Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01264-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2017 01264 01 (4157-2023)
Demandante: Julieta Margarita Franco Daza
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Procuradora judicial en provisionalidad. Retiro del servicio
por provisión del cargo en carrera administrativa. Principio
de congruencia de la sentencia.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante en contra de la sentencia de fecha 28 de abril de 2023,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.1
A través del medio de control de la referencia, la parte demandante exigió lo
siguiente:
• Anular el Decreto 3710 de 8 de agosto de 2016,2 a través del cual el Procurador
General de la Nación nombró en periodo de prueba al doctor René Lemus Ospina
y consecuentemente dispuso el retiro del servicio de la parte actora.
• Condenar a la entidad demandada a pagar a la accionante los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha en que fue desvinculada
del servicio y la fecha en que fue reintegrada al mismo.3
• Ordenar a la accionada a reconocer y pagar a la demandante el valor de los
1 La Sala referencia las pretensiones insertas en el escrito de reforma a la demanda visible a folio 180 (cd)
y 181; la cual fue admitida mediante auto de 13 de diciembre de 2022.
2 Folios 25-26 del cuaderno principal.
3 Dentro del expediente está acreditado que mediante Decreto 4329 de 28 de agosto de 2017, la actora fue
nombrada en provisionalidad en el cargo de Procuradora 135 Judicial II para Asuntos Penales de Montería,
en cumplimiento de un fallo de tutela (ver respaldo folio 174 y folio 175).
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Demandante: Julieta Margarita Franco Daza
aportes al sistema general de seguridad social realizados por ella mientras
permaneció desvinculada de esa institución.
• Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en la Ley
1437 de 2011 y condenar en costas y agencias en derecho a la entidad pública
enjuiciada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.4
Como hechos relevantes se destacan los siguientes:
• La demandante tenía, a la fecha de presentación del escrito de reforma de la
demanda,5 61 años de edad.
• Mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la accionada dio apertura al
proceso de selección para proveer los cargos de procuradores judiciales, dentro
del que se encontraba la plaza ocupada por la actora «Procuradora 28 Judicial II
para Asuntos Penales».
• El 10 de septiembre de 2015, la demandante solicitó a la demandada que se
abstuviera de ofertar la vacante de su empleo, hasta tanto Colpensiones
resolviera las peticiones de reconocimiento pensional presentadas con
anterioridad a esa fecha.
• A través de las Resoluciones de fecha 2 de diciembre de 2015 y 8 de febrero
de 2016, Colpensiones negó el anhelado derecho pensional.
• A 31 de agosto de 2016, la actora tenía 1.208 semanas cotizadas en
Colpensiones.
• Por Resolución 340 de 8 de julio de 2016, la entidad demandada conformó la
lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas existentes en el empleo de
la actora, sin implementar los mecanismos necesarios para proteger los derechos
de los padres y madres cabezas de hogar, de las personas próximas a
pensionarse y de las discapacitadas para laborar.
• En esa misma fecha, la demandante le pidió a la Procuraduría General de la
Nación garantizar su estabilidad laboral, alegando la condición de
prepensionada, en razón a que, a la fecha de emisión de la lista de elegibles, le
faltaban menos de tres años para acceder a la pensión de jubilación.
• Mediante Resolución 545 de 3 de agosto de 2016, esa entidad le concedió a la
actora el disfrute de sus vacaciones entre el 5 y el 26 de septiembre de 2016. Sin
4 Conforme con lo manifestado, se referencian los hechos depositados en la reforma a la demanda.
5 18 de mayo de 2022.
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Demandante: Julieta Margarita Franco Daza
embargo, durante ese tiempo se produjo el acto administrativo que ahora se
demanda y que ordenó su desvinculación del servicio.
• En esa decisión no se explicaron las razones por las cuales no se tuvo en cuenta
la calidad de prepensionada de la demandante, ni mucho menos se explicaron
los motivos por los cuales la protección laboral reforzada no tenía lugar.
• Al no serle comunicado el contenido de esa decisión, impetró acción de tutela
en contra del órgano de control, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social, la estabilidad laboral reforzada, el mínimo
vital, entre otros.
• Mediante sentencia de segunda instancia fechada 17 de abril de 2017, la
Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación concedió el amparo
solicitado y ordenó reintegrar a la accionante al cargo de Procurador Judicial II
y/o a un empleo del nivel directivo, asesor o profesional de la planta de cargos de
la entidad. En esa decisión, se limitó la vinculación a la fecha en que la parte
activa reuniera los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
• En cumplimiento de ese mandato, por Resolución 4329 de 28 de agosto de
2017, la accionada reintegró a la actora al empleo de Procurador 135 Judicial II
para Asuntos Penales de Montería, sin reconocerle los emolumentos salariales
causados entre la fecha de su desvinculación y la de su reincorporación.
