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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06409-00

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06409-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el departamento de Cundinamarca en contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06409-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06409-00
Accionante: Departamento de Cundinamarca
Accionado: Sección Tercera del Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06409-00
Accionante: Departamento de Cundinamarca
Accionado: Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción popular. Subtema 2:
mecanismo de revisión eventual. Subtema 3: defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo del departamento de Cundinamarca en contra de la Sección
Tercera de esta corporación, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El departamento de Cundinamarca, por conducto de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por
la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de las providencias que profirió
el 23 de junio de 2022 y el 9 de mayo de 2024, dentro del trámite de revisión eventual
de la acción popular con radicado núm. 11001-33-31-029-2005-01521-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. La Universidad de Cundinamarca presentó demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos1 en contra del departamento
de Cundinamarca, por la violación de los derechos al patrimonio público, a la moralidad
administrativa, al acceso a los servicios públicos de educación superior y a que su
prestación fuera eficiente y oportuna, debido al supuesto incumplimiento del artículo
86 de la Ley 30 de 1992, según el cual «las universidades estatales u oficiales recibirán
anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que

1 Medio de control conocido como «acción popular».

1

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Accionante: Departamento de Cundinamarca
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signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los
presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993».

3. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 11001-33-31-029-2005-
01521-00, al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad
que, en sentencia del 26 de noviembre de 2008, negó las pretensiones de la acción
popular porque consideró que el departamento dio cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30 de 1992, garantizando las transferencias mínimas exigidas.

4. La parte demandante interpuso apelación en contra de la anterior decisión. En
segunda instancia, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca profirió sentencia el 26 de mayo de 2011, en la que modificó la
decisión y amparó «el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos de
educación y a que su prestación sea eficiente y oportuna». Como consecuencia, le
ordenó al departamento de Cundinamarca que suscribiera un acuerdo de pago con la
Universidad con el propósito de que pagara las diferencias dejadas de desembolsar.

5.La accionante solicitó, el 15 de julio de 2011, revisión eventual del fallo del 26 de
mayo de ese año proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues consideró que era contradictoria a la sentencia
de constitucionalidad C-177 de 2002, a la sentencia del 11 de febrero de 1999 dictada
dentro del expediente ACU-579 y al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado del 29 de julio de 20102.

6. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto del 23 de junio del 2022,
dispuso no seleccionar la providencia para su revisión. Determinó que los argumentos
expuestos por la parte demandante no buscaban la unificación jurisprudencial, en los
términos previstos en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, sino presentar
inconformidades frente al fallo de segunda instancia para ejercer control de legalidad
de la decisión del 26 de mayo del 2011.

7. Además, expuso que el departamento de Cundinamarca no reveló
pronunciamientos contradictorios en las decisiones judiciales presentadas, pues no
fueron proferidos en el marco de las acciones populares o de grupo ni versaron sobre
los derechos colectivos; y tampoco demostró que existiera «divergencia» o
«discordancia» que impusiera la necesidad de dictar sentencia de unificación. En
concreto, el alto tribunal explicó:

A. El concepto de 29 de julio de 2010 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil3,
no corresponde a una decisión judicial y además, resolvió una cuestión distinta a la que
ocupa la atención de la Sala, ya que analizó un caso en el cual el Departamento del
Atlántico no cumplió con su deber de financiación por el monto determinado en el artículo
86 de la ley 30 de 1992, pues no en cuenta dicha norma, sino que continuó destinando
para ese propósito el 30% de lo percibido por la entidad territorial por concepto de la
renta de licores […].
[…]
B. La sentencia de once (11) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999)
fue proferida en el marco de una acción de cumplimiento en la que se analizó la solicitud

2 Expediente radicado núm. 11001-03-06-000-2010-00041-00.
3
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 29 de julio de 2010, expediente radicado No.
11001-03-06-000-2010-00041-00.

