Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00421-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2015-00421-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2015-00421-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2015-00421-01 (0047-2017)
Demandante: GUSTAVO SALVADOR MENESES BAYONA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.
Tema: Reconocimiento pensión gracia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander, que
negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo Salvador Meneses Bayona en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112 formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad: i) del artículo 1.º de la Resolución RDP 055106 del 4
de diciembre de 2013, por medio de la cual la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia al señor Gustavo Salvador
Meneses Bayona; ii) del artículo 1.º de la Resolución RDP 005592 del 18
de febrero de 2014, que resolvió un recurso de reposición; iii) del artículo
1.º de la Resolución RDP 005974 del 20 de febrero de 2014, que resolvió
el recurso de apelación; iv) del artículo 1.º de la Resolución RDP 056421
del 12 de diciembre de 2013, por medio de la cual la demandada negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia al demandante; y v) de los
actos presuntos negativos configurados por el silencio de la administración
frente a los recursos de reposición y apelación interpuestos por el
interesado.
1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3
Folios 2 a 4.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP a: i)
reconocer y pagar a favor del señor Gustavo Salvador Meneses Bayona la
pensión gracia, a partir del 16 de julio de 2009, con todos los factores
salariales devengados y con la indexación del ingreso base de liquidación;
en virtud del fenómeno prescriptivo de mesadas, el derecho pensional se
debe hacer efectivo a partir del 26 de septiembre de 2010; ii) pagar los
reajustes pensionales anuales establecidos por el Gobierno Nacional; iii)
pagar la condena mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en
Colombia; iv) ajustar las sumas a que haya lugar con base en el IPC,
conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA; v) cumplir la sentencia en
los términos definidos en los artículos 192, 194 y 195 ibídem; y vi) condenar
en costas a la entidad demandada.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. El señor Gustavo Salvador Meneses Bayona nació el 16 de julio de 1959,
por lo que cumplió 50 años de edad en 2009. De igual forma, laboró al
servicio de la educación oficial en el departamento del Norte de Santander,
con vinculación de carácter nacionalizado, desde el 15 de abril de 1978
hasta el 31 de julio de 2004, para un total de 26 años, 3 meses y 17 días
de servicio.
2. Mediante escrito radicado ante la UGPP el 26 de diciembre de 2013, el
demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
3. En respuesta a la anterior solicitud, la entidad demandada expidió la
Resolución RDP 055106 del 4 de diciembre de 2013, por medio de la cual
negó la prestación reclamada en atención a que no fueron allegados la
totalidad de los documentos requeridos para el reconocimiento pensional.
4. Posteriormente, la UGPP profirió la Resolución RDP 056421 del 12 de
diciembre de 2013, a través de la cual negó nuevamente la pensión gracia
peticionada.
5. El 30 de diciembre de 2013 el señor Meneses Bayona interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra las Resoluciones RDP 055106
del 4 de diciembre de 2013 y RDP 056421 del 12 de diciembre de 2013,
bajo el argumento de que, al momento de radicar la solicitud pensional, se
aportó certificado de tiempo de servicios y factores salariales donde consta
que el interesado fue nombrado mediante Decreto 360 del 5 de abril de
1978, y se posesionó el 15 de abril de la misma anualidad.
6. El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución RDP
005592 del 18 de febrero de 2014, confirmando en todas sus partes la
Resolución RDP 0055106 del 4 de diciembre de 2013, con sustento en que
se había verificado que el demandante había incurrido en una de las
causales de mala conducta contempladas en la ley, al haber sido
condenado a una pena privativa de la libertad de 3 años e inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual, tras
4
Folios 4 a 10.
comprobarse que cometió los delitos de peculado por apropiación en
concurso con falsedad en documento privado.
7. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución RDP 005974
del 20 de febrero de 2014, confirmando la Resolución RDP 005592 del 18
de febrero de 2014.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas6:
«2.2.1.1. La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, propone la excepción
mixta de prescripción.
2.2.1.2. Al respecto, debe señalar el despacho, que de acuerdo con el criterio
manejado por el consejo de Estado, […], la excepción de prescripción como
excepción mixta que es, por técnica jurídica debe ser resuelta en audiencia inicial,
cuanto(sic) tenga la eventualidad de dar por terminada la pretensión de la parte
demandante.
