Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00785-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00785-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00785-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2019-00785-01 (2616-2024)
Demandante : Doris del Socorro Noreña Flórez
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema : Desvinculación del servicio por provisión definitiva del cargo
mediante concurso de méritos.
Decisión : Confirma la sentencia de primera instancia. La provisión
definitiva del cargo mediante concurso de méritos se ajustó al
ordenamiento jurídico y no se acreditaron las vulneraciones
alegadas por la demandante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Doris del Socorro Noreña Flórez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015, mediante la cual la Procuraduría General de la
Nación dio apertura y reglamentó el concurso de méritos para proveer los cargos de
procuradores judiciales I y II; de la Convocatoria 004 de 2015 correspondiente a los
empleos de procurador judicial II asignados a la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales; del Decreto 3751 del 8 de agosto de 2016, por medio del
cual se nombró en período de prueba al señor Andrés Armando Ramírez Gómez en el
cargo de procurador 346 judicial II penal de Medellín Justicia y Paz, empleo que venía
ocupando la demandante y como consecuencia fue desvinculada del servicio; así como
del Acta de Posesión 124 del 2 de septiembre de 2016.1
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro a un cargo
igual o de superior categoría al que venía desempeñando, sin solución de continuidad,
junto con el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al
1 En la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA se excluyó el análisis
de la nulidad del acta de posesión, circunscribiéndose el debate respecto de los demás actos demandados.
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Demandante: Doris del Socorro Noreña Flórez
sistema de seguridad social y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de
retiro hasta cuando se produzca el reintegro efectivo, debidamente indexados.
Igualmente, pidió que se declare que no existió solución de continuidad en la prestación
del servicio para todos los efectos legales y prestacionales.
3. Como fundamento de sus pretensiones, la demandante expuso que se desempeñó
como procuradora 346 judicial II penal de Medellín Justicia y Paz desde el 3 de octubre
de 2008 hasta el 1.º de septiembre de 2016 y que contaba con más de trece años de
servicios en la Procuraduría General de la Nación. Señaló que su desvinculación se
produjo como consecuencia del concurso de méritos convocado mediante la Resolución
040 de 2015, expedida en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte
Constitucional, providencia en la cual se declaró inexequible la clasificación de los cargos
de procurador judicial como de libre nombramiento y remoción, al estimarse que,
conforme al artículo 280 de la Constitución Política, debían ser provistos mediante el
sistema de carrera administrativa.
4. Indicó que la convocatoria desconoció las particularidades de los cargos de procurador
judicial vinculados a la jurisdicción de justicia y paz y a los mecanismos de justicia
transicional previstos en la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, pues, en su criterio,
se trataba de empleos de naturaleza temporal y sin vocación de permanencia que no
podían ser ofertados en igualdad de condiciones con los demás cargos de procuradores
judiciales de carrera. Añadió que, pese a participar en la Convocatoria 004 de 2015
correspondiente a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales, fue excluida de las etapas posteriores del concurso por no superar el puntaje
mínimo exigido y posteriormente informada del nombramiento en período de prueba del
señor Andrés Armando Ramírez Gómez en el cargo que venía ocupando, acto
administrativo que, según afirmó, nunca le fue notificado formalmente.
5. Asimismo, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación desconoció su condición
de sujeto de especial protección constitucional, toda vez que había informado
oportunamente a la entidad, mediante Oficio P346JIIP-2015-004 del 26 de enero de 2015,
que se encontraba próxima a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación y que contaba con una pérdida de capacidad laboral del 37.53 %, circunstancia
que, en su criterio, la hacía acreedora de estabilidad laboral reforzada por su condición
de prepensionada y por su estado de salud. Afirmó que, pese a ello, la entidad procedió
a proveer definitivamente el empleo y a desvincularla del servicio sin adoptar medidas de
protección especiales frente a su situación particular.
6. En ese contexto, afirmó que los actos demandados vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral
reforzada y al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, al desconocer las
garantías derivadas de su situación administrativa, de su permanencia prolongada en el
servicio y de su condición de prepensionada y persona en situación de debilidad
manifiesta. Sostuvo, además, que la convocatoria y los actos posteriores desconocieron
derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas respecto de quienes venían
ocupando cargos de procuradores judiciales vinculados a la justicia transicional y alegó
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que el Decreto 3751 de 2016, mediante el cual se efectuó el nombramiento en período
de prueba del señor Andrés Armando Ramírez Gómez y se produjo su desvinculación del
cargo, nunca le fue notificado formalmente, circunstancia que, en su criterio, vulneró sus
derechos de audiencia, defensa y debido proceso.
