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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00784-01

Universidad de cundinamarca: naturaleza jurídica

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00784-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia. SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En su lugar, TERCERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por el Departamento de Cundinamarca contra el Departamento de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00784-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

12 de julio de 2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – Naturaleza jurídica / UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – Presupuesto

[E]s un ente Universitario Estatal, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con personería Jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, reconocido como Universidad estatal mediante la Resolución 19539 del 30 de diciembre de 1992, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad actora se rige por la Ley 30 de 1992 y su sistema financiero lo definen básicamente los artículos 85, 86 y 87 (…) Conforme con la normativa transcrita, las fuentes de financiación de la Universidad de Cundinamarca están constituidas, entre otras, por aportes del presupuesto nacional, por los aportes del Departamento de Cundinamarca y por sus recursos y rentas propias.

PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES – Incremento en pesos constantes de los aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales / UNIVERSIDAD PUBLICA - Constitución de presupuestos / UNIVERSIDAD PUBLICA - Mantenimiento del valor constante de aportes presupuestales

A la Sala no le queda la menor duda del deber que impone la ley a la Gobernación de Cundinamarca y la Asamblea Departamental de Cundinamarca, de asignarle a la Universidad de Cundinamarca los recursos presupuestales necesarios para su subsistencia, recursos que, por demás, deben liquidarse teniendo en cuenta cada año, como base para determinar el monto de los aportes respectivos, los presupuestos correspondientes al año anterior y traerlos a valor actual, con el fin de mantener un valor constante, que le permita a la Universidad cumplir con las metas y objetivos propuestos y que tienen amplio respaldo constitucional. En tal sentido, obsérvase de los apartes transcritos de la decisión C-177 de 2002, en especial de los destacados, que la Corte Constitucional, a propósito del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en primer lugar, precisó que los aportes de las universidades estatales no deben verse reducidos por los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de tal forma que mínimo debe aplicarse la corrección monetaria pertinente para cubrir año tras año los gastos ordinarios de administración o de inversión constantes, pero seguidamente indicó, que “(l)a base cálculo para determinar este aumento a valor constante, es el valor de las partidas aprobadas en el año anterior”, sin que precisar si estas corresponden únicamente a las que por ley las autoridades nacionales y territoriales debieron girar para gastos ordinarios, es decir, lo correspondiente al presupuesto del año anterior, más el IPC respectivo, a fin de evitar la devaluación, o si también se incluyen las partidas que no son obligatorias fueron otorgadas en virtud de las condiciones económicas existentes en un momento específico. A juicio de la Sala, el hecho que el fallo de constitucionalidad no haya precisado la anterior circunstancia, impide interpretar, en términos absolutos, que la totalidad de las partidas aprobadas en el año anterior, sin distinguir a qué obedecieron las mismas. Lo cierto es que la finalidad de la norma es mantener en pesos constantes el presupuesto de gastos ordinarios que le corresponde a las universidades y contrastar las cifras de los aportes efectivamente girados por el Departamento de Cundinamarca y recibidos por la Universidad demandante, de los que la Sala considera que los valores a transferir por parte del Departamento de Cundinamarca a la Universidad de Cundinamarca debían incrementarse progresivamente en pesos constantes, conforme con la base establecida para el año 1993.

UNIVERSIDAD PUBLICA - Mantenimiento del valor constante de aportes presupuestales / UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – Presupuesto / DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – Ha efectuado el giro o transferencia de los recursos a la Universidad de Cundinamarca conforme al IPC / PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD – No vulneración

[L]as entidades demandadas han acatado lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, afirmación que se deduce del estudio realizado por la Corporación, que, al hacer el cálculo desde el año de 1993 hasta el 2011 (reclamado por la Universidad demandante), pudo establecer que el incremento y la correspondiente transferencia sí se han efectuado conforme el IPC y sin violación del principio de progresividad del presupuesto, (…) De acuerdo con las cifras comparadas, la base que debe tomarse para calcular el incremento es la que resultaba del precio base de 1993 (COP$1.609.521.128), por el porcentaje del IPC, año a año. Esta operación arroja como resultado el valor que efectivamente debía transferir el Departamento. No obstante, como bien se advirtió, el demandado transfirió dineros incluso por encima de las que estaba obligado por la Ley 30 de 1992. Ello no implica que la base que deba tomarse para el cálculo de los valores a transferir por los años subsiguientes corresponda a las sumas que efectivamente recibió la Universidad incrementadas en el IPC, sino a las que, por ley, debía recibir. (…) Para el año 2011, cuya asignación presupuestal se discute, los reportes efectuados por las partes coinciden en que el monto transferido es de COP$12.094.000.000. También se advierte que la base, de acuerdo con los incrementos anuales del IPC correspondía a COP$11.551.580.513, cuyo valor debía incrementarse de acuerdo con el IPC certificado por el DANE que, para el referido año, era del 3.73%. La operación matemática arroja como resultado que el Departamento de Cundinamarca debía asignar presupuestalmente a la Universidad demandante la suma de COP$11.982.454.466, valor inferior al efectivamente recibido. Conforme con lo anterior, para la Sala, los aportes discutidos se calcularon tomando como base los recursos asignados en la vigencia en la cual se programó el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia y se le aplicó el IPC certificado por el DANE. En consecuencia, sí se cumplió con la orden establecida en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, puesto que para la vigencia fiscal de 2011 la asignación que se le hizo a la Universidad de Cundinamarca obedeció al IPC, de manera que no se encuentra vulnerado el principio a la progresividad y, por tanto, la Sala considera este cargo no está llamado a prosperar. Esta, por demás, es razón suficiente para que la Sala decida apartarse de la decisión adoptada en la acción popular No. 2005-01521-02, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y cuya revisión está pendiente de decisión por parte de la Sección Tercera de esta Corporación.

FUENTE FORMAL: LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 85 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 86 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 87

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00784-01

Actor: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de Segunda Instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada, Departamento de Cundinamarca, contra la sentencia del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO.- NIÉGASE la prosperidad de las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRESE la nulidad parcial del artículo 2 de la Ordenanza 070 de 30 de noviembre de 2010, por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal de 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en cuanto estableció en la partida 1182 la suma de $14.806.564.000 a favor de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, en tanto que se encontró probado que dicha suma de dinero fue calculada en forma contraria a la ley, tal como fue acreditado en la presente providencia.

Así mismo, DECLÁRESE la nulidad parcial del artículo 2 del Decreto 0224 de 22 de diciembre de 2011, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, emitido por el Gobernador de Cundinamarca, al haber liquidado la misma suma de dinero a favor de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en transgresión a la ley, conforme la parte motiva de esta decisión.

TERCERO.- ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011) emitida por la Subsección B de la Sección Primera de este Tribunal dentro de la acción popular con radicación No. 2005-01521-02, en cuanto tiene que ver con las pretensiones de restablecimiento del derecho.

CUARTO.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO.- Por Secretaría, DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos del proceso, previa liquidación.

SEXTO.- No se impondrán costas en el proceso, por la actuación proba de las partes.

SÉPTIMO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria.”

