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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 18 Ver sello de radicación a folio 38 vuelto. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que declaró probada la excepción de cosa juzgada. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)
Demandante: Rafael Armando Turriago Garzón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Excepción de cosa juzgada.
Elementos de la figura y análisis comparativo entre los dos casos
en controversia. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante contra la
sentencia proferida el tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

ANTECEDENTES

El señor Rafael Armando Turriago Garzón instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 015825 del 23 de abril de
2015, y (ii) RDP 28086 del 9 de julio de 2015; por medio de las cuales la entidad
accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante y
confirmó tal decisión al resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte pasiva a
reconocer, liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las
previsiones de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales

1 Folios 29 a 38.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

percibidos por este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, con
los debidos reajustes y de manera actualizada desde el 3 de diciembre de 2011 por
prescripción trienal de mesadas.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el reclamante nació el 17 de mayo de 1942. Que en su vida laboral estuvo
vinculado al magisterio del departamento de Cundinamarca como docente territorial
nombrado mediante el Decreto 01981 del 29 de diciembre de 1967, desde el 1.º de
febrero de 1968 hasta el 14 de marzo de 1997.

Que el 3 de diciembre de 2014 radicó ante la entonces Cajanal EICE una petición
de reconocimiento de la pensión gracia por haber acumulado más de 20 años de
labor como educador oficial. Que dicha autoridad negó lo solicitado mediante la RDP
015825 del 23 de abril de 2015, asegurando que se demostró que el solicitante
había incurrido en una mala conducta que hacía imposible conceder este derecho.

Que contra este acto interpuso recurso apelación, el cual fue resuelto
negativamente por medio de la Resolución RDP 28086 del 9 de julio de 2015.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 2, 6,
13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 115 de 1994; e igualmente
el Decreto 081 de 1976, el CPACA y el Código Sustantivo del Trabajo.

Que para efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia, el estatus jurídico
de pensionado se adquiere cuando se cumplen los requisitos de los 20 años de
servicio y 50 años de edad, tiempos en los que, además, deben acreditarse las otras
exigencias como la buena conducta, mas no con posterioridad estas fechas, porque
la ley en ningún momento consagró que en caso de cometerse un acto reprochable
después de consolidar el derecho, este se perdía.

Que, interpretar la ley de esa forma violaría el principio de favorabilidad e incluso se
estaría legislando en desconocimiento de la función que le compete al Congreso de
la República, por lo que en este caso debe tenerse en cuenta que, la fecha en que
el reclamante incurrió en un hecho aislado de mala conducta fue posterior a la
adquisición de la pensión, pues este último evento ocurrió el 17 de mayo de 1992,

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

mientras que el comportamiento cuestionable tuvo lugar el 31 de enero de 1995.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 26 de octubre de 20152 se admitió la demanda, la cual fue notificada a la UGPP,
quien manifestó3 que, teniendo en cuenta que dentro del expediente obra la
Resolución 2978 del 18 de octubre de 1995, expedida por la Junta Nacional de
Escalafón Docente con la que se sancionó al accionante con la exclusión del mismo
por incurrir en el tráfico con calificaciones y certificaciones, resulta evidente que en
este caso se configuró una mala conducta que impide reconocer la pensión gracia,
por lo que los actos demandados se ajustan a la legalidad.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) presunción de legalidad de los
actos administrativos expedidos por la entidad de pensiones, (ii) inexistencia de la
obligación, (iii) prescripción, (iv) compensación, y (v) genérica.

El 1.º de marzo de 2017 se celebró la audiencia inicial,4 en la cual se advirtió que
no había excepciones previas pendientes de resolver. Adicionalmente, en esta
diligencia se fijó el litigio, se declaró la falta de ánimo conciliatorio, se efectuó el
decreto de pruebas y se dispuso correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de noviembre
de 2017 declaró probada la excepción de cosa juzgada y ordenó estarse a lo
resuelto en la sentencia del 30 de octubre de 2014 proferida en el proceso 2011-
00123-01 por esa misma corporación.

