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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01672-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01672-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de 11 de julio de 2014, los cuales quedarán así: 50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015) Demandante: María Ángela Torres de Niño Segundo. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reconocerá y pagará a la señora María Ángela Torres de Niño, identificada con C.C. No. 26.616.534 de Girardot, con el 75% del promedio mensual de lo devengado en el año anterior a la causación de la pensión -12 septiembre de 2010 al 11 de septiembre de 2011-, de sueldo básico, prima especial, 1/12 de la prima de vacaciones y 1/12 de la prima de navidad, de conformidad con la constancia obrante en los folios 18 y 19 del expediente, con efectivad a partir del 11 de septiembre de 2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva esta providencia. Tercero. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) pagará, a partir del 11 de septiembre de 2011, la pensión gracia, debidamente indexada con base en los Índices de Precios al Consumidor certificado por el DANE, hasta la ejecutoria de este fallo. Segundo. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01672-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, de 11 de julio de 2014, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138
de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana María Ángela Torres de Niño, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad de las
Resoluciones UGM057659 y UGM059023 del 29 de octubre y 23 de noviembre de
2012, respectivamente, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), negó el reconocimiento de una pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la demandada: i) al reconocimiento y pago de la pensión gracia con la
inclusión de todos los factores salariales desde el 8 de abril de 2009; ii) al
reconocimiento y pago de la mesada catorce; iii) a realizar los reajustes de que trata la
Ley 71 de 1988; iv) a indexar las sumas resultantes; v) a abstenerse de descontar
valores por concepto de aportes a la Seguridad Social en Salud o al Fosyga; y, vi)
condenar a la entidad en costas y agencias de derecho.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

i) La señora María Ángela Torres de Niño nació el 4 de enero de 1951, por lo que
cumplió 50 años de edad el 4 de enero de 2001.

ii) Prestó sus servicios en la docencia oficial, de la siguiente manera: a) en la Alcaldía
municipal de Nocaima (Cundinamarca), desde el 01/03/1974 hasta el 30/11/1974; b) en
la Institución Educativa Departamental de Anolaima (Cundinamarca), desde el
01/04/1975 hasta el 30/11/1975; y, c) en la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá, desde el 16/03/1990 hasta el 30/11/1990; del 21/01/1991 al 30/11/1991; del
21/01/1992 al 30/11/1992; y, desde el 08/02/1993 al 16/08/2011; para un total de 22
años y cuatro meses.

iii) El 8 de abril de 2009, alcanzó los 20 años de servicio, por lo que, al tener cumplidos
los 50 años de edad, adquirió su estatus de pensionada.

iv) El 1 de septiembre de 2011, solicitó a la entonces Caja Nacional de Previsión Social
(hoy UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia; sin embargo, esta petición
fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 2, 25, 53 y 58 de la Constitución; 2 de la
Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 3 de la Ley 2277 de 1979; y 3 de la Ley
91 de 1989. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte
demandante sostuvo lo siguiente:

i) Los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, pues, distinto a lo
argumentado por la entidad, «(…) las leyes que crearon la pensión gracia no excluyeron
a los docentes que laboraban temporalmente, como interinos, en programas de
extensión educativa, educación no formal, etc.».

ii) Aunque Cajanal desestimó los tiempos de servicio en el Distrito Capital bajo el
argumento «de que en los certificados no se indica el acto administrativo con sus actas
de posesión», debe tenerse en cuenta que la educadora fue asignada al colegio
departamental La Florida del municipio de Anolaima; lo cual permite concluir que esta
vinculación fue territorial.

iii) Así las cosas, son nulas las resoluciones enjuiciadas porque desconocieron los
derechos de la actora y vulneraron expresamente las normas señaladas, ya que la
entidad estaba en la obligación de reconocer la prestación gracia al haberse
demostrado que la solicitante sumó más de 20 años de servicio a la docencia, a través
de vinculaciones del orden territorial, y 50 años de edad.

