Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01012-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001233300020190101201 (0483-2023)
Demandante: Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Compatibilidad pensional
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia de 2 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta,1 que accedió a las
súplicas de la demanda instaurada por el señor Ovidio de Jesús Gutiérrez
Restrepo en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo, por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó (i) la
nulidad parcial de la Resolución 201750000883, de 13 de julio de 2017, por medio
de la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció
1 Con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur.
2Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. Archivo
«3_ED_02DEMANDAELVIRADIA.PDF».
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Demandante: Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo
y ordenó el pago de la pensión de jubilación, en tanto condicionó el
reconocimiento pago de la pensión de jubilación; ii) la nulidad de la Resolución
201750011726 de 19 de octubre de 2017, que decidió confirmar la resolución
antes citada, iii) la nulidad de la Resolución 201850080297, de 7 de noviembre
de 2018, por medio de la cual se le negó su solicitud de ajuste de la Resolución
que le concedió la pensión de jubilación y iv) 201950001920 de 11 de enero de
2019, que confirmó en todas sus partes la Resolución 201750000883, de 13 de
julio de 2017.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle el derecho a la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el salario que devenga como docente del municipio de Medellín,
desde la adquisición del estatus de pensionado el 29 de marzo de 2017 hasta la
fecha en la que se desvincule del servicio docente, que se le cancelen los valores
adeudados con los incrementos anuales ordenados por la ley, debidamente
indexados.
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos.
5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. La señora Díaz Anzola nació el 28 de junio de 1960 y laboró como docente en
el municipio de Medellín desde el 17 de febrero de 1997.
7. Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el 26 de mayo de
2017, por lo que a través de la Resolución 201750000883, de 13 de julio de 2017,
se le reconoció la pensión, condicionando el pago de esta al retiro del servicio,
donde se indicó que los factores salariales que sirvieron como base para la
liquidación y reconocimiento de la pensión de jubilación ascendieron a un total
de $4´541.248, que multiplicado por el 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el último año de servicio, el valor de la primera mesada
pensional ascendía a $3´405.936.
8. Al 15 de noviembre del 2019, fecha en la cual se generó el último certificado
de historia laboral antes de la reclamación administrativa, contaba con un tiempo
de servicio de 22 años, 4 meses y 28 días, por lo que, en su consideración,
adquirió su derecho pensional el 4 de diciembre de 2019 cuando cumplió los 55
años de edad y 20 años de servicios.
9. Según lo indicó, continuó laborando como docente por lo que percibió salarios,
prestaciones sociales desde el 29 de marzo de 2017, cuando adquirió el estatus
de pensionado y hasta la fecha, en calidad de docente con recursos propios del
municipio de Medellín, pero no se le ha incluido en nómina de pensionados ni
recibido su mesada pensional.
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Demandante: Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo
10. El 29 de marzo de 2017, el demandante interpuso recurso de reposición
contra la resolución de reconocimiento pensional para que se reconociera el
derecho a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario, que fue
resuelto a través de la Resolución 201750011726, de 19 de octubre de 2017,
confirmando la decisión inicial.
11. El 14 de septiembre de 2018, solicitó a la entidad accionada que le
reconociera el derecho a la compatibilidad entre la pensión y el salario desde la
fecha en que adquirió el estatus de pensionado y a que se le pagara dicha
pensión de jubilación desde la fecha de cumplimiento de los requisitos legales,
petición que fue resuelta de forma desfavorable mediante Resolución
201850080297 de 7 de noviembre de 2018, notificada el 27 de ese mismo mes y
año.
12. El 29 de noviembre de 2018 interpuso recurso de reposición contra la
resolución mencionada, pero mediante Resolución 201900001920 de 11 de
enero de 2019, fue confirmada la decisión recurrida.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
13. Como normas vulneradas citó los artículos 2.°, 4.°, 25, 48 y 58 de la
Constitución Política, artículo 5.° del Decreto Ley 224 de 1972, 36 y 70 del
Decreto Ley 2277 de 1979, 15 de la Ley 91 de 1989, 19 de la Ley 4ª de 1989, 5
del Decreto 14 de 1992, 6.° de la Ley 60 de 1993, los Decretos 1285 de 1995 y
196 de 1995 y los Acuerdos 82 de 1959 y 20 de 1985.
14. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
están afectados de nulidad por falsa motivación y desviación de poder, pues los
funcionarios competentes para expedir los actos administrativos desconocieron
las normas legales precisas que tienen incidencia directa en los intereses del
demandante, a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se les
deben aplicar las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es
decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos.
15. En consecuencia, la entidad accionada no se puede sustraer de la aplicación
de la ley, y además toda duda debe resolverse a favor del trabajador por lo que
no pueden aceptarse decisiones arbitrarias que pretenden desconocer la
compatibilidad de salario y pensión docente establecida por el legislador.
16. Por tanto, su pensión debe reconocerse y liquidarse atendiendo al
cumplimiento de 55 años de edad, 20 de servicios y los factores salariales que
deben incluirse en la liquidación son todos aquellos percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, contenidos en la Ley 62 de 1985.
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2.2. Contestación de la demanda.
17. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no dio contestación a la demanda, tal como se indicó
en la audiencia inicial celebrada el 5 de diciembre de 20193
2.3. La sentencia apelada4.
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, mediante
sentencia de 2 de septiembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
19. Para ello, hizo una referencia general a la interpretación del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para señalar que las
personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigencia de
esa norma se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media
contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por su parte, a los
docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplican las disposiciones
anteriores.
20. Luego abordó el tema de la compatibilidad de la pensión y la remuneración
en el sector docente. Con ello analizó el tema de los artículos128 constitucional,
5.° de la Ley 224 de 1972, 70 del Decreto 2277 de 1979, 19 de la Ley 4ª de 1992,
6 de la Ley 60 de 1993 y el Decreto 1278 de 2002 de los que extrajo que, en
principio, el derecho a gozar de la pensión de jubilación era compatible con el
ejercicio de cargos en el servicio educativo estatal, por lo cual era posible que un
docente disfrutara la prestación mientras continuaba vinculado al cargo; sin
embargo, a partir de la entrada en vigencia del decreto 1278 de 2002, es decir,
el 19 de junio de 2002, ambas situaciones dejaron de ser compatibles. En este
orden de ideas, la compatibilidad entre el ejercicio de cargos en el sector
educativo estatal y el goce de la pensión de jubilación dependerá de la fecha de
vinculación al cargo, así:
i) Si el docente se vinculó antes de la entrada en vigencia del referido decreto, -
sin desatender lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C- 666 de
2016-, está exceptuado de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro
público, en tanto que el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la
compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas
del ejercicio de la actividad docente, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en
providencia de 1° de agosto de 2018.
ii) Si la vinculación se dio después de la entrada en vigencia del Decreto 1278 de
2002, esto es, el 19 de junio de 2002, el docente no podrá disfrutar de la pensión
3 Ibidem. Archivo «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», folio 91.
4 Archivo «053_SENTENCIA.pdf», Idem.
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de jubilación mientras se encuentre ejerciendo un cargo en el sector educativo
estatal, pues ambas situaciones son incompatibles, por disposición expresa del
artículo 45 del citado decreto.
21. Luego de analizar las pruebas allegadas concluyó que el señor Gutiérrez
Restrepo ingresó al servicio educativo oficial de manera previa a la expedición de
la Ley 812 de 2003, pues se vinculó con el municipio de Medellín desde el 17 de
febrero de 1997 hasta el 29 de marzo de 2017, cuando se encontraba vinculado
al servicio docente, por lo que el régimen pensional aplicable es el de la pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional dispuesto
en la Ley 33 de 1985, que exige 55 años y 20 años de servicios, adquiriendo el
estatus el 29 de marzo de 2017 y los factores que deben tenerse en cuenta para
la liquidación de la pensión son los enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985. Además, se vinculó antes de entrada en vigencia del Decreto 1278 de 19
de junio de 2002.
