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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-02456-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-02456-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2018-02456-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de agosto de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2018-02456-01 (26525)
Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2018-02456-01 (26525)
Demandante VÍCTOR ALONSO GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre las ventas. Suspensión del término de firmeza.
Inspección tributaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 09 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
TERCERO: En firme esta providencia se ordena el archivo del expediente.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 21 de noviembre de 2014, el contribuyente Víctor Alonso Gómez Aristizábal
presentó declaración de IVA del período 5º del año gravable 2014, en la que registró
un saldo a pagar de $231.581.000.

El 28 de agosto de 2017 se profirió el Auto de inspección tributaria Nro.
112382017000311, notificado el 30 de agosto de 2017, dentro de la investigación
realizada al contribuyente por el impuesto sobre la renta del año gravable 2014.

Mediante Requerimiento Especial Nro. 112382017000187 del 27 de noviembre de
2017, la administración propuso la modificación de la declaración.

Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la Liquidación Oficial
Nro. 112412018000133 del 21 de agosto del 2018, en el sentido de adicionar
ingresos por operaciones gravadas por valor de $1.716.483.000, determinar el
impuesto a cargo en $523.715.000, desconocer el saldo a favor del período fiscal
anterior de $96.952.000, e imponer sanción por inexactitud de $274.637.000. Lo
que llevó a establecer el total saldo a pagar en la suma de $414.645.000, acto que

1 Samai, índice 2, PDF “ED_SENTENCIA_04SENTENCIAPRIMER AP”

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Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

no fue recurrido, pues el demandante optó por acudir directamente ante la
jurisdicción contencioso administrativa, haciendo uso del mecanismo per saltum.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“(…) PRIMERA PRINCIPAL: Declarar mediante sentencia que ponga fin al proceso la
NULIDAD del acto administrativo LIQUIDACION OFICIAL 112412018000133 del 21 de agosto
del 2018, y dejar en firme la declaración del contribuyente VICTOR ALONSO GÓMEZ
ARISTIZABAL presentada mediante formulario 91000263161396 del 21 de noviembre del
2014, donde se declaró el impuesto de IVA del periodo 5 del año gravable 2014.
SEGUNDA PRINCIPAL: DECLARAR mediante sentencia EL RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, consistente en la terminación de los procesos tramitados por la DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en las diferentes dependencias que causen efectos
adversos en contra del patrimonio del contribuyente VICTOR ALONSO GÓMEZ
ARISTIZABAL y que tenga relación con el impuesto de IVA del periodo 6 del año gravable
2014.
TERCERA PRINCIPAL: CONDENAR en COSTAS y AGENCIAS EN DERECHO a la
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.”

A los anteriores efectos, la sociedad demandante invocó como violados los artículos
29 de la Constitución Política; 420, 429, 468, 600, 683, 706, 705 y 779 del Estatuto
Tributario; y 13 del Código General del Proceso.

El concepto de violación de esas disposiciones se resume así3:

Señaló que la suspensión de términos de firmeza del impuesto de renta de 2014,
no opera en el impuesto sobre las ventas del período 5 de 2014, porque dicha
suspensión fue anterior a la apertura de la investigación de IVA, y en esa medida,
no puede tenerse como ajustada a derecho.

Precisó que, el auto de apertura se expidió el 22 de noviembre de 2017 y solo un
mes después se dictó el requerimiento especial del IVA, y en esa medida, se
restringió el derecho al contribuyente de controvertir las pruebas recogidas por la
DIAN. Explicó que una cosa es la investigación para el impuesto de renta y otra
distinta en materia de IVA, por eso el tiempo de suspensión del procedimiento debe
ser igual en ambos tributos.

Señaló que en la liquidación oficial, la funcionaria investigadora concluye que,
verificados los extractos bancarios de la cuenta de Bancolombia, existían
consignaciones en el mes de diciembre de 2014 por la suma de $1.575.105.443, y
por ventas con datáfono de $1.563.321.252, por valor total de $3.138.426.925, para
lo cual, cita la contabilización de dichos movimientos que incluye fechas que no

2 Fls. 43 y 44 CP.
3 Corrección de la demanda. Fls 43 y ss CP

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corresponden al período analizado, 5º período del año 2014, contraviniendo lo
establecido en los artículos 420, 429 y 468 del Estatuto Tributario.

