Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00301-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00301-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2015-00301-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el señor Pedro Nel Carrillo Guevara, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones UGM 024642 del 10 de enero de 2012 y UGM 036022 del 29 de
febrero de 2012, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)
E.I.C.E. en liquidación, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de
1 Folios 1 al 19.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
una pensión mensual vitalicia de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar al actor la pensión gracia de
jubilación, por su labor como docente, desde cuando adquirió el estatus jurídico; ii)
pagar las sumas adeudadas con los ajustes de valor, en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas del proceso.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:
i) El señor Pedro Nel Carrillo Guevara fue vinculado como docente en reemplazo de
Lilia María Ballesteros, en la Institución Educativa Santa Ana del municipio de Une
(Cundinamarca), a través de Decreto 2950 del 27 de julio de 1979, expedido por la
Gobernación de Cundinamarca. Cuenta con más de veinte años de servicio a favor
de la educación del sector público en Colombia, que se causaron con anterioridad
a la fecha en que cumplió los 50 años de edad.
ii) Mediante proceso disciplinario, el demandante fue suspendido e inhabilitado para
prestar sus servicios como docente, providencia que produjo efectos jurídicos a
partir del 5 de julio de 2011, fecha posterior al cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión gracia.
iii) El 17 de diciembre de 2010, el señor Carrillo Guevara solicitó a CAJANAL E. I.
C. E. en liquidación, el reconocimiento de la pensión gracia. Dicha petición fue
negada a través de las resoluciones acusadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928; 37 de
1933; 91 de 1989 y 115 de 1994.
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Los actos acusados vulneran las normas en que debieron fundarse, dado que se
encuentra debidamente acreditado que el primer nombramiento como profesor se
realizó por una entidad del orden territorial, antes del 1 de enero de 1981.
ii) La entidad deniega el derecho reclamado bajo un supuesto fáctico no probado, al
darle a la vinculación un estatus carente de fundamento, pues afirma que el servicio
prestado al departamento de Cundinamarca fue en condición de docente nacional,
pese a que ninguno de los actos de nombramiento o traslado indican tal naturaleza.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
expuso las siguientes razones de defensa:2
i) El demandante estuvo vinculado durante tiempos diferentes como docente
nacional y nacionalizado, es decir, durante lapsos independientes que no se pueden
sumar para la obtención de la pensión gracia, en aras de evitar incurrir en la
prohibición constitucional de recibir doble asignación del tesoro público.
ii) La extinta Cajanal E.I.C.E no incurrió en las violaciones que se le endilgan, pues
los actos acusados se encuentran ajustados a derecho y, por ende, no es
procedente ordenar el reconocimiento de la pensión gracia, porque el actor no
cumple los requisitos exigidos por la ley, es decir, 20 años de servicio en la docencia
oficial del orden territorial, haber estado vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
y haber observadlo buena conducta en el ejercicio docente.
2 Folios 130 al 140.
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia del derecho a reclamar; cobro
de lo no debido; buena fe; inexistencia de vulneración de principios constitucionales
y legales; prescripción y genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 10 de noviembre de
2016, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:3
i) En el sub examine se encuentra demostrado que la vinculación del señor Pedro
Nel Carrillo Guevara, al servicio de la docencia aconteció el 31 de agosto de 1979,
esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1980. Así mismo, que su
vinculación tanto en establecimientos educativos oficiales pertenecientes a la
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y del Departamento
del Tolima, lo fue como docente nacionalizado nombrado directamente por el
gobernador de cada uno de esos entes territoriales para prestar sus servicios en
instituciones educativas de primaria. Laboró un tiempo de servicio de 24 años, 5
meses y 17 días y adquirió el estatus pensional el 28 de septiembre de 2010, al
cumplir los 50 años de edad.
ii) En cuanto al requisito de haber desempeñado su cargo con honradez,
consagración y buena conducta, se advierte dentro del plenario certificado ordinario
de antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la Nación el 28 de
febrero de 2014, en el que registra una sanción disciplinaria de suspensión por el
término de cuatro meses e inhabilidad especial por ese mismo periodo, impuesta en
providencia del 10 de junio de 2011 por el jefe de la Oficina de Control Interno
Disciplinario la Alcaldía Municipal de Soacha, con efectos jurídicos a parir del 5 de
julio de 2011.