Contestación de la demanda
7. La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
al sostener que los actos administrativos demandados fueron expedidos con plena
sujeción al ordenamiento jurídico y en estricto cumplimiento de la sentencia C-101 de
2013 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó convocar a concurso público
todos los cargos de procurador judicial, sin exclusión alguna. Explicó que los empleos de
procurador judicial II código 3PJ grado EC, incluidos aquellos que ejercían funciones ante
Justicia y Paz, integraban una planta globalizada y permanente de la entidad, inicialmente
prevista en el Decreto Ley 262 de 2000 y posteriormente adicionada mediante los
Decretos 4795 de 2007 y 2247 de 2011, razón por la cual no existía fundamento
normativo para excluirlos del concurso ni para otorgarles un tratamiento distinto al de los
demás cargos de procurador judicial.
8. Precisó que, conforme a lo anterior, correspondía al procurador general distribuir
internamente los empleos según las necesidades del servicio, sin que la denominación
funcional o el área de desempeño modificaran la naturaleza jurídica de los cargos. En
ese sentido, indicó que los empleos vinculados a asuntos de justicia transicional no
constituían cargos autónomos ni temporales, sino empleos permanentes de procurador
judicial II que podían ser asignados a distintas áreas de intervención, entre ellas asuntos
penales, justicia y paz, víctimas o restitución de tierras. Añadió que las funciones
desempeñadas ante magistrados de Justicia y Paz derivaban de la organización interna
de la entidad y no directamente de la Ley 975 de 2005, por lo que dichos cargos podían
ser válidamente ofertados en la Convocatoria 004 de 2015 junto con los demás cargos
de procurador judicial en asuntos penales.
9. Sostuvo que la demandante no tenía un derecho adquirido a permanecer en
provisionalidad ni podía impedir el nombramiento de quien superó el concurso de méritos,
aun cuando alegara la condición de prepensionada o una situación de debilidad
manifiesta por razones de salud. Afirmó que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la prevalencia del mérito como criterio de acceso y permanencia en cargos
de carrera administrativa, de manera que no resultaba jurídicamente viable desplazar al
aspirante que obtuvo el derecho al nombramiento en propiedad. En igual sentido, indicó
que la sentencia C-333 de 2012 no era aplicable al caso concreto, pues dicha providencia
se refirió a la provisión de cargos de magistrados de Justicia y Paz dentro de la Rama
Judicial y, lejos de excluir el mérito, reafirmó la necesidad de acudir a listas de elegibles
y concursos públicos para la provisión de dichos empleos.
10. Finalmente, señaló que las listas de elegibles sí podían utilizarse para proveer cargos
equivalentes no identificados individualmente en la convocatoria, conforme al artículo 216
del Decreto Ley 262 de 2000 y a la jurisprudencia constitucional (sentencias SU-446 de
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2011, C-281 de 2007 y C-319 de 2010), dado que todos los cargos de procurador judicial
II código 3PJ grado EC compartían igual denominación, requisitos y régimen jurídico. Con
fundamento en ello, concluyó que la desvinculación de la demandante obedeció
exclusivamente al deber constitucional y legal de proveer los cargos mediante el sistema
de mérito y no a una actuación arbitraria o discriminatoria de la administración. Formuló
las excepciones innominada o genérica y carga de la prueba.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, sin
imponer condena en costas. Para tal efecto, consideró que los cargos de procurador
judicial pasaron de ser de libre nombramiento y remoción a empleos de carrera
administrativa a partir de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional,
providencia en la que además se ordenó a la Procuraduría General de la Nación convocar
a concurso público para proveer tales empleos. En cumplimiento de dicha decisión, la
entidad expidió la Resolución 040 de 20 de enero de 2015 mediante la cual abrió el
proceso de selección para proveer los cargos de procuradores judiciales I y II, reglamentó
las etapas del concurso y dispuso la conformación de listas de elegibles.
12. Indicó que, conforme a los artículos 125 de la Constitución Política, 27 de la Ley 909
de 2004 y a la jurisprudencia constitucional, el mérito constituye el criterio rector para el
ingreso y permanencia en los cargos de carrera administrativa, de manera que quienes
ocupan cargos en provisionalidad gozan únicamente de una estabilidad relativa o
intermedia y pueden ser retirados para proveer el empleo con quien superó el concurso
de méritos y obtuvo el derecho al nombramiento en período de prueba. Precisó que el
nombramiento en provisionalidad no genera fuero de inamovilidad y que la provisión
definitiva del cargo mediante concurso constituye una causa legal de retiro.
