Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02350-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02350-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-02350-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02350-01 (6764-2024)
Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
Demandado: Defensoría del Pueblo
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gloria Inés Ramírez Osorio presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 188212 del 5 de septiembre de 2018, por medio
del cual la Defensoría del Pueblo le negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas de esta.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral con la Defensoría
del Pueblo; ii) la reliquidación y pago de las prestaciones sociales; iii) el
1 Folio 192, Cd 1.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación de
la relación laboral; así como de las horas extras, recargos nocturnos, y festivos;
iv) la devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensiones y riesgos laborales, durante el período
reclamado; v) el reintegro de los aportes por concepto de retención en la fuente;
vi) la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías; vii) la indemnización
por despido injusto; y viii) la indexación de las sumas adeudadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gloria Inés Ramírez Osorio prestó sus servicios como profesional especializada
en la Defensoría del Pueblo Regional de Medellín vinculada mediante contratos de
prestación de servicios suscritos entre el 12 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre
de 20153 para desempeñarse como defensor público.
3.2. Desempeñó funciones misionales de la entidad relacionadas con la
representación judicial o extrajudicial de los usuarios del servicio de la defensoría
pública. En desarrollo de los programas de atención a víctimas, ejerció su
representación judicial y les brindó orientación y asesoría en el marco de la Ley 975
de 2005, bajo condiciones de subordinación.
3.3. El 17 de agosto de 2018 solicitó a la Defensoría del Pueblo el reconocimiento y
pago de prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social e
indemnizaciones derivadas de la relación laboral.
3.4. Mediante Oficio 188212 del 5 de septiembre de 2018, la entidad negó la solicitud
al considerar que la vinculación se había efectuado a través de contratos de
prestación de servicio, los cuales no generaban una relación laboral.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales se señalaron los artículos 53 y 122 de la Constitución Política; 23 del
Código Sustantivo del Trabajo; y 7 del Decreto 1950 de 1973.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que la Defensoría del Pueblo expidió
el acto demandado con infracción de las normas en que debería fundarse y falsa
motivación al negar la reclamación, pues no reconoció la relación laboral pese a que
estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios para ejercer de
manera exclusiva funciones permanentes y propias de la entidad, bajo condiciones
3 Pactado inicialmente hasta el 30 de junio de 2016. No obstante, terminó anticipadamente por mutuo
acuerdo entre las partes.
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Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
de subordinación y dependencia, pues cumplía órdenes, horarios y directrices
impartidas por superiores, prestaba personalmente el servicio y recibía una
remuneración como contraprestación.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Defensoría del Pueblo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, porque no estaba obligada a reconocer los derechos laborales
reclamados, en la medida en que la vinculación de la demandante se produjo
mediante contratos de prestación de servicios suscritos conforme con la
Constitución, las leyes 24 de 1992, 80 de 1993 y 941 de 2005 y el Manual de
Contratación de la entidad. Las funciones desempeñadas no correspondían a la
propias de un empleo de planta; no se acreditó el elemento de subordinación porque
la supervisión ejercida obedeció al control propio de la ejecución contractual; por lo
que no había lugar al reconocimiento de una relación laboral4.
7. Propuso las siguientes excepciones:
7.1. Inexistencia de cargos contra el acto demandado, porque la actora no formuló
un concepto de violación concreto frente al acto acusado;
7.2. Inexistencia del derecho y de la obligación, habida cuenta de que los contratos
de prestación de servicios fueron válidamente celebrados y no dieron lugar a una
relación laboral ni al reconocimiento de prestaciones sociales;
7.3. Ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan la prosperidad de
las pretensiones, porque no se acreditaron los elementos del «contrato realidad», en
particular la subordinación;
7.4. Ausencia del vínculo de carácter laboral en la medida en que la demandante
actuó como contratista independiente y con autonomía en la ejecución del objeto
contractual; y
7.5. La innominada
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, profirió la
sentencia del 18 de septiembre de 20245, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandante. La decisión
tuvo sustento en los siguientes argumentos:
4 Folios 182 a 191 y vuelto.
5 Índice 53 Samai tribunales.
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Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
8.1. GloriaInés Ramírez Osorio estuvo vinculada a la Defensoría del Pueblo
mediante contratos de prestación de servicios suscritos entre el 1 de febrero de
2008 y el 30 de noviembre de 2015, con el objeto de prestar servicios profesionales
especializados como abogada para la representación judicial y extrajudicial de los
usuarios del servicio de defensoría pública y, posteriormente, para garantizar la
prestación del servicio a los usuarios, en desarrollo de las actividades de promoción,
defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos y del debido proceso.
8.2. Si bien se acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no
se demostró el elemento de subordinación necesario para configurar una relación
laboral, porque la vinculación de la actora mediante contratos de prestación de
servicios se ajustó al marco normativo previsto en el artículo 26 de la Ley 941 de
2005, que autoriza la contratación de defensores públicos bajo esa modalidad, sin
que ello genere, por sí solo, una relación laboral.