Que respecto a la excepción de cosa juzgada manifestada por la parte demandada
en sus alegatos, se encontró que existe una sentencia proferida el 30 de octubre de
2014 por la Subsección "F" de la Sección Segunda de este mismo tribunal, la cual
se encuentra debidamente ejecutoriada, toda vez que fue proferida en segunda
instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Girardot,
es decir, ya no procedía recurso alguno y en esas condiciones quedó en firme la
decisión judicial tres días después de su notificación, esto es, el 19 de noviembre
de 2011.

Que, por tal motivo, concurren todos los requisitos para que se configure el
fenómeno jurídico bajo análisis, ya que, tanto los hechos como las pretensiones del

2 Folio 41.
3
Folios 74 a 81.
4
Folios 99 a 104.
5 Folios 119 a 125.

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actor, en uno y otro proceso, estaban encaminados al reconocimiento y pago de la
pensión gracia pese haber sido destituido y excluido del escalafón nacional docente
por incurrir en casual de mala conducta, controversia que ya había sido resuelta
dentro del proceso 2011-00123-01, a través de las providencias aludidas.

Que en el proceso anterior se determinó lo siguiente: "se encontró probado el
supuesto normativo de la comisión de una actuación notoriamente inmoral, así como
la correspondiente sanción por la falta cometida, la cual es importante resaltar,
resulta de una alta gravedad, toda vez que se trató del incumplimiento injustificado
y doloso del actor de sus deberes legales, más cuando se trata de la prestación del
servicio docente, la cual exige honorabilidad y rectitud en su desempeño".

Que, por lo expuesto, en el caso del demandante quedó claro que perdió el derecho
a acceder a la pensión gracia por incurrir en un acto reprochable, más aún si se
tiene en cuenta que dado el carácter excepcional con que fue instituida esa
prerrogativa, para su reconocimiento y pago es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos, como lo es el de observar un buen
comportamiento, aspecto que ya fue juzgado.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que, en este
asunto se está debatiendo una nueva actuación administrativa (actos
administrativos diferentes) basada en elementos de juicio distintos como lo son las
tesis jurídicas actuales sobre los alcances de la Ley 114 de 1913 en conjunto con
las recientes posturas jurisprudenciales del Consejo de Estado acerca de esta
temática, las cuales son posteriores a la sentencia proferida en el proceso inicial
con radicado 2011-00123-01.

Que, además, a lo largo del tiempo después del mencionado fallo se han generado
unas mesadas posteriores adeudadas, frente a las que opera una prescripción
independiente que no afecta el derecho pensional como tal, pues este sí puede ser
solicitado en cualquier tiempo y las veces que sea necesario.

Que, en todo caso, los tribunales administrativos no son el organismo de cierre en
esta jurisdicción, ya que este es el Consejo de Estado a quien le corresponde crear
la jurisprudencia. Por lo mismo, no puede tenerse como decisión definitiva la del
juez de origen, sin que primero se pronuncie dicha alta corte en lo que tiene que ver
con la posibilidad o no de perder la pensión gracia cuando se comete una mala
conducta después de los 20 años de servicio docente.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

6 Folios 132 a 133.

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El 12 de abril de 20187 se admitió el recurso de apelación, y, el 12 de julio de 20188
se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento, por lo que se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.

La parte demandante9 reiteró los argumentos expuestos en su demanda y en el
recurso de apelación para solicitar que se revoque el fallo impugnado.

La parte demandada 10 manifestó que la pretensión del actor se ve desvirtuada por
la ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada, teniendo en cuenta que la sentencia
que resolvió lo propio, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro del proceso bajo radicado 2011-123, ya se encuentra ejecutoriada en el
sentido de establecer que, como el accionante había incurrido en una causal de
mala conducta no había lugar al reconocimiento de la pensión gracia, por lo que
debe confirmarse la providencia apelada en esta oportunidad.

El 29 de agosto de 202411 se decretó una prueba de oficio tendiente a verificar la
posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada, por lo que se solicitó a los
juzgados administrativos del circuito de Girardot que informaran cuál de estos tenía
el archivo del proceso con radicado 2530733170120110012300 en el que figuraban
las mismas partes del presente litigio, a fin de que allegaran copia del expediente.

A través de la plataforma SAMAI, el 11 de octubre de 202412 el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot allegó la documentación solicitada, de la cual se corrió
traslado a las partes el 31 de octubre de ese mismo año.13

En la oportunidad para pronunciarse, ambas partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que resolverá la Subsección es determinar si en el presente caso se
configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este proceso, dentro de una controversia entre las
mismas partes, para lo cual deberá verificarse si ambos procesos comparten causa
y objeto idénticos.

