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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00784-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00784-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral tercero de la sentencia apelada en el sentido de precisar que el reconocimiento y pago de la pensión gracia reconocida tendrá efectos fiscales a partir del 10 de diciembre de 2009, por prescripción trienal. 29 Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014) Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 8 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección C—, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Nelfa Belén Rincón Leal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las a notaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-00784-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Incidencia de la mala conducta como presupuesto para negar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 8 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección C—, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Nelfa Belén Rincón Leal, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones UGM 004828 del 19 de agosto de 2011 y UGM 022623 del 27 de

1 Folios 72 al 77.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

diciembre del mismo año, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL E.I.C.E. En Liquidación, [hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP], mediante
las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia, a partir del 17 de septiembre de 2006; ii) pagar las mesadas adeudadas con
la correspondiente indexación e intereses moratorios; y iii) dar cumplimiento a la
sentencia dentro de los términos de ley.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) La señora Nelfa Belén Rincón Leal es docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá, desde el 23 de febrero de 1978.

ii) Por medio de la Resolución 3785 del 5 de agosto de 2005, fue sancionada con
multa equivalente a 90 días. Esta decisión fue modificada con la Resolución 4606
del 2 de noviembre de 2005, que redujo dicha sanción a 45 días de multa.

iii) El 17 de septiembre de 2006 adquirió el status pensional, al cumplir 50 años de
edad y 20 de servicio.

iv) Mediante escrito del 22 de noviembre de 2006 solicitó a la Caja Nacional de
Previsión Social el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión gracia, a partir
del 17 de septiembre de 2006.

v) La petición fue negada por medio de la Resolución UGM 004828 del 19 de agosto
de 2011, confirmada por la Resolución UGM 022623 del 27 de diciembre de 2011,
que resolvió el recurso de reposición, con el argumento de que la docente incurrió

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

en causal de mala conducta. Sin embargo, antes de la imposición de la sanción
tenía más de 26 años de servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron «la Constitución Política»; las Leyes 114 de 1913, 37 de
1933, 116 de 1928, 91 de 1989 y 734 de 2002; y el Decreto 2277 de 1979. Al
desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

i) La Caja Nacional de Previsión Social violó la normatividad que reconoce y liquida
la pensión gracia, al desconocer que la actora cumplió con los requisitos de 20 años
de servicio y 50 años de edad, y por aplicar los artículos 44 y 45 del Decreto 2277
de 1979, derogados por las Leyes 200 de 1995 y 734 de 2002, en cuanto a causales
de mala conducta.

ii) La jurisprudencia ha reiterado que si bien el numeral 4 de la Ley 114 de 1913
establece como requisito que el docente observe buena conducta, también es cierto
que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable no es suficiente
para negar el reconocimiento de la pensión gracia, pues el comportamiento
censurable debe ser continuo durante el ejercicio de la profesión docente o de tal
gravedad que, así sea aislado, amerite la sanción de la perdida de la pensión.

1.2. Contestación de la demanda

La entidad accionada no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección C—
mediante sentencia escrita proferida el 8 de noviembre de 2013, accedió a las

2 Informe secretarial de paso a despacho (folio 91).

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3

i) En relación con el requisito de buena conducta para acceder a la pensión gracia,
es claro que algunas de las causales se configuran con un solo acto, por su
gravedad, mientras que cuando la falta no reviste tal connotación deberá producirse
en pluralidad de ocasiones para dar lugar a la pérdida del derecho.

ii) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, una sola conducta
considerada aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como
causal de impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia, pues se
requiere que esta sea de tal magnitud que justifique la pérdida de dicho derecho;
por ende, le corresponde al juez analizar las condiciones particulares de cada caso.

iii) En el presente caso, se tiene que, mediante la Resolución 3785 del 5 de agosto
de 2005, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Educación
de Bogotá sancionó disciplinariamente a la actora con una multa equivalente a 90
días de salario. Posteriormente, el secretario de educación de Bogotá, al resolver el
recurso de apelación, mediante la Resolución 4606 del 2 de noviembre de 2005,
modificó la sanción y la redujo a 45 días de salario devengados en el año 2001, por
desconocer las normas presupuestales existentes sobre contratación estatal, es
decir, no contar con la previa disponibilidad presupuestal que se requería antes de
celebrar el contrato, conducta que fue catalogada como grave, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 200 de 1995.

