Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00696-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00696-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00696-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2018 00696 01 (1011–2022)
Demandante: José Antonio de la Hoz Mendoza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Hora
cátedra en la prestación del servicio docente. Centros Auxiliares
de Servicios Docentes. Requisito de buena conducta en la
prestación del servicio. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 11 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El señor José Antonio de la Hoz Mendoza, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 05357 de 12 de abril de 2017 y
del Auto ADP 002746 de 10 de abril de 2018, actos por medio de los cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
Como restablecimiento del derecho, solicitó le sea reconocida y pagada la
prestación reclamada a partir de agosto de 2011, liquidada de acuerdo con el
escalafón 14 del nivel nacional, debidamente ajustado e indexado, cancelando lo
reconocido de manera retroactiva y con el reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre las mesadas causadas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2018 00696 01 (1011-2022)
Demandante: José Antonio de la Hoz Mendoza
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor José Antonio de la Hoz Mendoza nació el 23 de octubre de 1954, razón
por la cual, cumplió 50 años de edad el 23 de octubre de 2004; así mismo, indicó
que prestó servicio docente en los departamentos de La Guajira y Atlántico de la
siguiente manera:
• Como docente de tiempo completo en el municipio de Maicao, entre el 25 de
agosto de 1980 y el 15 de julio de 1981, nombrado por Decreto 415 de 11 de
septiembre de 1980 expedido por el gobernador de La Guajira.
• Como docente de hora cátedra en el departamento del Atlántico así:
o Con Resolución 230 de 25 de marzo de 1987, se le asignaron 64 horas
mensuales en el municipio de Luruaco desde el 1° de febrero de 1987 hasta
el 30 de noviembre del mismo año.
o En atención a la Resolución 18682 de 24 de noviembre de 1988, laboró 24
horas mensuales en el municipio de Sabanalarga, desde el 1 de febrero hasta
el 30 de noviembre de 1988.
o A través de la Resolución 000876 de 6 de julio de 1990, le fueron asignadas
96 horas mensuales en el municipio de Sabanalarga, desde el 1 de febrero
hasta el 30 de noviembre de 1990.
o Con la Resolución 158 de 16 de octubre de 1991, le asignaron 64 horas
mensuales en Sabanalarga desde el 1 de febrero de 1991 hasta el 30 de
noviembre del mismo año.
o Mediante la Resolución 436 de 30 de julio de 1992, se le asignaron 64 horas
mensuales en Sabanalarga desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre
de 1992.
o Y con la Resolución 054 de 26 de febrero de 1993, le fueron asignadas 64
horas mensuales en el municipio de Manatí, desde el 1 de febrero de 1993
hasta el 30 de noviembre del mismo año.
• Posteriormente, con designación efectuada mediante Decreto 000145 de 4 de
febrero de 1994, expedido por el gobernador del Atlántico, el demandante ejecutó
labores de educador a partir del 11 de febrero de 1994, cargo en el que ha
permanecido desde entonces.
El 9 de diciembre de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia, pues considera que cumple con todos los requisitos exigidos para ello,
principalmente el haber laborado por casi 32 años como docente nacionalizado. En
respuesta, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP – a través de la Resolución RDP
05357 de 12 de abril de 2017 negó lo pedido, alegando una sanción disciplinaria
en contra del docente, situación que se aclaró en nueva solicitud radicada el 21 de
diciembre de 2017, sin embargo, la entidad expidió el auto ADP 002746 de 10 de
abril de 2018 con el que negó lo pretendido.
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Demandante: José Antonio de la Hoz Mendoza
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 2, 6, 13 y 53 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989 y el Decreto 2277 de 1979.
Señaló que la UGPP expidió los actos administrativos vulnerando derechos
constitucionales y legales del demandante, pues cumplió con todos los requisitos
legales para ser beneficiario de la pensión gracia. Precisó que, si bien existe una
sanción disciplinaria en contra del señor José Antonio de la Hoz Mendoza, esto
ocurrió por hechos aislados al ejercicio docente y que nunca fue separado del cargo,
por tanto, no se afectó la buena conducta en el ejercicio docente ni la prestación del
servicio.
1.4. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó escrito con el que se
opuso a las pretensiones de la demanda; como fundamento, señaló que se presentó
una mala conducta en el ejercicio docente del demandante, en tanto, el ente
territorial dio por terminado el vínculo laboral por incumplimiento de deberes y por
ello se declaró insubsistente a aquél. Adicionalmente, no logró acreditar los
servicios en la modalidad de hora cátedra y mucho menos con una vinculación
territorial o nacionalizada.