8.3. En ese contexto, las pruebas únicamente evidenciaron una relación de
coordinación propia de la ejecución contractual, mas no una relación laboral
subordinada, toda vez que i) las instrucciones impartidas por la entidad, los turnos
de atención, la asistencia a «barras académicas», capacitaciones y demás
actividades institucionales, así como la presentación de informes de gestión,
correspondían a mecanismos de coordinación, seguimiento y verificación del
contrato, sin afectar la autonomía técnica de la demandante; ii) la carga de trabajo
derivada del número de víctimas atendidas y de la asistencia a las actividades
programadas por la entidad no acreditó una situación de subordinación, pues dichas
actividades hacían parte de las obligaciones contractuales; iii) el uso del carné y del
chaleco institucional obedecía a la necesidad de identificarla como contratista ante
la entidad y los usuarios; y iv) no se demostró que hubiese desempeñado funciones
reservadas a servidores públicos ni que estuviera sometida a un poder permanente
de dirección, control o disciplina por parte de la Defensoría del Pueblo.
8.4. No prosperó la tacha formulada por la parte demandante contra los testimonios
de Jhon Jairo González Espinosa y Walter Fabián Vásquez Ramírez, porque no se
acreditó un interés directo de aquellos en las resultas del proceso que
comprometiera su imparcialidad. El primero tenía conocimiento de la forma de
ejecución de los contratos por los cargos desempeñados en la Defensoría del
Pueblo, mientras que el segundo declaró sobre las condiciones generales de la
prestación del servicio de los defensores públicos, aspecto respecto del cual tenía
conocimiento por razón de su cargo.
1.4. El recurso de apelación
9. Gloria Inés Ramírez Osorio presentó recurso de apelación contra la sentencia de
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primera instancia con fundamento en lo siguiente6:
9.1. Se configuró una relación laboral con la Defensoría del Pueblo entre el 1 de
febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2015, periodo durante el cual estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, al haberse demostrado el
elemento de subordinación, de conformidad con los criterios fijados en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-025-21 de 2021 y las pruebas obrantes en el expediente.
9.2. Lo anterior, porque i) los contratos fueron suscritos de manera sucesiva durante
varios años para prestar servicios profesionales especializados como abogada en
la atención de las necesidades de la entidad; ii) desempeñó funciones permanentes
y misionales de la Defensoría del Pueblo, consistentes en la representación judicial
y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública y de las víctimas en
el marco de la Ley 975 de 2005, las cuales correspondían a actividades propias de
la entidad y guardaban identidad con las desarrolladas por servidores vinculados a
la planta de personal; y iii) estuvo sometida a directrices, instrucciones y
requerimientos, reflejados, entre otros aspectos, en el cumplimiento de turnos de
atención, la asistencia a «barras académicas» y la realización de desplazamientos
autorizados y financiados por la entidad.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la
sentencia recurrida con fundamento en que no se había acreditado el elemento de
la subordinación exigido para desvirtuar la naturaleza de los contratos de prestación
de servicios suscritos con la Defensoría del Pueblo y demostrar la existencia de una
relación laboral, porque las pruebas obrantes en el expediente únicamente
evidenciaban actividades de coordinación contractual y no una situación de
dependencia propia de un vínculo laboral8.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
6 Índice 57 Samai tribunales.
7 Al respecto, ver auto a índice 5 de Samai.
8 Sami, índice 9.
5
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Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscriben a
establecer
12.1. ¿Si entre Gloria Inés Ramírez Osorio y la Defensoría del Pueblo se configuró
una relación laboral? y;
12.2. ¿Si tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral y cuáles eran esas prestaciones?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los
que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento
de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así,
cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
11 Aprobada el 11 de abril de 1919.
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).
23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
30.1.Gloria Inés Ramírez Osorio suscribió contratos de prestación de servicios con
la Defensoría del Pueblo entre el 1 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de
201517 así:
# Contrato Desde Hasta
1 DP-7-200818 1219 de febrero de 2008 31 de marzo de 200920
2 DP-1879-200921 1 de abril de 2009 31 de julio de 201022
3 DP-190-201023 1 de agosto de 2010 30 de noviembre de 2010
4 DP-2481-201024 1 de diciembre de 2010 30 de noviembre de 2011
5 DP-392-201125 1 de diciembre de 2011 31 de mayo de 2013
6 DP 612-201326 1 de junio de 2013 30 de septiembre de 201427
7 DP-984-201428 1 de octubre de 2014 30 de septiembre de 2015
8 1123 de 201529 1 de octubre de 2015 30 de noviembre de 201530
17
Expediente digital, documento 13, en relación con los contratos, en adelante se registrará
únicamente la página del documento donde se encuentra ubicada la prueba.
18 Páginas 152, y 158 a 165.
19 Según el Registro Presupuestal 02343 expedido el 12 de febrero de 2008. En ese sentido, la
ejecución contractual no podía iniciarse con anterioridad a dicha fecha, por constituir el registro
presupuestal un requisito para su ejecución. Página 115.
20 Prorrogado mediante documento del 3 de octubre de 2008. El plazo inicial vencía el 30 de
noviembre de 2008 y fue ampliado por 4 meses, del 1 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009.
