RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2015-00402-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00402-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00402-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente proceso. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del 27 de febrero de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el cual quedará así: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reconocer y pagar a la señora Dalia Pacheco Doria una pensión gracia equivalente al 75 % del promedio mensual devengado entre el 4 de septiembre de 2002 y el 3 de septiembre de 2003, tomando como base su salario y una doceava parte (1/12) de las primas de navidad y vacacional, pero con efectos fiscales a partir del 7 de junio de 2010, por prescripción trienal.» TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 27 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Dalia Pacheco Doria contra la UGPP. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2015-00402-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Decisión: Se modifica el numeral segundo de la sentencia apelada, en cuanto
a establecer la fecha del estatus pensional. Así mismo, se confirma
en todo lo demás, pues se acreditó que la actora cumple con todos
los requisitos legales para beneficiarse de la pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
de primera instancia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante ejerció el medio de control de la referencia con miras a que se
declare la nulidad de las Resoluciones AMB 02313 del 31 de enero de 2008, 01754 del
21 de enero de 2009, PAP 015715 del 28 de septiembre de 2010, RDP 8026 del 21 de
febrero de 2013, RDP 33259 del 23 de julio de 2013, RDP 37317 del 13 de agosto de
2013, 039304 del 27 de agosto de 2013 y de los Autos 005196 del 16 de abril de 2013 y
ADP 010438 del 27 de octubre de 2014, por medio de los cuales la extinta CAJANAL y
la UGPP le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a que le reconozca dicha pensión a partir del 4 de septiembre de 2003,
calculando su monto con todos los factores salariales devengados en el año anterior al
cumplimiento del estatus jurídico de pensionada. Asimismo, requirió que se ordenen los
ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor.

3. Igualmente, solicitó que se condene a la entidad demandada a que, si no da
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo «176 del C. C. A.», le pague los
intereses comerciales durante los primeros 6 meses contados a partir de la ejecutoria del
fallo; sumado a que se condene en costas a la accionada.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

4. Como fundamento de sus pretensiones, reseñó que laboró al servicio del Estado
en calidad de docente del orden territorial en los siguientes períodos: i) del 11 de agosto
al 11 de octubre de 1977, en el departamento de Bolívar; y ii) del 22 de mayo de 1981 al
30 de mayo de 2013, en el departamento de Córdoba.

5. Igualmente, afirmó que cumplió 50 años el 4 de septiembre de 2003, acreditando
ese día su estatus de pensionada. Además, que desempeñó su profesión con honestidad,
consagración e idoneidad conforme lo establecen la Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933.

6. A pesar de lo anterior, señaló que tanto CAJANAL como la UGPP, a través de los
actos administrativos censurados, le negó el reconocimiento y pago de la citada
prestación periódica bajo el argumento de que no demostró una vinculación docente
antes del 31 de diciembre de 1980.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones, aduciendo que, si bien es cierto
que la actora laboró como docente en los departamentos de Bolívar y Córdoba por más
de veinte años, no se prueba que dicha vinculación haya sido del orden territorial. Al
respecto, indicó que, aunque se aportó el certificado de información laboral del 13 de
marzo de 2013 —en el que se menciona que la docente ocupó el cargo de docente-
subdirectora durante el período comprendido entre el 18 de agosto y el 11 de octubre de
1977—, no se indicó que sobre dicho interregno se hubieran realizado cotizaciones, por
lo que concluye que no existió vínculo legal y reglamentario.

8. En consecuencia, afirmó que la actora no cumple con los requisitos establecidos
para acceder a la pensión gracia toda vez que en el expediente no se encuentra
acreditada la existencia de una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, sino que,
por el contrario, únicamente se registra un vínculo como docente a partir del 22 de mayo
de 1981.

9. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «falta de requisitos legales para
el reconocimiento del derecho pretendido», «inexistencia de la obligación», «prescripción
trienal» y «buena fe».