1.2. Contestación de la demanda

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

La parte demandada no contestó a la demanda.1

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 11 de julio de 2014, accedió a las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) Dentro del expediente está probado que la señora María Ángela fue vinculada, entre
el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 1974, como docente municipal al servicio de la
Alcaldía Municipal de Nocaima (Cundinamarca).

ii) También, como docente nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, pues
celebró un contrato de prestación de servicios con el Departamento de Cundinamarca,
para prestar sus servicios docentes en la Institución Educativa La Florida de Anolaima,
entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 1975.

iii) Los períodos comprendidos entre el 16 de marzo y el 30 de noviembre de 1990,
como desde el 21 de enero hasta el 30 de noviembre de 1992, no pueden computársele
a efectos de la pensión gracia, toda vez que fueron prestados bajo contratos temporales
pagados con recursos de la Nación.

iv) No obstante, acreditó que, desde el 8 de febrero de 1993 y hasta el 17 de diciembre
de 2013, fecha de la última certificación que aportó al plenario, estuvo vinculada con el
Distrito de Bogotá, por espacio de 20 años, 10 meses y 9 días.

v) Bajo las anteriores circunstancias, «aun descontando los tiempos de 1990 y 1991,
respecto de los cuales no hay certeza del tipo de vinculación (…) la accionante completó
el tiempo de servicio exigido para que se le reconozca la pensión gracia (…)».

vi) En consecuencia, cabe declarar la nulidad de los actos administrativos demandados
y, como restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada a reconocer y
abonar a la demandante, a partir del 20 de julio de 2012, «con el 75% del promedio
mensual de lo devengado en el año anterior a la causación de la pensión -20 de julio
de 2011 al 19 de julio de 2012, de sueldo básico, prima especial, 1/12 de la prima de
vacaciones y 1/12 de la prima de navidad (…)»; y se niegan las demás pretensiones.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La parte demandante,3 por conducto de su apoderado, interpuso la alzada con
el propósito de que se revisara tanto la fecha de adquisición del estatus establecida en
la sentencia, así como los períodos que no se tuvieron en cuenta al momento de
determinarla; para ello, expuso los siguiente argumentos:

1
Según Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 1 de noviembre de 2013, folio 53.
2
Folios 178 al 188
3
Folios 216 al 219

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

i) De acuerdo con los períodos computados por el a quo como territoriales o
nacionalizados, es incorrecto establecer la fecha de adquisición del estatus en el 20 de
julio de 2012; pues la sumatoria de los tiempos que van desde el 1 de marzo de 1974
al 30 de noviembre de 1975, y del 8 de febrero de 1993 al 17 de diciembre de 2013, da
como resultado que, los 20 años de servicio, se cumplen el 10 de octubre de 2011.

ii) Al margen de lo anterior, cabe realizarse un nuevo análisis sobre la documental
aportada al plenario, toda vez que existen elementos de juicio suficientes para
determinar, de forma distinta a la considerada en la sentencia, que las vinculaciones
con el Distrito de Bogotá entre 1990 y 1992 tuvieron carácter territorial.

1.4.2. La UGPP,4 a través de su apoderado, interpuso el recurso de apelación contra la
referida sentencia, con base en el siguiente argumento único: «No tuvo en cuenta el
señor juez los argumentos esgrimidos en las resoluciones que se discuten en este
proceso, al igual que fundamentos (sic) contenidos en la contestación de la demanda y
alegatos de conclusión presentados (…)».

1.5. Alegatos de conclusión en la segunda instancia

1.5.1. La parte demandante, a través de su apoderado, insistió en los motivos de la
apelación, de modo que solicitó confirmar la decisión de reconocer la pensión gracia,
pero con el cómputo de todos los períodos aportados, y acceder a las demás
pretensiones de la demanda.5

1.5.2. La parte demandada, por conducto de su apoderado, reiteró el motivo que
expuso con el recurso de apelación, por lo que pidió revocar el fallo de primera instancia
y negar las pretensiones de la demanda.6

1.6. El Ministerio Público. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente
para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al
contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse
respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación, salvo que,
como en este caso, ambas partes lo hayan presentado, caso en el cual podrá decidir

4
Folio 216.
5
Folios 265 y 266
6
Folio 268 al 271
7
Según constancia de la Secretaría obrante en el folio 272

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

sin limitaciones.