No obstante, no se trata de ninguna de las causas señaladas en el artículo 46 del
Decreto 2277 de 1979, pues, si bien la falta se refiere al desconocimiento de las
normas en materia presupuestal aplicadas a la contratación pública, esto es,
celebrar un contrato sin contar con la disponibilidad presupuestal, no puede
considerarse malversación de fondos, entendida esta como el acto en el que uno o
más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos a los que estos les

3 Folios 168 al 186.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

han sido confiados en razón de un cargo, dado que dentro del proceso disciplinario
no se le sancionó por apropiación de dineros en su favor o de terceros, sino por
vulneración a la normatividad que preside la contratación estatal; es decir, que su
actuar no conllevó un beneficio propio o de un tercero.

Por otra parte, esta conducta fue aislada, pues no se observa que se hubiese
repetido tal proceder u otro similar, en distintos momentos de su vinculación laboral.
Además, la sanción de multa de 45 días impuesta a la demandante no fue
considerada como una de las más graves o gravísimas, lo que permite vislumbrar
que en sus más de veinte años de servicios docentes cometió una sola conducta
reprochable que, conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, no
tiene la capacidad suficiente para impedir el otorgamiento de la pensión reclamada.

iv) Conforme a la documental obrante en el expediente se encuentran satisfechos
los demás requisitos, porque la demandante se ha desempeñado por más de 28
años como profesora de secundaria de planteles a nivel distrital, y en el momento
de solicitar la pensión gracia, el 22 de noviembre de 2006, contaba con más de 50
años de edad y adquirió su estatus pensional el 16 de septiembre de la misma
anualidad.

v) En consecuencia, procede anular los actos acusados y ordenar a la entidad
demandada que efectúe el reconocimiento y disponga el pago de la pensión gracia,
liquidada con base en todos los factores de salario, que devengó en el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, comprendido entre el 18 de
septiembre de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, cuyo pago será efectivo a partir
del 19 de agosto de 2008, por prescripción trienal, teniendo en cuenta que la actora
solicitó el reconocimiento el 22 de noviembre de 2006 y, luego de 5 años, mediante
la Resolución UGM 004828 del 19 de agosto de 2011, el liquidador de la Caja
Nacional de Previsión Social - CAJANAL le negó el reconocimiento de su pensión
gracia; por lo tanto, dicha fecha es la que se tendrá en cuenta para efectos de aplicar
la prescripción trienal sobre las mesadas pensionales a reconocer; por lo que resulta
claro que operó la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 19 de

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

agosto de 2008.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la
sentencia con base en los siguientes argumentos:4

i) La señora Rincón Leal no cumple con la totalidad de los requisitos de ley para ser
beneficiaria de la pensión gracia, por cuanto tiene carácter de excepcional y para su
reconocimiento y pago es indispensable que se cumplan a cabalidad las exigencias
contempladas en la Ley.

ii) La pensión gracia, creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros sin necesidad
de que hayan hecho aportes para tal efecto, por tratarse de una dádiva de la Nación,
exige unos rigurosos y taxativos requisitos, entre ellos haber observado buena
conducta durante todo el tiempo del ejercicio docente.

iii) Del estudio del cuaderno administrativo de la demandante se evidenció que esta
incurrió en causales de mala conducta en el ejercicio de la docencia, lo cual hace
que la negativa de la entidad en otorgar el derecho se encuentre plenamente
ajustada a derecho.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes, demandante y demandada, reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5

4 Folios 244 al 247 y 249 al 251, respectivamente.
5 Constancia secretarial obrante en el folio 252.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación,6 le corresponde a la Sala determinar si la
demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, por cumplir
los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación, o, por el contrario, su pretensión carece de fundamento, pues no colmó
el presupuesto de observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones como
docente, toda vez que fue sancionada disciplinariamente con multa equivalente a
45 días de salario, para la época en que se desempeñaba como rectora ordenadora
del gasto.

