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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03484-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03484-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03484-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03484-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad
y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Firmeza de
declaración de impuesto sobre las ventas / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de
cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches
carecen de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 6 de junio de 2025, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, por conducto de apoderada judicial, promovió acción
de tutela contra el Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín y la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
y se dejaran sin efectos las sentencias de 15 de febrero de 2018 y 17 de marzo de
2025, emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3
instaurado por el señor Rubén Darío Sierra Tamayo en su contra, encaminado a

1 Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 05001-33-33-017-2016-00475-00/01.

1

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad y otro

obtener la anulación de los actos administrativos 4 que modificaron la liquidación
privada por concepto del impuesto sobre las ventas del año gravable 2011, período
4 (julio-agosto).

2.
Mediante la providencia acusada de 17 de marzo de 2025, se confirmó la decisión
adoptada el 15 de febrero de 2018 por el Juzgado Diecisiete Administrativo de
Medellín, que accedió a las pretensiones ordinarias. Se determinó que si la DIAN
pretendía que se le otorgaran efectos a la inspección tributaria presuntamente
practicada en el procedimiento de renta y complementarios 2011, como la
suspensión del término de firmeza de la declaración privada del impuesto sobre las
ventas, debía acreditar que dicha diligencia se había celebrado, pues no basta con
que se hubiera emitido el auto que la ordena, que, en todo caso, no allegó en la
contestación ni en las etapas probatorias oportunas. Esos documentos si bien se
adjuntaron al recurso de apelación, no es viable su valoración, pues, además de que
no se aportaron en las correspondientes etapas procesales, su práctica fue negada
en segunda instancia, sin que se hubiere recurrido esa decisión.

3.
Por tanto, como el contribuyente también era responsable de declarar el impuesto
sobre la renta del año gravable 2011, se debía, conforme al artículo 705-1 del
Estatuto Tributario, tomar para el plazo que se tenía para notificar el requerimiento
especial frente a la declaración del impuesto sobre las ventas del período 4 del año
gravable 2011, la fecha de vencimiento para la presentación de aquel impuesto, que
en este caso era el 13 de agosto de 2012. En esa medida, el mencionado
requerimiento5 debía notificarse antes del 14 de agosto de 2014, pero ello acaeció el
11 de noviembre de ese año, es decir, de manera extemporánea, lo que produjo la
firmeza de la declaración privada del aludido impuesto sobre las ventas presentada
el 20 de septiembre de 20116.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en violación directa de la Constitución,
pues se abordaron asuntos que no eran objeto de litigio y se desconocieron hechos
reconocidos por las partes que no estaban en discusión. El demandante en el
proceso ordinario planteó como tesis la presunta notificación extemporánea del
requerimiento especial emitido en el escenario de la investigación tributaria por la
declaración del impuesto sobre las ventas del año 2011, período 4. Bajo el
fundamento de que la declaración privada que presentó adquirió firmeza el 13 de
noviembre de 2014 (en cuyo conteo tuvo en cuenta la suspensión originada por la
inspección tributaria efectuada en el procedimiento administrativo) y la mencionada
notificación se surtió el 19 del mismo mes y año7.

4 Liquidación oficial 11241215000087 de 27 de julio de 2015, en el sentido de desconocer el saldo a favor del

período fiscal anterior por $72.538.000 y Resolución 11236201600004 de 18 de abril de 2016, emitidos en el
procedimiento OP 2011 2014 1229.
5 Expedido el 7 de noviembre de 2014.
6 Que arrojó un saldo a su favor de $72.538.000.
7 Cuando se efectuó la publicación electrónica.

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5.
Pese a lo anterior, las autoridades judiciales determinaron que la declaración
privada del contribuyente se encontraba en firme para el momento en que fue
notificado el requerimiento especial, pero con base en argumentos distintos a los
establecidos en la demanda y que nunca fueron alegados por el demandante en el
proceso. Esto es, por falta de pruebas que permitan corroborar el decreto y posterior
práctica de la inspección tributaria que suspendió el término de firmeza de la
declaración privada del demandante, lo cual era ajeno al debate planteado, máxime
cuando dicha suspensión fue reconocida por el contribuyente. Determinación que
implicó que no se pudiera ejercer una defensa dirigida a rebatir dicho criterio, pues
fue planteado una vez se superaron las etapas de contestación de la demanda y
oportunidades probatorias.

