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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04058-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04058-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el departamento de Cundinamarca en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por incumplimiento del requisito de inmediatez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. En caso de no ser impugnada y una vez ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04058-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de septiembre de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 04058 00
Demandante: Departamento de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04058 00
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B

Temas: Debido proceso. Acceso a la administración de justicia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que profirió la
sentencia de segunda instancia del 26 de mayo de 2011, dictada dentro del proceso
de acción popular 25000 23 15 000 2005 01521 02.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el departamento de Cundinamarca, por medio de apoderado judicial,
promovió la presente acción constitucional en orden a que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 26
de mayo de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de

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Demandante: Departamento de Cundinamarca

la acción popular 25000 23 15 000 2005 01521 02 y se ordene a la accionada proferir
un nuevo fallo en el que, en sus palabras, se atiendan los razonamientos del Consejo
de Estado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) El 25 de agosto de 2005, la Universidad de Cundinamarca promovió una acción
popular en contra del departamento de Cundinamarca por el supuesto indebido
traslado presupuestal de los años 2000 a 2005, que vulneraba el derecho a la
efectiva prestación del servicio público de educación. El proceso fue conocido con el
radicado [25000 23 15 000 2005 01521 02].

ii) El 26 de noviembre de 2008, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá profirió
sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en el principio de autonomía presupuestas de los entes universitarios.

iii) El 26 de mayo de 2011, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca decidió, en segunda instancia, amparar el derecho
colectivos al acceso a una educación pública eficiente y oportuna y, en
consecuencia, ordenó al departamento «suscribir un acuerdo de pago con la
Universidad de Cundinamarca, para cancelar las diferencias dejadas de pagar en un
plazo de 5 años, con amortización inicial del 20 % durante el primer año del valor de
la suma total a cancelar».

iv) El 15 de julio de 2011, el departamento solicitó la revisión eventual de la sentencia
en comento ante el Consejo de Estado, petición que fue negada por medio de
providencia del 23 de junio de 2022 proferida por la Sección Tercera de esa
Corporación, ante la cual se radicó una insistencia el 8 de julio de 2022 que fue
resuelta desfavorablemente el 9 de mayo de 2024.

1.1.3. Los defectos invocados

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Demandante: Departamento de Cundinamarca

En sentir de la parte accionante, la sentencia de segunda instancia 26 de mayo de
2011 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de
acción popular 25000 23 15 000 2005 01521 02 vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por las siguientes
razones:1

i) La única referencia sobre la supuesta vulneración de los derechos colectivos
protegidos por la accionada es la contenida en la parte resolutiva de la sentencia, en
la que no se valoró que los presupuestos de la Universidad se encuentran
consignados en ordenantes departamentales, lo que implica que la decisión objeto
de cuestionamiento efectuó un juicio de nulidad de los citados actos sin tener la
competencia para ello.

ii) En aras de obtener el «reconocimiento indebido dado en la sentencia de la acción
popular», la Universidad de Cundinamarca inició una serie de proceso judiciales que
resultaron contrarios a sus intereses. Una de tales decisiones resulta ser el fallo
proferido por el Consejo de Estado el 12 de julio de 2018 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 25000 23 42 000 2012 00784 01, que analizó
la legalidad del artículo 2 de la Ordenanza 070 de 2010, en el que la máxima
autoridad de lo contencioso-administrativo señaló no estar de acuerdo con lo
decidido en la referida acción popular.

La anterior posición fue compartida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en el concepto con radicado 11001 03 03 000 2010 00014 00 del
29 de julio de 2010.

iii) Del contenido de la decisión no se observa cómo se violó o afectó el acceso al
derecho reclamado por la Universidad de Cundinamarca ni cómo se dificultó el
funcionamiento de ese ente de educación superior. El juez desconoció las garantías
procesales mínimas del departamento y decidió el asunto como si de una nulidad y

1
Documento 1 del expediente digital.

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restablecimiento del derecho se tratara, al ordenar el pago de sumas supuestamente
dejadas de girar a la institución educativa. El cumplimiento de la sentencia
cuestionada implicaría el desembolso de una lata suma de dinero a quien no tiene el
derecho de recibirlo.

iv) Finalmente, la accionante señaló que el presente asunto cumple con todos los
requisitos mínimos de procedencia de acciones de tutela contra providencia judicial;
sobre la exigencia de la subsidiariedad señaló que se agotaron todos los
mecanismos de defensa ordinarios y extraordinarios, pues contra la sentencia cuyo
análisis se pretende se interpuso una solicitud del Consejo de Estado que fue
resuelta en el año 2022 y frente a esa decisión negativa se radicó un recurso de
insistencia que fue desatado en mayo de 2024, datos que, además, acreditan el
cumplimiento de la inmediatez.

