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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04058-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04058-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2024 que DECLARÓ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el Departamento de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en esta providencia. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Departamento de Cundinamarca Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04058-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de enero de 2025

Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04058-01
Demandante: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 26 de septiembre de 2024 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado. En esta decisión se declaró improcedente el
amparo solicitado por no superar el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 2 de agosto de 2024, el departamento de
Cundinamarca, actuando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 26 de mayo de 2011, proferida por la autoridad judicial accionada en el marco
del proceso de acción popular promovido por la Universidad de Cundinamarca (en
adelante, UDEC) contra el departamento de Cundinamarca y la Asamblea
Departamental de Cundinamarca1. En dicho fallo, el tribunal modificó la providencia
proferida por el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, mediante la cual se había
negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, amparó el derecho colectivo
de acceso a los servicios públicos de educación.

1 Trámite identificado con el radicado 25000-23-15-000-2005-01521-00/02.

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Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica del Departamento de Cundinamarca,
violentado con la Sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección B, dentro de la acción popular con radicado 2005-
001521-02.

SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, dentro de la acción
popular con radicado 2005-001521-02.

TERCERA: ORDENAR a el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Primera Subsección B, dentro de la acción popular con radicado 2005-001521-02
rehacer el fallo de la acción popular atendiendo los razonamientos del Consejo de
Estado, y en tal sentido, negando las pretensiones de la acción.

CUARTA: ADOPTAR cualquier otra decisión que garantice los derechos
fundamentales.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 25 de agosto de 2005, la UDEC promovió acción popular en contra del
departamento de Cundinamarca y la Asamblea Departamental de Cundinamarca,
con el objeto de que se protegieran los derechos colectivos de la comunidad
universitaria por la presunta vulneración y desconocimiento del patrimonio público,
la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
fuera eficiente y oportuna.

5. Lo anterior, debido al supuesto incumplimiento por parte de las demandadas
del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Esto, toda vez que a juicio de la UDEC, se
estaba desconociendo el deber consistente en que las apropiaciones
presupuestales que hacían parte de las universidades nacionales, departamentales
y municipales se realizaran con fundamento en el presupuesto del año
inmediatamente anterior, de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-177 de 2002. Esto pues, en su criterio, entre 1999
y 2005, la Gobernación de Cundinamarca dejó de apropiar en el presupuesto de la
universidad la suma de $31.051.486.000.

6. Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2008, el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Advirtió un
favorecimiento presupuestal para la UDEC en 1998, toda vez que la variación
porcentual de la transferencia realizada por el departamento de Cundinamarca fue
aproximadamente de 42.85%, mientras que la del IPC de ese mismo año fue de
17.68%. Concluyó que la Gobernación de Cundinamarca cumplió con lo dispuesto
por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en la medida en que llevó a cabo el
incremento que le correspondía, en atención a la base establecida para el año de

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Demandante: Departamento de Cundinamarca
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1993, tal como dicha disposición. Agregó que, incluso, transfirió más recursos de
los que efectivamente ordenaba la norma.

7. Inconforme con la decisión, la UDEC interpuso recurso de apelación.
Argumentó que el juzgado no interpretó adecuadamente el artículo 69 de la
Constitución Política, ni los artículos 85 y 86 de la Ley 30 de 1992, ya que el
incremento debió realizarse con base en el presupuesto del año inmediatamente
anterior. Agregó que ello implicó un desconocimiento de la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

8. Por medio de fallo del 26 de mayo del 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B modificó la decisión de primera
instancia y resolvió amparar los derechos colectivos de acceso a los servicios
públicos de educación superior y a su prestación eficiente y oportuna. Como
consecuencia de ello, ordenó al departamento de Cundinamarca a suscribir un
acuerdo de pago con la UDEC para cancelar las sumas dejadas de pagar, en un
plazo de 5 años.

9. La autoridad judicial concluyó que el departamento no aportó a la universidad
los recursos correspondientes a los años 2000 a 2005, de conformidad con lo
consagrado por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Sostuvo que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el incremento presupuestal se debía
realizar con base en el presupuesto establecido para el año inmediatamente
anterior. En este sentido, indicó que cuando en 1999 no se realizó el incremento
con base en el presupuesto de 1998, se afectaron las vigencias posteriores por el
efecto acumulativo que genera tal omisión.

