Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00871-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00871-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2013-00871-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 12 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Flor Marina María Estupiñán Salazar,
por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
de las siguientes Resoluciones: i) RDP 028332 del 21 de junio de 2013, que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 037242 del 13 de agosto de 2013,
1
Folios 2 a 11.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional, comprendido entre
el 27 de octubre de 2007 y el 27 de octubre de 2008; ii) indexar el valor de las
condenas; iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso y reconocer los intereses
moratorios a que haya lugar, en los términos del artículo 192 del CPACA; iv) asumir
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló:
i) La señora Flor Marina María Estupiñán Salazar nació el 27 de octubre de 1958 y
prestó sus servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:
Entidad Desde Hasta
D-M-A D-M-A
Departamento de Boyacá 12/08/1980 07/10/1980
04/06/1987 02/10/20132
ii) El 23 de abril de 2013, la actora solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través
de las decisiones administrativas enjuiciadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 4 y 25 de la Constitución
Política; 2, 3, 137 y 138 del CPACA; 15 de la Ley 91 de 1989; 104 y 126 de la Ley
2
En esta fecha se presentó la demanda y la actora afirmó que se encontraba en servicio activo (folios 11 y 26).
2
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
115 de 1994; 81 de la Ley 812 de 2003; 2 del Decreto 2277 de 1979; y Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso:
i) El Consejo de Estado ha expresado que tienen derecho al reconocimiento de la
pensión gracia los profesores vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, sin
importar que la labor haya sido discontinua.
ii) La señora Flor Marina María Estupiñán Salazar cumple con todos los requisitos
previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, ya que cuenta con más
de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como docente territorial por más de
20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3
i) La demandante no demostró la vinculación como docente distrital, departamental,
municipal o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1989.
ii) La interesada pretendió demostrar que prestó su servicio con antelación a esa
fecha, a través de documentos que no provienen de la autoridad nominadora, sino
del rector de la institución a la que fue asignada.
iii) Como excepciones se proponen: 1) inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido; 2) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales; 3)
prescripción; y 4) genérica e innominada.
3
Folios 47 a 53.
3
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 12 de agosto de 2014,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4
i) La accionante no allegó una prueba suficiente para demostrar su vinculación como
educadora ante del 31 de diciembre de 1980, pues se limitó a aportar una
certificación suscrita por el rector del establecimiento educativo en el que
presuntamente laboró; sin embargo, debió anexar el acta de nombramiento y
posesión.
ii) La referida certificación tampoco puede entenderse como una prueba supletoria
de los documentos que el legislador ha requerido para demostrar la relación legal y
reglamentaria, pues la Ley 50 de 1886 solamente autoriza convalidar otra
información cuando se demuestra que los archivos de la entidad empleadora se
perdieron, pero en este caso nunca se ha alegado tal situación.
iii) Las pruebas aportadas al plenario impiden determinar si la demandante ocupó
una plaza docente territorial, nacionalizada o nacional, por lo que no existen los
elementos de juicio necesarios para acceder a la pensión gracia reclamada.
1.4. El recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:5
i) La señora Flor Marina María Estupiñán Salazar se vinculó como docente territorial
antes del 31 de diciembre de 1980, pues trabajó en la Normal Departamental Mixta
San Mateo entre el 12 de agosto y el 7 de octubre de 1980.
4
Folios 214 a 220.
5
Folios 227 a 230.
4
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
ii) Los documentos aportados al plenario son una prueba supletoria válida para
demostrar la anterior vinculación. En efecto, la actora fue designada por el
departamento de Boyacá para reemplazar a una educadora que estaba en licencia
de maternidad.
iii) La ciudadana ha elevado múltiples peticiones para aclarar su vinculación durante
el referido lapso; sin embargo, el mencionado departamento y el municipio de Tunja
han afirmado que no cuentan con los actos de nombramiento y posesión para poder
certificar dichos tiempos, pero de manera contradictoria anexan el certificado
expedido por la institución educativa en la que ella prestó su servicio.
iv) A la demandante no se le puede oponer el desorden de la administración en la
custodia de sus archivos. Tales falencias tampoco deben constituir barreras para
acceder a su derecho pensional.
v) Desde el 4 de junio de 1987, la actora fue nombrada en propiedad como profesora
del departamento de Boyacá y en la actualidad6 se encuentra en servicio activo.
vi) La accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia por cuanto
cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicio requeridos por el legislador
y siempre ha tenido una vinculación del orden territorial.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante7 y la UGPP8 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
6
El recurso de apelación fue interpuesto el 5 de septiembre de 2014.
