Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00167-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 18 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Betty Andrade, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) RDP 022791 del 23 de julio de 2014, que le negó el reconocimiento
de la pensión gracia; ii) RDP 025318 del 19 de agosto de 2014, que resolvió el
1 Folios 1 a 18.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó; y iii) RDP
027823 del 11 de septiembre de 2014, que desató el recurso de apelación incoado
dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la administración. Los
mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, el 11 de
mayo de 2013; ii) pagar las mesadas causadas con los reajustes de ley; iii) actualizar
el valor de las condenas y cumplir la sentencia que ponga fin al proceso en los
términos del artículo 192 del CPACA; iv) reconocer los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) abstenerse de aplicar
descuentos con destino al sistema de salud en forma retroactiva y/o futura; y vi)
asumir la condena en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:
i) La señora Betty Andrade nació el 18 de septiembre de 1955 y prestó sus servicios
al magisterio oficial de la siguiente forma:
Entidad Desde Hasta
D-M-A D-M-A
Departamento del Huila 01/02/1978 15/02/1979
25/05/1994 11/04/20152
ii) El 10 de abril de 2014, la actora solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través
de las decisiones administrativas enjuiciadas.
2 En la demandan se afirmó que para esa fecha la actora se encontraba en servicio activo.
2
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 90, 121
y 209 de la Constitución Política; 3 y 137 del CPACA; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 4
de la Ley 4 de 1966; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 81 de la Ley
812 de 2003; 2 del Decreto 3752 de 2003; Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:
i) La Secretaría de Educación del Huila certificó que el tiempo de servicio prestado
por la actora desde el 25 de mayo de 1994 y en adelante es de carácter nacional;
sin embargo, esta afirmación carece de fundamento, ya que la ciudadana fue
nombrada por una autoridad del orden territorial, esto es, el gobernador del aludido
departamento y no por el Ministerio de Educación Nacional.
ii) El Consejo de Estado ha expresado que tienen derecho a la pensión gracia los
profesores vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, sin importar que la labor
haya sido discontinua.
iii) La señora Betty Andrade cumple con todos los requisitos previstos por el
legislador para acceder al beneficio pensional en comento, porque cuenta con más
de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como docente departamental o
nacionalizada por más de 20 años; se vinculó en tal condición antes del 31 de
diciembre de 1980; y se ha desempeñado con idoneidad y buena conducta.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3
3 Folios 70 a 75.
3
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Demandante: Betty Andrade
i) Los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior, teniendo en cuenta
que la demandante no demostró haberse desempeñado durante 20 años como
profesora departamental, distrital o municipal.
ii) La interesada tuvo la condición de docente nacional, situación que resulta
incompatible con el reconocimiento de la pensión gracia pretendida.
iii) Como excepciones se proponen: 1) inexistencia de la obligación; 2) ausencia de
vicios en el acto administrativo demandado; 3) prescripción; 4) falta de legitimación
en la causa por activa; y 5) innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 18 de abril de 2017,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4
i) Los actos de nombramiento de la demandante permitirían concluir que fue una
educadora del orden territorial, por cuanto fueron expedidos por el gobernador del
Huila; sin embargo, la Secretaría de Educación de ese ente departamental certificó
que la interesada solamente tuvo la condición de docente nacionalizada entre el 1
de febrero de 1978 y el 15 de febrero de 1979, pero que entre el 25 de mayo de
1994 y el 4 de febrero de 2015, el vínculo se reputa nacional.
ii) Lo anterior obedece a que en el año 1994 la designación de la accionante se hizo
con cargo al FER, cuyos empleos son de naturaleza nacional, conforme lo ha
explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado.5 En efecto, el gobernador del
Huila, al expedir el acto de nombramiento, actuó como un agente del Gobierno
nacional.
4 Folios 136 a 142.
5 El a quo citó las siguientes sentencias: i) del 12 de abril de 2012, radicado 11001-03-25-000-2005-00260-00 (10257-05);
ii) del 23 de agosto de 1991, CE-SEC2-EXP1991-N2597 NR: 237353; y iii) del 3 de noviembre de 2011, radicado 25000-23-24-
000-2002-00482-01.