13. Frente al argumento según el cual los cargos de procuradurías judiciales de justicia
y paz y apoyo a víctimas tenían carácter temporal y no podían ser ofertados dentro de la
Convocatoria 004 de 2015, el Tribunal señaló que, aunque la sentencia C-172 de 2017
declaró inexequible la expresión “de carácter permanente” contenida en el Decreto 2247
de 2011, ello no implicaba que los empleos no pudieran ser provistos mediante concurso
ni que los servidores nombrados en provisionalidad adquirieran estabilidad reforzada o
derechos de permanencia. En ese sentido, sostuvo que la Resolución 040 de 2015 no
desconoció la naturaleza de los cargos ni incurrió en violación del debido proceso o del
derecho a la igualdad.
14. Concluyó que la sentencia C-333 de 2012 no respaldaba la tesis de la demandante,
toda vez que dicha providencia privilegió el mérito y las mejores condiciones
profesionales como criterio principal para la provisión de cargos en Justicia y Paz, incluso
mediante el uso de listas de elegibles. Por ello, consideró ajustado a derecho que el cargo
ocupado por la actora hubiera sido provisto con una persona incluida en la lista de
elegibles correspondiente al concurso adelantado por la Procuraduría General de la
Nación.
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Demandante: Doris del Socorro Noreña Flórez
15. Finalmente, el Tribunal sostuvo que la demandante no acreditó ostentar la condición
de prepensionada ni encontrarse amparada por estabilidad laboral reforzada para la
fecha de su desvinculación, pues no allegó certificación del fondo de pensiones ni prueba
idónea sobre su pérdida de capacidad laboral. En todo caso, precisó que el retiro
obedeció a una causa legal derivada del nombramiento en período de prueba de quien
superó el concurso de méritos, razón por la cual concluyó que no se configuraban los
vicios de nulidad alegados respecto de los actos administrativos demandados.
Recurso de apelación
16. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que el Tribunal omitió valorar integralmente las particularidades
jurídicas y fácticas de los cargos de procurador judicial vinculados a la jurisdicción de
justicia y paz y a los mecanismos de justicia transicional. Sostuvo que el fallo desconoció
que el cargo que ocupaba como procuradora 346 judicial II penal de Medellín Justicia y
Paz tenía origen legal en la Ley 975 de 2005 y en la Ley 1448 de 2011, con naturaleza
temporal y sin vocación de permanencia, razón por la cual no podía ser ofertado dentro
del concurso convocado mediante la Resolución 040 de 2015 en igualdad de condiciones
con los cargos ordinarios de procuradores judiciales previstos en el Decreto Ley 262 de
2000. En ese sentido, afirmó que el Tribunal desconoció el precedente constitucional
contenido en las sentencias C-333 de 2012 y C-101 de 2013 de la Corte Constitucional,
así como el artículo 280 de la Constitución Política, al no reconocer que los procuradores
judiciales de justicia transicional debían recibir un tratamiento equivalente al otorgado a
los funcionarios judiciales vinculados a dicha jurisdicción.
17. Alegó que la sentencia apelada desconoció los derechos adquiridos y la situación
jurídica consolidada de quienes, como ella, habían sido vinculados con anterioridad a la
ejecutoria de la sentencia C-101 de 2013 en cargos de procuradurías judiciales de justicia
y paz, pese a ejercer funciones permanentes ante la jurisdicción transicional. Indicó que
la Procuraduría General de la Nación vulneró los principios de igualdad, confianza
legítima y primacía de la realidad sobre las formalidades al ofertar en concurso cargos
temporales asociados a la justicia transicional, sin advertir su naturaleza excepcional ni
las consecuencias que ello implicaba para quienes venían desempeñándolos en
provisionalidad.
18. Cuestionó la legalidad del concurso convocado mediante la Resolución 040 de 2015,
al sostener que durante su desarrollo se presentaron irregularidades que afectaron los
principios de transparencia, igualdad y debido proceso. En particular, afirmó que
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación participaron en la elaboración de
las preguntas de las pruebas de conocimiento; que existió filtración previa de
cuestionarios; que no se garantizó el acceso a los cuadernillos y hojas de respuesta; que
fueron eliminadas preguntas sin informar adecuadamente a los concursantes y que se
presentaron inconsistencias en la asignación de puntajes entre aspirantes que obtuvieron
igual número de respuestas correctas.