2

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de la Universidad Nacional de Colombia para que se obedeciera lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30 de 1993 por parte del Gobierno Nacional […]. [E]n dicha
providencia se determinó que los criterios legales de apropiación presupuestal debían
ser aplicados en las sucesivas asignaciones, de tal manera que fuera creciente y se
mantuviera su poder adquisitivo.
[…]
C. La sentencia C-177 de 2002 de la Corte Constitucional fue proferida dentro de
una acción pública de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 10 de la Ley 626
de 2000 […], en donde su inciso segundo, modificaba el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Para la Corte, dicho inciso resultó inexequible, porque dado el carácter anual de las
disposiciones que conforman la ley de presupuesto y la naturaleza propia de las normas
presupuestales, no es posible que sean modificadas de manera permanente las normas
contenidas en leyes relativas a otros temas, ya que ello desconoce el principio de unidad
de materia legislativa.
[…]4.

De lo expuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó lo siguiente:

En consecuencia no habrá lugar a la selección de la sentencia proferida el veintiséis (26)
de mayo de dos mil once (2011), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
comoquiera que en el caso concreto la solicitud presentada busca debatir el fallo de
segunda instancia, cuestionando la valoración probatoria y la interpretación que se
realizó de las normas en punto a la protección de los derechos colectivos y no se cumple
con las finalidades de asegurar la unidad de la interpretación del derecho y su aplicación
uniforme, debido a que según lo expuesto en la solicitud y lo verificado en esta
providencia, no existen divergencias al interior de las acciones populares y de grupo, en
torno a cuál debe ser la base del cálculo de los aportes para las universidades oficiales
en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y, de esa manera, no se refleja que
exista complejidad o indeterminación por la ausencia de claridad de las disposiciones
normativas, ni un vacío en la legislación que genere confusión o dé lugar a diferentes
formas de aplicación o interpretación5.

8.Posteriormente, el demandante insistió en la revisión, no obstante, la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en auto del 9 de mayo de 20246, negó dicha petición
por las razones contenidas en el auto del 23 de junio de 2022. Al respecto, indicó lo
que se cita a continuación:

Los argumentos expuestos resultan suficientes para resolver desfavorablemente la
insistencia presentada por el Departamento de Cundinamarca, no obstante, la Sala
considera necesario precisar que la decisión de no seleccionar la sentencia del el 26 de
mayo de 2011 para revisión, se justifica también en que en el asunto bajo examen no
subyace la necesidad de unificar la jurisprudencia para establecer la forma en la que
debe ser interpretado el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, porque no se revelaron
decisiones judiciales contradictorias en el tratamiento de los derechos colectivos por
parte de los tribunales del país y, además, ninguno de los tres pronunciamientos traídos
por el solicitante fue proferido en el marco de las acciones populares o de grupo.

4
Se transcribe incluso con errores de texto.
5
Se transcribe incluso con errores de texto.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 2, certificado D733140C38B18AC3
CE24BB24ADCDF07 E366C4A1BA912CE8 352B5E685F2A2EFF, archivo denominado:
«7_DemandaWeb_Anexos_59_11001333102920050».

3

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2.2. Pretensiones de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente7:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica del Departamento de Cundinamarca,
violentados con los autos del 23 de junio de 2022 y del 9 de mayo de 2024, notificado
el 24 de mayo de 2024, emitidos dentro el expediente 11001-33-31-029-2005-01521-
01, por el Consejo de Estado.
SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO los autos del 23 de junio de 2022 y del 9
de mayo de 2024, notificado el 24 de mayo de 2024, emitidos dentro del expediente
11001-33-31-029-2005-01521-01, por el Consejo de Estado.
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado Sección Tercera a seleccionar para
revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida dentro del
expediente 11001-33-31-029-2005-01521-02, y emitir sentencia unificadora de la
interpretación del artículo 86 de la Ley 30 de 1993, de forma preferente y en el término
de 3 meses como indica la norma8.

10. Como sustento de sus pretensiones, el departamento de Cundinamarca sostuvo
que los autos del 23 de junio de 2022 y del 9 de mayo de 2024 incurrieron en el defecto
sustantivo por aplicación normativa irregular, establecer requisitos no descritos en la
ley e interpretación indebida de la solicitud, su alcance y la finalidad del mecanismo de
la revisión eventual9.

11. Sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado realizó una indebida
interpretación del artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 1285 de
2009, al exigir como requisito, para que sea seleccionado un caso para revisión
eventual, que las divergencias alegadas se presenten entre fallos emitidos en el trámite
de la acción popular, exigencia que no está prevista en la norma y que restringe el
acceso a la administración de justicia.

12. Por lo tanto, estimó que fue equivocado no tener por vinculantes la sentencia de
Constitucionalidad C-177 de 2002, el fallo del 11 de febrero de 1999 proferido dentro
del expediente ACU-579 y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado del 29 de julio de 2010, expediente radicado No. 11001-03-06-000-
2010-00041-00, dado que «[l]a finalidad de la revisión eventual es que se unifiquen
criterios de interpretación entre fallos populares y las demás sentencias».

13. Argumentó que no es razonable suponer que la solicitud de revisión eventual es
incorrecta y contraria a la naturaleza del mecanismo judicial porque se explicaron los
motivos por los cuales una interpretación se considera equivocada y la otra acertada,
dado que la finalidad es la unificación de criterios en la aplicación de la norma.

14. En este contexto, expuso frente al artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que las
sentencias de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 2, certificado 4EA81FD37AFD7575
A8875C684F9AE157 8CD849D0FED39BAF 58ACDF4A3FD80A0E, archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_21112024Tutelarevisi».
8
Se transcribe incluso con errores de texto.
9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 2, certificado 4EA81FD37AFD7575
A8875C684F9AE157 8CD849D0FED39BAF 58ACDF4A3FD80A0E, archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_21112024Tutelarevisi».

4

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Cundinamarca del 26 de mayo de 2011 y del Consejo de Estado del 12 de julio de
201810 tuvieron interpretaciones diferentes sobre cómo actualizar el presupuesto
universitario. La primera estableció tener como base el presupuesto total del año
anterior, mientras que la segunda indicó que debía ser el correspondiente a 1993,
ajustado por el IPC de cada año.

15. Esta diferencia resultó en dos alternativas interpretativas: el Tribunal condujo a un
incremento continuo y significativo del presupuesto, mientras que el Consejo de Estado
buscó mantener una gestión fiscal responsable y evitar desfinanciar al departamento.

16. Por lo tanto, consideró que la revisión pretende determinar cuál interpretación es la
correcta y asegurar una aplicación coherente de la ley. Concluyó que existe una
contradicción entre decisiones judiciales y que se requiere una interpretación unificada
de la ley.

17. Por último, afirmó que la no selección del fallo de la acción popular para su revisión
trae consigo la violación a los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica de todos los departamentos y la
Nación, pues, ante la divergencia de criterios sobre el alcance del derecho a la
educación en el marco del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, existe un riesgo «latente
y multimillonario», que solo al departamento de Cundinamarca le ha costado más de
ciento veintiocho mil millones de pesos.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 28 de noviembre de 2024 11, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y dispuso la vinculación de la Universidad de Cundinamarca, del Juzgado
Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su condición de
terceros con interés.

2.4. Intervenciones

19. El magistrado ponente de la Sección Tercera del Consejo de Estado 12 solicitó que
se declare improcedente el amparo constitucional. Sostuvo que el asunto carece de
relevancia dado que no afectó garantías fundamentales. Afirmó que lo pretendido por
la parte actora es obtener una instancia adicional por insatisfacción con la decisión.
Advirtió que el accionante intenta que el juez de tutela valore la sentencia del 12 de
julio de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

20. De manera subsidiaria, pidió que se niegue el amparo constitucional. Aseveró que
las providencias objeto de estudio no incurren en defecto alguno y que la decisión
obedeció al estudio minucioso de las razones fácticas y jurídicas que condujeron a la
no selección para revisión de la providencia. De igual forma, afirmó que, a pesar de

10
Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente núm. 25000-23-24-000-2012-00784-01.
11
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 5, certificado EF5A80CB1893B91B
DF8C11AAFB0E760C 6F417E01BD4F91E7 711A59494023E1B8.
12
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 10, certificado A4E263576625D341
909F9E215D43DC5 2D52A3B73A675914 06BE0DE27A8E6C7E.