21 Páginas 58 a 66 y 78.
22 Prorrogado mediante documento de 22 de octubre de 2009. El plazo inicial vencía el 31 de marzo
de 2010 y fue ampliado 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2010
23 Páginas 120 a 127, 141 y 215 a 223.
24 Páginas 215 a 223 y 236.
25 Contrato inicial desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2011 prorrogado
desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013. Páginas 316 a 325; 334 a 356.
26 Páginas 266 a 273, 285, 287, 293 y 299.
27 Prorrogado mediante documento de 25 de abril de 2014. El plazo inicial vencía el 31 de mayo de
2014 y fue ampliado por 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2014.
28 Páginas 375 a 382; 390 y 391.
29 Páginas 21 a 29 y 39.
30 Por terminación anticipada por acuerdo de las partes. Página 42.
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30.1.1.Los contratos de prestación de servicios suscritos entre los años 2008 y 2010
tuvieron el siguiente objeto «EL CONTRATISTA se obliga para con LA DEFENSORÍA,
a prestar servicios profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial de los
usuarios del servicio de defensoría pública, comprometiéndose a ejecutar todas las
obligaciones de medio necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios
en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la parte considerativa, velando en
todo caso por la promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el
debido proceso». Los contratos suscritos entre los años 2011 y 2015 tuvieron similar
objeto, con la diferencia de que establecieron que las obligaciones de medio debían
ejecutarse «para garantizar la prestación del servicio a los usuarios», en lugar de
«garantizar la debida defensa técnica de los usuarios», manteniendo inalterados los
demás términos contractuales.
30.1.2. Ensíntesis, las obligaciones generales y específicas asumidas por la
demandante en ejecución de los contratos de prestación de servicios fueron las
siguientes:
Obligaciones generales
i) Cumplir integralmente el objeto contractual y garantizar la prestación continua, eficiente,
oportuna e ininterrumpida del servicio.
ii) Atender las instrucciones impartidas por la Defensoría del Pueblo para la ejecución del contrato.
iii) Ejercer una representación judicial y extrajudicial técnica, adecuada, diligente y oportuna,
preservando los derechos y garantías de los usuarios hasta la culminación de los procesos
asignados.
iv) Cumplir las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al ejercicio de la
profesión de abogado y de la defensoría pública, así como los manuales, instructivos, planes
operativos, directrices y reglamentos expedidos por la Defensoría del Pueblo.
v) Interponer, sustentar y adelantar oportunamente los recursos y demás actuaciones judiciales
procedentes, incluidos los mecanismos extraordinarios previstos en la ley cuando hubiera lugar a
ello.
vi) Actuar con diligencia, independencia y reserva, evitando conflictos de intereses e informando
oportunamente cualquier impedimento que afectara el ejercicio de la representación.
vii) Utilizar los formatos institucionales, diligenciar y actualizar los sistemas de información y
suministrar información veraz, completa y oportuna.
viii) Elaborar y presentar los informes mensuales de ejecución contractual y los informes
adicionales requeridos por la Defensoría del Pueblo.
ix) Asistir a las actividades de capacitación, barras académicas, reuniones y demás actividades
institucionales convocadas por la Defensoría del Pueblo.
x) Participar en actividades de promoción, protección y divulgación de los derechos humanos y
apoyar a la Defensoría del Pueblo en la atención de emergencias o situaciones especiales
relacionadas con la prestación del servicio.
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xi) Informar a la Defensoría del Pueblo los casos de violación de derechos humanos o garantías
procesales de los que tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato, así como las
circunstancias relevantes relacionadas con la prestación del servicio.
xii) Mantener comunicación permanente con la Defensoría del Pueblo a través de los canales
oficiales establecidos por la entidad.
xiii) Sustituir los poderes conferidos al finalizar la ejecución del contrato o cuando así lo requiriera
la entidad.
Obligaciones específicas
i) Entrevistar al peticionario, cuando fuere necesario, para establecer su condición de víctima y
brindarle la orientación y asesoría jurídica correspondiente.
ii) Verificar la calidad de víctima, las conductas victimizantes, las condiciones de vulnerabilidad y
el enfoque diferencial aplicable.
iii) Orientar e informar al usuario sobre el alcance de sus derechos, las obligaciones derivadas del
marco normativo aplicable y las implicaciones del proceso de verdad, justicia, reparación y
restitución.
iv) Informar a la víctima sobre los diferentes componentes de la reparación integral y orientarla en
la definición del alcance de sus pretensiones.
v) Precisar, junto con la víctima, las pretensiones que formularía dentro del proceso y las medidas
de reparación a las que aspiraba.
vi) Indagar las circunstancias de los hechos victimizantes, la posible identificación de los
responsables, la existencia de denuncias y los demás elementos necesarios para establecer la
condición de víctima.
vii) Elaborar el diagnóstico de la situación jurídica y fáctica de la víctima e identificar los factores
que afectaran el ejercicio de sus derechos.
viii) Orientar al usuario sobre la autoridad competente cuando no hubiera presentado denuncia y
realizar las gestiones previas necesarias para el reconocimiento de su condición de víctima.
