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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02196-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02196-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de unificación de jurisprudencia referente a la aplicación de la cosa juzgada en casos que discuten el reconocimiento de una 30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02196-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de abril de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2019-02196-01 (2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02196-01 (2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: elementos de la cosa juzgada.
Subtema 2: identidad de partes, de objeto y de causa; acreditación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de febrero de 2023, que
declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alveiro León López López, en condición de docente en el departamento de
Antioquia, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), entidad que negó la prestación al considerar que su
vinculación fue de carácter nacional. El demandante adujo que los actos
administrativos demandados deben ser declarados nulos por fundarse en
apreciaciones que carecen de soporte legal, dado que demostró tener una
vinculación de carácter territorial por más de 20 años. El Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada al encontrar
demostrado que esa corporación judicial, mediante sentencia del 6 de octubre de
2016, negó el reconocimiento de la pensión gracia porque el señor Alveiro León
López no reunía el requisito de tiempo de servicio en plazas territoriales o
nacionalizadas.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Alveiro León López López, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la UGPP, el 29 de agosto de 2019, con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, Gestión en otros despachos, índice 001.

1

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02196-01 (2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 42356 del 25 de octubre de 2018,
mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia al señor
Alveiro León López López;

(ii) que se declare la nulidad de la Resolución 278 del 8 de enero de 2019, a
través de la cual la UGPP confirmó la decisión que negó el reconocimiento de la
pensión gracia al demandante;

(iii) que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia al
demandante, en un monto mensual equivalente al 75% del promedio mensual
de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del derecho;

(iv) que se condene al ente demandado a actualizar la suma de condena
conforme al índice de precios al consumidor (IPC) y a reconocer los intereses
comerciales y moratorios;

(v) que se le ordene a la UGPP cumplir la sentencia en los términos de los
artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Para sustentar las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Nació el 13 de abril de 1959, por lo que cumplió 50 años de edad el 13 de
abril de 2009;

(ii) prestó servicios como docente oficial por más de 20 años, mediante
nombramientos de carácter territorial, con vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, así:

• Del 28 de julio de 1980 al 20 de enero de 1982, como director en la
escuela rural Raudal Emilio Vasco del municipio de Valdivia (Antioquia).
• Del 28 de agosto de 1984 al 4 de diciembre de 1991, como profesor
de tiempo completo en la Escuela Urbana Integrada Crisanto Luque del
municipio de Hispania (Antioquia).
• Del 24 de agosto de 1995 al 24 de julio de 1997, como profesor de
tiempo completo en el IDEM del municipio de Betania (Antioquia).
• Del 19 de enero de 1999 al 14 de febrero de 2006, como director de la
Escuela Rural Vallejuelito del municipio de San Carlos (Antioquia).
• Del 1 de marzo de 2006 al 4 de marzo de 2014, como docente en la
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Itagüí
(Antioquia).

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución
Política de 1991, artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 58; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928,
artículo 6; Ley 37 de 1933; Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993, artículo 6; Ley 100 de

2

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Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

1993, artículo 279; Ley 115 de 1994, artículo 115; Decreto 081 de 1976; Ley 1437
de 2011 y Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21.

4. En el concepto de violación, el demandante manifestó que la UGPP incurrió en
error al desconocer la ley y las pruebas presentadas, por cuanto su vinculación
como docente siempre fue de carácter territorial, como lo demuestran los actos de
nombramiento. Por lo tanto, considera que al encontrarse demostrado el requisito
de tiempo de servicio y buena conducta, es acreedor de la pensión de jubilación
gracia.

2.2. Contestación de la demanda

5. La apoderada de la UGPP manifestó que el señor Alveiro León López López no
cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia, porque no demostró la
vinculación territorial o nacionalizada anterior a diciembre de 1980 y tampoco
acreditó 20 años de servicio docente en plazas territoriales o nacionalizadas.
Formuló las excepciones de «ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, inexistencia de la obligación y prescripción»2.

2.3. Sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el 13 de
febrero de 2023, declaró probada la excepción de cosa juzgada al encontrar que el
asunto debatido en este proceso judicial presenta identidad de partes, objeto y
causa con el proceso radicado bajo el número 05001333300220140045501,
decidido por ese tribunal el 6 de octubre de 2016, por medio del cual denegó el
reconocimiento de la pensión gracia al actual demandante (art. 303 del CGP)3.