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia el 27 de febrero de 2020,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar a
la entidad accionada a reconocerle la pensión gracia en cuantía del 75 % del promedio
mensual devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional, con efectividad a partir del 7 de junio de 2010, por haber operado el fenómeno
prescriptivo.

11. La decisión se sustentó en que la actora acreditó haber laborado en la docencia
oficial con honradez, consagración y buena conducta durante más de 30 años. Por lo
2

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

demás, encontró probado que prestó sus servicios para la Institución Educativa
Concentración Fernando Vega núm. 2 de la ciudad de Cartagena, entre el 11 de agosto
y el 11 de octubre de 1977, nombrada mediante el Decreto 802 del mismo año como
educadora nacionalizada, cumpliendo a cabalidad el requisito de haber estado vinculada
antes del 31 de diciembre de 1980.

12. Asimismo, que fue vinculada como docente al servicio del departamento de
Córdoba mediante el Decreto 000374 del 10 de marzo de 1981, en el Colegio Bachillerato
Nocturno del municipio de Lorica, por el período comprendido entre el 22 de mayo de
1981 y el 28 de febrero de 1994, para un total de 12 años, 9 meses y 6 días de servicios.
Luego, laboró como docente en el Colegio Santo Domingo Sabio del mismo municipio, a
partir del nombramiento efectuado mediante el Decreto 117 del 16 de marzo de 1995,
para un total de 31 años, 1 mes y 18 días.

13. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad.

Recurso de apelación

14. La entidad accionada solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
bajo el reparo de que no es posible tener por acreditado que la demandante estuvo
vinculada como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. Lo
anterior, toda vez que las certificaciones laborales expedidas por la Secretaría de
Educación de Bolívar y los actos administrativos de nombramiento dan cuenta de que la
actora prestó sus servicios entre el 11 de agosto y el 11 de octubre de 1977 como
subdirectora de la Concentración Fernando de la Vega núm. 2 de Cartagena, cargo que,
según afirma, es de naturaleza administrativa y no docente, razón por la cual dicho
período no puede computarse para efectos de la pensión gracia solicitada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 21 de octubre de 20211 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada. Luego, por medio de providencia del 10 de marzo de
20222, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y
se puso a disposición del Ministerio Público el expediente para emitir el correspondiente
concepto.

16. La demandante3 y la demandada4 presentaron sus alegaciones reiterando los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en el recurso de apelación,
respectivamente.

17. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1 Folio 213.
2 Folio 232.
3 Índices 15 y 16 de SAMAI.
4 Índice 17, ibidem.

3

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

Competencia

18. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Impedimento del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves

19. El 12 de agosto del presente año, el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa
Nieves manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con
fundamento en la causal 2 del artículo 141 del CGP, debido a que conoció del proceso
de la referencia en primera instancia y suscribió la sentencia objeto de apelación en
calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba.

20. Al respecto, el régimen de impedimentos tiene como objetivo garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.
A través de esta figura, se busca prevenir situaciones que puedan comprometer el criterio
de los jueces en las providencias que emitan. Así, cuando un funcionario judicial
reconozca que se encuentra impedido, debe manifestarlo para proteger los principios que
rigen la adecuada administración de justicia.

21. Una vez revisada la sentencia recurrida, dictada el 27 de febrero de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, se confirma que el consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves formó parte de la respectiva Sala de decisión y, por ende, suscribió la providencia
cuestionada en esta instancia. Por lo tanto, se identifican elementos subjetivos en la
manifestación de impedimento que sugieren que la decisión que se adopte en el asunto
mencionado podría afectar la objetividad e imparcialidad que se exige de los titulares de
la función jurisdiccional.

22. En consecuencia, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado
por el referido consejero, con el fin de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.

Problema jurídico

23. Le corresponde a esta Sala determinar si el tiempo que la demandante laboró en
la Concentración Fernando de la Vega núm. 2 de Cartagena de Indias, entre el 11 de
agosto y el 11 de octubre de 1977, es computable para efectos de acreditar el requisito
de haber laborado como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980, con el fin de beneficiarse de la pensión gracia deprecada.

