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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00530-01

Fecha
23 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00530-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. MODIFI CAR el ordinal segundo de la sentencia del 26 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Floralba Figueroa contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideracione s expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. En su lugar, se dispone: «SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la www.consejodeestado.gov.co 49 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018) Demandante: Floralba Figueroa Protección Social –UGPP, reconocer la pensión gra cia de sobreviviente a la señora Floralba Fig ueroa en su condición de cónyuge supérstite , a partir del 14 de febrero de 20 11 , en cuantía equivalente al 75% del promedio de factores salariales devengados por el causante de la prestación durante el año previo a la adquisición del estatus pensional comprendido entre el 30 de agosto de 1992 y el 29 de agosto de 1993, teniendo en cuenta los factores relacionados en el Certif icado de Sueldos No. 027, emitido el 6 de febrero de 2007 56, siempre que constituyan factores cuya creación y reconocimiento se hubiese realizado en el marco de las competencias legales y constitucionales. SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada . TERCERO. No condenar en costas en esta instancia . CUARTO. En firme esta decisión , devolver el expediente al Tribunal de origen y efect uar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00530-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

23 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintit rés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018)
Demandante: Floralba Figueroa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1

Tema: Reconocimiento pensión gracia de sobreviviente .
Causales de m ala conducta . Acreditación de
convivencia y dependencia. Prescripción . Ley 1437
de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado conoce el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
del 26 de abril de 2018 , que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda 2
1.1. Pretensiones

La señora Floralb a Figueroa , por intermedio de apoderado , en

1 En adelante UGPP.
2 Folios 53 a 60.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018)
Demandante: Floralba Figueroa

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,
deprecó declarar la nulidad de las Resoluciones 9969 del 23 de
junio de 1997 , 024850 del 9 de diciembre de 1997 , 00314 del 2
de febrero de 199 8 , 28879 del 13 de diciembre de 2004 , 48166
del 16 de septiembre de 2008 , y UGM 012220 del 5 de otubre de
2011, por medio de las cuales , la accionada negó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.

A título de restablecim iento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia «post
mortem» (sic) a p artir de la fecha en que el causante alcanzó el
estatus pensional, es decir , el 14 de abril de 1993 ; (ii) pagar el
retroactivo correspondiente desde el 14 de abril de 1993 hasta
cuando se haga efectivo el pago ; (iii) cumplir la sentencia conforme
al artículo 192 del CPACA ; (iv) indexar las sumas de dinero
reconocidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la
Ley 1437 de 2011 ; y (v) pagar las costas y agencias del proceso .

1.2. Hechos que fundamentan la de manda

La señora Floralba Figueroa indicó que su cónyuge, e l señor Héctor
Ignacio Tobaría Becerra (Q.E.P.D.), nació el 23 de noviembre de
1937 y se desempeñó como docente en el per íodo co mprendido
entre el 9 de mayo de 1960 y el 3 de septiembre de 1995 , de manera
interrumpida, y el tipo de vinculación fue nacionalizado .

Informó que el causante falleció el 3 de septiembre de 1995 y que
contrajo matrimonio con el señor Héctor Ignacio Tobaría Becerra
(Q.E.P.D.) el 13 de noviembre de 1993 , con quien convivió hasta el
momento del deceso.

3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018)
Demandante: Floralba Figueroa

Señaló que en varias oportunidades solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia «sustitutiva », la cual le
fue negada a través de los actos administrativos demandados.

Como argumentos para negar la petición, la entidad argumentó que
el causante fue suspendido en el ejercicio de su cargo en dos
oportunidades , sin que exista claridad respecto de l as razones que
llevaron a la suspensión ; además, el accionante se vinculó como
docente en el año 1960 hasta 1971 ininterrumpidamente y se volvió
a vincular hasta el 14 de septiembre de 1982, es decir después de
la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 , por lo que no hay lugar
al reconocimiento prestacional y adicionalmente, indicó que
existían inconsistencia s respecto de la vinculación en tanto que,
consultada la base d e prestaciones del magisterio, el causante «no
aparece».

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La señora Floralba Figueroa indicó que con los actos
administrativos d emandados, la entidad incurrió en falsa
motivación, toda vez que el causante cumplió con los re quisitos de
edad y tiempo de servicio como docente nacionalizado, por lo que
el argumento expuesto relativo a la mala conducta no resulta de
recibo, pues la de mandada presume la mala fe por el h echo de que
los decretos que ordenaron la suspensión no fueron motivados ,
dejando de lado la aplicación del prin cipio de favorabilid ad y buena
fe.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de la s pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho , al considerar que
los Decretos 921 del 9 de noviembre de 1964 y el 573 del 25 de

4 Folios 94 a 100.

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Demandante: Floralba Figueroa

agosto de 19 67, mediante los cuales se sancionó al causante, se
encuentran en firme y no fueron impugnados , y si bien no consta la
duración ni los motivos que originaron la sanción impuesta, se
muestra evidente que el causante fue suspendido en dos
oportunidades por autoridad competente .

Propuso las siguientes exc epciones: (i) ausencia de vicios en el
acto administrativo; (ii) inexistencia d e la obligación de reconocer
la pensión; (iii) cobro de lo no debido; (iv) imposibilidad de condena
en costas; y (v) la que se reconozca de manera oficiosa .

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
el 2 de septiembre de 2019 llevó a cabo la audiencia inicial ,
oportunidad en la que , al fijar el litig io , realizó un recuento de los
hechos y pretensiones expuestos en la demanda , sin que las partes
emitieran pronunciamiento en contra .

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia del 26 de abril de 2018, resolvió
declarar la nulida d de los actos administrativos demandados y
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda así :

«[ …]

SEG UNDO : O RDEN A R a la Unidad Adm inist r at iva Espec ial de
G est ión Pensiona l y Cont r ibuciones Par af iscales de la Pr ot ección
Socia l – UG PP, a r econocer la pens ió n gr acia de j ubilac i ón a la
señor a Flor a lba F i guer oa, ident if ic ada con cedula de ci udaní a
núm er o 41. 664. 553, en su cal idad de c ó nyuge supér st it e de l señor
Héct or I gnacio Tobar í a Becer r a, a part ir del 3 de sept iem br e de

5 Folios 153 y 154. CD a folio 69.
6 Folios 157 a 171.

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Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018)
Demandante: Floralba Figueroa

1995, con el 75% del pr om edio de los f act or es de salar i o
devengados en e l ú l t im o año ant er ior a l a adquis ició n del st at us de
pensiona do, t eniend o en cuent a que cuando se tr at a de f act or es
salar ia les de causac ión anua l, se t om ar á la doceava par t e.

T ERCERO : O RDEN A R a la Unidad A dm inist r at iva Espec ial de
G est ión Pensiona l y Cont r ibuciones Par af iscales de la Pr ot ección
Socia l - UG PP, a pagar las m esadas pensiona les a la señor a
Flor alb a Figuer oa, ident if ica da con ce dula de ciud aní a núm er o
41. 664. 553, en su calid ad de cónyuge supér st it e del señor Héct or
I gnacio Tobar í a Be cer r a, a par t ir del 14 de f ebr er o de 2 011, en
vir t ud de la pr escr ipción t r ienal.

[ …]

SÉPT I M O: NEG A R las dem ás pr et ensiones de la dem anda.

O CTA VO : No hay lugar a condena en cost as. » (sic)

Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial, de acuerdo
con las pruebas allegadas , concluyó respecto del causante que: (i)
el tipo de vinculación del docente fue nacionalizado; (ii) acreditó el
cumplimiento del tiempo de servicio ; (iii) alcanzó la edad de 50 años
el 23 de noviembre de 1987; y (iv) se vinculó como docente antes
del 31 de diciembre de 1980 .

Indicó que , conforme a las certificaciones allegadas se pudo ultimar
que el causante acumuló 22 años, 4 meses y 24 días como docente
al servicio de los departamentos de Tolima, Meta y P utumayo y
mencionó que, aun restando el tiempo correspondiente a las
suspensiones –de 140 y 7 días –, ostentaría 21 años, 11 meses y 4
días.

Respecto de las sanciones, sostuvo que mal podría afirmarse que
la suspensión obedeció a una causal de mala conducta ya que , tal
y como lo afirmó la demandada en la Resolución UGM 1 2220 del 5
de octubre de 2011, no existe certeza del origen de la sanción y la
entidad no pudo probar que obedeciera a supuestos enlistados en
la norma que regula la materia . En ese orden, co ligió que la referida

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Radicación: 25000234200020140053001 (5893-2018)
Demandante: Floralba Figueroa

sanción no tiene la capacidad para negar el beneficio prestacional
reclamado ya que no denota mala conducta .