Propuso como excepciones la “inexistencia de las obligaciones reclamadas”, “cobro
de lo no debido”, “buena fe” y “prescripción de las mesadas”.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 11 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; así, declaró no probadas las
excepciones presentadas por la demandada, así como la nulidad de la Resolución
RDP 015357 de 12 de abril de 2017; en consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer
y pagar a favor de José Antonio de la Hoz Mendoza la pensión gracia a partir de
agosto de 2011, pero con efectos fiscales a partir de 9 de diciembre de 2013 como
consecuencia de la prescripción de las mesadas causadas; disponiendo además,
el reajuste y actualización de las sumas reconocidas y se abstuvo de condenar en
costas.
Como sustento de lo anterior, indicó que el demandante demostró haber prestado
servicio docente por más de 20 años con vinculación nacionalizada, con
nombramiento con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió 50 años de
edad. En cuanto al requisito de buena conducta, señaló que, si bien fue sancionado
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Demandante: José Antonio de la Hoz Mendoza
con suspensión de 1 mes en el ejercicio del cargo, no fue una situación reiterada en
el transcurso del ejercicio docente, por lo que se entiende cumplida dicha exigencia.
Finalmente sostuvo que la reclamación administrativa fue radicada el 9 de diciembre
de 2016, razón por la cual las mesadas causadas con anterioridad al 9 de diciembre
de 2013 se encuentran prescritas.
1.6. Recurso de apelación
El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó recurso
de apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia; al respecto,
considera que no se realizó una debida valoración probatoria y normativa, pues uno
de los requisitos exigidos para la pensión gracia es la prestación del servicio con
buena conducta, el cual no se cumplió, en la medida que alega que el demandante
fue sancionado con un mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
para ejercer funciones públicas durante el mismo término; siendo necesario para
obtener la dádiva pretendida con esta demanda, mantener una buena conducta
durante todo su vínculo laboral.
Para culminar, expuso que no se acreditó la prestación del servicio antes del 31 de
diciembre de 1980, no siendo procedente tener en cuenta los tiempos laborados
mediante hora cátedra, sumado a que en el plenario existe certificado que da cuenta
que se trató de un educador nacional.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 4 de abril de 2022, se admitió el recurso de apelación presentado
por la entidad demandada.
En esta instancia, las partes demandante y demandada, el agente del Ministerio
Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Antonio de la
Hoz Mendoza, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado, la vinculación antes de 1980 y la buena conducta
en el ejercicio docente; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.
Siendo pertinente analizar, además, si las vinculaciones efectuadas en la modalidad
de hora cátedra, resultan válidas para efectos del reconocimiento de la prestación
en cita.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
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1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Mala conducta como causal de pérdida del derecho de la pensión gracia
La Ley 114 de 1913, en su artículo 4.º, establece, entre otros requisitos, para que
proceda el reconocimiento de la pensión gracia la buena conducta de los docentes
en el ejercicio de sus funciones.
Así se advierte en la citada norma:
«Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación y por un Departamento.
4. Que observa buena conducta.
5. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u
otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Sobre este particular, el Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente, establece en su artículo 46 las causales
de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente que dispone:
«Artículo 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:
a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b) El homosexualismo7 o la práctica de aberraciones sexuales;
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos;
e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f) El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las
prohibiciones;
g) El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en
el Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político.
j) El abandono del cargo.»
Ahora bien, no cualquier actuación reprochable realizada por un docente puede
originar la pérdida de su derecho a percibir la pensión gracia. Al respecto, el Consejo
de Estado8 ha considerado dos circunstancias específicas pasibles de la
consecuencia descrita: i) el comportamiento censurable fue realizado
repetitivamente durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cuando a pesar
de ser realizado una sola vez, reviste tal gravedad que la conducta implica peligro
para la comunidad educativa o el ejercicio de la docencia. Sobre el particular, la
Sección Segunda de la Corporación, en sentencia de 24 de abril de 20039 explicó
lo siguiente:
7 Mediante sentencia C-489 de 1998, M.P Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional declaró
inexequible dicho apartado.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2011,
radicado 76001-23-31-000-2007-00034-01 (2442-11).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-31-000-1999-01454-01 (4251-2002).