• A través de la Resolución de fecha 5 de noviembre de 2019, Colpensiones le
reconoció el derecho pensional a la parte actora y, por tal razón, presentó su
renuncia al cargo a partir del 1° de julio de 2020, dimisión que fue aceptada
mediante el Decreto 413 de 12 de marzo de 2020.6
1.3 Fundamentos de derecho.
La abogada de la parte activa condensó sus reproches en contra del acto
administrativo demandado en los siguientes términos:
• Falta de motivación y congruencia: la hizo consistir en el hecho según el cual
la entidad enjuiciada guardó silencio frente a las solicitudes presentadas por la
actora en oportunidades anteriores, y en las que peticionaba la garantía de su
estabilidad laboral, dada su calidad de prepensionada. En tal contexto, censuró
que en ese acto no se hayan tomado medidas protectoras de los derechos de su
mandante, entre ellos, ordenar su vinculación a otro cargo similar, mientras
lograba acceder al derecho pensional.
• Falta de aplicación de una norma sustancial: siguiendo el derrotero anterior,
la jurista reiteró que, al expedir el acto administrativo, la demandada ni siquiera
analizó si su protegida era titular de los beneficios del retén social regulado, en
6 Folio 176 del cuaderno principal.
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su sentir, en los artículos 13 y 48 de la Constitución Política y en las Leyes 790
de 2002, 812 de 2003 y los Decretos 190 y 396 de 2003.
• De la notificación de los actos administrativos y del retiro del servicio
durante el disfrute del periodo vacacional: el acto sometido a juicio, al tener
incidencia sobre un derecho particular de la actora, le debió ser notificado
personalmente en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011.
Por tanto, para la mandataria judicial es reprochable que la entidad demandada,
a sabiendas de que su cliente se encontraba disfrutando de su periodo
vacacional, no la haya citado para ponerle en conocimiento el contenido de esa
decisión. En consecuencia, fruto de esa irregularidad procesal, era imposible que
el acto produjera los efectos legales a que estaba llamado y, de contera, que
fuera ejecutado por la administración.
1.4 Contestación de la demanda.7
Dentro de la oportunidad de ley, la accionada contestó la reforma de la demanda
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, arguyó que la Procuraduría General de la Nación actúo de conformidad con
la Constitución Política y la Ley, sin que pueda predicarse la existencia de alguna
irregularidad que denote la nulidad de la decisión administrativa adoptada por la
demandada al desvincular a la demandante.
Como argumentos de defensa, la abogada esgrimió los siguientes:
• En cuanto a la falta de motivación y congruencia: el acto administrativo
demandado explica las razones que determinaron la desvinculación del
servicio de la actora, motivos que se relacionan exclusivamente con la
aplicación de las disposiciones que contienen el régimen de carrera de la
Procuraduría General de la Nación y el cumplimiento de las reglas del
concurso de méritos adelantado para la provisión de las vacantes
definitivas existentes frente a los empleos de procurador judicial.
• En cuanto a la falta de aplicación de la norma sustancial: a la parte
demandante no le es aplicable la Ley 790 de 2002 que trata la figura del
«retén social», por cuanto dicho dispositivo tiene como destinatarias a las
entidades públicas de la rama ejecutiva nacional, en el contexto de los
programas de renovación de la administración pública y, en el presente
caso, la desvinculación devino de las normas que regulan la carrera
administrativa. Además, señaló que la Ley 812 de 2003 y los Decretos 190
y 396 de ese mismo año «citados como soportes del cargo de nulidad en
referencia» tampoco resultan aplicables al caso de marras, por no guardar
relación con el concurso de méritos adelantado por esa institución, sino con
7 Siguiendo las directrices anteriores, se referencia la contestación a la reforma a la demanda visible a folios
214-229 del cuaderno principal.
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la mencionada Ley 790 de 2002, cuyo campo de acción es distinto al que
ahora es materia de censura.
Así mismo, alegó que no existe incongruencia en esa decisión, por cuanto
la parte considerativa nutrió en debida forma la parte resolutiva y, por
demás, la condición de prepensionada de la parte actora no estaba por
encima del derecho de la persona que superó todas las fases del aludido
proceso de selección.