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que dos magistrados que integran la Sección presentaron aclaración de voto, lo cierto
es que estuvieron de acuerdo con la decisión de fondo.

21. La Universidad de Cundinamarca13 se opuso a la procedencia del amparo.
Consideró que la acción de tutela es improcedente porque carece de relevancia
constitucional y no cumple con el requisito de inmediatez. Aseguró que la parte actora
pretende convertir aquella en una instancia más del proceso de acción popular.

22. De forma subsidiaria, solicitó que las pretensiones se nieguen, en atención a que
los desacuerdos planteados por el accionante son propios del proceso ordinario que
inició hace 13 años. Asimismo, informó la existencia del proceso de acción de tutela
con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04058-00 que, en su criterio, cuenta con
identidad de partes, causa y objeto, motivo por el cual es procedente la acumulación
de expedientes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

24. La legitimación en la causa por activa del departamento de Cundinamarca se
encuentra acreditada, por cuanto obró como parte pasiva en el proceso de acción
popular y fue quien solicitó la eventual revisión de la sentencia del 26 de mayo de 2011.
Por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron vulnerados con los autos
del 23 de junio de 2022 y del 9 de mayo de 2024.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Tercera del Consejo de Estado porque es la autoridad que profirió las mencionadas
providencias, las cuales, según afirmó el tutelante, vulneraron sus derechos
fundamentales.

3.3. Cuestiones preliminares

26. En el escrito de contestación la Universidad de Cundinamarca informó de la
existencia de la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04058-00
que supuestamente presenta identidad de partes, causa y objeto, y solicitó la remisión
del expediente para su acumulación, de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto
1069 de 2015.

27. Al respecto, la Corte Constitucional14 describió, en los siguientes términos, los
elementos que componen la triple identidad del reparto de acciones de tutela masivas:

13 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06409-00, índice 12, 26DB9DB95EBF27BA 4FE9C63A6E98D9BB
8643F62A8DF91E6F 8086AB27AF75711C.
14 Corte Constitucional, autos 211, 212 y 224 de 2020.

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[E]xiste identidad de objeto en los eventos en los cuales las acciones de tutela cuya
acumulación se persiga presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas
estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se
restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados. En lo que
respecta a la identidad de causa, estimó que su materialización ocurre cuando las
acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos
hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es
decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección. Finalmente,
como su nombre lo indica, la confluencia del sujeto pasivo se refiere a que el escrito
de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado.

28. De acuerdo con lo anterior, esta Sala procede a examinar si el expediente de tutela
con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04058-00 cumple con los criterios
determinados por la Corte Constitucional:

i) Identidad de objeto: Las solicitudes de amparo no pretenden lo mismo y
no existe uniformidad en las pretensiones. El escrito de tutela con radicado núm.
2024-04058-00 cuestionó el sentido de la decisión adoptada en segunda
instancia el 26 de mayo de 2011 y no los autos que decidieron la solicitud de
revisión eventual y la correspondiente insistencia, como ocurre en esta
oportunidad.

ii) Identidad de causa: Las solicitudes se fundamentan en los mismos hechos
o presupuestos fácticos; sin embargo, no son las mismas razones invocadas
para sustentar la solicitud de protección.

iii) Confluencia del sujeto pasivo: Las solicitudes de amparo no se dirigen a
controvertir la actuación del mismo accionado. El escrito de tutela con radicado
núm. 2024-04058-00 controvierte la decisión de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que en esta
acción constitucional se discute las decisiones proferidas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

29. Por esta razón, la Sala no encuentra acreditada la identidad de objeto ni causa ni
de sujeto pasivo. Por lo tanto, no es procedente la acumulación de expedientes
solicitada.