1.2. Actuación procesal

El presente mecanismo de amparo constitucional fue inadmitido por medio de auto
del 12 de agosto de 2024, en el que se requirió al apoderado de la parte accionante
para que allegara la documentación que acreditara la legitimación de su poderdante
para conceder dicha autorización judicial. La anterior solicitud fue atendida por medio
de documentos visibles en el índice 14 del portal Samai.

En virtud de lo anterior, el 29 de agosto de 2024 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar como parte demanda al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y a la Asamblea Departamental de
Cundinamarca y Universidad de Cundinamarca como terceros interesados por haber
actuado en la acción popular 25000 23 15 000 2005 001521 00.

1.3. Contestación de la demanda

La Asamblea Departamental de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se pronunciaron sobre la solicitud de amparo del siguiente modo:

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1.3.1. Asamblea Departamental de Cundinamarca2

i) La presente acción de tutela es la última oportunidad con la que cuenta el
departamento de Cundinamarca para evitar los efectos de una sentencia sin
fundamento probatorio ni jurídico que afecta los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la entidad territorial.

ii) La Asamblea Departamental comparte la posición y consideraciones expuestas
por el departamento, toda vez que es cierto que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desconoció los postulados jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional en sentencia C-177 de 2002, pues declaró vulnerados unos derechos
colectivos en razón de un supuesto indebido traslado de recursos que nunca se
configuró.

iii) El Consejo de Estado, en el proceso 25000 23 42 000 2012 00784, analizó la
decisión que hoy es objeto de cuestionamiento y concluyó que lo allí expuesto es
contrario a derecho.

iv) En el año de 1998, el departamento giró $9.999.999.999 a la Universidad de
Cundinamarca, cuando el presupuesto a girar ascendía a $5.175.705.045, y en 1999
giró $10.449.999.996 cuando el valor actualizado, como indica la norma, era de
$6.040.047.788. Los valores trasladados en exceso tuvieron origen en iniciativas
Departamentales en tales años. Los aportes presupuestales adicionales y
trasladados con ocasión de programas puntuales no modifican la base sobre la cual
se debían actualizar los presupuestos de las universidades en la forma en la que lo
dispone el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, y por lo mismo, no son los valores con
base en los cuales se realiza la actualización presupuestal.

1.3.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca3

2
Documento «35_MemorialWeb_ContestacionTercerosIntervinientes» en el expediente
digital.
3
Documento «35RECIBEMEMORIAL_Memorial_RespuestaTutela20244» en el expediente
digital

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Demandante: Departamento de Cundinamarca

i) A través de sentencia de segunda instancia del 26 de mayo de 2011, se amparó el
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos de educación y a que su
prestación sea eficiente y oportuna. La anterior decisión obedeció a que en el año
1999, el departamento giró $ 10.499.999.999 «por lo que se dedujo que esa fue la
cuantía apropiada» para el correcto funcionamiento del ente universitario; sin
embargo, para el año siguiente el monto transferido fue inferior.

ii) En la sentencia de segunda instancia se señaló que el departamento de
Cundinamarca no aportó a la Universidad de Cundinamarca los recursos
correspondientes a los años 2000 a 2005, de conformidad a lo establecido en el
artículo 86 de la Ley 30 de 1992, ya que en el año 2000, no aplicó el incremento que
reflejara la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con base en la ejecución del
año 1999, cuya cuantía girada fue de $10.449.999.999, pues, según lo expuesto por
la Corte Constitucional la base para determinar este aumento a valor constante, es el
valor de las partidas aprobadas en el año anterior.

iii) Contrario a lo manifestado por el accionante, no se han vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad
jurídica del departamento de Cundinamarca, puesto que la decisión fue ajustada a
derecho y proferida con observancia del debido proceso.

1.3.3. Universidad de Cundinamarca4

i) El claustro académico se pronunció sobre los hechos y pretensiones a través de
memorial visible en los documentos 43 y 44 del expediente digital, al que se anexó
acta de posesión de la abogada Laura Ortiz Becerra, como directora jurídica de la
Universidad de Cundinamarca para legitimar su actuación dentro del presente
asunto.

