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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00003-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00003-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 52001-23-33-000-2021-00003-01 (2204-2023) PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL SÉPTIMO de la sentencia apelada que condenó en costas de primera instancia a la parte demandada. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte pasiva, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada María Camila Camargo Rueda, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 340.484 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 18 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00003-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00003-01 (2204-2023)
Demandante: María Elisa Rodríguez Nibiayo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
El reajuste anual de las pensiones es una disposición de
cumplimiento legal que no requiere pronunciamiento judicial.
Condena en costas en primera instancia en vigencia de la Ley
2080 de 2021. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA Y
CONFIRMA EN LO DEMÁS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora María Elisa Rodríguez Nibiayo instauró demanda en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 029660 del 23 de julio de
2018, y (ii) RDP 0038643 del 24 de septiembre de 2018; por medio de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia y confirmó tal decisión

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00003-01 (2204-2023)

respectivamente.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa conforme a las previsiones de la Ley
114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos el año anterior
a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo debidamente actualizado
de las mesadas adeudadas desde el 18 de agosto de 2010, reajustadas anualmente
conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y que dé cumplimiento al
fallo de acuerdo con el artículo 192 del CPACA.

HECHOS2

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 25 de abril de 1955 y estuvo vinculada al magisterio del municipio de
Inírida como docente desde el 28 de febrero de 1978 hasta el 16 de marzo de 1981,
nombrada mediante el Decreto 100 del 31 de enero de 1978. Que luego, en virtud
del Decreto 0041 del 11 de octubre de 1993 fue nombrada en propiedad como
educadora del municipio de Orito a partir del 7 de septiembre del mismo año, hasta
el 14 de enero de 2015.

Que, el 14 de junio de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la UGPP y le fue negada a través de la Resolución RDP 029660 del 23 de julio
de 2018, aduciendo no podía acumular los tiempos de servicio desde 1993 porque
eran de carácter nacional.

Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 0038643 del 24 de septiembre de 2018, confirmando
el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
13, 25, 29, 48, 53, 83, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 3,
4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del
Decreto Reglamentario 1743 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1, 2, 3, 5 y 6 del
Decreto Ley 2277 de 1979; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 3, 6, 14 y 15 de la Ley 60
de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 42 79 y 80 de la Ley 1437 de 2011; 243, 244 y
246 de la Ley 1564 de 2012; y 2 del Decreto 196 de 1995.

2 Idem.
3 Idem.

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2

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00003-01 (2204-2023)

Que la motivación de los actos administrativos demandados es falsa, ya que se
afirma que, según certificado del 2 de noviembre de 2017, laboró del 31 de enero
de 1980 al 16 de marzo de 1981, con vinculación nacionalizada, lo cual no es cierto
porque ese documento refleja que su relación laboral va desde el 28 de febrero de
1978 hasta el 10 de marzo de 1981 y esto nos da un subtotal de 3 años, 13 días. Y
luego el certificado dice que laboró del 11 de marzo de 1981 al 16 de marzo de
1981, para un total de 6 días, lo que significa que laboró para Guainía un total de 3
años, 19 días.

Que también se adujo que en 1993 el nombramiento fue del orden nacional, lo cual
tampoco se ajusta a la verdad, pues la UGPP no tuvo en cuenta los documentos
aportados como pruebas que no indican en ningún momento que la accionante haya
sido maestra del Ministerio de Educación, sino que fue adscrita al municipio de Orito
conforme al Decreto 0041 de octubre 11 de 1993, es decir, del orden territorial, ya
que la decisión la profirió el respectivo alcalde y no por la Nación que sería la única
forma de considerarla de la misma naturaleza conforme al artículo 1.° de la Ley 91
de 1989.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 9 de febrero de 2021 fue admitida la demanda,4 se notificó a la UGPP5, quien
manifestó6 que, es cierto que la actora prestó los servicios a la educación pública
entre el 28 de febrero de 1978 y el 16 de marzo de 1981 en el municipio de Inírida
y del 11 de octubre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2002; sin embargo, que
dicha vinculación no se considera de carácter territorial, sino nacional en tanto en
sus nombramientos intervino el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Educativo
Regional del Guainía, por lo que dichos tiempos no son válidos para acceder a la
pensión gracia.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, (iv)
de oficio.