Discutió que la administración llevara todos los ingresos omitidos como ventas, por
cuanto en el requerimiento especial del impuesto de renta reconoce que no todos
los ingresos corresponden al contribuyente.

Manifestó que los ingresos adicionados no fueron soportados por la administración,
porque debió hacer una trazabilidad entre las operaciones del contribuyente sujetas
y no sujetas al impuesto sobre las ventas, así como examinar las operaciones de
consignación con un cruce entre la facturación y los ingresos en bancos, lo que
daría certeza sobre las operaciones económicas desarrolladas por el contribuyente.

Adujó que el requerimiento especial presentaba una falta de sustentación jurídica
para tener los ingresos bancarios del contribuyente como gravados con el IVA, en
la medida que se limitó a citar las normas.

Argumentó que el interrogatorio realizado a la contadora no demuestra las
inexactitudes que señala la funcionaria, en tanto solo se le preguntó por una de las
supuestas operaciones, y que quien atendió la visita de facturación no tenía la
facultad para hacerlo ya que no se trataba del representante de la actora.

Sostuvo que se le vulneró el derecho al debido proceso por cuanto la administración
permitió que las entidades financieras presentaran respuestas de manera
extemporánea, violando también el derecho a la igualdad.

Transcribió apartes de las sentencias del Consejo de Estado Nros. 18204 y 15201;
en la primera, se hace referencia a que no puede incumplirse ni interrumpirse los
plazos perentorios establecidos en las normas jurídicas para que la administración
ejerza una actividad determinada, en la medida que esos términos ofrecen certeza
a las partes, y la segunda precisa que la suspensión del término para notificar el
requerimiento especial opera solamente cuando existe realmente inspección
tributaria, lo que implica que la misma efectivamente se realice dentro del plazo que
opera la suspensión.

Por lo anterior, “la funcionaria no puede hacer un requerimiento especial sobre una declaración
que está en firme, como es la declaración de IVA, dado que la suspensión del término para proferir
el requerimiento en renta no amplia de manera automática el término para proferir el requerimiento
de IVA y que dentro de esta investigación no hubo inspección tributaria”.

Señaló que la visita del día 23 de agosto de 2017 es ilegal por cuanto se realizó por
fuera del término previsto en el auto de verificación, y la misma no corresponde a
una inspección tributaria.

Advirtió que en la inspección tributaria los funcionarios manifestaron que el
contribuyente lleva de manera irregular la contabilidad, por el sistema de caja y no
de causación, afirmación que es errada porque la mayoría de los ingresos se
obtenían vía caja registradora, y por tanto, se registraban cuando se realizaba la
venta. La administración debió acudir a los comprobantes de contabilidad, para
determinar el tributo, con fundamento en lo previsto en el artículo 776 del Estatuto
Tributario.

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Afirmó que el traslado de la prueba de un proceso a otro vulnera el debido proceso,
porque si la prueba fue extemporánea en el procedimiento del impuesto de renta,
impide que sea legal en el de IVA.

Señaló que “por ser impuesto de período, la DIAN no puede en ninguna circunstancia acumular el
IVA que debía ser declarado en otros períodos, en el último período, porque lo que es prohibido para
el administrado, con mayor razón está prohibido para la administración”.

Oposición de la demanda

La entidad demandada controvirtió las pretensiones, con base en la argumentación
que se sintetiza a continuación (fls. 83 a 100 CP):

Señaló que la modificación del impuesto sobre las ventas del 5º período de 2014,
tuvo como fundamento la investigación realizada al mismo contribuyente respecto
de la declaración del impuesto de renta de 2014, en la que se determinó que se
habían omitido ingresos.