3 Folios 172 al 181.
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Es decir, que el derecho pensional se consolidó mucho antes de la vigencia de la
sanción disciplinaria que le fue impuesta, como se acredita de los antecedentes
administrativos de los actos administrativos acusados, en los que se vislumbra que
para ese momento no registraba ningún tipo de sanción disciplinaria y que la única
causa para negar la prestación por parte de CAJANAL E.I.C.E, está relacionada con
el tiempo de servicios necesario para acceder a la prestación. Así las cosas, al
demandante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia, sin que pueda
oponerse a este el hecho de haber sido objeto de sanción disciplinaria con
posterioridad a la concreción de dicho derecho pensional.
iii) Comoquiera que el actor elevó reclamación administrativa tendiente al
reconocimiento de su derecho el 17 de diciembre de 2010, la cual dio origen a los
actos administrativos enjuiciados, y presentó la demanda el 19 de mayo de 2015,
debe contabilizarse el término de prescripción trienal a partir esta fecha; en ese
orden, se encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 19 de
mayo de 2012.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
con base en los siguientes argumentos:4
i) La liquidada Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto el
demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, toda
vez que no cuenta con 20 años de servicios como docente nacionalizado, ni ha
observado buena conducta en el ejercicio de la docencia, fue suspendido e
inhabilitado, como resultado de un proceso disciplinario que se adelantó en su
contra.
ii) La mayoría de los cargos que desempeñó el demandante fueron designados por
4 Folios 187 al 190.
5
Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
el Gobierno nacional, sin dejar de lado que prestó sus servicios como docente
cofinanciado, siendo del caso advertir que los sueldos y prestaciones sociales de
los docentes vinculados bajo esta modalidad están a cargo de la Nación, por
consiguiente no tienen la calidad de territoriales, ni nacionalizados, sino de
nacionales.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
5 Constancia secretarial obrante en el folio 238.
6 Ibidem.
6
Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme a la cédula de ciudadanía y al registro civil de nacimiento, el señor Pedro
Nel Carrillo Guevara nació el 28 de septiembre de 1960.19
• De acuerdo con la comunicación del 30 de julio de 1979,20 el señor Pedro Nel
Carrillo fue nombrado maestro de Escuela Rural del municipio de Une
(Cundinamarca), por medio del Decreto departamental 2950 del 27 de julio de 1979.
Tomó posesión del cargo el 31 de agosto de 1979.21
• El Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral, expedido
por la Alcaldía Municipal de Soacha, el 12 de julio de 2012, relacionan los traslados
de que fue objeto el actor, así:22
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folios 21 y 22.
20 Folio 50.
21 Folio 49.
22 Folios 38 al 40.
12
Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
➢ Por Decreto 994 del 26 de marzo de 1980 fue trasladado a la Institución
Educativa Santa Ana del municipio de Arbeláez;
➢ Por Resolución 2216 del 9 de septiembre de 1981, fue trasladado a la
misma institución educativa del municipio de Arbeláez;
➢ Por Decreto 2036 del 20 de mayo de 1983, fue trasladado a la Institución
Educativa Santa del municipio de Fusagasugá;
➢ Por Decreto 71 del 1 de enero de 2001, fue trasladado a la Institución
Educativa Santa Ana del municipio de Soacha (Cundinamarca).