• En cuanto a la indebida notificación «que calificó como “presunta”»:
arguyó que la nulidad de los actos administrativos surge de la violación de
los requisitos previstos en la ley para su expedición, más no por la supuesta
trasgresión de las normas que regulan su notificación. No obstante, afirmó
que en este caso el órgano de control comunicó a la actora la decisión de
desvinculación del servicio, pues así lo tiene establecido la jurisprudencia
nacional para los empleados que ocupan en provisionalidad cargos de
carrera administrativa.
• En cuanto a la calidad de prepensionada de la parte actora: manifestó
que, aunque a la demandante le faltaban menos de tres años para acceder
a su pensión de jubilación, esa condición «la de prepensionada y no la del
“retén social”» amerita especial protección del Estado siempre y cuando
sea posible, pero no tiene carácter absoluto sino relativo y, en todo caso,
está llamada a ceder ante el derecho de quien superó todas las etapas del
concurso de méritos, como aquí efectivamente ocurrió.
En este escenario, el abogado defensor llamó la atención del tribunal de
primera instancia, al afirmar que con la desvinculación del servicio no se
produjo ninguna afectación a los derechos fundamentales de la accionante,
en especial el mínimo vital, por cuanto, a sus voces, la edad no ha sido un
impedimento para que la actora acceda al mercado laboral. Con tales fines,
reseñó las vinculaciones que, con posterioridad al retiro del servicio, logró
obtener la demandante.
• En cuanto al reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad
social: tildó de improcedente esa pretensión, al considerar que el pago de
esos aportes no puede cobijar tiempos en el que no se prestó el servicio.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia adiada 28 de abril de 2023,8 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y
agencias en derecho a la parte accionante.
8 Folios 265-279 del cuaderno principal.
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Con tales propósitos, el a quo, luego de referenciar: i) el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación; ii) la convocatoria a
concursos para la provisión definitiva de los cargos de procurador judicial; iii) la
estabilidad laboral reforzada de los prepensionados y; iv) las pruebas
recaudadas en el trámite procesal, concluyó que:
• En cuanto toca a la calidad de prepensionada:
Afirmó que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad cargos de
carrera administrativa detentan, a la luz de lo indicado en la jurisprudencia
nacional, una estabilidad laboral relativa o intermedia que demanda que su retiro
del servicio solo se produzca con base en las causales definidas en la ley.
Por consiguiente, aseguró que en el caso de marras, el retiro del servicio de la
actora se fundó en la aplicación de las normas de carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación, por lo que su derecho a la estabilidad laboral
debió ceder «como en efecto sucedió» ante las prerrogativas de aquella persona
que superó el concurso de méritos.
Siguiendo ese derrotero, manifestó que aunque la condición de prepensionada
de la actora le otorga ciertas ventajas frente al resto de empleados públicos, tales
preeminencias ceden ante los derechos del futuro funcionario de carrera
administrativa y, por demás, solo le permiten «que sean los últimos en ser
desvinculados o, de ser posible, procurar su reubicación en empleos que aún se
encuentren vacantes, iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando en
provisionalidad, mientras estos son cubiertos en propiedad mediante el sistema
de carrera».
En consecuencia, resaltó que la demandada garantizó la calidad de
prepensionada de la demandante cuando, en cumplimiento de la sentencia de
tutela proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, le
brindó un trato preferencial y la nombró en provisionalidad en el empleo de
Procuradora 135 Judicial II para Asuntos Penales de Montería, con funciones en
la ciudad de Bogotá, fijando como medida de acción afirmativa que dicho vínculo
se mantuviera vigente hasta tanto la actora reuniera todos los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación. Por tanto, según afirmó el a quo, el cargo de
nulidad basado en esta especial condición, no prosperó.
• Frente al cargo de falta de notificación del acto administrativo demandado:
Adujo que la falta de notificación de un acto administrativo no le resta legalidad
sino eficacia. Por ende, la normatividad vigente no concibió esta omisión como
causal de nulidad autónoma frente a las decisiones de la administración. En ese
contexto, concluyó que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley
1437 de 2011, el acto administrativo demandado solo era pasible de ser
comunicado a la parte actora, «como en efecto ocurrió» y que le permitió
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defender judicialmente sus derechos, al punto de que, vía tutela, logró ser
reincorporada a la institución demandada.
• En cuanto a las costas y agencias en derecho:
El a quo condenó a la parte demandante por estos conceptos, al resultar vencida
en primera instancia, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 188
del CPACA y 366 del C.G.P.