Frente a la firmeza de la declaración del IVA del 5º período de 2014, aclaró que en
la medida en que se decretó auto de inspección tributaria, el plazo para notificar el
requerimiento especial se amplió en un término de tres meses y vencía el 30 de
noviembre de 2017, por tanto, el Requerimiento Especial Nro. 112382017000187
notificado el 27 de noviembre de 2017, se surtió dentro de la oportunidad legal.

Precisó que la expedición de la liquidación oficial se dio dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento
especial, de manera que la declaración de IVA cuestionada no estaba en firme y
tampoco se había perdido competencia para modificarla.

Respecto de la omisión de ingresos, sostuvo que los artículos 684 y 688 del Estatuto
Tributario establecen la facultad de la DIAN de verificar e investigar las
declaraciones de los contribuyentes con el fin de asegurar el cumplimiento de las
normas sustanciales. Que en virtud de dichas facultades se efectuaron cruces de
información, diligencia de registro, requerimientos ordinarios, visitas de verificación,
el traslado de la prueba de la investigación del impuesto de renta de 2014,
testimonios y una inspección tributaria, pruebas que llevaron a determinar que el
contribuyente no contabilizó o reportó el total de ingresos obtenidos por la vigencia
fiscal cuestionada.

Precisó que se verificó con las entidades financieras consignaciones que no fueron
declaradas y que eran producto de la actividad mercantil que realiza con su
establecimiento de comercio Niñolandia El Supermarket del Regalo, además, se
evidenciaron inconsistencias en la contabilidad y en la facturación de las ventas que
le restaba confiabilidad como prueba y que impedían que se valorara a su favor.

Que a pesar de que la contadora rindió testimonio, en el mismo no se logra
desvirtuar las inconsistencias encontradas entre la información reportada por las
entidades financieras y la registrada en la contabilidad. Señaló que si bien algunas
entidades remitieron las respuestas de manera extemporánea, ello no significa que
la prueba sea ilegal, en tanto fueron aportadas dentro del término legal que tenía la
administración para valorarla.

Consideró que de acuerdo con el artículo 653 del Estatuto Tributario, la visita de
facturación podía ser atendida por las personas que laboran en el establecimiento,

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como en este caso, por la contadora, quien además tenía el conocimiento
profesional y laboral para atender la diligencia.

Adujo que la sanción por inexactitud se impuso al configurarse el supuesto previsto
en el artículo 647 del Estatuto Tributario, al encontrarse demostrado que el
contribuyente declaró datos falsos o equivocados que llevaron a determinar un
menor impuesto a cargo.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente4:

Hizo un recuento de las pruebas aportadas, entre estas, los extractos bancarios, la
contabilidad, y las facturas, y señaló que analizados los documentos se determinó
que el contribuyente no lleva la contabilidad de acuerdo con la normatividad vigente,
no declaró la totalidad de ingresos por el año 2014, y omitió facturar, declarar y
pagar IVA.

Sostuvo que conforme con el artículo 705-1 de Estatuto Tributario, el término para
notificar el requerimiento especial en el impuesto sobre las ventas, es el mismo que
corresponde a la declaración de renta de los períodos que coincidan en el año
gravable, lo cual finalizaba el 31 de agosto de 2017, esto es, dos años siguientes a
la fecha de vencimiento para presentar la declaración del impuesto sobre la renta
del período gravable 2014 (31 de agosto de 2015).

Sin embargo, dentro de la investigación tributaria se profirió el Auto N°
1123820170000311 del 28 de agosto de 2017, notificado el 30 de agosto siguiente,
mediante el cual se ordenó una inspección tributaria respecto de la declaración de
renta del año 2014, por lo que de acuerdo con el artículo 706 de la normativa
tributaria, se suspendió el término para notificar el requerimiento especial por 3
meses, hasta el 30 de noviembre de 2017. De ahí que el Requerimiento Especial
del IVA Nro. 112382017000187 del 27 de noviembre de 2017, notificado en la
misma fecha de su expedición, se encontraba dentro del plazo otorgado por la ley.

En relación con la omisión de ingresos gravados en el período 5º del año gravable
2014, indicó que la parte demandante debió controvertir las pruebas recaudadas o
aportar nuevos elementos probatorios que confirmaran los valores plasmados en
los libros de contabilidad, no obstante, se observó una inactividad probatoria del
contribuyente.