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«[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el servidor
docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no
significa que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable
pueda tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la
pensión gracia pues, como se ha dicho en otras oportunidades, el
comportamiento censurable debe ser continuo durante el ejercicio profesional
del docente o de tal gravedad que, así sea aislado, amerite la sanción de
pérdida de la pensión.»10
En el mismo sentido, diferentes posturas jurisprudenciales del Consejo de Estado
han llevado a concluir que «es necesario que la conducta considerada como reprochable
se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte
gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa, impidiendo el
cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente
prestación del servicio público de educación»11, postura que se ha mantenido,
disponiéndose además que «habrá de evaluarse la continuidad de la trasgresión del
demandante a los deberes como servidor público y la gravedad de la falta»12.
Así las cosas, en cada caso se deberá analizar la naturaleza de la conducta
atribuida al docente, la frecuencia con que esta se realizó y la incidencia o grado de
afectación de la comunidad educativa, lo anterior, a fin de evitar que un hecho
aislado o sin repercusión alguna constituya una causal de impedimento para el
reconocimiento de un derecho pensional.
2.3.3. Cómputo de tiempos de servicio como docente hora cátedra
Esta Sección de manera reiterativa ha señalado que, los servicios prestados por los
docentes vinculados por hora cátedra externa, para efectos de la pensión gracia,
son válidos y deben ser tenidos en cuenta para el cómputo de los 20 años de
ejercicio docente, requeridos en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, dado que
éstos ejercen las mismas funciones que los vinculados en propiedad, y por lo tanto,
lo que se considera relevante, es que el reclamante del derecho haya prestado sus
servicios a la docencia en el nivel territorial o nacionalizado sin importar la modalidad
de la vinculación, siempre que ésta responda a cualquiera de las previstas en la ley
y no haya obedecido a una vinculación de tipo nacional.
Ahora, vale la pena aclarar que el tiempo servido bajo dicha modalidad no es dable
contabilizarlo con base en el calendario, sino con las fórmulas consignadas
en la normativa pensional. En tal sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley
10 Entre otras, véase también: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de julio de
2014, radicado 41001-23-31-000-2011-00083-01 (3330-2013) y sentencia de 11 de abril de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2012-00784-01 (1198-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado
05001-23-31-000-2001-02910-01 (0869-2009).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre 2022,
radicado 54001-23-33-000-2015-00421-01 (0047-2017).
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33 de 1985, aplicable en materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier
naturaleza de las entidades de previsión social […]» públicas o privadas, establece:
«Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez,
solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan
a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.»
Sobre este particular, esta Corporación en sentencia de unificación de 22 de enero
de 201513, en la cual se hace referencia a la sentencia del 8 de agosto de 2003,
respecto a la jornada laboral docente para determinar si las horas cátedra se
deberán contar como tiempo completo o si es necesario realizar el cálculo de la Ley
33 de 1985, discurrió de la siguiente forma:
«El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y ascenso
en el Escalafón”, con relación al ascenso docente indicó que el educador debería –
entre otras, certificar el tiempo de servicio y en el b) indicó que si no fuere docente de
tiempo completo, el certificado especificará el número de horas cátedra, es decir, que
era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora cátedra.
Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso lo siguiente:
[…]
La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de servicio que da
derecho a la pensión de jubilación:
• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella compuesta por
cuatro (4) horas diarias.
• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.
Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:
“(...) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las
cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (...)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de
agosto de 200014 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como
docente hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º
del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
13 Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01. Asimismo, de esta subsección, consultar fallo de
15 de diciembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, Radicado: 66001-23-
31-000-1998-00697-01 (1053-2000).
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Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 200315 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:
“(...) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala que
sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas diarias.
Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese
límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y los
sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se deberán
adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de semana santa
(1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral
2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo 3° del Decreto
1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994.
Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica deberán
computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa que veinte horas
semanales suman ochenta mensuales. ( ... )”
En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación16 se precisó,
«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de
1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las
vacaciones que determine el calendario escolar.”
De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de
1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes estatales
disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el año, incluida
Semana Santa […]».
De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de satisfacer el
requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que no es otro que el de
cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben ser con una vinculación del
orden territorial o nacionalizado, tal y como se expuso en acápite precedente17.»
En consecuencia, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más
de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo, y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior deberá
aplicarse el cómputo de la norma, sumando las horas realmente trabajadas
divididas entre 4 con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez
los descansos remunerados y vacaciones.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, Radicado: 08001-23-
31-000-1998-01254-01 (0396-2003).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018,
radicado: 76001- 23-33-000-2012-00681-01 (4794-2015), reiterado en sentencia del 19 de enero de
2023, radicado: 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021).