7. Al sustentar la decisión, el tribunal expuso que en los dos procesos Alveiro
León López actúa como parte activa y la UGPP como extremo pasivo, que también
comparten las pretensiones y los hechos, razón por la que concluyó que «el objeto
es el mismo, pues se quiere obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia
con fundamento en los mismos periodos de servicio». En este orden, afirmó que
existe providencia judicial que definió el tema que se trae nuevamente a debate, por
lo que procede la declaración oficiosa de cosa juzgada.

8. Finalmente, condenó en costas al demandante con fundamento en que el
proceso es de carácter laboral, con pretensiones de contenido pecuniario.

2.4. Recurso de apelación

9. El apoderado del actor adujo que los periodos de servicio considerados en el
proceso radicado bajo el número 05001333300220140045501 son distintos a los
del caso actual, razón por la que considera que los actos administrativos
demandados en este proceso difieren de los analizados en el trámite judicial
decidido con anterioridad. Asimismo, afirmó que la cosa juzgada no opera en
asuntos en los que se pretende el reconocimiento y pago de una prestación como

2 SAMAI, gestión de documentos, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-CON PODER Y ANEXOS.

3 SAMAI, gestión otros despachos, índice 40.

3

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Demandado: UGPP

la pensión gracia, porque «los principios mínimos fundamentales laborales son
irrenunciables e imprescriptibles»4.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

10. Esta corporación, mediante el auto del 31 de agosto de 2023, admitió el
recurso de apelación y prescindió del periodo de traslado dispuesto para la
presentación de alegaciones finales conforme al artículo 247 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, al considerar que no procedía la práctica de pruebas en
segunda instancia5.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

11. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso
primero del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar. Solicitud de unificación de jurisprudencia.

12. En el caso particular, la parte demandante presentó solicitud de unificación
de jurisprudencia el 16 de septiembre de 2024. Consideró necesario definir la
procedencia de la cosa juzgada, porque, a su juicio, la aplicación de esta figura en
el «tema de las pensiones de jubilación» genera «una contradicción entre la
Constitución Política de Colombia y la Ley Colombiana»6.

13. Para sustentar la petición, expuso que la pensión es un derecho laboral
fundamental, irrenunciable e imprescriptible según el artículo 53 de la Constitución
Política, por lo que resulta necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículos 303 del CGP y 189 del CPACA, que establecen la figura de
cosa juzgada y los efectos de la sentencia, respectivamente.

14. Sobre el tema, resulta oportuno poner de presente que la Sala Plena de esta
corporación, mediante auto del 5 de febrero de 2025, dictado en un asunto
semejante al presente, decidió no avocar la solicitud de unificación por falta de
sustentación sobre la importancia jurídica «de la procedencia de declarar probada
la excepción de cosa juzgada en litigios como el particular»7.

15. Al sustentar la decisión, la Sala afirmó que resultaba insuficiente fundar la
solicitud en la transcripción de «normas superiores para indicar que los jueces y
funcionarios administrativos deben aplicar la excepción de inconstitucionalidad a fin
de no declarar probado el referido medio de defensa en controversias relativas a
pensiones, ello por tratarse de derechos irrenunciables e imprescriptibles, y más

4 SAMAI, gestión otros despachos, índice 43.
5 Samai, índice 7.
6 Samai, índice 14.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena, auto del 5 de febrero de 2025, radicación:

25000234200020150435001 (1174-2018), demandante: Rafael Armando Turriago Garzón.
4

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aún porque las mesadas son las únicas que prescriben». Tampoco se expusieron
circunstancias de hecho y de derecho que hicieran indispensable unificar la
jurisprudencia conforme a lo solicitado, «ni razonamientos que justifiquen la
expedición de una sentencia de esa naturaleza».

16. Por último, consideró improcedente avocar el conocimiento del asunto, de
manera oficiosa, por no existir «contradicciones al interior de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo frente a la aplicabilidad de la figura en cuestión, tampoco
variaciones interpretativas respecto del artículo 303 del CGP», que prevé la
configuración de cosa juzgada cuando «el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y en ambos procesos haya
identidad jurídica de partes».