10. La sentencia de segunda instancia se notificó mediante edicto fijado el 30 de
junio de 2011 y desfijado el 5 de julio siguiente.

11. El 15 de julio de 2011, el departamento de Cundinamarca solicitó la revisión
eventual del fallo proferido por el tribunal. Como sustento de ello, expuso que con
fundamento en lo conceptuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado el 29 de julio de 20102, la base del incremento presupuestal, a efectos de
mantener el valor de los aportes que dicta el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, deben
ser los presupuestos de renta y gastos vigentes a partir de 1993, con atención al
IPC.

12. Alegó que el cumplimiento del fallo de segunda instancia generaría un
impacto de tal magnitud que obligaría a la Gobernación y a la Asamblea de
Cundinamarca a recomponer todas las finanzas del ente territorial. Agregó que uno
de los efectos de tal decisión es que, a partir de tal antecedente, ninguna entidad
nacional o territorial realizaría aportes mayores a los que estrictamente ordena la

2 Radicado 11001-03-03-000-2010-00041-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

ley, puesto que lo más probable era que el año siguiente no les fuera posible
mantener el incremento.

13. Afirmó que el fundamento de la decisión judicial partió de un supuesto no
establecido por la norma aplicable, pues mientras esta señala que la base del
cálculo de todos los aportes debe ser el presupuesto de 1993, para el tribunal esa
base corresponde al valor efectivo que le hubiera sido transferido a la universidad
el año inmediatamente anterior. Expuso que no existían antecedentes
jurisprudenciales que hayan analizado cuál debe ser la base del cálculo de los
aportes para las universidades oficiales.

14. Por tanto, solicitó que como consecuencia de la revisión, se revocara el fallo
proferido en segunda instancia y, en su lugar, se dejara en firme la providencia
dictada por al Juzgado 29 Administrativo de Bogotá.

15. Mediante auto del 23 de junio de 2022, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado decidió no seleccionar para revisión la sentencia proferida el
26 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B. Sostuvo que mediante la solicitud formulada, la parte actora
pretendía debatir el fallo de segunda instancia, lo que no cumplía con la finalidad
del mecanismo estudiado.

16. Señaló que la demandante cuestionó la valoración probatoria y la
interpretación que realizó el tribunal de las normas con respecto a la protección de
los derechos colectivos, lo que trascendía el objeto de la revisión, esto es, asegurar
la unidad de la interpretación del derecho y su aplicación uniforme. Agregó que no
existían divergencias al interior de las acciones populares y de grupo en cuanto a la
base del cálculo de los aportes para las universidades oficiales en cumplimiento del
artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Concluyó que, por tanto, no existía complejidad o
indeterminación por la ausencia de claridad en las disposiciones normativas, ni un
vacío en la legislación que generara confusión o que diera lugar a diferentes formas
de su interpretación o aplicación.

17. Por medio de memorial del 8 de julio de 2022, la actora insistió en que la
sentencia del 26 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B debía ser seleccionada. Indicó que
lo pretendido era que se unificara jurisprudencia en razón a la indeterminación
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Reiteró
que la sentencia de segunda instancia de la acción popular generó un gran impacto
financiero en la entidad territorial y, en general, en el sistema de financiación de las
universidades públicas.

18. En auto del 9 de mayo de 2024, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó la solicitud de insistencia. Afirmó que el departamento de
Cundinamarca se limitó a reproducir los argumentos de la petición de revisión
eventual, lo que evidenciaba que lo pretendido era reabrir el debate sobre el fallo de

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segunda instancia, lo que implicaba ejercer un control de legalidad frente a dicha
decisión y, a su vez, desnaturalizaba la finalidad del mecanismo. En tal sentido,
reiteró los argumentos formulados en el auto que negó la solicitud de revisión.

1.4. Fundamentos de la vulneración

19. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto orgánico porque no valoró que el presupuesto destinado a la UDEC se
encuentra consignado en ordenanzas departamentales, lo que a su juicio implicó
que con la decisión objeto de esta acción de tutela se efectuara un juicio de nulidad
de tales actos sin la competencia para ello.