6.
De igual modo, se configuró defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
en tanto se omitió que la inspección tributaria practicada en el proceso de
investigación de renta 2011 tuvo la virtud de suspender durante 3 meses los términos
de firmeza de la declaración privada de impuestos a las ventas del año gravable
2011, período 4, conforme al artículo 706 del Estatuto Tributario. Lo anterior, a pesar
de que del expediente contencioso-administrativo se podía colegir que se decretó y
practicó dicha inspección. El demandante en el acápite del primer concepto de
violación del libelo de la demanda, así lo reconoce.

7.
Además, tampoco se valoraron las pruebas tendientes a establecer el fondo del
asunto, consistente en la desaparición del saldo a favor del período anterior (ventas
2011/03) y que fue arrastrado al período que generó el litigio (ventas 2011/04), las
cuales fueron adosadas al plenario y demostraban que la declaración del impuesto
sobre las ventas del año 2011, período 3, fue modificada por mutuo acuerdo entre el
contribuyente y la DIAN, en aras de finiquitar un procedimiento administrativo, lo que
conllevó que el contribuyente pasara de tener un saldo a favor a un saldo a pagar.

8.
Asimismo, se presentó desconocimiento del precedente, porque se desatendió
la sentencia de 5 de agosto de 20218, al desconocer que la firmeza de la declaración
privada del impuesto sobre las ventas sigue la suerte de la firmeza del impuesto de
renta y complementarios. El solo hecho que se haya practicado la inspección
tributaria en la investigación relativa al impuesto de renta es suficiente para que
también se suspenda el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre las
ventas, incluso, sin necesidad de que se haya realizado un traslado de la prueba de
un expediente a otro.

9.
Con base en lo expuesto, avalar la postura de las autoridades judiciales
accionadas implicaría desligar los términos de firmeza del impuesto sobre las ventas
y el impuesto de renta y complementarios, circunstancia que no solo quebranta lo
estipulado en el artículo 705-1 del Estatuto Tributario, sino los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado que han marcado pautas sobre ese aspecto.

8 Expediente 73001-23-33-000-2013-00453-02 (22105), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

3

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10.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el contribuyente también instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho9, para controvertir la legalidad
de los actos administrativos expedidos en el procedimiento de investigación y
determinación del impuesto sobre las ventas del año gravable 2011, período 5. En
ese asunto el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión
determinó, en primera instancia, mantener su legalidad, lo cual implica que se haya
proferido dos decisiones judiciales opuestas en casos con similares supuestos
fácticos. Las partes son las mismas, el abogado demandante es el mismo, los
requerimientos especiales se notificaron en la misma fecha y forma y se trata de una
investigación sobre el mismo impuesto con un término de firmeza idéntico.

En ese mismo sentido decidió el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
11.

Tercera de Oralidad otro proceso de la misma naturaleza10, al declarar la legalidad
de los actos administrativos proferidos en la investigación del impuesto sobre las
ventas 2011, período 6.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.
Mediante auto de 13 de junio de 202511, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Rubén Darío Sierra
Tamayo, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá

13.
Indicó que para adoptar la decisión judicial reprochada de primera instancia se
valoró el material probatorio obrante en el expediente conforme a los principios de la
sana crítica, lo que implica una interpretación racional, lógica y objetiva de los
hechos. Asimismo, la providencia fue debidamente motivada, exponiendo con
suficiente las razones jurídicas por las cuales se consideró que resultaban
acreditados los motivos que llevaron a la nulidad de los actos administrativos
acusados. Dicha determinación fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

14.
Por consiguiente, las providencias cuestionadas tuvieron fundamento normativo y
jurisprudencial propio de la resolución de este tipo de controversias en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

(ii) Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad
15.
Sostuvo que se debe negar la protección constitucional invocada, porque para la
adopción de la decisión judicial de segunda instancia no se incurrió en una vía de

9 Expediente 05001-23-33-000-2016-02554-00.
10 Expediente 05001-23-33-000-2016-02553-00
11 Notificado el 19 de junio de 2025.

