Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-01744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01744-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381–2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
José Wilton Salazar Rengifo, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar
la nulidad de las Resoluciones RDP 005284 de 19 de febrero de 2019 y RDP
0122575 de 12 de abril del mismo año, proferidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, por medio de las cuales negó el reconocimiento de la pensión gracia.
Como restablecimiento del derecho, deprecó el reconocimiento de la pensión gracia
a partir del 6 de mayo de 2006, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
actualizando e indexando las sumas resultantes, ordenando el cumplimiento de la
sentencia y condenando en costas a la entidad demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se informa que el señor José Wilton Salazar Rengifo nació el 1 de noviembre de
1954, cumpliendo 50 años de edad el 1° de noviembre de 2004; además, prestó
servicios como docente por más de 20 años de la siguiente manera:
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020190174401110
0103
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
• Como docente nacionalizado desde el 25 de marzo de 1975 hasta el 26 de
abril de 1976 en el departamento del Chocó, nombramiento efectuado con
Decreto 0116 de 25 de marzo de 1975.
• En el departamento de Risaralda, como docente nacionalizado desde el 7 de
mayo de 1977 hasta el 25 de febrero de 1979, designación realizada con el
Decreto 276 de 2 de mayo de 1977.
• Nombrado por Decreto 1421 de 6 de mayo de 1993, en el departamento de
Antioquia entre el 31 de mayo de 1993 y el 30 de noviembre del mismo año
como docente territorial.
• Y finalmente en el municipio de Rionegro desde el 26 de enero de 1994 hasta
el 11 de enero de 2016, designación realizada mediante Decreto 0015 de 7
de enero de 1994.
Precisó que el 6 de mayo de 2010 adquirió el estatus pensional, y que el 6 de
noviembre de 2018 radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue resuelta de manera
desfavorable con los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Estimó como vulneradas las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 4ª de 1966 y 91 de
1989, así como los Decretos 2285 de 1955 y 224 de 1972, entre otras.
Explicó que los actos demandados desconocen el derecho pensional del docente,
pues las certificaciones expedidas por los entes territoriales dan fe de la vinculación
territorial y nacionalizada en el servicio educativo desde el año 1975 hasta 2016; así
mismo, sostuvo que si bien existe un certificado que señala el periodo de 1994 a
2016 como nacional y que, además, los actos de nombramiento de 1975, 1993 y
1994 fueron suscritos con el acompañamiento del delegado del Ministerio de
Educación, se debe tener en cuenta que dichas vinculaciones corresponden al
orden territorial y nacionalizado, ya que así lo determina la ley y la jurisprudencia al
analizar cada uno de los actos en mención.
1.4. Contestación de la demanda
Admitida la demanda el 19 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de
las pretensiones.
Expuso que los actos administrativos fueron expedidos en cumplimiento a las
disposiciones legales que regulan la pensión gracia, llegando a la conclusión que
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
los nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación Nacional no pueden
ser computados para pensión gracia, y que el actor no cumple con una vinculación
departamental, municipal o distrital. Así mismo, que, de llegarse a acceder a las
pretensiones de la demanda, se debe declarar la prescripción por cuanto se
presentó la petición ante la administración mucho tiempo después de haber
adquirido el derecho reclamado.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 24 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda.
Así entonces, luego de traer a colación el marco normativo y jurisprudencial que rige
la pensión gracia, el a quo sostuvo que el señor José Wilton Salazar Rengifo no
acreditó el lleno de los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, toda vez
únicamente demostró la vinculación como docente nacionalizado por el periodo de
25 de marzo de 1975 al 26 de abril de 1976 en el departamento del Chocó, no
obstante, posterior a ello, su vinculación fue del orden nacional, razón por la cual no
logró probar la prestación del servicio docente del orden territorial o nacionalizado
por los 20 años requeridos por la ley para conceder la prestación reclamada.
