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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00234-01

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00234-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Elida Preciosa Pérez Requena, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el cual quedará así: CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2013, propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por lo expuesto. 31 Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018) Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Elida Preciosa Pérez Requena, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2016-00234-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

2 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Elida Preciosa Pérez Requena, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) RDP 003176 del 28 de mayo de 2012, ii) RDP 005973
del 19 de julio de 2012; iii) ADP 008043 del 20 de junio de 2016, a través de las
cuales, la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
ii) ordenar a la demandada pagar el valor de las mesadas en forma indexada; iii)
condenar en costas e intereses moratorios; y iv) dar cumplimiento a la sentencia
en el término señalado en la ley.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Elida Preciosa Pérez Requena nació el 9 de julio de 1958. Ingresó al
servicio oficial docente en propiedad como municipal en la Escuela Rural
Candelaria Abajo del Municipio de Majagual (Sucre), en donde alcanzó más de 36
años de servicios. Ha desempeñado la docencia con honradez, consagración,
idoneidad y buena conducta y a la fecha de presentación de la demanda, no
percibe ninguna pensión.

ii) El 16 de diciembre de 2011, presentó ante la UGPP una solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia; no obstante, dicha
entidad, a través de Resolución RDP 003176 del 28 de mayo de 2012, negó la
petición.

iii) En contra de la anterior decisión la demandante interpuso recurso de
reposición; sin embargo, la UGPP la confirmó mediante Resolución RDP 005973 del
19 de julio de 2012.

iv) El 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la
demanda interpuesta contra las citadas resoluciones; empero, en la audiencia
inicial celebrada el 15 de mayo de 2013, dio por terminado el proceso por falta de
agotamiento del requisito previo para demandar. En contra de dicha determinación
interpuso el recurso de apelación; sin embargo, el Consejo de Estado la confirmó.

2

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

v) El 26 de febrero de 2016, presentó una nueva solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia, pero la demandada, mediante el Auto ADP 008043 del 20 de junio
de 2016, ordenó el archivo de dicha petición y declaró la firmeza de las anteriores
resoluciones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 48 y 53 de la Constitución Política; 1 de la
Ley 114 de 1913, 4 de la Ley 144 de 1913; y las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1

i) La señora Pérez Requena cumplió con los requisitos necesarios para ser
beneficiaria de la pensión gracia; empero, la UGPP le negó tal derecho con
fundamento en la causal de mala conducta, toda vez que de conformidad con los
Decretos 1065 y 1048 del 4 de junio de 2012, expedidos por el departamento de
Sucre, se ejecutó una sanción de suspensión del cargo e inhabilidad por el término
de un mes y multa de 60 días del salario básico mensual devengado para el año
2008. Lo anterior, pese a que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado
que «no resultaría equitativo que un docente que ha demostrado que durante un
lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional y ha observado buena
conducta, se le tome en cuenta solo el hecho desfavorable para negarle la
prestación».2

ii) En tal sentido, la demandante se ha desempeñado como docente por más de
36 años en forma ininterrumpida, desde el 5 de febrero de 1979, y si bien con los
citados decretos se ejecutó una sanción, luego de cumplida ésta, siguió vinculada
al servicio docente observando buena conducta, por un lapso mayor, «antes y
después del periodo que cobijó la sanción impuesta, lo que la hacía merecedora
por justicia al reconocimiento de la pensión gracia».

1 Folios 1 a 15.
2 Citó la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de

1997, dentro del proceso identificado con radicado 18734.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones,3 con fundamento en que si bien es cierto, la actora cumplió con el
requisito de tiempo de servicios y edad, no acreditó la buena conducta y honradez
en el ejercicio de la docencia, toda vez que el departamento de Sucre expidió los
Decretos 1064 y 1084 del 4 de junio de 2012, a través de los cuales se ejecutó
una sanción de suspensión del cargo e inhabilidad por el término de un mes y
multa de 60 días de salario básico mensual, devengado para el año 2008, tal y
como consta en el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación
el 28 de mayo de 2012.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, mediante
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

i) La demandante cumple con la exigencia de tener más de 50 años de edad,
comoquiera que nació el 9 de julio de 1958. Además, de acuerdo con el certificado
de tiempo de servicio del 18 de febrero de 2016, expedido por el líder de
Programa Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre, la demandante esta «presta»5 sus servicios en el nivel
básico primario, vinculada en propiedad, como municipal en forma continua en el
Centro Educativo La Candelaria Abajo, ubicado en Majagual, en los siguientes
periodos: entre el 5 de febrero y el 30 de noviembre 1979, el 2 de enero y el 30 de
noviembre de 1980; el 2 de enero y el 30 de noviembre de 1981; el 2 de enero y el
30 de noviembre 1982, el 2 de enero y el 30 de noviembre de 1983; y desde el 1.°
de febrero de 1984 a la fecha de emisión de la certificación.

ii) De lo anterior se deduce, en relación con el requisito de tiempo de servicios,

3 Folios 95 a 98.
4 Folios 133 a 148.
5 A la fecha de expedición de la constancia.

4

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

que la señora Pérez Requena se vinculó por primera vez a la administración en
una institución de carácter municipal, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
y cuenta con más de 20 años de servicios como docente municipal.

