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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01391-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01391-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual declaró de oficio la cosa juzgada parcial y accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Ana Herminda Tarazona Rodríguez contra la UGPP. En su lugar, SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio en su totalidad la cosa juzgada con relación a lo decidido en el proceso 25000 23 42 000 2015 01930 00. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora Ana Herminda Tarazona Rodríguez. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01391-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Cosa juzgada. Condena en costas en
ambas instancias.

Decisión: Se revoca el fallo de primera instancia que declaró probada
de oficio la excepción de cosa juzgada parcial y accedió a
las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar
dicha exceptiva de forma total.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 001386 del 21 de
enero de 2019 y RDP 010432 del 29 de marzo de 2019, mediante las cuales la
entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
referida prestación a partir del 21 de mayo de 2015, junto con el pago de las
mesadas causadas y no canceladas, debidamente indexadas, los intereses
moratorios correspondientes y las diferencias pensionales a que haya lugar, así
como la condena en costas.

3. Como fundamento fáctico, manifestó que nació el 11 de julio de 1948 y
que se vinculó al servicio docente desde el 6 de abril de 1972, en virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 740 del 8 de abril de 1972 suscrito
por el gobernador de Santander.

4. De igual modo, adujo que ha laborado como docente nacionalizada por
más de 20 años para los departamentos de Santander y Cundinamarca,
puntualmente en los siguientes lapsos: del 6 de abril de 1972 al 9 de junio de

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

1974; del 6 de junio de 1974 al 4 de marzo de 1975; del 19 de mayo de 1980 al
30 de abril de 1982; del 7 de abril de 2000 al 15 de enero de 2006; del 16 de
enero de 2006 hasta el 21 de mayo de 2015; y del 22 de mayo de 2015 al 18 de
junio de 2019.

5. Señaló que elevó solicitud de reconocimiento pensional el 21 de
septiembre de 2018, la cual fue negada mediante los actos administrativos
acusados bajo el argumento de que no acreditaba los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia, en particular por la naturaleza nacional de su
vinculación docente y por no cumplir las condiciones exigidas por el régimen
aplicable.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
señalar que los tiempos de servicio acreditados por la demandante corresponden
a una vinculación del orden nacional, razón por la cual no cumple los requisitos
legales para acceder a dicha prestación.

7. Propuso la excepción previa de falta de conciliación y las de mérito o de
fondo que denominó «falta de causa e inexistencia de la obligación», «ausencia
de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción», «legalidad de
los actos acusados», «cobro de lo no debido», «buena fe» y «prescripción».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante sentencia del 11 de noviembre de 2022, declaró probada
de oficio la excepción de cosa juzgada de manera parcial respecto de las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia con
anterioridad al 11 de abril de 2018, fecha en la cual quedaron ejecutoriadas las
decisiones adoptadas dentro del proceso 25000 23 42 000 2015 01930 00, a
través de las sentencias del 15 de marzo de 2017 y del 8 de marzo de 2018,
mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda por no haberse
acreditado el tiempo de servicios exigido.

9. El tribunal explicó que, al tratarse de una prestación periódica, los efectos
de la cosa juzgada no se extienden a las mesadas causadas con posterioridad a
la ejecutoria de las decisiones anteriores, razón por la cual era jurídicamente
viable estudiar las pretensiones fundadas en hechos posteriores, particularmente
aquellas relacionadas con la nueva solicitud presentada por la actora en sede
administrativa y los actos administrativos expedidos con ocasión de esta, así
como la aplicación de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida
por esta Sección.

10. En ese orden, precisó que el estudio del caso debía circunscribirse al
reconocimiento de la pensión gracia a partir del 12 de abril de 2018,

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

absteniéndose de emitir pronunciamiento respecto de las situaciones
consolidadas con anterioridad a dicha fecha.