El 14 de mayo de 20217 se decidió emitir sentencia anticipada en virtud del artículo
182 A del CPACA, razón por la cual se fijó el litigio conforme a las pretensiones,
hechos y argumentos de defensa expuestos por las partes, se decretaron las
pruebas allegadas al proceso y se ordenó correr traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar, una vez se recaudarán todos
los medios de convicción.

4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7
Idem.

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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00003-01 (2204-2023)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 18 de octubre de 2022
|accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los
actos administrativos y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia desde el 21
de agosto de 2010. Adicionalmente condenó en costas a la entidad.

Concluyó que se probó la vinculación de la actora antes del 31 de diciembre de 1980
a partir de la certificación aportada proveniente del FOMAG y los actos de
nombramiento y posesión aportados al proceso, documentos que consideró válidos
y que se les puede otorgar pleno mérito probatorio. Que no es factible establecer
que ese vínculo fue nacional por el solo hecho de que en la emisión del Decreto
0100 del 31 de enero de 1978 intervino un delegado del Ministerio de Educación
Nacional. Que el Consejo de Estado fue claro en sede de unificación, al precisar
que los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en nacionales
cuando en el acto de su vinculación intervienen este tipo de funcionarios, por lo que
este lapso debe tomarse como territorial.

Que al revisar en detalle el certificado de información laboral, se advierte que aun
cuando allí se marcó la casilla “nacional”, no por ello puede deducirse
automáticamente que ese es el carácter de la vinculación, porque al final, del
certificado de historia laboral del 20 de febrero de 2018, se hace la observación de
que el vínculo es municipal en principio, y a partir del 1º de enero de 2003 hasta el
14 de enero de 2015 es de tipo departamental, y que en el formato establecido por
el FOMAG no existe forma de detallar esta información, que, además, si se observa
en detalle qué autoridad expidió el Decreto 0041 del 11 de octubre de 1993 se
advierte con claridad que el mismo provino de una autoridad del nivel territorial, esto
es, el alcalde municipal de Orito.

Que como la accionante acreditó el cumplimiento de las otras exigencias
normativas, es claro que aquella tiene derecho al pago de la pensión gracia desde
el 21 de agosto de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 14 de agosto de 2015
por haberse configurado la prescripción trienal de mesadas en la medida en que
entre la fecha del estatus y la reclamación de la parte activa transcurrieron más de
los 3 años de que trata el Decreto 1048 de 1969.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada9 interpuso recurso de apelación, expresando que es cierto
que la actora prestó los servicios a la educación pública entre el 28 de febrero de
1978 y el 16 de marzo de 1981 en el municipio de Inírida y del 11 de octubre de
1993 hasta el 31 de diciembre de 2002; sin embargo, dicha vinculación no se

8 Idem.
9 Idem.

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considera de carácter territorial, sino nacional en tanto en sus nombramientos
intervino el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Educativo Regional del
Guainía, por lo que dichos tiempos no son válidos para acceder a la pensión gracia.

Que, además, percibió emolumentos y prestaciones financiados con recursos del
presupuesto para el sector educativo a través del Sistema General de
Participaciones de la Nación y/o Situado Fiscal, situación que no permite el
reconocimiento del derecho pensional pretendido, según lo previsto en las Leyes
114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989, más aún porque en los certificados laborales
se informa con claridad que la vinculación se realizó en el orden nacional.