2.2.1.3. Entonces, como quiera, que (sic) el particular primigeniamente debe
analizarse si es procedente el reconocimiento del derecho, previo a analizar la
pretensión condenatoria, esto es, el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
el despacho considera que la excepción (sic) prescripción no debe ser resuelta en
esta etapa procesal, sino en la sentencia, siempre y cuando se profiera sentencia
declarativa del derecho. En consecuencia, el despacho RESUELVE: 1. Que la
excepción de prescripción no prospera en esta etapa procesal. 2. Declarar que la
excepción de prescripción debe ser resuelta en la sentencia, siempre y cuando la
sentencia sea estimatoria de las pretensiones. […].
2.2.2.1. Finalmente, en lo que respecta al agotamiento del requisito de
procedibilidad previo a la presentación de la demanda, para el Despacho es
claro que en este asunto no es obligatorio cumplir con la exigencia del requisito de
procedibilidad previsto en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, como quiera
que se trata de prestaciones periódicas no sujetas al término de caducidad alguna.
[…]» (Negrilla del texto original)
5
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
6
Folios 292 Vto. y 293.
Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos7:
«Corresponde a la Sala establecer, si le asiste el derecho a la pensión gracia a la
parte actora de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y el decreto 2277 de 1979, para lo cual se debe determinar lo
siguiente:
¿Puede tenerse probado en el expediente la vinculación laboral del señor Gustavo
Salvador Meneses con el Departamento del Norte de Santander y el cumplimiento
de los 20 años de servicio a la docencia, a efectos del reconocimiento de la pensión
gracia?
¿Puede el delito de peculado por apropiación, en concurso con falsedad en
documento privado, cometido por el docente Gustavo Salvador Meneses Bayona
en el año 2001, constituirse en una causal de mala conducta, que haga nugatorio
el derecho a la pensión gracia reclamada, pese a que el docente demandante,
presuntamente a la fecha de la comisión de los hechos había cumplido más de 20
años al servicio docente? […].»
La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.
SENTENCIA APELADA8
Mediante sentencia dictada dentro de la audiencia inicial el 10 de noviembre
de 2016, el tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que el Decreto 2277 de 1979, que adoptó normas sobre el
ejercicio de la profesión docente, previó dentro de las causales de mala
conducta la atinente a «ser condenado por delito o delitos dolosos» y, luego
de hacer alusión a una sentencia dictada por el Consejo de Estado sobre la
materia, sostuvo que la buena conducta docente abarca el comportamiento
que durante todo el tiempo se observó en el desempeño de la labor, por lo que
la pensión gracia es una prestación que se reconoce a favor de los maestros
por su trabajo meritorio, desarrollado con dedicación y buen comportamiento.
Al abordar el análisis probatorio, señaló que los elementos de juicio
recaudados permitían concluir que el señor Gustavo Meneses Bayona se
vinculó al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980 como educador
del orden territorial, al servicio del departamento de Norte de Santander,
cumplió el 15 de abril de 1998 con 20 años de servicio a la docencia y 50 años
de edad el 16 de julio de 2009.
Sin embargo, al valorar lo concerniente al requisito de la buena conducta,
manifestó que la misma no fue satisfecha por el demandante, por cuanto si
bien para el año 2001 (fecha en que se cometieron los hechos punibles) el
interesado ya tenía cumplido el requisito de tiempo de servicios para adquirir
el derecho pensional, lo cierto es que esta prerrogativa solo se adquiere ante
7
Folio 293.
8
Folios 293 Vto. a 298 Vto.
el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, razón por la
cual el señor Meneses Bayona solo tuvo el estatus pensional hasta el 16 de
julio de 2009, cuando cumplió 50 años de edad, debiendo verificarse durante
este tiempo la buena conducta.
Aunado a lo anterior, adujo que el comportamiento cuestionable que condujo
a la condena judicial, no fue un hecho aislado al ejercicio de la profesión
docente, toda vez que, como se constató en las sentencias condenatorias, el
demandante en calidad de director de núcleo dio un manejo desbordado a la
designación de docentes y, en consecuencia, a los recursos que de ellos podía
obtener al vincularlos informalmente a la administración. Recordó entonces
que los mencionados recursos de los que se apropió, tenían como objeto la
ampliación de la cobertura educativa por subsidio a la permanencia.
Las consideraciones así planteadas, conllevaron a que el tribunal determinara
que, toda vez que no hubo cumplimiento por parte del demandante de los
deberes como servidor público e incurrió en la causal de mala conducta
consagrada en el literal g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, no es
posible acceder a las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, al
considerar que se debe analizar el contexto de los hechos que dieron origen a
la condena judicial impuesta al señor Gustavo Salvador Meneses Bayona.