Seguidamente sostuvo que, la parte actora reúne los requisitos
necesarios para el reconocimiento y pago de la pensión gracia post
mortem.

Así mismo, señaló que el monto prestacional se deduce de lo
devengado en el último año de servicio anterior a la causación del
derecho (3 de septiembre de 1995), es decir, sobre el sueldo
mensual básico, prima de alimentación, auxilio de movilización,
grado escalafón clima, sobresueldo 35% y prima de navidad.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La entidad demandada solicitó revocar la decisión y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda .

Luego de realizar un resumen de la actuación administrativa
adelantada y transcribir la parte reso lutiva de la sentencia, indicó
que la demandante no reúne los requisitos para acceder a la
pensión gracia para lo cual relacionó el marco normativo de la
prestación referida.

Seguidamente indicó que , la Ley 114 de 1913 , exige para el
reconocimiento de la pensión gracia que el docente haya observado
buena conducta, «situación que no se demostró en el transcurso del
proceso, al no desvirtuarse la validez de la sanción registrada en
contra del causante en su hoja de vida» , pues el causante fue
suspendido del ejercicio de su cargo en dos oportunidades
mediante los Decretos 921 del 9 de noviembre de 1964 y el 573 del
25 de agosto de 19 67 « no exist ien do cl ar idad f r ent e a las r azones por
las cuales f ue suspe ndido , per o sí se t iene cer t eza que dicha suspensión

7 Folios 176 a 182.

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f ue or denada por aut or idad com pet ent e [ …] y no dem ostr ó la par t e
dem andant e en el t r anscur so del pr oces o que dichas suspe nsiones no
est én en cont r aví a de las buenas cost um br es .»

Agregó que la suspensión disciplinaria supone de entrada la
transgresión por p arte del docente de alguno de sus deberes y no
corresponde a la e ntidad acreditar que los hechos que la motivaron
no atañen a la mala conducta del educador.

Finalmente, la entidad refirió los sigu ientes puntos :

i) “No demostró con claridad el periodo comprendido entre el 9
de mayo de 1960 y el 30 de agosto de 1971 respecto del tipo de
vinculación ”, sin exponer más argumentos al respecto.

ii) La legitimación en la causa debe analizarse a la luz d e las
normas vigentes al momento del deceso, siendo la convivencia y la
dependencia económica aspectos relevantes para definir si la
accionante puede o no disfrutar de la pensión gracia que reclama.

iii) No proceden las costas porque no se acreditó su causación y
no existe mala fe por parte de la accionada .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demanda nte 8 solicitó co nfirmar la decisión , teniendo
en cuenta que la entidad no demostró que el señor Héctor Ignacio
Tobaría Becerra como causante de la pensión gracia que reclama
la actora en calidad de cónyuge supérstite , haya obrado en
contravía del numeral 4 .º del artículo 4 .º de la Ley 114 de 1913 ,
que dispone que se requiere haber observado buena conducta para
gozar de la prestación

8 Folios 215 a 219.

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6.2 La entidad demanda da 9 insistió en los argumentos expuestos
en el escrito de apelación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público no se pronunci aron según el informe secretarial obrante a
folio 220.

II. CONSIDERACI ONES

2.1. Competencia

El Consejo de Est ado es competente para resolver e l recurso de
apelación , de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrati vo y de lo Contencioso Administrativo 10
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 11.

2.2. Problema s jurídicos

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada , corresponde a la Sala determinar:

1. Si el señor Héctor I gnacio Tobaría Becerra (Q.E.P.D) , en calidad
de docente , acreditó los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia , de acuerdo con las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la
regulan.

2 . En caso afirmativo, se deberá establecer si ¿la accion ante , en
su condición de cónyuge supérstite , se encuentra habilitad a
para reclamar la pensión de sobreviviente .

9 Folios 228 a 229.
10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia f ue consagrada mediante el artículo 1 .º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.
Por su parte, la L ey 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y
autorizó la suma de servicios p rest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la norm alista y la
inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» , «nacionalizado» y
«territoria l».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer

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que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá , siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos.

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territo rial y nacionalizad o, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de lo s recursos
provenientes del sistema general de participaciones .

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación

12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Floralba Figueroa

interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuesta l; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha pre visto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certif ica ción de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En cuanto al orige n de los recu rsos de la entidad nominadora , se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada .

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciembre de 1980

13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Floralba Figueroa

y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

En conclusión , queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente d urante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública , o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tie mpos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la
edad de 50 años y haber observado buena conducta.

2.3.2 Mala conduc ta como causal para la pérdida del derecho de
la pensión gracia.

Como se indicó, l a Ley 114 de 1913 , en su artículo 4.º , establece,
entre otros requisitos, para que proceda el reconocimiento de la
pensión gracia la b uena conducta de los docentes en el ejercicio de
sus funciones.

Así se advierte en la citada norma:

«ARTÍ CU LO 4o. Par a gozar de l a gr acia de la p ensió n ser á pr eciso
que el int er esado co m pr uebe:
1o. Q ue en los em pleos que ha desem peñado se ha conduc ido con
honr adez y consagr ación.
2o. Q ue car ece de m edios de subsist encia en ar m oní a con su
posici ón socia l y cost um br es.
3o. Q ue no ha r ecibid o ni r ecibe act ualm ent e ot r a pensión o
r ecom pensa de car áct er nacional. Por consigu ient e, lo dispue st o en
est e inciso no obst a par a que un m aestro pueda r ecibir a un m ism o

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t iem po sendas pensi ones com o t al, concedidas por la Nac ió n y por
un Depar t am ent o.
4o. Q ue observa buena conduct a.
5o. Q ue si es m uj er , est á solt er a o viuda.
6o. Q ue ha cum plido cincuent a años, o q ue se hall a en inca p acidad
por enf erm edad u ot r a causa, de ganar lo necesar io par a su
sost enim ient o. »

Sobre este particular, el Decreto 2277 de 24 de septiembre de 1979,
por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente, establece en su artículo 46 las causales de mala
conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente que
dispone:

«ARTÍ CU LO 46. CAUSALE S DE M ALA CO NDUC TA. Los siguient es
hechos debi dament e comprobados const it uyen causales de m ala
conduct a;
a) . La asist encia habit ual a l sit io d e t r abaj o en est ado de
em br iaguez o la t oxi com aní a;
b) . El hom osexualis m o o la pr áct ica de aber r aciones sexua l es.
c) . La m alver sación de f ondos y bienes escolar es o cooper a t ivos;
d) . El t r áf ico con calif icaci ones, cer t if icados de est udio, de tr abaj o
o docum ent os públic os.
e) . La aplicac ión de cast igos de n igr ant es o f í sicos a los educ andos;
f ) . El incum plim ie nt o sist em át ico de los deber es o la violació n
r eit er ada de las pr ohibic iones .
g) . El ser condenado por delit o o delit os dolosos;
h) . El uso de docum ent os o inf or m acion es f alsas par a inscr i pción o
ascensos en el Escalaf ón, o par a obt ener nom br am ient os,
t r aslados, licenc ias o com isiones;
i) . La ut ilizac ión de l a cát edr a par a hacer pr oselit ism o polí t ic o;
j ) . El abandono del car go. » ( r esalt ado de la Sala)

Ahora bien, no cualquier actuación reprochable realizada por un
docente puede originar la pérdida de su derecho a percibir la
pensión gracia. Al respecto, el Consejo de Estado 14 ha considerado
dos circunstancias específicas pasibles de la consecuencia descrita:
i) el comportamiento censurab le fue realizado repetitivamente
durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cua ndo a pesar
de ser realizado una sola vez, revist e tal gravedad que la conducta
implica peligro para la comunidad educativa o el ejercicio de la

14Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de
septiembre de 2011, radicado 76001 -23-31-000-2007-00034-01 (2442-11).

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docencia.

Así las cosas, en cada caso se deberá analizar la naturaleza de la
conducta atribuida al docente , la frecuencia con que esta se realizó
y la incidencia o grado de afección de la comunidad educativa, lo
anterior, a fin de evitar que un hecho aislado o sin repercusi ón
alguna constituya una causal de impedimento para el
reconocimiento de un derecho pensional.

En este orden de ideas, resulta imperioso determinar si se encuentra
probada la causal de mala conducta invocada por la parte
demandada a efectos de establecer si procede la n egativa del
beneficio prestacional.

2.3.3 Del derecho a la pensión de sobreviviente

Teniendo en cuenta que las normas que regulan la pensión gracia
no prevén la su stitución pensional , esta Corporación, e n la
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 de 2022 15, señaló los
criterios sobre el tema y dispuso que son aplicables las normas
generales anteriores a la Ley 100 de 1993, bajo el entendido que ,
para los excluidos de la referida ley, en los términos del artí culo
279, continúa vigente la Ley 71 de 1988 y el Decreto Re glamentario
1160 de 1989.