17. En este caso, la Sala observa que la solicitud de unificación incurre en igual
defecto, porque la sustentación se fundó en la transcripción de normas superiores
sobre pensiones para denotar su naturaleza irrenunciable e imprescriptible, sin
explicar las razones jurídicas y fácticas que evidencien la necesidad de unificar
jurisprudencia cuando el derecho pensional ha sido definido mediante una sentencia
ejecutoriada, con «fuerza de cosa juzgada», constituida por existir identidad de
causa, objeto y partes en el nuevo proceso.

18. En este orden, la Subsección se remite a lo resuelto en la providencia citada
en precedencia que decidió no avocar la solicitud de unificación frente a la
«inaplicación» de la cosa juzgada en asuntos en los que se debate una prestación
pensional8.

3.3. Problemas jurídicos

19. De acuerdo con los reparos expuestos en el recurso de apelación
relacionados con la declaración de la excepción de cosa juzgada realizada por el
tribunal de manera oficiosa, la Sala procede al estudio de este aspecto procesal
conforme con lo dispuesto en el artículo 182 A, según el cual la sentencia anticipada
procede «en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre acreditada
la cosa juzgada», entre otros eventos. Bajo este marco, los problemas jurídicos a
resolver son los siguientes:

20. ¿El asunto debatido en este proceso presenta identidad de partes, de objeto
y de causa con el resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la
sentencia del 6 de octubre de 2016, que revocó la providencia apelada y negó las
pretensiones al encontrar que Alveiro León López no reunía el requisito de tiempo
de servicio en plazas de carácter territorial o nacionalizado? Si la respuesta a este
interrogante es negativa la Sala procederá a resolver lo siguiente:

21. ¿Alveiro León López López acreditó el ejercicio de la labor docente en plazas
de carácter territorial o nacionalizado por más de 20 años, con una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980, para ser beneficiario de la pensión gracia?

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 5 de febrero de 2025, exp. 1174-2018. «De hecho,

la línea pacífica del Consejo de Estado en lo que respecta a la posibilidad de aplicar la cosa juzgada
en casos como el presente, se ha mantenido por ejemplo en recientes sentencias como las del 2 de
octubre de 2024 (4785-2023) y (0966-2022), 23 de octubre de 2024 (0790-2023), 20 de noviembre
de 2024 (3556-2021) y el auto del 2 de noviembre de 2023 (2689-2023).»
5

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22. Para el análisis de los problemas jurídicos planteados en precedencia la Sala
abordará, en primer lugar, el marco jurídico que rige la figura de la cosa juzgada con
la precisión de los elementos que la constituyen y, posteriormente, procederá al
estudio del caso concreto a partir de la confrontación de las partes, el objeto y la
causa del proceso anterior con el proceso actual. En segundo lugar, si hay lugar a
ello, procederá al estudio de los requisitos para acceder al derecho a la pensión
gracia reclamada por el actor, en específico, el relativo a la acreditación de una
vinculación a la docencia oficial anterior al 31 de diciembre de 1980 en plazas
territoriales o nacionalizadas.

3.4. Cosa juzgada

23. La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que otorga a las
decisiones judiciales el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, con el
objeto de terminar definitivamente la controversia y garantizar el principio de
seguridad jurídica9, que busca dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de las controversias y evitar decisiones judiciales
contradictorias frente a los mismos hechos y derechos reclamados10.

24. En lo atinente a los elementos configurativos de la cosa juzgada, el artículo
303 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 30611 del
CPACA, establece que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada
«siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma
causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

25. Existe identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma
pretensión material o inmaterial que el proceso decidido mediante sentencia
ejecutoriada. Por otra parte, la identidad de causa se presenta cuando el caso en
estudio y el que se encuentra decidido mediante una providencia ejecutoriada,
comparten los mismos fundamentos de hecho y de derecho. Por último, existe
identidad de partes cuando en ambos procesos concurren los mismos sujetos
procesales12.

26. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los efectos de la
cosa juzgada, surgidos «por disposición expresa del ordenamiento jurídico»,
derivan dos consecuencias, a saber, «como función negativa, «prohibir a los
funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función
positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas13.

9 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
10 Corte Constitucional, sentencias C-191 de 2017, SU-072 de 2018, C-126 de 2019 y C-416 de

2019. La figura de la cosa juzgada «promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la
confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales».
11 «ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
12 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.