iii) Al expediente se allegaron los decretos por medio de los cuales se ejecutó una
sanción en contra de la demandante en su condición de docente; sin embargo, de
su lectura no es posible extraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que
dieron lugar a la imposición de dicha sanción. Así las cosas, la sola probanza de la
sanción, sin sus respectivas motivaciones, no da lugar a la configuración de un
hecho constitutivo de mala conducta en el ejercicio de su cargo durante toda su
vida profesional. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado que este
requisito «no se puede tener como incumplido por la ocurrencia de un hecho
aislado».6

iv) La mala conducta como causal de pérdida del derecho a la pensión gracia, no
puede analizarse en términos genéricos, sino de forma concreta, a fin de
determinar si efectivamente existió una sanción de esa envergadura, que dé al
traste con el derecho perseguido. Por lo tanto, el simple hecho de demostrar que
la demandante tiene una sanción, de la cual no se tiene conocimiento de los
hechos que la produjeron, por sí sola no se erige como causal de mala conducta
en clave de negativa de la prestación reclamada. Aunado a lo anterior, la sanción
disciplinaria se dio por fuera del período dentro del cual, la accionante alcanzó su
estatus pensional, por ende, su incidencia no es de recibo.

v) En consecuencia, a la actora le asiste el derecho a que se le reconozca y
liquide la pensión gracia, cuya liquidación se hará con base en el 75 % del
promedio mensual, obtenido en el último año de servicio previo a la adquisición del
estatus pensional, esto es, el 9 de julio del 2008, fecha en la cual cumplió 50 años
de edad. Sin embargo, corresponde declarar probada la prescripción, pero
atendiendo la interrupción de dicha figura, producida con la presentación de la
demanda, en virtud del artículo 94 del CGP y no conforme a la petición elevada el

6Citó lo siguiente: «Sentencia Consejo de Estado exp. 15734 de 25 de septiembre de 1997,
Sección Segunda Subsección “A”, C. P. Dra Clara Forero de Castro».

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

16 de diciembre de 2011, toda vez que los tres años que consagra la norma para
interrumpir nuevamente dicho fenómeno, feneció el 16 de diciembre de 2014; no
obstante la presente demandada de nulidad y restablecimiento del derecho, data
de 29 de agosto de 2016, de manera que, las mesadas pensionales generadas
con anterioridad al 29 de agosto de 2014, se encuentran prescritas.

vi) El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dispone que salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General
del Proceso. En ese sentido, se condena en costas a la parte demandada, las
cuales serán tasadas por Secretaría, conforme las previsiones de los artículos 365
y 366 de la última norma aludida.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La señora Elida Preciosa Pérez Requena, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación7 y lo sustentó así:

i) El a quo presumió que estaba prescrito el periodo comprendido entre el 9 de
julio de 2008 y el 25 de febrero de 2013; sin embargo, para esta última data, en el
Tribunal Administrativo de Sucre estaba en curso la demanda que la señora Pérez
Requena había presentado contra las Resoluciones RDP 003176 del 28 de mayo
de 2012 y RDP 005973 del 19 de julio de 2012, por consiguiente, la prescripción
estaba suspendida y el que debe aplicarse al presente asunto, es el que va desde
el 9 de julio al 15 de diciembre de 2008.

ii) Lo anterior, toda vez que la normativa y la jurisprudencia han sido claras en
señalar que la prescripción se interrumpe a través de dos mecanismos diferentes y
no excluyentes: la extrajudicial, con la simple solicitud del derecho reclamado, y
con la presentación de la demanda.

iii) De acogerse la tesis de la prescripción expuesta por el Tribunal, la nueva
interrupción de tal fenómeno se proyectaría desde que la UGPP recibió la nueva
7 Folios 168 y 169.

6

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

reclamación, esto es, las anteriores al 26 de febrero de 2013 y no «las causadas
con anterioridad al 28 de agosto de 2014».

1.4.2. La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación8 y lo
sustentó en los siguientes argumentos:

i) Si bien la demandante acreditó el requisito de edad y tiempo de servicio como
docente del orden municipal, lo cierto es que no cumple con todos los demás
exigidos por la Ley 114 de 1913, teniendo en cuenta que no demostró haber
ejercido su labor docente con buena conducta y sin tacha, durante el tiempo en
que prestó sus servicios, toda vez que se observó en su expediente administrativo
una sanción disciplinaria ejecutada por la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre. En tal sentido, reconocer una prestación sin el lleno de
los requisitos, sería ir en contravía de la normativa que rige la materia, y de los
principios generales del derecho y de la seguridad social, tales como el de
legalidad y el de sostenibilidad financiera del sistema.

Además, de acuerdo con los pronunciamientos del Consejo de Estado, este es un
requisito indispensable para acceder a la pensión deprecada, y la norma no indica
que la sanción impuesta deba ser calificada como grave para demeritar la buena
conducta del educador, «simplemente debe tratarse de una falta disciplinaria
ejecutada por el funcionario en su calidad de docente».

ii) La condena en costas no se impone a las partes por el solo hecho de resultar
vencidas en el proceso, se debe verificar la conducta de los interesados y sus
apoderados, además de la existencia de argumentos jurídicos razonables, pues de
concurrir fundamentos de derecho con vocación de prosperidad, resulta evidente
que los dos obraron conforme a derecho. Además, el Tribunal no motivó la
decisión, pese a que de conformidad con el artículo 461 del CGP, para la
procedencia de la condena deben mediar criterios objetivos y verificables en el
expediente.