7
Folio 262.
8
Folios 264.
5
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
9
Según constancia secretarial visible en el folio 265.
10
Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta
complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto
en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
11
Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por
la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
6
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».14
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
12
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de
junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
7
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
8
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18
15
Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
9
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
10
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
11
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al acta de nacimiento y la cédula de ciudadanía, la señora Flor Marina
María Estupiñán Salazar nació el 27 de octubre de 1958. 22
• El 11 de agosto de 1980, por Oficio 196, el Fondo Educativo Regional de Boyacá
le comunicó a la actora su nombramiento como docente interina en la Normal
Departamental Mixta de San Mateo. Esta comunicación corresponde a la
siguiente:23
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22
Documentos visibles en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folio 122).
23
Folio 197.
12
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
• El 5 de septiembre de 1980, por Resolución 001939, el secretario de Educación
Pública de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, efectuó «unos
Nombramientos Interinos en el personal Docente de Secundaria» y designó a la
accionante «como profesora de la Normal Dptal. Mixta de SAN MATEO, en reemplazo
de MARINA SÁCHICA DE CRISTANCHO, a quien se le concedió licencia por MATERNIDAD
por 56 días, a partir del 11 de agosto del año en curso».24
• El 4 de junio de 1987, por Decreto 001196, el gobernador de Boyacá, «en ejercicio
de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 194 de la
Constitución Nacional», efectuó unos «nombramientos en Propiedad en Educación
Primaria», incluyendo el nombre de la accionante «para desempeñar el cargo de
24
Folio 280. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado
por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
13
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
maestra en la R.D. TRAS DEL ALTO FLORENCIA en el Municipio de Tunja, por creación
de la plaza, según Decreto 001140 del 3 de junio de 1987».25
• El 31 de enero de 2000, por Decreto 0469, el gobernador de Boyacá dispuso
«[i]ncorporar a la nómina del situado fiscal, a FLOR MARINA MARÍA ESTUPIÑÁN SALAZAR,
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.078.801, Grado 13 en el Escalafón
Nacional Docente, docente de la Escuela Rural Florencia del Municipio de Tunja,
cancelada con cargo a los Recursos propios del Departamento, a igual cargo en el
mismo Establecimiento Educativo, en la plaza docente que se encuentra vacante
por la aceptación de la renuncia a ELVIA BEATRÍZ SÁNCHEZ DE MUÑOZ, mediante
Decreto No. 1528 del 29 de octubre de 1999». Igualmente, se aclaró que «[e]l
docente incorporado conservará su régimen prestacional, sin solución de
continuidad».26
• El 25 de julio de 2013, el rector de la Institución Educativa Escuela Normal Superior
de San Mateo hizo constar que «Flor Marina María Estupiñán Salazar, identificada
con Cédula de Ciudadanía Número 24.078.810 de Soatá, laboró en esta Institución
Educativa como Docente interina en la Sección Secundaria y Media, de tiempo
completo, desde el día 12 del mes de Agosto de 1980, hasta el 07 de octubre de
1980, según aparece en el Libro de Actas de Presentación Personal Docente de la
Institución y Actos Administrativos».27
• El 20 de junio de 2016, por Decreto 0220, el alcalde de Tunja aceptó la renuncia
presentada por la accionante, quien estaba adscrita a la planta global de la
Secretaría de Educación Municipal.28
• El 25 de septiembre de 2017, por Oficio 009155, la Secretaría de Educación de
25
Folio 196.
26
Folios 278 a 279. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
27
Folio 199.