4

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hecho, ni se configura un desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a
que la decisión tuvo como base los hechos, pretensiones y pruebas que sustentaron
la demanda y su contestación.

16.
Precisó que la discusión central en el proceso ordinario se relacionaba con la
firmeza de la declaración tributaria presentada por el contribuyente por impuesto
sobre las ventas del año gravable 2011, período 4 (julio-agosto), por lo que la
decisión a adoptar debía corresponder a una revisión del agotamiento de las etapas
del procedimiento administrativo que dio lugar a que dicha declaración fuera
modificada por la DIAN, en especial, si se trataba de los términos con que contaba
la Administración para proferir los actos acusados.

17.
En ese sentido, se tiene que la notificación oportuna del requerimiento especial
en el procedimiento tributario determina la firmeza o no de las declaraciones privadas
de los tributos, y en este caso, la DIAN pretendía invocar la suspensión de dicho
término en su favor, alegando la realización de una inspección tributaria, conforme
al inciso segundo del artículo 706 del Estatuto Tributario. Sin embargo, no allegó al
plenario prueba conducente sobre su realización en las correspondientes
oportunidades procesales. Es decir, alegó la ejecución de una diligencia
administrativa en su favor para señalar que había cumplido a cabalidad los términos
establecidos por la ley para notificar el requerimiento especial tributario al
contribuyente, sin aportar al proceso la prueba fehaciente de la misma, pues solo lo
hizo con la interposición del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

18.
Además, aunque la tutelante alegó que la existencia de la inspección tributaria no
tenía discusión, porque la parte demandante en el proceso ordinario reconoció su
realización en la respectiva demanda, se constató que lo referido sobre el particular
fue una mención a la expedición del auto que la ordenó del 30 de julio de 2014,
afirmación que no constituye una prueba conducente de la celebración de la
diligencia, ni se refirió a su efectiva realización.

19.
De lo anterior, se evidencia que la accionante pretende debatir en el escenario de
la acción de tutela su propia inactividad probatoria dentro del proceso ordinario, pues
la decisión de segunda instancia se adoptó con fundamento en los hechos y pruebas
aportados por las partes en las oportunidades procesales que otorga el legislador y,
además, con base en la línea jurisprudencial seguida por el máximo tribunal
contencioso-administrativo en la materia.

(ii) El señor Rubén Darío Sierra Tamayo guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

5

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20. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora

pretende que se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio.
Para este fin, presenta su inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto
a la manera de analizar la controversia, a la valoración probatoria efectuada y a la
aplicación de la jurisprudencia que se avenía a su caso, para revivir el debate que
en ese aspecto fue definido por el juez natural.

21. La parte tutelante indica que en la providencia acusada se incurrió en violación

directa de la Constitución, al impedir el ejercicio de su derecho a la defensa. Se
abordaron aspectos en las sentencias acusadas, es decir, cuando se habían
superado las etapas de contestación de la demanda y oportunidades probatorias,
que no eran objeto de litigio, pues fueron reconocidos por ambas partes, en
particular, lo relativo a la realización de la inspección tributaria. El contribuyente en
el conteo que efectuó para determinar la fecha de firmeza de la declaración privada
que presentó sobre las ventas del año 2011, período 4, incluyó la suspensión
originada por dicha diligencia.

22. Alrespecto, se advierte que el Tribunal accionado precisó que la discusión
principal giraba en torno a la firmeza de la declaración del impuesto sobre las ventas
del año gravable 2011, período 04 (julio-agosto) presentada por el contribuyente.
Por ende, para la Sala, el hecho de que se hubiere abordado lo referente al impacto
de la inspección tributaria practicada en la investigación que se adelantó en contra
de aquel para la declaración del impuesto a la renta del año 2011, no implica que se
hayan analizado aspectos que no fueron objeto de litigio.

23. Por el contrario, el examinar si dicha inspección se había efectuado o no,
corresponde al análisis integral de la controversia suscitada, en la medida en que
ello podría repercutir en el momento en que la mencionada declaración de impuesto
sobre las ventas adquiría firmeza. Es decir, resultaba necesario dilucidar si la firmeza
de la declaración fue susceptible de la suspensión derivada de la celebración de
dicha inspección o no.