4
Documento 48 del expediente digital.

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Demandante: Departamento de Cundinamarca

ii) La acción de tutela de la referencia se dirige contra la sentencia de segunda
instancia del 26 de mayo de 2011, la cual quedó en firme hace más de 13 años,
razón por la que se supera el plazo fijado por la Corte Constitucional como inmediato
para acudir al amparo de tutela.

iii) La solicitud de revisión eventual descrita en la Ley 1285 de 2009 fue prevista
como un mecanismo para la observación de sentencias proferidas en procesos de
acción de popular, pero no constituye un recurso que suspenda la efectividad de la
decisión judicial contra la que se interpone.

iv) La solicitud de amparo promovida por el departamento de Cundinamarca no se
dirige contra las providencias por medio de las cuales se negó la solicitud de revisión
y se despachó desfavorablemente la insistencia, por lo que no puede computarse el
término de inmediatez desde su expedición.

1.3.4. Cesar Augusto Moya Colmenares5

El abogado Cesar Augusto Moya Colmenares aseguró ser el apoderado de la
Universidad de Cundinamarca desde hace más de 19 años; se mostró inconforme
con lo que considera como una deslealtad por parte del rector de la institución, en
atención a que no se le comunicó sobre la interposición del presente medio de
protección constitucional; explicó las razones por las considera que la acción de
tutela de la referencia no cumple con el requisito de inmediatez, pero no aportó poder
especial que lo legitimara para actuar en representación de esa entidad, que ejerció
su derecho de defensa a través de su directora jurídica.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

5
Documento 48 del expediente digital.

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De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia de segunda instancia del 26
de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radicado 25000
23 15 000 2005 001521 00, especialmente el relativo a la inmediatez.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si la citada providencia incurrió
en una indebida valoración probatoria que vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y contradicción.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

i) El 26 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso
de acción popular 25000 23 15 000 2005 01521 01, promovida por la Universidad de
Cundinamarca en contra de la Gobernación de Cundinamarca, en la que «modificó»
la decisión de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda,

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en el sentido de «amparar el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos de
educación y a que su prestación sea eficiente y oportuna».

Como consecuencia de lo anterior, ordenó al departamento de Cundinamarca iniciar
las gestiones administrativas tendientes a suscribir un acuerdo de pago con la
Universidad de Cundinamarca, con el propósito de pagar las diferencias dejadas de
desembolsar «en un plazo de 5 años, con amortización inicial del 20 % durante el
primer año del valor de la suma total a cancelar». La anterior decisión cobró
ejecutoria el 8 de julio de 2011.8

ii) El 15 de julio de 2011, el departamento de Cundinamarca solicitó la revisión
eventual de la sentencia del 26 de mayo de 2011, en el que insistió en la
interpretación normativa del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en relación con la base
sobre la cual debió calcularse el monto del incremento de los giros anuales de los
años 2000 a 2005.9

iii) El 23 de junio de 2022, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió no
seleccionar para revisión la sentencia del 26 de mayo de 2011, en atención a que lo
pretendido por la parte solicitante era discutir el sentido del fallo y no la unificación
jurisprudencial que impone el artículo 36ª de la Ley 270 de 1996.10

iv) El 8 de julio de 2022, el departamento de Cundinamarca insistió en que la
sentencia del 26 de mayo de 2011 debía ser seleccionada para revisión, en atención
a la indebida interpretación normativa efectuada en esa decisión.11

v) El 9 de mayo de 2024, la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió auto en
el que negó la solicitud de insistencia presentada por el departamento de
Cundinamarca porque no encontró probados los presupuestos legales para la

8
Documento 9 del expediente digital.
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Expediente digital 11001 33 31 029 2005 01521 01.
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Índice 119 del expediente digital 11001 33 31 029 2005 01521 01.
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Índice 128 del expediente digital 11001 33 31 029 2005 01521 01.

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procedencia de la revisión eventual, al no estar acreditada la necesidad de unificar
jurisprudencia sobre los derechos colectivos discutidos.12

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El departamento de Cundinamarca interpuso la presente acción de tutela con el
propósito de cuestionar el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 26 de mayo de 2011, dentro del proceso de
acción popular 25000 23 15 000 2005 01521 01, al considerar que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
por lo que considera como una indebida interpretación normativa.