Los diferentes movimientos fueron comunicados al docente, así:
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
• El Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral, expedido
por la Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá, da cuenta del traslado
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
efectuado por Decreto 1053 del 13 de mayo de 1986, a la Escuela Rural Mesitas de
Fusagasugá (Cundinamarca).23
• El 2 de enero de 2006, por medio del Decreto 009, el alcalde de Fusagasugá, en
uso de sus facultades constitucionales y legales, y con fundamento en el Convenio
Interadministrativo 003 del 23 de noviembre de 2005,24 celebrado entre los
municipios de Soacha y Fusagasugá, decidió «efectuar traslado por permuta
libremente convenida sin solución de continuidad del docente Pedro Nel Carrillo
Guevara […] para la planta de personal del municipio de Soacha.25
• El 28 de septiembre de 2009, por Decreto 1289, el gobernador del Tolima,
incorporó, sin solución de continuidad, a la planta global de cargos del personal
docente del departamento, financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones, al señor Pedro Nel Carrillo Guevara.26 Se posesionó el 14 de
octubre de 2009.27
• La Procuraduría General de la Nación certificó que el señor Carrillo Guevara
registra una sanción principal de suspensión por el periodo de cuatro meses y una
accesoria de inhabilidad especial por el mismo término, impuesta en única instancia
por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía municipal de
Soacha, mediante providencia del 10 de junio de 2011, con efectos jurídicos desde
el 5 de julio de 2011.28
• En respuesta al requerimiento efectuado por la Sala,29 la Secretaría de Educación
Departamental del Tolima remitió los siguientes documentos:
23 Folio 41.
24 Folios 56 y 57.
25 Folios 58 y 59.
26 Folios 60 al 62.
27 Folio 64.
28 Folio 37.
29 Auto del 20 de septiembre de 2018 (folio 239).
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
✓ Formato Único para la expedición de certificado de Historia Laboral, que
informa que el demandante se encuentra vinculado en propiedad, como
docente de primaria, con régimen de pensiones nacionalizado, incorporado
mediante Decreto 1289 del 28 de septiembre de 2009, en el Plantel Educativo
Central de Saldaña, y que por Resolución 074 del 15 de enero de 2010 fue
designado en la Sede Central del mismo municipio. Se anotó como
observación que «la vinculación es de tipo nacionalizado, porque fue
nombrado por la Gobernación de Cundinamarca con el Decreto 2950/1979 y
permutó de Soacha con Decreto 255/2009».30
✓ Acta de posesión 6964, del 31 de agosto de 1979, que da cuenta que en esta
fecha el docente Carrillo Guevara se posesionó en el cargo de maestro,
30 Folios 246 y 247.
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segunda categoría en el municipio de Une, nombrado por Decreto 2950 de
1979.31
✓ Copia del Decreto 1289 del 28 de septiembre de 2009, expedido por el
gobernador del Tolima, por el cual se incorporó al actor a la planta de cargos
de este ente territorial.32
• Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en respuesta al
requerimiento de la Sala,33 remitió Formato Único para la expedición de certificado
de Historia Laboral, que informa que el demandante fue vinculado en propiedad,
como docente de primaria en el municipio de Une, con régimen de pensiones
nacionalizado, nombrado por Decreto 2950 del 27 de julio de 1979, y los traslados
de que fue objeto a los municipios de Arbeláez y Fusagasugá, por medio del Decreto
994 del 26 de marzo de 1980, de la Resolución 2216 del 9 de septiembre de 1981
y del Decreto 1053 del 13 de mayo de 1986.34
➢ Actuación administrativa
• El 17 de diciembre de 2010, el demandante peticionó ante Cajanal E.I.C.E. en
liquidación el reconocimiento de la pensión gracia.35
• El 10 de enero de 2012, mediante la Resolución UGM 024642, la entidad negó la
petición, con fundamento en que para el 28 de septiembre de 2010, fecha en que el
docente adquirió el estatus de pensionado, «se encontraba laborando para el
departamento del Tolima, con tipo de vinculación nacional».36
• El 31 de enero de 2012, el interesado interpuso el recurso de reposición
procedente.37
31 Folio 248.
32 Folios 249 y 250.
33 Auto del 20 de septiembre de 2018 (folio 239).
34 Folio 253.
35 Según se extracta de la Resolución UGM 024642 del 10 de enero de 2012 (folios 23 al 27).
36 Folios 23 al 27.
37 Folios 28 al 30.
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
• El 29 de febrero de 2012, a través de la Resolución UGM 036022, se confirmó la
decisión.38
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor del
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) El señor Pedro Nel Carrillo Guevara acreditó como tiempo de servicio computable
para obtener la pensión gracia el período comprendido entre el 31 de agosto de
1979 y el 30 de noviembre de 2010.39 Estas vinculaciones obedecieron a
nombramientos y traslados efectuados por los gobernadores de Cundinamarca y
del Tolima y el alcalde de Fusagasugá.