Consideró que le asiste razón a la administración respecto de los argumentos que
controvierten la extemporaneidad de las respuestas de las entidades financieras y
la falta de representación de la contadora en la visita practicada al contribuyente,
porque esas pruebas fueron recaudadas dentro del marco legal y tienen validez
para soportar la actuación administrativa.

Todo lo anterior, llevó al Tribunal a concluir que los datos de la contabilidad no
reflejaban los ingresos reales del contribuyente, siendo procedente la modificación
del tributo, con su respectiva sanción. Finalmente condenó en costas a la
demandante por ser la parte vencida en el proceso y fijó las agencias en derecho
en el equivalente al 3% del valor de la cuantía del proceso.

4 Samai, índice 2 PDF “ED_SENTENCIA_04SENTENCIAPRIMER AP”

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Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión de primera instancia, fundamentando su
recurso así5:

Luego de señalar que si bien la declaración de renta correspondiente al periodo
2014 está surtiendo trámite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
utilizaran los mismos argumentos que en esta apelación, transcribió los artículos
703, 705-1 y 706 del Estatuto Tributario, para señalar que, el acta de inspección
solamente consistió en hacer un interrogatorio al contribuyente; adujo que la
“formalidad” de dicha acta se dio solamente con la finalidad de interrumpir el proceso
de firmeza de la declaración del IVA del 5º bimestre de 2014, ya que la
administración tomó toda la información del traslado probatorio que hicieron del
expediente del impuesto sobre la renta, como se observaba a folio 13 de la
liquidación oficial de revisión, la cual indicaba que todas las pruebas fueron
practicadas en el 2016.

Tras referenciar la sentencia del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 2008,
exp. 16103 C.P. Héctor Romero Díaz, insistió que como se podía ver en el
expediente, cuando se profirió el requerimiento especial, todas las pruebas
necesarias ya se habían practicado para la expedición del requerimiento especial,
la cual fue trasladada del expediente de renta del año 2014, con lo cual la inspección
tributaria del 8 de noviembre de 2016, sólo tuvo la finalidad de suspender los
términos de firmeza de dicha declaración, dado que las pruebas practicadas en el
acta de la diligencia no eran relevantes para el requerimiento especial ni para la
liquidación oficial de IVA.

En consecuencia, considera el actor se debía declarar la firmeza de la declaración
de IVA del período 5º de 2014.

Oposición al recurso de apelación

La demandada no se pronunció dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador delegado ante esta Corporación guardo silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, juzga
la Sala la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 112412018000133 del
21 de agosto de 2018, por medio de la cual se modificó la declaración del IVA del
período 5º del año 2014.

Atendiendo a los términos del recurso de apelación, en esta instancia, el problema
jurídico se concreta en determinar si la inspección tributaria decretada en el
impuesto de renta del año 2014 tuvo el efecto de suspender el término para proferir
5 Samai, índice 2 PDF “ED_MEMORIALR_06RECURSOAPELACIO NSE”

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el requerimiento especial en el impuesto sobre las ventas del 5º bimestre del año
2014.

Sea lo primero señalar que la Ley 223 de 1995, con la finalidad que la autoridad
tributaria pudiera efectuar una integral determinación de los tributos, adicionó al
Estatuto Tributario el artículo 705-1, que unificó el término de firmeza de las
declaraciones de IVA y de retención en la fuente, con la firmeza de la declaración
de renta del correspondiente período gravable, así:
“Artículo 705-1. Término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la
fuente. Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995. Los términos para notificar el
requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las
ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los
artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su
declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año
gravable”.

Así, por expreso mandato legislativo, el término para notificar el requerimiento
especial de las declaraciones de IVA, será igual al de la declaración del impuesto
sobre la renta del correspondiente año gravable, constituyéndose así en la norma
especial, de prevalente aplicación respecto de la regla de firmeza de carácter
general prevista en los artículos 705 y 714 ibídem.