En la mentada decisión , se indicó que «par a la doct r ina y en algunas
sent encias, cuando f allece el pensio nado que t ení a un der echo
consol idado se est á en el cam po de la sust it ución pens iona l, m ient r as
que, cuando qu ien m uer e es el af il i ado, se habla de pensión d e
sobr evivie nt es. »

De igual forma se aplica el artículo 4 7 de la Ley 100 de 1993, si se
encuentra vigente a la fecha del d eceso (porque dicha pensión

15 C o n s e j o
de Estado. Sentencia del 11 de agosto de 2022. Radicado 23001 -
23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017) Accionante: Roby Rosy Ramos Reyes.

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estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional), y el a rtículo 2 79 ibidem
solamente exceptúa las prestaciones a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magist erio , o la modificación prevista
en el artículo 12 de Ley 797 de 2003 .

Se concluye entonces que, a la luz de la mentada decisión
unificadora, la pensión gracia se puede sustituir con el lleno de los
siguientes requisit os:

«La nor m a aplicab l e sobr e el r equisit o de convivenc ia p ar a el
cónyuge supér st it e o el com pañer o per m anent e en m at er ia de
sust it ución de pe nsi ón gr acia es la vige n t e par a la f echa del deceso
del causant e , en arm oní a con lo dispue st o en el Act o Legislat ivo 01
de 2005, que r em it e a las leyes del Sist e m a G ener al de Pensiones,
sin per j uicio de los der echos adquir idos baj o nor m as ant er ior es. En
el caso de est ar vi gent e el ar t í culo 4 7 de la Ley 100 de 1993,
m odif icado por e l ar t í culo 13 de la L ey 797 de 2003, se ex i ge al
cónyuge o al c om pañer o acr edit ar n o m enos de 5 añ os de
convivenc ia con el d ocent e o el pension ado. »

En conclusión, se debe verificar si la parte que reclama el derecho
cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la ley a
efectos de hacerse acreedora del amparo que solicita .

2.4. Caso concreto

2.4.1. Actuación administrativa

La accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia «post mortem» (sic), la cual le fue negada, así:

A) En cumplimiento de una acción de tutela, a través de la
Resolución 9969 del 23 de junio de 1997 16, CAJANAL indicó que
dentro de los certificados allegados aparece que el causante fue
suspendido en el ejercicio de su cargo mediante los Decretos 921
del 9 de noviembre de 1964 y el 573 del 25 de agosto de 1967, y
de los mismos solo se establece la sanción impuesta más no la

16 F o l i o s 2 a 5.

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duración o los motivos, siendo necesario que se copien lo s artículos
referentes a esos aspectos, por lo que denegó la prestación «hasta
tanto se haga claridad al respecto».

La accionante recurrió la decisión y esta fue resuelta en sede de
reposición mediante la Resolución 0 24850 del 9 de di ciembre de
1997 17, y en sede de apelación , por medio de la Resolución 00314
del 2 de febrero de 1998 18, oportunida des en las que la entidad
confirmó la decisió n con los mismos argumentos y, adicionalmente,
indicó que no fueron aportados nuevos elementos de juicio que
permitieran variar la decisión .

B) Posteriormente, mediante solicitud elevada el 5 de marzo de
2004, la señora Floralba Figueroa reiteró la petición, que fue
negada mediante la Resolución 28879 del 13 de diciembre de
2004 19, por considerar que no aportó juicios diferentes a los
considerados en el primer acto administrativo y perma necían las
mismas condiciones de la solicitud inicial .

C) Mediante escrit o de l 31 de enero de 2008, la accionante, solicitó
nuevamente el reconocimiento y pago de la pensión gracia «post
mortem» y la su stitución de la misma , la cual fue resuelta
negativamente por medio de la Resolución 48166 el 16 de
septiembre de 2008 20, con los mismos argumentos expuestos y
señaló que la peticionaria debía demostrar que las suspensiones no
están en contravía de las buenas costumbres .

D) El 19 de mayo de 2011 21, la accionante reiteró la solicitud , que
fue negad a por medio de la Resolución UGM 012220 del 5 de

17 F o l i o s 6 a 11.
18 F o l i o s 12 a 15.
19 F o l i o s 16 y 17.
20 F o l i o s 18 a 20.
21 F o l i o s 24 a 28.

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otubre de 2011 22, con base en las mismas consideraciones relativas
a las sanciones impuestas.

2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto

• Sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
pensión gracia

2.4.2.1 El señor Héctor Ignacio Tobaría Becerra (Q.E.P .D):

• Nació el 23 de no viembre de 1937 23, por tanto, el mismo día y
mes de 1987 cumplió 50 años de edad.
• Falleció el 3 de septiembre de 1995 24.

2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente .

Mediante auto de mejor proveer del 20 de abril de 2023 25, esta Sala
solicitó a las Secretarías de Educación del Tolim a, Meta y
Putumayo , que allegarán copia de los actos administrativos de
nombramiento del causante y certificaciones de tiempos de servicio,
los cuales fueron aportados en debida forma y se proceden a
analizar, así:

A) Tiempos anteriores al 31 de diciembre de 1980
• Del periodo comprendido entre el 11 de mayo de 1960 y el 19
de noviembre de 1964 , nombrad o mediante el Decreto 328 del
9 de mayo de 1960 26.

22 F o l i o s 21 a 23.
23 S e g ú n c o n s t a
en la fotocopia de la cédula de ciudadanía (fl. 51 y expediente
administrativo digital folio 69).
24 C o n f o r m e al registro civil de defunción 1234897 (fl. 30).
25 V i s i b l e en SAMAI a índice 21.
26 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.

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[ …]
ARTICULO 25.- Nómbrese a HECTOR IGNACIO TOVARIA BECERRA, Seccional
de la Escuela Urbana de Varones de Natagaima, con asignación mensual de
$350,oo, como interino, cargo vacante.-
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Educación Gobernador

• Fue allegada , a solicitud de esta Sala, junto con el acto de
nombramiento referido , copia del Acta de Posesión ante el
alcalde y su secretario.
• De acuerdo con la Certif icación de Tiempo de Servicios emitida
por la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima 27 el 21 de
septiembre de 2007 , se indica que la vinculación fue «En
propiedad, como Nacionalizado» (sic). En cuanto a lo s tiempos
de servicio se rela cionan los siguientes :

• A solicitud de esta Sala, fue también adjuntado el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por

27 F o l i o s 33 y 34.

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la Secretaría de E ducación del Tolim a el 23 de mayo de 2023 28,
en el que se puede verificar que el causante fungió como docente
de primaria, nombrado en propiedad y realizó apo rtes a la Caja
de Previsión Social del Tolima. En dicho documento no se
establece el tipo de vinculación , pues solo indica que el régimen
de pensiones era nacionalizado :

Ambos certificados resultan coincidentes en cuanto a los
extremos temporales, los cuales , se encuentran comprendidos
entre el 11 de mayo de 1960 y el 19 de noviembre de 1964.

Adicionalmente, fue allegada también a esta Corporación,
constancia emitida el 13 de junio de 2023 por la directora
administrativa y financiera de la Secretaría de Educación y
Cultura del Tolim a , en la que se indica que las prestaciones
correspondientes a dicho periodo , fueron pagad as con recursos
del ente territorial, y se corroboran los extremos temporales , así:

28 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.

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El examen del referido acto de nombramiento constituye relevancia
para determinar si el docente tiene el derecho, o no, al
reconocimiento de la pensión gracia, pues , establece si ocurrió
antes del 31 de diciembre de 1980 y cuál fue la naturaleza jurídica
de la vinculación.

Ahora bien, de acuerdo con el análisis probatorio de los documentos
relacionados, es posible colegir que el Decreto 328 del 9 de mayo
de 1960, fue emanado del gobernador del Tolima, en calidad de
representante del ente territoria l en uso de las facultades que le son
inherentes, es decir, que no invocó normas que permitan inferir que
actuaba como delegado de la Nación y, en ese orden, la designación
no proviene del Ministerio de Educación Nacional .

No existe duda de que no hubo intervención por parte del gobierno
Nacional, ya que estuvo suscrito únicamente por el gobernador y su
secretario.

Sumado a ello, no se especificó que la plaza fuese nacional, o que
los pagos de esos salarios fueran procedentes de esta cartera y ,
por el contrario, se dispuso de manera expresa que se nombraba a l
causante como seccional en interinidad de la Escuela Urbana de
Varones, ubicado en el municipio de Natagaima y en una plaza que
se encontraba vacante .