17 Sentencia de 9 de mayo de 2024. Expediente 25000-23-42-000-2016-03333-01 (0924-2019)
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2.4. Actuación administrativa
El señor José Antonio de la Hoz Mendoza radicó el 9 de diciembre de 2016 solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión gracia; en respuesta, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, negó lo reclamado a través de la Resolución RDP
015357 de 12 de abril de 2017 sustentado en lo siguiente:
«De conformidad con las normas antes transcrita y los elementos de juicio obrantes
dentro del plenario, se pudo establecer que el interesado incurrió en causales de mala
conducta, en el entendido de señalar que las razones por las cuales fue suspendido
del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante un término de un (1)
mes, por incurrir en faltas graves dolosas o gravísimas culposas; las mismas tienen
relación con los deberes de los docentes y en especial con las causales de mala
conducta señaladas en el estatuto docente como lo es, ser condenado por delito o
delitos dolosos; razón por la cual esta unidad procede a negar también la solicitud
elevada por el peticionario en ese sentido.»
Pese a la procedencia de los recursos de reposición y de apelación contra el anterior
acto administrativo, el interesado no hizo uso de estos.
El 23 de diciembre de 2017 elevó nueva solicitud de reconocimiento y pago de la
prestación en comento, la cual fue resuelta negativamente con Auto ADP 002746
de 10 de abril de 2018, explicando que no se interpusieron los recursos contra la
primera resolución y que los documentos allegados no permitían acceder al
reconocimiento, máxime cuando en certificación de 30 de agosto de 2010, se señaló
que la vinculación del docente fue de carácter nacional.
2.5. Caso concreto18
En atención a lo anterior, para efectos de desatar la alzada estima la Sala que se
deberá verificar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley
114 de 1913 y demás normas complementarias, así como la jurisprudencia del
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión, como a continuación se procede.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
A. Edad
Revisado el expediente, se encuentra probado que el señor de la Hoz Mendoza
nació el 23 de octubre de 195419, razón por la cual, el 23 de octubre de 2004
cumplió 50 años de edad. Requisito que valga resaltar, no fue controvertido por la
18 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
19 Copia de la cédula de ciudadanía disponible en expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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entidad demandada.
B. Tiempo de servicio y vinculación antes de 1980
Se rememora que con el recurso se cuestiona, además del requisito de buena
conducta, la prestación del servicio del docente antes del 31 de diciembre de 1980.
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales:
• Prestación del servicio entre el 25 de agosto de 1980 y el 30 de mayo de
1981
El gobernador del departamento de La Guajira, por intermedio del Decreto 415 de
11 de septiembre 1980, nombró al señor José Antonio de la Hoz Mendoza como
docente en el colegio departamental de bachillerato San José de Maicao con
retroactividad a partir del 25 de agosto de 1980. Del mencionado acto se observa
que fue suscrito por el gobernador en uso de sus facultades legales y en su artículo
cuarto ordenó remitir copia al delegado del FER para su conocimiento y fines
pertinentes.
Consecuente con lo anterior, se observa que tomó posesión el 18 de septiembre de
1980 y que permaneció en el cargo hasta el 30 de mayo de 1981, fecha en la que
le fue aceptada la renuncia a través del Decreto 335 de 15 de julio de 1981.
Sobre el particular, el 9 de octubre de 2008, la Secretaría de Educación de La
Guajira expidió certificación de tiempo de servicio, en donde señaló que el señor
José Antonio de la Hoz Mendoza prestó servicio como docente nacionalizado por
nombramiento efectuado con el Decreto 415 de 11 de septiembre de 1980.
Lo anterior encuentra respaldo, además, en certificación emitida el 28 de diciembre
de 2015, por parte de la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, en
la cual se indicaron los mismos extremos laborales citados, y se refirieron los
mismos actos de nombramiento y de aceptación de renuncia; disponiendo en
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cuanto a la naturaleza de la designación, que fue del orden «departamental».
De lo revisado previamente, es claro que José Antonio de la Hoz Mendoza ejerció
como educador en básica secundaria en el municipio de Maicao, por 9 meses y 5
días.
La vinculación se encuentra sustentada con el acto administrativo de nombramiento,
esto es el Decreto 415 de 11 de septiembre de 1980, suscrito por el gobernador de
La Guajira, quien actuó como nominador y en uso de sus atribuciones legales,
además, en su artículo cuarto dio la orden explicita de enviar copia al FER del
departamento de La Guajira.
Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, estima la Sala que, efectuada
la valoración probatoria de los actos de nombramiento, posesión y retiro antes
referenciados, se desprende que estos se profirieron con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se dispuso la nacionalización
de la educación en Colombia y sin que se advierta la intervención o delegación de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional para efectuar el nombramiento de los
docentes allí enlistados; por el contrario, se ordenó comunicar de la designación al
Fondo Educativo Regional, para lo de su cargo.
En ese orden, para la Sala, el actor prestó servicios como docente nacionalizado,
más no territorial como lo certificó la secretaría de educación, pues, como esta
Sección lo ha precisado «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C
– 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del
31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se
cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Todo lo anterior, permite concluir que, para el período que aquí se analiza, el
demandante fungió como docente con vinculación de naturaleza nacionalizada,
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durante un tiempo de servicios de 9 meses y 5 días transcurridos entre el 25 de
agosto de 1980 y el 30 de mayo de 1981, el cual resulta válido para el cómputo de
la pensión gracia. De manera que, no tiene vocación de prosperidad el cargo
planteado con el recurso por la UGPP, pues, se itera, se acredita por el señor de la
Hoz Mendoza, la exigencia legal en mención.
• Prestación del servicio por hora cátedra desde el 1 de febrero de 1987
y hasta el 30 de noviembre de 1993
De acuerdo con los documentos allegados al expediente, se observa que el señor
José Antonio de la Hoz Mendoza laboró entre los años 1987 y 1993 como docente
al servicio del departamento del Atlántico bajo la modalidad de hora cátedra.
Siendo pertinente señalar, como se explicó previamente en esta providencia, que
dicha modalidad resulta válida para computar tiempos con miras a obtener la
pensión gracia, siempre y cuando, se trate de una designación del orden territorial
o nacionalizado.
Pues bien, para establecer esto último, se advierte que la Secretaría de Educación
del Atlántico, el 18 de septiembre de 2008, certificó lo siguiente:
-Que laboró como docente nombrado por el sistema de horas cátedra, así:
i) Con Resolución 230 de 25 de marzo de 1987, durante el año lectivo, por 64
horas de clases mensuales en el Colegio Bachillerato Mixto San José de Luruaco.
ii) A través de Resolución 18632 de 24 de noviembre de 1988, fue designado
«por lo que resta del año lectivo 1988-1989, por 24 horas cátedra semanales en
el Centro Auxiliar de Servicios Docente CASD.
iii) Luego, mediante Resolución 000876 de 6 de julio de 1990 fue designado por
el año lectivo 1990, durante 96 horas mensuales de clases en el Centro Auxiliar
de Servicios Docente. Acta de posesión del 13 de julio de 1990.
iv) Con acto administrativo 158 de 16 de octubre de 1991, fue nombrado
educador con 64 horas mensuales en el año lectivo 1991, también en el Centro
Auxiliar de Servicios Docente.
v) Con la Resolución 436 de 30 de julio de 1992, fue nuevamente designado con
64 horas mensuales en el año lectivo 1992 en dicho centro auxiliar.
-De otro lado, se certificó que el aquí demandante, prestaba sus servicios al
departamento del Atlántico desde el 11 de febrero de 1994 en la Secretaría de
Educación Departamental.
De acuerdo con lo anterior, y revisada cada una de las vinculaciones allí señaladas,
la Sala observa lo siguiente:
En primer lugar, con la Resolución 230 de 1987, la Secretaría de Educación del
Atlántico nombró al hoy demandante como docente en el municipio de Luruaco con
una intensidad horaria de 64 horas mensuales por el año lectivo de 1987.
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Del acto de nombramiento se extrae que quien actúa como nominador es el
secretario de educación del Atlántico y que lo hace por disposición del ente
territorial, sin la intervención de la Nación, razón por la cual, las 64 horas mensuales
resultan válidas para la pensión gracia, pues se trata de una vinculación de
naturaleza territorial.
Posterior a ello, en el año 1988, el Ministerio de Educación Nacional a través de la
Resolución 18682 de 24 de noviembre de 1988, designó al señor José Antonio
de la Hoz Mendoza como docente hora cátedra con intensidad de 24 horas
mensuales en el municipio de Sabanalarga.
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Sobre el particular, se resalta que el acto de nombramiento fue expedido
directamente por una autoridad del orden nacional, razón por la cual este tiempo ha
de ser desestimado, pues es claro que la naturaleza de la designación es nacional
y por tanto no resulta válida para la pensión gracia.