En caso negativo, se verificará si el demandante cumplió con el requisito de buena
conducta exigido para acceder al derecho a la pensión gracia.

7 Folio 157.
8 Folio 164.
9
Folios 165 a 169.
10 Folios 174 a 175.
11
Ver Índice 34 de SAMAI.
12
Ver índices 45 y 46 de SAMAI.
13 Ver índice 50 de SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

Marco normativo y jurisprudencial

Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada

La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.

Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el cual
lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.

Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la inmutabilidad
y unicidad de las providencias, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de
nuevas manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá ser
definitivo, con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas causales
específicas y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien, ante la
interposición del recurso extraordinario de revisión como lo consagra el artículo 303
del CGP que expresamente regula esta figura de la siguiente forma:

«[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro

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de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»

El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que, entre otras,
la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante sentencia anticipada
en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A, el cual también dispuso
que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse en cualquier estado del
proceso si se encuentra demostrada, tanto así que puede ser decretada de oficio
conforme al artículo 187 ibidem en el que se señaló que la sentencia se pronunciará
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta
probada.

Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de Estado14
los ha precisado de la siguiente forma:

«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]»

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

Resolución del caso concreto

Atendiendo el hecho de que en este proceso se analizó y decretó en primera
instancia la excepción de cosa juzgada, la cual es motivo de apelación por parte del
reclamante, la Sala el 29 de agosto de 202415 decretó una prueba de oficio tendiente
a que los juzgados administrativos del circuito de Girardot informaran cuál de estos
tenía el archivo del proceso con radicado 2530733170120110012300 en el que
figuraban las mismas partes del presente litigio, a fin de que allegaran copia del
respectivo expediente.

Una vez allegada la documentación requerida, se procede a efectuar un análisis
comparativo entre el litigio bajo examen y el resuelto por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en segunda instancia, esto para identificar si ambas controversias
comparten identidad de sujetos, objeto y causa, tal como se observa a continuación:

25307-33-31-701-2011-00123-00 25000-23-42-000-2015-04350-01
RADICADO
(PROCESO ANTERIOR) (PROCESO ACTUAL)
Demandante: Rafael Armando Turriago Garzón Demandante: Rafael Armando Turriago Garzón

PARTES Demandado: Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- EICE Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
(actualmente extinta y por tanto sucedida en sus obligaciones por la Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
UGPP)
«[…] PRIMERA. Que son nulos los actos administrativos números PAP «[…] PRIMERA. Que son nulas las resoluciones números 15825 del 23
19682 del 20 de octubre de 2010 y No. PAP 047234 del 07 de abril de de abril de 2015 y No. 28086 del 09 de julio de 2015 mediante las cuales
2011 expedidos por el señor Liquidador de la CAJA NACIONAL DE se le negó el reconocimiento y pago de la Pensión gracia a favor de mi
PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACION mediante los representado (a).
cuales se negó el reconocimiento y pago de la Pensión Gracia y/o
restablecimiento y pago de la pensión gracia a favor de mi SEGUNDA. Que como consecuencia de la nulidad, se condene a la
representado. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL
SEGUNDA. Que como consecuencia de la nulidad, se condene a la UGPP- a reconocer y pagar al (a) señor (a) RAFAEL ARMANDO
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE EN TURRIAGO GARZON identificado (a) con la cedula de ciudadanía No.
LIQUIDACION a reconocer y pagar al señor RAFAEL ARMANDO 223.930 la Pensión Gracia Vitalicia de Jubilación a partir del día
TURRIAGO GARZON, identificado con la cedula de ciudadanía siguiente al de haber cumplido (20) años de servicio a la educación y
No.32.531.168 la Pensión Gracia a partir del día siguiente al cincuenta (50) de edad, cuyas mesadas iniciales deben ser liquidadas
OBJETO
cumplimiento del status de pensionado, cuyas mesadas iniciales deben en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
(PRETENSIONES)
ser liquidadas en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento de lo devengado por concepto de sueldos y demás factores salariales
(75%) del promedio de lo devengado por la docente por concepto de en el último año de servicios inmediatamente anterior al cumplimiento
sueldos y demás factores salariales el año de servicios inmediatamente de los requisitos de edad y tiempo de servicio, junto con los reajustes
anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, legales correspondientes.
junto con los reajustes legales correspondientes y/o se ordene el
restablecimiento y pago de la pensión gracia reconocida mediante la […] CUARTA. Declarar prescritas las mesadas anteriores al 03 de
resolución No.10194 del 09 de marzo de 1993 a partir de la fecha de la diciembre de 2011. […]»
suspensión.