13 Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2011. En igual sentido, sentencia T-249 de 2018: «Por

tanto, la jurisprudencia constitucional ha atribuido dos de tipos de caracteres a la institución de la cosa juzgada,
por un lado, el negativo, el cual consiste en prohibir a los funcionarios judiciales proceder nuevamente sobre lo
ya resuelto y, por el otro, el positivo, ligado estrictamente con la seguridad inherente a las relaciones jurídicas».
6

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27. Sobre el tema, esta corporación ha señalado que la providencia que hace
tránsito a cosa juzgada tiene los siguientes efectos: «la presunción de veracidad de
lo resuelto; la inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha
sido objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo
pronunciamiento de fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución
judicial; y, en los casos en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad,
aparece además la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o
anulado, la cual tiene fundamento legal en el artículo 237 del CPACA»14.

28. Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que la cosa juzgada o «res
iudicata, conforme con la cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la
autoridad judicial el carácter de definitivas y vinculantes» , está dirigida a evitar que
los hechos y conductas definidas mediante una providencia ejecutoriada sean
debatidos en un juicio posterior en el que concurran las mismas partes, con
identidad de objeto y de causa. El debate jurídico puede «plantearse nuevamente
siempre y cuando se trate de nuevos hechos suscitados con posterioridad a la
sentencia proferida»15.

3.5. Análisis de la Sala en el caso concreto

29. El demandante sustentó la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia
en la acreditación de los presupuestos de edad y tiempo de servicio establecidos en
la ley, al considerar que cuenta con 50 años de edad y más de 20 años de servicio
en la docencia oficial, con vinculaciones anteriores a diciembre de 1980.

30.En lo atinente al presupuesto de tiempo de servicio, la Sala encuentra
demostrado que el actor fue nombrado profesor de tiempo completo mediante el
Decreto 1626 del 16 de agosto de 1984, expedido por el gobernador del
departamento de Antioquia, en la Escuela Urbana Integrada Crisanto Luque del
municipio de Hispania16.

31. El Decreto de nombramiento 1254 del 11 de julio de 1990, expedido por el
gobernador del departamento de Antioquia, da cuenta de que Alveiro León López
López fue nombrado educador de enseñanza primaria en el distrito educativo 07 en
la escuela rural Raudal (Emilio Vasco)17.

32. El Decreto 3041 del 12 de septiembre de 1995, por medio del cual el
gobernador del departamento de Antioquia «hace unos nombramientos de
Docentes Nacionalizados», acredita que el demandante fue nombrado profesor de
tiempo completo en el IDEM del municipio de Betania18.

33. Mediante el Decreto 4302 del 26 de agosto de 1996, el gobernador del
departamento de Antioquia trasladó a Alveiro León López López al cargo de docente
en el Liceo Santo Domingo Savio19.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2022,

exp. 11001-03-25-000-2021-00376-00 (1885-2021).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencia del 5 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00 (6280).
16 Samai, expediente digital, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado,

imágenes 38 a 39.
17 Samai, cuaderno principal, «archivo demanda con poder y anexos reservado», imágenes 34 a 36.
18 Samai, cuaderno principal, «archivo demanda con poder y anexos reservado», imágenes 41 a 43.
19 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 45 a 46.

7

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02196-01 (2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

34. Por Decreto 2558 de 27 de octubre de 1998, el gobernador del departamento
de Antioquia nombró al demandante director de la Escuela Rural Vallejuelito, en
nivel primaria, con recursos del situado fiscal20.

35. El alcalde municipal de Montebello, mediante Decreto 24 del 24 de febrero
de 2000, trasladó al demandante de la escuela rural Vallejuelito a la escuela Rural
Sabanitas21, para ejercer un cargo directivo docente del que tomó posesión en la
fecha del nombramiento22.

36. El Decreto 0940 de 2004, «por el cual se incorporan unos docentes y
directivos docentes en la nueva planta de cargos», dictado por el gobernador del
departamento de Antioquia, da cuenta de que el demandante fue incorporado a la
nueva planta de cargos del departamento, conformada con motivo de la
descentralización de la educación23.