8 Folios 163 a 167.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Elida Preciosa Pérez Requena, por intermedio de su apoderado, solicitó
revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
expuesto en el recurso de apelación.9

1.5.2. La demandada

La UGPP, por intermedio de su apoderado, solicitó revocar lo decidido en primera
instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda y en
el recurso de apelación.10

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección guardó silencio, según se desprende de la
constancia secretarial del 29 de enero de 2019.11

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si la señora Elida Preciosa Pérez Requena puede
ser beneficiaria de que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del
régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación; ii) la fecha a partir de la cual el derecho está afectado por el fenómeno
de la prescripción; y iii) si debió condenarse al pago de costas en primera
instancia.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el régimen de la pensión gracia

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas

9 Folio 216.
10 Folios 221 a 223.
11 Folio 225.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192812 y 37 de 193313 consagraron la posibilidad
de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados
en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.14

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».15

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal

12 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y
demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la
normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
13 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de

carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
14 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia

de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
15 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

prerrogativa eran los educadores locales o regionales».16

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.

10

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».18

17 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

11

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:19

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».20

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,21 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:22

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal

de la sentencia transcrita.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».23 Además, valga precisar que no se requiere
que el tiempo de servicio sea continuo, pues lo importante es que haya sido en
plazas territoriales o nacionalizadas.

2.2.2. En torno al requisito de buena conducta que establece el artículo 4 de
la Ley 114 de 1913 para beneficiarse de la pensión gracia

La Ley 114 de 1913 que estableció la «pensión de jubilación vitalicia» para los
maestros de escuelas oficiales que hubiesen prestado sus servicios en el
magisterio por un tiempo no menor de 20 años, exigió además que se acreditaran
los siguientes requisitos: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

Sobre el asunto debe señalarse que el presidente de la República, en ejercicio de
las facultades extraordinarias de que fue investido por el ordinal a) del artículo 11
de la Ley 43 de 1975,24 expidió el Decreto 128 de 1977,25 en cuyo artículo 41

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y
se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

enlistó las causales de mala conducta, así:

Artículo 41. […] Se entiende por mala conducta.

a) La comisión de contravenciones graves o delitos.

b) La conducta moral relajada o escandalosa, como embriaguez frecuente, de
conformidad con el artículo 242 de la Ley 4º de 1913, o de consuetudinario uso del
licor, el vicio del juego, amancebamiento público;

c) Notorio incumplimiento de las obligaciones familiares o públicos desorganización en
la vida privada, económica o social;

d) Intervención militante en política de partido, como conferencias, campañas en pro o
en contra para candidatos de elección popular, propaganda periodística o participación
en Juntas políticas;

e) Mal manejo o descuido de bienes materiales del establecimiento que se le hubiere
confiado; carácter irascible e incontrolable, en forma que cree frecuentes conflictos en
el respectivo establecimiento;

f) La participación en huelgas o paros de carácter general, cuya ilegalidad sea
declarada por autoridad competente.

Sin embargo, esta norma fue derogada en forma expresa por el artículo 82 del
Decreto 2277 de 197926 que definió nuevamente las causales de mala conducta
en su artículo 46. Esto señaló:

Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos debidamente
comprobados constituyen causales de mala conducta:
a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía;
b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;
c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativas;
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos;
e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f) El incumplimiento sistemático de los deberes y la violación reiterada de las
prohibiciones;
g) El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en el
escalafón, o
para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i) El abandono del cargo;
j) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político.

25 «Por el cual se dicta el estatuto del personal docente de enseñanza primaria y secundaria a

cargo de la Nación».
26 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que el concepto de buena
conducta para efectos de condicionar el reconocimiento de un derecho debe ser
aplicado en forma objetiva a partir del propio ordenamiento. En lo pertinente
dispuso lo siguiente:27

Los conceptos de buena conducta o de buen comportamiento tienen distintos ámbitos
de aplicación y han sido ampliamente utilizados por el legislador. (…). Cuando son
empleados por el legislador tienen, por lo general, el carácter de lo que la doctrina
conoce como conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos conceptos de
valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas refieren
“... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado.”
28

Lo propio de este tipo de conceptos es que, no obstante su indeterminación, los
mismos deben ser precisados en el momento de su aplicación. Y tal concreción no
responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra
dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al
ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse. En
particular, cuando los conceptos jurídicos indeterminados afectan derechos
fundamentales, la Corte ha puntualizado que su determinación debe hacerse siempre a
la luz de las normas constitucionales y legales que resulten aplicables a tales
derechos, y que de la indeterminación legislativa del concepto no puede derivarse la
posibilidad de imponer restricciones injustificadas a los derechos fundamentales,
entendiendo por tales restricciones, aquellas que trasciendan los límites que a cada
derecho trazan las respectivas normas constitucionales y legales. 29 Agregó la Corte
que en estos casos un “...mínimo de justicia material se concreta en el derecho a una
decisión suficientemente fundamentada que justifique el sacrificio o la restricción a un
derecho fundamental.” 30

[…]

No obstante que, como se ha dicho, por definición, el concepto de buena conducta
contenido en una disposición legal, es un concepto jurídico y como tal su determinación
no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a apreciaciones morales y
éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede apartarse de la manera como
tales consideraciones de valor hayan sido plasmadas en el ordenamiento, ello exige,
precisamente, que el propio ordenamiento suministre los parámetros para la
determinación del concepto. Es claro que ello ocurre así en diversas manifestaciones
de la expresión buena conducta o buen comportamiento, tales como la propia de las
relaciones laborales, en las cuales la valoración de la misma se hace a la luz del
respectivo reglamento de trabajo; o la buena conducta que resulta exigible de los
servidores públicos, que se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario;

27 Sentencia C-371 de 2002.
28 Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed.

Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433.
29 Sentencia T-706 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta Sentencia, la Corte encontró

que se vulneraban los derechos constitucionales de los reclusos cuando al amparo de la
indeterminación de ciertos conceptos jurídicos de carácter reglamentario se les impedía la difusión
dentro del penal de informaciones legítimas dentro de un orden democrático.
30 Ibid.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

o la buena conducta en los establecimientos penitenciarios, determinada a partir de los
reglamentos y del propósito de permitir la armónica convivencia de la comunidad
carcelaria que ellos deben reflejar, etc. [Resalta la Sala].