11. En cuanto al fondo del asunto, se efectuó el análisis de los períodos
laborados por la demandante con fundamento en los actos de nombramiento,
certificaciones y formatos únicos de historia laboral obrantes en el expediente,
concluyendo que las vinculaciones iniciales con los departamentos de Santander
y Cundinamarca tuvieron carácter nacionalizado, y que el tiempo laborado al
servicio del departamento de Cundinamarca a partir del 7 de abril de 2000 debía
computarse para efectos pensionales por corresponder a una vinculación de
naturaleza territorial, lo que permitió acreditar más de 20 años de servicio docente
exigidos por la normativa aplicable.

12. Así, determinó que la demandante cumplió los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia, en tanto satisfizo haber cumplido 50 años de edad
el 11 de julio de 1998 y el tiempo mínimo de servicios como docente territorial o
nacionalizada.

13. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

Recurso de apelación

14. La entidad accionada presentó recurso de apelación en el que solicitó que
se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las
pretensiones incoadas.

15. Argumentó que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia toda vez que no acredita los 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizada en tanto los servicios docentes prestados a partir del 7
de abril de 2000 y del 13 de enero de 2006 fueron de carácter nacional, conforme
a la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca el
12 de septiembre de 2018.

16. De igual modo, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, particularmente en relación con la prosperidad de las excepciones
propuestas, entre ellas la falta de conciliación prejudicial y la ausencia de los
presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción, así como la
inexistencia de vulneración del ordenamiento jurídico por parte de los actos
administrativos demandados.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 24 de agosto de 2023, se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se le advirtió a la parte demandante que disponía
hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse en torno a la alzada y
al Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que ingresar el
proceso al despacho para sentencia.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

18. El Ministerio Público conceptuó que se debe revocar la sentencia apelada
al considerar que la demandante no acreditó el requisito de 20 años de servicios
de carácter territorial o nacionalizado pues la mayor parte del tiempo laborado
corresponde a una vinculación nacional, conforme a las certificaciones laborales
obrantes en el expediente, las cuales gozan de presunción de autenticidad y no
fueron controvertidas dentro del proceso.

19. La parte demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Cuestión previa

21. Al amparo del artículo 187 del CPACA, antes de resolver sobre los
argumentos de apelación propuestos por la entidad demandada, la Sala estima
pertinente revisar lo relativo a la excepción de cosa juzgada que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró probada de oficio y de manera parcial.

22. En tal sentido, se procederá a determinar si, frente a la nueva demanda
presentada por la parte actora se configura en su totalidad o no el fenómeno de
la cosa juzgada respecto del proceso con radicado 25000 23 42 000 2015 01930
00, o si, por tratarse de una prestación periódica y existir un nuevo acto
administrativo resulta procedente un nuevo examen del derecho reclamado.

23. El fenómeno de cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado
con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su
procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el
proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con
la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.

24. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

25. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al
respecto, el artículo 303 del CGP regula esta figura de la siguiente forma:

Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes. […]

26. A su turno, esta Sección1 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:

[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para
que se configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres
elementos, estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii)
identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:

• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes
e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.

[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la
prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que
previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo. […]

27. En este asunto, es necesario determinar si se configura el fenómeno de la
cosa juzgada entre el caso bajo examen y el resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y esta Corporación mediante las sentencias del
15 de marzo de 2017 y del 8 de marzo de 2018, dentro del proceso con radicado
25000 23 42 000 2015 01930 00.

28. Para tal fin, resulta pertinente elaborar un cuadro comparativo de ambos
medios de control que permita establecer la existencia —o no— de identidad en

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

la causa, el objeto y las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del
CGP.