Análisis del problema jurídico

4

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

24. Esta Subsección confirmará la sentencia apelada, conforme a los argumentos que
se exponen a continuación.

25. En efecto, en el expediente obra copia del Decreto 802 del 23 de agosto de 19775,
a través del cual el gobernador de Bolívar nombró interinamente a la accionante para
terminar la licencia renunciable concedida por 60 días a la señora Martha Mendoza
Barboza —subdirectora de la Concentración Fernando de la Vega núm. 2—, con efectos
fiscales a partir del 11 de agosto de esa anualidad, cargo del cual tomó posesión el 19 de
septiembre de 1977, según se registra en el Acta 1039406 de esa fecha.

26. De igual modo, se allegó el Certificado de Información Laboral del 16 de abril de
20067 y el Formato Único para la Expedición de Certificado Laboral del 13 de marzo de
20138, ambos expedidos por la Secretaría de Educación de Bolívar, en los cuales se da
constancia de que la demandante fungió como «subdirectora – maestra»9 entre el 11
de agosto y el 11 de octubre de 1977 en la Concentración Fernando de la vega núm. 2
de Cartagena, con una vinculación de tipo nacionalizada.

27. También se aportó copia de la certificación emitida el 19 de marzo de 201310 por
el rector de la Institución Educativa Fernando de la Vega, en el que se indicó que la
libelista prestó sus servicios «como docente de educación básica primaria11»,
nombrada mediante el Decreto 802 del 23 de agosto de 1977, con una duración de 60
días comprendidos entre el 11 de agosto y el 11 de octubre de 197712.

28. Ahora bien, la entidad apelante insiste en que dicho interregno no puede tenerse
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que, en su
criterio, la demandante prestó sus servicios como subdirectora, el cual es un cargo de
carácter administrativo y no docente, por lo que dicha clase de empleados no tienen
derecho al reconocimiento de la citada prestación, conforme lo establecen las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

29. Sin embargo, si bien es cierto la demandante fue nombrada como subdirectora
interina de la Concentración Fernando de la Vega de Cartagena, las certificaciones
laborales emitidas por la autoridad competente dan fe de que sus funciones las ejerció
como maestra de primaria, esto es, como personal docente.

30. A más que, antes del nombramiento de la actora en 1977, el Presidente de la
República había promulgado el Decreto Ley 223 de 197213, cuyo artículo 2° definía la

5 Folio 63.
6 Folio 66.
7 Folio 57.
8 Folios 63 y 64.
9 Ibidem.
10Folio 61.
11 Ibidem.
12 Ibidem. Sobre el particular, se advierte que el mencionado certificado establece que la duración del vínculo objeto

de estudio fue de 60 días, comprendidos entre el «11 de agosto de 1997 y el 11 de octubre del mismo año». No
obstante, la Sala observa que, en lo que respecta al año, el rector de la institución educativa incurrió en un error
mecanográfico, pues en realidad correspondía al año 1977 y no a 1997.
13 Por el cual se dictan disposiciones sobre escalafón del personal docente y se establecen derechos, deberes,

estímulos sanciones del mismo.
5

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

profesión docente como el ejercicio del magisterio, tanto en la educación primaria como
en la secundaria, abarcando sus diversas modalidades: profesional normalista, especial,
para adultos y en la administración educativa. De tal suerte que, conforme a la
preceptiva reseñada, la profesión docente no se predica exclusivamente de quienes
ejercen la enseñanza en las aulas de clase; como bien se aprecia, la definición de
profesión docente comprende también el personal que administra un colegio público,
como puede ser ejerciendo el empleo de subdirectora administrativa.

31. En este sentido, dado que la demandante ocupó el puesto de subdirectora-maestra
de educación básica primaria en la institución mencionada, es evidente que su cargo
estaba intrínsecamente vinculado a la administración educativa. Por lo tanto, las
funciones desempeñadas le permiten validar el ejercicio de la actividad docente a efectos
de la pensión gracia.