20. De tal forma, argumentó que se desconocieron las garantías procesales
mínimas del departamento, en la medida en que el tribunal actuó como juez de
nulidad y restablecimiento del derecho en un proceso de acción popular, al ordenar
el pago de sumas que supuestamente adeudaba a la UDEC. Agregó que el
cumplimiento de la sentencia implica el desembolso de dineros a favor de una
entidad que no cuenta con el derecho de percibirlas.

21. En este orden de ideas, señaló que la demandada profirió una decisión sin
motivación pues, a su juicio, no sustentó de forma alguna en qué sentido se
vulneraron los derechos colectivos protegidos en el fallo cuestionado.

22. Puso de presente que en fallo del 12 de julio de 2018, en un trámite de nulidad
y restablecimiento del derecho, la Sección Quinta del Consejo de Estado3 analizó la
legalidad del artículo 2 de la Ordenanza 070 del 2010 y que allí, dicha autoridad
señaló expresamente su desacuerdo con la decisión del 26 de mayo de 2011
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B. Por tanto, citó textualmente apartados de esta providencia y
argumentó que estos daban cuenta de la vulneración de los derechos
fundamentales del departamento de Cundinamarca.

23. Afirmó que dicho fallo daba cuenta del defecto sustantivo en el que incurrió
el tribunal, pues según dicha autoridad, en la decisión cuestionada se efectuó una
interpretación errónea del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Señaló la demandante
que, a juicio del Consejo de Estado, dicha disposición establece que el valor del
presupuesto obligatorio a transferir a la universidad es el resultante de actualizar
con el IPC el presupuesto de 1993. Por tanto, concluyó que el sustento del fallo de
segunda instancia en el trámite de acción popular fue contrario a lo dispuesto por
tal disposición. Ello, al desatender la referida norma y establecer que la
actualización presupuestal debía liquidarse con base en todo lo transferido el año
inmediatamente anterior.

3 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12.07.18. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado

25000232400020120078401. Sala integrada por los magistrados Alberto Yepes Barreiro, Luis
Alberto Álvarez Parra y Rocío Araújo Oñate.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

24. Señaló que dicha postura era avalada por el concepto dictado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 29 de julio de 2010.

25. En relación con el cumplimiento del requisito de inmediatez, señaló que el
mecanismo de amparo fue presentado oportunamente, pues hasta el 9 de mayo de
2024 – notificado el 24 del mismo mes y año – se profirió auto que resolvió la
insistencia formulada en el recurso de revisión que interpuso frente a la decisión
objeto de la presente acción constitucional. Señaló que, con ello, agotó todos los
mecanismos a su disposición, por lo que era la tutela el único medio con el que
contaba para la protección de sus derechos fundamentales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Por auto de 29 agosto de 2024, el magistrado ponente de la decisión de
primera instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia,
ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B. De igual forma, vinculó como terceros con interés
a la Universidad de Cundinamarca y a la Asamblea Departamental de
Cundinamarca. Por su parte, requirió al Juzgado 29 Administrativo de Bogotá para
que allegara la copia digital del expediente de acción popular con radicado 25000-
23-15-000-2005-01521-00/01/02.

1.6. Intervenciones e informes

27. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Asamblea departamental de Cundinamarca

28. Reiteró todos los argumentos expuestos en el escrito de tutela y solicitó que
se accediera a las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B

29. Expuso a detalle los argumentos que fundamentaron el falo del 26 de mayo
de 2011 y sostuvo que en dicha decisión no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora puesto que, a su juicio, lo resuelto estuvo ajustado
a derecho y con observancia del debido proceso.

1.6.3. Universidad de Cundinamarca

30. Señaló que la acción de tutela no cumplía con el requisito de inmediatez,
puesto que la sentencia cuestionada quedó en firme hace más de 13 años y, por
tanto, se superó el plazo considerado como razonable por la Corte Constitucional.