Argumentó que los hechos que dieron lugar a la investigación penal ocurrieron
en el año 2001, cuando el Alcalde del municipio La Esperanza, Norte de
Santander, celebró un convenio de cooperación con la ONG Junta de Acción
Comunal de la Vereda Alto Vijagual de ese municipio, representada
legalmente por el señor Mauro Jaimes Barón, con el fin de ampliar la planta
docente de los establecimientos educativos de esa municipalidad.
Luego de referenciar los hechos que generaron la causa penal y la sentencia
condenatoria en contra del demandante, el apoderado concluyó que para el
año 2001, época de los acontecimientos que originaron la pena referenciada,
el señor Gustavo Salvador Meneses Bayona tenía cumplidos 22 años y 9
meses de servicio a la educación oficial del departamento Norte de Santander,
observando una excelente conducta en el ejercicio de su profesión.
Señaló entonces que la sentencia de segunda instancia que confirmó la
providencia condenatoria, quedó ejecutoriada el 21 de mayo de 2010,
momento para el cual el demandante ya tenía 26 años, 3 meses y 17 días de
servicio, así como 50 años de edad. En ese sentido, el estatus pensional para
el reconocimiento de la prestación lo adquirió el 16 de julio de 2009, mientras
que la sentencia condenatoria impuesta por la jurisdicción penal ordinaria, se
repite, quedó ejecutoriada el 21 de mayo de 2010.
Resaltó que el interesado no fue objeto de sanción disciplinaria durante su
labor como docente y directivo, y que tampoco fue excluido del registro en el
escalafón nacional.
9
Folios 301 a 310.
Sostuvo que la mala conducta se predica de un comportamiento recriminable
de carácter permanente, asiduo o reiterativo de quien ejerce la profesión
docente, situación que no ocurre en el caso del señor Meneses Bayona.
Con fundamento en lo anterior, el apelante solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10 reiteró los argumentos del recurso de apelación.
Si bien la parte demandada allegó escrito de alegaciones acompañado de
una sustitución de poder, la actuación no puede ser tenida en cuenta en esta
instancia, por cuanto la abogada que refiere sustituir la representación judicial
de la demandada no aportó los documentos que la acrediten como tal.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa, de conformidad con lo
dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 344 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿Se encuentra el señor Gustavo Salvador Meneses Bayona incurso en causal
de mala conducta en el ejercicio de su labor docente?
En caso afirmativo,
¿Dicha conducta tiene la virtualidad de afectar el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia que solicita?
Sea lo primero indicar que, de conformidad con los planteamientos del recurso
de apelación elevado por el señor Gustavo Salvador Meneses Bayona, la
discusión que suscita el presente pronunciamiento, se circunscribe a la
incidencia que podría llegar a tener la condena judicial de la cual fue objeto,
al haberse acreditado que incurrió en el hecho punible de peculado por
apropiación en concurso con falsedad en documento privado, en el
reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.
10
Folios 329 a 339.
Se entiende entonces que los aspectos relacionados con el cumplimiento de
los demás requisitos para acceder a la pensión gracia, esto es, que el
demandante haya estado vinculado como docente del orden territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1981; que haya
satisfecho 20 años de servicio en una plaza docente con alguna de estas
condiciones; y que haya cumplido 50 años de edad no es objeto de debate,
por lo que no se efectuaran consideraciones al respecto.
Ahora, toda vez que los problemas a analizar comprenden necesariamente la
evaluación de la situación jurídico fáctica que sustenta el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia que reclama el señor Gustavo
Salvador Meneses Bayona, específicamente la atinente al cumplimiento del
requisito contemplado en el artículo 4.º de la Ley 114 de 1913, esta
Subsección procederá a analizar en conjunto ambos problemas.
Para los efectos, se sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el literal
g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, al haberse verificado que el
demandante incurrió en una actuación reprochable por el ordenamiento
jurídico en ejercicio de sus funciones como docente, y por la cual fue
condenado judicialmente, el mismo no tiene derecho a la pensión gracia, pues
no solo incumplió con las disposiciones contenidas en el artículo 4.º de la Ley
114 de 1913, sino que, además, a la fecha de ocurrencia de los hechos no
había satisfecho la totalidad de los requisitos para acceder a la mencionada
prestación.
Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.
Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de ésta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena
conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter
nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de
1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 1.° de enero de 1981.
Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201812 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60,
inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12
Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys
Amanda Hernández Triana contra la UGPP.
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202213 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y compruebe cumplir con los demás requisitos exigidos por
el artículo 4.º de la Ley 114 de 1913, que para el caso concreto resulta
relevante reiterar los definidos en los numeral 1 y 4 de dicho canon, así:
13
Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia
Jiménez Lozano contra la UGPP.
« Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
[…]
4. Que observe buena conducta.
[…]»
Es de anotar que las anteriores preceptivas también encuentran eco en el
estatuto docente contemplado en el Decreto 2277 de 1979, que a su turno trae
una serie de determinaciones que deben verificarse a efectos de acreditar el
requisito de buena conducta, como a continuación se expone.
Sobre las causales de mala conducta
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la
profesión docente» señaló «[…] el régimen especial para regular las condiciones de
ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la
profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema
educativo nacional, excepto el nivel superior que se regirá por normas especiales.»
Así mismo, previó quienes debían ser entendidos como docentes y qué cargos
ostentaban dicha calidad, al siguiente tenor:
«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión
docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión
docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye
esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación
de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación
y capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine
el reglamento ejecutivo.
[…]
Artículo 32. CARÁCTER DOCENTE. Tienen carácter docente y en consecuencia
deben ser provistos con educadores escalafonados los cargos directivos que se
señalan a continuación, o los que tengan funciones equivalentes:
a)Director de escuela o concentración escolar;
b) Coordinador o prefecto de establecimiento;
c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;
d) Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos;
e) Supervisor o inspector de educación.» (Subraya y resalta la Sala)
Y, a través del artículo 46 estableció las causales de mala conducta, así:
«Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:
a)La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativas;
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos;
e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f) El incumplimiento sistemático de los deberes y la violación reiterada de las
prohibiciones;
g) El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en el
escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i)El abandono del cargo;
j) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político.» (Negrillas fuera
del texto)
Sobre el particular, cabe mencionar que esta Corporación ha mantenido la
postura de que si la conducta sancionada es un hecho aislado, el mismo no
posee la fuerza suficiente para afectar el reconocimiento del derecho a la
pensión gracia, dado el largo ejercicio del cargo como docente, en el cual se
puede demostrar de manera general la buena conducta; en ese sentido, la
comprobación de una situación particular considerada reprochable, no es
suficiente para hacer nugatorio el derecho solicitado.
Tales han sido las apreciaciones que en sentencia del 18 de febrero de 2016,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se hizo un
recuento sobre las determinaciones que en asuntos similares había asumido
la Corporación14:
«Al respecto, la Corporación se ha pronunciado en forma reiterada sobre la
exigencia contenida en el numeral 4º, artículo 4º de la Ley 114 de 1913, respecto
de observar buena conducta para obtener el derecho a la pensión gracia15:
“(…) no resultaría equitativo que un docente que ha demostrado que durante
un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha observado
buena conducta, se le tome en cuenta solo el hecho desfavorable para negarle
la prestación.
La mala conducta como causal para la pérdida de la pensión gracia, debe ser
el resultado de un análisis que lleve a la convicción de que durante su
vinculación el docente asumió un comportamiento recriminable; no se trata de
una actuación considerada de manera aislada.”
Así, en caso similar también precisó16:
“Ciertamente la ley exige como presupuesto para gozar de la prestación, la
prueba de que el interesado “observa buena conducta”; tal expresión no puede
entenderse referida a una situación determinada, sino que sus alcances
abarcan el comportamiento que durante su vida de docente observó, como
quiera que la prestación debatida fue concebida como un estímulo a los
educadores, entre otras razones, por su buen comportamiento y dedicación.
14
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B. Consejera
Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 41001-23-33-000-2013-00403-01(0688-15).
15
Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de septiembre de
1997, Exp. 15734, Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro.
16
Cita de cita. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 2 de diciembre de 1999, Consejera ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero,
Radicación No.: 1321-99, Actor: Rafael Enrique Ávila Rivera.
El actor laboró por más de 20 años al servicio del magisterio del Distrito y si bien
es cierto que fue suspendido durante 8 meses como consecuencia de su
participación en una huelga, éste sólo hecho no implica que hubiera observado
mala conducta, pues se trata de una circunstancia aislada. La mala conducta a
que se refiere la norma es aquella que reviste cierta permanencia a lo largo de
la carrera docente, de tal manera que permita concluir que su comportamiento
fue persistentemente inadecuado.