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19. Insistió en que la Procuraduría General de la Nación desconoció su condición de
sujeto de especial protección constitucional, pese a que había informado oportunamente
a la entidad que se encontraba próxima a consolidar su derecho pensional y que contaba
con una pérdida de capacidad laboral del 37.53 %. Señaló que la entidad tenía pleno
conocimiento de su situación de prepensionada y de su estado de salud al momento de
expedir el Decreto 3751 del 8 de agosto de 2016 y de comunicarle la terminación de su
provisionalidad, sin que hubiera realizado un análisis particular sobre la procedencia de
medidas de estabilidad laboral reforzada.
20. Finalmente, sostuvo que el Tribunal no valoró adecuadamente la vulneración del
debido proceso derivada de la falta de notificación del Decreto 3751 de 2016, mediante
el cual se nombró en período de prueba al señor Andrés Armando Ramírez Gómez y se
dispuso la terminación de su vinculación provisional. Afirmó que dicho acto nunca le fue
notificado formalmente ni se le entregó copia del mismo, circunstancia que, en su criterio,
afectó sus derechos de defensa y contradicción frente a la decisión administrativa que
produjo su desvinculación del cargo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Mediante auto proferido el 18 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante. Durante la oportunidad procesal, la demandada guardó
silencio frente al recurso.
22. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Indicó que los actos administrativos demandados se
ajustaron al ordenamiento jurídico, toda vez que la provisión de los cargos de
procuradores judiciales mediante concurso de méritos obedeció al cumplimiento de la
sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional y al régimen especial de carrera
previsto para la Procuraduría General de la Nación. Señaló que los servidores vinculados
en provisionalidad únicamente gozan de una estabilidad laboral relativa, la cual cede
frente al mejor derecho de quien supera el concurso e integra la lista de elegibles.
23. Sostuvo que los cargos de procurador judicial vinculados a justicia y paz y apoyo a
víctimas, aunque relacionados con normas de justicia transicional, fueron incorporados a
la planta global de la Procuraduría General de la Nación y podían ser provistos mediante
concurso de méritos. Añadió que la sentencia C-101 de 2013 no exigió la expedición
previa de una nueva ley para adelantar el proceso de selección y que la homologación
prevista en el artículo 280 de la Constitución Política no implicaba identidad entre el
régimen de carrera de los procuradores judiciales y el de los funcionarios de la Rama
Judicial.
24. Finalmente, precisó que la condición de prepensionada o sujeto de especial
protección constitucional no otorgaba a la demandante un derecho indefinido a
permanecer en el cargo, pues, conforme a la jurisprudencia constitucional, tales garantías
únicamente imponen a la administración el deber de adoptar medidas afirmativas de
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protección, sin desconocer el mérito de quien accedió al empleo mediante concurso
público.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados, mediante
los cuales la Procuraduría General de la Nación convocó el concurso de méritos para
proveer cargos de procuradores judiciales y nombró en período de prueba al señor
Andrés Armando Ramírez Gómez en el empleo que ocupaba la demandante, vulneraron
los derechos invocados por esta y se expidieron con desconocimiento del ordenamiento
jurídico.
27. Para tal efecto, deberá establecerse: i) si los cargos de procurador judicial vinculados
a justicia y paz y a los mecanismos de justicia transicional podían ser ofertados dentro de
la Convocatoria 004 de 2015; ii) si la condición de prepensionada y el estado de salud
alegados por la demandante impedían su desvinculación o imponían medidas especiales
de protección; iii) si durante el concurso de méritos se presentaron irregularidades que
afectaran los principios de transparencia, igualdad y debido proceso; y iv) si el Decreto
3751 de 2016 debía ser notificado personalmente a la demandante.
Análisis
28. En el presente asunto, la Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto no se
acreditó que la Procuraduría General de la Nación hubiera desconocido el ordenamiento
jurídico al incluir los cargos de procurador judicial vinculados a justicia y paz dentro de la
Convocatoria 004 de 2015 ni al proveerlos mediante concurso público de méritos en
cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional. Asimismo, no se
demostró que la demandante ostentara una situación de estabilidad laboral reforzada que
impidiera su desvinculación del cargo ocupado en provisionalidad, ni se acreditaron las
irregularidades alegadas respecto del desarrollo del concurso o la configuración de
vulneraciones al debido proceso derivadas de la falta de notificación personal del Decreto
3751 de 2016. En consecuencia, los actos administrativos demandados conservan su
presunción de legalidad, conforme pasa a explicarse.
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29. La demandante se desempeñó como procuradora 346 judicial II penal de Medellín
Justicia y Paz desde el 3 de octubre de 2008 hasta el 1.º de septiembre de 2016, fecha
en la que fue desvinculada con ocasión del nombramiento en período de prueba del señor
Andrés Armando Ramírez Gómez, quien superó el concurso de méritos convocado por
la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 040 de 2015, expedida en
cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional. La actora
cuestiona la legalidad de la convocatoria y de los actos posteriores al considerar que el
empleo que ocupaba, vinculado a la jurisdicción de justicia y paz, no podía ser provisto
mediante el referido concurso y que, además, la entidad desconoció las garantías
derivadas de su situación particular al momento de su desvinculación.
30. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que los actos
administrativos demandados se ajustaban al ordenamiento jurídico, al considerar que, en
cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, la Procuraduría
General de la Nación estaba obligada a proveer los cargos de procurador judicial
mediante concurso de méritos y que quienes ocupaban dichos empleos en
provisionalidad únicamente gozaban de una estabilidad relativa que cedía frente al mejor
derecho de quien superó el proceso de selección. Asimismo, sostuvo que los cargos
vinculados a justicia y paz podían ser ofertados dentro de la Convocatoria 004 de 2015,
que la demandante no acreditó su condición de prepensionada ni de sujeto de especial
protección constitucional y que su desvinculación obedeció a una causa legal derivada
del nombramiento en período de prueba de quien integró la lista de elegibles.
31. La apelante cuestionó la legalidad de los actos administrativos demandados al
considerar que el Tribunal desconoció la naturaleza temporal y excepcional de los cargos
de procurador judicial vinculados a la justicia transicional y, en consecuencia, avaló
indebidamente su provisión mediante el concurso convocado por la Procuraduría General
de la Nación. Asimismo, insistió en que se vulneraron sus derechos a la igualdad, al
debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y a la confianza legítima, tanto por las
presuntas irregularidades presentadas durante el desarrollo del concurso de méritos,
como por la falta de valoración de su condición de prepensionada y persona en situación
de debilidad manifiesta. Finalmente, sostuvo que la falta de notificación formal del
Decreto 3751 de 2016 afectó sus derechos de defensa y contradicción frente a la decisión
administrativa que produjo su desvinculación del cargo.
De los procuradores judiciales vinculados a justicia y paz y a los mecanismos de
justicia transicional
32. La demandante sostuvo que el cargo de procurador 346 judicial II penal de Medellín
Justicia y Paz que ocupaba no podía ser ofertado dentro de la Convocatoria 004 de 2015,
por cuanto se trataba de un empleo vinculado a los mecanismos de justicia transicional
previstos en la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, cuya naturaleza era temporal y
excepcional. En su criterio, tales cargos no podían ser provistos en igualdad de
condiciones con los demás empleos ordinarios de procurador judicial regulados por el
Decreto Ley 262 de 2000, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación
desconoció el precedente constitucional contenido en las sentencias C-333 de 2012 y C-
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101 de 2013, así como los principios de igualdad, confianza legítima y primacía de la
realidad sobre las formalidades.
33. No obstante, la Sala considera que dicho reparo no tiene vocación de prosperidad,
toda vez que la inclusión de los cargos de procurador judicial vinculados a justicia y paz
dentro de la Convocatoria 004 de 2015 se ajustó al ordenamiento jurídico y obedeció al
cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, providencia en
la que se declaró inexequible la clasificación de los cargos de procurador judicial como
empleos de libre nombramiento y remoción y se ordenó a la Procuraduría General de la
Nación adelantar el correspondiente concurso público de méritos para su provisión en
propiedad.
34. En efecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de julio de 2021,2 al decidir las
demandas de nulidad formuladas contra la Resolución 040 de 2015, precisó que la Corte
Constitucional “ordenó convocar un concurso público para la provisión en propiedad de
todos los cargos de Procurador Judicial” y que el sistema aplicable era el régimen
especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación previsto en el Decreto Ley
262 de 2000, sin distinguir entre procuradores judiciales ordinarios y aquellos vinculados
a justicia transicional. Asimismo, indicó que el proceso de selección adelantado mediante
la Resolución 040 de 2015 se realizó “dentro de los parámetros de la legalidad
preexistente y en cumplimiento de una orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional”.
35. En consecuencia, los cargos de procuradores judiciales que actuaban ante la
jurisdicción de justicia y paz sí podían ser incorporados al concurso de méritos, dado que
hacían parte de la planta global de la Procuraduría General de la Nación y no
correspondían a empleos autónomos, independientes o excluidos del régimen especial
de carrera administrativa de la entidad.
