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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00807-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00807-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 17 de mayo de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar disponer lo siguiente: SEGUNDO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril de 2024, de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitidas en los procesos 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: SEXTO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a las demandantes la diferencia salarial correspondiente al 30% de la asignación básica mensual que fue descontada para tenerla a título de prima especial, desde el 29 de agosto de 2011 hasta la fecha en que ocupen o hayan ocupado un empleo susceptible de dicho reconocimiento. Al momento de la liquidación de la condena se debe tener en cuenta que en ningún caso se podrá superar el tope remuneratorio impuesto por el Gobierno Nacional. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida. CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00807-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras
Demandado: Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Se revoca el numeral segundo para estarse dispuesto en las
sentencias de nulidad simple de los decretos salariales anuales de
1993 a 2018. Se modifica a efectos de precisar el reconocimiento
ordenado en primera instancia.

La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia expedida el 17 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Las señoras Rosa María Pinzón Celis, Alicia Martínez Ulloa, Patricia Bustamante
Ruiz, Yolanda Martínez García y Mercedes Rueda Niño instauraron demanda en ejercicio
del medio de control de la referencia con la finalidad de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 3871 del 4 de septiembre de 2014, 5790 del 9 de octubre de 2015, 5891,
5892, 5893 y 5894 del 16 de octubre de 2015 mediante las cuales se negaron sus
peticiones.

2. A título de restablecimiento del derecho reclamaron la reliquidación y pago de las
diferencias salariales y prestacionales resultantes de incluir el 30% del salario que fue
considerado como prima especial, lo anterior, durante los periodos en los que ocupen el
cargo de juez de la República2. Por último, solicitaron que se hagan los ajustes de valor
y se condene en costas a la entidad demandada.

1 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para este tipo de

asuntos al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también lo es, que por medio de la sentencia
del 16 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta dicha
controversia; Adicionalmente, por medio del auto del 9 de abril de 2026, se declaró infundado el
impedimento presentado en este proceso, por la presunta configuración de pleito pendiente con la entidad
demandada, razones por las cuales integra la Sala que resuelve la presente controversia.

2 Para Rosa María Pinzón, Patricia Bustamante y Yolanda Martínez desde el 1 de enero de 1993; para

Alicia Martínez Ulloa desde el 1 de junio de 2003; para Mercedes Rueda desde el 15 de febrero de 2002.

Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

3. Adujeron que el 29 de agosto de 2014 presentaron reclamación administrativa ante
la entidad demandada con el fin de lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales adeudadas, que fue resuelta desfavorablemente a través de
los actos acusados los cuales se deben declarar nulos, pues desconocen los principios
del derecho laboral previstos en la Constitución y el precedente del Consejo de Estado
sobre la materia, puntualmente la sentencia del 29 de abril de 2014 expedida por la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado3.

Contestación de la demanda4.

4. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la
prima especial no tiene carácter salarial salvo para efectos pensionales, tal como se
analizó en la Sentencia C 279 de 19965; asimismo, se refirió a la vigencia de los decretos
salariales expedidos con posterioridad al 2008 y adujo que la entidad realizó los pagos
de conformidad con la normativa existente. Formuló las excepciones de prescripción
trienal y falta de integración de litisconsorcio necesario por la no vinculación del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia de la República y el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Sentencia apelada6.

5. El Tribunal Administrativo de Santander inaplicó por inconstitucionales los artículos
de los decretos salariales expedidos entre 2008 y 2014, que establecían la prima especial
como parte del salario. Además, anuló los actos acusados bajo el entendido de que la
prima especial es una adición a la remuneración básica de los beneficiarios y que no tiene
carácter salarial, salvo para efectos de las cotizaciones en pensiones, de conformidad
con las sentencias 29 de abril de 20147 y 2 de septiembre de 20198 de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado. Declaró la prescripción de los derechos causados con
anterioridad al 29 de agosto de 2011, teniendo en cuenta que la reclamación
administrativa se presentó en la misma fecha del año 2014.