Que no era procedente la condena en costas en su contra, ya que la oposición no
fue temeraria, sino que se ajustó a un adecuado ejercicio del derecho de la entidad
para acceder a la administración de justicia, sin que la defensa haya implicado un
abuso del derecho, pues siempre le ha asistido un fundamento razonable y el
recurso interpuesto no es meramente dilatorio, al punto de que no existe una
conducta reprochable que obligue a la parte pasiva a asumir los gastos realizados
en este proceso.

La parte demandante10 interpuso el recurso solo para solicitar que se adicione la
sentencia el sentido de ordenar también el reajuste anual de la pensión conforme al
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues ello había sido planteado como pretensión
en la demanda, pero en la parte resolutiva de la sentencia se omitió un
pronunciamiento al respecto.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación11 y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

Las partes guardaron silencio.

El agente del Ministerio Público12 rindió concepto en el que solicitó que se
confirme la sentencia porque comparte el criterio de no aceptar como verdad
absoluta el contenido de los formatos de historia laboral, pues en estos
indistintamente se consignaba como calidad del docente la de nacional y esto se
justificaba con el argumento de “pagados con el sistema general de participaciones”,
cuando no era la única circunstancia a tener en cuenta.

10 Idem.
11 Ver índice 5 de SAMAI.
12 Ver índice 14 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.

Adicionalmente se verificará si era viable la condena en costas en primera instancia
contra la entidad demandada y si debe emitirse un pronunciamiento sobre la
pretensión del reajuste anual de la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100 de
1993

Marco normativo y jurisprudencial

Debe destacarse que la pensión gracia tiene esa denominación, porque es un
beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros
requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al
Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló
que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y

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representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la actora nació el 25 de abril de 1955,17 de modo que cumplió
los 50 años el 25 de abril de 2005.

Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:

• (i) Del 28 de febrero de 1978 al 10 de marzo de 1981, y (ii) del 7 de
septiembre de 1993 al 14 de enero de 2015

De conformidad con los Formatos Únicos para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral emitidos respectivamente por las Secretarías de Educación del
Guainía y del Putumayo el 2 de noviembre de 201718 y el 20 de febrero de 2018,19
efectivamente se tiene demostrado que la demandante laboró como docente oficial
durante los dos lapsos bajo estudio mediante vinculaciones que, según estos dos
documentos, se asegura que fueron nacionalizada (en el primero), y nacional (en el
segundo).

Acerca del primer lapso bajo análisis se observa que, en el expediente también
reposa el Decreto 0100 del 31 de enero de 1978,20 por medio del cual el comisario
especial del Guainía nombró a la actora en el cargo de profesora aspirante de
primaria a fin de desempeñarse como tal en el Internado Buena Vista del municipio
de Inírida, cargo del cual tomó posesión desde el 28 de febrero de 1978.21

Del mismo modo, respecto al segundo periodo, obra como prueba el Decreto 0041
del 11 de octubre de 1993,22 en virtud del cual el alcalde del municipio de Orito
nombró en propiedad a la accionante en el cargo de docente en la Escuela
Nacionalizada Luis Carlos Galán adscrita a dicha entidad, el cual ejerció con efectos
fiscales desde el 7 de septiembre del mismo año.23

Pues bien, en lo referente al primer período en el que se observa que la designación
se da por parte de un comisario, la reiterada jurisprudencia de esta corporación ha
sostenido que el carácter de la vinculación generada por tal decisión sería, en

17 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
18 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
19 Idem.
20 Idem.
21 Idem.
22 Idem.
23 Idem.