Expuesto el panorama normativo y constitucional en torno al alcance del concepto
de buena conducta, se hace necesario estudiar la forma en que esta Corporación
la ha concebido.

Así, el Consejo de Estado ha señalado que si la conducta sancionada es un hecho
aislado, este no posee la entidad suficiente para denegar el reconocimiento del
derecho a la pensión gracia, pues debe sopesarse el largo ejercicio del empleo
docente en contraste con la conducta y si esta particular situación es suficiente
para afectar su expectativa por ser considerada reprochable y suficiente para
hacer nugatorio el derecho reclamado. En efecto, en la sentencia del 25 de
septiembre de 1997, esta Corporación indicó lo siguiente:31

[…] según se certifica a folio 63, laboró del 5 de mayo de 1967 al 22 de febrero de
1991, es decir durante 24 años continuos, sin que haya sido objeto de sanción alguna.

En estas condiciones, no resultaría equitativo que un docente que ha demostrado
que durante un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha
observado buena conducta, se le tome en cuenta solo el hecho desfavorable
para negarle la prestación.

La mala conducta como causal para la pérdida de la pensión gracia, debe ser el
resultado de un análisis que lleve a la convicción de que durante su vinculación el
docente asumió un comportamiento recriminable; no se trata de una actuación
considerada de manera aislada.

De otra parte cabe anotar que al tenor del inciso último del artículo 28 de la C.N. no
pueden existir sanciones imprescriptibles, lo cual confirma que no se trata de que una
sanción pueda generar la pérdida del derecho pensional sino de evaluar si a través de
la prestación de sus servicios como educador el actor ha observado una conducta que
ha impactado negativamente en el medio escolar […] [Resalta la Sala].

En igual sentido, en sentencia del 12 de marzo de 2009, la Corporación reiteró que
«el requisito de observar buena conducta a que hace referencia el numeral 4º de
la Ley 114 de 1913, no se puede tener como incumplido por la ocurrencia de un

31 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 1997,

expediente 15734, M.P. Clara Forero de Castro. Este criterio se citó en la sentencia del 24 de mayo
de 2005 proferida dentro del radicado 25000-23-25-000-2000-02865-01(2272-04), actor: José
Oscar Jiménez Pérez, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

hecho aislado», sino que debe evaluarse si el comportamiento censurable fue
continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que amerite
la sanción de pérdida de la pensión. Esto señaló la Sala:32

[…] En efecto, en reiterados pronunciamientos la Sala ha señalado que la pérdida de la
pensión gracia de jubilación a causa de una mala conducta, se configura cuando existe
certeza con respecto a que durante su vinculación el docente asumió un
comportamiento recriminable en el ejercicio de sus funciones y que el mismo ha sido
continuo o de tal gravedad, que amerite la sanción de pérdida de la pensión.

[…]

Así pues, una sanción no puede generar la pérdida del derecho pensional, por sí
misma, pues es necesario evaluar si a través de la prestación de sus servicios como
educador la conducta negativa fue reiterada o si tuvo incidencia en el medio escolar.
Un solo hecho, sin mayores repercusiones, no puede ser la medida para descalificar de
plano el servicio que tuvo que prestar el docente, durante un tiempo no inferior a veinte
años, para poder acceder a la pensión gracia. [Resalta la Sala].

Así las cosas, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que «es
necesario que la conducta considerada como reprochable se haya reiterado en el
tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente
otros derechos y libertades de la comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento
de los deberes y fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente
prestación del servicio público de educación».33 Esta postura es la que
recientemente ha asumido esta Subsección al considerar que «habrá de evaluarse
la continuidad de la trasgresión del demandante a los deberes como servidor
público y la gravedad de la falta».34

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009,
radicado 15001-23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2011,

radicado 05001-23-31-000-2001-02910-01(0869-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022,

radicado 54001 23 33 000 2015 00421 01 (0047-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

El 9 de julio de 1958, nació la señora Elida Preciosa Pérez Requena, según se
advierte en las copias de su cédula de ciudadanía y su registro civil de
nacimiento.35

El 29 de noviembre de 2011, el gobernador del departamento de Sucre emitió el
Decreto 1065, por el cual ejecutó «la sanción de suspensión de cargo e inhabilidad
especial por el término de un (1) mes, al servidor público Elida Preciosa Pérez
Requena […] en su condición de docente del Centro Educativo Las Candelarias
del municipio de Majagual – Sucre», de conformidad con lo ordenado en el fallo de
primera instancia proferido en audiencia el 22 de noviembre de 2011, dentro del
proceso 647-10.36 En el acto referido no se expusieron las razones que dieron
lugar a la imposición de la sanción.