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31. Indicó que la solicitud de revisión eventual consagrada en la Ley 1285 de
2009 fue prevista como un mecanismo para la observancia de sentencias proferidas
en procesos de acción popular, pero no contaba con la vocación de suspender la
efectividad de las decisiones judiciales dictadas en tales trámites. Concluyó que el
mecanismo de amparo no estaba dirigido contra las decisiones dictadas en el marco
del recurso de revisión, por lo que no era posible computar el término de la
inmediatez desde su expedición.

1.6.4. Cesar Augusto Moya Colmenares

32. Aseguró haber sido el apoderado de la Universidad de Cundinamarca desde
hace más de 19 años y manifestó su inconformidad con lo que consideró como una
deslealtad por parte del rector de la UDEC. Lo anterior, dado que no se le comunicó
sobre la interposición de esta acción de tutela. No obstante, no aportó ningún poder
especial que lo legitimara a actuar en representación de tal institución, la cual ejerció
su defensa por medio de su directora jurídica.

33. Expuso que el mecanismo de amparo no cumplía con el requisito de
inmediatez, por lo que solicitó que se declarara su improcedencia.

34. El Juzgado 29 Administrativo de Bogotá remitió oficio en el que informó
sobre el trámite de digitalización del expediente solicitado.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

35. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 26 de septiembre de 2024, declaró la improcedencia de esta acción
constitucional al considerar que no cumple con el requisito de inmediatez.

36. Sostuvo que el escrito de tutela está dirigido a desvirtuar el análisis legal y
probatorio efectuado por el tribunal accionado en la decisión que dio fin a la acción
popular objeto del presente litigio. Agregó que, por tanto, en la solicitud de amparo
no se cuestionó de modo alguno los autos del 23 de junio de 2022 y del 9 de mayo
de 2024 dictados en el trámite de revisión eventual adelantado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

37. Argumentó que, en tal sentido, no es posible computar el término de la
inmediatez desde el auto del 9 de mayo de 2024, puesto que esta decisión no fue
objeto de reparo. Indicó que, en materia de tutelas contra providencias judiciales,
debe contabilizarse este requisito desde la ocurrencia del hecho que originó la
vulneración, esto es, desde la ejecutoria del fallo que se cuestiona.

38. Concluyó que, dado que la firmeza de la providencia cuestionada no fue
interrumpida, el término con el que contaba para promover esta acción de tutela fue

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superado por más de 13 años, que han transcurrido desde el momento en el que la
sentencia se expidió, notificó y quedó ejecutoriada.

39. La sentencia de primera instancia fue notificada el 11 de octubre de 2024 vía
correo electrónico.

1.8. Impugnación

40. La parte actora sostuvo que el fallo de primera instancia desconoció el
alcance de la solicitud de revisión eventual de las acciones populares, su finalidad
y el contenido de los autos que deciden no revisar la providencia. Enfatizó en que
este es el único mecanismo extraordinario con el que se cuenta en el marco de
estos trámites.

41. Argumentó que la revisión hace parte de los medios de defensa que deben
promoverse para superar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, de
conformidad con lo que han señalado tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado. Agregó que este era un motivo suficiente para no formular el mecanismo
de amparo mientras la solicitud de revisión eventual se resolvía, por lo que la
tardanza estaba justificada.

42. Indicó que, en tal sentido, los 10 años que tardó en radicar la acción
constitucional tenía fundamento en el tiempo en el que el Consejo de Estado adoptó
la decisión definitiva en relación con el mecanismo extraordinario.

43. Expuso que la vulneración alegada se predica de la sentencia de segunda
instancia de la acción popular, no de los autos que decidieron sobre el recurso de
revisión, por lo que promover una tutela contra estas providencias no cumpliría con
el objetivo buscado. Agregó que esto implicaba un reconocimiento de la autonomía
e independencia de la materia objeto de la solicitud de revisión, pues lo pretendido
mediante el amparo constitucional no era cuestionar los motivos por los que la
Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que no se cumplieron los
requisitos para seleccionar la sentencia del tribunal.