I. ANTECEDENTES
Demanda

La Universidad de Cundinamarca -en lo sucesivo UDEC-, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA- presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objeto de que se declarara la nulidad del artículo 2 de la Ordenanza No. 070 del 30 de noviembre de 2010, proferida por la Asamblea de Cundinamarca, en cuanto asignó el presupuesto a dicha universidad para la vigencia fiscal de 2011, y del artículo 2 del Decreto 0224 del 22 de diciembre de 2010, emitido por el Gobernador de Cundinamarca, en cuanto liquidó el presupuesto para esa misma universidad en la vigencia fiscal de 2011.

1.1. Al respecto, formuló las siguientes pretensiones:

“PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERA.- Declarar nula la parte del artículo 2 de la Ordenanza Nº 070 de 2010, de la Asamblea Departamental de Cundinamarca “Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011”, en la cual se le asignó el presupuesto de la Universidad de Cundinamarca por la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($14.806.564.000).

SEGUNDA.- Declarar nula la parte del artículo 2 del Decreto Nº 0224 de 2010 expedido del Gobernador de Cundinamarca, “Por el cual se liquida el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal 2011, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en el cual se liquida el presupuesto para la Universidad de Cundinamarca en la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($14.806.564.000).

TERCERA.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al Departamento de Cundinamarca –Asamblea y Gobernación de Cundinamarca, fijar como base el presupuesto del 2011 para la Universidad de Cundinamarca en la suma de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($25.884.337.915).

CUARTA.- CONDENAR al demandado a pagar a favor de la demandada la suma de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($13.790.337.915) el saldo que resulte de la aplicación constitucional y legal del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, a favor de la Universidad de Cundinamarca, junto las actualizaciones, intereses y demás emolumentos legales a que haya lugar hasta el momento en que se haga efectivo el pago de lo adeudado por parte de la demandada.

QUINTA.- CONDENAR a la demandada, en caso tal de no dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del CCA a que reconozca y pague a mi poderdante, los intereses comerciales moratorios tal como lo autoriza el artículo 177 del CCA.

SEXTA.- CONDENAR a la demandada a pagar las costas y agencias en derecho.”

1.2. En apoyo de sus pretensiones, el demandante señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Que la UDEC es un ente universitario estatal, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, reconocida como Universidad Estatal.

Adujo que, dada su calidad, de universidad pública de carácter departamental, se rige por la Ley 30 de 1992, que regula la educación en Colombia, y determina específicamente las fuentes de financiación de las universidades estatales u oficiales y sus incrementos presupuestales legales.

Manifestó que, a partir del año 1999, el Gobierno y la Asamblea Departamental habían apropiado al presupuesto de la Universidad valores que no corresponden a los que exige el artículo 86 de la Ley 30 de 1996, presentándose una diferencia o saldo a favor de la institución, sin apropiar. Sobre el particular, resaltó las siguientes características:

Que de 1993 a 1998 se cumplió de manera estricta el principio de progresividad, establecido en el artículo 86 de la Ley 30 de 1996, pues se respetó la fórmula del incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir del año anterior.
Del año 1999 hasta el 2011 se ha vulnerado el principio de progresividad y la fórmula de incremento en pesos constantes.

Expuso que el valor base de liquidación, a partir de 1998, debió incrementarse con base en la suma de $11.000.000.000. Y agregó que para establecer el incremento de la apropiación presupuestal a la UDEC en pesos constantes, según la fórmula establecida en el artículo 86 ib., se debe tener en cuenta la variación del IPC, que durante 1998 fue igual al 16.70%, y que, aplicado, debió originar un presupuesto de $12.837.000.000. Que lo mismo debía hacerse en los años siguientes.

Adujo que a la fecha de presentación de la demanda, la suma adeudada por el Departamento de Cundinamarca a la Universidad de Cundinamarca ascendía a $123.742.613.514, más los intereses legales correspondientes. Y dijo que, únicamente por el año 2011, se habían quedado pendientes por actualizar el monto de $13.790.337.915.

1.3. La parte actora dijo que los actos demandados violaron lo dispuesto en los artículos 13, 29, 67, 69, 86, 113, 228, 230, 350 y 360 de la CP; Ley 30 de 1992, Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

Como sustento de las pretensiones de nulidad, la parte demandante explicó el alcance del concepto de la violación en cargos por vulneración de las normas superiores, por falsa motivación y por desviación de poder, que a continuación se resumen:

Los actos administrativos fueron expedidos con infracción de las normas en que han debido fundarse

Manifestó la demandante que los actos acusados vulneraron lo dispuesto en los artículos 67, 69, 350 y 360 de la CP, que establecen que la educación, por ser un gasto social del Estado, debe ser garantizada de manera preferente, dando cumplimiento al principio de progresividad presupuestal.

Que, adicionalmente, los actos demandados vulneraron lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que establece la regla para la elaboración y liquidación de los presupuestos de las Universidades Estatales, como la demandante.

Sostuvo que también se vulneró el principio de autonomía universitaria (arts. 69 y 113), pues el núcleo esencial de este principio se funda en la posibilidad real con que deben contar las universidades para auto determinarse en el ámbito académico y administrativo. Que, particularmente, la autonomía implica el margen de acción que posibilita que estas puedan regularse, de tal forma que se evite la indebida intervención de los poderes políticos en ella. Que, por ende, el presupuesto de la universidad pública no puede ser una dádiva del gobierno de turno, sino un deber público del gobernante, que está fijado en la ley.

Sostuvo que se vulneraron las normas del bloque de constitucionalidad que respaldan el incremento en pesos constantes y la progresividad de los presupuestos de las universidades estatales.

Finalmente, adujo que la fórmula legal del IPC adoptada como mecanismo especial, adecuado y propicio para la armonización de todos los valores y principios constitucionales que se ponen en juego para el cumplimiento de la educación superior, por medio de la universidad estatal, es la concretización de los principios que buscan que las universidades estén fuera de los debates coyunturales de la política.

Los actos demandados fueron falsamente motivados.

Indicó que se configuró la nulidad por falsa motivación de los actos demandados, toda vez que la base que han tenido en cuenta la administración y la asamblea departamental para apropiar el presupuesto es inconstitucional e ilegal, habida cuenta de que no se ha dado aplicación rigurosa a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Los actos demandados fueron expedidos con desviación de poder

Expuso que los fines de la Constitución y de la ley fueron desatendidos por cuanto el incremento del presupuesto asignado a la Universidad de Cundinamarca no se efectuó en pesos constantes para el año 2011, y ese desmedro incide directamente en la calidad de la educación ofrecida por la institución y en la imposibilidad de ampliar la cobertura y los programas ofrecidos.

Excepción de inconstitucionalidad

La demandante pidió que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad de los apartes de los actos demandados que ordenan y liquidan el presupuesto general del Departamento para la vigencia de 2011, porque con los mismos se ha vulnerado directamente lo dispuesto en los artículos 67, 69, 339, 350 y 366 de la CP.

Admisión de la demanda

Mediante auto del 3 de junio de 2011 (folios 158 y 159), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor y solicitó a la parte demandada aportar los antecedentes administrativos que originaron a los actos demandados y, adicionalmente, negó la suspensión provisional solicitada con la demanda.

Posteriormente, mediante auto del 11 de mayo de 2012, dicha sección remitió el expediente, por competencia, a la Sección Primera de la misma Corporación, habida cuenta de que no se discutía ningún asunto relacionado con el cobro de impuestos, tasas o contribuciones. El 12 de julio de 2012, la Sección Primera, Subsección A, avocó el conocimiento de la acción de la referencia.