24. En esa medida, no se advierte de qué modo su derecho a la defensa fue
transgredido, al presuntamente sorprendérsele en las sentencias dictadas dentro del
proceso ordinario, en especial, en la de segunda instancia, cuando dicho argumento
fue planteado por la tutelante para negar el recurso de reconsideración interpuesto
contra la liquidación oficial 112412015000087 de 27 de julio de 2015. En el sentido
de indicar que se había efectuado la notificación del requerimiento especial de
manera oportuna, pues aunque se tenía, en principio, hasta el 13 de agosto de 2014
para efectuar tal actuación, esta fecha fue ampliada por tres meses, en virtud de la
inspección tributaria decretada el 30 de julio de 2014, por lo que al realizarse la
aludida notificación el 10 de noviembre de esa anualidad, se hizo en el lapso
estipulado para ese fin.

25. Con base en la situación descrita, le correspondía a la autoridad judicial verificar

los supuestos fácticos que incidían en la decisión adoptada por la Administración y
6

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que fue objeto de control judicial, para lo cual debía tener en cuenta el material
probatorio obrante en el plenario.

26. Por otro lado, la parte actora alega defecto fáctico en razón a que se incurrió en

indebida valoración probatoria, pues del expediente ordinario era dable deducir la
realización de la inspección tributaria, como lo reconoció el demandante. Por ende,
de conformidad con el artículo 706 del Estatuto Tributario, se debía suspender el
término para notificar el requerimiento especial por el lapso de 3 meses contados a
partir de la notificación del auto que la decrete.

27. Para la Sala, dicha afirmación, lejos de demostrar una afectación constitucional,

refleja un desacuerdo con la conclusión probatoria a la que arribó el Tribunal
accionado en lo que atañe a la celebración de la referida inspección, pues pretende
la imposición de la tesis probatoria que pregona la parte actora y desconocer el
ejercicio de valoración de las pruebas efectuado por la autoridad judicial, propósito
que desatiende la naturaleza de la acción de tutela.

28. En la providencia acusada se evidencia que se verificó el material probatorio, en

el cual se advirtió que no reposaba algún elemento de convicción que acreditara la
expedición y ejecución de la aludida inspección tributaria. Es decir, no es factible
que a través de tutela se le imponga a la autoridad judicial accionada tener por cierto
un hecho sin sustento probatorio que lo respalde.

29. Ahora bien, la DIAN afirma que no se requería probar la materialización de la

inspección tributaria, en la medida en que este fue un hecho aceptado por el extremo
activo en el proceso ordinario. Sin embargo, sobre este planteamiento el Tribunal
accionado indicó que, “pese a que el actor hizo mención a la expedición del auto
que la ordena del 30 de julio de 2014, y su notificación, lo cierto es que dicha
afirmación no resulta ser ni conducente ni suficiente para cumplir con los supuestos
consagrados en el artículo 706 del Estatuto Tributario, que habla de la práctica de
dicha diligencia, a fin de que el auto a través del cual se ordena su desarrollo
produzca el efecto de suspensión de términos”.

30. Por consiguiente, no puede pretender la tutelante que las afirmaciones de las

partes se tomen como hechos probados por las autoridades judiciales, cuando no
se aportan los medios de convicción que las soporten. En ese sentido, si lo que se
perseguía por parte de la Administración era que se aplicara la suspensión originada
por la realización de la inspección tributaria, tenía en su cabeza la carga de la
prueba, consistente en allegar los documentos que dieran cuenta de ese supuesto
de hecho que alegaba, pero no lo hizo. Cuanto más si uno de sus deberes era
aportar el expediente administrativo en su integridad, de conformidad con el artículo
175 del CPACA.

advirtió el Tribunal accionado, al sostener que, “tanto el auto como la
31. Así lo

constancia de la realización de la inspección tributaria alegada, no fueron aportados
con la contestación, ni en las oportunidades probatorias que ostentaba la DIAN
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dentro del proceso, y que a pesar de haberse allegado con el recurso de apelación
formulado en contra de la sentencia de primera instancia (…), no es posible para la
Sala el valorarlas pues, además de que no se aportaron por el demandado en las
etapas procesales correspondientes, su práctica en segunda instancia fue negada
mediante auto del veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018) (…), sin
que el demandado hubiese recurrido dicha decisión”.