28
Folios 274 a 275. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
14
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Boyacá informó que «revisados los archivos que reposan en esta entidad, se
constató que a la señora FLOR MARINA MARÍA ESTUPIÑAN SALAZAR, identificada con la
cédula de ciudadanía número 24.078.801, se le cancelaron salarios con recursos
del Situado Fiscal, desde el 11 de Agosto de 1.980 al 7 de Octubre de 1.980». 29
• El 29 de septiembre de 2017, por Oficio 0178, la Secretaría de Educación de Tunja
informó lo siguiente:30
En atención al Oficio de la referencia, por medio del cual solictan información sobre
el tipo de vinculación de la Docente FLOR MARINA MARÍA ESTUPIÑAN SALAZAR
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.078.801 de Soatá (Boyacá), me
permito informar que durante los períodos del 11 de agosto de 1980 y el 7 de octubre
de 1980 la docente fue vinculada como departamental según Resolución 1939 del 5
de septiembre de 1980 “Por la cual se hacen unos Nombramientos Interinos en el
Personal Docente de Secundaria” en la Normal Departamental Mixta San Mateo, en
reemplazo de MARÍA SÁCHICA DE CRISTANCHO, a quien se le concedió licencia de
maternidad por 56 días.
Por otra parte, según Decreto 001196 del 14 de junio de 1987 “Por el cual se hace un
nombramiento en propiedad en educación primaria”, es nombrada como maestra
DEPARTAMENTAL en la R.D Tras del Alto Florencia en el Municipio de Tunja.
Igualmente, al citado documento se acompañó el siguiente certificado de tiempo de
servicio:
29
Folio 302. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado
por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
30
Folio 284. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado
por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
15
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
• El 10 de octubre de 2017, por Oficio 2017-ER-179823, el Ministerio de Educación
Nacional expresó que en cuanto al «tipo de vinculación como docente por el tiempo
comprendido entre el 11 de agosto y 7 de octubre de 1980 y del 4 de junio de 1987
al 28 de octubre de 2008 a nombre de la señora FLOR MARINA MARÍA ESTUPIÑÁN
SALAZAR, nos permitimos informarle que con base en la información contenida en los
inventarios de la serie Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de
la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se
encontró información alguna a nombre de la mencionada señora».31
• El 30 de noviembre de 2023, la Secretaría de Educación de Boyacá informó que
«la naturaleza de la Institución Educativa Escuela Normal Mixta San Mateo es de
31
Folio 286. Similar información fue reportada, mediante Oficio 2023-EE-285892 del 9 de noviembre de 2023
(documento visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado). Estos documentos se allegaron al plenario
en cumplimiento de los requerimientos probatorios efectuados por esta Subsección, mediante autos del 3 de
agosto de 2017 (fl. 266) y del 28 de septiembre de 2023 (folio 316).
16
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
orden Departamental, y con posterioridad de orden Nacionalizada». Como respaldo
de esta afirmación se anexaron los siguientes actos: i) Ordenanza 6 de 1954, «por
la cual se crean dos Escuelas Normales Rurales para varones, una Escuela Integral
y se dictan otras disposiciones»; ii) Resolución 3358 de 1958, «por la cual se
aprueban los estudios de la Escuela Normal Rural Departamental para Varones de
San Mateo (Boyacá)»; y iii) Resolución 664 de 1990, «por la cual se aprueban unos
estudios por tiempo limitado».32
• La Procuraduría General de la Nación, así como la Oficina de Gestión de Carrera
y la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá
certificaron que la accionante no registraba antecedentes disciplinarios.33
➢ Actuación administrativa
• El 24 de abril de 2013, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia.34
• El 21 de junio de 2013, por Resolución RDP 028332, la entidad negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria no demostró una labor docente anterior al 31
de diciembre de 1980.35
• El 13 de agosto de 2013, por Resolución RDP 037242, la UGPP resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.36
32
Documentos visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Estos documentos se allegaron al
plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado por esta Subsección, mediante auto del 28
de septiembre de 2023 (folio 316).
33
Documentos visibles en expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folio 122).
34
Información extraída de la Resolución RDP 028332 del 21 de junio de 2013 (folios 12 a 13).
35
Folios 12 a 13.
36
Folio 21.
17
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, la labor de la demandante en la docencia oficial se
estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le corresponden análisis
normativos y probatorios independientes, conforme se explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 12 de agosto al 7 de octubre de 1980
En este lapso la señora Flor Marina María Estupiñán Salazar se desempeñó como
docente de secundaria en la Normal Departamental Mixta de San Mateo, en virtud
de la designación efectuada por el secretario de Educación Pública de Boyacá,
mediante la Resolución 001939 del 5 de septiembre de 1980.