Es relevante resalt ar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903,
las entidades territ oriales, por regla g eneral, estuvieron únicamente
a cargo y bajo la dirección de la educación primaria (artí culo 3), sin
embargo, por disposición expresa conforme al artí culo 4.º ibidem
también quedaron habilitadas para administrar establecimientos de

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enseñanza secundaria, por lo que e l nombramiento que aquí se
analiza, sería consecuente con la atribución que con antelación
había otorgado el legislador.

Además, por dispo sición de la Ley 114 de 1913 se consagró por
primera vez la p ensión gracia para docentes de escuelas de
primaria oficiales (artículo 1.º), y según el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del FOMAG, el
causante se desempeñó co mo docente en primaria.

Resulta necesario destacar que en el presente asunto el docente
fue nombrado por la entidad territorial con anterioridad a la
nacionalización adelantada por la Ley 43 de 1975 , lo que permite
concluir que, para el período que aquí se analiza, el docente
ostentó una vinculación territorial.

Cabe agregar que , el Certificado de Tiempo de Servicios del 21 de
septiembre de 2007, en relación con el «Fondo de Pensiones» ,
indicó que el causant e realizó aportes entre el 9 de mayo de 1960
y el 19 de mayo de 1964 a la Caja de Previsión Social del Tolima ,
lo que reafirma el tipo de vinculación .

Ahora bien, de acuerdo con la s certificaciones relacionada s, estas
dan cuenta de los traslado s efectuado s con posterioridad al
mentado nombramiento para ocupar plazas docentes en diferentes
municipios del mismo departamento –Armero, Prado, Purificación,
Ibagué, Anzoátegui –, sin que hubiese existido solución de
continuidad, de manera que estos eventos administrativos no
modifican de forma alguna e l nombramiento inicial y, en ese orden,
deben ser contabilizados para efectos de colmar el requisito de
tiempo de servicios para acceder a la pensión gracia .

• Del periodo comprendido entre el 20 de agosto de 19 65 y el
24 de agosto de 1 967, nombrad o mediante el Decreto 467 del

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20 de agosto de 1965 29:

[… ]
ARTICULO 32.- Nombrar a HECTOR IGNACIO TOVARIA BECERRA, seccional
de la Escuela Urbana de Varones “Nicanor Velásques”, municipio de
Ambalema, con asignación mensual de $680,oo, en remplazo de ISIDRO
GIRALDO CORREA, cuya renuencia se acepta a partir del 2 de agosto del año
en curso.-
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
[…]
Gobernador
Secretario de Educación

• Mediante Oficio remisorio del 13 de junio de 2023, la Secretaría
de Educación y Cultura 30 indicó que allega ba el Decreto 467 del
20 de agosto de 1965 en 3 folios, y seguidamente señala «Acta
de posesión de este nombramiento, NO se encontró en los
archivos.»

• La Certificación de Tiempo de Servicios del 21 de septiembre de
2007, relaciona los siguientes periodos:

En esta certificación se relacionan las sanciones a que refiere la
UGPP, de la siguiente manera:

29 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.
30 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.

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Novedad Acto Numero Fecha Fec. Fiscal Fec. Pos. Fec. Hasta Años Meses Días
SUSPENSION PROVISIONAL DEC 921 20-nov-64 20-nov-64 19-nov-64 0 0 0
SUSPENSION PROVISIONAL DEC 573 25-ago-67 25-ago-67 14-ene-68 0 4 2

• También fue adjuntado el Formato Único para la Expe dición de
Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de
Educación del Tolima el 23 de mayo de 2023 31, del cual, es
posible verifica r que el causante fungió como docente de
primaria, nombrado en propiedad y realizó aportes a la Caja de
Previsión Social de l Tolima. En dicho documento no se establece
el tipo de vinculación :

En este caso, ambos certificados resultan coincidentes en cuanto
al extremo inicial, es decir , el 20 de agosto de 1965. Sin embargo,
el extremo final debe fijarse teniendo en cuenta la suspensión
provisional impuesta a través del Decreto 573 del 25 de agosto
de 1967, que corresponde al 24 de agosto de ese año.

Sobre este periodo, la Sala observa q ue es posible aplicar el mismo
análisis efectuado en precedencia, pues, al igual que el anterior,

31 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.

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este también fue emanado del gobernador del Tolima, en calidad de
representante del ente territoria l en uso de las facult ades que le son
inherentes, es decir, sin invocar normas que permitan inferir que
actuaba como delegado de la Nación y, en ese orden, la designación
tampoco provin o del Ministe rio de Educación Nacional .

No fue allegada alguna evidencia de la que se pueda concluir que
dicho nombramiento se efectuó con intervención de la Nación y
tampoco hubo intervención por parte del gobierno Nacional, ya que
estuvo suscrito únicamente por el gobernador y su secre tario , ni se
especificó que la plaza fuese nacional, o que los pagos de esos
salarios fueran procedentes de esta cartera y, por el contrario, se
dispuso de manera expresa que se nombraba a l causante como
seccional en interinidad de la Escuela Urbana de Varones , ubicado
en el municipio de Ambalema.

Igualmente ocurrió con anterioridad a la nacionalización a delantada
por la Ley 43 de 1975, lo que permite concluir que, el docente
también ostentó una vinculación territorial.

Cabe agregar que en relación al «Fondo de Pensiones» , en el
Certificado de Tie mpo de Servicios del 21 de septiembre de 2007
se señaló que realizó aportes a la Caja de Previsión Social del
Tolima, hecho que corrobora la afirmación relativa al tipo de
vinculación .

En este periodo, de acuerdo con la s certificaciones re lacionada s,
es dable colegir q ue los traslado s ef ectuado s con posterioridad al
nombramiento analizado –en los municipios del Líbano, Rioblanco
y Planadas–, no modifican de forma alguna e l inicial dado que no
existió solución d e continuidad , por lo que también deben ser
tenidos en cuenta para efectos de reconocer la pensión gracia .

• Del periodo comprendido entre el 3 de marzo de 1969 y el 31
de agosto de 197 1, nombrado mediante el Decreto 72 del 3

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de julio de 1969 32

A solicitud de esta Sala , fue allegado por parte de la Secretar ía de
Educación del Meta, mediante Oficio 3401 del 31 de mayo de 2013
copia del Decreto 72 de 1969 y Acta de Posesión 6832 del mismo
año, así como del Decreto 143 de 1970 y Acta 7276 del mismo año,
mediante el cual fue nombrado en encargo, y del Decreto 218 de
1971 y Acta 7884 del mismo año, por medio del cual, el causante
fue trasladado.

Adicionalmente indicó que:

El Decreto 72 del 3 de julio de 1969 dispuso:

• Por su parte, el A cta 6832 del 3 de marzo de 1969, señala que
tomó posesión ante el gobernador y el secretario de Gobierno del
cargo de «MAESTRO 4 CATEG ORÍA ESCUELA RURAL

32 V i s i b l e en SAMAI a índice 31.

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“HUMADEA” ACA CIAS.
• Fue anexado el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación del
Meta el 31 de mayo de 2023 33, del cual, es posible verificar que
el causante fungió como director ru ral en primaria, nombrado en
propiedad. Se indica que es nacionalizado para ese periodo y que
la fuente de recursos corresponde a «RECURSOS PROPIOS».

En cuanto al tiempo de servicios, rela cionó los siguientes:

• Con la demanda, fue allegado el Certificado de Tiempo de Servicios
emitido por la Secretaría de Educación del Meta del 6 de marzo de
2007, que, si bien fue emitido con anterioridad al referido, resulta
coincidente, así:

33 V i s i b l e en SAMAI a índice 33.

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La Sala observa que , a este periodo también le es aplicable el
análisis efectuado a los anteriores , ya que también fue emanado
del representante del ente territorial, en esta ocasión el gobernador
del Meta, sin invocar normas adicionales a las que le son inherentes,
de manera que no actuaba como delegado de la Nación y, en ese
orden, la designación tampoco provin o del Ministerio de Educación
Nacional; tampoco fue allegada alguna evidencia de la que se
pueda concluir que dicho nombramiento se efectuó con intervención
de la Nación ya que estuvo suscrito únicamente por el gobernador
y el secretario de educación, ni se especificó que la plaza fuese
nacional, o que los pagos de esos salarios fueran procedentes de
esta cartera y, por el contrario, se dispuso de manera expresa que
se nombraba a l causante como maestro en la Escuela Rural
Humadea, ubicad a en el municipio de Acacías.

Teniendo en cuenta que también ocurrió con anterioridad a la
nacionalización adelantada por la Ley 43 de 1975, es posible
concluir que el docente ostentó una vinculación territori al.