36. Bajo esa perspectiva, conforme al Decreto 2247 de 2011 y a la estructura prevista en
el Decreto Ley 262 de 2000, los cargos de procurador judicial I y II se encuentran
integrados en una planta globalizada cuya distribución funcional corresponde al
procurador general de la nación, de acuerdo con las necesidades del servicio. 3 Por ello,
la circunstancia de que determinados procuradores judiciales ejercieran funciones
relacionadas con justicia y paz, apoyo a víctimas o justicia transicional no modificaba la
naturaleza jurídica del empleo ni lo sustraía del sistema especial de carrera de la
Procuraduría General de la Nación. Así, lo relevante para efectos de la convocatoria era
el código, grado y área funcional del cargo dentro de la estructura institucional, y no la
asignación concreta o coyuntural de determinadas funciones en materia de justicia
transicional.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021. Rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00
(0740-2015) [acumulado].
3 En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación, entre otras, en las sentencias del 13 de noviembre de 2025,
Rad. 25000-23-42-000-2017-00727-01 (4784-2024); 26 de febrero de 2026, Rad. 25000-23-42-000-2017-00994-01
(3042-2022).
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37. En ese sentido, aunque algunos cargos fueron creados o distribuidos para fortalecer
la intervención del Ministerio Público en asuntos relacionados con justicia y paz y atención
a víctimas del conflicto armado, ello no implicaba que estuvieran excluidos de la
estructura ordinaria de la Procuraduría General de la Nación ni que constituyeran una
categoría autónoma de empleos. Por el contrario, las funciones de apoyo a víctimas y
justicia transicional constituían competencias funcionales distribuidas transversalmente
entre distintas procuradurías delegadas y procuradores judiciales, en ejercicio de la
facultad constitucional y legal de organización interna atribuida al procurador general de
la nación. De ahí que la asignación de funciones en materia de justicia transicional no
generara un derecho subjetivo de permanencia en un determinado despacho o
dependencia, ni impedía que el cargo fuera ofertado y provisto mediante concurso público
de méritos. Además, tratándose de una planta global y flexible, la administración
conservaba la potestad de ubicar y redistribuir los empleos conforme a las necesidades
institucionales y a los planes y programas de la entidad, sin que ello alterara la naturaleza
del cargo ni desbordara el marco legal de la convocatoria.
38. Ahora bien, en cuanto al argumento relativo al supuesto desconocimiento de la
sentencia C-333 de 2012, la Sala advierte que dicho precedente no respalda la tesis de
la demandante. En esa providencia, la Corte Constitucional analizó la forma de provisión
de los cargos de magistrados de justicia y paz y de los grupos de apoyo administrativo y
social previstos en el artículo 67 de la Ley 975 de 2005, no la situación de los
procuradores judiciales vinculados a la Procuraduría General de la Nación. Además, lejos
de excluir el principio del mérito, la Corte condicionó la exequibilidad de la norma
demandada al entendimiento de que, a partir de la notificación de esa sentencia, dichos
empleos debían proveerse de la lista de elegibles vigente. Por tanto, la C-333 de 2012
no reconoció un derecho de permanencia en favor de quienes ocupaban cargos
asociados a justicia transicional, sino que reafirmó que la provisión de esos empleos
debía atender criterios de mérito, transparencia e igualdad.
39. Así las cosas, tampoco le asiste razón a la apelante cuando afirma que los cargos de
procurador judicial vinculados a justicia y paz no podían ser ofertados dentro de la
Convocatoria 004 de 2015 o que quienes los ocupaban en provisionalidad adquirían, por
esa sola circunstancia, un derecho de permanencia en el empleo. Por el contrario, la
provisión definitiva de dichos cargos mediante concurso de méritos constituyó una
actuación ajustada a los principios constitucionales de igualdad y mérito que gobiernan
el acceso a la función pública, conforme a los artículos 125 y 280 de la Constitución
Política y a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013.
De la estabilidad relativa de los servidores vinculados en provisionalidad que
alegan la condición de prepensionados y sujetos de especial protección
constitucional frente al principio del mérito
40. La demandante sostuvo que la Procuraduría General de la Nación desconoció su
condición de sujeto de especial protección constitucional, pese a que había informado
oportunamente a la entidad que se encontraba próxima a cumplir los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación y que contaba con una pérdida de capacidad laboral
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Demandante: Doris del Socorro Noreña Flórez
del 37.53 %, circunstancias que, en su criterio, le otorgaban estabilidad laboral reforzada
por su condición de prepensionada y por su estado de salud. Afirmó que, aun conociendo
dicha situación, la entidad procedió a proveer definitivamente el empleo que ocupaba y a
desvincularla del servicio sin adoptar medidas especiales de protección.