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principio, territorial, según las razones que, en un caso de similares connotaciones
estudió la Subsección B, así:

«Asimismo, la afirmación referente a que comoquiera que en las vinculaciones
estaba concernida la intendencia nacional del C., estas tienen la naturaleza de
nacionales, se aclara que para la fecha en que aquellas incorporaciones se
efectuaron (1979 y 1980), el hoy conocido como departamento del Caquetá fue
catalogado, por medio del Decreto 963 del 14 de marzo de 1950, como intendencia,
y, posteriormente, elevado a la categoría de departamento con la Ley 78 de 15 de
diciembre de 1981, en cumplimiento del Acto legislativo 1 de 14 de enero de ese
año, motivo por el cual no puede confundirse que el hecho de que en las
resoluciones de nombramiento de la actora de 1979 y 1980 se consigne «[d]ada[s]
en Florencia, Intendencia Nacional del Caquetá […]», signifique que su naturaleza
sea nacional, ya que, como quedó planteado, al Caquetá antes de denominarse
departamento, en particular, para las anualidades en que se emitieron los referidos
actos administrativos, se le atribuía el nombre de intendencia, sin que ello implique
que sea nacional, puesto que pese a las transformaciones de que fue objeto el
Caquetá siempre ha sido clasificado como una entidad territorial24».

Igualmente, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de las Intendencias o
Comisarías, la Sección Segunda ha precisado:

«[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198517 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos25».

Sin embargo, en el asunto particular se observa con total claridad que la decisión
de vinculación fue emitida por el mencionado intendente en calidad de presidente
de la Junta Administradora del FER del Guainía, y, adicionalmente, con el delegado
del Ministerio de Educación ante dicha autoridad, esto es, con el fin de garantizar la
vacancia y disponibilidad de recursos a través del entonces Situado Fiscal (hoy
SGP) para financiar la plaza en la que sería designada la actora.

Por su parte, en el decreto mencionado para el segundo tiempo de servicio, se
evidencia que el nombramiento fue efectuado por el alcalde del municipio de Orito,
pero con la intervención indirecta del delegado del Ministerio de Educación ante el
respectivo FER y si bien este funcionario no participó con su firma en el acto, sí se
advierte que hizo parte de la actuación administrativa exclusivamente con fines de
autorización o aval de financiamiento y vacancia de la referida posición ocupada por
la reclamante, tanto así que de la parte considerativa de dicho decreto se verifica
que los nombramientos efectuados se hacían en cargos propios del ente territorial

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de octubre de 2018, radicación

número: 18001 -23-33-000-2014-00229-01(3494-16).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación 05001-
23-33-000-2014-00638-01 (2753-16)

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administrados por el fondo en comento, lo que implica que las acreencias de esta
docente serían financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones.

A partir de este material probatorio, es posible arribar a la conclusión de que la
demandante fue maestra oficial nacionalizada en ambos períodos, y no nacional
como fue certificado en el documento del 20 de febrero de 2018, ni como lo sostiene
la UGPP para el segundo lapso de labor oficial, para lo cual es adecuado resaltar
que el Consejo de Estado26 ha precisado sobre la primera clasificación aludida que:
«El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

De hecho, esta naturaleza jurídica frente a la primera vinculación de 1978 a 1981
fue tenida en cuenta expresamente por la propia entidad demandada en el acto
administrativo reprochado (Resolución RDP 029660 del 23 de julio de 2018)27, pues
señala con exactitud que ese tiempo era de carácter nacionalizado, tal como se
concluye en esta oportunidad, sin que se hubiese propuesto confrontación al
respecto en el presente litigio.

Bajo este contexto, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación
y clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que
en su artículo 1.º consagró lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).

Con base en lo anterior, se observa que los nombramientos de la actora en los
periodos bajo análisis ocurrieron por decisión directa del comisario de Guainía y por
el alcalde del municipio de Orito, es decir, por autoridades territoriales y con el fin
de que ocupara unas plazas de la planta de personal de cada entidad, autorizada,
aprobada, administrada y financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo
Regional a través del delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.

En tal sentido, resulta adecuado concluir que los cargos desempeñados por la
reclamante fueron creados o transformados en vigencia y cumplimiento del artículo
10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en
virtud de los cuales, los ingresos para atender el proceso de nacionalización serían

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
27 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera gubernamental.