32. Ahora bien, esta Subsección difiere de la naturaleza nacionalizada que le otorgó
el Tribunal a este vínculo, en la medida en que en realidad corresponde a uno de carácter
territorial, ya que la designación se hizo directamente por el gobernador del departamento
de Bolívar. En el acto administrativo de nombramiento ni en el acta de posesión se
evidencia la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional que diera
lugar a la autorización previa consagrada en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

33. Es decir, la designación encuadra en la definición contemplada en el artículo 1° de
la Ley 91 de 1989, así: «Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

34. Así las cosas, es diáfano que la accionante acreditó una vinculación como docente
territorial para el departamento de Bolívar entre el 11 de agosto y el 11 de octubre de
1977, esto es, durante 60 días, cumpliendo así el requisito de haber ejercido como
tal antes del 31 de diciembre de 1980.

35. Aclarado lo anterior, también se comparte la posición del Tribunal Administrativo
de Córdoba al tener por acreditados los 20 años de servicios como docente territorial, ya
que en el plenario obra copia del Decreto 000374 del 10 de marzo de 198114, a través del
cual el gobernador de Córdoba, en usos de sus atribuciones legales, la nombró como
profesora de tiempo completo del Colegio Bachillerato Nocturno de Lorica, del cual tomó
posesión ante el secretario general de la gobernación el 22 de mayo de esa anualidad15.

36. De igual modo, se allegó el Formato Único para la Expedición de Certificado
Laboral del 30 de octubre de 201716, expedido por la Secretaría de Educación de
Córdoba, en el que se constata que la demandante laboró para el Colegio Bachillerato
Nocturno de Lorica entre el 22 de mayo de 1981 y el 28 de febrero de 1994, para un total
de 12 años, 9 meses y 6 días, en calidad de docente departamental.

14 Folio 187.
15 Cfr. Acta de posesión del 22 de mayo de 1981 (folio 188.)
16 Folios 170 y 171.

6

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

37. Por su parte, el Secretario de Educación Municipal de Santa Cruz de Lorica,
mediante constancia del 10 de julio de 201217, certificó que la libelista prestó sus servicios
como profesora en propiedad entre el 22 de mayo de 1981 y el 10 de julio de 2012, en
los Colegios Nocturno, José Acevedo y Gómez, y Santo Domingo Sabio (hoy Institución
Educativa Lacides C. Bersal) de dicho municipio, para un total de 31 años, 1 mes y 18
días.

38. Por último, se aportó copia del Formato Único para la Expedición de Certificados
de Salarios del 30 de mayo de 201318, emitido por la Secretaría de Educación de Santa
Cruz de Lorica (Córdoba), en la que se menciona que la actora, para esa fecha, prestaba
sus servicios como docente en la Institución Educativa Lacides C. Bersal, con una
vinculación de tipo departamental.

39. En síntesis, la demandante acreditó un total de 32 años, 2 meses y 9 días de
servicios como docente territorial, de acuerdo con la siguiente tabla:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 11/08/1977 11/10/1977 0 2 0
Territorial 22/05/1981 30/05/2013 9 0 32
TOTAL 9 2 32

40. De este modo, se advierte que la actora, no solo acreditó los presupuestos
previamente analizados —vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y 20 años de
servicios en plazas de carácter territorial o nacionalizado—, sino que también demostró
haber cumplido 50 años de edad el 4 de septiembre de 200319. Adicionalmente, no se
hallaron objeciones en torno a su trayectoria profesional que desvirtúen el cumplimiento
de los requisitos de honradez, dedicación y buena conducta 20. Finalmente, no se
evidencia que reciba una doble compensación o erogación incompatible con la pensión
gracia.

41. Entre tanto, la Sala advierte que el tribunal de primera instancia no se pronunció
sobre la fecha en la cual se configuró el estatus pensional de la demandante. Por ende,
y con el propósito de garantizar la efectividad de la sentencia, así como de respetar el
principio de congruencia, se determinará como fecha de causación del derecho pensional
el 4 de septiembre de 2003, día en el cual la actora cumplió 50 años de edad, puesto
que el momento en el que completó 20 años de servicios como docente territorial fue
anterior (21 de marzo de 200121).

