Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00766-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00766-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2015-00766-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
Demandante: Edilia Duarte Duarte
Demandado Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial. REVOCA parcialmente, ADICIONA y
MODIFICA sentencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Edilia Duarte Duarte, interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 658 del 4 de marzo de
2008; 723 del 6 de marzo de 2009; 1388 del 26 de abril de 2010; 1039 del 4 de
abril de 2011; 0874 del 27 de abril de 2012; 1024 del 21 de marzo de 2013; 194
del 7 de febrero de 2014, expedidos por el Gobierno nacional.
3. Que se declare el silencio administrativo negativo respecto del recurso de
apelación interpuesto el 11 de diciembre de 2014 en contra de la Resolución
4201 del 10 de octubre de 2014, proferida por la demandada.
4. Que se declare la nulidad de la Resolución 4201 del 10 de octubre de 2014 y del
acto administrativo ficto producto del silencio por parte de la entidad frente al
recurso de apelación en contra de aquella, por medio de los cuales se niega el
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reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cesantías, aportes a pensión y
demás emolumentos, con inclusión de la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
5. A título de restablecimiento del derecho se ordene la reliquidación del salario y
las prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como una adición al salario, desde el mes
de febrero del 2000 hasta la fecha.
6. Que se actualicen las sumas reconocidas, se condene al pago de intereses y se
dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187, 192 y 195
del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que la demandante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, en calidad de
juez de la República desde el 11 de febrero del 2000 y el 29 de septiembre de
2014, solicitó a la demandada reconocer y pagar la prima especial de servicios,
y reliquidar las prestaciones sociales durante los períodos laborados en el cargo
de juez. Petición que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución
Política; 14 de la Ley 4.ª de 1992 y 12 del Decreto 717 de 1978.
9. Que los actos administrativos demandados fueron expedidos por fuera del marco
constitucional, legal y jurisprudencial que sobre la materia ha desarrollado esta
corporación y la Corte Constitucional, pues se fundamentan en los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional, dentro de los cuales se
interpretó de forma errónea el mandato establecido en la Ley 4.ª de 1992, en la
cual se prescribió la prima especial de servicios como un adicional al salario,
pues contrario a esto, en dichos decretos se tuvo como parte de la asignación
básica, disminuyendo la base salarial y con ello las prestaciones sociales de este
tipo de funcionarios.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. La demanda se admitió el 18 de septiembre de 2017. La entidad1, se opuso a
las pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
legalidad, porque se basan en los decretos salariales anuales expedidos por el
Gobierno nacional y como autoridad administrativa no es de su competencia la
1 Ver archivo digital denominado «31_ED_LINKDEACCESOALEX(.pdf) NroActua 115», PDF
«037ContestacionDemanda.PDF» visible a índice 115 del SAMAI del Tribunal.
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fijación o modificación del régimen salarial y prestacional de los funcionarios
públicos, facultad exclusiva de aquel.
11. Que, en este contexto, la entidad no podía reconocer como adicional el 30 % del
salario a título de prima especial, ni otorgarle a dicho emolumento el carácter
salarial – connotación que solo se le confiere para efectos del cálculo de la base
de liquidación de la pensión de jubilación –, pues dicho emolumento no estaba
prescrito de esa forma dentro de los decretos reglamentarios de la Ley 4.ª de
1992.
12. Que de conformidad con la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por esta
corporación, se decretó la nulidad únicamente de los apartes de los decretos
salariales expedidos entre 1993 y 2007, pero nada se dijo sobre las
disposiciones establecidas en los periodos de 2008 a 2014, por lo que, como
tales decretos mantienen su presunción de legalidad y continúan vigentes, no es
posible realizar ningún tipo de reconocimiento en dichos años.
13. En este sentido, sostuvo que la prima especial de servicios reclamada de 2008
en adelante se ha liquidado en forma correcta.
14. En cuanto a la caducidad, afirmó que la parte actora no demandó en tiempo la
nulidad de los decretos salariales de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 del CPACA, por lo que ha operado dicha excepción frente a las
pretensiones de nulidad o inaplicabilidad de dichas normas.
15. Consideró que las sumas reclamadas con anterioridad al 29 de septiembre de
2011 se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que la reclamación
administrativa se presentó el 29 de septiembre de 2014
16. Propuso como excepciones, las de falta de legitimación en la causa por pasiva,
falta de integración del contradictorio, caducidad y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)2, accedió a las
pretensiones. Expuso, que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios, por lo que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados.