1.6 Recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, la abogada de la parte demandante la recurrió en
apelación.9 En su intervención, planteó las siguientes censuras:
• La incongruencia de la sentencia recurrida: luego de referenciar, a la luz de
la jurisprudencia nacional, los matices del principio de congruencia, arguyó que
el a quo omitió analizar:
i) La causal de nulidad de falta de motivación y congruencia invocada en
contra del acto administrativo demandado y la censura planteada en contra
de la ausencia de pronunciamiento respecto a la vulneración de los
derechos fundamentales de la demandante, en especial, de la señalada
condición de prepensionada.
ii) El reproche que, en torno a la «falta de aplicación de una norma
sustancial» fue alegada en la demanda.
iii) La notificación del acto administrativo cuestionado.
iv) El hecho de que el retiro del servicio se produjo cuando la demandante
se encontraba disfrutando del periodo de vacacional.
• La conclusión erigida por el tribunal de primera instancia para resolver el
cargo de nulidad por falta de motivación no resolvió el problema jurídico
planteado: con tales fines, afirmó que, aunque el a quo concluyó que el acto
administrativo demandado provino de la aplicación de las normas de carrera
administrativa de la entidad demandada, tal conclusión no valida la decisión
atacada, por cuanto es evidente que en ella no se explicaron las razones por las
cuales no se garantizaba la estabilidad laboral reforzada de la actora en su
condición de prepensionada.
• Falsa argumentación sobre un supuesto trato preferencial dado a la actora
con posterioridad a su desvinculación del servicio y el desconocimiento de
los derechos fundamentales tutelados por el Consejo de Estado: la
vinculación con que se benefició la actora luego de su retiro de la entidad
9 Folios 289-294 del cuaderno principal.
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demandada, provino del cumplimiento de la sentencia de tutela dictada por el
Consejo de Estado. De tal suerte que «en su sentir» erró el tribunal al considerar
que su cliente recibió un trato preferencial, cuando lo reportado es fruto de la
protección de sus derechos fundamentales «al trabajo, a la seguridad social, a la
estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital» avalada en sentencia judicial.
Por consiguiente, aunque el reintegro se da por descontado «pues no fue incluida
esa petición con la reforma de la demanda», si están en juego los salarios,
prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social causados desde
la fecha en que su mandante fue desvinculada de la institución y la fecha en la
que, por orden tutelar, fue reincorporada al servicio; tiempo durante el cual se
vulneraron sus derechos al mínimo vital y subsistencia en condiciones dignas y
justas.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso.
Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2023,10 se admitió el recurso de
apelación.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
presentados por las partes demandante y demandada.
2.2 Cuestión previa.
El doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante de esta Sala de Decisión,
manifestó estar impedido para intervenir en el debate y decisión de este asunto,
en razón a que lo unen lazos de íntima amistad con el emisor de la decisión de
retiro del servicio que aquí fue demandada, lo que, a su juicio, compromete su
imparcialidad y objetividad para resolver el caso de marras «artículo 141 # 9 del
CGP».
En ese sentido, esta Subsección, luego de valorar esa manifestación, acepta el
impedimento presentado y, en consecuencia, separa al peticionario del
conocimiento de este asunto. Así mismo, y en atención a que con esta resolución
no se afecta el quorum decisorio, no se realizará la recomposición de la Sala.
10 Folio 304 del cuaderno principal.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.3 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,12 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.
No obstante, en caso de que ambas partes hayan recurrido toda la sentencia, el
superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto, como la apoderada de la parte actora fua la única que apeló
la providencia de primer grado, la resolución de la alzada se limitará a los
argumentos allí expuestos.
2.4 Problema jurídico.
De conformidad con los argumentos planteados por la recurrente, le corresponde
a la Sala establecer si: i) ¿la sentencia de primera instancia infringió el principio
de congruencia y, en consecuencia, no resolvió los cargos de nulidad invocados
en la demanda? Y; ii) ¿el a quo desconoció los derechos fundamentales de la
actora que fueron amparados en sede de tutela, al negar la pretensión de pago
de los salarios y prestaciones sociales causados mientras estuvo desvinculada
de la entidad accionada?
En el camino de resolución de estos interrogantes, la Subsección estudiará: i) el
principio de congruencia en las providencias judiciales y; ii) los requisitos
jurisprudenciales para la configuración de la calidad de prepensionado y los
efectos de ese reconocimiento.