4
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Demandante: Betty Andrade
iii) La accionante no demostró la prestación del servicio en el magisterio oficial como
profesora territorial o nacionalizada durante 20 años y, por lo tanto, no es acreedora
de la pensión gracia pretendida.
1.4. El recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:6
i) El a quo concluyó que, a partir del 25 de mayo de 1994, la señora Betty Andrade
tuvo la condición de docente del orden nacional porque estuvo asignada al FER y así
lo certificó la Secretaría de Educación del Huila; sin embargo, esta tesis resulta
contraevidente con los actos de nombramiento de la actora, ya que fueron
expedidos por una autoridad del orden territorial.
ii) El Ministerio de Educación Nacional hizo constar que la accionante no contaba
con registros en esa dependencia. Esta prueba no fue analizada en primera
instancia, pese a que ratificaba que no tuvo la condición de educadora nacional.
iii) La Secretaría de Educación del Huila carecía de facultades para modificar el tipo
de vinculación de la accionante, pues este lo define el acto administrativo de
nombramiento, conforme lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado.
iv) Conforme a la Ley 91 de 1989, los docentes nacionales son los nombrados por
el Ministerio de Educación Nacional, mientras que los nacionalizados son
designados por un departamento, distrito, municipio o provincia. En el sub lite, el
gobernador del Huila, en su calidad de nominador, se ocupó de las situaciones
administrativas de la demandante, como traslados y licencias.
v) La nacionalización de la educación no eliminó la potestad que les asistía a los
entes territoriales para nombrar a sus docentes de manera autónoma; por el
6 Folios 149 a 154.
5
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Demandante: Betty Andrade
contrario, este proceso se limitó a la financiación de los salarios de los profesores,
pero sin que ello variara su naturaleza.
vi) La Ley 91 de 1989 protegió las expectativas de los educadores territoriales y
nacionalizados, vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, para que pudieran
acceder a la pensión gracia.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante guardó silencio en esta etapa7 y la UGPP8 reiteró los argumentos
expuestos en el transcurso del proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
7 Según constancia secretarial obrante en el folio 234.
8 Folios 199 a 202.
9 Según constancia secretarial visible en el folio 234.
6
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Demandante: Betty Andrade
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho
a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
7
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Demandante: Betty Andrade
educadores locales o regionales».14
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Betty Andrade
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Betty Andrade
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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Demandante: Betty Andrade
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al registro de nacimiento22 y la cédula de ciudadanía,23 la señora Betty
Andrade nació el 18 de septiembre de 1955.
• El 24 de enero de 1978, por Decreto 000073, el gobernador del Huila efectuó «unos
nombramientos a Personal de Educación Básica Primaria, del Distrito Educativo No.
I», incluyendo el nombre de la accionante como «Dtra. E.R.M. “AIPECITO” – Mpio. de