18. Que la demandante, al ocupar el cargo de juez de la República, tiene derecho a
que la entidad reliquide las diferencias que resulten a su favor por concepto de
reajustes de salarios y aportes para pensión con inclusión de la prima especial
2 Ver archivo digital denominado «34Sentencia de Pr_00268001233300020150(.pdf) NroActua 124visible a
índice 124 del SAMAI del Tribunal.
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de servicios del 30 %, la cual solo constituye factor salarial para efectos de
calcular la base de cotización para la pensión de jubilación.
19. A este respecto, de conformidad con el Decreto 1848 de 1969, declaró probada
la excepción de prescripción respecto de los derechos reclamados con
anterioridad al 29 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta que la reclamación
administrativa se presentó el 29 de septiembre de 2014.
20. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la sentencia proferida por esta
corporación del 2 de septiembre de 2019, condenó a la entidad a reconocer y
reliquidar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992, sin carácter salarial y en cuantía equivalente al 30 % de la asignación
básica como un adicional, desde el 29 de septiembre de 2011, por el tiempo
efectivamente laborado y en adelante hasta la finalización de su vínculo laboral.
21. Igualmente, a que se reliquide y pague la diferencia resultante entre las
prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación
ordenada.
22. Finalmente, señaló que la entidad deberá darle cumplimiento a lo dispuesto en
la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por esta corporación.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte demandada3 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el fallo resulta incongruente y condena por fuera de lo pedido, pues no existe
relación entre lo decidido y lo solicitado en la demanda, pues lo que la actora
pretende es el reconocimiento de la prima especial consagrada en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992 como factor salarial para la reliquidación de sus
prestaciones sociales y se resuelve reliquidar las prestaciones sociales tomando
como base el 100 % del salario, sin disminuir el 30 % a título de prima.
24. Que conceder tal petición, sería contradecir la sentencia del 2 de septiembre de
2019, según la cual el mencionado emolumento solo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.
25. Que la demandante ya cuenta con sentencia ejecutoriada con efectos de cosa
juzgada respecto a la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión del 30
% que le fue descontado del salario como prima especial de servicios, la cual
reposa dentro del trámite del proceso identificado con radicado 68001-33-31-
004-2011-00231-00, en donde además se indica que tales prestaciones ya
fueron pagadas por la entidad, por medio de la Resolución 04582 del 14 de junio
de 2018.
3 Ver archivo digital denominado «35_MemorialWeb_Recurso-APELACION201500766(.pdf) NroActua 126»
visible a índice 126 de SAMAI del Tribunal.
.
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26. En cuanto a la prescripción, indicó que las sumas reclamadas con anterioridad
al 29 de septiembre de 2011 se encuentran prescritas, si se tiene en cuenta que
la actora radicó reclamación administrativa el 29 de septiembre de 2014.
27. Al respecto dijo que, pese a lo anterior, la actora desde el 11 de enero de 2011
ya había solicitado el reconocimiento de la prima especial de servicios durante
el tiempo desempeñado como juez de la República, la cual fue resuelta por
medio de la Resolución 001558 del 14 de febrero de 2011 y confirmada mediante
Resolución 3044 del 5 de mayo de 2011, actos administrativos que afirmó,
fueron objeto de control jurisdiccional mediante el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho mencionado, por lo que insiste en que se declaré
la configuración de la cosa juzgada en este caso.
28. Que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a los
decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional, quien tiene la
competencia exclusiva para fijar el régimen salarial de los servidores públicos.
Por tanto, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva e
integrar el litisconsorcio necesario vinculando al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Función Pública al proceso.
29. Alega que, por este mismo motivo, se configura la inepta demanda, debido a que
no existe relación entre las partes intervinientes, lo que se traduce en una
indebida conformación del contradictorio por falta de requisitos formales y en un
cobro de lo no debido por falta de competencia.
30. Afirmó que en este caso se configura la caducidad, teniendo en cuenta que los
decretos salariales anuales emitidos por el Gobierno nacional, por medio de los
cuales se fijó la remuneración salarial de los funcionarios de la Rama Judicial,
no fueron controvertidos en su momento por la actora, debiéndose pretender su
nulidad dentro del término establecido en el artículo 138 de CPACA. Que, en
este sentido, operó la caducidad respecto de las pretensiones de nulidad o
inaplicabilidad de tales normas.