En estas condiciones, no resultaría justo que un sólo hecho sirva como
parámetro de evaluación y sea éste esgrimido como razón para decidirle en
forma adversa el derecho pensional.
Ha de precisarse, además, que el artículo 28 in fine de la C.N. proscribe las
sanciones imprescriptibles, además de que con la negativa del reconocimiento
con fundamento en el hecho señalado, estaría incurriéndose en una doble
sanción por un mismo hecho. En los casos en que se solicita la pensión gracia,
se trata es de evaluar si a través de la prestación de sus servicios como
educador, el beneficiario observó un comportamiento negativo frente al medio
escolar.”
[…]».
Si bien el anterior antecedente jurisprudencial denota un tendencia garantista
del derecho que pudiese tener un docente bajo una condición posiblemente
calificada como de mala conducta, no puede obviarse que en otras
oportunidades se ha valorado la gravedad de la actuación reprochable y, en
dichos escenarios, se ha considerado que pierde relevancia la asiduidad o
permanencia en el tiempo de la actividad censurada, de modo que un solo
acontecimiento puede tener la virtualidad de afectar el reconocimiento de la
pensión gracia.
Así lo ha manifestado el Consejo de Estado en sentencia del 12 de mayo de
201117:
«La Sala no pasa por alto que, en relación con el requisito de la buena conducta
exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, se ha venido sosteniendo que
los hechos considerados como causales de mala conducta deben ser reiterados
durante el ejercicio de la actividad docente o aislados, pero de tal gravedad, que
ameriten la negativa del reconocimiento prestacional. […].»
Al igual que en providencia del 21 de abril de 2016, al indicar que18:
«De igual modo, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha expresado que
la mala conducta que hace nugatorio el acceso a la pensión gracia, debe
observarse en el transcurso del ejercicio profesional del docente, por lo cual, en
principio, los hechos aislados no constituyen fundamento para decretar la sanción,
salvo que los mismos sean tan graves que justifiquen la imposición de la misma.
Al respecto, se han trazado los siguientes lineamientos:
17
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B”.
Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011)
Radicación número: 25000-23-25-000-2005-08901-01(2045-09).
18
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A. Consejero
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00893-01(4119-13)
“(…) Indudablemente la ley exige como presupuesto para gozar de esta prestación
la prueba de que la interesada haya observado buena conducta; sin embargo, tal
expresión no puede entenderse referida a una situación determinada sino que sus
alcances abarcan el comportamiento que durante todo el tiempo de docente
observó pues la pensión gracia fue concebida como un estímulo a los educadores,
entre otras razones, por su dedicación y buen comportamiento.
(…)
Ahora bien, si la falta es grave y se comete una sola vez esta no requiere
permanencia; en otras palabras el transcurso del tiempo tampoco es esencial
porque la falta pudo haberse cometido mucho tiempo atrás. Un solo hecho
aislado sin la gravedad que reviste otro tipo de faltas no puede servir como
parámetro de evaluación y por ende esgrimido como argumento para negar el
derecho pensional.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).
De lo anterior se concluye que, dadas las repercusiones que se generan sobre los
derechos de los interesados como consecuencia de la negativa a reconocer la
pensión gracia es necesario que la conducta considerada como reprochable se
haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión,
afecte gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa,
impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente, el
concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación. […].»
Tales disposiciones jurisprudenciales definen el marco en el cual debe
analizarse la conducta desplegada por el señor Gustavo Salvador Meneses
Bayona, a efectos de establecer si los hechos que dieron lugar a la condena
penal que ha mencionado previamente, reviste tal magnitud que conlleve la
negativa del beneficio prestacional reclamado.
En ese sentido, habrá de evaluarse la continuidad de la trasgresión del
demandante a los deberes como servidor público y la gravedad de la falta.
Sobre el asunto en discusión
Se recuerda entonces que el recurso de apelación elevado por la parte
demandante, se encuentra sustentado sobre la base de que los hechos que
dieron lugar a la investigación penal que tuvo como resultado la condena por
la cual se alude el no cumplimiento del requisito de la buena conducta para
acceder a la pensión gracia, ocurrieron en el año 2001, época para la cual, el
señor Gustavo Salvador Meneses Bayona ya tenía cumplidos 22 años y 9
meses de servicio a la educación oficial del departamento Norte de Santander,
observando una excelente conducta en el ejercicio de su profesión.
