Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00143-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
Demandante: Rosa Tulia García Castro
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Se encuentra probada la
excepción de cosa juzgada. Elementos de la figura y análisis de
la identidad de objeto y causa cuando se alegan nuevos
períodos que no afectan lo resuelto en el proceso anterior.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se declaró probada
parcialmente la excepción de cosa juzgada y se negaron las pretensiones respecto
de lo no resuelto.
ANTECEDENTES
1. La señora Rosa Tulia García Castro instauró demanda1 contra la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: RDP 028080 del 4 de diciembre
de 2020, RDP 002609 del 5 de febrero de 2021 y RDP 005440 del 3 de marzo de
2021; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se
confirmó dicha decisión al resolver los recursos de reposición y apelación.
1 Ver expediente digital en el índice 17 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar esta prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual
devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde ese mismo instante, pero indexada a la fecha de retiro ocurrido el
31 de diciembre de 2020 y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas
por este concepto.
4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos del CPACA y se condene a asumir
los intereses moratorios y comerciales a que haya lugar, así como a las costas a
que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 22 de febrero de 1956 y fue vinculada como docente oficial
nombrada por el departamento de Caldas para ejercer dicha plaza entre el 18 de
julio de 1980 y el 31 de diciembre de 2020 cuando se retiró del servicio.
6. El 3 de septiembre de 2020 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de
la pensión gracia, la cual fue negada a través de los actos demandados por
considerar que su vinculación como educadora tuvo un período del orden nacional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Consideró vulnerados: los artículos 2, 48, y 53 de la Constitución Política, 15 de
la Ley 91 de 1989; así como las Leyes 114 de 1913, 909 de 2004, 37 de 1933, 43
de 1975, 71 de 1988, y 6 de 1992, al igual que el Decreto 2108 de 1992.
8. Expresó que el requisito habilitante para acceder a la pensión gracia es haber
sido vinculado al magisterio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, sin importar
si dicha relación laboral fue en propiedad o no, si trabajó en primaria o no, si fue
normalista. Destacó que solamente bastaba que se hubiese prestado el servicio
como docente antes de dicha fecha y acreditar los demás requisitos, esto es, un
mínimo de 20 años de servicio, la edad mínima de 50 años y la conducta en el
desempeño del cargo con las exigencias de las normas, presupuestos que asegura
que cumplió.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
9. El 1.º de septiembre de 2021 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la
UGPP, quien manifestó3 que la parte actora ya había instaurado acción de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la entidad, con el objetivo de obtener la
nulidad de la a Resolución 13479 del 18 de abril de 2007 expedida por CAJANAL,
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia. Resaltó
que la sentencia del 19 de octubre del año 2017 proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17-001-233-33-000-2015-
00301-00 por el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones en ese
entonces sin que se hubiese apelado dicha providencia, esto bajo el entendido de
que la docente tuvo una vinculación de carácter nacional que le impedía consolidar
la prestación, lo cual en todo caso ratifica que deben ser negadas sus nuevos
pedimentos.
10. Propuso como excepciones las de: (i) cosa juzgada, ii) inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, iii) prescripción y iv) buena fe.
11. El 3 de febrero de 20224 se resolvieron las excepciones previas salvo la de cosa
juzgada sobre la cual se requirieron las piezas del proceso anterior alegado por la
entidad accionada. El 17 de junio de 20245 se prescindió de la celebración de la
audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se decretaron
las pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
12. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 19 de mayo de
2025 declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los mismos
tiempos previamente analizados y negó las pretensiones sobre los períodos
adicionales. Condenó en costas a la parte actora.
13. Expuso que luego de analizar los dos procesos promovidos por la accionante,
se encuentra que, si bien las resoluciones que niegan el reconocimiento de la
pensión gracia son diferentes, lo cierto es que versan y resolvieron sobre la misma
causa, fundamentadas en la negativa porque la reclamante no prestó 20 años de
servicio en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizada, por lo que existe identidad de causa.