31. Que el acto demandado, no es el que debió ser atacado por la accionante, pues
la nulidad que se pretende no tiene la entidad para revivir los términos para
enervar la legalidad de dicho régimen salarial que se encuentra en firme, pues
se trata de actos de ejecución, por lo que debió pretenderse la nulidad del acto
administrativo de carácter general.
32. Que, ante una eventual condena, debe tenerse en cuenta la imposibilidad
presupuestal de la entidad para reconocer los derechos reclamados conforme al
rubro actualmente asignado a la entidad, pues ninguna autoridad puede contraer
obligaciones atribuibles al gasto sobre apropiaciones inexistentes.
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33. Finalmente, atendiendo a un criterio objetivo, solicitó mantener la decisión de
primer grado de no condenar en costas a la demandada, pues no se tiene
certeza de su causación.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
34. El 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación. La entidad demandada
allegó memorial con alegatos de conclusión por fuera del término establecido
para ello.
35. La parte demandante no se pronunció y el Ministerio Público se abstuvo de emitir
concepto.
36. Por medio de auto del 29 de abril de 2026 se requirió al Tribunal Administrativo
de Santander, Sala de Conjueces para que allegara el expediente contentivo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
68001-33-31-004-2011-00231-02, en el cual fungió como demandante la señora
Edilia Duarte, con el fin de identificar si en el presente asunto hay lugar a declarar
la cosa juzgada. Como respuesta a dicha solitud, el Tribunal allegó el
correspondiente expediente por medio de memorial del 20 de mayo de 2026,
frente al cual la parte demandante allegó pronunciamiento indicando que no
existe cosa juzgada frente a las pretensiones en este proceso. Igualmente, la
parte demandada, por medio de escrito allegado el 17 de junio de 2026, al
referirse a las pruebas decretadas en segunda instancia, reiteró lo expuesto en
el recurso, señalando que debe declararse la cosa juzgada en este caso.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
37. Deberá resolver la Subsección si en el presente asunto se configuró la cosa
juzgada respecto de las pretensiones de la demandante; en caso contrario, si
tiene derecho a la reliquidación y pago de los salarios y prestaciones sociales
con inclusión de la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992; si operó la caducidad; si hay lugar a declarar la imposibilidad
presupuestal y de ser el caso, si operó la prescripción.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
38. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
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República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
39. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20144, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la
cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»
40. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 20195, 11 de julio de 20236, 5 de septiembre de 20237, 5 de
diciembre de 20238, 6 de agosto de 20249 y 18 de diciembre de 202410. En
particular se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin
restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación de las
prestaciones sociales.
41. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202411, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada
42. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado
con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su
procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el
proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con
la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.
43. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el
cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.
44. Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la
inmutabilidad y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan
tránsito a dicho fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de
nuevas manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá
ser definitivo, con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas
causales específicas y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien,
ante la interposición del recurso extraordinario de revisión como lo consagra el
artículo 303 del CGP que expresamente regula esta figura de la siguiente forma:
«(...) Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión»
45. El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que,
entre otras, la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante
sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo
182A, el cual también dispuso que, en todo caso, tal medio de defensa podrá
resolverse en cualquier estado del proceso si se encuentra demostrada,
tanto así que puede ser decretada de oficio conforme al artículo 187 ibidem
en el que se señaló que la sentencia se pronunciará sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta probada.
46. Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de
Estado12 los ha precisado de la siguiente forma:
«(...) 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal,
para que se configure, el juez debe verificar necesariamente la
existencia de tres elementos, estos son: i) identidad de objeto, ii)
identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos
han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes
términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la
demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada.»
(…) 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
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9
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que
previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo»
Resolución del caso concreto
47. En virtud de los argumentos del apelante único que limitan el objeto de análisis
en segunda instancia, el enfoque inicial será el de determinar la configuración o
no de la excepción de cosa juzgada.
48. En principio debe precisarse que entre las mismas partes se han tramitado dos
demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
49. Inicialmente una bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 68001-33-31-004-2011-00231-02 presentada
por la señora Edilia Duarte Duarte a través de la cual, se demandó la nulidad de
las Resoluciones 1558 del 14 de febrero de 2011 y 3044 del 5 de mayo de 2011,
expedidas por la Rama Judicial, actos que negaron la reliquidación de
prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
50. A título de restablecimiento del derecho pidió que se «(…)reconozcan y paguen
los valores que por concepto de prestaciones sociales, cesantías e intereses a
las cesantías y aportes para pensión y demás emolumentos que se adeudan
desde el once (11) de febrero de dos mil (2000), a la fecha de la presente
demanda, así como de los años que se sigan causando durante el trámite del
presente proceso, hasta cuando se produzca el pago completo de los derechos
solicitados, sumas que resultan de aplicar el 30 % de la prima especial que
legalmente constituye factor salarial, porcentaje que nunca fue reconocido como
salario en los decretos que anualmente establecen la prima especial(…)»13.