En este periodo, de acuerdo con la s certificaciones relacionada s y
la información contenida en el Oficio 3401 del 31 de mayo de 2023 ,
es dable colegir que , el encargo y el traslado efectuado s con
posterioridad al nombramiento analizado , no modifican de forma
alguna e l inicial dado que no existió solución de continuidad , por lo
que, también deben ser contabilizados para efectos de colmar el

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requisito de tiempo de servicios exigido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

De acuerdo con el análisis realizado a los actos administrativos
anteriores a 1981, y teniendo en cuenta que, en el recurso de
alzada, la UGPP afirmó que «no se demostró con claridad el periodo
comprendido entre el 09 de mayo de 1960 y el 30 de agosto de
1971» respecto del tipo de vinculación, el argumento expuesto por
la entidad carece de sustento.

B) Tiempos posteriores a 1981

• Del periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 1982 y
el 3 de septiembre de 1995. nombrado mediante la
Resolución 00275 del 14 de diciembre de 1982 34.

• De acuerdo con el Certificado de Tiempos de Servicio expedido

34 V i s i b l e en SAMAI a índice 30.

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por la Secretaría de Educación y Cultura del Putumayo 35 del 7 de
febrero de 2007, número 31, se indica en el acápite denominado
«SITUACIÓN LABORAL ACTUAL», que el «TIPO DE
VINCULACIÓN CO N LA QUE FUE A FILIADO AL F.N.P.S.M» es
«Nacionalizado» .

• Fue allegado a esta Sala, Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, emitida por la Secretaría de
Educación del Putumayo del 30 de mayo de 2023 36 que refiere que
ocupó el cargo de directivo docente, rural, en p rimaria, nombrado
en propiedad. No se indica cuál fu e el carácter juríd ico de la
vinculación.

En cuanto al tiempo de servicios , se relacionó la siguiente
información :

35 F o l i o 37.

36 V i s i b l e en SAMAI a índice 30.

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Lo anterior permite concluir que exist e coincidencia en cuanto a los
extremos temporales , siendo el inicial el 14 de septiembre de 1982
y el final, el 2 de septiembre de 1995 .

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Ahora bien, respecto al carácter de la vinculación, de la Resolución
275 del 14 de septiembre de 1982 se desprende que el Intendente
Nacional del Putumayo funge como nominador del causante.

En lo que respecta a la naturaleza ju rídica de las Inten dencias, la
Sección Segunda de esta Corporació n ya se ha pronunciado de la
siguiente manera: 37

«[…] encuentra la Sala que el tiempo de servicios laborado por el actor,
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de
noviembre de 1983, ha de ser tenido en cuenta en calidad de docente del orden
territorial, puesto que según se encuentra acreditado en el plenario dicha
vinculación se produjo debido a nombramiento efectuado por el Intendente
Nacional de Arauca en el cual se nombra al señor JESÚS ORLANDO CETRE
IBÁRGUEN como profesor de la Escuela Rural Calafitas del Municipio de
Saravena, quien posteriormente efectúa su traslado a otra Institución y finalmente
a través del Decreto No. 1197 de 1983 el mismo funcionario acepta la renuncia
presentada por el actor a partir del 30 de noviembre del mismo año.

[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198538 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a
los Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios39,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley
2ª de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y
comisarias correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los
departamentos, pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y
tendrían las mismas rentas que aquellos.

Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P40.

37Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001 -23-33-000- 2014-
00638-01 (2753-2016). Sentencia de 17 de octubre de 2017.
38 «“por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las
Intendencias y Comisarías, se faculta al Presidente de la República para
reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías,
modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones”.»
39 «“Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías
corresponde al Gobierno Nacional, al Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial a los Consejos
Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comis arios, conforme a
las disposiciones de la presente ley. »
40 «“ARTICULO 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca,
Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainí a, Vaupés y
Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las
intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos

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Para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el
actor con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como
se advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden
territorial, puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era
administrada por el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad
territorial, esto es gozaba de autonomía e independencia como de ellos se predica,
tal como se prevé en la Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.

Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se
nacionalizó la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito
Especial de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con
fundamento en la anterior norma quedaron nacionalizada el servicio de educación
que venía prestando las intendencias, para el caso concreto la de Intendencia
Nacional de Arauca, por lo tanto los nombramientos efectuados por este se
entienden de naturaleza nacionalizada, tal como lo ordenó la norma.

Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.

En este orden de ideas, se observa que la prestación de servicios docentes
durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre
de 1983, tienen naturaleza territorial, pues si bien fueron prestados a una
intendencia nacional cuya administración correspondía al Gobierno Nacional, la
misma tenía categoría de entidad territorial, asimilables a Departamentos tal como
expresamente lo establece la normatividad analizada, los cuales por demás,
expresamente fueron erigidas como tal por la Constitución Política de 1991; no
siendo de esta manera de recibo el argumento esgrimido por la entidad
demandada al considerar que el actor tiene nombramiento nacional pues tal como
se dejó analizado el mismo es del orden territorial, emanado por entidad
territorial.»41

En línea de la citada jurisprudencia, se debe entender que las
Intendencias Nacionales eran entidades territoriales, q ue , con la
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 , pasaron a
ser departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la
condición de territoriales o nacionalizados, según cada caso
particular, pues las intendencias también fueron sometidas al

departamentos.”»
41Al respecto, véanse también: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Radicado: 81001-23-33-000- 2013-00119-01(1466-2015). Sentencia de 17 de
mayo de 2018; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00025-01 (4571-2014)
Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001 -23-33-000-2013-00128-01 (1518-
2015) Sentencia de 16 de febrero de 2023.

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proceso de nacionalización de la educación desarrollado mediante
la Ley 43 de 1975.

Ahora, en el caso en concreto de l señor Tobaría Becerra , como se
advirtió, fue nombrad o director y el nominador fue el intendente
Nacional del Putumayo como presidente de la Junta Administradora
del FER del Putumayo y ello no supone que se trate de una
vinculación del ord en nacional, pues como se indicó en la sentencia
unificadora de 2018, no es dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales cuando en el acto de su vincula ción interviene el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional o el presidente de esta .

Sobre el particular, e s relevante resaltar que desde la expedición
de la Ley 39 de 1903 las entidades territo riales, por regla general,
estuvieron únicamente a cargo y bajo la dirección de la educación
primaria (a rtículo 3), sin embargo, por disposición expresa
conforme al artí culo 4 ibidem también quedaron habilitadas para
administrar establecimientos de enseñanza secundaria, por lo que
el nombramiento que aquí se analiza, sería consecuente con la
atribución que con antelación había otorgado el legislador, máxime
cuando en el a cto no se especifica que la plaza sea nacional y este
tampoco proviene directamente del Ministerio de Educación
Nacional. Además, por disposición de la Ley 114 de 1913 se
consagró por primera vez la pensión gracia para docentes de
escuelas de primaria ofic iales (a rtículo 1 .º).

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la designación se
produjo con posterioridad a la nacionalización de la educación, de
acuerdo con la Ley 45 de 1973, se entiende que el vínculo es de
carácter nacionalizado , pues no se ev idencia que el nombramiento
se hubiese efectuado en una plaza exclusiva del ente local .

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Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
“docentes vinculados por nombramiento de entidad territ orial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de est a fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975”».

En similar sentido, la Corte Constitu cional, mediante sentencia C -
085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades
territoriales».

En cuanto a dicha diferencia esta Corporación en la citada
sentencia de uni ficac ión CE-SUJ2 -011-18 del 21 de junio de
2018, concluyó :

«Por su par t e, se ent iende por person al naci onal i zado ( i) aquel
que siendo t er r it or ial ant es del 1. de ener o de 1976 f ue objet o del
pr oceso de nacion al izació n in iciad o con la exped ición d e la Ley 43
de 1975; y ( ii) los que a par t ir de esa fecha se hayan vinculado a
una plaza de aquel la s que f uer on nacionaliz ad as en vir t ud, t am bién,
del alud ido pr oceso adelant ado por la nor m a en cuest ión (Ley 43
de 1975) .
Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t erri t ori al el vinculado
por ent idades de ese or den a par t ir del 1. de ener o de 1976, sin el
cum plim ient o del r e quisit o est ablec ido en el ar t í culo 10 de la Ley
43 de 1975; est o es, que la plaza a ocupar haya sido cr eada de
f or m a exclusiva por el ent e local y los gast os que est a gener e se
cubr an con car go a su pr opio pr esupues t o. »

Adviértase que dichas reglas ju rispru denciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculac ión del
respectivo docente.