2.2. Marco normativo

El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en

6 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el

9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad y tiempo de servicios

i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Nelfa Belén Rincón Leal nació el
17 de septiembre de 1956, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 17 de
septiembre de 2006.19

ii) El director coordinador de las Escuelas Rurales del Sector No. 4, Zona 5a,
corregimiento de Nazare H, hizo constar, el 3 de marzo de 1978, que:20

NELFA BELÉN RINCÓN LEAL, IDENTIFICADA CON LA CC NO. 41.691.570 EXPEDIDA EN
BOGOTÁ SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR RURAL EL
RAIZAL DESDE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 1878, NOMBRADA POR DECRETO NO. 195 DEL
22 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO.

iii) El 26 de enero de 1998, por medio de la Resolución 149, la secretaria de
educación de Santa Fe de Bogotá nombró docentes directivos —rector de tiempo
completo— en la planta de personal del Distrito Capital, entre ellos a la
demandante,21 a partir del 13 de febrero de 1998, según Acta de Posesión 0802.22

iv) De acuerdo con la certificación expedida por el Grupo de Hojas de Vida de la
Secretaría de Educación de Bogotá, el 27 de mayo de 2003, la actora ingresó el 23

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 2 del expediente administrativo.
20 Folio 137.
21 Folios 139 al 142.
22 Folio 138.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

de febrero de 1978, mediante el Decreto 195 de 1978; figura en nómina del
programa de secundaria – nacionalizado, como rector, con grado de escalafón 14.23

v) El 5 de agosto de 2005, a través de la Resolución 3785, la jefe de la Oficina
Asesora de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Educación de Bogotá,
D. C., sancionó disciplinariamente a la actora con multa equivalente a noventa (90)
días del salario devengado en enero de 2001, fecha en la cual se desempeñaba
como rectora ordenadora del gasto del CED Estanislao Zuleta.

vi) El 2 de noviembre de 2005, por medio de la Resolución 4606, por la cual se
resolvió el recurso de apelación contra la anterior decisión, el Secretario de
Educación de Bogotá resolvió modificar la sanción impuesta, en el sentido de
reducirla a cuarenta y cinco (45) días de salario para la época de los hechos.

vii) El Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral, del 29 de
agosto de 2013, da cuenta de que la demandante ostentaba una vinculación de
carácter nacionalizado, como rectora de secundaria, nombrada en propiedad y
registra las siguientes novedades:24

➢ Nombramiento en propiedad por medio del Decreto 195 del 22 de febrero de 1978,
posesionada el 23 de febrero siguiente.

➢ Nombramiento directivo docente – rector, por medio de la Resolución 149 de 1998,
posesionada el 13 de febrero de dicho año.

2.3.2. Actuación administrativa

i) El 22 de noviembre de 2006,25 la señora Rincón Leal le solicitó a CAJANAL
E.I.C.E. En Liquidación el reconocimiento de la pensión gracia.

23 Folio 119.
24 Folio 135.
25 Información extractada de la Resolución UGM 004828 del 19 de agosto de 2011.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

ii) El 19 de agosto de 2011, por Resolución UGM 004828, la mencionada entidad
negó la petición con las siguientes consideraciones:26

[…] que el (a) peticionario (a) ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD
DESDE HASTA NOVEDAD CARGO VINCULACIÓN MODALIDAD
LABORO

BGTA 19780223 20060930 TIEMPO DOCENTE N/LIZADO SECUNDARIA
DSTO SERVICIO
CAPITAL

[…]

De conformidad con la norma antes transcrita y las certificaciones aportadas con la
solicitud se observa que el peticionario incurrió en una de las causales de mala conducta
contempladas en la Ley, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación solicitada.

iii) El 27 de diciembre de 2011, por medio de la Resolución UGM 022623, se confirmó
en todas sus partes la Resolución 4828 de 2011 y se declaró agotada la vía
gubernativa.27

2.4. Análisis de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación y los actos administrativos acusados, se
observa que la controversia se centra en la acreditación del requisito de buena
conducta en la actividad docente de la actora, en la medida en que, en su condición
de rectora ordenadora del gasto, fue sancionada disciplinariamente con la
imposición de una multa equivalente a 45 días de salario para la época de los
hechos. Por lo tanto, resulta innecesario profundizar sobre el cumplimiento de las
demás exigencias para acceder a la pensión gracia, pues estas fueron convalidadas
por la entidad accionada en vía administrativa, sin discusión al respecto en sede
judicial.