51. Una segunda demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado
68001-23-33-000-2015-00766-00, mediante la cual la actora solicita la nulidad
de la Resolución 4201 del 10 de octubre de 2014 y del acto administrativo ficto
producto del silencio por parte de la entidad frente al recurso de apelación
interpuesto en contra de aquella, por medio de los cuales se niega el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cesantías, aportes a pensión y
demás emolumentos, con inclusión de la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
52. Como restablecimiento del derecho, solicitó se «(…) proceda a la reliquidación
de los salarios y pago efectivo de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como adicional a la remuneración mensual
ordenada por el Gobierno nacional, en el equivalente al 30 % (…)». Igualmente,
13 Ver archivo digital denominado «21RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL40632024RESP(.pdf) NroActua 27»,
págs. 4 a 12, visible a índice 27 de SAMAI.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
se disponga la «reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales de la
actora (…), con inclusión de dicho emolumento, (…) a partir del mes de febrero
del año 2000 – fecha de su vinculación como funcionaria judicial a la Rama
Judicial – hasta la fecha»14.
53. Pues bien, del análisis de los procesos descritos, destaca la Sala que: i) las
controversias judiciales se generaron entre las mismas partes, esto es, la señora
Edilia Duarte y la Rama Judicial; ii) se comparte idéntico objeto, pues si bien
pueden existir diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en lo
que respecta a la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4.a de 1992, es en esencia la misma; y iii) se verifica una identidad de causa
entre los casos examinados, pues los supuestos de hechos que se alegaron y
se analizaron en el proceso inicial se relacionan directamente con los planteados
en esta contienda judicial, como lo es, el periodo reclamado por la actora, el cual
parte de su vinculación al servicio el 11 de febrero del 2000.
54. Ello se afirma incluso al margen de que se hayan demandado actos
administrativos diferentes, pues es claro que las dos negativas de la
administración fueron provocadas a través de peticiones radicadas en
momentos diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo propio en cualquier
tiempo y en múltiples ocasiones al tratarse de una prestación periódica, pero
que, en el fondo, cuando es negada, siempre implicarán una sola manifestación
de voluntad15.
55. En este punto, conviene precisar que, si bien en un proceso similar – identificado
con radicado 68001-23-33-000-2016-00807-02 (6806-2024) – la Sala no
encontró probada la excepción de cosa juzgada, bajo el argumento de
inexistencia de identidad de causa, requisito fundamental para su configuración,
pues las pretensiones en uno y otro proceso eran diferentes, en el presente
asunto, tal como se ha explicado, sí se logró determinar la igualdad de objeto,
pues ambas pretensiones apuntan a la reliquidación de las prestaciones sociales
con inclusión de la prima especial de servicios, pese a las diferencias en la
formulación de las reclamaciones.
56. Por tanto, como en el primer proceso se resolvió condenar a la Rama Judicial a
«(…) reconocer y pagar a favor de la demandante, Dra. Edilia Duarte Duarte, la
diferencia que resulte a su favor por concepto de reliquidación de las
prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones, licencias y demás emolumentos) causadas desde el once (11)
de febrero de dos mil (2000) hasta el 28 de febrero de 2011 y desde el 16 de
agosto del 2001 a la fecha de la presente sentencia y en adelante (…)», concluye
14 Ver link que reposa en archivo digital denominado «31_ED_LINKDEACCESOALEX(.pdf) NroActua 115»,
PDF «001DemandaAnexos.pdf», visible a índice 115 del SAMAI del Tribunal.
15 Tesis reiterada de esta misma Subsección, por ejemplo, en sentencia del 27 de febrero de 2025 dictada
en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018).
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
la Sala, que frente a la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales
con inclusión de la prima especial de servicios, ha operado la cosa juzgada,
debiéndose limitar el estudio solamente a lo que no fue objeto de debate en
aquel proceso, esto es, al pago del salario dejado de percibir por la actora.
57. Bajo este entendido, se revocará el numeral cuarto de la sentencia apelada y en
su lugar, se declarará la cosa juzgada respecto de la pretensión de reliquidar las
prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios, pues la
misma fue resuelta en precedencia dentro el proceso citado.