2.4.1 El principio de congruencia en las providencias judiciales.
En el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén
de ser motivada, debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y,
además, plasmar el análisis crítico frente a las pruebas legamente recaudadas y
los razonamientos que determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.
En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma que
la sentencia «…deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código…».
A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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que demanda que la sentencia esté «…en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley…».
En otras palabras, se exige que la sentencia esté armónicamente ligada con las
pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y jurídicos,
así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición «entiéndase: contestación de la demanda».
Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita».
Sobre el particular, en sentencia de unificación 150 de 202113, la Corte
Constitucional expresó:
«…90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso14, exige que
la decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones
esgrimidas en la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido
proceso que tienen las partes involucradas en una litis, que opera como mandato
general de protección en los distintos procedimientos judiciales, por el cual se
concibe que el juez solo decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá
vedado pronunciarse sobre asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los
extremos procesales.
91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio
de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, en la medida que impide determinadas decisiones[,] porque su
justificación no surge del proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió,
debatió, o probó”15. Además, se ha establecido que cuando existe falta de
congruencia en una providencia judicial, es posible alegar la configuración de un
defecto procedimental que torne procedente la acción de tutela».
Así mismo, esta Corporación16 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe
existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige
conexidad entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como
en la respectiva contestación.
13 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
15 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
16 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de este
Tribunal17 concluyó:
«…En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes
en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera
(extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse
sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las
razones de tal omisión…».
2.4.2 Los requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado y los efectos de ese reconocimiento.
La Corte Constitucional ha distinguido la figura del «retén social» creada con la
Ley 790 de 2002 de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial,
para concluir, en una primera etapa, que esta última cualidad beneficia a
«…aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras,
aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les
permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez».
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«…protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo.
Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización
efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar
los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez». (El énfasis es
de la Sala)
No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en torno a esta figura, concluyendo que cuando el único
requisito faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede
pregonarse la calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de
estabilidad laboral reforzada que de él dimana, en razón a que tal exigencia «la
edad» se cumple con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista
un vínculo laboral. En sentencia T-253 de 2023, la Corte Constitucional, guiada
por la providencia arriba citada, concluyó:
«…5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados
86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas
(dentro de los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo
de servicio- requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o
17 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P.
Cesar Palomino Cortés.
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el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa
decisión, la Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios
de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y
que no tiene la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta
cumplir el requisito de la edad para obtener la pensión.
87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de
vejez ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad
laboral reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y
la continuidad en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en
pensiones para consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión
de vejez, que deben corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos
(es decir a 154,44 semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera
Media con Prestación Definida)».
Precisado lo anterior, resulta indispensable referenciar que las garantías que se
desprenden de la aludida calidad son, en sentir de la Corte Constitucional, las
siguientes:
«89. No obstante, la estabilidad laboral reforzada del prepensionado genera la
obligación de trato preferencial que debe cumplir la entidad nominadora “en la
medida de las posibilidades”. Esa obligación se concreta en: (i) tomar medidas
para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos;
y, (ii) si existen cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que
venían ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a través del
concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su
pensión de vejez. Al respecto, la Corte en la sentencia T-464 de 2019 sostuvo:
“No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dentro de
las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden
encontrarse sujetos de especial protección constitucional, como las
madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos a
pensionarse, las personas que se encuentran en situación de
discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. En
estos casos, la Corte ha afirmado que antes de proceder al
nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los
funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los
últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las
posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que
se venían ocupando.”» (énfasis añadido en la sentencia original)
De todo lo anterior se desprende, tal y como lo ha aseverado esta Subsección,
que los derechos del empleado público nombrado en provisionalidad y que
ostenta la calidad de prepensionado deberán ceder antes los derechos de la
persona que superó el respectivo concurso de méritos, por cuanto:
i) La estabilidad laboral reforzada que se predica de esa condición no es
absoluta y solo se hará efectiva en la medida de que la entidad nominadora
cuente con un margen de maniobra para desplegar las actividades arriba
descritas y;
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ii) La situación especial de indefensión o vulnerabilidad por la edad del
designado en provisionalidad, no le impidió participar, en igualdad de
condiciones, dentro del respectivo proceso de selección.
Precisado lo anterior, la Sala pasa a resolver el «caso concreto».
2.5 Caso concreto
2.5.1 De la no resolución sobre el cargo de nulidad denominado «falta de
motivación y congruencia del acto administrativo demandado».