Es así como debe entenderse entonces que, si se suspende el término para notificar
el requerimiento especial para efecto del impuesto de renta por alguno de los
eventos señalados en el artículo 706 del Estatuto Tributario6, lo propio sucede
respecto de la declaración de impuesto sobre las ventas, en la medida que el
artículo 705-1 ibidem no hizo distinciones o exclusiones para eventos en los que por
disposición legal se suspende o se amplía el plazo para proferir el requerimiento
especial para la declaración de renta del correspondiente año gravable.

En consecuencia, para determinar si la declaración de IVA del 5º bimestre del año
2014 se encontraba en firme al momento en que se notificó el requerimiento
especial, es menester establecer el término de firmeza de la declaración de renta y
complementarios correspondiente al año gravable 2014.

A esos efectos, importante considerar que la firmeza de la declaración de renta del
año 2014 se regía por los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, que para la
época de los hechos, establecían que la declaración de renta quedaba en firme si
no se notificaba requerimiento especial dentro de los dos (2) años siguientes al
vencimiento del plazo para declarar (para las declaraciones oportunamente
presentadas7).

A su vez, debe observarse que según el artículo 706 del Estatuto Tributario el
término previsto para la notificación del requerimiento especial se suspende “Cuando
se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la

6 Estatuto Tributario. Artículo 706. Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial
se suspenderá:
Cuando se practique inspección tributario de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la
notificación del auto que la decrete.
Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, mientras dure la inspección.
También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguientes
a la notificación del emplazamiento para corregir.
7 En el requerimiento especial se precisa que la declaración de IVA del 5º bimestre fue presentada de forma
oportuna. Fl. 316 vto ca.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02456-01 (26525)
Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

notificación del auto que la decrete”. Sobre este particular, la Sala ha precisado “que la
simple notificación del auto de inspección tributaria no basta para suspender el término de
notificación del requerimiento especial, sino que deben recaudarse pruebas de forma efectiva 8”, y
que “el plazo de suspensión se cuenta a partir de la notificación del auto que la ordenó, y si
la inspección no se realiza en dicho plazo, así sea con el levantamiento de al menos una diligencia,
no puede operar la suspensión prevista en la ley, por cuanto el objeto de la norma no se cumpliría 9”.

Dado que la suspensión del término para notificar el requerimiento especial se
condiciona a la práctica efectiva de la inspección tributaria, debe establecer la Sala,
si ello se cumplió en el caso sometido a análisis respecto de la declaración de renta
y complementarios del año gravable 2014, toda vez que esto impactaba
directamente la firmeza de la declaración de IVA, conforme se señaló en apartes
anteriores.

Los antecedentes ponen de presente lo siguiente:

Que mediante el Auto Nro. 112382017000311 del 28 de agosto de 2017, notificado
por correo el 30 de agosto siguiente, se ordenó la práctica de una inspección
tributaria en el impuesto de renta del año 201410.

Que en desarrollo de tal diligencia, se practicaron diferentes pruebas, las cuales se
encuentran relacionadas en el informe final de investigación del impuesto sobre las
ventas del 5 bimestre de 201411, así:
“En desarrollo del Auto de Inspección Tributaria se realizaron las siguientes
actividades:

1. Se analizaron los extractos bancarios de la cuenta corriente del Banco de Bogotá #
118330760 (f. 17 - 23) se constató que para el bimestre 5 (septiembre - octubre) de 2014,
por concepto de ventas con Tarjeta crédito o débito (Datafono) el contribuyente obtuvo
consignaciones por valor de $129.233.781 y en efectivo, cheques y otros por valor de
$1.410.021.035, como se detalla a continuación:
BANCO DE BOGOTA #118330760
MES DATAFONO OTRAS CONSIGNACIONES TOTAL
SEPTIEMBRE $58.036.058 $401.997.407 $460.033.465
OCTUBRE $71.197.723 $1.008.023.628 $1.079.221.351
TOTAL $129.233.781 $1.410.021.035 $1.539.254.816
2. Se analizaron los extractos bancarios de la cuenta de ahorros de Bancolombia # 108-
727300-75 (f. 29 - 41) se constató que por ventas con Tarjeta crédito o débito (Datafono)
el contribuyente obtuvo consignaciones por valor de$1.008.391.492 y recibió en efectivo,
cheques y otros por valor de $ 708.091.724, para un total de $1.716.483.216 como se
detalla a continuación:
BANCOLOMBIA #108-727300-75
MES DATAFONO OTRAS CONSIGNACIONES TOTAL
SEPTIEMBRE $221.147.328 $202.242.517 $423.389.845
OCTUBRE $787.244.164 $505.849.207 $1.293.093.371
TOTAL $1.008.391.492 $708.091.724 $1.716.483.216