NEIVA, en Segunda (2a.) Categoría».24 La demandante tomó posesión del cargo el
1 de febrero de 1978.25
• El 27 de febrero de 1979, mediante Decreto 000151, el gobernador del Huila
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
22 Folio 21.
23 Folio 20.
24 Documento visible en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folio 76).
25 Documento visible en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folio 76).
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
aceptó la renuncia presentada por la señora Betty Andrade «de Dtra. E.R.M. EL
COLEGIO - NEIVA, en Segunda (2a) Categoría, a partir del dieciséis (16) de febrero del
presente año».26
• El 13 de mayo de 1994, por Decreto 430, el gobernador del Huila nombró a la
actora, con cargo al Fondo Educativo Regional, como «educadora C.D.R. El Paraíso,
Algeciras, en reemplazo de Carmenza Avilez Suaza, quien fue trasladada mediante
Decreto No. 170 de 1994».27
• El 5 de abril de 2005, por Decreto 0427, el gobernador del Huila legalizó la licencia
ordinaria de la demandante, «para separarse del cargo de la Institución Educativa
Juan XXIII del municipio de Algeciras, por el término de quince (15) días calendario
a partir del veintiuno (21) de febrero de 2005 hasta el siete (7) de marzo de 2005».28
• El 7 de abril de 2015, el Ministerio de Educación Nacional manifestó que, una vez
revisada la documentación que reposaba en los archivos de esa entidad, «no se ha
encontrado historia laboral a nombre de la señora BETTY ANDRADE, identificada con
C.C. 36.161.957, que indique que laboró para este Ministerio».29
• El 29 de agosto de 2023, en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado
por esta Subsección,30 la Secretaría de Educación del Huila remitió la siguiente
historia laboral de la señora Betty Andrade:31
a) Período del 1 de febrero de 1978 al 15 de febrero de 1979
26 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Esta información fue allegada en virtud de la prueba
de oficio decretada por esta Subsección, mediante auto del 27 de julio de 2023 (folios 268 a 269).
27 Folios 34 a 35.
28 Folio 41.
29 Folio 45.
30 Auto del 27 de julio de 2023 (folios 268 a 269).
31 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
b) Período del 25 de mayo de 1994 al 1 de mayo de 2022
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Demandante: Betty Andrade
• El 31 de agosto de 2023, en virtud de la prueba de oficio decretada en segunda
instancia, la Gobernación del Huila informó:32
32 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
Con respecto a las vinculaciones le indico que la señora Betty Andrade tiene dos
vinculaciones con la Secretaría de Educación.
• La vinculación del año 1978 al 1979 es de tipo Departamental, con recursos del
Sistema General de Participación.
• La vinculación del año 1994 al 2022 es de tipo Nacional, con recursos del Sistema
General de Participación.
Por lo anterior le indico que la clase de los planteles educativos en los que prestó sus
servicios son Instituciones del orden territorial […].
• El 17 de octubre de 2023, por Oficio 2023-EE-263503, el Ministerio de Educación
Nacional expresó que «una vez verificado el Sistema de Información Nacional de
Educación Básica y Media -SINEB- se encontró que la señora Betty Andrade
perteneció a la planta oficial de docentes de la Entidad Territorial del Departamento
del Huila».33
• Mediante declaración extra proceso, la demandante manifestó que se desempeñó
con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta en el ejercicio de la
docencia. Agregó que no había sido sancionada disciplinariamente.34
➢ Actuación administrativa
• El 10 de abril de 2014, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia.35
• El 23 de julio de 2014, por Resolución RDP 022791, la UGPP negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria laboró como docente del orden nacional.36
33 Documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Esta información fue allegada en virtud de la prueba
de oficio decretada por esta Subsección, mediante auto del 27 de julio de 2023 (folios 268 a 269).
34 Documento visible en expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folio 76).
35 Información extraída de la Resolución RDP 022791 del 23 de julio de 2014 (folios 22 a 24). En el expediente administrativo,
suministrado por la UGPP en medio magnético, reposa el radicado de la petición también con fecha del 10 de abril de 2014
(folio 76).
36 Folios 22 a 24.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
• Los días 19 de agosto y 11 de septiembre de 2014, la UGPP expidió las
Resoluciones RDP 025318 y RDP 027823, respectivamente, por las cuales resolvió
los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la
confirmó.37
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, la labor de la demandante en la docencia oficial se
estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le corresponden análisis
normativos y probatorios independientes, conforme se explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 1 de febrero de 1978 al 15 de febrero de 1979
En este lapso la señora Betty Andrade laboró como directora, en el nivel de primaria,
en la institución educativa «E.R.M. AIPECIT» del municipio Neiva, en virtud de la
designación efectuada por el gobernador del Huila, mediante el Decreto 000073 del
24 de enero de 1978.