37. El Decreto 0404 del 15 de febrero de 2006, «por el cual se traslada un
docente pagado por el sistema general de participaciones a una entidad territorial
certificada», expedido por la Secretaría de Educación para la Cultura del
departamento de Antioquia, da cuenta del traslado del demandante a un cargo de
docente en el municipio de Itagüí24.

38. El Decreto 133 de 16 de febrero de 2006, «por medio del cual se hace un
nombramiento de un docente pagado con recursos del sistema general de
participaciones», permite establecer que el secretario de despacho de la
gobernación de Antioquia nombró al demandante en un cargo docente de nivel
básica primaria, en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, empleo
del que tomó posesión el 1 de marzo de 200625.

39. Los anteriores nombramientos constan en la certificación de tiempo de
servicio nro. 42421-2012, proferido por el director de gestión y apoyo administrativo
de la Secretaría de Educación para la Cultura del departamento de Antioquia, así26:

• Del 28 de julio de 1980 al 20 de enero de 1982, director del plantel educativo
Emilio Vasco Valdivia.
• Del 28 de agosto de 1984 al 5 de diciembre de 1991, docente de primaria en
el plantel Crisanto Luque Hispana.
• Del 24 de agosto de 1995 al 25 de agosto de 1996, docente de secundaria
en el plantel educativo Liceo Betania.
• Del 26 de agosto de 1996 al 25 de julio de 1997, docente de secundaria en
el plantel educativo L. Santo Domingo.
• Del 19 de enero de 1999 al 13 de diciembre de 2000, director del plantel
educativo C.E. Vallejuelitos, San Carlos.
• Del 14 de diciembre de 2000 al 28 de febrero de 2006, director del plantel
educativo «C.E. Sabanitas Montebello».

20 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imagen 48.
21 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 50 a 51.
22 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 50 a 52.
23 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 53 a 55.
24 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 57 a 58.
25 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 59 a 60.
26 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 28 a 29.

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Radicación: 05001-23-33-000-2019-02196-01 (2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

40. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral del
FOMAG permite establecer que el demandante prestó el servicio docente en el nivel
primaria de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, desde el 1 de
marzo de 2006 hasta el 4 de marzo de 2014, con vinculación nacional27.

41. Con base en los tiempos laborados y señalados previamente, el demandante
solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, entidad que negó la
petición mediante la Resolución RDP 042356 del 25 de octubre de 2018, al
considerar que no aportó «elementos de juicio diferentes a los documentos que
reposan en el expediente pensional como los certificados de información laboral que
indica que los tiempos de servicio prestados por el docente fue con tipo de
vinculación nacional». La decisión fue confirmada mediante la Resolución RDP
000278 del 8 de enero de 201928, también demandada en este proceso.

42. En este contexto, la Sala procede a establecer si se cumplen los elementos
configurativos de la cosa juzgada declarada en la sentencia apelada, a partir del
análisis comparativo de las partes, el objeto y la causa debatida en el proceso
radicado bajo el número 05001-33-33-002-2014-00455-01, así:

3.5.1. Identidad de partes

Proceso anterior29 Proceso actual
05001-33-33-002-2014-00455-01 05001-23-33-000-2019-02196-01
(2563-2023)
Demandante: Alveiro León López López Demandante: Alveiro León López López

Demandado: UGPP Demandado: UGPP

3.5.2. Identidad de objeto

Proceso anterior Proceso actual
05001-33-33-002-2014-00455-01 05001-23-33-000-2019-02196-01
(2563-2023)
Declarar la nulidad de las resoluciones 16704 Declarar la nulidad de las Resoluciones 42356 del
del 27 de mayo de 2014, que negó el 25 de octubre de 2018 y 278 del 8 de enero de 2019,
reconocimiento de la pensión gracia a Alveiro por medio de las cuales la UGPP le negó al
León López, y 21994 del 17 de julio de 2014, demandante la pensión gracia reclamada.
que confirmó la negativa.
En consecuencia, a título de restablecimiento En consecuencia, a título de restablecimiento del
del derecho, solicitó que se reconozca y pague derecho, solicitó que se reconozca y pague la
la pensión gracia. pensión gracia.