De otro lado, para el momento en que la providencia condenatoria quedó
ejecutoriada, esto es, el 21 de mayo de 2010, el demandante ya tenía 26 años,
3 meses y 17 días de servicio, así como 50 años de edad, por lo que adquirió
el estatus pensional para el reconocimiento de la prestación el 16 de julio de
2009, es decir, antes de que la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito
de Bucaramanga, produjera efectos jurídicos.
Y finalmente, adujo que la mala conducta se predica de un comportamiento
recriminable de carácter permanente, asiduo o reiterativo de quien ejerce la
profesión docente, situación que no ocurre en el caso del señor Meneses
Bayona.
Al respecto, se tiene que adjunto al plenario se encuentra la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, el 13 de
junio de 200819, por medio de la cual se condenó al señor Gustavo Salvador
Meneses Bayona a «la pena principal y definitiva de tres (3) años de prisión y multa
de tres millones de pesos (3`000.000,00), como autor responsable del delito de
Peculado por Apropiación, en concurso con falsedad en documento privado, de que
tratan los arts. 133 y 221 del D.L. 100 de 1980, acaecidos en el municipio de La
Esperanza (N. S. ) en el año 2001, […]», en la cual se pueden leer como hechos
que sustentaron la decisión, los siguientes:
«Para el treinta (30) de Enero de 2001 el alcalde del municipio La Esperanza (N.
S. ) celebró un convenio de cooperación con la ONG Junta de Acción Comunal
Vereda Alto Vijagual de ese municipio, representada legalmente por MARUO(sic)
JAIMES BARÓN, con el fin de ampliar la planta de docentes de los
establecimientos educativos de la municipalidad, encargando al Director de Núcleo
la función de evaluar las necesidades del sector y del personal docente, siendo
esa dependencia la que se encargaría de coordinar la ubicación de ochenta y seis
(86) docentes, mediante órdenes de prestación de servicios, durante la vigencia
del convenio, que lo era de dos meses, contados a partir del 1º de Febrero
siguiente, teniendo este convenio un costo de setenta y cinco millones de pesos
($75`000.000,oo.).
Dicho convenio se renovó en varias ocasiones durante el año 2001, teniendo el
último de ellos vigencia hasta el 7 de Diciembre del mismo año, cuando culminó el
año escolar.
GUSTAVO SALVADOR MENESES, quien por entonces fungía como Director de
Núcleo adscrito a esa municipalidad, fue la persona que asesoró a la O.N.G.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTOS DE VIJAGUAL, circunstancia que
aprovechó para apropiarse de recursos propios del referido convenio de
cooperación, para lo cual falseó títulos valores aparentemente expedidos por
MAURO JAIMES BARÓN, encargado de la ejecución del contrato, para el pago de
los docentes.»
Se encuentra igualmente relevante señalar, la conclusión del análisis
probatorio a la que arribó la referida autoridad judicial sobre los hechos
acontecidos en el municipio La Esperanza, Norte de Santander, que dieron
lugar a la condena mencionada:
«En este orden de ideas, para el despacho no existe duda que GUSTAVO
SALVADOR MENESES BAYONA, siendo plenamente consciente y responsable,
encaminó su actuar a la apropiación de dineros del erario público, en su propio
beneficio, dando lugar a la estructuración de las conductas que nos ocupan, sin
que obre en su proceder causal excluyente de responsabilidad, de las que trata el
art. 232 del C.P.P. hallando la razón al señor Fiscal de la instancia, quien demandó
para el fallo condenatorio»
A su turno, se visualiza en el expediente la providencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Norte de Santander, Sala de Decisión Penal,
el 21 de abril de 2010, mediante la cual resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia del 13 de junio de 200820.
En la referida decisión el Tribunal confirmó la providencia impugnada y
19
Folios 100 a 132.
20
Folios 134 a 198.
desestimó las pretensiones del recurrente, teniendo en cuenta, entre otros
argumentos, los siguientes:
«De los medios de convicción atrás considerados individualmente, se colige sin
dubitación la estructuración de los punibles que soportan la condena, a la par, de
la responsabilidad del procesado en los mismos conforme se verá:
[…]
Descendiendo al asunto valorado, el sujeto agente calificado, esto es, el servidor
público en virtud del artículo 20 del C.P., es el Jefe de Núcleo del municipio la
Esperanza N.S., GUSTAVO SALVADOR MENESES, funcionario vinculado a la
Secretaría de Educación del Departamento del Norte de Santander y debidamente
posesionado.