Por su parte, la Secretaría de Educación del Huila certificó que frente a este período
a la actora la regía un régimen de pensiones nacionalizado. A su vez, la gobernación
del Huila aclaró que la vinculación fue del orden departamental. La Sala acogerá
esta última afirmación, por cuanto el nombramiento provino de una autoridad del
orden territorial.
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».38
37 Folios 25 a 29.
38 Artículo 27.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el gobernador
del Huila atendió a las atribuciones que con antelación le había otorgado el
legislador.
Además, el acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por el gobernador y
el secretario de Educación del Huila, sin que se observe intervención alguna de un
delegado del Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo referencia a
una autorización por parte de la nación para hacer la designación, ni que la plaza a
ocupar fuera nacional.
Estas circunstancias, al tenor del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, reafirman que la
aludida vinculación es del orden territorial, pues la norma establece que tienen tal
naturaleza los «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
10 de la Ley 43 de 1975», que prohibió a los departamentos crear nuevas plazas
docentes sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional.
Entonces, como la designación la efectuó exclusivamente una autoridad del orden
departamental y no contó con el aval de la mencionada cartera, se concluye que la
demandante tuvo la condición de docente territorial. Inclusive, durante este primer
período los aportes al sistema de pensiones se giraron con destino a la Caja de
Previsión Social del departamento del Huila.
Entonces, este primer período resulta computable para determinar el derecho a la
pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 año y 15 días; sin embargo, no
sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá revisarse la
vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 25 de mayo de 1994 al 1 de mayo de 2022
En este segundo período la señora Betty Andrade laboró en virtud del nombramiento
efectuado por el gobernador del Huila, mediante el Decreto 430 del 13 de mayo de
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
1994, con cargo al Fondo Educativo Regional, como «educadora C.D.R. El Paraíso,
Algeciras».
Dicho acto no solo fue firmado por el gobernador y la secretaria de Educación del
Huila, sino también por un delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el
Fondo Educativo Regional de ese departamento. A su vez, del referido Decreto 430
de 1994, se destacan los siguientes apartes:
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 10o. de la Ley 29 de 1989, y de conformidad
con los Decretos No. 2277 de 1979, y 1706 de 1989, y
CONSIDERANDO:
Que a solicitud de la Secretaría de Educación, el Jefe de la Oficina Seccional de
Escalafón, certificó en oficio del 15 de abril de 1994, que BETTY ANDRADE, c.c. No.
35.161.957 de Neiva, reúne los requisitos [para] desempeñar el cargo de educadora
C.D.R. El Paraíso, Algeciras, que contra ella no cursa proceso disciplinario ni está
pendiente de sanción disciplinaria alguna.
Que el Representante del Ministerio de Educación Nacional ante el FER del Huila, en
oficio No. 073, certificó: a) que existe disponibilidad presupuestal, b) que el cargo está
vacante debido al traslado de Carmenza Avilez Suaza.
De acuerdo con la redacción del acto de nombramiento y las autoridadades que
intervinieron en su expedición, se concluye que la firma del delegado del Ministerio
de Educacón ante el FER del Huila se encaminó a garantizar la disponibilidad de los
recursos para sufragar los salarios de la educadora con cargo al entonces situado
fiscal, pero esta circunstancia no conduce a concluir que ella tuvo la condición de
docente nacional.
Por el contrario, esta situación se ajusta a los preceptos del artículo 1 de la Ley 91
de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975».
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
Bajo este escenario, se concluye que la actora prestó sus servicios como docente
nacionalizada en razón a que su nombramiento acató el artículo 10 de la Ley 43
de 1975.
En efecto, la firma del delegado del Ministerio de Educación ante el FER Huila
evidencia que el nombramiento atendió a los mandatos de la norma comento, la
cual dispuso que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni
el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
Así las cosas, la demandante fue vinculada por una autoridad del orden territorial y
contó con el aval de las autoridades pertinentes, en el marco del proceso de
nacionalización de la educación que ordenó la Ley 43 de 1975.
Además, el carácter nacionalizado de la designación encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el
sub lite.
Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el presente
asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la vinculación
nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto deberá analizarse
si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una conclusión
distinta.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
Ahora bien, la Secretaría de Educación de Huila certificó que la accionante en este
segundo período tuvo una vinculación nacional. Esta Subsección le solicitó aclarar
la razón de su dicho y la dependencia se limitó a aportar el expediente administrativo
de la interesada en el que obra el acto de nombramiento antes analizado y que
desvirtúa una vinculación nacional.
En efecto, dicha nominación fue realizada por el gobernador del Huila y no por el
Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo referencia a una
autorización por parte de esa cartera para hacer la designación, ni que la plaza a
ocupar fuera de esa naturaleza. Inclusive, la demandante fue asignada a un
establecimiento educativo de orden territorial, según lo certificó la gobernación del
Huila.
En consecuencia, no existe prueba alguna que permita afirmar que la señora Betty
Andrade tuvo una vinculación como docente nacional.
Es más, el Ministerio de Educación hizo constar que en sus archivos no reposaba
documento alguno que diera cuenta de un historial laboral de la demandante con
esa cartera y que, por el contrario, ella estuvo adscrita a la planta de personal del
departamento del Huila.
A su vez, para la época en que fue expedido el acto de nombramiento de la actora,
esta corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con bienes o recursos
aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales, de cuya
administración se responsabilizó a las «autoridades» de los referidos entes, bajo la
supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional (artículo 31
ídem)».39
Frente a lo anterior, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de
nacionales por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
fondos educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del
situado fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad
de presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.40
Conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su criterio en el
sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para reconocer la
pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -
ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
endógenas y exógenas».41
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».
Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.
Bajo esta línea de intelección, la jurisprudencia ha explicado que para determinar el
tiempo de servicio válido para acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no
estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b.
40 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado
63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–
2019).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que
para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.42
Así las cosas, en atención al artículo 1 de la Ley 91 de 1989, durante este segundo
período la accionante tuvo una vinculación nacionalizada, toda vez que fue
nombrada por una autoridad territorial con posterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975, por medio de la cual se adelantó la nacionalización de la educación, y
en la vinculación intervino un delegado del ministerio de Educación Nacional ante el
FER.
En consecuencia, en el presente caso el tiempo de servicio computable para
obtener la pensión gracia corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 01/02/1978 15/02/1979 15 0 1
Nacionalizada 25/05/1994 25/05/201343 15 11 18
TOTAL 0 0 20
En esta tabla se tomó como referente los 20 años exactos de ejercicio docente, pues
ese es el requisito legal para acceder a la pensión gracia; sin embargo, se aclara
que los documentos aportados al plenario evidencian que la actora siguió
desempeñándose en tal condición por más tiempo. Es así como los 20 años de
servicio se cumplieron el 25 de mayo de 2013 (descontando los 15 días de
interrupciones que se presentaron en el año 2005), pero la demandante laboró hasta
el 1 de mayo de 2022.
De esta manera, la accionante probó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
42 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-05752-01
(2535-16).
43 En esta fecha la demandante cumplió los 20 años de servicio docente. Para computar el tiempo laborado, se descontaron
los 15 días de licencia no remunerada, que le fue concedida a la actora entre el 21 de febrero de 2005 y el 7 de marzo de
2005.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada demostró el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
Además, la señora Betty Andrade cuenta con más de 50 años de edad y durante su
labor como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que
demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño con honradez y
consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio
pensional reclamado.
Ahora bien, la actora cumplió los 20 años servicio el 25 de mayo de 2013, fecha
para la cual contaba con más de 50 años de edad, es decir, que en ese momento
adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 25 de mayo de 2012 y el 25 de mayo de 2013, con inclusión
de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones docentes
y navidad.44
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
44 Folios 42 a 43. Se ordena la inclusión de las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad, en razón a que su
causación es anual. Al respecto ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017); ii) del 31 de enero de 2018, radicado 17001-23-33-000-2012-000269-01
(2926-2013); y iii) del 2 de marzo de 2017, radicado 25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15).