En relación con la exigencia de observar buena conducta, debe señalarse que el

26 Folios 6 al 8.
27 Folios 11 al 13.

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artículo 46 del Decreto 2277 de 197928 definió las causales de mala conducta de la
siguiente manera:

Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos debidamente
comprobados constituyen causales de mala conducta:

a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía;
b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativas;
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos;
e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f) El incumplimiento sistemático de los deberes y la violación reiterada de las
prohibiciones;
g) El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en el
escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i) El abandono del cargo;
j) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político. [Resalta la Sala].

Respecto del cumplimiento del citado requisito, la sección segunda de esta
Corporación ha sostenido:

[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el servidor
docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no significa
que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda tenerse
en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia pues,
como se ha dicho en otras oportunidades, el comportamiento censurable debe ser
continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea
aislado, amerite la sanción de pérdida de la pensión.29

También se ha dicho que si la conducta sancionada es un hecho aislado, este no
posee la entidad suficiente para denegar el reconocimiento del derecho a la pensión
gracia, pues debe sopesarse el largo ejercicio del empleo docente en contraste con
la conducta y si esta particular situación es suficiente para afectar su expectativa
por ser considerada reprochable y suficiente para hacer nugatorio el derecho
reclamado. En efecto, en sentencia del 25 de septiembre de 1997, esta Corporación

28 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
29 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24

de abril de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02), C. P. Jesús María Lemos Bustamante.
En el mismo sentido, también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 41001-23-31-000-2011-00083-01
(3330-13), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
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indicó lo siguiente:30

[…] según se certifica a folio 63, laboró del 5 de mayo de 1967 al 22 de febrero de
1991, es decir durante 24 años continuos, sin que haya sido objeto de sanción alguna.

En estas condiciones, no resultaría equitativo que un docente que ha demostrado que
durante un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha observado
buena conducta, se le tome en cuenta solo el hecho desfavorable para negarle la
prestación.

La mala conducta como causal para la pérdida de la pensión gracia, debe ser el
resultado de un análisis que lleve a la convicción de que durante su vinculación el
docente asumió un comportamiento recriminable; <De otra parte cabe anotar que al
tenor del inciso último del artículo 28 de la C.N. no pueden existir sanciones
imprescriptibles, lo cual confirma que no se trata de que una sanción pueda generar la
pérdida del derecho pensional sino de evaluar si a través de la prestación de sus
servicios como educador el actor ha observado una conducta que ha impactado
negativamente en el medio escolar […] [Resalta la Sala].

En igual sentido, en sentencia del 7 de septiembre de 2006, la subsección B de esta
Sección sostuvo:31

[…]

Indudablemente la ley exige como presupuesto para gozar de esta prestación la
prueba de que la interesada haya observado buena conducta; sin embargo, tal
expresión no puede entenderse referida a una situación determinada sino que sus
alcances abarcan el comportamiento que durante todo el tiempo de docente observó
pues la pensión gracia fue concebida como un estímulo a los educadores, entre
otras razones, por su dedicación y buen comportamiento.

[…]

La mala conducta a que se refiere la norma hace relación a aquella que reviste cierta
permanencia a lo largo de la carrera docente, de tal manera que se pueda concluir
que su comportamiento fue inadecuado persistentemente. La falta cometida no fue
de tal magnitud para ocasionar la pérdida de la prestación reclamada, puesto que la
participación en el paro fue una situación relacionada con conductas laborales y no
con aspectos censurables respecto a su conducta personal o en el ejercicio de sus
funciones profesionales.

30 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 1997, expediente

15734, M.P. Clara Forero de Castro. Este criterio se citó en la sentencia del 24 de mayo de 2005 proferida
dentro del radicado 25000-23-25-000-2000-02865-01(2272-04), actor: José Oscar Jiménez Pérez, M.P. Ana
Margarita Olaya Forero.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado.

Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-13151-01 (4896-04),
Actora: María del Carmen Velásquez S.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
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Ahora bien, si la falta es grave y se comete una sola vez esta no requiere
permanencia; en otras palabras el transcurso del tiempo tampoco es esencial
porque la falta pudo haberse cometido mucho tiempo atrás. Un solo hecho
aislado sin la gravedad que reviste otro tipo de faltas no puede servir como
parámetro de evaluación y por ende esgrimido como argumento para negar el
derecho pensional. (Negritas de la Sala).