El 2 de diciembre de 2011, el aludido servidor ejecutó la sanción de «multa de
sesenta (60) días de salario básico mensual para el año 2008 […] impuesta a el
(la) servidor(a) público, Elida Preciosa Pérez Requena […] en su condición de
docente del Centro Educativo Las Candelarias del municipio de Majagual –
Sucre».37 También se desconocen las razones que dieron lugar a la imposición de
esta sanción.

El 18 de febrero de 2016, el líder de Programa Administrativa y Financiera de la
Secretaría de Educación del departamento de Sucre,38 hizo constar que la
accionante «presta sus servicios en el nivel básico primaria. Vinculación: en
propiedad, como municipal en forma continua». Según este documento, aquella ha
laborado como docente en el Centro Educativo La Candelaria Abajo, ubicado en
Majagual, en los siguientes periodos:

Acto administrativo Desde Hasta Total
Decreto 00023 del 5 de
5 de febrero de 1979 30 de noviembre de 1979 9 meses y 26 días
febrero de 1979

35 Folio 90, CD, archivos 1301 y 1901.
36 Folios 127 y 128.
37 Folio 90, CD, archivo 4201.
38 Folio 26.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

Decreto 00016 del 2 de
2 de enero de 1980 30 de noviembre de 1980 10 meses y 29 días
enero de 1980
Decreto 00012 del 2 de
2 de enero de 1981 30 de noviembre de 1981 10 meses y 29 días
enero de 1981
Decreto 00026 del 2 de
2 de enero de 1982 30 de noviembre de 1982 10 meses y 29 días
enero de 1982
Decreto 00022 del 2 de
2 de enero de 1983 30 de noviembre de 1983 10 meses y 29 días
enero de 1983
Decreto 00017 del 1.º
1 de febrero de 1984 18 de febrero de 201639 32 años y 18 días
de febrero de 1984
36 años, 6 meses y 10
Tiempo servicio:
días

De acuerdo con el formato único para la expedición del certificado de salario, entre
enero de 2007 y diciembre de 2008, la demandante percibió sueldo básico y
primas de alimentación, de transporte, de movilización, de vacaciones y de
navidad.40

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 16 de diciembre de 2011, la señora Elida Preciosa Pérez Requena solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.41

El 28 de mayo de 2012, la subdirectora de determinación de derechos pensionales
de la UGPP emitió la Resolución RDP 003176 por la cual negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia, con fundamento en los siguientes
argumentos:42

Que revisados los antecedentes disciplinarios de la solicitante con la Procuraduría
General de la Nación el día 28 de mayo de 2012, se observa que tiene sanciones
disciplinarias impuestas en su contra por la Secretaría de Educación Departamental de
Sincelejo, consistentes en suspensión de un (1) mes, inhabilidad especial de un (1)
mes, con fecha de providencia y efectos fiscales de 22 de noviembre de 2011 y una
multa por el término de dos (2) meses con fecha de providencia y efectos fiscales de
25 de noviembre de 2011, lo cual demuestra que la docente no se desempeñó con
buena conducta. […]

39 Por ser la fecha de expedición del certificado.
40 Folio 27.
41 Folio 24.
42 Folios 29 y 31.

20

Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

El 19 de julio de 2012, la UGPP expidió la Resolución RDP 005973,43 por la cual
confirmó la decisión anterior con similares argumentos a los expuestos en el acto
inicial en relación con el requisito de la buena conducta.

El 11 de febrero de 2015, el Consejo de Estado confirmó la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre el 15 de mayo de 2013, mediante la cual
se declaró la terminación del proceso adelantado por la señora Pérez Requena
contra la UGPP «por falta de agotamiento del requisito previo para demandar», tal y
como consta en el reporte del proceso identificado con radicado 70001 23 33 000
2012 00147 00.44

El 25 de febrero de 2016, la demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.45

El 20 de junio de 2016, la subdirectora de determinación de derechos pensionales
de la UGPP emitió el Auto ADP 008043 por el cual archivó esa solicitud y declaró la
firmeza de los actos anteriores con fundamento en que la pretensión había sido
resuelta a través de las Resoluciones RDP 003176 del 28 de mayo y RDP 005973
del 19 de julio de 2012, y que en esta oportunidad no se habían allegado nuevos
elementos de juicio.46

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. En torno al requisito de buena conducta que establece el artículo 4 de
la Ley 114 de 1913 para beneficiarse de la pensión gracia

Previo a resolver este problema jurídico, la Sala encuentra necesario recordar que
la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada con
fundamento en que el departamento de Sucre ejecutó una sanción de suspensión
del cargo, inhabilidad para el ejercicio de la función y multa, que fue impuesta a la
demandante.

43 Folios 32 a 36.
44 Folios 37 y 38.
45 Así se indica en el Auto ADP 008043 del 20 de junio de 2016. Folio 46, reverso.
46 Folios 46 y 47.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

En efecto, tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión, la Ley
114 de 1913 estableció exigencias adicionales a los 20 años de servicios, y entre
ellas dispuso que el docente se desempeñara en el empleo con honradez,
consagración y «buena conducta».