El anterior nombramiento le fue comunicado a la actora con algunos días de
antelación, por Oficio 196 del 11 de agosto de 1980, proferido por el Fondo
Educativo Regional de Boyacá. A su vez, la Resolución 001939 de 1980, que
formalizó la designación, no solo fue suscrita por el mencionado secretario de
Educación, sino también por el jefe de personal y el delegado regional de Boyacá
del Ministerio de Educación Nacional.
Bajo este escenario, se concluye que la actora prestó sus servicios como docente
nacionalizada en razón a que su nombramiento se ajustó a los postulados del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
En efecto, la firma de las mencionadas autoridades evidencia que el nombramiento
atendió a los mandatos de la norma comento, la cual dispuso que «[e]n adelante
ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los
municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y
profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la
construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
18
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Así las cosas, la demandante fue vinculada por una autoridad del orden territorial,
cuando se estaba implementando el proceso de nacionalización de la educación
que ordenó la Ley 43 de 1975 y contó con el aval de las autoridades pertinentes.
Además, el carácter nacionalizado de la designación encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el
sub lite.
Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el presente
asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la vinculación
nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto deberá analizarse
si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una conclusión
distinta.
De otro lado, la Secretaría de Educación de Boyacá informó que durante a este
período a la accionante «se le cancelaron salarios con recursos del Situado Fiscal»;
sin embargo, esta circunstancia no la convierte en una educadora nacional.37
Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tal razonamiento no podía oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma
37
Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de
2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23
33 000 2017 00661 01 (0605–2019).
19
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».38
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
Entonces, este primer período resulta computable para determinar el derecho a la
pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 mes y 26 días; sin embargo, no
sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá revisarse la
vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 14 de julio de 1987 al 19 de junio de 201639
Este segundo período está determinado por el Decreto 001196 del 4 de junio de
1987, proferido por el gobernador de Boyacá, que nombró a la actora como docente
de primaria la R.D. Tras del Alto Florencia en el Municipio de Tunja. Para el efecto,
el funcionario invocó las facultades conferidas por el artículo 194 de la Constitución
Nacional de 1886, dentro de las que se encuentra la de «[d]irigir la acción
administrativa en el Departamento nombrando y separando sus agentes,
reformando o revocando los actos de éstos, y dictando las providencias necesarias
en todos los ramos de la Administración».
Por su parte, la Secretaría de Educación del Boyacá certificó que la señora Flor
Marina María Estupiñán Salazar prestó sus servicios como docente departamental,
en el nivel de Básica Primaria. La Sala acogerá esta afirmación, por cuanto el
nombramiento provino de una autoridad ese orden.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
39
En esta fecha se aceptó la renuncia de la demandante al cargo docente que venía desempeñando.
20
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».40
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el gobernador
de Boyacá, atendió a las atribuciones que con antelación le había otorgado el
legislador.
En este caso, el acto de nombramiento especificó que la actora se desempeñaría
como profesora «por creación de la plaza». Además, fue suscrito exclusivamente
por el gobernador y el secretario de Educación de Boyacá, sin que se observe
intervención alguna de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, como
tampoco se hizo referencia a una autorización por parte de la nación para hacer la
designación, ni que la plaza a ocupar fuera nacional.
Estas circunstancias, al tenor del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, reafirman que la
aludida vinculación es del orden territorial, pues la norma establece que tienen tal
naturaleza los «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
10 de la Ley 43 de 1975», que prohibió a los departamentos crear nuevas plazas
docentes sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional.
Inclusive, el ente territorial con sus propios recursos se hizo cargo de los salarios de
la docente, pues solo hasta la expedición del Decreto 0469 del 31 de enero de 2000
fue incorporada a la nómina del situado fiscal. Se aclara que esta situación no
modificó las condiciones laborales con las que venía desempeñándose, por las
razones explicadas en el anterior acápite y porque el aludido decreto estableció que
40
Artículo 27.