Y en sentencia del 12 de marzo de 2009, esta Subsección reiteró que «el requisito
de observar buena conducta a que hace referencia el numeral 4º de la Ley 114 de
1913, no se puede tener como incumplido por la ocurrencia de un hecho aislado»,
sino que debe evaluarse si el comportamiento censurable fue continuo durante el
ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que amerite la pérdida de la
pensión. Concretamente esto señaló la Sala:32

[…] En efecto, en reiterados pronunciamientos la Sala ha señalado que la pérdida de
la pensión gracia de jubilación a causa de una mala conducta, se configura cuando
existe certeza con respecto a que durante su vinculación el docente asumió un
comportamiento recriminable en el ejercicio de sus funciones y que el mismo ha sido
continuo o de tal gravedad, que amerite la sanción de pérdida de la pensión.

[…]

Así pues, una sanción no puede generar la pérdida del derecho pensional, por sí
misma, pues es necesario evaluar si a través de la prestación de sus servicios como
educador la conducta negativa fue reiterada o si tuvo incidencia en el medio
escolar. Un solo hecho, sin mayores repercusiones, no puede ser la medida para
descalificar de plano el servicio que tuvo que prestar el docente, durante un tiempo
no inferior a veinte años, para poder acceder a la pensión gracia. [Resalta la Sala].

Así las cosas, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que «es
necesario que la conducta considerada como reprochable se haya reiterado en el
tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros
derechos y libertades de la comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los
deberes y fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente prestación
del servicio público de educación».33 Esta postura es la que recientemente ha

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado 15001-

23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado 05001-23-

31-000-2001-02910-01(0869-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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asumido esta Subsección al considerar que «habrá de evaluarse la continuidad de
la trasgresión del demandante a los deberes como servidor público y la gravedad
de la falta».34

En tal medida, las graves consecuencias sobre los derechos del docente por el no
reconocimiento de la pensión gracia hacen imperioso establecer que la conducta
considerada como reprochable sea reiterativa o que realizada en una sola ocasión
afecte en forma grave la prestación del servicio. Bajo este contexto, se hace
necesario analizar si la conducta desplegada por la actora en su condición de rectora,
ordenadora del gasto, reviste la connotación necesaria para negarle el beneficio
gracioso reclamado.

En el caso sub examine, se encuentra demostrado que la demandante, luego de
superar las etapas de un concurso abierto de méritos, convocado para proveer
cargos directivos en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá,
D.C., fue nombrada en propiedad, por medio de la Resolución 149 del 26 de enero
de 1998,35 proferida por la secretaria de educación, en el cargo de rectora de tiempo
completo jornadas mañana y tarde, zona urbana, a partir del 13 de febrero de
1998,36 cargo en el que continuaba activa para el 20 de agosto de 2013, fecha de
la última certificación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C.

Así mismo, está probado que mediante la Resolución 3785 del 5 de agosto de 2005,
la jefe de la Oficina Asesora de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de
Educación de Bogotá sancionó disciplinariamente a la señora Rincón Leal con multa
equivalente a noventa (90) días de salario devengado en el año 2001, cuando
desempeñó el cargo de Rectora Ordenadora del Gasto del CEO Estanislao Zuleta,
por infracción a los artículos 25 —numeral 4— y 40 de la Ley 200 de 1995. La falta
se calificó como grave a título de dolo. Para imponer la sanción se concluyó lo
siguiente:

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado 54001

23 33 000 2015 00421 01 (0047-2017), M.P. William Hernández Gómez.
35 Folios 121 al 124.
36 Según el Acta de Posesión 0802 obrante en el folio 120.

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[…]

Se concluye entonces que efectivamente existió, por parte de la implicada, un
manifiesto incumplimiento en los deberes como ordenadora del gasto de la
institución educativa que para ese entonces dirigía, al desconocer, en el evento de
la ejecución presupuestal precisas instrucciones que debía observar antes de
asumir compromisos contractuales, ya que sin existir suficiente disponibilidad en el
rubro respectivo comprometió una partida superior […] así mismo, omitió el trámite
de las formalidades y procedimientos que la ley exige para adjudicar un contrato
público en razón a su cuantía, toda vez que sin haber cumplido con el requisito de
la obtención de una pluralidad de ofertas (por lo menos dos), adjudicó un contrato
de prestación de servicios […] en evidente contravía de lo normado en el artículo 24
de la Ley 80 […].