En ese sentido, en el asunto bajo análisis la vinculación jurídica del
docente fue nacionalizada.

Lo anterior, aunado a que, en el acto de nombramiento tampoco se

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indica que el causante hubiera sido designad o para ocupar una
plaza nacional o en un establecimiento educativo de ese orden, y
dado que la nominación tampoco fue efectuada directamente por
dicha cartera, no existen razones para afirmar que era nacional.

Bajo esa línea, las condiciones de la vinculac ión docente del señor
Tobaría Becerra no se modificaron hasta el momento del
fallecimiento .

En ese sentido, no hay duda alguna de que el señor Tobaría Becerra
fue nombrad o por una entidad territorial en una plaza
nacionalizada y, por lo tanto, este período resulta valido para el
computo para la pensión gracia .

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que el causante acreditó
los 20 años de servicio requeridos , a saber
CALCULO DE PERÍODO
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
TOLIMA - Decreto 328 del 9 de mayo de 1960 11 5 1960 19 11 1964 1629
TOLIMA - Decreto 467 del 20 de agosto de 1965 20 8 1965 24 8 1967 725
META - Decreto 72 del 3 de julio de 1969 3 3 1969 31 8 1971 899
PUTUMAYO - Resolución 00275 del 14 de diciembre de 1982 14 9 1982 3 9 1995 4670
7923

2.4.2.3 En relación con el requisito de buena conducta : obra en
el proceso copia de los actos administrativos mediante los cuales,
el causante fue sancionado , así:

o Decreto 573 del 25 de agosto de 1967 42 «Por el cual se dictan
unas disposiciones en el ramo de Educación», el gobernador del
departamento del Tolima, decretó, en el artículo 1.º, «Suspender

42 E x p e d i e n t e
administrativo digital a folio 69; 19 -Documentos no requeridos -
Causante.PDF y folios 42 a 46 del expediente físico.

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temporalmente a HECTOR IGNA CIO TOBARIA BECERRA,
seccional de la concentración rural de varones “Tres Esquinas”
municipio de Cunday.» (sic)

No se determina el tiempo ni se expone razón alguna.

o Decreto 921 del 20 de noviembre de 1964 43, «Por el cual se
dictan unas disposiciones en el ramo de Educación» el
gobernador del departamento del Tolima, decretó, en el artículo
1.º, «Suspéndase temporalmente a HECTOR IGNACIO TOBARIA
BECERRA, en el cargo de seccional de la escuela urbana de
varones “Las Brisa s”, municipio de Ibagué». (sic)

No se determina el tiempo ni se argumenta la sanción.

Igualmente, fue allegado C ertificado de Antecedentes 6022014 del
31 de enero de 2007 44 emitido por la Procuraduría General de la
Nación, en el que se indica que el señor Héctor Ignacio Tobaría
Becerra (Q.E.P.D) no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.

En ese sentido, la discusión radica en el cumplimiento o no del
requisito de la b uena conducta, toda vez que el a quo precisó que
si bien al causante le fue impuesta sanción de suspensión mediante
los mencionado d ecretos, coligió que la referida sanción no tiene la
capacidad para negar el beneficio prestacional reclamado ya que
no denota mala conducta en la medida en que no existe certeza del
origen de la sanció n y la entidad no pudo probar que obedeciera a
supuestos enlistados en la norma que regula la materia , y en ese
orden, no incurrió en mala conducta de acuerdo con lo dispuesto en
el numeral 4.º del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

43 I d e m . 18-Documentos no requeridos -Causante.PDF
44Expediente administrativo digital a folio 69. Archivo 113 -Certificado de
antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría. -Causante.PDF

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Al respecto, d e acuerdo con el material probatorio a llegado y
relacionado ut supra, se advierte que del contenido de los Decretos
921 del 9 de noviembre de 1964 y el 573 del 25 de agosto de 1967,
tal y como lo ha manifestado la entidad demandada, no se
determinaron los motivos o causas de la suspensión ni la duración
de las mismas .

Así las cosas, esta Sala constata que en efecto no se aportó
material probatorio que permita dar certeza respecto d e la conducta
realizada o sobre los hechos acaecidos por los que le fueran
impuestas las suspensiones.

Respecto de la duración de las sanciones, de acuerdo con el
certificado de tiempo de servicios 45 se registraron los siguientes
tiempos:
Novedad Acto Número Fecha Fec. Fec. Fec. Años Meses Días
Fiscal Pos. Hasta
SUSPENSIÓN DEC 921 20 20 19 0 0 0
PROVISIONAL NOV NOV NOV
1964 1964 1964
SUSPENSIÓN DEC 573 25 25 14 0 4 20
PROVISIONAL AGO AGO ENE
1967 1967 1968

Por su parte, la UGPP, mediante la Resolución UGM 0 12220 del 5
de octubre de 2011 (fl. 22 y 23) co ncluyó que, en el periodo al
servicio del departamento del Tolima, existieron 2 interrupciones
por 140 y 7 días, sin que se pueda establecer el origen de los 7
días que acusa.

45 O b r a n t e
a folio 33, visible también en el expediente administrativo digital
(archivo 109),

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En ese orden, es dable concluir que el causante fue suspendido
durante 140 días en el periodo comprendido entre el 25 de agosto
de 1967 y el 14 de enero de 1968.

De acuerdo con lo anterior , resulta para la Sala imposible
determinar si el señor Héctor Ignacio Tobaría Becerra, con el
comportamiento desplegado incurrió o no en mala conducta, dado
que, la pena por sí sola no resulta per se, elemento que evidencie
su responsabilidad e intención e n contravenir los postulados de
honradez, consagración y buena conducta que se asumen implícitos
en el servicio público docente.

En esa línea, conforme al principio de buena fe, la accionante no
puede ver afectado su derecho a percibir la pensión gracia bajo el
fundamento de la mala conducta del docente, pues esta Sala
considera que a aquella no se le puede ubicar en la misma situac ión
del causante, exigiénd ole que acredite lo concerniente a la forma
en la que ocurrió un hecho sancionado y que fue cometido por este
último hace más de 30 años .

Por consiguiente, en aras de la protección de los derechos
prestacionales y el mínimo vital que rige los asuntos laborales, en
el sentido de que el operador judicial debe acudir al criterio
hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del afiliado
o beneficiario de la seguridad socia l, para analiza r lo s asuntos
sometidos a su conocimien to y que se encuentra plasmado en la
Constitución, el bloque de constitucionalidad y la legislación
nacional 46, y con el fin de viabilizar en condiciones de justicia y
equidad la vigencia del derecho sustancial en discusión , la Sala ha
de manifestar que, dado que no existe certeza sobre la conducta
desplegada por el docente fallecido, se dará aplicación también al
principio del in dubio pro operario consagrado en el artículo 53 de

46 C o r t e Constitucio nal sentencia T-730/14.

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la Constitución Política 47, según el cual toda duda ha de resolverse
en favor del trabajador .

Adicionalmente, dado que en este caso existe un precepto que
reglamenta la situación que va a evaluarse y este admite d istintas
interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al
trabajador, en este caso, al causante, señor Héctor Ignacio Tobaría
Becerra.

Lo anterior, y toda vez que no se comprobó que la conducta objeto
de la sanción sea de aquella que se enmarque entre las que
constituyen mala conducta y , mucho menos , que sea objeto de
reproche disciplin ario ya que el pro ceso no da cuenta de que el
causante hubiera sido sancionado disciplinariamente, hecho que
impide sostener que la razón por la que fue suspendido afectó la
prestación del servicio docente que pretendió proteger el legislador
al establecer la causal de mala conducta como una falta
disciplina ria.

Sobre el tema, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha
manifestado , respecto a la ma la conducta que hace nugatorio el
acceso a la pensión gracia, que la misma debe observarse en el
ejercicio profesional del docente, para lo cual concluyó que los
hechos aislados no son fundamento para negar la presta ción social,
con excepción, de aquellos catalogados como graves y que
justifiquen la imposición de la sanción 48.

Indubitablemente, las graves consecuencias sobre los de rechos del
docente por el no reconocimiento de la pensión gracia, hace

47 E n
el mismo sentido, sentencia proferida por esta Sala el 27 de febrero de
2023, radicado interno 6446-2018.
48Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente:
Alejandro Ordóñez Maldonado. Sentencia de 7 de s eptiembre de 2006,
Radicación numero: 25000-23-25-000-2002-13151-01 (4896-04), Actora: María
del Carmen Velásquez S

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imperioso establecer que la conducta considerada como
reprochable sea reiterativa o que, realizada en una sola ocasión,
afecte en forma grave la prestación del servicio, que impide el
cumplimiento eficiente de la educación , situación que en el
presente caso no fue posible determinar fehacientemente y tampoco
fue posible evaluar la continuidad de la trasgresión del demandante
a los deberes como servidor público y la gravedad de la falta 49.