21
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
«[e]l docente incorporado conservará su régimen prestacional, sin solución de
continuidad».41
Bajo este escenario, la vinculación de la accionante en este segundo lapso es de
naturaleza territorial y puede sumarse al primer período antes analizado. En efecto,
la jurisprudencia ha explicado que para determinar el tiempo de servicio válido para
acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no estableció exigencia alguna frente
a los siguientes aspectos: a. contar con determinado período de vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que los servicios prestados como
docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la referida fecha el maestro
deba tener un vínculo laboral vigente.42
En consecuencia, en el presente caso el tiempo de servicio computable para
obtener la pensión gracia corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 12/08/1980 07/10/1980 26 1 0
Territorial 14/07/1987 18/05/2007 4 10 19
TOTAL 0 0 20
En esta tabla se tomó como referente los 20 años exactos de ejercicio docente, pues
ese es el requisito legal para acceder a la pensión gracia; sin embargo, se aclara
que los documentos aportados al plenario evidencian que la actora siguió
desempeñándose en tal condición por más tiempo. Es así como los 20 años de
servicio se cumplieron el 18 de mayo de 2007, pero la demandante laboró hasta el
19 de junio de 2016.
41
Folios 278 a 279. Este documento se allegó al plenario en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección, mediante auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 266).
42
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-
05752-01 (2535-16).
22
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
De esta manera, la demandante probó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada demostró el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
Además, la señora Flor Marina María Estupiñán Salazar cuenta con más de 50 años
de edad y durante su labor como docente no se registraron sanciones disciplinarias,
es decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la accionante cumplió los 50 años de edad el 27 de octubre de 2008,
fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicio, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 27 de octubre de 2007 y el 27 de octubre de 2008, teniendo
en cuenta los factores relacionados en el Formato Único para la Expedición de
Certificados de Salarios, emitido el 11 de marzo de 2013 por la Secretaría de
Educación de Tunja - FOMAG,43 siempre que constituyan factores cuya creación y
reconocimiento se hubiese realizado en el marco de las competencias legales y
constitucionales.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
43
Documento visible en el folio 178 y en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio
magnético (folio 122).
23
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
adquisición del estatus pensional»44 y cuya creación goce de respaldo constitucional
y legal.45
De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a partir
de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».46
A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».47
De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso debe
aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que la actora consolidó el estatus
pensional el 27 de octubre de 2008, elevó la reclamación más de 3 años después,
esto es, el 24 de abril de 2013 y presentó la demanda el 2 de octubre de 2013.48 En
consecuencia, se tomará como referente la fecha de la petición y, por lo tanto, los
efectos fiscales del reconocimiento pensional se decretarán a partir del 24 de abril
de 2010.
44
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
45
En similar sentido, consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 23 de octubre de 2023, radicado 25000234200020140053001 (5893-2018).
46
Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido
puede consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-
01(0945-19).
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado
54001-23-33-000-2014-00010-01 (3243-19).
48
Folios 11 y 26.
24
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,49 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
25
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 12 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:
26
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 028332 del 21 de junio de
2013 y RDP 037242 del 13 de agosto de 2013, mediante las cuales la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Flor Marina María Estupiñán
Salazar, identificada con cédula de ciudadanía 24.078.801, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados por la demandante en el año anterior a la
consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 27 de octubre de 2007
y el 27 de octubre de 2008, teniendo en cuenta los factores relacionados en el
Formato Único para la Expedición de Certificados de Salarios, emitido el 11 de
marzo de 2013 por la Secretaría de Educación de Tunja - FOMAG,50 siempre que
constituyan factores cuya creación y reconocimiento se hubiese realizado en el
marco de las competencias legales y constitucionales. La prestación tendrá efectos
fiscales a partir del 24 de abril de 2010 por haber operado el fenómeno de la
prescripción trienal.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
50
Documento visible en el folio 178 y en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio
magnético (folio 122).
27
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014)
Demandante: Flor Marina María Estupiñán Salazar
Séptimo. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Carlos Arturo
Orjuela Góngora, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo
76 del CGP.51
Octavo. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón como
apoderada de la UGPP, según poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado. Igualmente, se acepta la posterior renuncia presentada por la mencionada
profesional.
Noveno. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
51
Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
28
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