Para el efecto, explicó que del Decreto 142 de 1993, por el cual se nombraron unos
educadores por el sistema de hora cátedra, no era posible determinar con claridad,
que la plaza ocupada por el demandante fuera de aquéllas exigidas para obtener la
dádiva reclamada; y que en el Decreto 0015 de 1994, que designó al actor
posteriormente, se deja estipulado que se realiza nombramiento de docentes
nacionales de secundaria y así mismo se certificó en el formato de tiempos de
servicios, por lo que no se puede desconocer esto último.
1.6. Recurso de apelación
A través de apoderado, el señor José Wilton Salazar Rengifo presentó recurso
de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia; señaló que
la vinculación ocurrida a partir de 1994 es del orden territorial, pues si bien en el
decreto de nombramiento se menciona que se tratan de docentes del orden
nacional, circunstancia ratificada en el certificado de tiempo de servicio, lo cierto es
que del examen juicioso de dicho acto administrativo se observa que fue dictado por
autoridad territorial. Así mismo, consideró que en el expediente reposan
documentos que demuestran que la vinculación no fue nacional, como por ejemplo
el certificado expedido por el Ministerio de Educación que precisó que el docente no
tuvo vínculo laboral alguno con dicha entidad.
En todo caso, explicó que, si bien la carga de la prueba recae en la parte
demandante, tanto la entidad demandada como el aparato judicial deben colaborar
a fin de establecer la realidad de los hechos; además, realizó un análisis para
distinguir las vinculaciones entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
para arribar a la conclusión que al señor Salazar Rengifo le asiste el derecho a ser
beneficiario de la pensión gracia.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 23 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.
Seguidamente, el apoderado del señor José Wilton Salazar Rengifo allegó escrito
de alegatos de conclusión reiterando de manera sintetizada los argumentos
expuestos en el escrito de apelación y requiriendo que se acceda a las pretensiones
de la demanda.
La UGPP, actuando a través de apoderado, presentó memorial en el cual explicó
que el periodo laborado entre el 25 de marzo de 1975 y el 26 de abril de 1976 no
puede ser tenido en cuenta, pues, el accionante prestó servicios como coordinador
y no como docente; de igual manera, que el único tiempo que logró acreditar como
docente nacionalizado fue el transcurrido entre el 7 de mayo de 1977 y el 25 de
febrero de 1979, es decir 1 año, 9 meses y 18 días, por lo que no cumple con los 20
años requeridos por la ley para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
El Agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
guardaron silencio en esta etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Wilton Salazar
Rengifo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedor a tal prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Cómputo de tiempos de servicio como docente hora cátedra
Teniendo en cuenta que en el caso de estudio se presenta la labor docente a través
de la modalidad de hora cátedra, vale la pena aclarar que no es dable
contabilizarlo con base en el calendario, sino con las fórmulas consignadas
en la normativa pensional.
En tal sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, aplicable en
materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de
previsión social […]» públicas o privadas, establece:
«Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez,
solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan
a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.»
Sobre este particular, esta Corporación en sentencia de unificación de 22 de enero
de 20157, en la cual se hace referencia a la sentencia del 8 de agosto de 2003,
respecto a la jornada laboral docente para determinar si las horas cátedra se
deberán contar como tiempo completo o si es necesario realizar el cálculo de la Ley
33 de 1985, discurrió de la siguiente forma:
«El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y ascenso
en el Escalafón”, con relación al ascenso docente indicó que el educador debería –
entre otras, certificar el tiempo de servicio y en el b) indicó que si no fuere docente de
tiempo completo, el certificado especificará el número de horas cátedra, es decir, que
era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora cátedra.
Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso lo siguiente:
[…]
La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de servicio que da
derecho a la pensión de jubilación:
• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella compuesta por
cuatro (4) horas diarias.
7 Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01. Asimismo, de esta subsección, consultar fallo de 15 de
diciembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021).
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.
Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:
“(...) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las
cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (...)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de
agosto de 20008 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como
docente hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º
del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 20039 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:
“(...) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala que
sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas diarias.
Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese
límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y los
sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se deberán
adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de semana santa
(1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral
2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo 3° del Decreto
1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994.
Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica deberán
computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa que veinte horas
semanales suman ochenta mensuales. ( ... )”
En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación10 se precisó,
«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de
1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las
vacaciones que determine el calendario escolar.”
De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de
1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, Radicado: 66001-23-31-000-1998-
00697-01 (1053-2000).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, Radicado: 08001-23-31-000-1998-
01254-01 (0396-2003).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado: 76001-
23-33-000-2012-00681-01 (4794-2015), reiterado en sentencia del 19 de enero de 2023, radicado: 08001-23-
33-000-2016-00149-01 (4526-2021).
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes estatales
disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el año, incluida
Semana Santa […]».
De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de satisfacer el
requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que no es otro que el de
cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben ser con una vinculación del
orden territorial o nacionalizado, tal y como se expuso en acápite precedente11.»
En consecuencia, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más
de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo, y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior deberá
aplicarse el cómputo de la norma, sumando las horas realmente trabajadas divididas
entre 4 con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez los
descansos remunerados y vacaciones.
Conforme a lo anterior, los servicios prestados por los docentes vinculados por hora
cátedra externa, para efectos de la pensión gracia, son válidos y deben ser tenidos
en cuenta para el cómputo de los 20 años de ejercicio docente, requeridos en el
artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, dado que éstos ejercen las mismas funciones
que los vinculados en propiedad, y por lo tanto, lo que se considera relevante, es
que el reclamante del derecho haya prestado sus servicios a la docencia en el nivel
territorial o nacionalizado sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que
ésta responda a cualquiera de las previstas en la ley y no haya obedecido a una
vinculación de tipo nacional.
2.3.3. Actuación administrativa
El señor José Wilton Salazar Rengifo, actuando a través de apoderado, radicó el 6
de noviembre de 2018 petición de reconocimiento y pago de una pensión gracia
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP
005284 de 19 de febrero de 2019 resolvió de manera negativa, en razón a que los
tiempos de servicio transcurridos entre los años 1994 y hasta 2016, fueron
prestados como docente nacional.
Inconforme con la decisión, el docente presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto negativamente con la Resolución 012575 de 12 de abril de 2019.
2.4. Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si el demandante cumplió con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias, y la jurisprudencia del
11 Sentencia de 9 de mayo de 2024. Expediente 25000-23-42-000-2016-03333-01 (0924-2019)
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la pensión gracia en discusión.
2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que José Wilton Salazar Rengifo nació el 1 de noviembre
de 195412, razón por la cual, el 1 de noviembre de 2004 cumplió 50 años de edad.
b. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, este
aspecto no fue objeto de reproche.
c. Tiempo de servicio
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales del actor como docente
oficial, rememorando que la controversia gira en torno a la acreditación de este
requisito:
• Vinculación entre el 25 de marzo de 1975 y el 26 de abril de 1976
Revisado el expediente, se observa copia del Decreto 0116 de 25 de marzo de
197513, por medio del cual la gobernadora del Chocó, en uso de sus atribuciones
legales efectuó el nombramiento de maestros de enseñanza primaria. En el
mencionado acto administrativo, se observa que el señor José Wilton Salazar
Rengifo fue designado como director de escuela rural de San Miguel.
De igual manera obra copia del Decreto 032 de 26 de abril de 1976, expedido por
el gobernador del Chocó, en donde acepta la renuncia del señor Salazar Rengifo.
Además, milita certificación de 16 de agosto de 2018, expedida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación del
Chocó, que da cuenta que se trató de una vinculación del orden nacionalizado y
que, efectivamente, se desarrolló entre el 25 de marzo de 1975 y el 26 de abril de
1976.