14. Afirmó que está demostrado que existe identidad de partes y de objeto
parcialmente, ya que el estatus jurídico de la demandante varió, pues en el primer
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ver índice 23 de SAMAI – Tribunales.
6 Ver índice 42 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
proceso con radicado 17-001-233-33-000-2015-00301-00, los tiempos comprendían
los laborados en la Escuela Rural la Zainera en Belalcázar (Nacionalizada), del 5 de
agosto 1980 al 2 de agosto 1981 y en el Jardín Infantil Nacional de Manizales
(fusionado) Escuela Normal de Manizales (Nacional) del 3 de agosto de 1981 hasta
el 19 de octubre de 2017; mientras que en la presente actuación hay un período
adicional del 20 de octubre de 2017 al 27 de febrero de 2020.
15. Indicó que, en tal sentido, está probada la excepción de cosa juzgada sobre los
requisitos y tiempos ya analizados, pero resulta procedente verificar lo propio frente
a este nuevo y último tiempo de labor oficial sobre la cual no ha habido
pronunciamiento.
16. Aseguró que mediante la Resolución 9798 del 9 de julio de 1981, la actora fue
nombrada por el Ministerio de Educación Nacional como profesora de enseñanza
preescolar en el jardín Infantil Nacional de Manizales, por lo que claramente la plaza
ocupada era de carácter nacional, lo que a voces de la sentencia de unificación del
11 de agosto de 2022, le impide acceder a la pensión reclamada, por cuanto el
período continuo entre el 9 de junio de 2017 y el 27 de febrero de 2020 también se
ejecutó bajo la misma naturaleza de la relación legal inicial.
RECURSO DE APELACIÓN7
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que el fenómeno
de cosa juzgada no puede operar de forma absoluta como lo decretó el tribunal,
puesto que de esa forma se desconoce el derecho fundamental al reconocimiento
pensional. Añadió que en su momento adelantó una reclamación administrativa para
que le fuera concedida la pensión gracia, por lo que no es dable asegurar que las
resoluciones demandadas eran posteriores, más aún porque no son las mismas que
se demandaron con antelación, al punto de que los hechos versaban sobre una
situación fáctica nueva y distinta a la previamente decidida.
18. Argumentó que el juez de origen no analizó los extremos laborales de este caso,
ya que no tuvo en cuenta que laboró desde el 5 de agosto de 1980 hasta diciembre
de 2020. Es decir, con esta precisión se encuentra que cumplió a cabalidad con los
requisitos exigidos por la ley y por lo decantado jurisprudencialmente por el Consejo
de Estado, más aún si se tiene en cuenta que en el fallo apelado se indica que se
había vinculado el 2 de agosto de 1981, ello sin tener en cuenta el año 1980, por lo
que su decisión es contraria a derecho.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
7 Ver índice 45 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
19. El 3 de octubre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
20. El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo apelado. Adujo que se
encuentra demostrado que se cumplen los requisitos para configurar la cosa
juzgada frente al reconocimiento de la pensión gracia de la docente demandante,
puntualmente, respecto de la decisión que adoptó la sentencia de radicado
170012333000201500301 dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, toda
vez que los hechos coinciden en uno y otro caso, así como la forma de abordar el
estudio, por cuanto se demostraron situaciones fácticas, y elementos jurídicos y
jurisprudenciales similares a los que la misma actora invocó en el primer proceso.
21. Precisó que, por esa razón, no resulta procedente analizar los reparos
invocados mediante el recurso de alzada tendientes a la valoración del acervo
probatorio para el cumplimiento de los requisitos legales para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia en los periodos comprendidos del 5 de agosto
de 1980 al 2 de agosto de 1981, y del 3 de agosto de 1981 al 19 de octubre de 2017,
pues como lo declaró el tribunal, sobre los mismos operó el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
22. El problema que resolverá la Subsección es determinar si en el presente caso
se configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este proceso, dentro de una controversia entre las
mismas partes, para lo cual deberá verificarse si ambos litigios comparten causa y
objetos idénticos.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
23. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.
24. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el
cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
25. Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la
inmutabilidad y unicidad de las providencias, ello en el entendido de que no podrán
ser objeto de nuevas manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto
deberá ser definitivo, con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas
causales específicas y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien,
ante la interposición del recurso extraordinario de revisión como lo consagra el
artículo 303 del CGP.9
26. Por su parte, el inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró
que, entre otras, la excepción de cosa juzgada10 se declarará fundada mediante
sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A,
el cual también dispuso que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse
9 «[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de
muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023). En esta providencia se precisó
sobre dicha figura lo siguiente: «[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que
se configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i) identidad de
objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos,
la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el
cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.»
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa juzgada conlleva
para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han
sido objeto de una decisión judicial de fondo. […]»
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
en cualquier estado del proceso si se encuentra demostrado, tanto así que puede
ser decretado de oficio conforme al artículo 187 de la misma norma, en el que se
señaló que la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el juez advierta probada.
Resolución del caso concreto
27. En atención al hecho de que en este proceso se analizó y decretó en primera
instancia la excepción de cosa juzgada, la cual es motivo de apelación por parte de
la reclamante, se procede a efectuar un análisis comparativo entre el litigio bajo
examen y el resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas en primera instancia
sin recursos, esto para identificar si ambas controversias comparten identidad de
sujetos, objeto y causa, tal como se observa a continuación:
17-001-23-33-000-2015-00301-00 17001-23-33-000-2021-00143-01
RADICADO
(PROCESO ANTERIOR) (PROCESO ACTUAL)
Demandante: Rosa Tulia García Castro Demandante: Rosa Tulia García Castro
PARTES
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
«[…] Que se declaré la nulidad de la Resolución No. 13479 del 18 de «[…] 1. Declarar nula la resolución Nro. RDP 028080 del 04 de
abril de 2007, mediante la cual se niega el reconocimiento de pensión diciembre de 2020 a través del cual se niega el reconocimiento y pago
gracia solicitada por la señora Rosa Tulia García Castro. de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, emitida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de Parafiscales de la Protección social.
restablecimiento del derecho se ordene el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a favor de la señora García Castro, con la inclusión de 2. Declarar nula la resolución Nro.RDP 002609 del 05 de febrero de
todo lo devengado en el último año de servicios. […]» 2021 a través del cual se resuelve recurso de reposición en contra de
la Resolución Nro. 28080 del 04 de diciembre de 2020.
3. Declarar nula la resolución Nro.RDP 005440 del 03 de marzo de
2021 a través del cual se resuelve recurso de apelación en contra de la
Resolución Nro. 28080 del 04 de diciembre de 2020.
2. A manera de Restablecimiento del derecho se ordene:
2.1 Se reconozca y pague la pensión de gracia solicitada a favor de la
OBJETO
señora ROSA TULIA GARCÍA CASTRO la cual adquirió su derecho
(PRETENSIONES)
pensional en el año 2006, en cuantía del 75% de lo percibido por los
conceptos salariales la suma de UN MILLON SEICIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($1.647.491) los cuales deben ser indexados a la fecha de
retiro 31 de diciembre de 2020, a la cual tiene derecho por parte de la
UGPP teniendo en cuenta la acreditación de tiempos de servicios ante
el magisterio.
2.2. Se pague en totalidad y a la fecha, el valor de las mesadas
pensionales con los correspondientes ajustes de ley; la liquidación de
los intereses comerciales y moratorios hasta que se efectúe el pago
debidamente indexado y actualizado al IPC; cancelar intereses
moratorios a partir de la ejecutoria del respectivo fallo.
2.3. Condenar a la unidad administrativa especial de gestión pensional
y contribuciones parafiscales de la protección social, UGPP en costas.
[…]»
«[…] La señora ROSA TULIA GARCÍA CASTRO nació el 22 de febrero «[…]1. La señora ROSA TULIA GARCÍA CASTRO fue nombrada en el
de 1956. Magisterio desde el 18 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de
2020.