TERCERA. Que no se aplique prescripción trienal sobre las mesadas
pensionales porque mi representado ha interrumpido la prescripción en
varias ocasiones de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848
de 1.969. […]»
«[…] 1. Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2009 mi «[…] 1°. El (a) señor (a) RAFAEL ARMANDO TURRIAGO GARZON,
representado solicito a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL nació el 17 de mayo de 1942, cumplió 50 años de edad el día 17 de
CAJANAL EICE EN LIQUIDACION el restablecimiento y pago de la mayo de 1992.
pensión gracia la cual había sido reconocida mediante resolución
No.10194 del 09 de marzo de 1.993 en cuantía de $164.012.92 2º. Mi representado (a) se vinculó al servicio docente antes del 01 de
mensuales, efectiva a partir del 17 de mayo de 1,992 por reunir los enero de 1981.
requisitos de Ley y revocada posteriormente, porque sobrevino una
causal de mala conducta. 3°. El (a) señor (a) RAFAEL ARMANDO TURRIAGO GARZON, laboro
por más de veintinueve (29) años en la docencia oficial con tipo de
2. Mediante resolución No. PAP 019682 del 20 de octubre de 2010 la vinculación TERRITORIAL - (DEPARTAMENTAL - NACIONALIZADO)
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL 'EICE EN en forma continua del 01 de febrero de 1968 hasta el día 14 de marzo
LIQUIDACION resolvió la anterior petición y negó el reconocimiento y de 1997.
pago de la pensión gracia a mi mandante por no haber observado
CAUSA buena conducta. 4°. Mi mandante adquirió el status jurídico de pensionado el día 17 de
(HECHOS) mayo de 1992 fecha en que cumplió los 50 años de edad.
3. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reposición
argumentando que no se estaba solicitando el reconocimiento y pago 5° Mi representado (a), RAFAEL ARMANDO TURRIAGO GARZON,
de la pensión gracia sino el restablecimiento y pago de la pensión solicito el dia 03 de diciembre de 2014 a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
gracia que venía disfrutando mi representado y que había sido ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
reconocida mediante resolución No. 10194 del 09 de marzo de 1993 la PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP- se le
cual había sido revocada unilateralmente porque con posterioridad a su reconociera y pagara la Pensión Gracia por llenar los requisitos legales
reconocimiento se incurrió en mala conducta. tal como lo establecen las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989.
4. Mediante resolución No. PAP 047234 del 07 de abril de 2011 se
desató el recurso de reposición y se confirmó la resolución No. No. PAP 6°. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
019682 del 20 de octubre de 2010 argumentando que el docente no PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
había observado buena conducta ya que había sido sancionado PROTECCION SOCIAL -UGPP- mediante la resolución No.15825 del
disciplinariamente por la Junta Nacional del Escalafón Docente

15 Ver índice 34 de SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

mediante resolución No.2978 del 18 de octubre de 1.995 con exclusión 23 de abril de 2015 negó este derecho argumentando única y
del Escalafón Nacional Docente por incurrir en tráfico con calificaciones exclusivamente mala conducta.
y certificaciones, mala conducta consagrada en el literal d) articulo 46.
del Decreto 2277 de 1.979, resolución que fue confirmada mediante […] 8°. Contra la anterior resolución se interpuso en forma directa el
resolución No.106 del 02 de diciembre de 1.996 y que además por ser recurso de Apelación el cual fue resuelto mediante la resolución
la pensión gracia una prestación regulada por normas especiales entre No.28086 del 09 de julio de 2015 confirmando en todas y cada una de
las cuales solicita el observar buena conducta, este requisito se debe sus partes la resolución No. 15825 del 23 de abril de 2015. […]»
observar y permanecer durante toda la vida activa del docente.