Lo anterior permite establecer que, el señor Salazar Rengifo fue nombrado por el
gobernador del departamento de Chocó en calidad de directivo docente por un
12 Copia del registro civil de nacimiento y de la cedula de ciudadanía visible en el expediente digital que se
encuentra en SAMAI.
13 Expediente digital
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
término de 1 año, 1 mes y 2 días. Ahora bien, respecto a la naturaleza de la
vinculación, del acto de nombramiento se desprende que el gobernador, en uso de
sus atribuciones legales, fue quien fungió como nominador del hoy demandante.
En este punto, vale la pena aclarar que, en la certificación se menciona que el
régimen de pensiones es del orden nacionalizado, lo cual es diferente a la
naturaleza de la designación; ahora, en todo caso, para el momento en que se
expidió el acto de nombramiento -25 de marzo de 1975-, aun no se había proferido
la Ley 43 de 1975, que data del 11 de diciembre de dicha anualidad; de manera
que, en vista de lo descrito, y dado que el nombramiento ocurrió con anterioridad a
la Ley 43 de 1975, solo podía tratarse o de una plaza del orden nacional o del orden
territorial. Y en todo caso, no existe prueba de que la plaza ocupada haya sido
sometida posteriormente a ese proceso de nacionalización.
Cabe destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la
Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales;
y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:
«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en este
caso. […]» (Negrilla de la Sala)
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya
sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se
cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Se itera entonces que, dado que el acto lo emitió la autoridad territorial, en uso de
sus facultades legales, sin que se haya mencionado que medió la autorización u
orden del Ministerio de Educación, no puede hablarse de un nombramiento del
orden nacional, sino, territorial. Siendo pertinente aclarar que, el hecho de que
figure la firma del delegado de dicha cartera en el acto administrativo de
designación, no implica de plano, que se trate de un nombramiento del orden
nacional, pues, se insiste, ello no se precisó en ese momento.
En línea de lo anterior, esta Sala considera que el periodo de servicio docente
nacionalizado ejecutado entre 25 de marzo de 1975 y el 26 de abril de 1976 esto
es, 1 año, 1 mes y 2 días, debe ser computado a efectos de acumular tiempo de
servicio para satisfacer el requisito de 20 años de servicio contemplado en la Ley
114 de 1913; y con lo que además satisface la exigencia de una vinculación como
educador territorial o nacionalizado antes de 1980.
• Vinculación desde el 7 de mayo de 1977 hasta el 26 de febrero de 1979
El gobernador de Risaralda, a través del Decreto 276 de 2 de mayo de 1977, nombró
al señor José Wilton Salazar Rengifo como docente en la escuela rural mixta
Cantamoros del municipio de Belén de Umbría. El mencionado acto administrativo
fue expedido por la autoridad territorial en uso de sus atribuciones legales, sin la
intervención de la Nación o del Fondo Educativo Regional. Además, se aportó acta
de posesión.
En el plenario también milita certificación emitida por el FOMAG – Secretaría de
Educación de Risaralda, la cual fue expedida el 13 de septiembre de 2014, en la
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
que se señaló que el tipo de vinculación era nacionalizado y se mantuvo activa
desde el 7 de mayo de 1977 hasta el 26 de febrero de 1979, fecha en la cual se hizo
efectiva la renuncia.
De lo descrito, y concordante con la primera vinculación analizada en esta
providencia, para la Sala resulta evidente que el tiempo de servicio entre el 7 de
mayo de 1977 y el 26 de febrero de 1979 es de naturaleza territorial, pues como
se mencionó previamente, el acto de nombramiento fue expedido por el gobernador
de Risaralda, que actuando como nominador y bajo el uso de sus facultades legales
determinó los nombramientos de diferentes docentes en el ramo de educación del
ente territorial, entre estos, el actor.