[…]
En el asunto que nos ocupa, está probado que GUSTAVO SALVADOR MENESES,
Jefe de Núcleo de la Secretaría Departamental de Educación, tenía a su cargo la
ubicación de docentes del municipio la Esperanza según las necesidades del
servicio, labor esta que debía coordinar en la ejecución de los convenios de
cooperación así como consta en los celebrados entre la Junta Alto de Vijagual y la
alcaldía del municipio la Esperanza, y tras la cual tenía acceso no solo a la mera
coordinación, sino a la ejecución, según está demostrado era el asesor del
representante legal de la ONG, y desde esa función ejercía efectivamente actos
de disponibilidad mediata de los recursos.
[…]
Tras ello, no es de recibo de ninguna manera que su participación en este delito
sea en calidad de cómplice como lo aduce la defensa, pues con fundamento en su
cargo de Director de Núcleo directamente perpetró el peculado enrostrado,
valiéndose de la confianza que generaba su conocimiento en el representante legal
del convenio, esto es, realizó de propia mano y con dominio del hecho este injusto
de ejecución instantánea, pues fue él quien efectuó todos los actos de disposición
que se probaron.
[…]
Pues bien, sumado a esto, los actos que realizó solo denotan unívocamente su
intención de aprovecharse de la disponibilidad que mantenía de los recursos del
convenio, pues, ciertamente, sin ninguna justificación aparece no solo como
endosatario de los cheques expedidos con cargo a los recursos del convenio,
también es directo beneficiario de un cartular girado a su favor por Mauro Jaimes
Barón, por valor de $1.000.000 de pesos, sin que exista soporte contable para ello.
[…]».
Advierte la Sala que con las pruebas documentales se allegó el Decreto
000263 del 2 de julio de 200421 por medio del cual la Gobernación de Norte de
Santander ordenó la suspensión del cargo de Directivo Docente – Director de
Núcleo, ejercido por el demandante, con ocasión de la comunicación emanada
de la Fiscalía Segunda ante Jueces Penales del Circuito de Pamplona, Norte
de Santander, en la que se informó que mediante Resolución Interlocutoria
183 del 10 de junio de 2004 se dispuso medida de aseguramiento, detención
preventiva, en contra del señor Meneses Bayona.
Así mismo, anexo se encuentra auto de fecha 27 de junio de 200822, proferido
por la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de
Norte de Santander, dentro del trámite adelantado en contra del señor Gustavo
Salvador Meneses Bayona, a través del cual declaró la prescripción de la
acción disciplinaria por haber transcurrido más de cinco años sin que se
21
Folio 216.
22
Folios 207 a 210.
hubiese tomado una decisión de fondo, ni calificado en primera o segunda
instancia, o se hubiese dictado fallo debidamente ejecutoriado.
Consta también Decreto 000452 del 27 de mayo de 201423, expedido por la
Gobernación de Norte de Santander, mediante el cual se retiró del servicio
como Directivo Docente al demandante, y como fundamento de ello se señaló
que:
«[…] al ser condenado por el delito de peculado por apropiación, el señor Gustavo
Salvador Meneses Bayona, sobrelleva una inhabilidad vitalicia para ser designado
como servidor público; inhabilidad intemporal que no se agota con el cumplimiento
de la sanción impuesta, sino que su efecto se prolonga en el tiempo, […]».
Al amparo de las pruebas documentales aquí referenciadas, procede la Sala
a efectuar el análisis correspondiente y a abordar los argumentos expuestos
por el demandante en su recurso de apelación.
Si bien indica el recurrente que los hechos que suscitaron la condena penal en
contra del señor Gustavo Salvador Meneses Bayona, tuvieron lugar en el año
2001, fecha para la cual el demandante ya cumplía el requisito de haber
prestado sus servicios como docente en una plaza del orden territorial o
nacionalizado, también lo es que la naturaleza de la profesión por él ejercida
no solo propende por la generación del conocimiento, sino por la instrucción a
los educandos en temas que trascienden la simple exposición de datos e
información, es decir, constituye una importante labor de socialización primaria
y secundaria, entendidas éstas como las etapas en las que con la intervención
de terceros agentes, se obtiene un conocimiento relacionado con el
desempeño de roles a nivel individual, institucional o de agrupaciones.