Contestación

El Departamento de Cundinamarca, mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora, en consideración a los siguientes argumentos:

Presentó la excepción de falta de competencia, por considerar que el asunto materia de debate no guardaba relación con las de conocimiento de la Sección Cuarta del Tribunal, pues la Sección Primera de la misma Corporación era la encargada de tramitarlos.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, sostuvo que conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales, distritales y municipales están constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de las entidades territoriales, por los recursos y rentas de cada institución. A continuación explicó en qué consistía el presupuesto, en los términos expuestos por la sentencia C-865 de 1996.

Dijo que en la sentencia del 1 de diciembre de 1998, el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, negó las pretensiones de la Universidad Nacional, cuando pretendía la correcta aplicación del artículo 86 ib., con fundamento en que no se podía pretender incorporar una partida en la ley del presupuesto nacional, mediante la acción de cumplimiento, dado que atentaría contra la normativa que regula el trámite y aprobación de la ley de presupuesto, dado que comporta un gasto público.

Presentó una relación de los giros efectuados a favor de la Universidad de Cundinamarca, y concluyó que la administración departamental tiene una diferencia a favor de $43.393.200.929, que corresponde a los periodos comprendidos entre 1994 y 2011 y advirtió que si bien la norma ordena que la base para los giros de los aportes en favor de las universidades públicas es el presupuesto de 1993, no existe razón valedera para que la demandante pretenda el pago de $13.790.337.915, cuando a partir de 1995 los giros fueron superiores al incremento pretendido.

Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente con que el incremento de las apropiaciones presupuestales de las universidades públicas debe hacerse de acuerdo con el IPC, los valores pretendidos por la demandante no se ajustan a los certificados por el DANE.

Finalmente, dijo que el Departamento ha tenido un trato especial con la universidad demandante, en la medida en que los aportes obligatorios que establece la Ley 30 de 1992 han superado los límites mínimos fijados.

Por lo anterior solicitó que se denieguen las súplicas de la demanda.

Fundamentos de la sentencia recurrida

En sentencia del 26 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, accedió a las pretensiones de la demanda (fls. 329 a 363), con fundamento en los razonamientos que pueden resumirse así:

Luego de un recuento de la normativa que regula el presupuesto nacional y, en concreto, el presupuesto de las universidades públicas, y de jurisprudencia relacionada, el Tribunal consideró que la determinación y liquidación del presupuesto de la Universidad de Cundinamarca para la vigencia fiscal 2011, contenida en el artículo 2 de la Ordenanza 070 del 30 de noviembre de 2010 y en el aparte del artículo 2 del Decreto 0224 del 22 de diciembre del mismo año, transgredían las normas de índole superior, en la medida en que no se cumplió con la previsión contenida en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, referente a que el incremento año a año debe ser constante, lo que a su vez constituye una violación de las normas constitucionales.

Explicó que se halló una diferencia desde la determinación y liquidación del presupuesto del año 2000, pues para ese año no se tomó en cuenta el valor del año anterior (1999), sino uno diferente e inferior, lo que implicó una disminución en el ingreso que recibió la demandante. Que, sin embargo, como los actos demandados se refieren a la vigencia 2011, el Tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos que determinaron y liquidaron el presupuesto de la Universidad para la vigencia de 2000 a 2010.

Ahora bien, pese a lo anterior, Tribunal dijo que la demandante, en el acápite denominado excepción de inconstitucionalidad pidió inaplicar los actos administrativos que determinaron y liquidaron el presupuesto de dicha universidad para las vigencias 2000 a 2010, orden necesaria para llegar a la conclusión de que el presupuesto determinado y liquidado para la Universidad de Cundinamarca, por el año 2011, no cumple las normas que regulan la materia, que no es un incremento anual, pues la directriz se desconoció desde el año 2000, y, desde ese año, la determinación del presupuesto no ha reflejado la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con base en la ejecución del año 1999.

Puso de presente que el tema había sido objeto de estudio en la acción popular No. 2005-01521-02, instaurada por la Universidad de Cundinamarca contra el Departamento de Cundinamarca, que, pese a que tiene un objeto y una finalidad diferente, ordenó al demandado iniciar las gestiones presupuestales, con el fin de suscribir un acuerdo de pago para cancelar las diferencias dejadas de pagar a la Universidad, en un plazo de 5 años, con amortización inicial del 20%.

En relación con el restablecimiento del derecho, se sustrajo de emitir órdenes al respecto, habida cuenta de que el mencionado acuerdo de pago ya estaba en etapa de ejecución, por lo que se estuvo, en este aspecto, a lo resuelto en la sentencia del 26 de mayo de 2011, dictada por la Sección Primera, Subsección B de ese mismo tribunal, en la acción popular radicada con el No. 2005-01521-02.

Fundamentos del recurso de apelación

La parte demandada fundamentó su inconformidad con la sentencia del Tribunal, mediante escrito del 25 de noviembre de 2013 (Folios 369 a 374), así:

Señaló que estuvo acreditado en el proceso que en el año 1998 se aplicó el IPC que se venía usando desde el año 1993 y que, en el año 1999, no se aplicó el IPC sino que se giró un mayor valor, que es el que ha generado inconformismo en la Universidad por los años siguientes.

Insistió en que por los años 1999 y 2008 se giró a la Universidad una suma superior a la que por Ley 30 se debía girar y que, por ese exceso, la demandante debe al departamento la suma de $29.451.343.

Dijo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya ha resuelto demandas en las que se discutieron los mismos asuntos que ahora se estudian, razón por la que pidió que se revoque la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, dijo que de confirmarse la decisión de primera instancia, el Departamento se vería abocado a una situación fiscal o económica grave, al punto de acogerse a la Ley 550 de 2009.

Trámite en segunda instancia

El recurso propuesto fue admitido por la Sección Primera de esta Corporación, mediante auto de 31 de enero de 2014 (folio 4, cdno apel).

Alegatos de segunda instancia

7.1. Del Departamento de Cundinamarca

En escrito del 11 de abril de 2014 (folios 8 a 13, cdno apel), la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación y pidió que se revocara la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones.

7.2. De la Universidad de Cundinamarca

En escrito radicado el 22 de abril de 2014 (fls. 14 a 25 cdno apel), la demandante repitió los argumentos planteados con la demanda y solicitó que se confirmara la sentencia del Tribunal.

Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia

En esta etapa procesal el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Cundinamarca contra la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

Cuestión previa

El Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver esta apelación, comoquiera que, cuando fungió como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, participó de la Sala y suscribió la sentencia de acción popular dictada el 26 de mayo de 2011 en el expediente No. 2005-01521-02, que sirvió de base para proferir la sentencia objeto de apelación y que se ordenó tener en cuenta a título de restablecimiento del derecho en el presente asunto.

El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil-.

La Sala aceptará su impedimento y lo separará del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por “[…] haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente […]”.