Adicional a ello, al revisar el ya mencionado Decreto 276 de 2 de mayo de 1977, no
se observa que haya mediado una orden por parte del Ministerio de Educación
Nacional para la vinculación de dichos educadores; ahora, si bien se produjo con
posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975, no se trata de una plaza
nacionalizada como lo certificó la secretaría de educación departamental, pues no
se evidencia participación del Fondo Educativo Regional o del delegado del
Ministerio de Educación en el acto administrativo objeto de análisis.
Así, al igual que la vinculación ya estudiada, para la Sala es claro que el periodo
comprendido entre 7 de mayo de 1977 y 26 de febrero de 1979, es decir, 1 año, 9
meses y 19 días, fue de naturaleza territorial.
• Desde el 2 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1993
El gobernador de Antioquia, como presidente de la junta administradora del FER, a
través del Decreto 1421 de 6 de mayo de 1993, nombró algunos educadores bajo
el sistema de hora cátedra, dentro de los cuales se encontraba el señor Salazar
Rengifo, quien fue vinculado al IDEM Santa Teresa de Medellín por 20 horas
semanales a partir del 2 de febrero de 1993.
Como se observa, la prestación del servicio docente por parte del demandante por
el interregno transcurrido entre el 2 de febrero y el 30 de noviembre de 1993 se
desarrolló por hora cátedra, en una intensidad de 20 horas semanales; respecto de
los tiempos laborados en esta modalidad, como se explicó previamente en esta
providencia, son válidos para el cómputo con destino a obtener la pensión gracia,
no obstante, las vinculaciones por intermedio de esta figura deben cumplir con los
requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio prestacional, esto es,
haber sido vinculado como docente territorial o nacionalizado.
Pues bien, del acto de nombramiento se extrae que actuó como nominador el
gobernador de Antioquia, quien suscribió el acto administrativo como presidente del
FER, participando además el delegado del Ministerio de Educación Nacional, razón
por la cual, las 20 horas semanales resultan válidas para la pensión gracia, pues se
trata de una vinculación de naturaleza nacionalizada.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Ahora, del mencionado acto se sustrae que fue expedido en virtud del Decreto 1706
de 1989, por medio del cual se reglamentan los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de
1989; al respecto, se precisa que el nombramiento en uso de las facultades
otorgadas en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, no quiere decir que ello determine
la naturaleza de la vinculación, bien sea nacional o nacionalizada, sino que, en virtud
de esa disposición normativa, se asignaron a los gobernadores las funciones de
nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente
y administrativo de los establecimientos educativos nacional o nacionalizados en
consideración del artículo 9 de dicha norma, pero sin que ello modifique el tipo de
vinculación, circunstancia que se evidencia en el parágrafo 2 del artículo 8 del
Decreto 1706 de 1989 que le otorga la facultad a gobernadores y alcaldes de realizar
los nombramientos bajo el sistema de hora cátedra, lo cual ocurrió en el presente
asunto.
En ese orden, en aras de determinar el tiempo laborado para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, resulta necesario acudir a la fórmula prevista
en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, así:
Período Horas Horas Días Vacaciones
mensuales trabajadas laborados en (proporcionales
en el período el período14 en días)
2 de febrero a 30 80 720 16 180 17 24.5 18
de noviembre de
1993 15
Total 180 25.5
Total de días a incluir para efectos 205.5 días19, que equivalen a
pensionales 6 meses y 28 días
De acuerdo con el análisis anterior, durante el período servido a la docencia estatal
por hora cátedra, el señor José Wilton Salazar Rengifo laboró bajo la modalidad de
horas cátedras por 6 meses y 28 días. Los cuales son computables para
acceder a la pensión gracia de cara a los argumentos expuestos con precedencia.
• Desde el 26 de enero de 1994 hasta el 11 de enero de 2016
A través del Decreto 0015 de 7 de enero de 1994, expedido por el gobernador de
Antioquia, el señor José Wilton Salazar Rengifo fue designado como profesor de
tiempo completo en el «IDEM Gonzalo Mejía» de Turbo.
14 Incluye los fines de semana.
15 11 meses laborados
16 80 horas / 30 días que tiene el mes x 270 días laborados = 720 horas servidas en ese período.