2.2. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que la
UGPP le reconozca una pensión gracia, por cumplir con todos los requisitos
establecidos en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 1.° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años,
tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 concedieron la posibilidad de que
los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la
enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre
y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de
1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ejusdem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante la
sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».12

8
Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a
jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de
servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9
Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran
nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
10
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado:
10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto
en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. También
pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A,
sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020,
radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002,
proferida por la Corte Constitucional.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

Al respecto, es preciso resaltar que la mencionada prestación se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en
la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a
los docentes nacionalizados, en procura de «colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso
de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo,
en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081
de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de
estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo
el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran
consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre
de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos
adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda del
Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición normativa, en
consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de
determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre
de 1989. Al respecto, en la providencia se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal
a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la

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Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la
vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la
última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

Con base en esta última interpretación, tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley
114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que
logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio; es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Así lo precisó esta corporación en la sentencia
en cita:15

(…) la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».16

(…) conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en
la forma indicada.

[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión
gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de
la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo
tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para
obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían
aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-01 (AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con
posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, en la sentencia del 11 de agosto de 2022 se fijó como regla de
unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Con todo, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite
obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018,17 esta
corporación fijó las siguientes reglas de unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como
en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender
al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva
del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad,
o de las exógenas —situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. (Negrillas propias)

El anterior escenario normativo y jurisprudencial permite concluir que, en lo que atañe
al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para acceder a la

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-
01 (3805-2014).
18
Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

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Demandante: María Ángela Torres de Niño

pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos
tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de
diciembre de 1989, y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo
el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos
provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues «lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.4. Hechos probados

2.4.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios de la actora

i) Conforme a la copia de su cédula de ciudadanía, la señora María Ángela Torres de
Niño nació el 4 de enero de 1951, es decir, cumplió 50 años de edad el 4 de enero de
2001.20

ii) El 28 de noviembre de 1974, el rector y el secretario del Colegio Departamental
Integrado de Nocaima certificaron que la señora María Ángela Torres López21 «trabajó
en [ese] establecimiento educativo durante el año lectivo de 1974 (…)». 22

iii) El 19 de septiembre de 1975, a través del Contrato Número 181, la señora María
Ángela se vinculó contractualmente con la Secretaría de Educación de Cundinamarca
para prestar sus servicios «como Profesor de tiempo completo para dictar las clases de
Geografía, Historia (…) en el Colegio Departamental La Florida (…) a partir del 1 de
abril y hasta el 30 de noviembre de 1975 (…)».23

iv) El 18 de enero de 1991, el jefe de División de Personal de Secretaría de Educación
de Bogotá D.E., envió comunicación a la señora Ángela María Torres de Niño en la que
le informa de lo siguiente: «ha sido vinculado (a) como docente temporal por el año
lectivo de 1991, tal como lo estipula la Resolución No. 14910 del 25 de octubre de 1990,
emanada del Ministerio de Educación Nacional».24

v) El 29 de enero de 1993, mediante la Resolución 176, el alcalde mayor del Distrito de
Santafé de Bogotá nombró «como docente de tiempo completo, zona urbana (…) en la
planta incremental del Subprograma Educación del Programa Ciudad Bolívar (…)» a la
docente María Ángela Torres de Niño».25

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-
01 (3805-2014).
20
Folios 11 y 12
21
Es su nombre de soltera.
22
Folio 13
23
Folio 15
24
Folio 149
25
Folios 78 al 81