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, el concepto de buena
conducta «no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a
apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede
apartarse de la manera como tales consideraciones de valor hayan sido
plasmadas en el ordenamiento». En efecto, en el reciente Encuentro de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el magistrado de la Jurisdicción
Especial para la Paz, Rodolfo Arango Rivadeneira, se refirió a la Conferencia
Sobre Ética de Ludwig Wittgenstein y recordó que «querer expresar lo ético a
través del lenguaje es un imposible […] es más una percepción, es más una
sensación y uno lo identifica realmente a través del actuar, no a través del
decir».47 Precisamente por ello es que se exige que sea el ordenamiento el que
suministre los parámetros para la determinación del concepto.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la buena conducta es un concepto jurídico
indeterminado,48 pues no es posible prever el marco o los límites de su
consagración, corresponde establecer «parámetros de valor» que permitan al
operador en sede administrativa y judicial precisar las situaciones fácticas que le
dan vigencia a efectos de restringir o no un derecho.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que
acreditar tal requisito no implica per se una ausencia de antecedentes
disciplinarios, es decir que pese a tenerlos, no necesariamente indica
automáticamente que no se tiene buena conducta. Se trata entonces de una
valoración en conjunto de la conducta del docente durante el ejercicio de su labor,

47 XXVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Arango
Rivadeneira, panel de Ética, valores y función social, 13 de octubre de 2022, Montería (Córdoba).
48 Sentencia C-371 de 2002.

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Radicado: 70001 23 33 000 2016 00234 01 (1588-2018)
Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

lo que exige considerar las particulares circunstancias de cada caso, esto es, la
levedad de la falta cometida, la reincidencia, entre otras. Todo lo anterior, para
efectos de condicionar el reconocimiento del derecho, pues, se insiste, este
requisito debe ser aplicado en forma objetiva.49

Así, el Consejo de Estado ha señalado que debe sopesarse el largo ejercicio del
empleo docente en contraste con la conducta y si esta particular situación es
suficiente para afectar su expectativa por ser considerada reprochable para hacer
nugatorio el derecho reclamado.50 De manera que sea necesario «evaluar la
continuidad de la trasgresión del demandante a los deberes como servidor público
y la gravedad de la falta».51

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Política establece que «Toda persona
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable». De
allí se desprende que en todo proceso sea necesario realizar un análisis de la
culpabilidad, esto es, verificar si la conducta reprochable se cometió con culpa o
dolo, lo que permite establecer el castigo a imponer, esto es, en el ámbito de la
responsabilidad subjetiva.

Lo anterior, cobra importancia en el sub judice, pues se trata del derecho a
acceder a la pensión gracia, de forma que es lógico entender que las garantías del
debido proceso sean aplicadas con estricta observancia a la hora de estudiar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación.

Esto, en línea con lo que se ha expuesto, explica que se exija conocer las razones
que dieron origen a la sanción disciplinaria impuesta al docente. Sin embargo, tal y
como se advierte de la relación probatoria, al expediente no se allegó prueba
alguna que le permita a esta autoridad judicial, conocer los motivos por los cuales

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009,
radicado 15001-23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
50 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 1997,

expediente 15734, M.P. Clara Forero de Castro. Este criterio se citó en la sentencia del 24 de mayo
de 2005 proferida dentro del radicado 25000-23-25-000-2000-02865-01(2272-04), actor: José
Oscar Jiménez Pérez, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022,

radicado 54001 23 33 000 2015 00421 01 (0047-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

la señora Elida Preciosa Pérez Requena fue sancionada con suspensión del cargo
y si la conducta fue calificada a título de culpa o dolo.

Sobre el particular, resulta necesario advertir que al tratarse la buena conducta de
un concepto indeterminado, afirmar o negar que el interesado actuó o no bajo
tales parámetros se constituye en una expresión en apariencia indefinida. Al
respecto, la jurisprudencia ha explicado que estas «están comprendidas entre la
clase de hechos imposibles, excluidos del tema de prueba, esto es cuando a pesar
de que puedan existir o ser ciertos no es posible acreditarlos».52 Sin embargo,
también se ha señalado que «existen negaciones que en apariencia son
indefinidas, pero, debido a la determinabilidad en el tiempo y el espacio de los
hechos a los que se refiere, son susceptibles de acreditación y, por tanto, el onus
probandi o carga de la prueba permanece sobre quien expresa la negación y
persigue con ella el efecto de la norma jurídica».53

En este caso, la UGPP sostiene que la señora Elida Preciosa Pérez Requena no
cumplió con el requisito de ejercer la labor con buena conducta, y como se
expuso, tal expresión es susceptible de acreditación por diversos medios
que están al alcance de la entidad que lo alega, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 167 del CGP según el cual «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

Sin embargo, además de los actos a través de los cuales se ejecutó la sanción de
suspensión, inhabilidad y multa, no se aportó elemento alguno que acredite que
durante su vinculación la docente asumió un comportamiento recriminable y que
no se trató de una actuación considerada de manera aislada.54 Ciertamente, en el
sub judice, la existencia o no de un acto a través del cual se ejecutó la sanción
pierde relevancia en la medida en que per se, no permite evidenciar la magnitud

52 Citado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de febrero de

2020, SC172-2020 radicado 50001-31-03-001-2010-00060-01, M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona, que a su vez cita «CSJ SC 15 de julio de 1971, ordinario de Jaime González y otros
contra Bernardino Socotá y otros, citada en fallo de 29 de enero de 1975».
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020,

radicado 68001-23-31-000-2002-01065-01(52869), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009,

radicado 15001-23-31-000-2000-02313-01(2528-07), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

de la conducta que dio lugar a su imposición.