Actos demandados

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los siguientes actos administrativos:

El artículo 2 de la Ordenanza 070 de 30 de noviembre de 2010, por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal de 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, cuyo texto dice:
“Artículo segundo: Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión del Presupuesto General del Departamento durante la vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, la suma de un billón setecientos ochenta y dos mil trescientos diez y seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos nueve pesos ($1.782.316.454.909) moneda corriente, según el detalle que se encuentra a continuación:

(…)

1182 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 14.806.564.000

(…)”

El aparte del artículo 2 del Decreto Nº 0224 de 2010 expedido del Gobernador de Cundinamarca, “Por el cual se liquida el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal 2011, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, que establece:

“Artículo segundo: Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión del Presupuesto General del Departamento durante la vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, la suma de un billón setecientos ochenta y dos mil trescientos diez y seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos nueve pesos ($1.782.316.454.909) moneda corriente, según el detalle que se encuentra a continuación:

(…)

1182 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 14.806.564.000

C. Gastos de Inversión 14.806.564.000

LÍNEA PROGRAMÁTICA – GUERRA CONTRA LAS POBREZAS Y LA EXCLUSIÓN 14.806.564.000

PROGRAMA – EDUCACIÓN PASAPORTE AL ÉXITO 14.806.564.000

(…)”

Estos en cuanto liquidaron el presupuesto asignado a la Universidad de Cundinamarca, por el año fiscal 2011.

Problema jurídico

Conforme con lo expuesto por el demandado en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la universidad de Cundinamarca.

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, si, como lo sostiene el Departamento de Cundinamarca, la asignación presupuestal de la Universidad de Cundinamarca se ha efectuado con sujeción al principio de progresividad que rige la materia.

Caso concreto

5.1. De la Universidad de Cundinamarca. Naturaleza jurídica.
La Universidad de Cundinamarca es un ente Universitario Estatal, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con personería Jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, reconocido como Universidad estatal mediante la Resolución 19539 del 30 de diciembre de 1992, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad actora se rige por la Ley 30 de 1992 y su sistema financiero lo definen básicamente los artículos 85, 86 y 87 que establecen:
“Artículo 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de educación superior, estará constituido por:
Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal;
Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos;
Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos, y
Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título.
Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.
Artículo  87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del producto interno bruto.
Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el sistema de universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.
Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, previa reglamentación del Gobierno Nacional.
Conforme con la normativa transcrita, las fuentes de financiación de la Universidad de Cundinamarca están constituidas, entre otras, por aportes del presupuesto nacional, por los aportes del Departamento de Cundinamarca y por sus recursos y rentas propias.
El Tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda. Adujo que, en efecto, revisadas las normas que rigen el presupuesto, en particular, el principio de progresividad inherente al mismo, en la medida en que no se cumplió con la previsión del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, referente al incremento en pesos constantes año a año.
El recurrente, al respecto, manifestó que sí ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 86 ib., en la medida en que ha hecho las transferencias de los recursos con fundamento en el IPC, incrementado en pesos constantes año a año. Que, no obstante, en algunas oportunidades la entidad transfirió recursos por encima del incremento legal establecido y que, si se sujetara a aplicar el incremento del IPC, estrictamente, sería la Universidad de Cundinamarca la que debería devolver recursos al departamento. En consecuencia, pidió que se revocara la decisión de primera instancia.

De la decisión adoptada en la acción popular No. 2005-001521-01
Previa resolución del asunto de fondo, la Sala considera pertinente referirse a la decisión adoptada en la sentencia del 26 de mayo de 2011, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular con radicación No. 2005-01521-02, habida cuenta de que el a quo, al resolver favorablemente sobre las pretensiones de la demanda, reconoció, a título de restablecimiento del derecho, estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
La referida decisión amparó el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos de educación y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, en consecuencia, ordenó al Departamento de Cundinamarca que realizara las gestiones administrativas y presupuestales que permitieran la suscripción de un acuerdo de pago con la Universidad de Cundinamarca, para cancelar las diferencias dejadas de pagar en un plazo de cinco años, con amortización inicial del 20% y la indexación correspondiente.
Para llegar a tal conclusión, el Tribunal, en particular, sostuvo:
“1. Si bien es cierto, el Departamento de Cundinamarca, no aportó a la Universidad de Cundinamarca los recursos correspondientes a los años 2000 a 2005, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, ya que en el año 2000, no aplicó el incremento que reflejara la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con base en la ejecución del año 1999, cuya cuantía girada –presupuestada fue de $10.449.999.996, pues es claro que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes transcrita, que la base para determinar este aumento a valor constante, es el valor de las partidas aprobadas en el año anterior, es decir, que si para el año 1999, el aporte fue de la suma anterior, esta deba ser la base para el incremento del año 2000 y subsiguientes, y no la suma de $6.040.047.786 como en efecto se tomó.
2. La omisión anterior, afecta no sólo el valor de las partidas del año 2000, para la universidad mencionada, sino también el de los años subsiguientes, por el efecto acumulativo que tiene dicha omisión, en consecuencia los valores incorporados en los presupuestos a partir del año 2000 y subsiguientes, no fueron crecientes, ni constantes, y al pertenecer el gasto de educación, al gasto social, éste no puede ser disminuido; hechos que constituyen una amenaza del derecho colectivo al acceso d los servicios públicos de la educación superior prestado por la Universidad de Cundinamarca y que su prestación sea eficiente y oportuna; razón por la cual este derecho será amparado, y se ordenará al Departamento de Cundinamarca cancele a la demandante las diferencias dejadas de pagar por un plazo de cinco (5) años, con amortización inicial del 20% durante el primer año del valor de la suma total a cancelar.”
De entrada, la Sala advierte que no comparte de la decisión de la acción popular, por las razones que explicarán al abordar cada uno de los cargos del recurso de apelación.
Motivos de inconformidad del recurrente
De la violación al principio de progresividad
Manifiesta la actora en la demanda que el Departamento de Cundinamarca, para el año 2011, le asignó como parte del presupuesto la suma de $14.806.564.000, sin dar aplicación al principio de progresividad que rige la materia presupuestaria. Señala que esta asignación fue arbitraria y discriminatoria puesto que no cumplió estrictamente con la fórmula del IPC para el año 2011, en la medida en que el incremento del presupuesto discutido no se efectuó en pesos constantes para el año 2011.

Menciona que el incremento en pesos constantes de los presupuestos asignados anualmente a las instituciones de educación superior, es un principio supralegal o constitucional, que buscar establecer una garantía mínima para que las universidades puedan cumplir su misión pública, y que obliga al Gobierno a transferir los recursos a las instituciones de educación superior con base en los ingresos aportados en el año inmediatamente anterior con aumento del IPC.

Precisó que la progresividad en términos reales u objetivos con la fórmula del IPC no se ha producido, sino que sólo se garantiza que no se disminuya esa inversión.