6. Precisó que las actoras tienen derecho al pago de la diferencia salarial y
prestacional que resulte al liquidar su asignación básica mensual con el 100% sin
descontar ningún porcentaje a título de prima especial durante los periodos en los que se
desempeñaron en el cargo de juez de la República. En la parte resolutiva ordenó pagar
la prima especial sin carácter salarial, como una adición al salario y la reliquidación de
prestaciones sociales desde el 29 de agosto de 2011 hasta cuando finalice el vínculo
laboral de las demandantes.

3 Radicación 11001 03 23 000 2007 00087 00 (1686-07).
4 Folios 217 a 227 del expediente digitalizado, índice 52 de SAMAI de Tribunales.
5 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
6 Índice 66 de SAMAI de Tribunales.
7 Radicación 11001 03 23 000 2007 00087 00 (1686-07)
8 Radicación 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-18)

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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

7. Respecto al reajuste de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
ordenó realizarlos sobre el 130% de la asignación básica «por todo el tiempo el tiempo
por el que efectivamente las demandantes estuvieron vinculadas como funcionarias
judiciales»9. Por último, ordenó el ajuste de la condena y se abstuvo de condenar en
costas.

Recurso de apelación.

8. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación10
en el cual precisó que las actoras tramitaron procesos anteriores con pretensiones que
versaban sobre la prima especial, cuyas sentencias de segunda instancia se encuentran
ejecutoriadas, por ende, se configura la cosa juzgada. Advirtió que el Tribunal no tuvo en
consideración la expedición del Decreto 272 del 2021 y que en virtud de él se ha pagado
correctamente la prima especial; además, las señoras Yolanda Martínez García y Rosa
María Pinzón Celis ya habían finalizado su vínculo laboral con la entidad11.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

9. Mediante auto del 13 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación12, en
el término de ejecutoria no hubo pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

10. En auto del 23 de octubre de 2025 se ordenó, como prueba de oficio, la
incorporación de los expedientes en los que las actoras fungieron como demandantes13,
con el fin de examinar si se configuró la cosa juzgada. Las partes se pronunciaron así:
las demandantes señalaron que no hay homogeneidad de pretensiones entre los
procesos anteriores y el presente asunto, en consecuencia, no se configuró la cosa
juzgada; por su parte, la entidad insistió en que sí se configuró dicha institución jurídica
pues en la sentencia de primera instancia se ordenan conceptos reconocidos en
providencias ejecutoriadas14.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

9 Así se estableció en el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.
10 Índice 68 de SAMAI de Tribunales.
11 Revisado el escrito de apelación, dentro de las razones del recurso se refirió a las excepciones de falta

de integración de litisconsorcio necesario por la no vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública; así como, la falta
de legitimación por pasiva, inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo no debido,
caducidad del medio de control y prescripción; sin embargo, dichas cuestiones fueron propuestas y
analizadas en el transcurso de la primera instancia. Además, se refirió a los efectos vinculantes de dicha
decisión y se explicó la figura de la extensión de la jurisprudencia de esta corporación, pese a que el
proceso de la referencia se tramita bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por
lo que resulta incongruente y carente de reparo concreto dicha argumentación.
12 Índice 7 de SAMAI.
13 Procesos con radicados 68001 33 33 002 2014 00146 01, 68001 33 33 010 2014 00563 01, 68001 33

33 010 2014 00215 01, 68001 33 33 008 2014 00148 01 y 68001 33 33 013 2014 00278 01.
14 Índices 23 y 24 de SAMAI.

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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

11. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

12. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si se configuró la cosa juzgada; además, deberá
determinar si el Tribunal omitió considerar la terminación laboral de las señoras Yolanda
Martínez García y Rosa María Pinzón Celis, así como la expedición del Decreto 272 de
2021.