Posteriormente, mediante la Resolución 4606 del 2 de noviembre de 2005, por la
cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior, el
secretario de educación de Bogotá resolvió modificarla, en el sentido de imponer
multa equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario para la época de los
hechos, al encontrarla responsable solamente del cargo relacionado con la falta de
cumplimiento de los requisitos en materia presupuestal. Como sustento tal decisión,
pueden destacarse las siguientes conclusiones:

[…] el contrato de capacitación por valor de $4.400.000.00. requería de la obtención
previa de por lo menos dos ofertas, siendo procedente verificar el material probatorio
que obra sobre este punto y que tiene que ver con la declaración rendida por el
señor Héctor Ussa Niño, quien para la época de los hechos era miembro del Consejo
Directivo del CEO Estanislao Zuleta.

El mencionado señor, al ser preguntado si para el año 2001 tuvo conocimiento que
en el CEO se hubiese suscrito un contrato para capacitación de docentes, con qué
firma y cómo se ejecutó, entre otras, contestó: " ... Los profesores fueron informados
para que llevasen propuestas según las universidades conocidas, se hicieron tres
propuestas una por Uniciencia, otras por la Antonio Nariño y otras por otra institución
no universitaria de la cual no recuerdo el nombre ... "

Sin embargo, al parecer el manejo de los documentos del Fondo de Servicios
Educativos adolecía de deficiencias como se puede constatar en el siguiente
material probatorio:

[…]

Visto lo anterior, estima este despacho que no hay certeza sobre la existencia o no
de las cotizaciones mencionadas y por lo tanto absolverá la duda a favor de la
disciplinada, exonerándola de responsabilidad por el cargo que nos ocupa.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

6.6. Dosificación de la sanción:

Por lo anterior se mantendrá la calificación de la falta acorde con los fundamentos
expuestos por el operador disciplinario de primera instancia en virtud de que la
disciplinada dada la calidad de directivo docente ordenadora del gasto que
ostentaba, se encontraba en la obligación de conocer las normas presupuestales
existentes a la fecha para la adquisición de compromisos con carga al Fondo de
servicios educativos, generando con su actuar que el saldo del contrato celebrado
con la firma IMPRORMICROS LTDA., tuviera que ser cancelado afectando los
fondos de reposición 2000 que estaban pendientes por ingresar y presupuesto de
la vigencia fiscal 2002. No obstante se procederá a dosificar la sanción la sanción
por el cargo único que se precita y habida cuenta de que la encartada no registra
antecedentes disciplinarios ni fiscales (folio 89), este operador disciplinario
procederá a sancionar a la disciplinada con multa de cuarenta y cinco (45) días de
salario devengado para la época de los hechos (enero 2001).

Conforme con lo anterior, la Sala observa que a la demandante no se le endilgó
ninguna de las causales de mala conducta establecidas en el artículo 46 del Decreto
2277 de 1979, y si bien se le sancionó por el incumplimiento de sus deberes como
ordenadora del gasto, al desconocer normas de orden presupuestal, lo cierto es que
el mismo operador disciplinario redujo la sanción inicial de 90 días de multa a 45,
teniendo en cuenta que la implicada no registraba antecedentes disciplinarios ni
fiscales.

En ese orden, teniendo en cuenta que la conducta endilgada no comporta una
alteración grave al servicio educativo que desempeñó durante más de 30 años y
que la sanción de multa que se le impuso no corresponde a las más gravosas
establecidas en la ley, la Sala considera que dicha penalidad no tiene la capacidad
suficiente para hacer nugatorio el beneficio prestacional reclamado, pues no denota
una mala conducta de la gravedad suficiente que desencadene en la pérdida del
derecho a la pensión gracia reclamada.

Como se ha reiterado, la exigencia prevista por el artículo 4 de la Ley 4 de 1913 no
significa que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda
tenerse en cuenta como causal de impedimento para el reconocimiento de la
pensión gracia, a menos que comporte tal gravedad que impacte negativamente el
medio escolar, lo cual no se configura en el presente caso.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

Ahora bien, es preciso resaltar que la razón de la UGPP para negar el reconocimiento
de la pensión gracia fue la sanción impuesta, pues en ningún momento discutió la
naturaleza de la vinculación de la actora y, por el contrario, reconoció el tiempo de
servicio con carácter nacionalizado, como se observa en el acto acusado:

[…]

En efecto, la demandante, durante su ejercicio laboral tuvo dos vinculaciones, así:

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

La primera, en virtud del nombramiento efectuado por medio del Decreto 195 del 22
de febrero de 1978 y, la segunda, por medio de la Resolución 149 de 1998, en el
cargo de directivo docente – rector.