41. Al respecto, la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional4 y contencioso-
administrativa5 ha reconocido que los prepensionados constituyen sujetos de especial
protección constitucional, en consideración a la afectación que puede generarse sobre
sus derechos al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social cuando son desvinculados
del empleo estando próximos a consolidar su derecho pensional. No obstante, dicha
protección no otorga un derecho absoluto de permanencia en el cargo ni implica una
inamovilidad indefinida, particularmente cuando se trata de empleos ocupados en
provisionalidad cuya provisión definitiva debe efectuarse mediante concurso público de
méritos.
42. En efecto, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de manera
reiterada que la estabilidad reforzada de los servidores prepensionados vinculados en
provisionalidad debe armonizarse con el principio del mérito previsto en el artículo 125
de la Constitución Política y con los derechos de quienes acceden al empleo público tras
superar válidamente el correspondiente proceso de selección. Por ello, se ha precisado
que el servidor provisional, aun cuando ostente la condición de prepensionado, “deberá
ceder su plaza a quien figure en la lista de elegibles por haber superado el concurso de
méritos”, salvo que la administración cuente con alternativas razonables que permitan
proteger simultáneamente los derechos en tensión, como la existencia de vacantes
equivalentes susceptibles de ser provistas provisionalmente.
43. En el caso concreto, se encuentra acreditado que la demandante ocupaba el cargo
en provisionalidad y que este fue ofertado dentro de la Convocatoria 004 de 2015,
adelantada en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional.
También está demostrado que participó en el concurso de méritos, pero no superó el
puntaje mínimo exigido para continuar en las etapas posteriores del proceso de selección,
mientras que el empleo fue provisto con una persona que integró válidamente la lista de
elegibles conformada en estricto orden de mérito.
44. Aunque la demandante, mediante Oficio P346JIIP-2015-004 del 26 de enero de 2015,
informó a la Procuraduría General de la Nación su situación pensional y la alegada
pérdida de capacidad laboral, ello no generaba, por sí solo, un derecho adquirido a
permanecer indefinidamente en el empleo ni impedía su provisión definitiva mediante
concurso público. En especial, porque la estabilidad reforzada de quienes ocupan cargos
en provisionalidad tiene un alcance relativo y cede frente al derecho preferente de quien
accede al servicio público por mérito, conforme a los artículos 125 y 280 de la
Constitución Política. Además, correspondía a la demandante acreditar, en los términos
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-446 de 2011 y SU-003 de 2018.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencias del 29 de febrero de 2016. Rad. 05001-23-33-000-
2012-00285-01; y del 3 noviembre de 2022. Rad. 08001-23-33-000-2017-00137-01; Subsección A, sentencia del 21
de agosto de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2017-01264-01 (4157-2023).
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del artículo 167 del Código General del Proceso, los supuestos fácticos en los que
sustentó su condición de prepensionada y de persona en situación de debilidad
manifiesta, carga que no podía entenderse satisfecha únicamente con las afirmaciones
realizadas.
45. En el caso concreto, la Sala advierte que las razones por las cuales el Tribunal
despachó desfavorablemente el cargo relacionado con la alegada condición de
prepensionada y de persona en situación de debilidad manifiesta obedecieron a que la
demandante no acreditó que, para la fecha en que se produjo el nombramiento en período
de prueba del señor Andrés Armando Ramírez Gómez y su consecuente desvinculación,
se encontrara próxima a consolidar los requisitos para acceder a la pensión de jubilación,
ni aportó dictamen médico o prueba técnica idónea que demostrara la alegada pérdida
de capacidad laboral del 37.53 %. Asimismo, se observa que, aunque en el recurso de
apelación insistió en tales circunstancias, no formuló reparos concretos dirigidos a
desvirtuar las conclusiones probatorias expuestas por el a quo ni allegó elementos de
convicción adicionales que permitan arribar a una conclusión distinta en esta instancia.
46. En ese contexto, se evidencia que la desvinculación de la actora obedeció al
cumplimiento de una obligación constitucional y legal consistente en proveer
definitivamente los cargos de procurador judicial mediante el sistema de carrera
administrativa.
De las presuntas irregularidades alegadas en el desarrollo del concurso de méritos
47. La apelante sostuvo que durante el desarrollo de la Convocatoria 004 de 2015 se
presentaron irregularidades que vulneraron los principios de transparencia, igualdad y
debido proceso, particularmente porque funcionarios de la Procuraduría General de la
Nación habrían participado en la elaboración de las preguntas de las pruebas de
conocimiento, existió filtración previa de cuestionarios, se eliminaron preguntas sin la
debida información a los concursantes y se presentaron inconsistencias en la asignación
de puntajes. Asimismo, afirmó que no se garantizó adecuadamente el acceso a los
cuadernillos y hojas de respuesta.