5. Al solicitar equivocadamente mi representado la reliquidación de la
pensión gracia por retiro definitivo del servicio oficial petición que no
era procedente y anexar nuevos documentos para tal fin, CAJANAL se
percató que mi mandante posterior a la fecha de reunir los requisitos
legales había sido sancionado disciplinariamente por la Junta Nacional
del Escalafón Docente mediante resolución No. 2978 del 18 de octubre
de 1.995 con exclusión del Escalafón Nacional Docente por incurrir en
tráfico con calificaciones y certificaciones, mala conducta consagrada
en el literal d) articulo 46, del Decreto 2272 de 1.979 resolución que fue
confirmada mediante resolución No. 106 del 02 de diciembre de 1.996.

6. Según providencia de fecha 19 de noviembre de 2003 mediante la
cual la Fiscalía General de la Nación Precluyó la Investigación a mi
representado en razón a la investigación Penal que surgió de la
conducta por la cual fue sancionado disciplinariamente, en ella
observamos que la expedición del documento cuya falsedad se
pregonó fue expedido el día 28 de noviembre de 1.992 luego esta
conducta es posterior a la fecha en que mi representado reunió los
requisitos de ley para la obtención de la pensión gracia la cual acaeció
el día 07 de mayo de 1.992, si observamos los documentos que
inicialmente sirvieron de base para reconocer y pagar la pensión gracia
para esta fecha mi representado reunía a cabalidad los requisitos para
acceder dicha prestación tal como lo establecen las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 37 de 1933 y 91 de 1989, es decir 20 años de servicio, 50
años de edad haber observado buena conducta. […]»

Pues bien, adicionalmente a este ejercicio de comparación, resulta necesario
verificar, con base en los hechos y pretensiones expuestas anteriormente, qué fue
lo materialmente resuelto mediante una decisión ejecutoriada en vía judicial dentro
del proceso con radicado 25307-33-31-701-2011-00123-00.

Respecto a dicho proceso, en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión del Circuito de Girardot profirió sentencia el 25 de septiembre de
2012,16 mediante la cual negó las pretensiones del reclamante, luego de haber
estudiado todos los requisitos para la consolidación de la pensión gracia y
determinar que, si bien no se había configurado una causal de mala conducta por
no haberse demostrado el acto delictivo del actor, lo cierto es que en ese proceso
no se demandaron los actos administrativos que revocaron la Resolución 018482
del 23 de junio de 1998 con la que se había reconocido la pensión, por lo que se
configuró la falta de proposición jurídica completa.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia
el 30 de octubre de 201417 con la que confirmó la providencia apelada por el
demandante al concluir que, si bien el docente no había demandado los actos que
habían revocado su derecho pensional, lo cierto es que por tratarse de una
prestación periódica, aquel podía volver a reclamar el reconocimiento del derecho,
tal como lo hizo en dicha oportunidad, por lo que sí era dable solicitar la nulidad de
las resoluciones objeto de control de legalidad.

Además, adujo que, si se había declarado la excepción de falta de proposición
jurídica completa, la decisión no podía ser la de negar las pretensiones, sino la de
evitar cualquier pronunciamiento de fondo sobre el particular.

16
Ver expediente digital remitido como prueba de oficio en el índice 45 de SAMAI.
17 Ver el mismo índice.

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En tal sentido, el tribunal en dicha causa judicial analizó íntegramente todas las
exigencias para acceder al derecho en tensión, encontrando satisfechas las de
acumular 20 años de labor oficial durante el período comprendido entre el 1.º de
febrero de 1968 hasta el 14 de marzo de 1997, así como la de tener una vinculación
del orden territorial, y, en particular una antes de diciembre de 1980.

No obstante, en el fallo se determinó que, pese a haber demostrado buena conducta
a lo largo de dicho lapso, lo cierto es que sobrevino un hecho como fue la exclusión
del escalafón docente por haber incurrido en una mala conducta prevista en el
ordenamiento bajo el supuesto de haber traficado con las calificaciones de sus
estudiantes, lo que desde el punto de vista legal permite la pérdida de un derecho
adquirido como el discutido, pues no es dable mantener con efectos una
prerrogativa que atenta contra la legalidad.

Con todo, en virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la presente
actuación, así como de la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por las dos
autoridades judiciales en comento, lo que la Subsección puede concluir en el litigio
bajo estudio es que sí se configuró la excepción de cosa juzgada.

