetos obligados a cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral.

En particular, la accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
avalaron el criterio de la UGPP, según el cual el concepto de trabajador
independiente incluye a los rentistas de capital, pese a que no existe disposición
legal expresa que incorpore a estos últimos como sujetos pasivos obligatorios
del subsistema de pensiones, desconociendo así los principios de reserva de ley,
certeza tributaria y no tributación sin representación. Agregó también que dicha
interpretación se apartó del contenido normativo de la Ley 100 de 1993, la Ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, al extender obligaciones
contributivas sin sustento legal claro.

Asimismo, la actora alegó que, incluso si se aceptara la asimilación del rentista
de capital al trabajador independiente, las providencias cuestionadas incurrieron

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en un yerro sustantivo adicional, al no aplicar las reglas de cotización más
favorables, en particular la determinación del ingreso base de cotización sobre el
cuarenta por ciento (40%) de los ingresos netos mensualizados, y al mantener la
imposición de sanciones por inexactitud y omisión, pese a que su conducta se
encontraba amparada por una errónea creencia razonable, derivada de su edad
y de las propias comunicaciones previas de la UGPP que reconocían la
inexistencia de obligación de cotizar a pensiones.

Frente a tales planteamientos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
resolver el recurso de apelación, sostuvo que la señora Adriana María Zamorano
Hincapié sí estaba obligada a afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social
Integral durante la vigencia 2014, al considerar que dentro del concepto de
“trabajadores independientes” previsto en la Ley 100 de 1993 se incluyen los
rentistas de capital, en tanto personas económicamente activas con capacidad
de pago. Fundamentó esta conclusión en una interpretación amplia del régimen
contributivo y en precedentes del Consejo de Estado, Sección Cuarta, según los
cuales quienes declaran impuesto sobre la renta se presumen con capacidad
económica suficiente para contribuir a los subsistemas de salud y pensión, en
desarrollo de los principios de universalidad y solidaridad.

Por lo expuesto anteriormente en criterio de esta Sala, lo que plantea la
accionante es su desacuerdo con la forma en que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca interpretó el marco normativo aplicable al régimen contributivo
del Sistema de Seguridad Social Integral y, en particular, con la decisión de
incluir a los rentistas de capital dentro del concepto de trabajadores
independientes obligados a cotizar.

En efecto, los reproches formulados por la señora Adriana María Zamorano
Hincapié evidencian su intención de reabrir el debate jurídico ya resuelto en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, especialmente en lo
concerniente a la determinación de su calidad como sujeto pasivo de la
obligación contributiva, la fijación del ingreso base de cotización con fundamento
en los ingresos declarados en renta y la procedencia de la sanción por
inexactitud.

Tales aspectos fueron analizados por el Tribunal en segunda instancia, que
expuso las razones por las cuales consideró ajustada a derecho la actuación de
la UGPP y descartó la aplicación de la regla del cuarenta por ciento (40%) y de
la errónea creencia invocada por la demandante. En consecuencia, estos
cuestionamientos no evidencian la configuración de un defecto procedimental o
fáctico con relevancia constitucional, sino que reflejan una inconformidad con la
interpretación jurídica adoptada por los jueces naturales del proceso.

Por ello, se considera que la parte actora no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus
reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación
enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna
discusión que justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus
derechos fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo
núcleo esencial se definió como el de:
10

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Demandante: Adriana Maria Zamorano
Demandados: Tribunal Administrativo Del Valle Del
Cauca Y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08022-00

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante
la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en
derecho. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no
se traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”3

Así las cosas, lo que realmente pretende la parte actora es reabrir el debate ya
concluido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en torno
a la interpretación del marco normativo que regula la obligación de cotizar al
Sistema de Seguridad Social Integral y a la determinación del ingreso base de
cotización aplicable a los rentistas de capital, con el fin de cuestionar la postura
adoptada por el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali y confirmada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar acreditada su calidad
de sujeto pasivo obligado a efectuar aportes durante la vigencia 2014 y
procedente la sanción por inexactitud impuesta por la UGPP. Tal planteamiento
desconoce que dicha controversia fue resuelta de manera jurídicamente
motivada por las autoridades judiciales competentes, quienes analizaron el
régimen contributivo, la capacidad de pago de la demandante y la normativa
aplicable para determinar el ingreso base de cotización, por lo que no puede ser
replanteada en sede de tutela, mecanismo que no está llamado a convertirse en
una tercera instancia ni en un escenario adicional para controvertir la
hermenéutica jurídica adoptada por los jueces naturales del proceso.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En consecuencia, no se configura la relevancia constitucional exigida para la
procedencia del amparo, pues el actor no expuso planteamiento alguno que
trascienda la discusión puramente legal resuelta en sede ordinaria. Frente a tal
ausencia de argumentación constitucional, la Sala no puede sustituir a los jueces
naturales ni habilitar una instancia adicional, razón por la cual la acción de tutela
resulta improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley:

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Adriana Zamorano por no superar el requisito de relevancia

3
Sentencia SU-215 de 2022
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Cauca Y Otro
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constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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