La entidad demanda ha insistido a lo largo del proceso
administrativ o y judicial en que la accionante no demostró que las
suspensiones no se encuentran en contravía de la buena conducta
y de las buenas costumbres.

Sobre el particular, se advierte que al tratarse la «buena conducta»
como un concepto indeterminado, afirma r o negar que el interesado
actuó o no bajo tales parámetros se constituye en una expresión en
apariencia indefinida.

Al respecto, la jurisprudencia ha explicado que estas «están
comprendidas entre la clase de hechos imposibles, excluidos del
tema de prueba, esto es , cuando a pesar de que puedan existir o
ser ciertos no es posible acreditarlos» 50.

A pesar de ello, esta Corporació n ha señalado que « existen
negaciones que en apariencia son indefinidas, pero, debido a la
determinabilidad en el tiempo y e l espacio de los hechos a los que
se refiere, son susceptibles de acreditación y, por tanto, el onus
probandi o carga de la prueba permanece sobre quien expresa la

49Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de
noviembre de 2022, radicado 54001 23 33 000 2015 00421 01 (0047 -2017),
M.P. William Hernández Gómez.
50 C i t a d o
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
del 4 de febrero de 2020, SC172 -2020 radicado 50001-31-03-001-2010-00060-
01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, que a su vez cita «CSJ SC 15 de j ulio
de 1971, ordinario de Jaime González y otros contra Bernardino Socotá y
otros, citada en fallo de 29 de enero de 1975».

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Demandante: Floralba Figueroa

negación y persigue con ella el efecto de la norma jurídica». 51

En este caso, la UGPP sosti ene que el causante no cumplió con el
requisito de ejercer la labor con buena conducta, y como se expuso,
tal expresión es susceptible de acreditación por diversos medios
que están al alcance de la entidad que lo alega, en virtud de lo
dispuesto en el artí culo 167 del CGP según el cual, «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen».

Adicionalmente, tal y como se mencionó, no obra indicio alguno que
corrobore que en su contra se adelant ó un proceso disciplinario
tendiente a censurar la conducta objeto de suspensión y tampoco
obra en el plenario, ni que haya sido disciplinado a lo largo de su
carrera docente al servicio de los departamentos de l Meta y
Putumayo, por lo que habrá de entenderse que el señor Héctor
Ignacio Tobaría Becerra (Q.E.P.D. ) reunió la totalidad de los
requisitos consagrados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933 para tener derecho a la pensión gracia.

Vale resa ltar que la sanción no fue de destitución, sino de
suspensión y ello es indicativo de que no cometió una conducta
gravísima, al punto que la administración le permitió seguir
desempeñándose como docente , situación que cobra relevancia a
la luz de los argum entos analizados en precedencia .

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que el causante
(i) prestó sus servicios como docente de carácter territorial y
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre d e 1980; (ii)
acreditó 20 años de servicios con vinculación territorial el 30 de
agosto de 1993, f echa en la que alcanzó el estatus pensional; (iii)

51Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de
agosto de 2020, radicado 68001-23-31-000-2002-01065-01(52869), M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.

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cumplió 50 años de edad el 23 de febrero de 1987; y (iv) no existen
pruebas de que haya incurrido en causal de mala conducta, lo que
indica que es beneficiari o de la pensión gracia.

En estas condiciones, los argumentos expuestos sobre este aspecto
por la entidad demandada carecen de fundamento fáctico y legal
como quedó demostrado, por lo que esta Sala confirmará lo resuelto
por el a quo en la sentencia recurrid a.

• ¿La señora Floralba Figueroa , en su condición de cónyuge
supérstite, se encuentra habilita da para reclamar la
pensión gracia de sobreviviente?

Superada la discusión atañedera al cumplimiento de los requisitos
del causante para lograr la pensión gracia, el paso que sigue es
establece r si, co mo lo asevera la demandante, le debe ser
reconocida en su condición de cónyuge supérstite.

Observa esta Sala que el Tribunal Ad ministrativo de Cundinamarca ,
al proferir la sentencia del 26 de abril de 2018, no se pronunció
respecto de la convivenc ia y dependencia de la accionante con el
docente, por lo que es necesario proceder a ese análisis teniendo
en cuenta que este aspecto también fue objeto de apelación.

Sobre el particular, cabe indicar que el causante, al momento de su
deceso el 3 de septiembre de 1995, se encontraba vinculado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo
tanto, de acuerdo con el marco jurídico expuesto, le son aplicabl es
para determinar el derecho o no de la accionante a la pensión de
sobreviviente que depreca, los requisitos previstos en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, por lo que se exige al cónyuge o al
compañero acreditar que haya convivido con el fallecido no menos
de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que
haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

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En lo que corresponde a las pruebas tendientes a probar la
convivencia entre el señor Hécto r Ignacio Tobarí a Becerra
(causante) y la señora Floralba Figueroa (accionante) en los últimos
dos años de vida de este último, se constata lo siguiente:

• Según el registro civil de matrimonio visible a folios 31 y 32, se
tiene que contrajeron nupcias el 13 de noviembre de 1993.
• Fueron aportadas declaraciones extrajuicio rendidas por parte de
los señores Hild ebrando Ángel Vargas y Margarit a Hoyos
Medina 52 y con post erioridad, las rendidas por los señore s María
Bertilda Cardona de Arias y Huber A ntonio Hoyos Medina 53, las
que, si bien no pueden ser valoradas como testimonios dentro del
proceso judicial d e acuerdo con el artículo 262 del Código
General del Proceso, sí es dable su evaluación como documentos
declarativos de terceros.

Respecto de las declaraciones allegadas, se observa que las
mismas son coincidentes en afirmar que conocen de vista, trato y
comunicación a la accionante, señora Flo ralba Figueroa, desde
hace más de 15 años los primeros , y 23 años los segundos; ambos
resultan contestes en afirmar que saben y les consta que el 3 de
septiembre de 1995 falleció el esposo de la demandante –Héctor
Ignacio Tobaría Becerra –; que convivieron hasta la fecha del
fallecimiento de aquel; que la aquí demandante no hace vida marital
con otra persona y carece de recursos económicos suficientes para
atender su propia subsistencia.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que los declarantes
afirmaron que conocían a la accionante desde más de 15 años
atrás, y que convivió con su esp oso hasta el momento del
fallecimiento, sin que exista aseveración respecto a una
convivencia entre el causante de la prestación reclamada y la
señora Floralba Figueroa previo a su s nupcias, por lo que, teniendo

52 A l l e g a d o s en el expediente administrativo digital a folio 69.
53 O b r a n t e a folio 50.

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en cuenta qu e estos contrajeron matrimonio el 13 de noviembre de
1993 y que el señor Héctor Ignacio To baría Becerra falle ció el 3 de
septiembre de 1995, quedó demostrada la convivencia por 1 año,
9 meses y 20 días .

En ese orden, la có nyuge no acreditó la convivencia con el fallecido
de por lo menos dos (2) años continuos con anterioridad a su
muerte, sin embargo, la norma establece también una salvedad, y
es que se haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido.

Al respecto, llama la atención de esta Sa la que la accionante no
hubiese mencionado de manera alguna en sede judicial ni en sede
administrativa la existencia de algún hijo. De ello nada se dijo en la
demanda, tampoco fue mencionado por quienes rindieron
declaración extrajudicial, y no hubo pronun ciamiento alguno por
parte de la entidad en ninguno de los actos administrativos
relacionados, ni mucho menos por el a quo, pues, en efecto , no fue
allegado al proceso por la parte activa ningún documento que dejara
entrever expresamente que ello hubiese o currido, por lo que , en
principio , no se habría tenido en cuenta dicha hipótesis.