En cuanto a la prestación del servicio en el año 1990, se allegó copia de la
Resolución 00876 de 6 de julio de 1990, expedida por la Secretaría de Educación
del Atlántico que nombró al señor de la Hoz Mendoza como docente por el año
lectivo en mención con una carga de 96 horas mensuales.
De la revisión de la resolución anterior, se observa que, si bien el acto es suscrito
por autoridad del ente territorial, se tiene que el nombramiento se realiza en el
Centro Auxiliar de Servicios Docentes CASD de Sabanalarga. Sobre el particular,
se observa que actúa por las atribuciones conferidas por el Decreto 1706 de 1989,
por medio del cual se reglamentan los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989; al
respecto, se precisa que el nombramiento en uso de las facultades otorgadas en la
mentada Ley 29 de 1989, no significa per se que la vinculación sea nacional, puesto
que en virtud de esa disposición se asignaron a los alcaldes municipales las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos tanto
nacionales como nacionalizados.
Ahora, el parágrafo 2 del artículo 8 del Decreto 1706 de 1989 otorgó la facultad a
gobernadores y alcaldes de realizar los nombramientos por el sistema de hora
cátedra; no obstante, se debe tener en cuenta que el nombramiento se produjo en
el Centro Auxiliar de Servicios Docente –CASD- de Sabanalarga, el cual fue creado
a través del Decreto 327 de 1979 por el gobierno Nacional, incluso en los artículos
5 a 8 ibidem, se indicó que la dirección, reglamentación y presupuesto estaría a
cargo de la Nación.
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Sobre el particular, en sentencia de 31 de mayo de 201220, el Consejo de Estado
analizó la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de labor en los CASD para
efectos de la pensión gracia, concluyendo que los docentes que allí prestaban el
servicio educativo ostentan una vinculación del orden nacional, pues son centros
creados y administrados por la Nación – Ministerio de Educación Nacional.21
Así, en el caso del señor José Antonio de la Hoz Mendoza, se concluye que el
tiempo de servicio como docente hora cátedra en el Centro Auxiliar de Servicios
Docentes CASD de Sabanalarga, no resulta válido para la pensión gracia, en la
medida que se trata de una vinculación del orden nacional.
De otro lado, a través de la Resolución 158 de octubre de 1991, el citado
demandante fue nombrado como educador en el Centro Auxiliar de Servicios
Docentes de Sabanalarga por el año lectivo de 1991 con una intensidad horaria de
64 horas mensuales. Al igual que en la vinculación anterior, se estima que no es
posible tener el tiempo de servicio como válido en la medida que se trata de una
vinculación de naturaleza nacional, en atención al análisis ya efectuado.
Para la anualidad de 1992, a través de la Resolución 436 de 1992 se le reconoció
al demandante por parte del Fondo Educativo Regional del Atlántico el pago por el
servicio prestado correspondiente a 19 horas mensuales. Si bien no se allegó copia
del acto de nombramiento, se observa de este acto administrativo que, el señor de
la Hoz Mendoza laboró en el CASD de Sabanalarga, que, como se mencionó
reiteradamente, corresponde a una vinculación del orden nacional que no permite
que el tiempo acá prestado sea tenido en cuenta para la pensión gracia.
Finalmente, con la Resolución 054 de 1993, el gobernador del Atlántico nombró al
aquí actor como docente en el municipio de Manatí bajo el sistema de hora cátedra
con una intensidad de 64 horas mensuales.
Del nombramiento antes reseñado, se observa que el gobernador del Atlántico es
el nominador, y que en uso de sus atribuciones legales nombró bajo el sistema de
hora cátedra al demandante, resaltando que el FER intervino con la certificación
presupuestal para el nombramiento de los docentes indicados en el acto de
designación descrito; sin que se hiciera mención alguna a que se procediera en
cumplimiento a directriz del Ministerio de Educación, y menos aún se advierte la
participación de un delegado de dicha cartera.
Por tanto, para el caso particular de la anualidad de 1993, resultan válidas las 64
horas cátedra que sirvió el señor de la Hoz Mendoza, pues su vinculación fue del
orden nacionalizado.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado 63001-23-31-000-2010-00047-01 (2410-2011)
21 Al respecto véase, Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-31-000-2000-0134-
01 (4404-2001), Sentencia de 19 de septiembre de 2002.