Al respecto, el recurrente advirtió que los aportes presupuestales a la demandante se han efectuado conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, esto es, sujetos a la progresividad –no regresividad- del presupuesto. La Corte Constitucional, en la sentencia C-177-2002, al estudiar la exequibilidad del segundo inciso del artículo 10 de la Ley 626 de 2000, en el cual se establecía “no tener en cuenta la suma de setenta mil millones de pesos para hacer parte de la base de cálculo de los aportes que la Nación deba efectuar en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”, al realizar el estudio de la citada norma lo declaró inexequible. Para el efecto, efectuó importantes disquisiciones sobre el principio de anualidad presupuestal, de unidad de materia legislativa, de la autonomía universitaria y de la naturaleza propia de las disposiciones presupuestales, de los que la Sala considera pertinente resaltar:
“6. El artículo 10 de la Ley 626 de 2000, tiene dos incisos. El primero de ellos, no acusado, modifica específicamente la ley de apropiaciones de la vigencia fiscal correspondiente al año dos mil (2000), ordenando adicionar en la suma de  treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000.00) el aporte nacional a los ingresos de las universidades estatales, con el objeto de atender el ajuste salarial de los servidores públicos docentes y no docentes de las mismas, en cumplimiento de la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional; la disposición añade que “la suma de treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000.00) complementarios se les provean en el adicional del presupuesto del año 2001”. La Corte encuentra, en lo que concierne a los primeros treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000.00) apropiados, que el Congreso pretendió dar cumplimiento a un fallo emanado de esta Corporación; el título jurídico que soporta el gasto propuesto por el Gobierno y decretado por el Congreso, es entonces un “crédito judicialmente reconocido”, en los términos del artículo 346 de la Constitución”. La apropiación mediante ley de tal gasto, obedece a la necesidad de dar cumplimiento al principio de legalidad, todo lo cual resulta perfectamente armónico con las normas constitucionales pertinentes al tema. En cuanto a la apropiación de treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000.00) complementarios para proveer a la universidades en el presupuesto adicional del año 2001, aunque el título jurídico que soporta la erogación que el Congreso autoriza no es la decisión judicial antes citada, pues ella se circunscribió a ordenar el cumplimiento de un deber omitido en el presupuesto del año 2000 y nada dispuso en relación con los subsiguientes, tal erogación corresponde a un gasto propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las universidades públicas, (según lo permitido por el artículo 346 superior),  y aprobado luego por el Congreso. Examen del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 626 de 2000
7. El inciso segundo del artículo 10 de la Ley 626 de 2000, como se deduce de su tenor literal, persigue que las partidas de gastos que se aprueban mediante el inciso anterior, en ningún caso hagan parte de la base de cálculo para determinar, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el valor de los aportes a las universidades públicas que la Nación efectúa año tras año. Esta última disposición, cuyo alcance arriba se estudió, persigue mantener en pesos constantes los aportes del Presupuesto General de la Nación o los de las entidades territoriales, destinados al funcionamiento ordinario de las universidades públicas o a la inversión en las mismas. Es decir, se pretende que dichos aportes no se vean reducidos por los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y de esta manera sirvan para cubrir las mismas necesidades año tras año, presumiéndose que existen unos gastos ordinarios de administración o de inversión constantes.

Como antes se dijo, el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 dispone el incremento anual en pesos constantes el valor de las partidas de gasto correspondientes a los aportes del Presupuesto General de la Nación a las universidades públicas. La base cálculo para determinar este aumento a valor constante, es el valor de las partidas aprobadas en el año anterior. La no inclusión de determinado rubro de gastos dentro de dicha base de cálculo, no sólo afecta valor de las partidas del año siguiente, sino también el de las correspondientes a los años subsiguientes, por el efecto acumulativo que tiene dicha exclusión.
(...)
9. De otro lado, la ley de presupuesto involucra una serie de disposiciones generales necesarias para su correcta ejecución, que en cuanto indicaciones que debe acoger el Gobierno como ejecutor del gasto público y recaudador de los ingresos fiscales, se revisten también de claro contenido normativo. No obstante, este alcance normativo debe circunscribirse a su objeto y no rebasar el fin que con ellas se persigue, estableciendo regulaciones que sobrepasan temporal, temáticamente o finalísticamente su materia propia. Deben, por lo tanto, como toda disposición legal, observar el principio de unidad de materia a que se refiere el artículo 158 de la Constitución, es decir, tener una relación de conexidad temática, sistemática, causal o teleológica con el resto de las normas de la ley anual de presupuesto. Es en este sentido que se afirma que no pueden tener un contenido extrapresupuestario. Su vigencia temporal es consecuencia de la temporalidad de las normas cuya correcta ejecución pretenden asegurar, por lo cual el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, que compila las normas que contienen el Estatuto Orgánico del Presupuesto, expresamente indica que tales normas generales “regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan.”
10. A juicio de la Corte a esta categoría de norma general presupuestal pertenece la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 626 de 2000;  ella ordena al Gobierno no incluir dentro de la base de cálculo a que se refiere el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, las partidas presupuestales aprobadas en el inciso primero de la disposición. Es decir es una indicación al ejecutivo relativa a una partida presupuestal aprobada. En tal sentido responde a la definición de norma general del presupuesto que se contiene en el artículo 111 del Decreto 111 de 19996 –Ley Orgánica del Presupuesto, según la cual esta clase de disposiciones tienden a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación. En la medida en que es una norma que se orienta a la a la definición del régimen jurídico de la partida presupuestal apropiada en el primer inciso de la misma disposición, tiene una evidente relación de conexidad temática y sistemática con ella y en tal virtud no desconoce, por este aspecto, el principio de unidad de materia. A pesar de lo anterior, es decir, a pesar que desde el punto de vista de la coherencia temática y sistemática interna de la Ley en la cual se inserta, la disposición no desconoce el principio de unidad de materia,  en cambio si lo desconoce en cuanto rebasa la materia temática propia de las leyes anuales de presupuesto al modificar, como antes quedó demostrado, otra ley vigente y de contenido permanente, como lo es la Ley 30 de 1992, específicamente su artículo 86. No obstante que la unidad de materia es asunto que, como lo ha hecho ver la jurisprudencia constitucional, debe ser examinado dentro criterios de laxitud a fin de no anular el principio democrático, en el tema presupuestal el alcance normativo que pueden tener las disposiciones se circunscribe específicamente a su objeto propio, por lo cual las normas generales de la ley anual solamente pueden referirse a la debida ejecución del presupuesto al que pertenecen, sin tener efectos sobre otros asuntos, ni menos aun llegando a modificar la legislación vigente.

Adicionalmente, a juicio de la Corte el inciso sub examine  rebasa los límites temporales propios de las disposiciones generales de la ley anual de presupuesto, pues su alcance en el tiempo se proyecta más allá de la vigencia presupuestal del año 2000. Ciertamente, al prohibir la contabilización de las partidas aprobadas en el inciso anterior para efectos del cálculo de los nuevos aportes de la Nación a las universidades públicas, tiene un efecto económico acumulativo en los años siguientes. Por la naturaleza del asunto que regula, sus efectos afectan vigencias futuras. En tal virtud, desconoce específicamente lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 11 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto-, norma que por su naturaleza orgánica se imponía al legislador al momento de expedir la Ley 626 de 2002. Por lo anterior, prospera el cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del principio de anualidad tributaria.” (Destacado fuera de texto).

A la Sala no le queda la menor duda del deber que impone la ley a la Gobernación de Cundinamarca y la Asamblea Departamental de Cundinamarca, de asignarle a la Universidad de Cundinamarca los recursos presupuestales necesarios para su subsistencia, recursos que, por demás, deben liquidarse teniendo en cuenta cada año, como base para determinar el monto de los aportes respectivos, los presupuestos correspondientes al año anterior y traerlos a valor actual, con el fin de mantener un valor constante, que le permita a la Universidad cumplir con las metas y objetivos propuestos y que tienen amplio respaldo constitucional.