Sin embargo, revisado el expediente administrativo digital 54
allegado por la UGPP, fue encontrado poder otorgado por la aquí
accionante y radicado en CAJANAL el 20 de enero de 1997 en los
siguientes términos:

«FLO RALBA FI G UERO A, m ayor de edad, vecina de Pit al it o,
ident if ica do ( a) como apar ece al pie de m i f ir m a, obr ando en m i
pr opio nom br e y en r epr esent ación de m is m enor es hij os M ARÍ A
M Ó NI CA, MI LTO N ANTO NI O Y JHO N WI LLI AM TO BARÍ A
FI G UERO A, r espetuosam ent e m e perm it o m anif est ar le que por
m edio del pr esent e escr it o conf ier o poder especia l, am plio y
suf icient e a l Dr . G ilb er t o Roj as Sánchez [ …] par a que gest ione ant e
est a ent idad el r econocim ient o, sust it uci ón y pago en nuest ro f avor

54 F o l i o 69.

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de la PEN SI Ó N G RACI A debida a nuest r o esposo y padr e HECTO R
I G NACI O TO VARÍ A BECE RRA, a par t ir del 1 de j unio de 1994 por
ser vicios pr est ados en est ablecim ient os de pr im ar ia of icial y
núcleos educat ivos.
[ …] »

Concordante con dicho documento indiciario, fueron hallados –
también en el expediente administrativo digital –, dos registros
civiles de nacimiento, así:

• Número 4645704, de la Notaría Octava de Bogotá D.E,
correspondiente a Mónica María Tobaría Figueroa, quien nació
el 4 de septiembre de 1979. Figuran como padres la señora
Floralba Figueroa y el señor Héctor I gnacio Tobaría Becerra.
• Número 6937964, de la Alcaldía Menor de Bosa D .E Bogotá,
correspondiente a Milton Antonio Tobaría Figueroa, nacido el
30 de abril de 1982 y figuran como padres la señora Floralba
Figueroa y el señor Héctor Ignacio Tobaría Becerra.

De lo anterior, se colige que la demandante cumple con el requisito
previsto por el artí culo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido
de que, entre ella y el causante procrearon más de un hijo, sin que
sea necesario acreditar ninguna otra exigencia adicional.

• Del fenómeno jurídico de la prescripción

Ahora bien, resuelto lo anterior, esta Sala considera que , de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 3135
de 1968, se señala en materia de prescripción de derechos
laborales que la misma opera al transcurrir tres años desde el
momento en que la obligación se hace exigible, así:

«ARTÍ CU LO 41. Las acciones que em anen de los d er echos
consagr ados en este Decr et o pr escr ibir án en t r es años, cont ados
desde que la r espec t iva oblig ación se ha ya hecho exigi ble.

El sim ple r eclam o escr it o del em pleado o t r abaj ador ant e la aut or idad
com pet ent e, sobr e un der echo o pr est ación debidam ent e
det er m inado, int er rum pe la pr escr ipció n, per o sólo por un lapso
igua l. »

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Dicha disposición fue reglamentada posteriormente por el Decreto
1848 de 1969, el cual dispuso en su artículo 102 lo siguiente:

« ARTÍ CULO 102. - Pr escr ipción de acc i ones.

1. Las acciones que em anan de los der echos consagr ados en el
Decr et o 3135 de 196 8 y en est e Decr et o, pr escr iben en t r es ( 3) años,
cont ados a par t ir de la f echa en que l a r e spect iva ob l igac ión se haya
hecho exig ible.

2. El sim ple r eclam o escr it o del em plea do of icia l f or m ulado ant e la
ent idad o em pr esa obligada, sobr e un der echo o pr est ación
debidam ent e det er minado, int er r um pe la pr escr ipción, per o solo por
un lapso igual.»

Tales dispo siciones han sido aplica das en materia pensional y
buscan salvaguardar la prontitud del reconocimiento y pago de la
prestación, sin olvidar que también buscan proteger los intereses
de ambos extremos de la relación que se traba en un trámite
judicial, pues , se reitera, no solo pretende la materialización de los
derechos laborales, sino que protege a la parte pasiva de la
controversia de la desidia del act or en la reclamación de su
derecho.

Bajo los anteriore s parámetros normativos se tiene que, en el
presente asunto, y de conformidad con el análisis efectuado , a la
demandante le asiste derecho a reclamar la pensión gracia de
sobreviviente a partir del día siguiente al fallecimiento del señor
Tobaría Becerra que acaeció el 3 de septiembre de 1995.

Ahora bien, la accionante presentó reclamaciones ante la UGPP
así:
• En 1997 y f ue r esuelt a negat ivam ent e m ediant e las Res ol uciones
009969 del 23 de j unio de 1997, 024850 del 9 de diciem br e de 1997
y 00314 del 2 de f ebr er o de 1998.
• El 5 de m ar zo de 2004, negada a t r avés la Resoluc ión 28879 del 13
de diciem br e de 200 4.
• El 31 de en er o de 2 008, y f ue negada p or m edio de la Res oluci ón
48166 del 16 de sep t iem br e de 2008.

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• Fina lm ent e, el 19 de m ayo de 2011 r esuelt a de f or m a negat iva por
ví a de la Resoluc ión UG M 012220 del 5 de oct ubr e de 2011.

De acuerdo con el acta individual de reparto visible a f olio 61, la
accionante demandó ante esta jurisdicción el 14 de febrero de
2014.

Al efecto, y si bien ha debido haberse tenido en cuenta la
reclamación elevada el 19 de mayo de 2011 para efecto de declarar
la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 19 de
mayo de 2008 , se observa que el a quo determinó que dicho
fenómeno se configuraba a partir de las que se causaro n antes del
14 de febrero de 2011, tomando en cuenta la fecha en la que
presentó la demanda, situación que fue aceptada por la parte
demandante , quien no recurrió la decisión.

En ese orden, teniendo en cuenta que la UGPP es apelante único y
atendiendo el principio constitucional de la non reformatio in pejus,
que protege a quien interpone un recurso con el legítimo interés de
ver mejorada su situación, este no puede ser colocado e n una
posición más desfavorable que la que tendría en caso de no haber
recurrido la decisió n.

De manera que habrá de dejarse incólume tal determinación, por lo
que se confirmará en ese sentido lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, S ección Segunda, Subsección A,
el 26 de abril de 2018.

De acuerdo con el análisis realizad o previamente al resolver lo
concerniente al derecho a la pensión gracia , esta habrá de
liquidarse con el 7 5% del promedio de los factores devengados en
el último año previo a la adquisición del estatus pensional,
comprendido entre el 30 de agosto de 1992 y el 29 de agosto de
1993, teniendo en cuenta los factores relacionados en el Certificado

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de Sueldos No. 027, emitido el 6 de febrero de 2007 55, siempre que
constituyan factores cuya creación y reconocimiento se hubiese
realizado en el marco de las competencias legales y
constitucionales.

La anterior decisión difiere de la del a quo, quien fijó como fecha
del estatus pensional del causante el 3 de septiembre de 1995, data
que corresponde en realidad a la fecha del deceso del causante.

En esa medida, habrá de modificarse el ordinal segundo de la
sentencia proferida el 26 de abril de 2018, para en su lugar, ordenar
a la UGPP, reconocer la pensión gracia de sobreviviente a la señora
Floralba Figueroa, en calidad de cónyuge supérstite del señor
Héctor Ignacio Tobaría Becerra, a partir del 14 de febrero de 2011 ,
en cuantía equivalente al 75% del pro medio de factores salariales
devengados por el causante de la prestación durante el año previo
a la adquisición del estatus pensional , como se explicó.

Teniendo en cuenta que el tribunal no condenó en costas a la
entidad demandada, por sustracción de materia, se entiende que no
hay lugar a su estudio en sede de apelación.

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto , esta Subsección modificará el ordinal
segundo, y confirmará en todo lo demás la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, el 26 de abril de 2018 , que accedió a las
pretensiones de la demanda .

4. Condena en costas de segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en

55 F o l i o 38.

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costas a la UGPP, comoquiera que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa int erpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación, no puede observarse dicha situación, contrario
a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica
de sus intereses.

Sumado a lo anterior, la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del
proceso conforme a lo dispuesto en las reglas jurisp rudenciales
trazadas en las sentencias de unificación referidas en el marco
normativo. Por ende, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
F A L L A:

PRIMERO. MODIFI CAR el ordinal segundo de la sentencia del 26
de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Floralba Figueroa contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con
las consideracione s expuestas en la parte motiva de la presente
sentencia. En su lugar, se dispone:

«SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

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Protección Social –UGPP, reconocer la pensión gra cia de
sobreviviente a la señora Floralba Fig ueroa en su condición de
cónyuge supérstite , a partir del 14 de febrero de 20 11 , en
cuantía equivalente al 75% del promedio de factores salariales
devengados por el causante de la prestación durante el año
previo a la adquisición del estatus pensional comprendido
entre el 30 de agosto de 1992 y el 29 de agosto de 1993,
teniendo en cuenta los factores relacionados en el Certif icado
de Sueldos No. 027, emitido el 6 de febrero de 2007 56, siempre
que constituyan factores cuya creación y reconocimiento se
hubiese realizado en el marco de las competencias legales y
constitucionales.

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada .

TERCERO. No condenar en costas en esta instancia .

CUARTO. En firme esta decisión , devolver el expediente al Tribunal
de origen y efect uar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintitré s (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto parcial
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

56 F o l i o 38.

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