Análisis del problema jurídico

13. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia si bien confirmará la sentencia de
primera instancia, se revocará el numeral segundo para estarse a lo resuelto en las
sentencias del 29 de abril de 2024 y 9 de abril de 2024 del Consejo de Estado. Se
modificará el numeral sexto con la finalidad de subsanar la incongruencia presentada en
la providencia apelada y establecer tope remuneratorio.

14. Para resolver el primer problema jurídico es preciso mencionar que el artículo
303 del Código General del Proceso15 exige la identidad de objeto, causa petendi y partes
jurídicas, con miras a establecer si se configura la cosa juzgada.

15. En lo que respecta a la identidad de partes, se advierte que sí se configura tal
requisito, pues la Rama Judicial es la demandada tanto en este proceso, como en los
anteriores tramitados por las demandantes; además estas fungieron como parte actora
en aquellos16 y en el actual.

16. Sin embargo, no se configura la identidad de objeto pues las pretensiones del
presente asunto versan sobre el pago de las diferencias salariales y prestacionales que
surjan respecto del 30% de salario que fue descontado para tenerlo a título de prima
especial17; mientras que en los procesos previos se pretendía obtener el carácter salarial

15 En Adelante CGP.
16 Rosa María Pinzón Celis, en el radicado 68001 33 33 010 2014 00563 01; Alicia Martínez Ulloa, en el

radicado 68001 33 33 002 2014 00146 01; Yolanda Martínez García en el radicado 68001 33 33 008 2014
00148 01; Mercedes Rueda Niño en el radicado 68001 33 33 013 2014 00278 01 y Patricia Bustamante en
el radicado 68001 33 33 010 2014 00215 01.
17 Sobre el punto, véase las pretensiones de la demanda en los folios 157 a 160 del expediente digitalizado,

Índice 52 de SAMAI de Tribunales. En la pretensión segunda se lee lo siguiente: «Como restablecimiento
del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de
servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mis poderdantes por la
inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes
como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente
prima especial de servicios, por lo que se les debe a mis poderdantes desde el día 1 de enero de
1993, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del porcentaje descontado en los
periodos en que se han desempeñado como jueces de la república [...]». Además, pidieron la

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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

de la prima especial y su incidencia prestacional18. Con lo cual, se puede concluir que no
se configura la cosa juzgada alegada por la entidad demandada.

17. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera necesario referirse a la
incongruencia que se presenta en la sentencia de primera instancia, pues en las
consideraciones se precisó que las demandantes tienen derecho al pago de las
diferencias salariales y prestacionales derivadas del porcentaje del salario que fue
descontado para tenerlo a título de prima especial19; empero, en la parte resolutiva
ordenó el reconocimiento y pago de la prima misma20. Tal circunstancia pudo llevar al
entendimiento errado de la entidad demandada, que dio lugar a plantear la configuración
de la cosa juzgada, pues, en últimas, tanto en un proceso como en otro, la orden de
restablecimiento del derecho comprende el pago de dicha prima.

18. En virtud de lo expuesto, la Sala considera necesario modificar el numeral sexto
de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia con el fin de evitar la afectación
del principio de congruencia dispuesto en el artículo 281 del CGP y de que la condena
comprenda un reconocimiento idéntico al que fue ordenado en providencias previas. En
consecuencia, se ordenará el reconocimiento y pago de las diferencias salariales, de
conformidad con lo solicitado por las demandantes y lo dispuesto en las consideraciones
de la sentencia apelada. En todo caso, dicha orden estará sometida a que de ninguna
manera se sobrepase el tope salarial establecido por el Gobierno Nacional para el cargo
ocupado por las demandantes21.