En tal sentido, obsérvase de los apartes transcritos de la decisión C-177 de 2002, en especial de los destacados, que la Corte Constitucional, a propósito del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en primer lugar, precisó que los aportes de las universidades estatales no deben verse reducidos por los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de tal forma que mínimo debe aplicarse la corrección monetaria pertinente para cubrir año tras año los gastos ordinarios de administración o de inversión constantes, pero seguidamente indicó, que “(l)a base cálculo para determinar este aumento a valor constante, es el valor de las partidas aprobadas en el año anterior”, sin que precisar si estas corresponden únicamente a las que por ley las autoridades nacionales y territoriales debieron girar para gastos ordinarios, es decir, lo correspondiente al presupuesto del año anterior, más el IPC respectivo, a fin de evitar la devaluación, o si también se incluyen las partidas que no son obligatorias fueron otorgadas en virtud de las condiciones económicas existentes en un momento específico.

A juicio de la Sala, el hecho que el fallo de constitucionalidad no haya precisado la anterior circunstancia, impide interpretar, en términos absolutos, que la totalidad de las partidas aprobadas en el año anterior, sin distinguir a qué obedecieron las mismas. Lo cierto es que la finalidad de la norma es mantener en pesos constantes el presupuesto de gastos ordinarios que le corresponde a las universidades y contrastar las cifras de los aportes efectivamente girados por el Departamento de Cundinamarca y recibidos por la Universidad demandante, de los que la Sala considera que los valores a transferir por parte del Departamento de Cundinamarca a la Universidad de Cundinamarca debían incrementarse progresivamente en pesos constantes, conforme con la base establecida para el año 1993.

Establecido lo anterior, se considera que las entidades demandadas han acatado lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, afirmación que se deduce del estudio realizado por la Corporación, que, al hacer el cálculo desde el año de 1993 hasta el 2011 (reclamado por la Universidad demandante), pudo establecer que el incremento y la correspondiente transferencia sí se han efectuado conforme el IPC y sin violación del principio de progresividad del presupuesto, como pasa a verse:

AÑO
BASE
IPC
INCREMENTO
V. A GIRAR
V. GIRADO
1993
1.609.521.128
25,13
404.472.659

1.609.521.128
1994
2.013.993.787
22,6
455.162.596
2.496.165.383
2.265.351.442
1995
2.469.156.383
22,59
557.782.427
3.026.938.810
4.002.592.000
1996
3.026.938.810
19,46
589.042.292
3.615.981.102
4.565.339.869
1997
3.615.981.102
21,63
782.136.712
4.398.117.814
6.980.000.000
1998
4.398.117.814
17,68
777.587.230
5.175.705.044
9.999.999.999
1999
5.175.705.044
16,7
864.342.742
6.040.047.786
10.449.999.996
2000
6.040.047.786
9,23
557.496.411
6.597.544.197
8.796.000.000
2001
6.597.594.197
8,75
577.285.117
7.174.829.314
8.000.000.000
2002
7.174.829.314
7,65
548.874.443
7.723.703.757
8.772.000.000
2003
7.723.703.157
6,99
539.886.893
8.263.590.650
9.200.000.000
2004
8.263.590.650
6,49
536.307.033
8.799.897.683
9.300.000.000
2005
8.799.897.683
5
439.994.884
9.239.892.567
9.765.000.000
2006
9.239.892.567
4.48
413.947.187
9.653.839.754
10.253.000.000
2007
9.653.839.754
5.69
541.303.482
10.195.143.236
10.663.000.000
2008
10.195.143.236
7.67
781.961.480
10.977.104.716
11.036.205.000
2009
10.977.104.716
2.00
219.542.094
11.196.646.810
11.400.000.000
2010
11.196.646.810
3.17
354.933.703
11.551.580.513
11.742.000.000
2011
11.551.580.513
3.73
430.873.953
11.982.454.466
12.094.000.000
TOTAL

138.109.183.602
160.894.009.434

De acuerdo con las cifras comparadas, la base que debe tomarse para calcular el incremento es la que resultaba del precio base de 1993 (COP$1.609.521.128), por el porcentaje del IPC, año a año. Esta operación arroja como resultado el valor que efectivamente debía transferir el Departamento.

No obstante, como bien se advirtió, el demandado transfirió dineros incluso por encima de las que estaba obligado por la Ley 30 de 1992.

Ello no implica que la base que deba tomarse para el cálculo de los valores a transferir por los años subsiguientes corresponda a las sumas que efectivamente recibió la Universidad incrementadas en el IPC, sino a las que, por ley, debía recibir. Así lo interpretó la Sala de Consulta y del Servicio Civil de esta Corporación, en el Concepto No. 11001-03-06-000-2010-00041-00 del 29 de julio de 2010, con ponencia del Consejero Enrique José Arboleda, cuyos apartes pertinentes dicen:

Para iniciar el análisis del artículo 86 de la ley 30 de 1992 en su contexto normativo de contenido presupuestal, se transcribe su texto:
(…)

Se destaca, sin lugar a discusión, como primera gran idea, la obligación de concurrir a la financiación, por parte de la Nación y las entidades territoriales, de las universidades públicas, creando una obligación de naturaleza presupuestal, cuyo cumplimiento parte de efectuar las apropiaciones de gasto o transferencia en los presupuestos de las entidades obligadas, las que se ejecutan mediante los giros de tesorería que constituyen el pago efectivo de la obligación. Por su parte, las universidades beneficiarias de los mismos, deben presupuestar como ingresos esas transferencias. El segundo inciso describe la forma y el contenido de la obligación impuesta a la Nación y a las entidades territoriales, estableciendo de manera expresa que se trata de recursos presupuestales, de periodicidad anual, en un monto determinable que toma como base los presupuestos de 1993 que siempre deben incrementarse, lo cual, dice la norma, será en pesos constantes; vale decir, que la suma base debe conservar su poder adquisitivo y por ende, el valor de la obligación anual debe ser la suma equivalente a lo presupuestado a partir de 1993 más el IPC, año tras año, y así debe apropiarse en el presupuesto de gastos de cada vigencia, para cumplir debidamente con la obligación legal. Para la Sala, la redacción del inciso segundo del artículo 86 en comento, es clara tomando en consideración los siguientes elementos: La obligación es de pagar una suma de dinero cuyo monto inicial es el presupuestado para la vigencia de 1993; ese monto es la “base”, es decir, un punto de partida, que en términos gramaticales significa “fundamento o apoyo principal de algo” y en plural, “normas que regulan un sorteo, un concurso, un procedimiento administrativo, etc.”. Por disposición del legislador, esa base es modificable pero solamente para “incrementarla”. También por el mandato expreso de la norma, dicho incremento debe ser en “pesos constantes”. Ello significa que para la vigencia de 1994, la Nación y las entidades territoriales debieron apropiar en sus respectivos presupuestos de gastos, con destino a las universidades estatales, la suma resultante de aplicar el IPC para 1994, al valor presupuestado en 1993. Ese resultado, ajustado con el IPC debe ser presupuestado para la vigencia de 1995 y así sucesivamente. Como se trata recursos públicos, a los elementos explícitos señalados, es necesario agregar que su interpretación y cumplimiento se rigen por las disposiciones constitucionales y legales sobre la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos públicos, tanto nacionales como territoriales. De ellas, interesa recordar que los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, ordenan que en tiempo de paz no podrá hacerse erogación alguna con cargo al tesoro público que no esté incluida en el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, como tampoco podrá percibirse ingreso que no figure en el presupuesto de rentas; que en la ley de apropiaciones no podrán incluirse sino las partidas que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, a gastos decretados conforme a ley anterior o a gastos propuestos por el gobierno para la debida atención de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o el plan de desarrollo; y que el proyecto de ley de apropiaciones debe contener la totalidad de los gastos proyectados para la vigencia correspondiente. Aprobado el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de que se trate, las partidas apropiadas deben ejecutarse, para lo cual se realiza la “erogación con cargo al tesoro”, según las voces del artículo 346, que también prohíbe hacer pagos en exceso de las apropiaciones de gasto. De aquí surge una consecuencia fundamental para el concepto que se emite: la suma presupuestada en el monto ordenado por el artículo 86 de la ley 30 de 1992, es la única que puede ser girada por parte de las entidades obligadas.