ix) Solicitar, recaudar y verificar la documentación necesaria para acreditar la condición de víctima
y sustentar las actuaciones judiciales y administrativas.
x) Diligenciar las solicitudes del servicio, los poderes, las actas de compromiso, las fichas
socioeconómicas y los demás documentos requeridos para asumir la representación judicial.
xi) Informar a la Defensoría del Pueblo sobre las solicitudes recibidas y adelantar las actuaciones
necesarias ante la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y las demás autoridades competentes para el
reconocimiento de la condición de víctima y el seguimiento de los respectivos trámites.
xii) Asumir la representación judicial de las víctimas una vez acreditada su condición y ejercerla
durante todas las etapas del proceso hasta su culminación, incluidas las audiencias previstas en
la Ley 975 de 2005, sus modificaciones, las audiencias de seguimiento y las demás actuaciones
judiciales y extrajudiciales a que hubiera lugar.
xiii) Interponer derechos de petición, acciones constitucionales, recursos y las demás actuaciones
judiciales o administrativas necesarias para la protección de los derechos de las víctimas.
xiv) Mantener comunicación permanente con las víctimas e informarles sobre el estado de los
procesos, las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas.
xv) Realizar las gestiones necesarias cuando las víctimas residieran en una regional distinta,
remitir los expedientes a la dependencia competente y sustituir los poderes cuando ello fuera
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necesario.
xvi) Participar en brigadas, jornadas de acopio documental y demás actividades extrajudiciales
relacionadas con la atención y representación de las víctimas.
xvii) Representar a las víctimas durante todo el proceso de Justicia y Paz, aun en los eventos de
exclusión del postulado, de conformidad con la normatividad aplicable.
30.2. Mediante correos electrónicos31 de agosto32, 29 de septiembre y 6 de
noviembre de 2014; y 23 de enero de 2015, remitidos por María Magdalena Sánchez
Montoya, profesional administrativa y de gestión de la Unidad de Representación
Judicial a Víctimas Justicia y Paz; por la Coordinación de la Unidad de
Representación Judicial a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia;
y por Claudia Durán Gómez, de esa dependencia, se comunicó a los defensores
públicos la programación de los turnos de atención a usuarios y víctimas
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, y enero
febrero, marzo y abril de 2015. En dichas comunicaciones se impartieron
instrucciones sobre la prestación del servicio, los horarios, la organización de la
atención al público y la posibilidad de realizar ajustes a la programación. En los
anexos de los respectivos correos consta que a Gloria Inés Ramírez Osorio le fueron
asignados turnos para los días 10 de septiembre y 10 de octubre de 2014, 31 de
diciembre de 2014 y 25 de marzo de 2015. Adicionalmente, se registra un turno para
el 30 de noviembre de 2015.
30.3. Mediante comunicado interno del 18 de agosto de 201533, suscrito por Gloria
Elena Blandón Velásquez, defensora del Pueblo Regional Antioquia, dirigido a los
defensores públicos de la Unidad de Representación Judicial de Víctimas de la Ley
975 de 2005, se impartieron lineamientos generales para la prestación del servicio,
de «obligatorio cumplimiento», relacionados con el ejercicio de la representación
judicial de las víctimas, la atención y comunicación con los usuarios, la elaboración
y presentación de informes mensuales de gestión, la asistencia a diligencias
judiciales, audiencias, jornadas de asesoría y «sesiones de barras», así como con el
diligenciamiento y entrega de documentos y formatos requeridos para el desarrollo
de las actividades encomendadas.
30.4. A través de diversos correos electrónicos internos remitidos en agosto 2013,
febrero y octubre de 201534 por funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional
Antioquia, se convocó a los representantes judiciales de víctimas de la Ley 975 de
2005 a «barras académicas», capacitaciones, reuniones de trabajo y jornadas
institucionales; se informó acerca del cronograma y la temática de dichas
31 Folio 192. Cd 1. Documento «Anexos de la demanda» páginas 91 a 107. En adelante solo se
relacionará la página del documento en la cual se encuentra relacionada la prueba.
32 Si bien este correo en particular no contiene la fecha, se deduce el mes de agosto por cuanto la
lista de turnos obedece al mes de septiembre.
33 Páginas 118 a 121.
34 Páginas 124 a 137.
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actividades, se impartieron instrucciones sobre la asistencia y la presentación de
excusas en caso de inasistencia, se solicitó justificar la ausencia para efectos de los
informes mensuales de gestión y se comunicaron otras actividades institucionales,
como la asignación de puestos de votación y la atención de diligencias judiciales.
30.5.La actora presentó informes mensuales de supervisión correspondientes a la
ejecución de los contratos DP-1879-2009, DP-190-2010, DP-2481-2010, DP-392-
2011, DP-612-2013 y DP 984-2014, en los que se dejó constancia del cumplimiento
de las obligaciones generales y específicas a cargo de la contratista durante su
ejecución35.