En el movimiento de esta cuenta se observa que son numerosas las consignaciones,
muchas de ellas en varios municipios de Antioquia y de otros departamentos donde el
contribuyente tiene operaciones.
Las mayores cuantías se consignan en los últimos meses del año que son precisamente
los meses de mayores ventas en la actividad que desarrolla el contribuyente investigado.

8 Sentencia del 23 de julio de 2020. Exp. 24009. C.P. Julio Roberto Piza (E).
9 Sentencia del 13 de mayo de 2021. Exp. 25265. C.P. Milton Chaves García.
10 Fl 476 ca.
11 Fl 309 a 313 ca.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02456-01 (26525)
Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

De donde se concluye que el contribuyente obtuvo consignaciones por ventas con tarjeta
de crédito o débito Bogotá y en Bancolombia un total de $1.137.625.273 y recibió por
concepto de otras consignaciones bancarias; para un total de $3.255.738.032.

BANCOLOMBIA Y BANCO DE BOGOTÁ
MES DATAFONO OTRAS CONSIGNACIONES TOTAL
SEPTIEMBRE $279.183.386 $604.239.924 $883.423.310
OCTUBRE $858.441.887 $1.513.872.835 $2.372.314.722
TOTAL $1.137.625.273 $2.118.112.759 $3.255.738.032
3. Por lo anterior y a fin de contrastar la información obtenida vía extractos bancarios
con la contabilidad del contribuyente investigado, se profirió el Requerimiento
Ordinario No. 112382017000709 del 12 de septiembre de 2017, el cual fue debidamente
notificado el día 14 de septiembre de 2017, (f. 103 – 104) donde se solicitó:
“….
1. Copia del reporte denominado “Planilla Reporte Ventas Sistema PLU”
correspondiente a todas las cajas registradoras, de enero a noviembre de 2014
2. Registro contable de los ingresos facturados por caja registradora, de enero a
noviembre de 2014.
….”
El día 28 de septiembre de 2017, mediante radicado 13881 del GIT Documentación, el
contribuyente dio respuesta allegando al expediente lo solicitado (f. 140 reverso-127)
(…)
4. Se verificó la contabilidad, los balances de prueba allegados por el contribuyente el día 2
de mayo de 2016, mediante radicado 14541 del GIT Documentación (f. 51-56) y se
determinó que los ingresos declarados en el bimestre 5 (septiembre -octubre) año 2014,
por valor de $1.556.739.000 están contabilizados y corresponden $589.963.435 a ventas
facturadas con PLU y $966.775.357 a ventas facturadas con factura de papel (…)
5. A fin de determinar medios de pago y facturación con algunos clientes del
contribuyente investigado se realizaron los siguientes cruces de información:
El día 24 de octubre de 2017, se profirió el Auto de Verificación o Cruce No.
112382017001001 el cual fue debidamente notificado el 26 de octubre de 2017 (f.130), a
fin de cruzar con el tercero STANDARD GOLD DE COLOMBIA S.A.S. con NIT
900.418.634-1.
El día 03 de noviembre de 2017, la funcionaria debidamente comisionada se hizo
presente, en las oficinas administrativas de la sociedad, allí fue atendida por la contadora
a quien se le preguntó, con relación a las transacciones con el señor Víctor Alonso Gómez
Aristizabal (fl. 144 reverso-151):
“…
2. El pago como se realizó? R/ En efectivo”.
El día 24 de octubre de 2017, se profirió el Auto de Verificación o Cruce No.
112382017001902 el cual fue debidamente notificado el día 26 de octubre de 2017,
(f.133), a fin de cruzar con el tercero UNIVERSIDAD ANTIOQUIA con NIT. 890.980.040-
8.
El día 03 de noviembre de 2017, la funcionaria debidamente comisionada se hizo
presente, en las oficinas administrativas de la universidad, allí fue atendida por la Auxiliar
Contable a quien se le preguntó, (f. 134 reverso -138)
“…
2. A qué número de cuenta realizaron el pago
R/ A la cuenta Bancolombia # 108-727300-75…”
El día 24 de octubre de 2017, se profirió el Auto de Verificación o Cruce No.
112382017001903 el cual fue debidamente notificado el día 26 de octubre de 2017, (f.131
reverso-132), a fin de cruzar con el tercero UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
con NIT. 890.902.922-6.