Radicado 25000 23 42 000 2015 01930 00 25000 23 42 000 2019 01391 01
(Proceso anterior) (Proceso actual)
Partes Demandante: Ana Herminda Demandante: Ana Herminda
Tarazona Rodríguez Tarazona Rodríguez
Demandada: UGPP Demandada: UGPP
La demandante solicitó que se Solicitó la nulidad de las
declarara la nulidad del Auto ADP Resoluciones RDP 001386 del 21
001646 del 20 de febrero de 2014, de enero de 2019 y RDP 010432 del
mediante el cual la entidad 29 de marzo de 2019, mediante las
demandada negó el cuales la UGPP le negó el
reconocimiento y pago de la reconocimiento y pago de la
Objeto pensión gracia. pensión gracia.
(Pretensiones)
Como consecuencia de lo anterior, A título de restablecimiento del
pidió que se condenara a la derecho, solicitó el reconocimiento
entidad a reconocer y pagar dicha de la referida prestación a partir del
prestación periódica a partir de la 21 de mayo de 2015, junto con el
fecha de adquisición del estatus pago de las mesadas causadas y
pensional, liquidada con el 75 % no canceladas, debidamente
del salario y con la totalidad de los indexadas, los intereses moratorios
factores salariales devengados correspondientes y las diferencias
durante el año inmediatamente pensionales a que haya lugar, así
anterior al cumplimiento de los como la condena en costas.
requisitos de edad y tiempo de
servicios.

Asimismo, solicitó que se le
pagaran todas las sumas dejadas
de percibir, junto con los reajustes
legales correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.

Finalmente, requirió que se
ordenara el pago de los intereses
moratorios, conforme a lo previsto
en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993 y en el artículo 192 del
CPACA, así como la condena en
costas y agencias en derecho a
cargo de la entidad demandada.

Según los hechos consignados en En la demanda de la referencia se
la sentencia de segunda instancia, relataron los siguientes hechos:
se tienen como tales los
siguientes: Que la demandante nació el 11 de
julio de 1948.
Que la demandante nació el 11 de
julio de 1948 y cumplió 50 años de Que se vinculó al servicio docente
edad el 11 de julio de 1998. desde el 6 de abril de 1972 y laboró
como docente nacionalizada
Causa Que prestó sus servicios como durante más de 20 años al servicio
(Hechos) docente nacionalizada desde el 6 de los departamentos de Santander
de abril de 1972 y los desempeñó y Cundinamarca, en los siguientes
con honradez, idoneidad y buena periodos: del 6 de abril de 1972 al 9
conducta. de junio de 1974; del 6 de junio de
1974 al 4 de marzo de 1975; del 19
Que el 9 de septiembre de 2013 de mayo de 1980 al 30 de abril de
solicitó ante la entidad demandada 1982; del 7 de abril de 2000 al 15 de
el reconocimiento de la pensión enero de 2006; del 16 de enero de
gracia, conforme a lo dispuesto en 2006 al 21 de mayo de 2015; y del

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las Leyes 114 de 1913, 116 de 22 de mayo de 2015 al 18 de junio
1928 y 37 de 1933. No obstante, de 2019.
dicha solicitud fue negada
mediante la Resolución RDP Que el 21 de septiembre de 2018
049066 del 22 de octubre de 2013. presentó reclamación ante la
entidad demandada con el fin de
Que el 10 de febrero de 2014 obtener el reconocimiento de la
presentó una nueva petición pensión gracia; sin embargo, dicha
orientada al reconocimiento de la solicitud fue negada mediante los
referida prestación; sin embargo, actos acusados, bajo el argumento
mediante el Auto ADP 001646 del de que no acreditaba el
20 de febrero de 2014 se le indicó cumplimiento de los requisitos
que debía estarse a lo resuelto en legales para acceder a esa
la Resolución RDP 049066 del 22 prestación, en particular debido a la
de octubre de 2013. naturaleza nacional de su
vinculación docente y al
incumplimiento de las condiciones
previstas en el régimen aplicable.

29. De lo expuesto se desprende que la demandante acudió previamente a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 25000 23 42
000 2015 01930 00. En dicho proceso, tanto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación negaron las pretensiones de la demanda.