30.6.El 17 de agosto de 201836, solicitó el reconocimiento de una relación laboral
durante el período comprendido entre el 12 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre
de 2015 y, en consecuencia, el pago de las acreencias laborales y prestacionales
derivadas de dicha relación; el reconocimiento de indemnizaciones e indexaciones;
y la devolución de sumas retenidas por impuestos y por aportes al sistema de
seguridad social.
30.7. Mediante Oficio 188212 del 5 de septiembre de 201837, suscrito por el
responsable del grupo de registro y selección de la Dirección Nacional de
Defensoría Pública, le negó la petición con fundamento en que su vinculación se
produjo exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios celebrados
conforme con el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, bajo una modalidad
que no generaba vínculo laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales. La prestación del servicio se había desarrollado con autonomía, sin
subordinación ni jornada laboral, y la contratación de los defensores públicos se
encontraba expresamente autorizada por el artículo 26 de la Ley 941 de 2005. En
consecuencia, el proceso de contratación se había ajustado a la normativa vigente.
30.8.El 3 de marzo de 202038 se celebró la audiencia de pruebas en la que se
recepcionó la declaración de la demandante y los siguientes testimonios:
30.8.1.Gloria Inés Ramírez Osorio ingresó a la Defensoría del Pueblo con la
asignación de aproximadamente 100 procesos, carga que aumentó
progresivamente hasta superar los 1.500 al finalizar la relación contractual. Aunque
los contratos no contenían cláusulas de exclusividad, la carga laboral exigía una
dedicación preferente a la entidad, razón por la cual renunció al ejercicio de otros
asuntos. Debía asistir a las barras académicas semanales y a las audiencias
programadas, así como cumplir con los turnos en las fechas, horarios y lugares
definidos por la Defensoría, obligaciones previstas en los contratos, cuyo
35 Páginas 84 a 97; 142 a 145; 237 a 248; 289 a 293; 337 a 349; 357 a 360; y 392 a 399.
36 Folio 192 Cd 1. Páginas 3 a 5.
37 Páginas 6 y 7.
38 Folio 214. Cd 4.
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incumplimiento daba lugar a requerimientos por parte de la entidad.
30.8.2.Gilberto Antonio Díaz Serna es abogado vinculado a la Defensoría del
Pueblo entre los años 2008 y 2015, período en el que también prestó sus servicios
la demandante y ejerció idénticas funciones de representación judicial de víctimas.
La prestación personal del servicio era obligatoria y permanente; debían cumplir con
turnos, horarios y las demás actividades programadas por la entidad, incluidas las
barras académicas y, en ocasiones, actividades durante los fines de semana.
Atendían más de 1.000 procesos, utilizaban chaleco y carné institucional y
mantenían comunicación permanente con las víctimas, circunstancias que, en la
práctica, impedían ejercer otras actividades profesionales.
30.8.3.Víctor Hugo Castañeda Pulgarín conoció a la demandante desde el año
2004, y entre el año 2008 y diciembre de 2015 le brindó apoyo en los procesos que
ella adelantaba para la Defensoría del Pueblo, mediante la organización de carpetas
y documentos. La actora atendía directamente a las víctimas y mantenía
comunicación permanente con ellas; prestaba personalmente el servicio; recibía
instrucciones de la coordinadora de gestión, las cuales debía atender de forma
inmediata, y asistía a las reuniones programadas en las instalaciones de la
Defensoría. La carga laboral y los desplazamientos que debía realizar le impedían
desarrollar otras actividades profesionales. Al finalizar su vinculación tenía asignada
la representación de más de 1.500 víctimas en procesos de Justicia y Paz.
30.8.4. Jhon Jairo González Espinosa39 se vinculó a la Defensoría del Pueblo
desde el año 1997 como defensor público, y entre los años 2005 y 2010 se
desempeñó como profesional administrativo y de gestión del programa de víctimas,
coordinador de los abogados y, en algunas ocasiones, como defensor del pueblo
encargado. En ejercicio de esas funciones supervisó los contratos de la
demandante. Explicó que los profesionales administrativos y de gestión asignaban
los procesos y verificaban el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
contratistas, como la presentación oportuna de poderes, la asistencia a audiencias
y las demás actividades previstas en los contratos, sin intervenir en la defensa
técnica, respecto de la cual los contratistas conservaban autonomía. Los defensores
públicos no tenían cláusula de exclusividad ni prohibición para ejercer otras
actividades profesionales o participar en política; las barras de abogados
correspondían a actividades de capacitación y actualización, y únicamente se
verificaba el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La atención de las
víctimas se programaba mediante un calendario y la asignación de asesorías
obedecía a las necesidades del servicio; los poderes no equivalían necesariamente
a procesos activos, pues estos dependían del avance de los procesos de Justicia y
39 La demandante formuló tacha contra el testigo por considerar que tenía interés en las resultas del
proceso, debido a su vinculación con la Defensoría del Pueblo y al haber ejercido la supervisión de
contratos de prestación de servicios.
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Paz. Durante el tiempo en que supervisó a la demandante no recibió quejas por
sobrecarga laboral.