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Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

El día 03 de noviembre de 2017, la funcionaria debidamente comisionada se hizo
presente, en las oficinas administrativas de la universidad, allí fue atendida por la Auxiliar
Contable a quien se le preguntó, (f. 138 reverso -141)
“…
P/ El pago se realizó en efectivo o transferencia?.
R/ El pago se realizó en efectivo…”
Una vez verificados los documentos allegados por los terceros se logró constatar que
indistintamente la factura sea de máquina registradora o PLU, el pago se realiza en
efectivo; la única entidad que pagó vía bancaria fue la Universidad de Antioquía y
consignó a la cuenta Bancolombia, la cual no está registrada en la contabilidad del
contribuyente investigado, lo anterior demuestra que si bien el contribuyente no registra
en la contabilidad la cuenta de Bancolombia, en ella sí recibe ingresos del establecimiento
de comercio denominado NIÑOLANDIA EL SUPERMARKET DEL REGALO.
6. El día 17 de noviembre de 2017, la funcionaria debidamente comisionada se hizo
presente en el domicilio fiscal del contribuyente a quien se le preguntó respecto de
la cuentas bancarias (f. 162-163):
(…)
6. Por qué la cuenta de Bancolombia no se encuentra registrada en contabilidad?. R/ Es
un tema muy de la Contadora y realmente no sé.
(…)
7. En la anterior visita se le solicitaron al contribuyente los movimientos de la cuenta
110505 Caja General, 41355605 Ventas Almacén Principal, 240801 IVA Generado por
operaciones Gravadas, correspondientes al bimestre 5 (septiembre -octubre) del año
2014, (f.165-197), una vez revisada dicha información se logró constatar lo siguiente:
(…)
5. Verificada la contabilidad, se pudo constatar que el movimiento de la cuenta
Bancolombia No. 108-727-300-75 no se encuentra registrado.
Una vez realizadas estas verificaciones y analizados todos los documentos que obran como
prueba en el expediente, se determinó que la contabilidad no está llevada de acuerdo con la
normatividad vigente (…)”. (Énfasis propio)

El despliegue probatorio efectuado en virtud de esa diligencia, da cuenta de que
contrario a lo afirmado por la actora, la demandada efectivamente desarrolló la
inspección tributaria ordenada en relación con la declaración de renta de 2014.

Observa la Sala que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación del auto
de la inspección tributaria, del 30 de agosto al 30 de noviembre de 2017, la administración,
a fin de constatar la información reportada por las entidades financieras sobre los
movimientos del señor Víctor Alonso Gómez Aristizábal, expidió requerimientos
ordinarios al contribuyente en el que le solicitó reporte sobre la planilla de ventas
sistema PLU de todas las cajas registradoras y el registro contable de los meses de
enero a noviembre de 2014; realizó cruces de información con terceros, la empresa
Standard Gold de Colombia S.A.S., la Universidad de Antioquia y la Universidad
Pontificia Bolivariana, sobre los pagos efectuados al contribuyente en el 2014; y
practicó visita al contribuyente en el que se le interrogó sobre la cuenta Bancolombia
Nro.10873730075 que no estaba registrada en su contabilidad, así como también le
solicitó movimientos de ciertas cuentas contables por la citada vigencia gravable.