Pues bien, vistos los argumentos propuestos por la parte accionante y el material
probatorio aportado al plenario, la Sala considera que en el presente caso no está
acreditado el requisito mínimo de procedencia relativo a la inmediatez. Las razones
son las siguientes:

Al revisar el escrito inicial de la acción de tutela se advierte que el departamento de
Cundinamarca pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 26 de mayo de 2011, pues todos los argumentos
tienden a desvirtuar el análisis legal y probatorio efectuado por esa autoridad judicial
en la decisión que puso fin a la acción popular en comento, lo que quiere decir que
en la solicitud de amparo no se cuestionó de ningún modo el contenido de los autos
23 de junio de 2022 y 9 de mayo de 2024 , a través de los cuales se negó la revisión
eventual de la sentencia y se despachó desfavorablemente la solicitud de insistencia.

De acuerdo con lo anterior, la parte accionante no ha mostrado inconformismo
alguno en sede constitucional frente a las decisiones adoptadas en los citados autos,
pues no alegó una eventual violación o desconocimiento de sus derechos
fundamentales en relación con la negación de la revisión eventual o la insistencia

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Índice 192 del expediente digital 11001 33 31 029 2005 01521 01.

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propuesta, toda vez que no procuró desvirtuar las razones por las cuales no se
accedió a lo pretendido en esa oportunidad.

De ese modo, aunque es contrario a sus intereses, la parte accionante no ha
controvertido constitucionalmente los argumentos que el Consejo de Estado plasmó
en los autos citados y, en ese sentido, no hay reparo alguno por parte del tutelante
frente a la improcedencia de la revisión eventual de la sentencia y de la insistencia, lo
que implica que dicho tema se encuentra zanjado e incontrovertido.

Bajo ese entendido, no es posible computar el término de la inmediatez desde el auto
del 9 de mayo de 2024, toda vez que esa decisión no ha sido objeto de reparo en
esta oportunidad. La anterior posición obedece a que, tal como se dispuso en la
sentencia C-590 de 2005, en materia de requisitos de procedibilidad de acciones de
tutela contra providencia judicial, la inmediatez debe contabilizarse desde la
ocurrencia del hecho que originó la vulneración.

Así, debido a que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados
no se depreca del contenido del auto del 9 de mayo de 2024, que es la providencia
que el accionante refiere como punto de partida para el conteo de la inmediatez, no
es posible tomar esa fecha como referencia para establecer el cumplimiento del
referido requisito.

Explicado lo anterior, es claro que, al invocar una supuesta vulneración de las
prerrogativas constitucionales a partir de la decisión contenida en la sentencia de
segunda instancia del 26 de mayo de 2011, es desde la notificación o ejecutoria de
dicha providencia que debe contarse el plazo de 6 meses para acudir al juez de
tutela.

Ahora bien, sobre la ejecutoria de las decisiones judiciales, el artículo 302 de la Ley
1564 de 2012 dispone lo siguiente:

Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

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No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

De acuerdo con lo anterior, la ejecutoria de una providencia judicial emitida fuera de
audiencia solo se ve interrumpida por la interposición de las solicitudes de aclaración
o complementación, ante cuyo panorama solo podrá entenderse en firme dicha
decisión una vez sean resueltas; no obstante, en el presente caso, no se advierte
que ninguna de las partes haya presentado algún tipo de requerimiento similar.

En virtud de lo señalado, al ser la sentencia de segunda instancia la providencia
objeto de cuestionamiento y no existir circunstancias posteriores que interrumpieran
el término de su ejecutoria, es a partir del día siguiente de la firmeza de esa decisión
que debe computarse el plazo de 6 meses previsto por la Corte Constitucional, el
cual se encuentra ampliamente superado en atención a los más de 13 años que han
transcurrido desde el momento en que se expidió, notificó y quedó en firme la
decisión que se pretende cuestionar.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la presente acción de tutela no cumple con el requisito mínimo de
procedibilidad relativo a la inmediatez, por lo que se declarará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2024 04058 00
Demandante: Departamento de Cundinamarca

F A L L A:

Primero. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
departamento de Cundinamarca en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por incumplimiento del requisito de
inmediatez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.

Segundo. En caso de no ser impugnada y una vez ejecutoriada esta providencia,
remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente13
MLBC

13 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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