44. Pidió que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
estudiara el fondo de la controversia propuesta.

1.9. Actuación en segunda instancia

45. Mediante auto del 15 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de esta
decisión vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 29 Administrativo de
Bogotá y al señor Luis Carlos Nigris Romero. A su vez, se ordenó a esta autoridad
judicial que remitiera la copia digitalizada e íntegra del expediente de acción popular
objeto de este proceso de tutela. Lo anterior, debido a que el juzgado no lo llevó a
cabo en el trámite de primera instancia, a pesar de que se le requirió con dicho fin
en el auto admisorio.

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46. A pesar de ser debidamente notificado, el señor Nigris Romero guardó
silencio. El Juzgado 29 Administrativo de Bogotá se limitó a enviar la documentación
requerida.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de septiembre
de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

48. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

49. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
departamento de Cundinamarca se encuentra legitimado en la causa por activa.
Esto, porque figura como demandando en el proceso de acción popular en el que
se profirió la providencia cuestionada.

50. Por su parte, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B está legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia del proceso objeto
de este mecanismo constitucional.

2.3. Problemas jurídicos

51. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado el 26 de septiembre de 2024.

52. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala
analizará lo siguiente:

53. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B vulneró los derechos fundamentales invocados al proferir la sentencia del 26 de
mayo de 2011 que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, amparó
el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos de educación en el trámite

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

de acción popular promovido por la UDEC contra el departamento de
Cundinamarca?

54. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial el de la relevancia constitucional.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

55. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales5.

56. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 6. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial8.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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57. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

58. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

59. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

60. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el
caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en
los defectos aludidos.

61. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional9.

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre

de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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62. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron acogidos
por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

63. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

64. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.

65. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.

66. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de

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conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

67. La sala anticipa que confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia del mecanismo de amparo, pero al no acreditarse el requisito de
relevancia constitucional. La sala pone de presente que no comparte las razones
otorgadas por el juez de primera instancia en relación con el requisito de inmediatez.
Esto, dado que a pesar de que el fallo cuestionado se notificó mediante edicto fijado
el 30 de junio de 2011 y desfijado el 5 de julio siguiente, la tardanza por parte de la
actora en promover la acción de tutela es razonable. Lo anterior, puesto que estaba
en trámite un recurso extraordinario de revisión eventual que, con independencia de
los argumentos allí expuestos, justificaron la inactividad de la interesada bajo el
entendido de que, previo a acudir a la acción constitucional, buscó agotar todos los
mecanismos judiciales a su alcance.

68. Sin embargo, se confirmará la decisión que declaró la improcedencia de la
acción, debido a que se concluye que la parte actora presentó argumentos
tendientes a buscar una instancia adicional del proceso, con lo que se pretende
reabrir las etapas procesales y probatorias de la controversia ya zanjada por el juez
natural de la causa.

69. Lo anterior, ante la formulación de argumentos de simple legalidad
relacionados con asuntos ya estudiados en el trámite ordinario y que incluso fueron
reiterados en el mecanismo extraordinario de revisión eventual que promovió. Como
pasa a exponerse, esto acredita que el objeto de esta acción de tutela no es
promover la protección de garantías constitucionales, sino simplemente manifestar
la inconformidad del ente territorial con el fallo cuestionado y, de tal forma, que se
profiera una decisión favorable a sus intereses.

70. La actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
orgánico pues, a su juicio, en la decisión cuestionada se efectuó un juicio de nulidad
de las ordenanzas departamentales mediante las cuales se estableció el gasto
presupuestal en favor de la UDEC. Esto, al ordenar el desembolso de dineros a
favor de esta entidad los cuales no fueron reconocidos en tales actos
administrativos. En dicha medida, argumentó que el tribunal actuó como juez de
nulidad y restablecimiento del derecho sin tener competencia para ello.

71. No obstante, de conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta
providencia, el estudio que llevó a cabo el tribunal versó principalmente sobre el
estudio de los aportes efectuados a la UDEC y la aplicación del artículo 86 de la Ley
30 de 1992 a dicha situación. En tal sentido y sin estudiar la razonabilidad de los
argumentos expuestos por la autoridad demandada, es evidente a primera vista que
esta no efectuó ningún juicio de legalidad en relación con las ordenanzas
departamentales aludidas en el escrito de tutela.