42. En cuanto a la liquidación de la mesada pensional, esta deberá calcularse
conforme a lo previsto en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 del mismo año. Es decir,

17 Folio 67.
18 Folio 70.
19 Folio 71.
20 Cfr. Certificado de antecedentes 9839195 del 4 de diciembre de 2008, expedido por la Procuraduría General de la

Nación (folio 72).
21 Esta fecha surge de restarle al 30 de mayo de 2013 lo correspondiente a 12 años 2 meses y 9 días.

7

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

sobre el 75 % del promedio de todos los fatores salariales devengados en el año anterior
a la adquisición del estatus pensional22, esto es, entre el 4 de septiembre de 2002 y el 3
de septiembre de 2003. Dicha base incluirá la asignación básica mensual y una doceava
parte (1/12) de las primas de navidad y de vacaciones, según consta en la certificación
de salarios del 30 de mayo de 201323.

43. Para finalizar, esta Subsección comparte la decisión del Tribunal al declarar
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 7 de junio de 2010, en la medida en
que la última petición encaminada a la concesión de la pensión gracia se radicó el 7 de
junio de 2013, fecha a partir de la cual se interrumpió el fenómeno de prescripción por un
lapso de 3 años, tal como lo establece el artículo 48 del Decreto 3135 de 1968 y el 102
de Decreto 1848 de 1969; considerando, a su vez, que la demanda se presentó el 28 de
octubre de 2015, es decir, dentro de dicho lapso.

Condena en costas

44. El artículo 188 del CPACA dispone que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Bajo esta
directriz, esta Subsección venía considerando que, durante la vigencia del CPACA, la
imposición de costas debía fundarse en una valoración objetiva24. Así, una vez acreditada
su procedencia, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes, el juez podía ordenar su pago.

45. Sin embargo, esa posición debe ajustarse a lo previsto en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, estableciendo que la
condena en costas solo procede cuando se determine que la demanda fue presentada
con manifiesta carencia de fundamento legal. Esto exige verificar si los argumentos
expuestos carecen de un sustento normativo razonable, como ocurre cuando las
disposiciones invocadas no resultan aplicables al caso o se desconocen precedentes
reiterados de esta Corporación.

46. Durante el trámite de esta instancia, la entidad demandada centró su defensa en
controvertir la vinculación que la accionante mantuvo con el departamento de Bolívar
entre el 11 de agosto y el 11 de octubre de 1977, precisando que no podía tenerse en
cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Dicha postura fue seria y
razonable, como lo demuestra el análisis desarrollado en la parte motiva de esta decisión.
Por tanto, esta Sala se abstendrá de imponerle condena en costas en segunda instancia,
al no acreditarse una evidente falta de fundamento jurídico en su argumentación.

22 Cfr. Sentencia del 14 de agosto de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado,

dentro del expediente 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-2019), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset
Ibarra Vélez; y sentencia del 6 de marzo de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, en el proceso 15001-23-33-000-2013-00871-01 (4272-2014), con ponencia del magistrado Rafael Francisco
Suárez Vargas.

23 Folio 70.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
8

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00402 01 (2969-2021)
Demandante: Dalia Pacheco Doria

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero de
Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente
proceso.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia
del 27 de febrero de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el cual
quedará así:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), reconocer y pagar a la señora Dalia Pacheco Doria una
pensión gracia equivalente al 75 % del promedio mensual devengado entre el 4 de
septiembre de 2002 y el 3 de septiembre de 2003, tomando como base su salario y
una doceava parte (1/12) de las primas de navidad y vacacional, pero con efectos
fiscales a partir del 7 de junio de 2010, por prescripción trienal.»

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 27 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Dalia Pacheco
Doria contra la UGPP.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Con impedimento)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.