3.5.3. Identidad de causa
Proceso anterior Proceso actual
05001-33-33-002-2014-00455-01 05001-23-33-000-2019-02196-01
(2563-2023)
El demandante solicitó el reconocimiento y El demandante manifestó que laboró por más de 20
pago de la pensión gracia el 11 de abril de 2014, años en la docencia oficial con vinculación
petición que fue resuelta de manera territorial, por lo que, a su juicio, debe reconocérsele

27 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 30 a 31.
28 Samai, cuaderno principal, archivo demanda con poder y anexos reservado, imágenes 11 a 18.
29 Samai, cuaderno principal, CD1 folio 85, imágenes 42 a 71.

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Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

desfavorable mediante la Resolución No. 16704 la pensión gracia.
del 27 de mayo de 2014, porque el tiempo de
servicio prestado por Alveiro López es de La UGPP, mediante la Resolución 42356 del 25 de
carácter nacional «y no pueden tenerse en octubre de 2018, «negó este derecho
cuenta para el reconocimiento de la pensión argumentando que los tiempos de servicio
gracia». aportados fueron prestados con nombramiento del
orden nacional».

43. La comparación de los elementos descritos en el cuadro muestra, en primer
lugar, identidad de partes, ya que en los dos procesos participaron Alveiro León
López López y la UGPP como integrantes de los extremos del litigio.

44. En lo atinente al objeto, el primer proceso refiere que la demanda estuvo
dirigida a lograr la nulidad de la Resolución 16704 del 27 de mayo de 2014, por
medio de la cual le fue negada la pensión gracia al hoy demandante y la Resolución
21994 del 17 de julio de 2014, que confirmó su negativa; frente a esta solicitud el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 6 de octubre de 2016, revocó
la decisión de primera instancia y negó las pretensiones con base en las siguientes
consideraciones:

De acuerdo con las citas jurisprudenciales precedentes, la documentación
aportada como prueba por las partes, no permite establecer lo afirmado por la
parte demandante, esto es, que el tipo de vinculación del señor ALVEIRO LEÓN
LÓPEZ LÓPEZ durante el tiempo de prestación de servicio como docente (o
directivo docente en los casos correspondientes) fue de carácter territorial o
nacionalizado, […] se indica que el tipo de vinculación del demandante es
NACIONAL, despojan a esta Sala de Decisión de convicción y certeza en cuanto
al cumplimiento de los veinte (20) años de servicio en calidad de docente
territorial o nacionalizado por parte del accionante, requeridos para el
reconocimiento de la pensión gracia objeto del proceso de la referencia.

45. En este proceso, la pretensión está dirigida a que se declare la nulidad de los
actos administrativos dictados por la UGPP contenidos en las resoluciones 42356 del
25 de octubre de 2018 y 278 del 8 de enero de 2019 que le negaron al demandante
el reconocimiento pensional y como restablecimiento del derecho se ordene el pago
de la prestación, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de lo devengado por concepto de sueldos y demás factores salariales en
el año de servicio anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de
servicio y los reajustes legales correspondientes.

46. Las solicitudes y fundamentos de las partes en cada proceso evidencian,
igualmente, la coincidencia de objeto ya que, las pretensiones en ambos asuntos
estuvieron dirigidas a obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el
derecho pensional a partir de supuestos fácticos idénticos, pues el tiempo de
servicio laborado por el señor Alveiro León López es igual en los dos asuntos, así
como la consideración relativa a la naturaleza de la vinculación.

47. Ahora, aunque los actos administrativos impugnados difieren en los dos
procesos, porque el primero cuestiona las resoluciones 16704 del 2014 y 21994 del
mismo año, mientras que el segundo se centra en las resoluciones 42356 del 2018
y 278 del 2019, ambos comparten un objetivo común, esto es, analizar el
cumplimiento del requisito de tiempo de servicio en la docencia oficial. Esto incluye
la evaluación de plazas departamentales, distritales, municipales o nacionalizadas.
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Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

48. En ese entendido, la razón jurídica como los hechos que sustentaron la
negativa del derecho pensional son los mismos. Como se mencionó previamente,
para la solicitud de la pensión gracia se consideraron los mismos tiempos de
servicio. De hecho, se indicó explícitamente en la resolución 42356 del 2018 que no
existían «elementos de juicio diferentes a los documentos que reposan en el
expediente pensional, como los certificados de información laboral que indican que
los tiempos de servicio prestados por el docente fueron con tipo de vinculación
nacional».