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
adquisición del estatus pensional»45 y cuya creación goce de respaldo constitucional
y legal.46
De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a partir
de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».47
A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».48
De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso no operó
la prescripción de las mesadas pensionales, ya que el derecho se hizo exigible a
partir del 25 de mayo de 2013, la actora lo reclamó ante la administración el 10 de
abril de 2014 y radicó la demanda el 16 de abril de 2015,49 es decir, que no
transcurrieron más de 3 años entre las citas fechas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
45 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero
de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
46 En similar sentido, consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
23 de octubre de 2023, radicado 25000234200020140053001 (5893-2018).
47 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede
consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-000-
2014-00010-01 (3243-19).
49 Folios 18 y 47.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».50
Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando la
pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión, por
ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza del
demandante y le permita exigir su pago oportuno.51
Tampoco se accederá a la solicitud tendiente a impedir que la UGPP efectúe los
descuentos al sistema de salud por concepto de mesadas pensionales, pues esta
corporación ha explicado que estas deducciones fueron previstas por el legislador52
dentro de un esquema de financiamiento de la seguridad social afincado en el principio
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto
de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de
2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
52 Ver artículos 143, 157, 203 y 204 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Betty Andrade
de solidaridad, sin que exista ley vigente que excluya de dicho pago a los
beneficiarios de la pensión gracia.53
En virtud de las razones que inspiran la necesidad de que los afiliados al régimen
contributivo de salud hagan sus aportes, la jurisprudencia ha expresado que el
pensionado tiene la obligación de asumir el pago de dichas cotizaciones desde el
momento en que ostenta esa calidad y «no es viable argüir la no afiliación o no disfrute
del servicio so pretexto de eximirse del pago, pues, se itera, la obligación legal de
contribución se adquiere a la par con la condición de pensionado».54
Bajo el anterior lineamiento interpretativo, se ha concluido que los fondos de pensiones
deben efectuar los descuentos en salud respecto de las mesadas reconocidas en
forma retroactiva.55
No obstante, la Sala se abstendrá de dictar una orden en relación con los
descuentos al sistema de salud, pues esta corporación ha explicado que estos
«operan por mandato legal, es decir, no se requiere de decisión judicial que los
ordene taxativamente, por el contrario, es la Administración la que, al momento de
otorgar cualquier reconocimiento pensional, debe ajustarse a los parámetros
establecidos en las leyes que regulan la prestación social reconocida, entre ellos,
efectuar las deducciones y actualizaciones a que haya lugar».56
2.5. De la condena en costas
53 Ver las siguientes sentencias:
a) Corte Constitucional: Sentencias T-546 de 2014 y T-835 de 2014.
b) Consejo de Estado: i) del 28 de septiembre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015); y ii) del 22
de junio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2014-00866-00 (2672-2014).
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL356-2019 del 13 de febrero de 2019, radicado: 67180.
En igual sentido puede consultarse la sentencia del 6 de marzo de 2012, radicado: 47528, suscrita por la referida
corporación.
55 Ver: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado 20001-23-33-
000-2014-00342-01 (3201-2015); y ii) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL3032-2021 del 12
de julio de 2021, radicado: 83813.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado 63001-33-33-000-2016-
00159-01 (1684-19). Ver también: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del del 28 de septiembre
de 2023, radicado 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015); y ii) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sentencia SL3032-2021 del 12 de julio de 2021, radicado: 83813.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00167-01 (2290-2018)
Demandante: Betty Andrade
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,57 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Betty Andrade
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se ordenará el reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 18 de abril de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se
dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 022791 del 23 de julio de
2014, RDP 025318 del 19 de agosto de 2014 y RDP 027823 del 11 de septiembre de
2014, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de
la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Betty Andrade, identificada con
cédula de ciudadanía 36.161.957, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 25 de mayo de 2012 y el 25 de mayo de 2013, con inclusión
de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones docentes
y navidad.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
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Demandante: Betty Andrade
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Octavo. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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