El papel de un docente no tiene entonces un límite temporal determinado por
aquel, suficiente para satisfacer requisitos que le permitan acceder a ciertas
prerrogativas, como en este caso, la pensión gracia, sino que se extiende al
tiempo durante el cual ejerce sus labores como educador.
No puede entonces aducirse por el demandante que haber cumplido 20 años
de servicio docente con anterioridad a la fecha en la que se cometió la
conducta reprochable, lo exime de mantener o continuar demostrando una
conducta proba en el ejercicio propio de sus funciones.
De lo expuesto por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Norte de Santander, deviene claro que
la conducta punible que se le atribuye al demandante fue desplegada mientras
estuvo investido de las funciones propias de un servidor público en el cargo de
Directivo Docente, Director de Núcleo del municipio de La Esperanza; en ese
sentido, el señor Meneses Bayona hizo uso de las facultades asignadas
constitucionalmente al cargo por él desempeñado, para desnaturalizar la
finalidad del servicio público y transgredir el interés general.
Lo anterior implica que, asimismo, pierda importancia el hecho de que el
interesado hubiese completado los requisitos de edad y tiempo de servicio
antes de la ejecutoria de la sentencia que dispuso la condena aludida, pues ya
23
Folios 217 y 218.
desde el año 2004 (fecha previa a la adquisición de los 50 años de edad), la
Gobernación de Norte de Santander mediante el Decreto 000263 del 2 de julio
de 2004 había ordenado la suspensión del cargo de Directivo Docente –
Director de Núcleo, ejercido por el demandante, lo que demuestra que las
consecuencias de su comportamiento indebido se encontraban generando
efectos jurídicos desde el preciso instante en que cometió el hecho punible.
Ahora, y pese a que conforme se indicó en líneas precedentes, la
jurisprudencia de esta Corporación ha resaltado la necesidad de analizar la
asiduidad o permanencia en el tiempo de la conducta reprochable, la misma
ha enfatizado en que la gravedad de la actuación puede ser de tal rigor que
resulta suficiente su simple causación por una vez y de forma instantánea.
Para esta Sala, la condena impuesta al señor Gustavo Salvador Meneses
Bayona por haber incurrido en el tipo penal de peculado por apropiación en
concurso de falsedad en documento privado, reviste tal gravedad que despoja
de cualquier consideración relevante al tiempo y la continuidad de la actuación
reprochable, pues resulta evidente su responsabilidad e intención en
contravenir los postulados de honradez, consagración y buena conducta que
se asumen implícitos en el servicio público docente.
No se olvida que el proceso penal tuvo como causa la destinación de recursos
públicos adquiridos por el municipio La Esperanza, a través del convenio de
cooperación que suscribió con la ONG Junta de Acción Comunal Vereda Alto
Vijagual de ese municipio, con el fin de ampliar la planta de docentes de los
establecimientos educativos de la municipalidad, lo que comprende
necesariamente una vulneración a los deberes propios de la administración y
gestión de dineros provenientes de la nación y cuya finalidad se encuentra
dirigida a solventar necesidades del sector educativo.
Así las cosas, y toda vez que por virtud el artículo 4.º de la Ley 114 de 1913
debe analizarse el artículo 46 del Decreto 2277 de 1977 relacionado con las
causales de mala conducta, se entiende que el demandante se encuentra en
el supuesto señalado en el literal g) del artículo 46, Ibídem esto es, haber sido
condenado por delito o delitos dolosos.
Tal conclusión comprende entonces la negación de los requisitos
contemplados en los numerales 1.º y 4.º del artículo 4.º de la Ley 114 que
habilitan, entre otros, al docente para acceder a la pensión gracia de jubilación.
Lo considerado resulta suficiente para que esta Sala advierta comprobado el
no cumplimiento de la exigencia de la buena conducta que debe verificarse por
parte del docente Gustavo Salvador Meneses Bayona, a efectos de acceder a
la pensión gracia que reclama; en esa medida, y por no encontrar procedentes
los argumentos del recurso de apelación, se confirmará la sentencia de
primera instancia que desestimó las súplicas de la demanda.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, y toda vez que los argumentos de la alzada no tuvieron
vocación de prosperidad, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201624 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP25, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
En ese orden de ideas, en el presente caso se condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, por cuanto los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no tuvieron vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
25
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de noviembre de 2016, proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Gustavo
Salvador Meneses Bayona contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante,
por lo brevemente expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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