49. En relación con la identidad de causa, entendida como la razón o los motivos
que sustentan las pretensiones, la Sala observa que en los dos procesos se
expusieron los mismos hechos, a saber:

(i) Alveiro León López López laboró como docente, en los siguientes periodos,
los cuales fueron acreditados de manera idéntica en ambos procesos, salvo
por una mínima extensión en la fecha final del último periodo en el caso más
reciente:

• Desde el 28 de julio de 1980 hasta el 20 de enero de 1982.
• Desde el 28 de agosto de 1984 hasta el 4 de diciembre de 1991.
• Del 24 de agosto de 1995 al 24 de julio de 1997.
• Del 19 de enero de 1999 al 14 de febrero de 2006.
• Del 1 de marzo de 2006 al 4 de marzo de 2014.

Es importante señalar que, si bien en el primer proceso la acreditación del
último periodo de tiempo fue hasta el 13 de diciembre de 2013 y en el
presente asunto se prolongó hasta el 4 de marzo de 2014, esta diferencia no
cambia el fondo de la controversia. La esencia de la vinculación y los
periodos laborados son coincidentes.

(ii) La UGPP, negó el reconocimiento y pago de pensión gracia al demandante,
al considerar que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional.

50. Lo anterior evidencia que la situación fáctica y el marco jurídico es igual,
porque en los dos procesos el análisis sobre el derecho a la pensión gracia se
sustentó en idénticos hechos y normas jurídicas. Ahora, la circunstancia atinente a
la fecha de finalización del vínculo laboral del demandante que se prolongó en el
asunto bajo examen (17 de diciembre de 2013 en el primer proceso y 4 de marzo
de 2014 en el presente trámite), no constituye un hecho nuevo susceptible de
enervar el atributo de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el primer
proceso, porque la razón que fundó la denegación de las pretensiones en esa
oportunidad, relacionada con la naturaleza nacional de las vinculaciones,
permanece incólume.

3.6. Conclusión

51. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que en el caso bajo estudio se
encuentran acreditados los elementos configurativos de la cosa juzgada, dado que
existe identidad de partes, de objeto y de causa con el asunto debatido en el proceso
05001-33-33-002-2014-00455-01, decidido mediante sentencia dictada por el

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Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de octubre de 2016, en el sentido de negar
el reconocimiento de la pensión gracia al señor Alveiro León López López, al
considerar que no acreditó el ejercicio de la docencia en plazas nacionalizadas o
territoriales durante 20 años.

52. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 13 de febrero de 2023, que declaró probada,
de oficio, la excepción de cosa juzgada.

4. Costas

53. En lo atinente a la condena en costas impuesta en primera instancia, la
presente providencia acoge, por razones de seguridad jurídica e igualdad, el criterio
de interpretación mayoritario30 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

54. Por lo tanto, como la sentencia apelada no sustentó la condena en costas en
la acreditación de una conducta temeraria o de mala fe del demandante, se revocará
dicha decisión.

55. En igual sentido, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que el señor Alveiro León López López haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de unificación de jurisprudencia referente a la
aplicación de la cosa juzgada en casos que discuten el reconocimiento de una

30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse

a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene
vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso
administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365,
según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el
escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena
en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista
y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265
a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a
propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la
condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a
la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es,
un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Alveiro León López López
Demandado: UGPP

pensión gracia. Este rechazo se fundamenta en la decisión de la Sala Plena de la
Sección Segunda del 5 de febrero de 2025, la cual no avocó una solicitud de
unificación sobre la «inaplicación» de la cosa juzgada en asuntos pensionales, como
quedó señalado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 13 de febrero de 2023, que declaró probada la excepción de cosa
juzgada.

TERCERO. REVOCAR la condena en costas impuesta en primera instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. Reconocer personería a Jhonier Alejandro Trejos Valencia, identificado
con C.C. 1.088.261.587 y portador de la tarjeta profesional 268.679 del Consejo
Superior de la Judicatura (CSJ) y a John Edison Londoño Hernández, identificado
con C.C. 1.088.258.716 y tarjeta profesional 383.443 del CSJ, para actuar como
apoderados principal y sustituto de la UGPP.

SEXTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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