Lo anterior es así, pues tal y como lo advirtió el a quo, este requisito como causal
de pérdida del derecho a la pensión gracia, debe analizarse de forma concreta, a
fin de determinar si efectivamente existió un proceder de tal envergadura, que
haga nugatoria la prestación perseguida. No obstante, revisado el material
probatorio, la Sala resalta la ausencia de elementos que acrediten la mala
conducta de la demandante como lo alega la UGPP.

Ahora bien, es preciso resaltar la UGPP no discutió que la demandante fuera apta
para acceder a la pensión gracia, esto es, en relación con el requisito de tiempo de
servicios; sin embargo, esta Subsección, en ejercicio de un control oficioso de
legalidad (artículo 207 del CPACA) observa que esta estuvo vinculada en una única
plaza docente territorial, en el departamento de Sucre, en la Escuela Rural La
Candelaria Abajo, ubicado en Majagual, conforme da cuenta el certificado
expedido por la Secretaría de Educación de ese ente territorial.55

Este documento guarda correspondencia con las definiciones establecidas por la
Ley 91 de 1989 en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en
el sub lite.

Además, esta Sala hace énfasis en que los servicios prestados por la demandante
fueron en el nivel de básica primaria y al plenario no se aportó prueba de que tal
nombramiento lo hubiera realizado el Ministerio de Educación Nacional, por lo que
debe seguirse la regla dispuesta en la Ley 91 de 1989, a la que se aludió en el
párrafo anterior, en consonancia con lo dispuesto en la Sentencia SU-014 de 2020

55 Folio 26.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

en la que se mencionó la relevancia del tiempo prestado en primaria para efectos
de reconocer la pensión gracia. Esto se dijo en aquella oportunidad:

84. Para la Corte, la norma solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación
literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los
empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los
demás requisitos de ley. [...]
Así las cosas, es claro que el sentido hermenéutico que las autoridades dieron a la
disposición, dejó de lado que el beneficio se concede a los maestros de primaria,
habida cuenta que desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las instituciones de
esta naturaleza eran de carácter territorial y, por tal motivo, los educadores adscritos
a los mismas no tenían derecho a una pensión ordinaria de jubilación porque ningún
departamento o municipio contaba con recursos suficientes para conceder ese
beneficio; solo los docentes de secundaria nacionales podían devengarla. De esta
forma, la prestación pretendía acabar con el trato inequitativo de la primera
categoría de docentes.
86. Se debe indicar que si bien la Ley 43 de 1975 entre los años 1976 y 1980
nacionalizó la educación prestada por las entidades territoriales, siguiendo la línea
argumentativa desarrollada en precedencia (supra, 72 a 82), dicha circunstancia no
derivó en que los profesores pasaran de plano a ser educadores con un régimen
laboral y prestacional del orden nacional o equivalente a este, pues ello solo ocurrió a
partir de la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, pese a que los recursos para el
sostenimiento de los planteles nacionalizados podían tener su origen en la Nación, esto
no implicaba la conversión del vínculo docente; tampoco la intervención del FER en el
acto administrativo demostraba la dependencia de la Nación. [Resalta la Sala]

De acuerdo con lo expuesto, todos los tiempos laborados en calidad de docente
por parte de la señora Pérez Requena tienen la denominación de territoriales y, en
todo caso, no podrían ser, de ningún modo, nacionales en atención a que no
existe prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra
suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones.

Por lo expuesto, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada, en
tanto reconoció la prestación solicitada.

2.4.2. En cuanto a la configuración del fenómeno prescriptivo

La señora Pérez Requena señaló que el a quo erró al establecer la configuración
del fenómeno prescriptivo de las mesadas anteriores al 29 de agosto de 2014,
toda vez que este se interrumpió con la petición elevada el 16 de diciembre de
2011, y que dio lugar a la expedición de las Resoluciones RDP 003176 del 28 de

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

mayo de 2012 y RDP 005973 del 19 de julio de 2012, por consiguiente, la
prescripción estaba suspendida.

Al respecto, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispone que «las acciones
que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se ha hecho exigible». Además, la norma advierte que «el
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual».

Sobre el particular, la Sala encuentra que la norma contiene un mandato según el
cual el derecho prescribirá a los 3 años contados a partir de la fecha en que la
obligación se hace exigible, esto es, no autorizó a que su conteo se suspenda a la
espera de que la autoridad administrativa resuelva la pretensión planteada. Al
respecto, esta Subsección señaló en sentencia del 2 de julio 201556 lo siguiente:

El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 establece la figura de la prescripción en un
lapso de tres (3) años y regula que el simple reclamo del trabajador interrumpe la
prescripción por un lapso igual. Es decir, es dable pregonar la prescripción de los
derechos por un periodo máximo de seis (6) años.
Este fenómeno prescriptivo opera cuando concurran todas las circunstancias, entre
ellas, que sea evidente la exigibilidad frente a la cual se observe inactividad
injustificada del interesado o titular del derecho en lograr su cumplimiento, como se
presenta en el caso del sub lite al encontrarse que entre la primera solicitud de
reconocimiento de la pensión (14 de mayo de 2002) y la segunda petición que se
presentó bajo los mismos argumentos (10 de abril de 2008) transcurrieron más de 5
años.
La anterior situación significa que la primera petición del 14 de mayo de 2002
interrumpió la prescripción, pero sólo por tres años más que se cumplieron el 14 de
mayo de 2005 y en el sub lite se encuentra que la segunda petición de reconocimiento
sólo se radicó hasta el 10 de abril de 2008.