22. Según lo estimó el docente se encontraba dentro de las excepciones
establecidas en el literal g) artículo 19 de la Ley 4a de 1992, que conservó las
compatibilidades que existían en el sector de los docentes, como lo es en este
caso la que existe entre la pensión y el salario por lo que para disfrutar de dicha
prestación económica no se requiere del retiro del servicio, dado que existe
compatibilidad de las prestaciones reconocidas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con otras pensiones o salario. Por tanto, el
docente se encuentra exceptuado de la prohibición de recibir doble asignación
del tesoro público, toda vez que su situación se encuentra inmersa dentro de la
excepción consagrado en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
23. En consecuencia, estimó que había lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda, no ocurrió la prescripción, por cuanto la accionante adquirió el estatus
pensional el 4 de diciembre de 2019 y presentó demanda el 1.° de octubre de
2021.
24. Por lo anterior, declaró la nulidad solicitada frente a los actos administrativos
demandados y ordenó el reconocimiento de la pensión en los siguientes
términos:
«SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ORDÉNASE a la Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que, mediante acto administrativo ordene el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de Ovidio de Jesús
Gutiérrez Restrepo, a partir de la fecha en que la que adquirió el estatus de
pensionado, es decir, el 29 de marzo de 2017.
Así mismo, ORDÉNASE a la entidad demandada, pagar a favor del demandante, el
retroactivo de las mesadas pensionales adeudadas, con los respectivos ajustes
anuales, desde que adquirió el estatus de pensionado el el (sic) 29 de marzo de 2017.
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Las sumas reconocidas serán indexadas, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. NIÉGANSE la pretensión de intereses moratorios, conforme lo expuesto
en la parte motiva.
CUARTO. CONDÉNASE en costas a la Nación- Ministerio de Educación- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos discernidos
previamente.
QUINTO. DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos del inciso 4 del artículo
187 y los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
SEXTO. NOTIFÍQUESE la presente providencia de conformidad con lo previsto en el
artículo 203, en armonía con lo dispuesto en el artículo 205, de la ley 1437 de 2011
– Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-
2.4. Recurso de apelación
25. El apoderado de la entidad accionada5 presentó recurso de apelación, en
el que, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones
de la demanda.
26. Lo anterior al señalar en síntesis que los docentes territoriales no disfrutan de
un régimen especial en materia pensional, sino que se someten a las
disposiciones que regían la materia pensional para los demás servidores públicos
de «régimen común», por lo cual en su respecto cabía la exigencia que aún hoy
se incluye, como en el asunto debatido que se precisa al rubro, atinente a que
para entrar a disfrutar de la pensión derecho, deben acreditar el retiro del servicio,
a riesgo de encontrarse incursos en la prohibición de estirpe constitucional según
la cual se proscribe la percepción de más de una asignación que provenga del
Tesoro Público, prohibición que tan sólo admite una excepción en el caso de los
maestros, «cual es la consistente en que el docente puede disfrutar de la pensión
derecho y al mismo tiempo de la pensión gracia, por lo demás, para disfrutar de
la pensión de vejez les correspondía como al resto de los servidores públicos
acreditar su retiro definitivo del servicio».
27. Las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, no establecieron el derecho
en favor de los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada pensional y
del sueldo por el ejercicio del cargo. La única previsión en tal sentido que es
posible deducir de la Ley 91 de 1989 es la atinente a la compatibilidad del disfrute
de la pensión gracia y el sueldo. Además, el Decreto 224 de 1972 en su artículo
5.° señaló que el ejercicio de la docencia era incompatible con la pensión de
jubilación, norma que iba dirigida para reajustar asignaciones y estímulos del
profesorado dependiente del Ministerio de Educación Nacional.
5 Índice2. Expediente digitalizado archivo one drive 30 ibidem. Documento «11.1 RecursoApelación.pdf».
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2.5. Alegatos de segunda instancia
28. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
29. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley 1437 de 2011.
31. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
32. La Sala se ocupará de determinar si ¿el señor Ovidio de Jesús Gutiérrez
Restrepo tiene derecho a la compatibilidad entre la pensión de jubilación
reconocida y el salario como docente oficial durante el tiempo en que ha estado
activo en servicio?
33. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales y con ello a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el
caso de los docentes y se verificará el acervo probatorio.
3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
34. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado7 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
7Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
35. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
36. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.
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3.4. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de los
docentes.
37. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
38. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
39. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
40. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
41. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».