De la comparación de la demanda con los argumentos vertidos en la providencia
apelada, esta Corporación advierte que el tribunal de primer grado guardó
silencio en torno al cargo en mención.
En efecto, en el numeral 6.1 de esa decisión, el a quo se limitó a referenciar las
prerrogativas que acompañan a quienes detentan alguna condición que amerite
una especial protección constitucional «verbigracia: los prepensionados» y,
además, a señalar que la decisión enjuiciada provino de una justa causa que se
concretó en la aplicación de las normas de carrera administrativa de la accionada
y de las reglas del respectivo concurso de méritos adelantado para proveer las
vacantes definitivas en los empleos de procurador judicial.
Sin embargo, tal y como lo alegó la censora, nada dijo esa autoridad judicial de
la falta de señalamiento en el acto demandado de las peticiones presentadas por
la accionante tendientes a la garantía de la estabilidad laboral dimanada de su
condición de prepensionada, ni mucho menos de la ausencia de explicación de
las razones por las cuales no se atendió esa calidad y, aún más, del por qué no
era procedente implementar en su favor las medidas de acción positiva para
garantizarle el acceso a su derecho pensional.
Pues bien, dada la omisión en cita, esta Sala procede a resolver el cargo de
nulidad en mención, en los siguientes términos:
• Al examinar el acto administrativo demandado,18 se observa que el
motivo que determinó su expedición fue la provisión del empleo ocupado
por la actora con la persona que superó las fases del concurso de méritos
adelantado por la Procuraduría General de la Nación «en cumplimiento de
la sentencia C-101 de 2013».
• Como bien lo afirmó la apelante, en dicha decisión ninguna mención se
hizo de las peticiones que, con anterioridad a esa fecha «10 de septiembre
de 2015 y 8 de julio de 2016», fueron presentadas por la actora en orden
a que se le garantizara su estabilidad laboral en su condición de
prepensionada.
18 Folios 25-26 del cuaderno principal.
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• No obstante, al revisar las pruebas aportadas con la demanda, se
advierte que mediante oficio S.G. 002785 de 1 de agosto de 2016, 19 la
Secretaría General de la entidad accionada dio respuesta a la petición del
8 de julio de 2016 «a través de la cual la parte actora solicitó el
reconocimiento de la calidad de prepensionada y, por ende, la garantía de
su estabilidad laboral», en los siguientes términos:
«…Por manera que, de cara a la situación concreta, y como conclusión
emanada de la línea de interpretación de la Corte, no es posible desplazar
los derechos de quien gana un concurso por los del provisional que ocupe
el empleo, así esté en situación de estabilidad laboral reforzada. En tal
caso, lo procedente es qué la administración pueda adoptar las medidas
afirmativas de protección que resulten del caso, pero siempre que
resulte posible o tenga algún margen de maniobra, de tal modo que,
se puedan proteger concomitantemente los derechos del prepensionado
y del aspirante.
3. En ese contexto, y en consideración. A que la lista de elegibles
contenida con la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, se integra por
trecientos sesenta y seis (366) personas, frente a un total de doscientos
ocho (208) empleos ofertados, entre estos el ocupado provisionalmente
por la solicitante, es claro que, en estricto obedecimiento de la orden de
la Corte Constitucional, el nominador tendrá que proceder a la nominación
de tantas personas de la lista como de cargos convocados, de donde
surge entonces que la administración no tiene ese margen de maniobra
al que se ha referido la jurisprudencia».
• En consecuencia, para esta Sala de Subsección no prospera el cargo de
nulidad de «falta de motivación e incongruencia del acto administrativo
demandado», en razón a que, como quedó visto, la entidad accionada si
brindó respuesta de fondo a aquella solicitud y, por tanto, no estaba
obligada a volver a repetir en el acto enjuiciado, las consideraciones
vertidas en el oficio que arriba fue reseñado.
• En otras palabras, y ante la respuesta anterior, no resulta ilegal que en
el acto administrativo enjuiciado la entidad demandada solo expresara las
razones que conducían al nombramiento en período de prueba del señor
René Lemus Ospina y, además, a la desvinculación del servicio de la
accionante.
• Corolario, el otro cargo vertido en la alzada, relacionado con que «la
conclusión erigida por el tribunal de primera instancia para resolver el
cargo de nulidad por falta de motivación no resolvió el problema jurídico
planteado», se entiende resuelto a través de estas mismas
consideraciones.
19 Folios 34-36 del cuaderno principal.
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2.5.2 De la no resolución al cargo de nulidad denominado «falta de
aplicación de una norma sustancial».