En efecto, aunque al plenario no se aportaron los citados actos, pese al
requerimiento efectuado por la Sala, en los actos de comunicación respectivos por
los cuales se le comunicó al actor los traslados de que fue objeto con posterioridad
al nombramiento efectuado en el municipio de Une (Cundinamarca) por medio del
Decreto 2950 de 1979, se indica que estos fueron expedidos por el gobernador de
este ente territorial.
ii) Por su parte, el traslado por permuta para el municipio de Soacha, efectuado por
medio del Decreto 009 del 2 de enero de 2006, fue decretado por el alcalde de
Fusagasugá en uso de sus facultades constitucionales y legales, y conforme a lo
acordado en el Convenio Interadministrativo 003 del 23 de noviembre de 2005,
celebrado entre los municipios de Soacha y Fusagasugá, de conformidad con lo
38 Periodo computado en los actos acusados.
39 Fecha de la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Tolima.
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dispuesto sobre el particular en el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, que regula los
traslados del personal docente.
iii) Asu turno, la Secretaría de Educación Departamental del Tolima certificó que el
actor ostenta una vinculación en propiedad como nacionalizado. Tal certificación, a
juicio de la Sala, da cuenta, de manera inequívoca, del carácter de vinculación del
educador Carrillo Guevara, dado que identifica al docente, el periodo laborado, el
tipo de vinculación y las situaciones administrativas que se presentaron con
especificación de los respectivos actos administrativos. Además, anotó que «la
vinculación es de tipo nacionalizado, porque fue nombrado por la Gobernación de
Cundinamarca con el Decreto 2950/1979 y permutó de Soacha con Decreto
255/2009».
En ese orden, el carácter de docente territorial se mantuvo durante los traslados de
que fue objeto en el departamento de Cundinamarca y con la incorporación
efectuada el 28 de septiembre de 2009, por Decreto 1289, por el gobernador del
Tolima. Es decir, que la condición de la vinculación inicial no varió, comoquiera que
no existió solución de continuidad.
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte del
señor Carrillo Guevara tienen la denominación de territoriales y, en todo caso, no
podrían ser, de ningún modo, considerados nacionales, en atención a que no existe
prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra
suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones.
En esos términos, esta Sala ha precisado que en casos como este «El carácter
nacionalizado de la designación también encuentra respaldo en el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43
de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-085 de
2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31
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de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub
lite. No obstante, dichas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con los demás elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco el tipo de vinculación del respectivo docente.
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis el docente fue
nombrado por una entidad territorial con posterioridad al 1 de enero de 1976 con
ocasión de la nacionalización, la referida regla jurisprudencial cobra mayor
importancia porque permite concluir que el tipo de vinculación fue nacionalizado.
iv) El demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión docente con
vinculaciones del orden territorial por más de 20 años y la exigencia de haber
ingresado al servicio antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, cumplió el
requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la
prestación pretendida.
v) En torno al requisito de buena conducta que establece el artículo 4 de la Ley 114
de 1913 para beneficiarse de la pensión gracia, que según la apelante no ha
observado el actor, se tiene que dicho concepto, tal y como lo ha señalado la Corte
Constitucional, «no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a
apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede
apartarse de la manera como tales consideraciones de valor hayan sido plasmadas
en el ordenamiento».
Así las cosas, teniendo en cuenta que la buena conducta es un concepto jurídico
indeterminado,40 pues no es posible prever el marco o los límites de su
consagración, corresponde establecer «parámetros de valor» que permitan al
operador en sede administrativa y judicial precisar las situaciones fácticas que le
dan vigencia a efectos de restringir o no un derecho.