19. El segundo problema jurídico se centra en que el Tribunal omitió considerar la
finalización del vínculo laboral de las señoras Yolanda Martínez García y Rosa María
Pinzón Celis. Al respecto, le asiste razón a la entidad en cuanto el Tribunal no determinó
en forma expresa el extremo final del reconocimiento ordenado a esas demandantes,
sujetándolo a la fecha de culminación de su relación legal y reglamentaria; no obstante,
se delimitó temporalmente entre el 29 de agosto de 201122 y «la finalización del vínculo
laboral». En tal sentido, la orden no se considera desbordada, pues al definirla en tales
términos no hay lugar a que el reconocimiento se extienda más allá del tiempo en que
efectivamente se produjo la prestación del servicio, razón por la cual no prospera ese
reparo.

reliquidación de las prestaciones sociales «sobre el valor del 30% descontado del salario real por cada
mes de servicio», según la pretensión tercera.
18 Sobre el punto, véase las pretensiones de las demandas en los índices 20 y 21 de SAMAI.

Concretamente se formularon con el propósito de lograr el reconocimiento de los diferentes emolumentos
salariales que se adeudan «desde el año 1993, y durante los años que dure el presente trámite y las que
se sigan causando, sumas que resultan de aplicar el 30% de prima especial de servicios que
legalmente constituye factor salarial, porcentaje que nunca fue reconocido como salario» (aparte
extraído de la pretensión segunda de cada una de las demandas que dieron origen a los procesos
anteriores).
19 Véase el apartado «6.2.3 De las ordenes en particular» en la sentencia de primera instancia, índice 66

de SAMAI de Tribunales.
20 «reconocer y reliquidar [...] la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, sin

carácter salarial, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual (sueldo, gastos de
representación y bonificaciones), entendida como un agregado o valor adicional [...]» Véase el numeral
sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, Íbidem.
21 Para el cargo de juez de la República el tope remuneratorio está dado por el Decreto 1251 de 2009.
22 Por la declaratoria de prescripción trienal.

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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

20. El tercer problema jurídico consiste en cuestionar la fecha límite del
reconocimiento ordenado por el a quo pues, según la entidad recurrente, ha pagado los
salarios y la prima especial, en los términos del Decreto 272 de 202123; sin embargo, al
revisar las pruebas que reposan en el expediente no está acreditado el cumplimiento de
lo previsto en el mencionado decreto.

21. Por último, la Sala considera necesario indicar que en las sentencias del 29 de
abril de 201424 y 9 de abril de 202425 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado se
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre
1993 y 2018, porque establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley
4a de 1992 como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30%
de aquel; en consecuencia, se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, que inaplicó los decretos salariales expedidos entre 2008 y 2014 y,
en su lugar, se ordenará estarse a lo decidido en tales providencias toda vez que tales
decretos constituyeron el fundamento de la entidad demandada para reconocer la
remuneración del demandante en los términos en que lo hizo y ya no se encuentran
vigentes.

Condena en costas.

22. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

23. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

23 Artículo 1. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del salario básico, de que

trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificada por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 aclarada por el
artículo 1 de la Ley 476 de 1998, [...]
La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica
correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para
efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones [...] [se destaca]
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Radicado 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07)

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Radicado 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019)

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Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

24. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

25. Bajo ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, pues si
bien es cierto no prosperó el recurso de apelación de la entidad demandada, también lo
es que el recurso dio lugar a que se hicieran las modificaciones contendidas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 17
de mayo de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, en su lugar
disponer lo siguiente:

SEGUNDO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril de 2024,
de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitidas en los procesos 11001 03 25 000 2007
00087 00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de
conformidad con lo manifestado en las consideraciones.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, el cual
quedará así:

SEXTO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a las
demandantes la diferencia salarial correspondiente al 30% de la asignación básica mensual que
fue descontada para tenerla a título de prima especial, desde el 29 de agosto de 2011 hasta la
fecha en que ocupen o hayan ocupado un empleo susceptible de dicho reconocimiento.

Al momento de la liquidación de la condena se debe tener en cuenta que en ningún caso se podrá
superar el tope remuneratorio impuesto por el Gobierno Nacional.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00807 02 (6806-2024)
Demandante: Rosa María Pinzón Celis y otras

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM

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