Como se recordará, este cargo viene cimentado en el desconocimiento del
principio de congruencia de la sentencia de primera instancia y limitado al hecho
de que, en el acto administrativo demandado no se hizo ningún análisis del
derecho a la estabilidad laboral de la parte actora, en razón a su calidad de
prepensionada.
Por tanto, los argumentos esbozados en el acápite anterior son suficientes para
declarar impróspera la presente censura pues, se reitera, la Procuraduría
General de la Nación no estaba obligada a considerar esta situación en la
decisión sometida a juicio, por cuanto ella fue estudiada y resuelta en una
oportunidad anterior.
2.5.3 De la ausencia total de análisis sobre la notificación del acto
administrativo demandado.
Contrario a lo argüido por la recurrente «en cuanto a que “en la sentencia hay
una ausencia total de análisis y argumentación sobre la falta de notificación
formal del acto administrativo atacado», encuentra la Sala que en la providencia
de primer grado el tribunal si se pronunció frente al cargo de nulidad por falta de
motivación de la decisión enjuiciada en los siguientes términos:
«6. 2. Ahora bien, sostiene la demandante en segundo lugar, que el Decreto 3710
de 8 de agosto de 2016 no le fue notificado personalmente como correspondía al
ser un acto de carácter particular y concreto, ni tampoco comunicado de manera
oportuna, pues fue expedido para el momento en que se encontraba en periodo
de vacaciones.
Sobre este aspecto, resulta necesario recordar que la indebida notificación de un
acto administrativo no conlleva que este se encuentre incurso en causal de
nulidad, sino que impide que el mismo produzca efectos jurídicos; es decir, no se
trata de un asunto de validez, sino de eficacia.
…
Así pues, el hecho de que el Decreto 3710 de 8 de agosto de 2016 no hubiese
sido notificado personalmente a la señora Julieta Margarita Franco Daza no
afecta su validez, en consecuencia, no conlleva la nulidad de este, motivo por el
cual dicha circunstancia no se puede alegar a través del presente medio de
control, dado que en los términos del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos son nulos cuando: “hayan sido expedidos con infracción de
las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”, es
decir, la indebida notificación o la omisión en la notificación de un acto
administrativo no son causales de nulidad del mismo.
Por otro lado, advierte la sala que cuando una actuación administrativa de
contenido particular y concreto afecta directamente a terceras personas, a éstas
deberá serles comunicada, de conformidad con el artículo 37 del CPACA:
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"Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a
terceros. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular
y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar
directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la
actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere,
para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus
derechos”.
En el caso sub examine, el nombramiento en periodo de prueba del señor René
Lemus Ospina, efectuado a través del acto cuya legalidad se controvierte,
implicaba la desvinculación de la señora Franco Daza, por lo que tal decisión
debía serle comunicada.
No obstante lo anterior, la falta de comunicación oportuna que se alega en la
demanda no impidió que la señora Julieta Margarita Franco Daza hiciera valer
sus derechos a través del ejercicio de la acción de amparo, producto de la cual
fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Procuradora 135 Judicial II para
Asuntos Penales de Montería, código 3PJ, grado EC, con funciones en la ciudad
de Bogotá, en el que permaneció hasta que Colpensiones reconoció su pensión
y la incluyó en nómina de pensionados».
En consecuencia, tampoco prospera este cargo de apelación.
2.5.4 De la no resolución del cargo de nulidad denominado «del retiro del
servicio en pleno ejercicio del derecho al disfrute de vacaciones».
Al argumentar este cargo en la alzada, la apelante manifestó:
«Este fue otro elemento que, guardando relación directa con el anterior, tampoco
fue objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo, de mucha importancia
porque era una evidencia más de la omisión de los requisitos para la notificación
del acto acusado - Decreto 3710, del 8 de agosto de 2016 -, precisamente porque
hace que la decisión contenida en el mismo no produzca efecto legal alguno,
puesto que la Administración no podía válidamente proceder a su ejecución,
como lo hizo ilegítimamente».
De cara a lo expuesto, la Sala advierte que en la reforma de la demanda este
cargo fue fundamentado de la siguiente manera:
«Ocurre, además, que la señora JULIETA MARGARITA FRANCO DAZA, para
la época en que aparece expedido el acto administrativo que ordenó el
nombramiento de la persona ya mencionada (8 de agosto de 2016), para ocupar
el cargo que ella ostentaba al servicio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, y que, consecuencialmente, la retiraba del servicio a partir del momento
en que aquél tomara posesión (9 de septiembre de 2016), se encontraba en pleno
ejercicio de su derecho al disfrute de vacaciones, tal como fue autorizado por
medio de la Resolución No. 545 del 3 de agosto de 2016” Por medio de la cual
se conceden y se ordena el pago de las vacaciones…” y sin embargo, ni
siquiera fue citada para llevar a cabo la notificación.