32. Así las cosas, no es dable que la acción de tutela se emplee como un escenario

adicional para allegar pruebas que no fueron adosadas en las oportunidades
procesales previstas para el efecto en el respectivo expediente ordinario. Es decir,
para suplir las deficiencias probatorias en las que incurre quien acude a este
mecanismo constitucional, con el fin de reabrir etapas que ya fenecieron en sede
ordinaria, máxime cuando pudo recurrir la decisión que le negó el decreto de dichas
pruebas, pero tampoco lo hizo.

33. Por consiguiente, el hecho de que no se le haya otorgado a la afirmación del

contribuyente en la demanda ordinaria la potencialidad de acreditar la realización de
la inspección tributaria, no refleja una indebida valoración probatoria, sino la
materialización del principio de autonomía judicial del que están revestidos las
autoridades judiciales para decidir las controversias puestas en su conocimiento,
máxime cuando la decisión adoptada no evidencia algún tipo de arbitrariedad, pues
tuvo en cuenta las pruebas que reposaban en el plenario, las cuales fueron
analizadas conforme a los postulados de la sana crítica.

34. En ese sentido, la autoridad judicial concluyó que para contabilizar el plazo para

notificar el requerimiento especial por la declaración del impuesto sobre las ventas
del año 2011, período 04, se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento para la
presentación del impuesto de renta 2011, en razón a que el contribuyente también
era responsable de declarar dicho tributo, la cual era el 13 de agosto de 201212. Por
tanto, se tenía hasta el 14 de agosto de 201413 para efectuar dicha notificación. Sin
embargo, el respectivo requerimiento especial se expidió el 7 de noviembre de 2014,
esto es, de manera extemporánea, y su notificación se hizo efectiva el 11 de los
mismos mes y año. Además, la inspección tributaria que presuntamente se había
realizado en la investigación por el impuesto a la Renta y Complementarios del año
gravable 2011 no tuvo la vocación de suspender los términos de notificación del
requerimiento especial al contribuyente.

35. Expuesto el anterior panorama, se concluye que la inconformidad de la tutelante

sobre la valoración probatoria denota una discrepancia con lo concluido al respecto,
por no resultarle favorable a sus intereses, sin que se haga referencia a que esta
incurra en algún tipo de arbitrariedad, por ende, el hecho de que la autoridad judicial
no acogiera el modo que considera correcto la parte actora no involucra la afectación
constitucional alegada.
12 Según el artículo 14 del Decreto 4907 de 2011, al terminar su NIT en 89.
13 Corresponde a la fecha límite de dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar renta

2011.
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36. Porende, el desacuerdo con la decisión judicial atacada no la habilita para
promover esta acción con el objeto de que se acoja la tesis probatoria que pregona.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
instancia, para imponer el grado probatorio que se les debe otorgar a las pruebas
recaudadas.

37. Asimismo, indica que se presentó una omisión probatoria relacionada con la
inexistencia de saldo a favor del período anterior 03 (mayo-junio) de 2011. Frente a
lo cual se aclara que si bien este tema no fue examinado por el Tribunal, ello se
originó por cuanto se arribó a la conclusión de que la declaración privada presentada
quedó en firme, al no haberse notificado el respectivo requerimiento especial en la
oportunidad prevista legalmente para tal propósito, lo cual le imposibilitaba examinar
en sede judicial su contenido, en esa medida, no se incurrió en la aludida falencia
probatoria.

38. En ese sentido lo anotó la autoridad judicial, al fijar en el problema jurídico a

resolver, en el sentido de indicar que “en el evento de concluir que el Requerimiento
Especial fue notificado en debida forma, deberá la Sala establecer si procedía o no
el arrastre del saldo a favor del período anterior 03 (mayo-junio), presentado por el
demandante en la declaración del impuesto sobre las ventas período 04 del año
gravable 2011”. Y como se concluyó la extemporaneidad de dicha notificación, se
obstaculizó examinar los actos administrativos acusados.