48. Sin embargo, la Sala advierte que tales reparos no tienen vocación de prosperidad,
toda vez que corresponden a cuestionamientos generales sobre la legalidad y
transparencia del concurso de méritos que no fueron acreditados de manera concreta
dentro del proceso. En efecto, la demandante no aportó elementos probatorios que
demostraran la existencia de actuaciones fraudulentas, alteraciones en los resultados o
manipulaciones específicas que hubieran afectado directamente su participación dentro
de la Convocatoria 004 de 2015, por lo que no obra en el expediente prueba que permita
establecer que las supuestas irregularidades incidieron de manera concreta en el
resultado obtenido por la demandante o comprometieran la validez del proceso de
selección.
49. Además, la legalidad de la Resolución 040 de 2015 y del concurso adelantado por la
Procuraduría General de la Nación ya fue objeto de control judicial por parte del Consejo
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de Estado mediante sentencia del 30 de julio de 2021,6 oportunidad en la cual se concluyó
que el proceso de selección se ajustó al marco constitucional y legal aplicable y garantizó
los principios que rigen el acceso al empleo público mediante el mérito. En dicha
providencia se reiteró que la convocatoria constituye la “ley del concurso”, obligatoria
tanto para la administración como para los participantes, y que las reglas fijadas en ella
debían observarse en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.
50. En ese orden, las afirmaciones formuladas por la apelante resultan insuficientes para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
particularmente cuando no se acreditó una afectación concreta y directa sobre sus
derechos ni la existencia de irregularidades sustanciales que comprometieran la validez
del concurso o de la lista de elegibles conformada con ocasión de este.
De la inexistencia del deber de notificación personal del Decreto 3751 de 2016 a la
servidora vinculada en provisionalidad
51. La demandante alegó que el Decreto 3751 de 2016, mediante el cual se nombró en
período de prueba al señor Andrés Armando Ramírez Gómez y se produjo la terminación
de su nombramiento provisional, nunca le fue notificado formalmente, circunstancia que,
en su criterio, vulneró sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso.
52. Al respecto, la Sala advierte que dicho reparo no está llamado a prosperar, por cuanto
el Decreto 3751 de 2016 constituyó, esencialmente, un acto administrativo de
nombramiento expedido en favor de la persona que superó el concurso público de méritos
y adquirió el derecho preferente a ocupar el empleo de carrera, razón por la cual su
destinatario directo era el concursante nombrado en período de prueba y no la
demandante, quien ejercía el cargo en provisionalidad.
53. En efecto, el régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación,
previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, atribuye al procurador general la dirección y
administración del sistema de carrera de la entidad, así como la facultad de efectuar los
nombramientos derivados de los procesos de selección. En desarrollo de dichas
competencias, y en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013, la entidad adelantó el
concurso público para la provisión definitiva de los cargos de procuradores judiciales,
actuación que culminó con la conformación de la lista de elegibles y el consecuente
nombramiento en período de prueba del aspirante que obtuvo el mejor derecho.
54. Así las cosas, la terminación de la provisionalidad de la demandante constituyó una
consecuencia jurídica derivada de la provisión definitiva del empleo mediante el sistema
de mérito, circunstancia que resultaba inherente a la naturaleza temporal y precaria del
nombramiento provisional. En ese contexto, no puede afirmarse que la Procuraduría
estuviera obligada a notificar personalmente a la actora el acto administrativo de
nombramiento del concursante, dado que dicho acto no tenía como finalidad definir una
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021. Rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00
(0740-2015) [acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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situación jurídica particular de aquella, sino materializar el derecho de acceso al cargo de
carrera de quien superó el concurso público.
55. En el presente asunto, además, se encuentra acreditado que la demandante tuvo
conocimiento efectivo tanto del nombramiento efectuado mediante el Decreto 3751 de
2016 como de la terminación de su vinculación provisional, tal como se desprende del
oficio 4406 de 12 de agosto de 2016, a través del cual se le informó dicha decisión.
Incluso, ejerció oportunamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos demandados, circunstancia que evidencia la inexistencia de una
afectación real a sus derechos de contradicción y defensa.
56. En consecuencia, no se configura el vicio alegado por la parte actora, ni existe
fundamento para concluir que la ausencia de notificación personal del Decreto 3751 de
2016 comporte la nulidad de los actos administrativos demandados.
57. La Sala concluye que los argumentos expuestos por la apelante no desvirtúan la
legalidad de los actos administrativos acusados ni evidencian la configuración de las
vulneraciones alegadas, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
60. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Doris del Socorro Noreña Flórez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante, de acuerdo
con lo señalado en la parte motiva.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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