Lo anterior, toda vez que para ambos procesos se observa con claridad que la
controversia se generó entre las mismas partes, esto es, el señor Rafael Armando
Turriago Garzón y la UGPP (como sucesora directa de la entonces Cajanal EICE
en virtud del Decreto 2040 de 2011).

De igual forma se puede concluir que estos casos comparten idéntico objeto, pues
si bien existen diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en esencia
estas son iguales, ya que el derecho en tensión para cada litigio es exactamente el
mismo, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de
1913.

Ello incluso al margen de que se hayan demandado actos administrativos diferentes,
pues es claro que las dos negativas de la administración fueron provocadas a través
de peticiones radicadas en momentos diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo
propio en cualquier tiempo y en múltiples ocasiones al tratarse de una prestación
periódica, pero que, en el fondo, implican una sola manifestación de voluntad.

En este punto también debe precisarse que, aun en el entendido de que en el primer
proceso la solicitud de nulidad se había hecho contra unos actos que negaron el
“restablecimiento de la pensión” que había sido revocada directamente por la
entonces Cajanal, ello no implica que no exista una igualdad en el objeto de ambas
controversias, ya que, como se observa y como fue analizado por el Tribunal de
Cundinamarca, en la actuación anterior no se pretendió la anulación del acto de
revocatoria, sino de aquel que le negó nuevamente el reconocimiento pensional,

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aspecto que es también discutido en esta causa judicial bajo idénticos elementos
de discusión, específicamente, el relativo al cumplimiento del requisito de observar
una buena conducta durante los 20 años de servicio requeridos para acceder a la
pensión gracia.

Por tanto, al evidenciarse que en los dos litigios comparados la controversia giró en
torno al reconocimiento de la pensión gracia, bien sea por haber sido revocada
inicialmente o negada con posterioridad, es posible concluir que el objeto de las dos
demandas siempre fue igual, tanto así que el centro del debate fue la determinación
de una mala conducta como fundamento de la entidad para no acceder al
otorgamiento de esta dádiva.

Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos de hecho
frente a los dos procesos bajo estudio, pues los elementos que se alegaron y se
examinaron obedecen a los mismos requisitos para acceder a la pensión gracia,
puntualmente la edad, el tiempo de servicio, la acreditación de una vinculación antes
del 31 de diciembre de 1980, que los vínculos sostenidos hayan sido del orden
territorial o nacionalizado, y que se acreditara un buen comportamiento en el
ejercicio de su cargo.

Al respecto, lo que se observa es que, pese a que parte del sustento de hecho en
el primer caso se relacionaba con que la extinta Cajanal EICE ya había concedido
el derecho pensional, el cual revocó al advertir un acto reprochable que incumplía
con uno de los requisitos para su consolidación, mientras que el fundamento de la
demanda que dio origen a este proceso es el de la negativa de la UGPP respecto
de una nueva petición de reconocimiento, resulta claro que los supuestos con los
que la parte activa basó sus reclamaciones en uno y otro caso, siempre se
enfocaron en advertir que ya había cumplido todos los requisitos para adquirir la
pensión, incluido el de su correcto actuar antes de concretar su estatus habilitante.

Además, es completamente claro que el tribunal en la contienda anterior verificó el
cumplimiento de todos los requisitos, incluido el mismo período de labor oficial, pues
el interregno de servicio validado comprendido entre el 1º de febrero de 1968 y el
14 de marzo de 1997 es exactamente el mismo que ahora se pretende estudiar con
la demanda de la referencia, lo que implica que tal lapso ya fue debidamente
verificado en sede judicial, así como la clase de vinculación y la demostración de un
tiempo anterior al 31 de diciembre de 1980.

Adicionalmente, al margen de las diferencias en la enunciación del soporte fáctico
de las dos demandas, ambas conllevan el mismo planteamiento que solo busca
demostrar la acreditación de todos los requerimientos legales para adquirir la
pensión gracia, tanto así que el alegato de la parte recurrente en todo momento ha
sido que la mala conducta registrada por su parte ocurrió tiempo después de haber
materializado esta prerrogativa, por lo que esa situación no podía constituir un

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fundamento para su pérdida ni para su negación en otra oportunidad como la del
nuevo medio de control instaurado con posterioridad.