30.8.5.Walter Fabián Vásquez Ramírez40 se vinculó a la Defensoría del Pueblo en
octubre de 2015 y se desempeña como profesional administrativo y de gestión del
programa de representación de víctimas en la Regional Antioquia. No conoció a la
demandante ni tuvo relación con ella, por lo que no podía referirse a las condiciones
de su vinculación. Los contratistas de la Defensoría pueden ejercer actividades
profesionales por fuera de la entidad y cuentan con autonomía técnica y
administrativa para asumir la defensa de sus representados, sin que la entidad
intervenga en las decisiones propias de la estrategia de defensa en cada proceso
asignado.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
31. De las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que entre
Gloria Inés Ramírez Osorio y la Defensoría del Pueblo se suscribieron contratos de
prestación de servicio entre el 1 de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2015.
Asimismo, está demostrado que prestó personalmente los servicios contratados y
recibió una contraprestación económica por su ejecución, elementos que no fueron
objeto de controversia en el recurso de apelación. En consecuencia, la Sala
analizará si se encuentra acreditado el elemento de la subordinación y si las labores
desarrolladas por ella correspondieron a funciones permanentes y propias de la
Defensoría del Pueblo, conforme con los reparos formulados en la alzada, para
determinar si se configuró la relación laboral alegada.
2.4.1. Continuada subordinación o dependencia
32. En primer lugar, frente al argumento de la actora, expuesto en el recurso de
apelación, consistente en que desarrolló funciones permanentes y misionales de la
Defensoría del Pueblo que guardaban identidad con las desempeñadas por
servidores vinculados a la planta de personal, se observa que la entidad, para
proveer la asistencia técnica y la representación judicial de los usuarios, suscribió
contratos de prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26 de la Ley 941 de 2005, según el cual:
«Artículo 26. Definición. Son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública
que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos,
mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para
proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas
40 La demandante formuló tacha contra este testigo con fundamento en que no tuvo conocimiento
directo de los hechos objeto del proceso.
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que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2o de la presente ley, de
acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal.
Los contratos de prestación de servicios profesionales especializados podrán suscribirse
con cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación laboral con la
Institución.» [Se resalta]
33. Al respecto, se advierte que, a través de la norma en cita, el legislador le dio a
la Defensoría del Pueblo el mandato de vincular a los abogados que prestarían el
servicio público de asistencia técnica y representación judicial a través de una
relación contractual. Disposición que tiene sustento constitucional en el artículo 123
de la Carta, que de manera expresa previó la posibilidad de que el constituyente
derivado determinara «el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio».
34.Ahora bien, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la
mencionada disposición, señaló41:
«Tercera razón. Porque al establecer que los defensores públicos serían
contratistas, el legislador no procuró desconocer sus derechos laborales. De
hecho, en el modelo establecido por el legislador, los defensores públicos no actúan
como representantes del Estado, sino como representantes de una persona en concreto
que carece de defensa técnica. En efecto, el requisito esencial, que separa a un
contrato de prestación de servicios de una relación laboral, es la autonomía e
independencia con que cuenta el profesional del derecho para fijar su estrategia
de defensa. Aspecto que fue central al momento de definir que los defensores públicos
se contratarían a través de esa figura.
[…]
Dicho todo esto, se tiene que el artículo 26 de la Ley 941 de 2005 señala que los
defensores serán contratados por medio de la modalidad de “prestación de servicios”, y
que ello se hará “de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación
Estatal”. La autonomía e independencia del contratista es, en efecto, una de las
condiciones esenciales de dicho contrato. Y ello es reconocido en la misma Ley 941 de
2005 cuando, en su artículo 30, resalta que el defensor público tiene el derecho de
“ejercer su labor con independencia”. En otras palabras, el legislador buscó garantizar la
autonomía e independencia del defensor público en la ejecución de sus obligaciones
contractuales, dado que, entre otras cosas, estimó necesario evitar que los referidos
defensores dependieran del Estado y tuvieran que actuar bajo su poder subordinante.
Con esa decisión, y a manera de conclusión, la ley y, en concreto, los fragmentos
demandados, no pretendieron ocultar relaciones laborales bajo el ropaje de los contratos
de prestación de servicios, sino, al contrario, evitar que los actos del defensor público se
dieran en nombre del Estado. Con ello, no se trasgreden los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política, máxime cuando esta Corte ya ha establecido que entre los
contratos de prestación de servicios y las vinculaciones de orden laboral existen
marcadas y evidentes diferencias que, en principio, no son contrarias a la Constitución.»
[Se resalta]
41 Corte Constitucional, sentencia C-307 de 2023.
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35. De acuerdo con lo expuesto, la vinculación de los defensores públicos a través
de contratos de prestación de servicios, se encuentra amparada por una presunción
legal contenida en el inciso final del artículo 26 de la Ley 941 del 2005, según la cual
estos «no darán en ningún caso a vinculación laboral»; no obstante, dicha previsión no
impide que el interesado desvirtúe esa presunción, para lo cual tiene la carga de
demostrar que el contrato de prestación de servicios fue utilizado para encubrir una
verdadera relación laboral.