Bajo esas circunstancias, la Sala encuentra que las pruebas practicadas en la
inspección tributaria tuvieron por objeto verificar las consignaciones bancarias con
la contabilidad y constatar los medios de pago con los clientes del contribuyente, lo
que permitió evidenciar irregularidades en la contabilidad y la omisión de ingresos

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en el año 2014 por ventas de “juguetes y cacharros” en relación con las consignaciones
reportadas en la cuenta bancaria Nro.10873730075, las cuales fueron relevantes
para la modificación del impuesto sobre las ventas del bimestre 5º del año 2014,
como se observa en el requerimiento especial y en la liquidación oficial12.

Acredita lo anterior que, la administración expidió el auto de inspección tributaria
para recaudar las pruebas requeridas para verificar los valores registrados en la
declaración de renta, lo que en efecto sucedió, comoquiera que la inspección se
practicó y de ello dan cuenta, las pruebas recaudadas en desarrollo de la misma,
las cuales fueron trasladadas a la investigación de IVA del 5 bimestre del año 2014,
en tanto se detectaron situaciones que, incidían en el impuesto sobre las ventas,
comoquiera que se determinó la omisión de ingresos, lo que junto con las otras
pruebas recaudadas dentro de la investigación dieron lugar a la determinación de
un mayor impuesto sobre las ventas por el período en cuestión.

Así, dan cuenta los antecedentes que, mediante el Auto Nro. 377 del 22 de
noviembre de 201713, se trasladaron las siguientes pruebas: i) respuestas de las
entidades financieras sobre las consignaciones realizadas al señor Víctor Alonso
Gómez Aristizábal14, ii) Documentos aportados por el contribuyente por el año 2014,
balance de prueba, conciliación contable y fiscal, auxiliar contable de tercero por
ingresos, auxiliar contable mensual de la cuenta de inventarios, relación de pasivos,
información de costos, deducciones y retención en la fuente15. iii) Acta de visita
practicada al contribuyente, en la cual, éste entregó soporte de costos, información
de la cuenta arrendamiento y construcciones, la contabilización de las
consignaciones bancarias, la planilla movimiento de caja y el reporte de ventas PLU
correspondientes al mes de diciembre de 2014.

Todo lo anterior permite establecer que la inspección tributaria que fue ordenada
respecto del impuesto sobre la renta del año gravable 2014, fue efectivamente
practicada y, en esa medida, tuvo el efecto de suspender el término para la
notificación del requerimiento especial, por tres meses contados a partir de la
notificación del auto que la decretó (30 de agosto de 2017), esto es, hasta el 30 de
noviembre de 2017, y lo propio ocurrió en relación con las declaraciones del
impuesto sobre las ventas, coincidentes con el citado período gravable, entre ellas
la que ocupa la atención de la Sala y que corresponde al 5º bimestre de 2014.

Entonces, como el Requerimiento Especial del IVA Nro. 112382017000187 fue
expedido el 27 de noviembre de 2017 y notificado en la misma fecha16, este acto se
encontraba dentro del término legalmente establecido para el efecto.

Por tanto, no prospera el recurso de apelación.

Teniendo en cuenta que la actuación fue oportuna y no fueron desvirtuados los
fundamentos de la adición de ingresos, se confirmará la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda, así como la condena en
costas impuesta al demandante en la medida que no fue objeto del recurso de
apelación.

12 Fls 343 a 345 ca.
13 Fl 121 ca.
14 Fls 122 a 186 ca.
15 Fls 187 a 282 ca.
16 Fls 202 y 211 ca.

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Demandante: Víctor Alonso Gómez Aristizábal

Dado que se observa que la sanción por inexactitud fue determinada aplicando el
principio de favorabilidad previsto en la Ley 1819 de 201617, no se pronunciará la
Sala sobre tal aspecto.

Por último, no habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia,
en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el numeral
8 del artículo 365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

17 Fl 245 vlto ca.

12
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