En todo caso, si se observa cuál fue el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en segunda instancia dentro del proceso 2011-
00123-00, lo que se encuentra es que este examinó cada uno de los preceptos para
reconocer la pensión en debate, incluido el de la buena conducta, solo que, en su
entender y con base en sus propios argumentos, dicho juez consideró que el haber
advertido un comportamiento reprochable, incluso después de haber estructurado
el estatus jurídico, sí era un fundamento válido para negar tal dádiva ante una nueva
solicitud como fue la estudiada en aquel litigio.

Por tal motivo, la causa tanto del proceso anterior como del presente, relacionada
con la verificación de si el hecho del tráfico de calificaciones constituía o no una
razón válida para no otorgar el derecho en cuestión ya fue analizada por el tribunal
en mención con anterioridad a este litigio objeto de examen, lo cual hace imposible
que en esta oportunidad se vuelva a verificar lo propio para emitir un
pronunciamiento diferente, aun a pesar de que se presenten nuevos argumentos,
pues el sustento jurídico puede variar, pero la decisión judicial frente a unos mismos
hechos y pretensiones ya fue adoptada y quedó debidamente ejecutoriada.

De hecho, no puede prosperar el argumento del impugnante cuando aseguró que
el tribunal aludido no es el órgano competente para definir por completo una
controversia como la planteada, pues, en razón a que la primera instancia en el
proceso 2011-00123-00 se surtió ante un juzgado administrativo y la segunda ante
la mencionada corporación, resulta evidente que la decisión que termina el proceso,
que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo es la de esta última,
sin que pueda alegarse que del asunto debió conocer el Consejo de Estado, ya que
debido a este esquema procesal de dos instancias, no es permitida una tercera,
sino eventualmente una revisión que no fue interpuesta ni es asumible de manera
oficiosa.

Tampoco encuentra respaldo la tesis del apelante sobre la generación de nuevas
mesadas con posterioridad a la actuación anterior que deben ser revisadas en virtud
de esta demanda posterior, toda vez que si bien es cierto el derecho pensional es
imprescriptible y puede pedirse en cualquier tiempo y varias veces, cuando este ya
fue juzgado mediante sentencia en firme, no es posible volver sobre ese punto a
menos que se trate de hechos o pretensiones diferentes, lo cual no ocurrió en el
presente caso.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018)

De hecho, es de resaltar que la presentación de la demanda que dio origen al asunto
de la referencia tuvo lugar el 2 de septiembre de 2015,18 es decir, después de que
el fallo de segunda instancia proferido el 30 de octubre de 2014 en el primer proceso
promovido por el actor quedó ejecutoriado e hizo tránsito a cosa juzgada.

Esto significa que, incluso, en el desarrollo de la última reclamación en vía
administrativa que es objeto de demanda en el presente caso y que inició con una
petición radicada el 3 de diciembre de 2014, la figura jurídica en mención ya había
cobrado plenos efectos de inmutabilidad respecto de lo resuelto inicialmente en la
actuación con radicado 2011-00123-00, por lo que la decisión de la administración
de negar el derecho se ajusta a la situación jurídica creada al reclamante en virtud
del mencionado fallo.

Como se observa, en procura de evitar la vulneración del principio de la seguridad
jurídica de las partes, lo cual es la finalidad de la cosa juzgada, resulta claro que no
podía emitirse ningún pronunciamiento de fondo sobre los argumentos de la nueva
demanda, por lo que deberá confirmarse la sentencia recurrida que declaró probada
dicha excepción.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dicha
declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Ahora, al verificarse que la pretensión propuesta en el presente asunto ya fue
resuelta en un proceso anterior, es decir, se encontró probada la excepción de cosa
juzgada como lo indicó el Tribunal, carece de sustento jurídico el recurso de
apelación propuesto, más aún si se tiene en cuenta que el actor ya tenía
conocimiento de la actuación inicial cuando presentó la actual demanda, e incluso,
habiendo advertido que en primera instancia se declaró dicho fenómeno jurídico,
este decidió continuar discutiendo este punto mediante el recurso de apelación
analizado en esta oportunidad. En consecuencia, se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

18 Ver sello de radicación a folio 38 vuelto.

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que declaró probada la excepción
de cosa juzgada.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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