30. Por otra parte, en el escrito de amparo el accionante pretende que en sede de tutela
se valore la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de julio de 2018 por la
Sección Quinta de esta corporación dentro de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho núm. 25000-23-24-000-2012-00784-01. Sobre este punto, cabe advertir
que se trata de un reparo que no formó parte del escrito de solicitud de revisión ni de
su insistencia.

31. En ese orden, este escenario judicial no es procedente para analizar hechos que no
fueron abordados y discutidos en el proceso ordinario. Por esta razón, la Sala no
analizará lo correspondiente a este argumento.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
7

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excepcional, bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional.

33. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

34. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales15. Por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

35. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

36. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto a resolver
supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de
cierre sobre la materia17.

15 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022:

«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales».

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37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional,
porque además de indicar que existió una afectación de sus derechos fundamentales,
expuso que en los autos tutelados se configuraron vicios relacionados con la
interpretación de la normativa aplicable, determinante para la decisión.

38. El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias
respectivas dentro del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de
grupo.

39. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque el auto
del 9 de mayo de 2024, a través del cual se despachó desfavorablemente la solicitud
de insistencia de la revisión eventual, se notificó el 24 de mayo de 202418, y la demanda
de tutela se presentó el 22 de noviembre de 202419; esto es, dentro del plazo de seis
(6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21
como período razonable.

40. En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos está satisfecho, ya que la parte actora mencionó con claridad las razones
de la afectación alegada. Finalmente, los argumentos no exponen una irregularidad
procedimental, y la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de acción popular.

41. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo, y en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

42. La Sala determinará si la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir los
autos del 23 de junio de 2022 y el 9 de mayo de 2024, que decidieron la solicitud de
revisión eventual y la insistencia, incurrió en el defecto sustantivo y vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la seguridad jurídica del departamento de Cundinamarca.

43. Para el efecto se estudiará el defecto invocado y el caso en concreto.

3.6. El defecto sustantivo

44. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, fue
declarada inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda

18 Samai, exp. núm. 11001-33-31-029-2005-01521-01, índice 192, certificado: BD9560B9A5F72E6C
01E2635E31CF7990 D58AD04C112BF1A2 358D6B639D4D6982.
19
Samai, exp. núm. 11001-33-31-029-2005-01521-01, índice 197, certificado: ADF7BEC343FE1311
493CD476355C0E3F CC1DA5ACAC7360B7 BCB65040AFED09C4.
20 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha
aplicado22.

45. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

46. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de las
normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)23.

3.7. Caso en concreto

47. En el asunto bajo estudio, el accionante afirmó que la Sección Tercera del Consejo
de Estado interpretó erróneamente el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, modificado
por la Ley 1285 de 2009, al exigir para la procedencia del mecanismo de revisión
eventual, que el solicitante argumentara contradicción entre fallos emitidos en
procesos de acciones populares o de grupo, con lo cual creó un requisito no previsto
en la norma y restringió el acceso a la administración de justicia.

48. Por lo tanto, estimó que fue equivocado no tener como vinculantes la sentencia de
constitucionalidad C-177 de 2002, la sentencia del 11 de febrero de 1999 dictada
dentro del expediente ACU-579 y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado del 29 de julio de 201024, al no ser decisiones proferidas en el
marco del mecanismo de acción popular, dado que la «finalidad de la revisión eventual
es que se unifiquen criterios de interpretación entre fallos populares y las demás
sentencias».

49. Pues bien, dicho
argumento coincide con los propuestos en la insistencia del
mecanismo de revisión eventual dentro del proceso de acción popular, el cual fue
desestimado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los siguientes
términos25:

i) La decisión de «determinar que el mecanismo de revisión eventual solo
procede cuando exista la necesidad de unificar la jurisprudencia “en el
tratamiento o protección de derechos colectivos, circunscritos a las acciones
populares o de grupo”», se encuentra acorde con pronunciamientos del Consejo

22
Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24 Expediente radicado núm. 11001-03-06-000-2010-00041-00.
25
Samai, exp. 11001-33-310-029-2005-01521-01, índice 192 certificado: BD9560B9A5F72E6C
01E2635E31CF7990 D58AD04C112BF1A2 358D6B639D4D6982.