Debe agregarse que, tratándose de los recursos para la educación superior, el artículo 84 de la ley 30 de 1992 determinó que el gasto público en educación hace parte del gasto público social; , de esta manera incorporó al financiamiento de las universidades, los artículos 350 y 366 de la Constitución Política, según los cuales el “gasto público social” es un componente de la ley de apropiaciones, que corresponde definir y reglamentar a la ley y que, salvo los casos de guerra exterior o razones de seguridad nacional, tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En su definición legal, contenida en el artículo 41 del decreto 111 de 1996, se prohibió de manera expresa a las entidades territoriales, disminuirlo con respecto al año anterior y a la vez se les autorizó a financiarlo con rentas propias. De lo expuesto es entonces claro que la ley 30 de 1992 definió la manera como deben ser financiadas las universidades públicas por parte de la Nación y de las entidades territoriales, la que se hace a partir de un monto fijo que corresponde a los presupuestos del año de 1993 más el IPC; este monto es el que se debe incluir en los respectivos presupuestos y por lo mismo es el que debe ser girado a las universidades. Esta regulación deroga o modifica las demás formas de transferencia de las universidades que pudieran existir en la Nación y las entidades territoriales. En términos constitucionales, la partida que se apropie en los presupuestos nacional y territoriales debe expresar la base presupuestal de 1993 actualizada con aplicación del IPC, para que corresponda a la exigencia de ser un “gasto decretado conforme a ley anterior”. Para el año 2011, cuya asignación presupuestal se discute, los reportes efectuados por las partes coinciden en que el monto transferido es de COP$12.094.000.000. También se advierte que la base, de acuerdo con los incrementos anuales del IPC correspondía a COP$11.551.580.513, cuyo valor debía incrementarse de acuerdo con el IPC certificado por el DANE que, para el referido año, era del 3.73%. La operación matemática arroja como resultado que el Departamento de Cundinamarca debía asignar presupuestalmente a la Universidad demandante la suma de COP$11.982.454.466, valor inferior al efectivamente recibido.

Conforme con lo anterior, para la Sala, los aportes discutidos se calcularon tomando como base los recursos asignados en la vigencia en la cual se programó el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia y se le aplicó el IPC certificado por el DANE. En consecuencia, sí se cumplió con la orden establecida en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, puesto que para la vigencia fiscal de 2011 la asignación que se le hizo a la Universidad de Cundinamarca obedeció al IPC, de manera que no se encuentra vulnerado el principio a la progresividad y, por tanto, la Sala considera este cargo no está llamado a prosperar. Esta, por demás, es razón suficiente para que la Sala decida apartarse de la decisión adoptada en la acción popular No. 2005-01521-02, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y cuya revisión está pendiente de decisión por parte de la Sección Tercera de esta Corporación.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, encontró probada la violación al principio de progresividad, que acaba de desvirtuar la Sala, corresponde a continuación, el estudio de los demás cargos propuestos con la demanda.

Violación del principio de autonomía universitaria.

A juicio de la demandante, el núcleo esencial de la autonomía universitaria está constituido por la posibilidad real con que deben contar las universidades, para autodeterminarse en el ámbito académico y administrativo, particularmente esa autonomía implica el margen de acción de esas instituciones, que posibilitan que puedan autorregularse, por lo que se evita la indebida intervención de los poderes públicos en ellas. Aclaró, seguidamente, que ese margen de acción incorpora la capacidad de manejar sus recursos, como elemento indiscutible para el desarrollo efectivo de la función que les ha sido confiada.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-220 de 1997, con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, se refirió al principio de autonomía universitaria en los siguientes términos:

“La universidad, surge como una organización marginal, como "...un campo ideal constituido y definido por las leyes que lo rigen, leyes diferentes a aquellas que rigen a la sociedad, leyes que en conjunto constituyen una ética", esa universidad, para "ser", tiene que ser autónoma, pues cualquier obstrucción a esa condición la desvirtúa.
Ahora bien, esa autonomía que el constituyente le reconoció a las universidades, tiene como objetivo principal protegerlas de la interferencia del poder político central, al igual que ocurre por ejemplo con el organismo estatal que creó para el manejo de la televisión, no obstante eso no implica, como lo ha dicho la Corte, que sean ajenas e independientes del mismo Estado:
"Vale la pena aclarar que la autonomía entregada por la Carta a la entidad encargada del manejo de la televisión, no le da el carácter de órgano superior del Estado ni le concede un ámbito ilimitado de competencias [tampoco a las universidades del Estado], pues cualquier entidad pública por el simple hecho de pertenecer a un Estado de derecho, se encuentra sujeta a límites y restricciones determinados por la Constitución y la Ley." (Corte Constitucional, sentencia C-310 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Ese es el fundamento de lo dispuesto por el Constituyente en el artículo 69 de la Carta Política, norma a través de la cual reconoció la necesidad imperiosa que tiene una sociedad democrática, pluralista e igualitaria, de una universidad autónoma, independiente de los órganos de poder que conforman el Estado, que a través de un quehacer no interferido contribuya a la consolidación y fortalecimiento de la cultura a partir de la cual se erige la Nación.”

En cuanto a este cargo, la Sala no encuentra violación alguna al principio de autonomía universitaria por las siguientes razones:

En primer lugar, el contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades autónomas reside en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-192 de 1997 señaló que la ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales a los que se reconoce autonomía presupuestal, supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los recursos aprobados de la ley de presupuesto. En este orden de ideas, es claro que si el gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, establece reducciones o aplazamientos generales presupuestales en las distintas entidades autónomas, no por ello puede establecer específicamente cuáles partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni determinar actuaciones particulares que puedan afectar la autonomía administrativa de tales entidades.

La decisión de cómo ejecutar los presupuestos que les son asignados debe ser tomada única y exclusivamente por las respectivas entidades autónomas, conforme a la valoración que hagan de sus propias prioridades.

Para la Sala, admitir que por el hecho de que el gobierno reduzca o aplace partidas específicas de órganos autónomos del Estado, pueda tener injerencia en la administración de los recursos de la Universidad, implica una interpretación desproporcionada.

Adicionalmente, en este caso se demandaron únicamente los decretos por medio de los que se liquidó el presupuesto departamental de Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2011, por lo que no se pueden traer argumentos relacionados con decretos anteriores por la falta de reconocimiento de su asignación en oportunidades o años anteriores, puesto que el estudio se refiere de manera única a estos decretos y la vigencia fiscal de 2011.