39. Por último, la entidad accionante sostuvo que se desatendió la sentencia de 5 de

agosto de 202114 del Consejo de Estado, porque no se tuvo en cuenta que la firmeza
de la declaración privada del impuesto sobre las ventas sigue la suerte de la firmeza
del impuesto de renta y complementarios. Por tanto, bastaba que se practicara la
inspección tributaria en la investigación relativa al impuesto de renta, para que se
suspendiera el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre las ventas,
sin que fuera necesario trasladar dicha prueba de un expediente a otro.

40. Para la Sala, la anterior pauta jurisprudencial no fue desconocida por el Tribunal

accionado, por el contrario, citó una sentencia de 4 de agosto de 2022 del Consejo
de Estado15, en la que, en virtud del artículo 705-1 del Estatuto Tributario, precisó
que, cuando la inspección tributaria de la que trata el artículo 706 ibidem se practica
en la investigación del impuesto sobre las rentas sobre períodos que coincidan con
el correspondiente año gravable del impuesto a las ventas, esta cumple con la
finalidad de suspender los términos de notificación del requerimiento especial que
se efectúe en esta última.

41. Diferente es que no se haya contado con las pruebas que acreditaran la práctica

de dicha diligencia, por lo que sostuvo que “si lo pretendido por la DIAN era que se

14 Expediente 73001-23-33-000-2013-00453-02 (22105), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15 Expediente 05001-23-33-000-2018-02456-01 (26525), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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le otorgaran efectos a la inspección tributaria presuntamente practicada en el
proceso Renta y Complementarios 2011 del contribuyente y demandante, debía
acreditar que dicha diligencia se había llevado a cabo, pues no basta con que se
hubiere expedido el auto que la ordena, que por demás tampoco allegó con la
contestación ni en etapas probatorias oportunas, sino que resultaba necesario que
demostrara su efectiva realización”. Para reforzar tal afirmación también hizo alusión
a las sentencias de 23 de julio de 202016 y 13 de mayo de 202117 del Consejo de
Estado.

42. En esa medida, no se evidencia que la autoridad judicial haya desatendido tal

pauta, por el contrario, la observó para zanjar el litigio, distinto es que no se haya
contado con material probatorio que diera cuenta de la realización de la inspección
tributaria que habilitara la suspensión del término para notificar el requerimiento
especial.

43. La tutelante también indicó que se inobservó lo decidido en dos procesos de

nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por el mismo contribuyente y con
supuestos fácticos similares. Atacó los actos administrativos emitidos en los
procedimientos de investigación y determinación de los impuestos sobre las ventas
del año gravable 2011, períodos 5 y 6, pues en esos asuntos no se desvirtuó la
legalidad de dichas determinaciones administrativas.

44. Sobre el particular, se tiene que si bien es cierto que las sentencias de 16 de junio

de 2022 y 28 de febrero de 2025 fueron emitidas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, también lo es que las profirieron las Salas de Decisión Tercera y Sexta,
respectivamente, es decir, por salas de decisión diferentes. Tal situación constituye
un obstáculo para examinar la configuración o no del desconocimiento del
precedente horizontal alegado, en la medida en que este se presenta cuando la
misma autoridad judicial dicta decisiones contrarias para zanjar controversias
similares sin explicación alguna18.

45. Y,en todo caso, aunque en los dos asuntos se debatía la legalidad de las
Liquidaciones Oficiales referentes a las declaraciones del impuesto sobre las ventas
de los períodos 5 y 6 del año gravable 2011, en ninguna de las providencias se
abordó lo referente a la suspensión del término de la notificación del requerimiento
especial procedente de la efectiva realización de la inspección tributaria. Aunado a
que la similitud respecto a un asunto no determina que, por ese simple hecho, los
casos deban ser fallados igual, pues esa pretensión desconoce el contexto
probatorio de cada asunto, que particularmente en esta ocasión resulta muy
relevante.

46. Así las cosas, las inconformidades de la tutelante no demuestran una afectación

constitucional ni contiene la suficiente carga argumentativa que acredite algún yerro

16 Exp. 24009, C. P. Julio Roberto Piza (E).
17 Exp. 25265, C. P. Milton Chaves García.
18 Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03484-00
Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad y otro

de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales. La
simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola afectación constitucional.

47. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción

de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.

48.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

19 VF

11

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