Ahora, si bien el mencionado certificado laboral del 20 de febrero de 2018 sostiene
que la relación legal y reglamentaria fue nacional, lo cierto es que en ningún aparte
del acto administrativo de nombramiento se advierte que la posición ocupada por la
demandante haya sido de aquellas previstas para la estructura funcional de la
Nación, ni que esta entidad le haya conferido autorización expresa al departamento
de Caquetá para que nombrara a la accionante en el cargo de maestra, pues no se
verifica intervención directa de dicha autoridad en lo que respecta a la decisión de
vinculación, sino solo la de su delegado ante el FER, pero exclusivamente para
asegurar la financiación a través del SGP.

En consecuencia, lo que se verifica para el lapso examinado es que: i) las posiciones
a ocupar estaban previstas en la planta de personal de las mencionadas entidades
territoriales, pero creadas o autorizadas para financiarse por la aprobación del
respectivo Fondo Educativo Regional con recursos del SGP; ii) se advierte la
presencia de los delegados del Ministerio de Educación en la designación de la
actora, sin que ello signifique necesariamente que la docente sea del orden
nacional, más aún cuando se observa que el trámite de nombramiento fue realizado
ante las máximas autoridades administrativas territoriales; y en todo caso, iii) la
decisión fue proferida en una fecha posterior al 1.° de enero de 1976 y el 31 de
diciembre de 1980, cuando ya se había consolidado el proceso de nacionalización
de la educación en virtud de la Ley 43 de 1975, por lo que, podían existir plazas
vacantes de esa misma naturaleza, como las analizadas.

Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».

Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como docente nacionalizada durante los lapsos
transcurridos entre el (i) 28 de febrero de 1978 y el 10 de marzo de 1981 (3 años

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y 10 días), y (ii) del 7 de septiembre de 1993 al 14 de enero de 2015 (21 años, 4
meses y 7 días), observa la Sala que, sumando ambos períodos analizados
previamente, la reclamante sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al
servicio educativo como maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de
la pensión gracia, pues en total acumuló 24 años, 4 meses y 17 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del departamento de Guainía en
virtud de un nombramiento del orden nacionalizado del 28 de febrero de 1978 al 10
de marzo de 1981, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento,
por lo que está colmada la exigencia analizada.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se confirmará la decisión apelada por este aspecto, tal
como fue solicitado por el Ministerio Público.

Ahora bien, el argumento central de la apelación de la parte activa consistió en
asegurar que en primera instancia no se emitió pronunciamiento de fondo respecto
de su pretensión de reajuste anual de la pensión conforme al artículo 14 de la Ley
100 de 1993.

Al respecto se estima que no solo resultaba innecesario emitir una orden expresa
sobre el particular en la parte resolutiva del fallo recurrido, sino que también lo es
en esta oportunidad, ya que esta esta corporación28 ha manifestado que esta clase
de reclamaciones que corresponden a preceptos indiscutibles de una norma de
obligatorio cumplimiento, «[…] operan por mandato legal, es decir, no se requiere de
decisión judicial que los ordene taxativamente, por el contrario, es la Administración la que,
al momento de otorgar cualquier reconocimiento pensional, debe ajustarse a los parámetros
establecidos en las leyes que regulan la prestación social reconocida, entre ellos, efectuar
las deducciones y actualizaciones a que haya lugar. […]».

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente

28Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del del 28 de septiembre de 2023, radicado
25000-23-42-000-2013-01672-01 (0673-2015).

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no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga solo por el hecho
de ser vencido en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (18 de octubre de 2022).

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:

En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación, no revisten una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. La parte pasiva en sus intervenciones indicó razones en
defensa jurídica de sus intereses, por eso, al no encontrarse acreditado tal
presupuesto normativo se revocará esta imposición en su contra en primera
instancia y se dispondrá abstenerse de lo propio por ese concepto en segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

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PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL SÉPTIMO de la sentencia apelada que
condenó en costas de primera instancia a la parte demandada.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a
las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
pasiva, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada María
Camila Camargo Rueda, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y
340.484 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice
18 de SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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