Ahora bien, la demandante debe tener en cuenta que Departamento apropia recursos globales a la universidad y que ésta se encarga de agruparlos, de elaborar su presupuesto y de distribuirlo de acuerdo con sus necesidades. Y que, además, son sus Consejos Superiores, máximo órganos de gobierno de la entidad autónoma, los facultados para su aprobación. Así las cosas, le corresponde a cada ente universitario atender los gastos que le demanda el cumplimiento de su objetivo social y los que las normas legales les señalen.

En este contexto, se encuentra que las autoridades demandadas no vulneraron el principio a la autonomía universitaria, por medio de los actos administrativos demandados.

De la falsa motivación

La falsa motivación puede presentarse desde una perspectiva jurídica o fática. Esta última ocurre cuando los hechos de la decisión adoptada por la Administración no existieron o cuando la realidad fáctica no concuerda con la analizada.

Así, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: (i) o bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o (ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.

La demandante advirtió que los actos demandados fueron falsamente motivados, toda vez que la base que han tenido en cuenta la administración y la asamblea departamental para apropiar el presupuesto es inconstitucional e ilegal, habida cuenta de que no se ha dado aplicación rigurosa a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Al respecto, la Sala advierte que los decretos demandados ordenan y liquidan el presupuesto del Departamento de Cundinamarca, con fundamento en las normas generales del presupuesto y el artículo 69 de la Ordenanza 45 de 1996 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.

Los motivos de los actos demandados se justifican, concretamente, en la necesidad de detallar el presupuesto con que contaba el Departamento de Cundinamarca para el año 2011 y la distribución que del mismo se haría para atender los gastos de funcionamiento, servicios de la deuda pública e inversión durante la referida vigencia. Parte de esa distribución, en efecto, correspondía a la asignación del presupuesto de la Universidad de Cundinamarca, la que, se advirtió, debía efectuarse con sujeción al principio de progresividad que rige la materia presupuestal.

Ahora bien, la parte demandante dice que la asignación presupuestal que le fue dada por el año 2011 fue inconstitucional e ilegal, habida cuenta de que el Departamento de Cundinamarca no cumplió estrictamente con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 30 de 1992. Sobre el particular, la Sala se acoge a lo dicho anteriormente en el cargo por violación al principio de progresividad, en el que se advirtió que la mencionada asignación presupuestal se efectuó en los términos de ley y teniendo en cuenta el IPC. En ese entendido, no se encuentra probada la falsa motivación alegada en la demanda.

De la desviación de poder

La demandante señaló que el Departamento de Cundinamarca desatendió las normas de incremento del presupuesto asignado a la Universidad de Cundinamarca, pues este no se efectuó en pesos constantes para el año 2011, y ese desmedro incidió directamente en la calidad de la educación ofrecida por la institución y en la imposibilidad de ampliar la cobertura y los programas ofrecidos.

El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto administrativo se presenta cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia.
La Sala advierte que ni los argumentos de la demandante ni las pruebas aportadas llevan a la conclusión de que los actos acusados se expidieron con desviación de poder, pues no se acreditó que la asignación presupuestal en este caso se efectuara con una finalidad contraria a los intereses públicos, razón por la que no encuentra prosperidad al cargo presentado por la demandante.
De la excepción de inconstitucionalidad
La demandante manifestó que una aplicación ilegal del artículo 86 de la ley 30 de 1992, tal como se dijo con antelación, deviene en una inconstitucionalidad que debe ser corregida por parte del juez.

Argumentó que, por lo anterior, se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad a los actos acusados, que ordenan y liquidan el presupuesto general del departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2011, mediante el cual se le asignó al presupuesto de la Universidad de Cundinamarca por la suma de $12.094.000.000, porque con ellos se vulneraron los artículos 67, 69, 339, 350 y 366 de la Constitución, así como el bloque de constitucionalidad que respalda el incremento en pesos constantes y la progresividad de los presupuesto de las universidades estatales y los precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado.

Sobre la excepción de inconstitucionalidad, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de primero de noviembre de 2007, M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta, sostuvo:

“(…)
En efecto, en desmedro del Estado de Derecho, el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES olvidó: a) Que la excepción de inconstitucionalidad sólo procede en la resolución de casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. Allí radica la diferencia sustancial entre la acción de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, pues aquélla, contrario a ésta, puede conducir a dejar sin efectos o inaplicable la norma legal para todos los casos, erga omne o de modo general.

Que la excepción de inconstitucionalidad procede cuando la oposición es entre una norma sub constitucional ( en este caso de orden legal) y una de rango constitucional que regula el asunto o la materia, de modo que ésta es la que ha de aplicarse para resolver el caso de que se trate, y en el del sub lite no aparecen precisadas o indicadas la norma legal ni la norma constitucional en manifiesto conflicto u oposición concernientes al punto del registro y certificación como técnico constructor, sino que en virtud de la analogía se confrontaron dos disposiciones generales de rango legal, la que fue objeto de examen por la Corte Constitucional en la sentencia C-177 de 1993 y la Ley 64 de 1994 en cuanto al plazo para hacer valer la experiencia con miras a ese registro y certificación, y habiéndose optado por hacer extensivos a ésta, de manera mecánica y sin una mínima correlación y comparación analítica de ambas actividades, la inexequibilidad de la atinente a los técnicos electricistas, contenida en la Ley 19 de 1990.

En la sustentación de la cuestionada excepción no aparece indicada y menos aplicada norma constitucional alguna que se refiriera a ese tema. Que esa violación emerja de manera manifiesta o notoria de esa confrontación directa entre la norma inferior y la Constitucional, tal como la Sala lo ha puesto de presente, al manifestar que “esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir ciertos requisitos para su procedencia, uno de los cuales es la palmaria y flagrante oposición entre los textos constitucionales y la norma cuya inaplicación se pretende”, así como la propia Corte Constitucional al advertir que “si no hay una oposición flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos "erga omnes" el juez de constitucionalidad según las reglas expuestas.”Igualmente y por contera, el mencionado Consejo pasó por alto que el control de constitucionalidad por vía general o de acción, es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional y, residualmente, del Consejo de Estado, por expreso mandato en su orden de los artículos 241 y 237, numeral 2, de la Constitución Política, lo que a su vez opera como garantía de la presunción de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, que hace parte de los fundamentos del Estado del Derecho, en la medida en que sólo puede ser desvirtuada de manera definitiva por el juez natural.”

En consonancia con la sentencia mencionada, la excepción de inconstitucionalidad procede cuando hay oposición de una norma sub-constitucional y una de rango constitucional que regula el asunto o la materia. Así mismo, la violación debe emerger de manera manifiesta o notoria de esa confrontación directa entre la norma inferior y la constitucional.

Este cargo tampoco está llamado a prosperar, puesto que no se encontró vulneración manifiesta alguna por parte de las normas demandadas a reglas de carácter legal o constitucional, tal como se analizó en los cargos anteriores, razón por la que no debe aplicarse la excepción.
En consonancia con lo anterior, la demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado en lo que concierne a la determinación del presupuesto de la Universidad de Cundinamarca para la vigencia fiscal del año 2011, por lo que se revocará el fallo del a quo y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.
Por lo demás, es importante aclarar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de las censuras que sobre el tema hace el recurrente y que datan de los años 1993 a 2010, se encuentra caducada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En su lugar,

TERCERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por el Departamento de Cundinamarca contra el Departamento de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Mediante escrito radicado el 11 de julio de 2018.
Valores en pesos.

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