58. Ahora bien, se encuentra acreditado que la demandante ha laborado para la
Rama Judicial, en calidad de juez de la República desde el 11 de febrero del
2000 hasta la fecha y que su remuneración mensual fue percibida en un monto
inferior al que le corresponde, tal como se advierte en las constancias de
pagos16, puesto que la entidad restó la prima especial de servicios del 100 % del
salario, aplicando una interpretación errónea de los decretos expedidos por el
Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la remuneración se realizó sobre el
70 % de la asignación básica.
59. En estos términos, la Sala advierte que la demandante tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago del 30 % de su asignación básica, que le
fue disminuido a título de prima especial de servicios, por haberse tenido como
parte del salario.
60. Por lo anterior, y en atención a que en primera instancia el Tribunal erró al
condenar a la entidad a «reconocer y reliquidar a favor de Edilia Duarte Duarte,
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, sin carácter
salarial, en cuantía equivalente al 30 % de la asignación básica mensual (sueldo,
gastos de representación y bonificación judicial), entendida como un agregado
o valor adicional (…)»; se modificará el numeral tercero para reconocer
solamente el pago del 30 % del salario que le fue disminuido a la demandante
con ocasión de la prima especial de servicios.
De la prescripción
61. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica17, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
16 Ver link que reposa en archivo digital denominado «31_ED_LINKDEACCESOALEX(.pdf) NroActua 115», PDF
«001DemandaAnexos.pdf», visible a índice 115 del SAMAI del Tribunal.
17 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, los interesados
podían interrumpir el término extintivo.
62. Así las cosas, la demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre
lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir por ingresos mensuales, desde
el 29 de septiembre de 2011, o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el
reajuste del salario, debido a la prescripción trienal, y desde ese día en
adelante18, porque la petición fue radicada ante la administración el 29 de
septiembre de 201419.
63. Lo anterior conlleva a adicionar la sentencia de primera instancia para declarar
probada la excepción de prescripción, pues si bien el Tribunal en la parte motiva
se refirió a dicha excepción y condenó teniendo en cuenta el término no
prescrito, lo cierto es que no la declaró probada en la parte resolutiva del fallo,
por lo que resulta pertinente referirse al respecto.
64. Por otra parte, la demandada alega que en el presente asunto ha operado la
caducidad, considerando que la actora ha debido demandar la nulidad de los
decretos salariales anuales emitidos por el Gobierno nacional y al no hacerlo, se
mantiene incólume su presunción de legalidad y, por tanto, la de los actos
administrativos demandados. Al respecto, la Sala advierte que dicho argumento
no tiene vocación de prosperidad si se tiene en cuenta que los derechos que
aquí se reclaman corresponden a prestaciones periódicas que fueron negadas
a través de los actos administrativos acusados, respecto de los cuales no se
configura la caducidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 literal
c del artículo 164 del CPACA.
65. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del
9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias; por tanto, la Sala revocará el numeral sexto de la decisión y, en
su lugar, dispondrá estarse a lo resuelto en la providencia del 9 de abril de 2024,
en la que se precisó que el referido emolumento constituye una adición al salario.
66. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a la
demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de
Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
18 Dentro del proceso no se encuentra demostrado que se hubiere desvinculado del servicio.
19 Ver link que reposa en archivo digital denominado «31_ED_LINKDEACCESOALEX(.pdf) NroActua 115», PDF
«001DemandaAnexos.pdf», visible a índice 115 del SAMAI del Tribunal.
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
70. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el numeral sexto de la sentencia del (27) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces, para en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia emitida por el
Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024,
radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia del (27) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala
de Conjueces, para en su lugar, DECLARAR probada la excepción de cosa
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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00766-02 (4063-2024)
juzgada, respecto de la pretensión de reliquidación y pago de las prestaciones
sociales con inclusión de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992.
Tercero. ADICIONAR la sentencia del (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces para
DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas
reclamadas con anterioridad al 29 de septiembre de 2011, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
Cuarto. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del (27) de mayo de dos
mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala
de Conjueces, en el sentido de:
«CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a reliquidar y pagar a favor de la actora, el 30 % de la
asignación básica que le fue disminuido a título de prima especial de servicios,
desde el 29 de septiembre de 2011 y en adelante hasta que ocupe uno de los
cargos beneficiarios de dicho emolumento.»
Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del (27) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces.
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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