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72. A su vez, el ente territorial sostuvo que el operador judicial actuó como juez
de nulidad y restablecimiento del derecho dados los efectos de la orden dictada en
el fallo cuestionado y con fundamento en una falta de valoración de las ordenanzas
departamentales en mención. Frente a estos argumentos, la sala considera que
carecen de la carga argumentativa requerida para que se efectúe un estudio del
fondo del asunto.

73. Al respecto, la parte actora se limitó afirmar que la Sección Primera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó como juez de
nulidad y restablecimiento del derecho pues los efectos de la orden dictada
implicaban reconocer sumas de dinero en favor de la UDEC a las cuales, a su juicio,
no tenía derecho. Esta razón, en sí misma, no desarrolla mínimamente el defecto
orgánico por presunta falta de competencia formulado en el escrito de tutela.

74. Por el contrario, la afirmación de que la demandada incurrió en este yerro
ante la falta de valoración de las ordenanzas es contradictorio con el cargo que
pretende sustentar. En efecto, si el departamento de Cundinamarca sostiene que
en la providencia censurada se profirió un juicio de legalidad sobre tales actos
administrativos, indicar a su vez que estos fueron desconocidos implica una
incoherencia lógica en la argumentación que no permite superar el examen de
procedibilidad constitucional estudiado.

75. Aunado a lo anterior, el cargo por decisión sin motivación también carece de
sustento debido a que la tutelante se limitó afirmar que la autoridad demandada
dictó una sentencia sin fundamento alguno y ligó automáticamente esta premisa a
una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. Dada la carencia
argumentativa de este yerro, un pronunciamiento de fondo implicaría
necesariamente un estudio oficioso el cual le está vedado al juez constitucional en
materia de tutelas contra providencias judiciales.

76. A su vez, como se expuso con antelación, a primera vista es posible concluir
que lo expuesto por el ente territorial obedece a una simple inconformidad con lo
decidido en el trámite de la acción popular, pues la decisión cuestionada tuvo como
fundamento un estudio tanto de los presupuestos fácticos de la acción popular,
como de la interpretación y aplicación del artículo 86 de la Ley 30 de 1993.

77. En virtud de lo anterior, el defecto sustantivo que se formuló obedece a una
simple inconformidad con las conclusiones adoptadas por el tribunal, las cuales
fueron desfavorables a los intereses de la tutelante. Ciertamente, la actora insistió
en que la interpretación del artículo 89 de la Ley 30 de 1992 que efectuó el tribunal
fue errónea puesto que, a su juicio, de tal disposición debía entenderse que el valor
del presupuesto obligatorio a transferir a la universidad era el resultante de
actualizar anualmente con el IPC en el presupuesto de 1993.

78. Como sustento de su postura, la interesada trajo a colación la sentencia del
12 de julio de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que, en

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ese entonces, actuó como juez de nulidad y restablecimiento del derecho. En dicho
proceso la sala estudió la legalidad de la Ordenanza 070 del 2010 y, para
fundamentar su decisión, expuso su interpretación en calidad de juez de instancia
del artículo 86 de la Ley 86 de 1992.

79. Al respecto, es necesario poner de presente que dicha providencia fue
proferida de forma posterior al fallo censurado mediante esta acción constitucional,
en el marco de la autonomía judicial de la sala y en un proceso de distinta naturaleza
al de la acción popular. Por tales motivos, se considera que no es procedente que
los fundamentos de derecho expuestos en tal providencia sean usados con el fin de
controvertir la sentencia que se cuestiona.

80. Aunado a ello, los argumentos expuestos en el escrito inicial en relación con
este cargo dan cuenta de la simple inconformidad con el criterio hermenéutico que
sustentó la decisión del 26 de mayo de 2011. Esto a su vez implica que las razones
que sustentan el mecanismo de amparo se limitan a un asunto de mera legalidad
que trasciende la órbita de competencia del juez de tutela, pues esta acción
constitucional no está prevista con el fin de que el operador jurídico establezca cuál
es la interpretación correcta de una norma cuya aplicación corresponde al juez
natural de la causa.

81. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

82. En conclusión, la sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por no encontrar acreditado el
presupuesto de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2024 que
DECLARÓ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el
Departamento de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04058-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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