36. Ahora bien, las pruebas testimoniales dan cuenta de que la demandante, al igual
que los demás defensores públicos contratistas, debía atender los procesos que le
eran asignados de conformidad con las obligaciones contractuales, asistir a turnos
de atención, barras académicas y demás actividades previstas por la entidad;
igualmente, el entonces supervisor del contrato explicó que la Defensoría verificaba
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como la presentación oportuna
de poderes, la asistencia a audiencias y las demás actividades previstas en los
contratos, sin intervenir en la estrategia jurídica de los asuntos encomendados,
respecto de la cual los contratistas conservaban autonomía.
37. En ese orden, cuando se pretende el reconocimiento de una relación laboral
subyacente de los contratos de prestación de servicios suscritos por un defensor
público, como en el caso en estudio, no es suficiente con señalar que las funciones
que cumplían hacían parte del desarrollo de la misión de la entidad, puesto que,
como se explicó anteriormente, en consideración a la naturaleza del servicio público
que prestan [la asistencia técnica y la representación judicial de personas que por
sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de
desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos],
el legislador estableció una excepción a la regla general según la cual, las funciones
públicas serían ejercidas por servidores públicos y le dio paso a la labor a través de
contratistas.
38. Tal y como lo consideró la Corte Constitucional, esta especial situación se
justifica en el hecho de que los abogados defensores, desarrollan su labor en forma
autónoma e independiente, pues justamente realizan tareas de defensa técnica, en
relación con lo cual actúan de acuerdo con los intereses jurídicos de sus
representados y de acuerdo con unas circunstancias con connotaciones fácticas y
jurídicas diferentes en cada caso, lo que abre paso a desplegar mecanismos de
defensa diversos en cada situación particular. En efecto, el abogado asesora a sus
representados o diseña la estrategia de defensa según su conocimiento, su
experiencia y los contornos fácticos de cada situación.
39. En ese contexto, las pruebas allegadas al expediente no permiten concluir que
las actividades de coordinación y seguimiento ejercidas por la Defensoría del Pueblo
trascendieran el ámbito propio de la supervisión contractual. Por el contrario,
evidencian que tales actuaciones estuvieron dirigidas a garantizar la adecuada
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prestación del servicio de defensoría pública, sin que se acreditara el ejercicio de
un poder permanente de dirección y disciplina sobre la demandante en el desarrollo
de la representación judicial.
40. De acuerdo con lo anterior, Gloria Inés Ramírez Osorio realizó las gestiones
judiciales que consideró necesarias para la defensa de los derechos de los usuarios
de la Defensoría del Pueblo, en los procesos que le eran asignados por el supervisor
del contrato, sin que se demostrara que la estrategia jurídica de los asuntos
encomendados estuviera sometida a instrucciones impartidas por la entidad. En
efecto, las instrucciones acreditadas en el expediente estaban dirigidas a la
organización y coordinación del servicio, la asignación de turnos, la asistencia a
actividades institucionales y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mas
no a la definición de la estrategia jurídica de los asuntos encomendados; por tanto,
aquellas correspondían a mecanismos de coordinación propios de la ejecución
contractual y no al ejercicio de subordinación laboral.
41. Está acreditado que la Defensoría programaba actividades de obligatoria
asistencia para los contratistas como lo fueron la asistencia a turnos de atención o
las llamadas barras académicas; sin embargo, tales circunstancias, por sí solas, no
permiten concluir la existencia de una jornada laboral equiparable a la prevista para
los empleados públicos en el artículo 3342 del Decreto 1042 de 1978.
42. En efecto, la entidad establecía cronogramas de turnos para brindar asesoría a
los usuarios y víctimas, convocaba a barras académicas, capacitaciones y
reuniones institucionales, e impartía lineamientos generales para la efectiva
prestación del servicio. Estas actividades se encontraban previstas en las
obligaciones contractuales y obedecían a la coordinación necesaria para garantizar
la adecuada prestación del servicio de defensoría pública conforme con lo señalado
en los artículos 4243 y 5444 de la Ley 941 de 2005.
43. Cabe anotar, que si bien las referidas actividades hacían parte de las
obligaciones contractuales y su incumplimiento podía generar requerimientos por
42 «Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro
horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias,
sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. […]»
43
«Artículo 42. Barra de defensores públicos. Es la reunión de los operadores de la Defensoría Pública,
cuyo objeto es la exposición del pensamiento jurídico de sus integrantes en torno a los casos que
adelantan, a las temáticas jurídicas planteadas por ellos o por su coordinador académico y el desarrollo
de los módulos de capacitación que envíe la Unidad de Capacitación de Defensoría Pública.
PARÁGRAFO. Los operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública deberán cumplir con los
programas de capacitación que apruebe el Director del Sistema Nacional de Defensoría Pública.»
44
«Artículo 54. Turnos para permanencia de sistema. Se garantizará el derecho a una defensa integral
e ininterrumpida. A este efecto habrá, de acuerdo con las necesidades del servicio, turnos de atención de
los defensores públicos en los lugares que se requieran.»