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42. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
43. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
44. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute8:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 19929 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
9 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
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cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
45. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó10:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella estableció
como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores aludidos, el
respeto a los derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen
general "como de los regímenes especiales" 8, como era natural -, también lo es que
el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo un criterio
subjetivo, derivado de la locución "beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados", sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión "exceptuanse
las siguientes asignaciones", que remite a las disposiciones de la legislación anterior
que consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de
devengar pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que beneficiaban a
los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al docente que disfruta de
una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no a los docentes que se
hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la
excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos "docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir las
exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad jurídica
de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».
46. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
47. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.
48. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
10 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
49. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública11. Lo anterior en los siguientes términos:
«[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el
régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades
extraordinarias para reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los
deberes y prohibiciones de un servidor público; pero eso no significa que la
concesión de facultades para un cambio de una ley, que no tenga relación directa
con el régimen disciplinario, exija igualmente que la norma habilitante prevea que el
Gobierno también puede reformar el régimen disciplinario. Ahora bien, en el presente
caso, el artículo 111, numeral 2 de la Ley 715 de 2001 no atribuyó competencia al
Gobierno para modificar el régimen disciplinario de los educadores, y sin embargo
el Ejecutivo expidió el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, que realmente tiene
implicaciones disciplinarias específicas, pues modifica el régimen de deberes de los
docentes y directivos docentes, lo cual implica una alteración del contenido particular
de las posibles faltas disciplinarias de estos servidores públicos.
19- Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el artículo 45,
referido a las incompatibilidades, fue también expedido excediendo las facultades
que le fueron otorgadas al Gobierno. En efecto, una incompatibilidad implica una
prohibición para un servidor público de realizar otros oficios u actividades, mientras
se desempeña como servidor público. La violación del régimen de incompatibilidades
tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo que el Gobierno no podía reformar
dicho régimen, puesto que el Congreso no lo habilitó expresamente para tal efecto.
Por tanto, es evidente que el ejecutivo desbordó las facultades conferidas y por tanto
el artículo 45 deberá ser declarado inexequible.
[…]».
50. Además, en sentencia de esta Subsección de 22 de junio de 202312, se
indicó, a partir del análisis de dicha providencia, que no existe distinción frente a
docentes nacionales y territoriales frente a la aplicación de la citada
compatibilidad:
«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el
precepto bajo estudio, denota al margen de las consideraciones sobre la falta de
competencia del Gobierno Nacional para modificar el régimen disciplinario de los
maestros oficiales, que el legislador en el marco de sus potestades había
11 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
12 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, dictada dentro del proceso radicado 17001-23-
33-000-2017-00853-01.
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contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 Superior en
cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992,
se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el
salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus
condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de
la Función Pública.
En suma, efectivamente los educadores del Estado (tanto nacionales como
territoriales sin distinción), a quienes les sea aplicable el régimen especial de
pensiones del magisterio, están habilitados normativamente para encontrarse
jubilados en pleno goce de su respectiva prestación, y al mismo tiempo continuar
en el ejercicio de su cargo como educadores del Estado, esto por lo menos hasta
el cumplimiento de la edad de retiro forzoso equivalente a 70 años conforme a la
Ley 1821 de 2016.»
51. Como se aprecia de todo lo anterior, es compatible el percibir el salario y la
pensión de jubilación en los términos de la ley, condición que opera para los
docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003. Por ende, si después del
cumplimiento del estatus tales docentes continúan laborando es perfectamente
compatible que perciban la pensión de jubilación y el salario por su labor docente.
3.5. Análisis del caso concreto
52. Como lo advirtió el Tribunal, en este caso se tiene que el demandante se
encuentra cobijado por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que
se vinculó a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003. Tal aspecto no se encuentra en discusión, pues como se vio la apelación
gira en torno a la figura de la compatibilidad de la pensión con el salario como
docente.
53. Al respecto, tal como lo señala la Resolución 201750000883 de 13 de julio
de 201713 proferida por el secretario de educación del municipio de Medellín, el
demandante se vinculó a la docencia oficial en ese ente distrital y acreditó
tiempos de servicios desde el 17 de febrero de 1997 al 29 de marzo de 2017:
«[…]
13 Ibidem. Archivo «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», folios 25 a 27 del archivo pdf.
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[…]».