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Demandante: José Antonio de la Hoz Mendoza
De igual manera, se observa certificación de 19 de septiembre de 2016, en donde
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de
Educación del Atlántico indica que el señor José Antonio de la Hoz Mendoza prestó
servicio docente con las siguientes novedades laborales con una vinculación
territorial:
Pues bien, aun cuando en certificación anterior se dispuso que el tiempo servido en
su totalidad como docente hora cátedra -analizado en precedencia-, fue del orden
territorial; para la Sala ello no resulta del todo cierto, dado que como se explicó, la
labor ejecutada en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes obedece a un
nombramiento nacional, por lo que tales periodos no pueden ser computados para
pensión gracia. De manera que, únicamente pueden ser tenidos en cuenta los
nombramientos efectuados en las anualidades de 1987 y de 199322.
Así las cosas, en aras de determinar el tiempo efectivamente laborado para efectos
pensionales, resulta necesario acudir a la fórmula prevista en el inciso segundo del
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, así:
Período Horas Horas Días Vacaciones
mensuales trabajadas laborados en (proporcionales
en el período el período23 en días)
1 de febrero a 30 64 576 25 144 26 19.6 27
de noviembre de
1987 24
22 Véanse las Resoluciones 230 de 1987 y 054 de 1993, previamente analizadas.
23 Incluye los fines de semana.
24 11 meses laborados
25 64 horas / 30 días que tiene el mes x 270 días laborados = 576 horas servidas en ese período.
26 576 horas / 4 = 144 días laborados.
27 144 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año =
19.6 días.
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1 de marzo a 30 64 576 29 144 30 19.6 31
de noviembre de
1993 28
Total 288 38.2
Total de días a incluir para efectos 326.2 días32, que equivalen a
pensionales 10 meses y 22 días
De acuerdo con el análisis anterior, durante los períodos servidos a la docencia
estatal por hora cátedra, el señor José Antonio de la Hoz Mendoza laboró bajo la
modalidad de horas cátedras por 10 meses y 22 días. Los cuales son
computables para acceder a la pensión gracia de cara a los argumentos ya
expuestos.
• Del 11 de febrero de 1994 en adelante
A través del Decreto 000145 de 4 de febrero de 1994, expedido por el gobernador
del Atlántico, el señor José Antonio de la Hoz Mendoza fue nombrado como profesor
de tiempo completo en el colegio San Pablo del municipio de Polonuevo.
En cumplimiento de lo previamente señalado, el 11 de febrero de 1994 el hoy
demandante tomó posesión ante el secretario de Gobierno del departamento del
28 10 meses laborados
29 64 horas / 30 días que tiene el mes x 300 días laborados = 144 horas.
30 576 horas / 4 = 144 días laborados.
31 144 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año =
23,35 días.
32 288 + 38.2 = 326.2 días.
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Atlántico.
De la anterior novedad, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– Secretaría de Educación del Atlántico en certificación expedida el 19 de
septiembre de 2016, indicó que el señor José Antonio de la Hoz Mendoza aún se
encontraba activo en el servicio docente y su vinculación era del orden territorial. Al
respecto se observa:
De lo revisado previamente, para la Sala es claro que José Antonio de la Hoz
Mendoza ha prestado servicio docente de manera ininterrumpida en el
departamento del Atlántico desde su vinculación ocurrida el 11 de febrero de 1994
y que se ha prolongado, al menos, hasta el 19 de septiembre de 2016, fecha de la
expedición de la certificación, es decir, por 22 años, 7 meses y 8 días.
Empero, de cara a la naturaleza de la vinculación en comento, se observa que la
designación efectuada a través del Decreto 000145 de 4 de febrero de 1994, fue
del orden nacional más no territorial o nacionalizado. Lo anterior, por cuanto, aun
cuando quien suscribió el acto fue el gobernador del Atlántico, este invocó “el uso
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resolución N°
03711 de 1993 del M.E.N”, este último, siendo el acto a través del cual el Ministerio
de Educación por disposición del Decreto Ley 2100 de 199233, reglamentó las
condiciones y requisitos para la conversión de catedráticos sistema de hora cátedra
a plazas docentes de tiempo completo.
Además, en los considerandos del citado acto de nombramiento del actor se indicó:
“Que la Junta Administrativa del Fondo Educativo Regional del Atlántico
mediante Acuerdo N° 038 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 1993, ordenó la
conversión de catedráticos a plazas docentes de tiempo completo teniendo
como límite las aprobaciones asignadas por el Ministerio de Educación
Nacional para la vigencia fiscal de 1993.