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parte de la entidad, de las pruebas aportadas no se evidencia que con esto se
desbordara el alcance de la coordinación propia de la prestación de ese especial
servicio que, como se expuso, está diseñado por el legislador como una labor que
debe realizar un contratista, justamente por las particularidades en que se
desarrolla.
44. En efecto, la Ley 941 de 2005 prevé que los defensores públicos se reunirán
con el objeto de exponer su pensamiento jurídico en torno a los casos que
adelantan. De esta manera, se trata de espacios académicos o foros interactivos
entre profesionales con el fin de aportar en la estrategia de defensa de los asuntos
puestos a su consideración.
45. Por lo anterior, una vez valoradas las pruebas documentales y testimoniales, la
Sala considera que estas no ofrecen la suficiente certeza sobre la existencia de la
alegada subordinación, pues, aunque la actora debía cumplir con los turnos de
atención, asistir a barras académicas y atender los lineamientos impartidos por la
entidad para la adecuada prestación del servicio, no se demostró que tales
instrucciones trascendieran la coordinación propia de la ejecución contractual o que
la Defensoría ejerciera un poder permanente de dirección y disciplina sobre aquella.
46. En efecto, no se demostró que las condiciones bajo las cuales Gloria Inés
Ramírez Osorio prestó sus servicios en la Defensoría del Pueblo implicaran una
dependencia permanente respecto de la entidad, pues, aunque recibió lineamientos
generales sobre la organización del servicio, turnos de atención, asistencia a
actividades institucionales y presentación de informes, no se acreditó que la
Defensoría dirigiera la estrategia jurídica de los procesos asignados ni que la
demandante requiriera autorización previa para adoptar las decisiones propias de
la representación judicial, actividades que correspondían al ejercicio autónomo de
la profesión de abogado.
47. Es necesario destacar, que no toda relación de servicios configura el elemento
de la subordinación, pues entre el contratante y el contratista puede existir una
relación de coordinación de actividades, en la cual el segundo es libre de acogerse
a las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma eficiente la actividad que
se le asigna, tales como i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores; iii) asistir a reuniones en representación de la
entidad; y iv) tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa
la configuración de este elemento.
48.Esos aspectos, en relación con la acreditación de la subordinación, en
concordancia con los que regulan la actividad probatoria, debe acreditarse a través
de diferentes medios probatorios que demuestren las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que fueron desarrolladas las actividades que realizó la actora para
cumplir con los contratos suscritos con la entidad demandada, pues tal y como lo
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02350-01 (6764-2024)
Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, se hace necesario para el fallador
tener certeza de la constante sujeción a normas, reglamentos y directrices del
contratante que impidan al contratista actuar con total libertad en el cumplimiento
del objeto contractual.
49. En el caso en estudio, no se acreditaron actuaciones o hechos que evidenciaran
la existencia de subordinación, particularmente, en lo relacionado con el ejercicio de
la dirección y control efectivo sobre las actividades desarrolladas, ya fuera mediante
de órdenes, la imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder de
disciplina o la facultad del empleador para modificar unilateralmente las condiciones
de trabajo.
50. De otro lado, la supervisión de las actividades a desarrollar, estuvieron
encaminadas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones descritas en el
contrato por parte del profesional administrativo y de gestión. Esta prerrogativa
obedece al cumplimiento del deber de la entidad de velar por su correcta ejecución,
y que se cumpla con el objeto contractual, así como con el destino de los recursos
públicos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14-1, 17, 26-1 y 8 de la Ley
80 de 1993.
51. De otro lado, la necesidad de entregar informes de gestión y realizar el pago de
la seguridad social, no necesariamente puede ser considerado como indicio de
subordinación, pues esto obedece al cumplimiento de las obligaciones generales
que se encontraban establecidas en los contratos de prestación de servicios que
suscribió la actora con la Defensoría del Pueblo.
52. Así las cosas, esta Sala concluye que para el periodo comprendido entre el 12
de febrero de 2008 y el 30 de noviembre de 2015, no se acreditó una subordinación
continuada o una situación de dependencia que permita el reconocimiento de la
existencia de la relación laboral entre las partes y el consecuente pago de las
prestaciones sociales.
53. Al respecto, esta Sala reitera45 que de acuerdo con lo previsto en el artículo 167
del Código General del Proceso, a las partes les corresponde probar el supuesto de
hecho de las normas que establecen el efecto jurídico que ellas persiguen, y en el
caso concreto del material probatorio allegado no se demostró que, en el lapso de
prestación del servicio, la actora estuviera sometida a una continuada subordinación
o dependencia.
54.En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que no se acreditaron los
45 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto
de 2024 con radicado 47001-23-33-000-2019-00286-01 (0574-2022). C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Demandado: Defensoría del Pueblo.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02350-01 (6764-2024)
Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta, razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
55.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.
58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se demostró la
existencia de una relación laboral entre Gloria Inés Ramírez Osorio y la Defensoría
del Pueblo.
61. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 18 de septiembre de
46
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02350-01 (6764-2024)
Demandante: Gloria Inés Ramírez Osorio
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en tanto
negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Gloria Inés Ramírez Osorio en contra
la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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