En conclusión, la omisión de la notificación personal del acto ficto de
insubsistencia del cargo y, consecuencialmente, del Decreto 3710, del 8 de
agosto de 2016, mediante el cual se dispuso el nombramiento de otra persona
para ocupar el cargo de Procuradora 28 Judicial II Penal, y la consecuencial
terminación de la vinculación laboral de la accionante a partir del momento en
que el designado tomara posesión de su cargo, encontrándose la señora
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JULIETA MARGARITA FRANCO DAZA disfrutando sus vacaciones, es
sancionada por el Legislador con la nulidad de la actuación, pues la debida
notificación se considera como fundamental en el desarrollo de toda actuación
administrativa».
Como se aprecia, este cargo se adscribe al anterior, en razón a que reprueba la
falta de notificación personal del acto administrativo que ordenó la desvinculación
del servicio de la actora. Por consiguiente, la Sala estima que los argumentos
plasmados para resolver la censura inmediatamente anterior son suficientes para
declarar impróspera la presente.
Ahora bien, si en gracia de discusión se considera que el reparo de la alzada
apunta exclusivamente a tildar como ilegal el retiro del servicio de la demandante
durante el disfrute de su periodo vacacional, tampoco saldría avante ese
reproche, dado que la abogada no señaló las normas que, con esa actuación,
fueron transgredidas; por lo que no es posible adelantar ningún juicio de
legalidad.
2.5.5 La decisión de primera instancia no desconoció los derechos
fundamentales de la actora.
Desde ya, anticipa la Sala que con la sentencia de primer grado no se
desconocieron los derechos fundamentales de la actora, derechos que fueron
amparados en sede de tutela.
Se arriba a esta conclusión pues, como se estudió en acápite anterior, la
condición de prepensionada de una persona que ocupa un empleo público en
calidad de provisional, no le otorga un fuero de estabilidad absoluto o permanente
y, por tal razón, sus derechos deben ceder ante las prerrogativas de aquél que
superó el respectivo proceso de selección.
Ahora bien, como se recordará, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
previsto una serie de acciones afirmativas en favor de estas personas siempre y
cuando se acredite que la entidad nominadora contaba con un margen de
maniobra para ello, estas acciones se concretan en:
i) Tomar las medidas para que esos servidores sean los últimos en ser
desvinculados de sus cargos y;
ii) De existir cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los
que venían ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a
través del concurso de méritos y hasta que logren cumplir los requisitos
para obtener su pensión de vejez.
Así las cosas, y como quiera que dentro del expediente se acreditó que la
Procuraduría General de la Nación no contaba con un margen de maniobra para
activar las referidas acciones afirmativas «pues fueron ofertados 208 vacantes
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en el empleo de la actora, mientras que la lista de elegibles estaba conformada
por 366 aspirantes», es dable concluir que la negativa censurada se ajustó a
derecho.
Ahora bien, para esta Sala de decisión no es falsa la argumentación que en este
escenario fue invocada por el a quo dado que, al cumplir la orden tutelar, la
entidad accionada garantizó a la demandante los derechos a la estabilidad
laboral reforzada y a la seguridad social en pensiones. Sin embargo, se
desconoce cómo pudo tener lugar esa acción afirmativa en favor de la actora,
cuando aquí ha quedado evidenciado que los elegibles al cargo procurador
judicial II para asuntos penales superaron con creces el número de vacantes a
proveer.
En otras palabras, con las pruebas arrimadas a este proceso se concluye que,
para la fecha de expedición del acto demandado, la Procuraduría General de la
Nación no tenía ningún margen de maniobra que le permitiera accionar las
medidas de protección laboral en pro de la reclamante.
En consecuencia, y atendiendo a que los cargos planteados en la alzada no
prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
2.6 Condena en costas en segunda instancia.
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado Rafael Francisco Suarez Vargas, por lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de abril de 2023, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
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Demandante: Julieta Margarita Franco Daza
Cundinamarca, dentro de la demanda promovida por la señora Julieta Margarita
Franco Daza en contra de la Procuraduría General de la Nación.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.
CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI», y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Con impedimento aceptado)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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