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vi) El 5 de febrero de 1993, tomó posesión del cargo ante el secretario de Educación y
el jefe de la División de Personal de la Secretaría de Educación (de Santafé de
Bogotá).26

vii) El 29 de marzo de 2011, a través del «Formato N. 1 Certificado de Información
Laboral», el secretario financiero y administrativo del municipio de Nocaima certificó
que la señora Ángela María laboró desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 1974
como «PROFESORA DE PRIMARIA COL DPTAL.» con vinculación «Sector público Municipal».
No obstante, aclaró que «la certificación se expide según tiempos constatados con
nóminas encontradas en el archivo general, porque no se encuentra acta de posesión
ni hoja de vida de la funcionaria».27

viii) El 16 de agosto de 2011, por medio del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., certificó
que la actora estuvo vinculada en los siguientes períodos:28

 Del 14/02/1975 al 10/04/1975 como «Docente interino» en (sin lugar específico).
 Del 16/03/1990 al 30/11/1990 con «Vinculación Temporal Tiempo Completo» en
Bogotá.
 Del 21/01/1991 al 30/11/1991 con «Vinculación Temporal Tiempo Completo» en
Bogotá.
 Del 20/01/1992 al 30/11/1992 con «Vinculación Temporal Tiempo Completo» en
Bogotá.
 Desde el 08/02/1993 «Nombramiento en Propiedad» por «Res. 176 de 29/01/1993».

ix) El 17 de agosto de 2011, a través de Certificado Ordinario, la Procuraduría General
de la Nación certificó que la señora Ángela María «No registra sanciones ni
inhabilidades vigentes».29

x) El 14 de marzo de 2013, la jefe de la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación
de la Alcaldía Mayor de Bogotá certificó que «para el período comprendido entre el 16
de marzo al 30 de noviembre de 1990 y del 21 de enero al 30 de noviembre de 1992,
la demandante (sic) se desempeñó como Temporal, cuyos salarios fueron cancelados
con recursos provenientes de la Nación».30

xi) El 17 de diciembre de 2013, el profesional especializado de «Certificaciones
Laborales» de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá certificó que
la señora María Angela Torres «no pertenece a la planta de Planteles Nacionales».31
Asimismo, mediante el «Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral», de igual fecha, acreditó que la señora Torres se encontraba «Activa», como

26
Folio 22
27
Folio 20
28
Folios 16 y 17
29
Folio 22
30
Folio 142
31
Folio 123

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«Docente» con nombramiento en «Propiedad», por «Res. 176 de 29/01/1993» y con
tipo de vinculación «Territorial».32

2.4.2. Actuación administrativa

i) El 29 de octubre de 2012, la UGPP profirió la Resolución UGM057659, por medio de
la cual negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia elevada por la
actora el 1 de septiembre de 2011, toda vez que no aportó «los actos administrativos
con sus respectivas actas de posesión, por los cuales fue vinculada como docente a [la
Secretaría de Educación de Bogotá] (…)» y, además, porque «los tiempos laborados
desde el 16 de marzo de 1990 son como vinculación temporal, razón por la cual se
desestimarán».33

ii) El 23 de noviembre de 2012, la UGPP expidió la Resolución UGM059023, a través
de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.34

2.4.3. De las pruebas de oficio

En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 30 de marzo de 2023,35 mediante el cual
se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al expediente,
entre otras, las siguientes documentales:

i) El 15 de mayo de 2023, la directora operativa de la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Cundinamarca afirmó que «no reposa expediente de información
laboral de la señora María Ángela Torres de Niño (…) y/o actos administrativos que nos
ayuden a validar el tipo de vinculación, de igual manera no reposa en la nómina
registros de pagos, descuentos ni aportes de prestaciones sociales».36

ii) El 26 de mayo de 2023, el Ministerio de Educación Nacional señaló que «después
de consultar las bases de datos contentivas con las historias laborales que reposan en
esta cartera ministerial, no se encontró información relacionada con la mencionada
señora [María Ángela Torres de Niño]».37

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco normativo
y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la decisión del a
quo, que accedió al reconocimiento de la pensión gracia en favor de la demandante,
pero la modificará en cuanto a la fecha de adquisición del estatus de pensionada. Esta
conclusión se fundamenta en los siguientes razonamientos:

32
Folio 124 a 125
33
Folios 4 y 5
34
Folios 8 al 10
35
Folio 273
36
Índice 33 del aplicativo Samai
37
Índice 30 del aplicativo Samai

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En primer lugar, el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de
1974 encuentra soporte en la certificación (folio 13) expedida por el rector del Colegio
Departamental Integrado de Nocaima, y en el certificado laboral (folio 20) expedido el
29 de marzo de 2011, por el secretario financiero y administrativo del municipio de
Nocaima; pues, si bien es cierto que en este último documento se hace la advertencia
de que tal certificación se expide según «tiempos constatados con nóminas
encontradas en el archivo general, porque no se encuentra acta de posesión ni hoja de
vida de la funcionaria», también lo es que hay evidencia suficiente para considerar tal
vinculación como territorial, toda vez que «la plaza a ocupar»38 era departamental
(Colegio Departamental) con vinculación en el «Sector público Municipal», y los
aportes, por concepto de Seguridad Social, se hicieron a la «Caja Municipal de
Previsión Social» (folio 20). Por consiguiente, por este período, deben tenerse en
cuenta: 8 meses y 29 días.

En segundo lugar, el tiempo laborado desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre
de 1975, en la Institución Educativa Departamental «La Florida» de Anolaima, también
cabe considerarlo como territorial, puesto que la demandante prestó sus servicios en
este centro educativo a través de un contrato de trabajo39 (folio 15) celebrado con el
departamento de Cundinamarca. Por lo tanto, por este período, deben computarse: 7
meses y 29 días.40

En tercer lugar, respecto de los períodos comprendidos entre el 16 de marzo al 30 de
noviembre de 1990; desde el 21 de enero al 30 de noviembre de 1991; y del 20 de
enero al 30 de noviembre de 1992; esta Sala, al igual que el a quo, considera
insuficiente la documental aportada por la actora para demostrar el carácter territorial o
nacionalizado de estas vinculaciones.

Así, mientras que la interesada aporta como respaldo de ellas una certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá (folios 16 y 17), al plenario se
allegaron los siguientes documentos que dan cuenta, fehaciente, de su carácter
nacional:

(i) Certificación del 14 de marzo de 2013 (folio 142), emitida por la jefe de la Oficina de
Nómina de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la que se señaló:

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-
01 (3805-2014).
39
Sobre la primacía de la realidad sobre las formas y la posibilidad de considerar implícita la relación laboral en los contratos de
prestación de servicios celebrados con docentes, ver, entre otras, las sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, de 25 de agosto de 2016, radicado 23001233300020130026001 (00882015).
40
En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub lite.

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(ii) Comunicación del 18 de enero de 1991, emitida por el jefe de División de Personal de
Secretaría de Educación de Bogotá D.E.:

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14

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Por lo tanto, se itera, no se tendrán en cuenta los períodos de servicio comprendidos
entre el 16 de marzo al 30 de noviembre de 1990; desde el 21 de enero al 30 de
noviembre de 1991; y del 20 de enero al 30 de noviembre de 1992, dado su carácter
nacional.

Finalmente, en cuarto lugar, respecto del último período acreditado, comprendido entre
el 8 de febrero de 1993 y el 17 diciembre de 2013, inclusive, (fecha de expedición de
la última certificación aportada al plenario, folios 124 y 125), para la Sala es claro que
tuvo origen en una vinculación de naturaleza territorial, como lo prueba (i) la Resolución
176 del 29 de enero de 1993, proferida por el alcalde mayor del Distrito de Santafé de
Bogotá (folios 78 al 81) sin intervención de ninguna autoridad nacional, (ii) el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de la Secretaría de
Educación de Bogotá, D. C., de 16 de agosto de 2011; y, (iii) las certificaciones
expedidas por el profesional especializado de «Certificaciones Laborales» de la
Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según las cuales la actora
«no pertenece a la planta de Planteles Nacionales» y su vinculación es «territorial».
Sumado al hecho de que el Ministerio de Educación Nacional, mediante respuesta dada
el 26 de mayo de 2023, afirmó que «no encontró información» relacionada con la señora
María Ángela Torres de Niño. En ese orden, es dable computar por este período, como
tiempo de servicio de la actora: 20 años 10 meses y nueve días.