La demandante prestó sus servicios al Magisterio como docente desde
el 18 de julio de 1980, y a la fecha se encuentra activa. 2. La señora ROSA TULIA GARCÍA CASTRO se desempeñó como
profesora desde el 18 de julio de 1980, consagrado en el Decreto de
CAUSA
Por medio de Resolución 13479 del 18 de abril de 2007, la Caja nombramiento Nro. 585 en la Institución Educativa Rural la Zainera de
(HECHOS)
Nacional de Previsión social EICE hoy UGPP, negó el reconocimiento Belalcázar Caldas.
de la pensión gracia solicitada por la señora García Castro. […]»
3. Posteriormente La señora GARCÍA CASTRO se desempeñó como
profesora de enseñanza preescolar desde el 03 de agosto de 1981 y
hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual consta en Resolución de
Nombramiento Nro. 9797 del 09 de julio de 1981. […]»
28. Pues bien, adicionalmente a este ejercicio de comparación, resulta necesario
verificar, con base en los hechos y pretensiones expuestas anteriormente, qué fue
lo materialmente resuelto mediante una decisión ejecutoriada en vía judicial dentro
del proceso con radicado 17-001-23-33-000-2015-00301-00.
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29. Respecto a dicho proceso, en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Caldas profirió sentencia el 19 de octubre de 2017,11 mediante la cual negó las
pretensiones de la reclamante, luego de haber estudiado todos los requisitos para
la consolidación de la pensión gracia y determinar que, por poseer la calidad de
docente nacional en el tiempo de servicio prestado desde el 3 de agosto de 1981,
al menos hasta la fecha de expedición del aludido fallo, por cuanto su nombramiento
fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional, se hacía incompatible el
reconocimiento de tal derecho a su favor, a pesar de que hubiese tenido un período
de labor como educadora nacionalizada entre el 5 de agosto de 1980 y el 2 de
agosto de 1981.
30. Con todo, en virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la presente
actuación, así como de la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la
autoridad judicial en mención, lo que la Subsección puede concluir en el litigio bajo
estudio es que sí se configuró la excepción de cosa juzgada.
31. Lo anterior, toda vez que para ambos procesos se observa con claridad que la
controversia se generó entre las mismas partes, esto es, la señora Rosa Tulia
García Castro y la UGPP.
32. De igual forma se puede sostener que estos casos comparten idéntico objeto,
pues si bien existen diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en
esencia estas son iguales, ya que el derecho en tensión para cada litigio es
exactamente el mismo, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata
la Ley 114 de 1913.
33. Ello se afirma incluso al margen de que se hayan demandado actos
administrativos diferentes como lo alega la actora, pues es claro que las dos
negativas de la administración fueron provocadas a través de peticiones radicadas
en momentos diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo propio en cualquier
tiempo y en múltiples ocasiones al tratarse de una prestación periódica, pero que,
en el fondo, cuando es negada, siempre implicarán una sola manifestación de
voluntad.12
34. Precisamente, aun en el entendido de que en el proceso 2015-00301 la solicitud
de nulidad se había formulado contra la Resolución 13479 del 18 de abril de 2007,
proferida por la entonces Cajanal EICE, mientras que en esta causa judicial se
pretende anular las Resoluciones RDP 028080 del 4 de diciembre de 2020, RDP
002609 del 5 de febrero de 2021 y RDP 005440 del 3 de marzo de 2021, emanadas
de la UGPP, ello no implica que no exista una igualdad en el objeto o finalidad de
ambas controversias.
11 Ver expediente digital remitido como prueba de oficio en el índice 17 de SAMAI – Tribunales.
12 Tesis reiterada de esta misma Subsección, por ejemplo, en sentencia del 27 de febrero de 2025 dictada en
el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018).