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de Estado sobre la materia26.
ii) El objetivo principal del mecanismo es garantizar la coherencia
jurisprudencial y prevenir contradicciones que puedan afectar la aplicación
uniforme del derecho en asuntos de relevancia colectiva o de interés general.
iii) Además, la no selección se debió a que las razones expuestas por la actora
no cumplían los presupuestos legales y jurisprudenciales para acceder a la
solicitud de revisión, dado que no se identificó un interés superior de unificación
ni un impacto significativo sobre la interpretación de normas relativas a
derechos colectivos; y, por lo tanto, los argumentos propuestos no cumplían con
la finalidad de asegurar la unidad de la interpretación y su aplicación uniforme.

50. En particular, cabe recordar que la autoridad accionada analizó las decisiones que
sustentaron la solicitud de revisión y advirtió que: i) el concepto del 29 de julio de 202027
estudió el deber de financiamiento de la educación previsto en el artículo 86 de la Ley
30 de 1992 porque una entidad continuó destinando el 30% de lo percibido por
concepto de renta de licores; ii) la sentencia del 11 de febrero de 1999 fue dictada
dentro del expediente ACU-579 en el que se ordenó al gobierno nacional que diera
cumplimiento a la mencionada norma de acuerdo con la regla según la cual la
respectiva asignación presupuestal debe ser creciente para que mantenga su poder
adquisitivo; y iii) en el fallo C-177 de 2002, la Corte indicó que la norma en comento
contiene una fórmula que busca lograr que los aportes a la educación mantengan un
valor constante «por lo cual ordena tomar cada año, como base para determinar el
monto de los aportes respectivos, los presupuestos correspondientes al año anterior,
y traerlos a valor actual».

51. En ese orden, luego del análisis anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado
encontró que las decisiones que sustentaron la solicitud de revisión no son divergentes
o que generan discordia con la sentencia del 26 de mayo de 2011 de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se
condenó al departamento de Cundinamarca porque no aportó a la Universidad de
Cundinamarca un presupuesto que estuviera incrementado con base en aquel
asignado en el año inmediatamente anterior.

52. Así pues, para la Sala, el defecto invocado no se configuró, toda vez que, al margen
de que los fallos que se alegan como contradictorios deban ser emitidos o no en
acciones populares para que proceda la eventual revisión, lo cierto es que, en el caso
concreto, precisamente, la parte interesada no cumplió con la obligación de demostrar
esa contradicción de decisiones judiciales que ameritara la unificación de criterios
jurisprudenciales.

53. En tal sentido, el departamento de Cundinamarca no probó o acreditó que haya
sustentado ante el juez de revisión la existencia de decisiones judiciales que
expusieran posturas interpretativas opuestas o contrarias en relación con la forma en
que debía ser aplicada la fórmula prevista en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, de
manera que fuera procedente el mecanismo de eventual revisión.

26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 10, sentencia del 2 de febrero de 2021, radicación 08001-

33-31-001-2007-00199-01. En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 6 de marzo de 2014,
radicado 08001-33-31-010-2009-00160-01(AP) y Sección Primera, auto del 27 de enero de 2011, radicado 2007-
00091.
27
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 29 de julio de 2010, expediente radicado No.
11001-03-06-000-2010-00041-00.

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54. Finalmente, la Sala observa que el accionante, además de recurrir a la acción
popular, al mecanismo de revisión eventual y a la correspondiente insistencia, ahora
busca mediante la tutela reabrir el debate sobre los hechos y consideraciones
evaluados por el juez natural y presentar nuevos argumentos que no fueron discutidos
en su oportunidad, para cuestionar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 26 de mayo de 2011.

IV. CONCLUSIONES

Así las cosas, se negará el amparo constitucional reclamado por el departamento de
Cundinamarca, en razón a que la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió
en defecto sustantivo, y, en consecuencia, no violó los derechos fundamentales de la
parte accionante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el
departamento de Cundinamarca en contra de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

(Ausente con excusa)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
DACJ/SEJV

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