Siendo así las cosas, se establecen como tiempos de servicio, efectivamente probados
como territoriales o nacionalizados por la demandante, los siguientes:

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Demandante: María Ángela Torres de Niño

ENTIDAD TIEMPO
MUNICIPIO DE NOCAIMA AÑOS MESES DÍAS

Del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1974 8 29

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Del 1 de abril al 30 de noviembre de 1975 7 29

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

20 10 9
Del 8 de febrero de 1993 al 17 de diciembre de 2013

22 3 7
TOTAL

Bajo las anteriores condiciones, la Sala aprecia satisfechos los tres requisitos
establecidos por la normativa aplicable41 para reconocer como beneficiaria de la
pensión gracia a la señora María Ángela Torres de Niño; así, sumado al requisito de la
edad (50 años cumplidos el 4 de enero de 2001), y al de haber observado una buena
conducta (según el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación de 17 de agosto de 2011 y no existe prueba en contra), se
computa un total de 22 años, 3 meses y 7 días de servicio en la docencia territorial o
nacionalizada, que supera el exigido por la Ley 114 de 1913, de 20 años.

Ahora bien, para establecer el momento a partir del cual la actora adquirió su estatus
de pensionada, ha de tenerse en cuenta que, en principio, los 20 años de servicio los
cumplió el 8 de febrero de 2013;42 sin embargo, y en vista de que la señora Torres de
Niño prestó, adicionalmente, sus servicios territoriales antes del 31 de diciembre de
1980, por 1 año, 4 meses y 28 días,43 este lapso debe restarse al primero, lo cual da
como resultado que la pensión gracia comenzó a tener efectos a partir del 11 de
septiembre de 2011.

Por último, en lo que respecta a la mesada catorce y a los aportes a la Seguridad Social
en Salud, la Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó la primera y ordenó
realizar los descuentos correspondientes sobre los segundos. Lo anterior, con
fundamento en las siguientes razones:

i) De la mesada catorce. De conformidad con la jurispericia vigente de esta
corporación,44 bajo la hipótesis de que la pensión gracia permitiera el pago de la
mesada catorce de la Ley 100 de 1993 (artículo 142), hay que aplicar el Acto Legislativo
01 de 2005, el cual prevé que quienes adquieran su estatus pensional en su vigencia,
no pueden recibir más de 13 mesadas, salvo quienes lo adquirieron antes del 31 de

41
Ver el acápite correspondiente.
42
Tomando como base el tiempo laborado entre el 8 de febrero de 1993 y el 8 de febrero de 2013 para la Secretaría de Educación
de Bogotá.
43
Durante los períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 1974 y del 1 de abril al 30 de noviembre de
1975.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de abril de 2019; radicado 05001-23-31-000-2011-01551-
01(0319-14)

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Demandante: María Ángela Torres de Niño

julio de 2011, siempre y cuando tengan una pensión igual o inferior a tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la demandante adquirió su estatus
pensional el 11 de septiembre de 2011, esto es, después de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005 y en fecha posterior al límite dispuesto en esa misma norma,
correspondiente a antes del 31 de julio de 2011, no puede percibir más de 13 mesadas
al año. Adicionalmente, su mesada pensional era superior a los tres salarios mínimos
legales mensuales vigentes previstos para el año 2011 ($532.600.00)45 para ser
acreedora a la prestación demandada, tal como lo acredita el certificado de salarios
obrante en el folio 19 ($2.425.592).