17 720 horas / 4 = 180 días laborados.
18 180 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 24.5 días.
19 180 + 25.5 = 205.5 días.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Se indicó que el citado gobernador actuaba en ejercicio de las atribuciones
conferidas por artículo 10° de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos
Nacionales 2277 de 1979 y 1706 de 1989, así como la Resolución 3711 de 1993
emitida por el Ministerio de Educación Nacional. En ese orden, se dispuso “nombrar
en propiedad en los cargos docentes nacionales de tiempo completo convertidos
de horas cátedra” a un grupo de docente, entre estos, al actor así:
“Por el cual se nombra en propiedad a unos docentes nacionales de secundaria.
En el Distrito Educativo 13:
Municipio de Turbo:
(…)
JOSE W. SALAZAR RENGIFO (…)”
(…)
PARAGRAFO: La asignación salarial será la que le corresponda al Grado que
acredite en el Escalafón Docente Nacional, de conformidad con la normas (sic) que
regulen el régimen salarial de los docentes nacionales.”
Todo lo anterior, como se aprecia del contenido del acto de designación:
En cumplimiento de lo previamente señalado, el 28 de enero de 1994 el hoy
demandante tomó posesión del cargo ante la Alcaldía del municipio de Turbo.
De la anterior novedad, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– Secretaría de Educación municipal de Rionegro, Antioquia, en certificación
expedida el 26 de junio de 2018, indicó que el señor Salazar Rengifo se retiró del
servicio el 11 de enero de 2016, además, que el régimen pensional era nacional. Al
respecto, se observa lo siguiente:
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que el demandante prestó servicio
docente de manera ininterrumpida en el departamento de Antioquia desde su
vinculación ocurrida el 26 de enero de 1994 –cuando tomó posesión del cargo-
hasta el retiro efectivo ocurrido el 11 de enero de 2016, es decir, por 21 años, 11
meses y 17 días.
No obstante, de cara a la naturaleza de la designación efectuada mediante Decreto
0015 de 7 de enero de 1994, fue del orden nacional más no territorial o
nacionalizado. Lo anterior, por cuanto, aun cuando quien suscribió el acto fue el
gobernador Antioquia, este invocó el uso de sus facultades legales, entre estás, las
conferidas por la Resolución N° 03711 de 1993 del M.E.N”, este último, siendo
el acto a través del cual el Ministerio de Educación por disposición del Decreto Ley
2100 de 199220, reglamentó las condiciones y requisitos para la conversión de
catedráticos sistema de hora cátedra a plazas docentes de tiempo completo.
A lo anterior se suma que, el contenido del acto administrativo en referencia, de
manera clara indicó que se realizaba el nombramiento de docentes nacionales; y
que el régimen salarial correspondería al de los educadores de ese orden.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la mera suscripción del acto
por la autoridad territorial en este caso no implica de plano, que se trató de un
nombramiento territorial o nacionalizado, dado que, se invocó como fundamento
normativo para la designación, la Resolución Ministerial 03711 de 1993, y
expresamente se indicó en la parte introductoria como en la parte resolutiva, que se
20 «Por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1993, se detallan las
apropiaciones y se califican y definen los gastos.»
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
nombraban en propiedad docentes nacionales.21
Ahora, el acto se sustentó también, en las atribuciones conferidas en el artículo 9
de la Ley 29 de 1989, Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, y el artículo 105 de
la Ley 115 de 1994.
No obstante, ello no permite desvirtuar la condición de docente nacional, pues, si
bien la Ley 29 de 1989 no determina por si sola la naturaleza del vínculo laboral, si
que otorgan a los entes territoriales las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados.
Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial para regular
las condiciones de ingreso y demás situaciones administrativas sobre el ejercicio de
la profesión docente y el Decreto 1706 de 1989 reglamentó, entre otros, el ya
mencionado artículo 9 de la Ley 29 de 1989.