Que la División General de Planeación del Sector Educativo del Ministerio
de Educación Nacional, aprobó el Acuerdo del Fondo Educativo Regional
del Atlántico, conjuntamente con el estudio de carga académica y necesidades
realizado para este fin.
Que con fecha Enero 24 de 1994, el Representante Territorial del Ministerio
de Educación Nacional, certificó Disponibilidad Presupuestal para
efectuar la conversión y nombramiento.”
Y en el numeral segundo de la parte resolutiva dispuso que la asignación salarial
33 «Por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1993, se
detallan las apropiaciones y se califican y definen los gastos.»
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sería “pagada con cargo y hasta el monto de las apropiaciones que para el
efecto se asigne en el presupuesto General de la Nación y por ende, los
sueldos y prestaciones sociales serán los que la Nación ordene y las
condiciones laborales quedan sujetas a las normas que para el efecto tiene c expida
(sic)”.
Las anteriores consideraciones contenidas en el acto de designación por este
periodo llevan a la Sala a concluir que, la mera suscripción del acto por la autoridad
territorial en este caso no implica de plano, que se trató de un nombramiento
territorial, dado que, se avizora una participación del Ministerio de Educación en el
respectivo nombramiento, pues, obsérvese que la disponibilidad presupuestal para
dicha actuación, fue certificada por el Ministerio en comento; invocándose de
manera especial, como se dijo, la Resolución Ministerial 03711 de 1993.
A lo anterior se suma que, en el expediente milita i) extracto de cesantías del actor
que data del año 2010, emanado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y en el que se señaló que aquél tenía una vinculación nacional; ii) así
mismo, en Resolución 970 de 20 de diciembre de 2013, se reconoce unas cesantías
parciales al actor, y también se aduce que era docente nacional, oportunidad en la
cual se tuvo en cuenta el tiempo servido desde el año 1994 hasta 2012.
iii) Obra Formato Único para la Expedición de Historia Laboral – Fiduprevisora-,
proferido el 21 de agosto de 2013, donde se especifica también una vinculación
nacional; iv) también Resolución 0218 de 7 de mayo de 2012, mediante la cual la
Secretaría de Educación del Atlántico - Fomag, resolvió negar el ajuste a la pensión
por cuotas partes que le fue reconocida al actor –efectiva a partir del 11/03/2010-,
indicando en las consideraciones del acto que, tal prestación le fue reconocida en
atención a la vinculación docente nacional ostentada por aquél; y si bien a través
de apoderado judicial, aquél recurrió dicha decisión, no cuestionó la calidad de
educador nacional. Además, en el plenario también reposa la Resolución 0273 de
25 de mayo de 2010, que le reconoció la pensión jubilación por cuotas partes, y en
la que se afirmó que el actor era un docente nacional.
Todo ello permite concluir que, para el período que aquí se analiza, el docente
ostentó una vinculación de naturaleza nacional, por lo que el tiempo de servicio
transcurrido entre el 11 de febrero de 1994 al 19 de septiembre de 2016, fecha de
la expedición de la última certificación, es decir, por 22 años, 7 meses y 8 días, no
es posible tenerlo en cuenta para efectos de acreditar el requisito de 20 años de
servicio a fin de obtener la pensión gracia.
En ese orden de ideas, pese a que el señor José de la Hoz Mendoza, ejerció una
labor docente por más de 22 años, solo alcanzó a demostrar un total de 1 año 7
meses y 27 días, como docente nacionalizado, dado que el resto del tiempo
estuvo vinculado como nacional. Por tanto, contrario a lo expuesto por el tribunal de
instancia, no cumple con la exigencia de 20 años de servicio docente territorial o
nacionalizado.
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En vista de lo anterior, aun cuando en el recurso también se cuestionó el requisito
de buena conducta, la Sala se releva del estudio de este último, imponiéndose
revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones
de la demanda.
2.6. Conclusión
Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente José
Antonio de la Hoz Mendoza si bien acreditó la edad de 50 años, y una prestación
de servicios como docente nacionalizado antes de 1980; no logró demostrar el
requisito de 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado. En ese orden,
no hay lugar a acceder al reconocimiento de la pensión gracia, asistiéndole razón a
la entidad recurrente, en cuanto a que debe revocarse la sentencia de primera
instancia.
2.7. Condena en costas en ambas instancias
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la demandante en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 11 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda,
conforme lo expuesto en la parte motiva.
En su lugar, Negar las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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