ii) De los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para la Sala,
no es posible ordenar a la UGPP abstenerse de realizar los descuentos
correspondientes a los aportes salud de la actora, por lo siguiente motivos: En primer
lugar, la Ley 4ª de 1966, «por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional
de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan
otras disposiciones», a través del parágrafo del artículo 2.º, impuso a los pensionados
a cargo de la entonces Cajanal el deber de «cotizar (…) mensualmente con el cinco por
ciento (5%) de su mesada pensional». En segundo lugar, la Ley 100 de 1993, que
derogó expresamente la anterior disposición46 y fijó «la cotización obligatoria que se
aplica a los afiliados al sistema general de Seguridad Social en salud [en un] 12% del
salario base de cotización (…)». En tercer lugar, la Ley 1122 de 2007,47 que aumentó
al 12.5% dicha cotización, a partir de 1.° de enero de 2007. Y, finalmente, la Ley 1250
de 2008,48 que de nuevo redujo el aporte a un 12% actual.

De acuerdo con la normativa transcrita y la interpretación que sobre ella ha realizado el
Consejo de Estado,49 las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud
deben corresponder al 12 % sobre la totalidad de los ingresos, sin que para tal efecto
exista ley vigente que excluya de dicho pago a los beneficiarios de la pensión gracia.

En suma, en atención al material probatorio aportado al plenario y al obtenido de oficio,
la Sala considera que la accionante satisfizo los requisitos necesarios para acceder a
la pensión gracia, de manera que hay lugar a confirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en cuanto reconoció el derecho; pero habrán de
modificarse sus numerales primero y segundo, en el sentido de precisar que el año
anterior a la causación de la pensión es el comprendido entre el 12 de septiembre de
2010 y el 11 de septiembre de 2011, para efectos de determinar el 75% del promedio
mensual de los factores salariales legales devengados en el año anterior a la fecha de
consolidación de su estatus.

45
De acuerdo con el Decreto 33 de 2011 «Por el cual se modifica el artículo 1° del Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010».
46
«ARTÍCULO 289. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos
adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1966 […] y demás
normas que los modifiquen o adicionen».
47
«Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones».
48
«Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el articulo 10 de la Ley 1122 de 2007 y
un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el articulo 6 de la Ley 797 de 2003».
49
Ver, entre otras sentencias, la de la Sección segunda, Subsección A; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado 11001-03-
25-000-2013-00901-00 (1953-2013).

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2.6. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Con base en
él, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer la condena en costas en
vigencia del CPACA, era necesario realizar una valoración objetiva50 donde el juez, una
vez comprobaba su causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes, podía ordenarlas.

No obstante, la postura antes mencionada tuvo que ser reevaluada a partir del artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo 188 del CPACA, ya que
precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal». En ese sentido, desde la entrada en vigor de este precepto, para imponer la
condena en costas a alguna de las partes, el juez debe examinar su conducta en el
proceso y la sustentación jurídica de sus intervenciones.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal; también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas de segunda
instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en casos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, por cuanto la
demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria de la pensión
gracia reclamada; no obstante, procede modificar la parte resolutiva para establecer
como fecha de adquisición del estatus el 11 de septiembre de 2011. Sin condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de 11 de julio de
2014, los cuales quedarán así:

50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015)
Demandante: María Ángela Torres de Niño

Segundo. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
acusados, y a título de restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), reconocerá y pagará a la señora María Ángela Torres de Niño,
identificada con C.C. No. 26.616.534 de Girardot, con el 75% del promedio
mensual de lo devengado en el año anterior a la causación de la pensión -12
septiembre de 2010 al 11 de septiembre de 2011-, de sueldo básico, prima
especial, 1/12 de la prima de vacaciones y 1/12 de la prima de navidad, de
conformidad con la constancia obrante en los folios 18 y 19 del expediente, con
efectivad a partir del 11 de septiembre de 2011, conforme a lo expuesto en la
parte motiva esta providencia.

Tercero. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) pagará, a partir del
11 de septiembre de 2011, la pensión gracia, debidamente indexada con base
en los Índices de Precios al Consumidor certificado por el DANE, hasta la
ejecutoria de este fallo.

Segundo. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

CBT

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