Todo ello permite concluir que, para el período que aquí se analiza, el docente
ostentó una vinculación de naturaleza nacional, por lo que el tiempo de servicio
transcurrido entre el 26 de enero de 1994 y el 11 de enero de 2016, es decir, por
21 años, 11 meses y 17 días, no resulta válido para el cómputo de la pensión gracia.
Sin que tenga vocación de prosperidad el argumento traído por la parte actora con
el recurso, relacionado con que el Ministerio de Educación le certificó que no tuvo
vínculo con dicho ente, pues, de cara al análisis del contenido del acto administrativo
de designación efectuado por esta Sala, existe certeza frente a la labor como
docente nacional en este último periodo.
Incluso en el expediente administrativo allegado al proceso, milita certificado laboral
expedido el 15 de octubre de 2009 por la Secretaría de Educación de Antioquia, en
el que se afirmó que prestaba sus servicios como docente nacional en forma
continua, del cual en todo caso se destaca que tiene un sello de anulado; sin
embargo, en la Resolución 112 de 17 de febrero de 2011, mediante la cual se
reconoce al señor Rengifo Salazar una pensión de jubilación por cuotas partes, se
precisa que en los últimos años laboró como “docente nacional”, así:
El señor JOSÉ WILTON SALAZAR RENGIFO, identificado con cédula de
ciudadanía número 70.086.529 de Medellín, Antioquia, actuando en hombre
propio y mediante radicado 2010-PENS-004170 del 19 de marzo de 2.010,
solicitó el reconocimiento y posterior pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación, por haber laborado en varías entidades de Derecho Público por más
21 Se destaca que esta Sala de Subsección ha resuelto de manera similar en los siguientes expedientes:
Radicado 08001 23 33 000 2018 00696 01 (1011–2022), sentencia de 20 de febrero de 2025, C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves
Radicado 05001-23-33-000-2014-01549-01(2107-16), sentencia de 12 de julio de 2017, C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
de veinte (20) años y últimamente como docente Nacional, en la Institución
Educativa Barro Blanco del municipio de Rionegro. (Resalto de la Sala)
Y en la parte resolutiva se indicó:
“ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor JOSÉ WILTON SALAZAR
RENGIFO, Identificado con cédula de ciudadanía número 70.086.529 de
Medellin, Antioquia. una pensión vitalicia de jubilación, por el valor mensual de
$ 1.328.975, efectiva a partir del 02 de noviembre de 2.009, como docente
nacional, pagado con el situado fiscal.”
Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con
el artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que «Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», de manera que, corresponde al extremo activo de esta causa probar
fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el derecho
a la pensión gracia; lo cual en este caso no ocurrió; y por el contrario, en el plenario
reposa material probatorio que permite inferir que por lo menos, a partir del año
1994, el actor laboró como docente nacional.
En ese orden, el señor José Wilton Salazar Rengifo no cumple con los requisitos de
ley para ser beneficiario de la pensión gracia, entre estos, la prestación de servicio
docente territorial o nacionalizado por 20 años, exigencia sobre la cual gira la
alzada, sino que solo alcanzó a acreditar un tiempo total 3 años 5 meses y 19 días
bajo la modalidad requerida, lo cual resulta insuficiente, dado que el resto del tiempo
estuvo vinculado como nacional.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.6 Conclusión
Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el señor Salazar
Rengifo, si bien acreditó la edad de 50 años, y una prestación de servicios como
docente nacionalizado antes de 1980, no logró demostrar el requisito de 20 años de
servicio docente territorial o nacionalizado. En ese orden, no hay lugar a acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, por lo que no tiene vocación de prosperidad el
recurso de apelación interpuesto por aquél; y, en consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
2.7 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 01744 01 (4381-2023)
Demandante: José Wilton Salazar Rengifo
Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.
Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se
repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso de la referencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte como
apoderado de la UGPP en atención al poder allegado a vía correo electrónico y
visible en SAMAI.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.