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
35. Al respecto debe tenerse en cuenta que, tal como fue analizado por el tribunal
de primera instancia, en la actuación anterior se buscaba retirar del ordenamiento
unos actos que le habían negado el reconocimiento pensional, aspecto que también
es discutido en el asunto bajo estudio con fundamento en idénticos presupuestos a
los de la decisión anterior, esto es, que para ambas autoridades en mención los
tiempos laborados por la accionante eran del orden nacional, lo que le impedía
consolidar el derecho reclamado.
36. Por tanto, al evidenciarse que en los dos procesos comparados las pretensiones
giraron en torno al reconocimiento de la pensión gracia, se concluye que la finalidad
de estas demandas comparadas siempre ha sido una sola, pues en ambos eventos
la prestación fue negada conforme a una motivación similar, incluso pese a que tal
decisión fue dictada por entidades existentes en momentos disímiles, lo que hace
que el objeto de cada medio de control necesariamente deba ser el mismo.
37. Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos
fácticos frente a los dos asuntos bajo estudio, pues los elementos que se alegaron
y se examinaron obedecen a los mismos requisitos para acceder a la pensión
gracia, puntualmente la edad, el tiempo de servicio, la acreditación de una
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, que los vínculos sostenidos hayan
sido del orden territorial o nacionalizado, y que se acreditara un buen
comportamiento en el ejercicio de su cargo.
38. Al respecto, lo que se observa es que pese a que los hechos de cada demanda
tienen una redacción diferente, en esencia los supuestos para analizar cada una de
las exigencias son iguales, en especial los tiempos de servicio examinados en cada
oportunidad.
39. Sobre este punto se destaca que en el primer litigio el juez en su momento
estudió como períodos de labor educativa oficial de la accionante los comprendidos
entre el 5 de agosto de 1980 y el 2 de agosto de 1981, y luego del 3 de agosto de
1981 hasta el 19 de octubre de 2017. Ahora, en la actuación de la referencia se
aprecia que los lapsos a analizar son los acumulados desde el 18 de julio de 1980
hasta el 2 de agosto de 1981, y luego del 3 de agosto de 1981 al 31 de diciembre
de 2020 cuando terminó su vínculo legal y reglamentario.
40. Como se observa, si bien la accionante en esta nueva causa judicial aseguró
en el recurso que existe un hecho nuevo que es la existencia del período de labor
comprendido entre el 20 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 sin
solución de continuidad, que se diferencia del lapso que en el primer proceso se
aseguró que fue del 3 de agosto de 1981 al 19 de octubre de 2017, lo cierto es que
esta situación no es suficiente para considerar que puede hablarse de una causa
totalmente distinta en este litigio que desvirtúe el estudio y la decisión adoptada en
el radicado 2015-00301.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
41. A pesar de lo expuesto, ese interregno nuevo de un poco más de 3 años en
nada afectaría los hechos que ya fueron materia de debate y de decisión en la
actuación anterior, porque tal como se verificó de las providencias en mención, la
negativa en el reconocimiento del derecho fue por haber considerado que el tiempo
de servicio del 3 de agosto de 1981 en adelante fue del orden nacional, lo que
jurídicamente le impedía a la actora acceder al derecho reclamado por no poder
acreditar más de 20 años de labor docente territorial o nacionalizada, así se
sumaran los 3 años posteriores bajo alguna otra naturaleza jurídica, ya que este es
el mayor interregno de trabajo oficial sobre el cual ya se emitió un pronunciamiento
en firme.13
42. De hecho, esta situación lo que configura es la excepción de cosa juzgada
parcial, tal como lo analizó esta corporación en auto del 30 de octubre de 202314
frente a periodos anteriormente sentenciados en casos de pensión gracia cuando
se planteó lo siguiente:
«[…] Conclusión: se configura la excepción de cosa juzgada, pero, parcial, en este
asunto, debido a que los tiempos de servicios comprendidos entre el 1 de marzo de
1979 y el 23 de enero de 1984 y el 12 de abril de 1988 hasta el 30 de diciembre de
2006, ya fueron objeto de análisis en sede judicial cuando se examinó la legalidad de
la Resolución 29370 del 2 de julio de 2008, dentro del proceso de núm. 25000 23 25