De acuerdo con la certificación expedida por el Grupo de Certificaciones Laborales
de la Alcaldía Mayor de Bogotá —Secretaría de Educación—, como respuesta al
requerimiento efectuado por el Tribunal, la designación de la demandante por medio
del Decreto 195 fue de carácter nacionalizado, como puede observarse:

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

El Decreto 149 de 198 fue expedido por la secretaria de educación de Bogotá, sin
intervención de ninguna otra autoridad, como resultado del concurso abierto
convocado para proveer cargos en la planta de personal de la Secretaría de
Educación del Distrito, como se aprecia:

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
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[…]

[…]

[…]

[…]

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

La información contenida en los anteriores documentos guarda correspondencia
con las definiciones establecidas por la Ley 91 de 1989 en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes
nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las
entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub lite.

De acuerdo con lo expuesto, todos los tiempos laborados en calidad de docente por
parte de la señora Rincón Leal tienen la denominación de nacionalizados

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 00784 01 (1198-2014)
Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

(territoriales), como lo reconoció Cajanal E.I.C.E. en el acto por el cual negó la
prestación, con el único argumento, se reitera, de que la docente incurrió en causal
de mala conducta. Así las cosas, es válido concluir que la demandante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia y, en consecuencia, la sentencia
apelada que accedió a las súplicas de la demanda merece ser confirmada.

Finalmente, es pertinente anotar que la UGPP no manifestó ningún reparo frente al
conteo de la prescripción efectuado en la providencia apelada; sin embargo, esta
Sala se encuentra facultada para estudiar este aspecto al tenor del artículo 187 del
CPACA, en tanto prevé que «[e]l silencio del inferior no impedirá que el superior

estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus».

Al respecto, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispone que «las acciones
que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se ha hecho exigible». Además, la norma advierte que «el
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual».

Sobre el particular, la Sala encuentra que la norma contiene un mandato según el
cual el derecho prescribirá a los 3 años contados a partir de la fecha en que la
obligación se hace exigible, esto es, no autorizó que su conteo se suspenda a la
espera de que la autoridad administrativa resuelva la pretensión planteada.

Así las cosas, puede concluirse que el término de prescripción empieza a correr a
partir de la fecha en que el derecho se hizo exigible, y que la interrupción ocurre una
sola vez en un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación
administrativa. Es decir, que luego de radicada la petición, el interesado cuenta con
3 años para demandar, en caso de que la entidad requerida sea renuente a otorgar
lo pedido en vía administrativa o que se configure una decisión presunta negativa,

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

so pena de activarse el fenómeno prescriptivo y de esta manera evitar la extinción
de las mesadas que se llegaren a ver afectadas por el transcurso del tiempo.

Entonces, en este caso el fenómeno prescriptivo no estaba suspendido a la espera
de un pronunciamiento de la administración, pues la reclamación debía efectuarse
dentro de los 3 años. En este orden, como la interesada presentó la solicitud el 22
de noviembre de 2006 el plazo para presentar la demanda vencía el 22 de
noviembre de 2009; sin embargo, como esta se radicó el 10 de diciembre de 2012,
se encuentran prescritas las mesadas pensionales generadas con anterioridad al
10 de diciembre de 2009. En consecuencia, se modificará la sentencia apelada, en
el sentido de precisar que el pago de la pensión tendrá efectos fiscales a partir de
esta última fecha y no, como como lo indicó el a quo, desde el 19 de agosto de
2008.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el numeral tercero de la sentencia apelada en el sentido de
precisar que el reconocimiento y pago de la pensión gracia reconocida tendrá
efectos fiscales a partir del 10 de diciembre de 2009, por prescripción trienal.

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Demandante: Nelfa Belén Rincón Leal

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 8 de noviembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección C—, que
accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Nelfa Belén
Rincón Leal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las a notaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

mygr

30

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