Así las cosas, puede concluirse que el término de prescripción empieza a correr a
partir de la fecha en que el derecho se hizo exigible, y que la interrupción ocurre
una sola vez en un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación

56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2015, radicado

76001 23 31 000 2011 01490 01(2621-14) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

administrativa. Es decir, que luego de radicada la petición, el interesado cuenta
con 3 años para demandar, en caso de que la entidad requerida sea renuente a
otorgar lo pedido en vía administrativa o que se configure una decisión presunta
negativa, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo y de esta manera evitar la
extinción de las mesadas que se llegaren a ver afectadas por el transcurso del
tiempo.

Entonces, contrario a lo señalado por la recurrente, el fenómeno prescriptivo no
estaba suspendido a la espera de un pronunciamiento de las autoridades sobre su
pretensión, pues la reclamación sobre un derecho o prestación debida, tendría que
efectuarse dentro de los 3 años. En el presente caso se advierte lo siguiente:

• El 9 de julio de 2008, la demandante adquirió su derecho pensional, puesto
que en esta fecha cumplió 50 años de edad y tenía más de 20 años de
servicio;
• El 16 de diciembre de 2011, solicitó por primera vez el reconocimiento de la
prestación;
• El 21 de noviembre de 2012, radicó demanda ante el Tribunal
Administrativo de Sucre en contra de las Resoluciones RDP 003176 del 28
de mayo de 2012 y RDP 005973 del 19 de julio de 2012;
• El 11 de febrero de 2015, se declaró la terminación del proceso «por falta
de agotamiento del requisito previo para demandar de haber interpuesto el
recurso de apelación en contra de la decisión expresa e inicial de la
administración»;
• El 19 de febrero de 2016, presentó una nueva reclamación ante la UGPP; y
• El 29 de agosto de 2016, radicó la demanda que es objeto de este
pronunciamiento.57

De manera que, las mesadas pensionales generadas con anterioridad al 29 de
agosto de 2013, se encuentran prescritas. En tal sentido, se modificará la
sentencia apelada, en el sentido de precisar que la prescripción operó respecto de
las mesadas pensionales anteriores al 29 de agosto de 2013 y no, como lo
indicó el a quo, antes del «28» de agosto de «2014».

2.4.3. Sobre la condena en costas en primera instancia

57 Folio 15.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

La entidad apelante sostuvo en su recurso que no debió condenarse al pago de
costas en primera instancia toda vez que se debe verificar la conducta de los
interesados y sus apoderados, además de la existencia de razones jurídicas
razonables, pues de concurrir fundamentos de derecho con vocación de
prosperidad, resulta evidente que los dos obraron conforme a derecho.

Pues bien, por mandato del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 la imposición de
las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba evaluarse la
conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una
estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con los
criterios fijados en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sin que se requiera un
examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.

Esta Subsección58 ha señalado que el concepto de las costas del proceso está
relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de
esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso59 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

Igualmente, indicó que «el concepto de costas incluye las agencias del derecho
que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora
atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso,60 y que no necesariamente deben corresponder al

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 7 de abril de 2016, radicado

13001 23 33 000 2013 00022 01 (1291-2014), y del 12 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-
000-2019-00034-01(1965-20) M.P. William Hernández Gómez.
59 Numeral 4.º del artículo 171 en concordancia con el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.
60 «[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […] En este sentido, 3. La liquidación incluirá el

valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la
liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si

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monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado 61 los cuales
deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos
en el artículo 28 ordinal 8 de la Ley 1123 de 2007».62

Ahora bien, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas
del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó
vencida en el juicio.

Al respecto, el a quo señaló que había lugar a imponer condena en costas y
agencias en derecho de conformidad con el artículo 188 del CPACA, y si bien no
expuso mayor explicación, lo cierto es que sí se comprobaron las costas, toda vez
que i) la demandante actuó a través de apoderado;63 ii) en el auto admisorio de la
demanda, ordenó a la accionante que consignara una suma de dinero,
correspondiente a los gastos ordinarios del proceso,64 so pena de dar aplicación a
lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011;65 y iii) aquella dio
cumplimiento mediante consignación en el Banco Agrario de Colombia.66

Por lo tanto, no es de recibo el argumento según el cual no procedía la condena
en costas, pues como se indicó el Tribunal accedió a las súplicas presentadas por
la actora y advirtió que se ocasionaron los gastos durante el proceso, sin que
debiera abordar el análisis de los argumentos jurídicos razonables de la defensa.

su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las
entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]».
61 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-043 de 2004 y C-539 de 1999.
62 Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio

equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se
dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su
concepto”.
63 Folio 16.
64 Folio 49 A.
65 Folio 52.
66 Folios 55 y 56.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

2.5. De la condena en costas

Conforme a las reglas expuestas en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que
la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y 11 de agosto de 2022, no se impondrán costas a cargo de la parte vencida, con
el fin de salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que la decisión del a quo debe ser confirmada
en tanto reconoció a la señora Elida Preciosa Pérez Requena la pensión gracia
reclamada. Sin embargo, se modificará el ordinal cuarto de la decisión con el fin
de precisar que se declarará probada la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 28 de agosto de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 30 de noviembre
de 2017, por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la
señora Elida Preciosa Pérez Requena, contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el
cual quedará así:

CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2013, propuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por lo expuesto.

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Demandante: Elida Preciosa Pérez Requena

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 30 de noviembre de
2017, por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido
por la señora Elida Preciosa Pérez Requena, contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

32

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