000 2011 01183 00 (1328-2013) en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
para determinar si con aquellos la demandante cumplía los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión gracia bajo la premisa de cuál era el tipo de vinculación que
ostentaban los docentes de la planta del Fondo Educativo Regional por designación
del Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, frente al supuesto de qué tipo de
vinculación sostuvo en el periodo laborado desde el 10 de julio de 1996 hasta el 8 de
enero de 2016, atendiendo al argumento de la descentralización de la educación en el
Distrito Capital de Bogotá, que inició el 10 de julio de 1996, no ha sido estudiado en
sede judicial, esto es, si fue de carácter nacional, territorial, nacionalizado o distrital,
para comprobar si efectivamente asiste el derecho o no a la prestación deprecada. […]»
(Subrayado de la Sala)
43. Como se observa, el estudio realizado en vía judicial dentro de la controversia
con radicado 2015-00301, se ajusta plenamente al análisis de los hechos que se
13 Esta posición ya fue desarrollada en un caso similar decidido por esta misma Subsección mediante sentencia
del 12 de junio de 2025, dictada en el proceso con radicado: 20001 23 33 000 2018 00035 01 (0321-2020), en
el que expresamente se precisó que: «[…] 54. Es contrario al espíritu de la figura de la cosa juzgada invocar
nuevos periodos de servicios para reabrir el debate sobre un periodo sentenciado con anterioridad mediante
fallo ejecutoriado. Inclusive, en este caso, las falencias probatorias en el primer proceso fueron reconocidas por
el demandante y expresamente en los hechos de la demanda manifestó que intentó corregir el error probatorio
recaudando nuevos documentos para que ahora la jurisdicción le emitiera una nueva sentencia sobre el mismo
punto.
[…] 60. Finalmente, la Sala se permite indicar que las anteriores motivaciones son suficientes para variar la
posición frente a la invocación de nuevos periodos servidos para el análisis de la identidad de causa como
requisito para configurar la cosa juzgada en temas de pensión gracia. […]»
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección, A, auto del 30 de octubre de 2023, rad.
25000234200020190009001 (0694-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
expusieron en su momento en vía administrativa y que fueron materia de decisión
previa por parte de la UGPP.
44. De allí que, a pesar de que se pretenda incluir períodos adicionales en el
presente caso, lo cierto es que al haberse demandado una parte del tiempo de labor
más significativo para demostrar el cumplimiento de los 20 años de servicio, el cual
además comienza con el mismo extremo, lo que implica es que el fundamento de
hecho alegado con la actual demanda es, en esencia, idéntico al que ya fue
verificado, ya que no se aduce que haya sido por una nueva vinculación ocurrida en
2017, sino solo por la continuidad del ejercicio del cargo por parte de la actora
mientras estuvo activa, pero bajo las mismas condiciones iniciales que ya habían
sido materia de pronunciamiento judicial, por lo que se concluye que la causa en
mención ya fue debidamente juzgada, y, en consecuencia, no es dable emitir una
nueva decisión de fondo sobre el particular.
45. De conformidad con lo expuesto, en atención al principio de seguridad jurídica
se advierte que la figura de la cosa juzgada ya había cobrado plenos efectos de
inmutabilidad respecto de lo resuelto inicialmente en la actuación con radicado
2015-00301, por lo que la sentencia de primera instancia es totalmente acertada en
la medida en que declaró probada dicha excepción y resolvió lo propio sobre el
nuevo período frente al cual no se presentó argumento de inconformidad que
tuviera que ser estudiado en esta oportunidad.
46. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo recurrido, tal como fue
solicitado por el Ministerio Público.
Condena en costas de segunda instancia
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
48. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00143-01 (1925-2025)
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual
se declaró probada parcialmente la excepción de cosa juzgada y se negaron las
pretensiones respecto de lo no resuelto.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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