54. En el acto de reconocimiento pensional se indicó que acreditó el estatus
pensional el 29 de marzo de 2017 y que dicha prestación sería efectiva a partir
del retiro del servicio ( sic para toda la cita):
« ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a GUTIÉRREZ RESTREPO
OVIDIO DE JESUS con CC. Nro. 70.251.775 una Pensión de Jubilación por el
valor mensual de$ 3.405.936, a partir del momento que acredite el retiro
definitivo del servicio, como docente de Vinculación Municipal Recursos
Propios.
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor reconocido se pagará con cargo a la cuenta
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Entidad
Fiduciaria, previas las deducciones ordenadas por la Ley 91 de 1989, Ley 812 de
2003 artículo 81, decreto 2341 de 2003, Ley 1122 de 2007 y Ley 1250 de 2008.
[…]»
55. A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que
el demandante se encontraba amparado por la Ley 33 de 1985, que exigía 55
años y 20 años de servicios.
56. La decisión de hacer efectivo el pago de la pensión a partir del retiro del
servicio fue reiterada a través de las Resoluciones 20175001172614 de 19 de
octubre de 2017, 201850080297 de 7 de noviembre de 2018, y 201950001920
14 Folios 35 y s.s. Ibidem.
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de 11 de enero de 2019, por las que se confirmó la indicado en la Resolución
201750000883, de 13 de julio de 2017.
57. Como se advierte de todo lo anterior, le asistió razón al Tribunal de acuerdo
con lo señalado en el acápite precedente 3.3., pues sólo para aquellos docentes
cuya vinculación sea anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto
es, al 27 de junio del mismo año, en materia pensional les son aplicables las
normas contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que la vinculación legal
y reglamentaria a la docencia por parte del demandante ocurrió en el año 1997
antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigor la Ley 812 del mismo año.
58. En consecuencia, se evidencia que el demandante se encuentra cobijado por
la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por
consiguiente es beneficiario de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972, sin que sea
determinante su vinculación territorial, como lo determinó esta Subsección en la
sentencia de 22 de junio de 202315.
59. Es de precisar también que la incompatibilidad entre pensión y salario no la
da la vinculación anterior o posterior al Decreto 1278 de 2002, en la medida en
que este derecho sí es compatible con el salario de docente de conformidad con
los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972,
aplicables a su caso particular por vincularse a la docencia oficial antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
60. Tal como lo ha señalado esta Subsección, la determinación del régimen
pensional aplicable a los docentes no se concreta por las fechas de vigor de los
estatutos de profesionalización, ni de la calidad de su nombramiento como
maestra nacional, nacionalizada o territorial, toda vez que debe acudirse a las
previsiones de la Ley 812 de 2003 y a la acreditación de que el primer vínculo
educativo hubiese tenido lugar antes de la vigencia de esta última regulación.
61. De esta manera, al estar cobijado el demandante por la excepción prevista
en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente ser
beneficiario de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario en los
términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972, se advierte que tiene derecho
a percibir su pensión de jubilación desde la fecha de adquisición del estatus ( 23
de marzo de 201716), sin que haya ocurrido el fenómeno de la prescripción, por
cuanto presentó la solicitud el 6 de mayo de 201717 y la demanda fue presentada
el 3 de abril de 201918.
15 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, dictada dentro del proceso radicado 17001-23-
33-000-2017-00853-01.
16 La Resolución 201750000883 de 13 de julio de 2017.
17 Como se lee en la Resolución demandada en el índice 42 de la primera instancia.
18 Ibidem. Archivo «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», folios 20 y 65 del archivo pdf.
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62. En ese orden de ideas de acuerdo con la línea jurisprudencial citada en los
párrafos que anteceden, y dado que los demás tópicos del reconocimiento
pensional ordenado por el a quo no fueron objeto de apelación, corresponde a
la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
63. En el caso concreto, advierte que hay lugar a condenar en costas: Por los
siguientes motivos:
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad accionada por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
68. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de septiembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, que accedió
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Demandante: Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Ovidio de Jesús Gutiérrez Restrepo contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la entidad accionada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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