40 Sentencia C-371 de 2002.
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Radicación: 73001 23 33 000 2015 00301 01 (1109-17)
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Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que
acreditar tal requisito no implica per se una ausencia de antecedentes disciplinarios,
es decir que pese a tenerlos, no necesariamente indica automáticamente que no se
tiene buena conducta. Se trata entonces de una valoración en conjunto de la
conducta del docente durante el ejercicio de su labor, lo que exige considerar las
particulares circunstancias de cada caso concreto, esto es, la levedad de la falta
cometida, la reincidencia, entre otras. Todo lo anterior, para efectos de condicionar
el reconocimiento del derecho, pues se insiste, este requisito debe ser aplicado en
forma objetiva.41
Así, el Consejo de Estado ha señalado que debe sopesarse el largo ejercicio del
empleo docente en contraste con la conducta y si esta particular situación es capaz
de afectar su expectativa por ser considerada reprochable y suficiente para hacer
nugatorio el derecho reclamado.42 De manera que sea necesario «evaluarse la
continuidad de la trasgresión del demandante a los deberes como servidor público
y la gravedad de la falta».43
Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Política establece que «Toda persona
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable», de
allí se desprende que en todo proceso sea necesario realizar un análisis de la
culpabilidad, esto es, verificar si la conducta reprochable se cometió con culpa o
dolo, lo que permite establecer el castigo a imponer, esto es, en el ámbito de la
responsabilidad subjetiva. Lo anterior, cobra importancia en el sub judice, pues se
trata del derecho a acceder a la pensión gracia, de forma que es lógico entender
que las garantías del debido proceso sean aplicadas con estricta observancia a la
hora de estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado 15001-
23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
42 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 1997, expediente
15734, M.P. Clara Forero de Castro. Este criterio se citó en la sentencia del 24 de mayo de 2005 proferida
dentro del radicado 25000-23-25-000-2000-02865-01(2272-04), actor: José Oscar Jiménez Pérez, M.P. Ana
Margarita Olaya Forero.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado 54001
23 33 000 2015 00421 01 (0047-2017), M.P. William Hernández Gómez.
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Por lo tanto, en línea con lo que se ha expuesto, es necesario conocer las razones
que dieron origen a la sanción disciplinaria impuesta al docente. Sin embargo, al
expediente no se allegó prueba alguna que le permita a esta autoridad judicial
conocer los motivos por los cuales el señor Carrillo Guevara fue sancionado con
suspensión del cargo por cuatro meses e inhabilidad especial por el mismo término.
En este caso, la UGPP, tanto en la contestación de la demanda como en el recurso
de apelación, se limitó a afirmar que el actor no ha observado buena conducta en el
ejercicio de la docencia y, como se expuso, tal expresión es susceptible de
acreditación por diversos medios que están al alcance de la entidad que lo alega,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del CGP según el cual «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen».
No obstante, no se aportó elemento alguno que acredite que durante su vinculación
el docente asumió un comportamiento recriminable y que no se trató de una
actuación considerada de manera aislada.44 Por el contrario, el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación fue
allegado por el demandante y en este solo se relaciona dicha anotación que, per se,
no permite evidenciar la magnitud de la conducta que dio lugar a su imposición.
Lo anterior es así, pues tal y como lo advirtió el a quo, este requisito como causal
de pérdida del derecho a la pensión gracia, debe analizarse de forma concreta, a
fin de determinar si efectivamente existió un proceder de tal envergadura, que haga
nugatoria la prestación perseguida. Sin embargo, revisado el material probatorio, la
Sala resalta la ausencia de elementos que acrediten la mala conducta del
demandante como lo alega la UGPP.
Por lo expuesto, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada, en
tanto reconoció la prestación solicitada, con efectos fiscales a partir del 19 de mayo
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado 15001-
23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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de 2012, por prescripción trienal, como lo determinó el a quo, pues, si bien el
interesado presentó la reclamación administrativa el día 17 de diciembre de 2010,
la demanda se radicó el día 19 de mayo de 2015.
2.5. De la condena en costas
Teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en
las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las
partes con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda
incoada por Pedro Nel Carrillo Guevara contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: Pedro Nel Carrillo Guevara
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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