30. El fundamento principal de ambas decisiones consistió en que, si bien se
encontraba acreditado que la actora contaba con más de 50 años de edad y que
había laborado como docente nacionalizada al servicio del departamento de
Santander del 6 de abril de 1972 al 9 de junio de 1974 y del 19 de mayo de 1980
al 30 de abril de 1982, así como en el departamento de Cundinamarca del 6 de
junio de 1974 al 7 de marzo de 1975, los periodos comprendidos entre el 7 de
abril de 2000 y el 15 de enero de 2006, y entre el 16 de enero de 2006 y el 10 de
febrero de 2014 fueron calificados como de naturaleza nacional. En
consecuencia, no era posible computarlos para efectos de completar los 20 años
de servicios exigidos para acceder a la pensión gracia.

31. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente litigio, la parte actora
manifestó que, al estimar cumplidos los requisitos para ser beneficiaria de la
pensión gracia, y con posterioridad a la expedición de la sentencia de unificación
del 21 de junio de 20182 —mediante la cual se fijaron reglas jurisprudenciales
relativas a la prueba de la naturaleza del vínculo docente—, presentó una nueva
petición ante la UGPP con el propósito de obtener el reconocimiento de dicha
prestación periódica.

32. Sin embargo, resulta pertinente precisar que en el referido fallo de
unificación la Sala fue clara en señalar que, si bien a dicha providencia se le
otorgaban efectos retrospectivos respecto de los casos que para esa fecha se

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

CE-SUJ2-011-18, proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

encontraran pendientes de decisión administrativa o judicial, ello no ocurría frente
a aquellos ya resueltos. En efecto, se indicó expresamente que «los casos
respecto de los cuales haya operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

33. Así las cosas, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la Sala encuentra acreditada en su totalidad la excepción de cosa
juzgada, toda vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente
existe identidad de partes, objeto y causa.

34. En lo que respecta a la identidad de partes, es claro que en ambos
procesos judiciales figuran como demandante la señora Ana Herminda Tarazona
Rodríguez y como demandada la UGPP.

35. Además, comparten idéntico objeto, pues si bien existen diferencias en
cuanto a la redacción de las pretensiones, en su esencia estas son iguales ya
que el derecho en tensión para cada litigio es el reconocimiento de la pensión
gracia de que trata la Ley 114 de 1913, al margen de que se hayan demandado
resoluciones diferentes3.

36. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que en ambos procesos
el debate gira en torno al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión
gracia, a saber: haber cumplido 50 años de edad, acreditar buena conducta,
haber estado vinculado como docente territorial o nacionalizado con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y contar con al menos 20 años de servicio en dicha
condición.

37. En lo relativo al tiempo de servicios, en ambos procesos se invocaron
idénticos periodos laborados: del 6 de abril de 1972 al 9 de junio de 1974; del 6
de junio de 1974 al 4 de marzo de 1975; del 19 de mayo de 1980 al 30 de abril
de 1982; del 7 de abril de 2000 al 15 de enero de 2006; y del 16 de enero de
2006 al 21 de mayo de 2015. Estos dos últimos fueron calificados como de
naturaleza nacional dentro del proceso con radicado 25000 23 42 000 2015
01930 00.

38. Ahora bien, aunque en el presente asunto se incorporó un nuevo periodo
de servicio, comprendido entre el 22 de mayo de 2015 y el 18 de junio de 2019,
lo cierto es que dicho lapso no corresponde a una nueva vinculación, sino a la
continuidad de la relación iniciada el 7 de abril de 2000, la cual —como se
indicó— fue calificada como de carácter nacional.

39. Por su parte, si bien los argumentos que sustentan esta nueva demanda
se centran en la afirmación de que en el proceso primigenio se calificaron como
nacionales algunos interregnos con fundamento en la información consignada en
los certificados de historia laboral allegados al expediente, sin atender al

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado

63001 33 33 004 2019 00399 01 (0966-2022).

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Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

contenido de los actos administrativos de nombramiento y posesión —según lo
establecido en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018—, lo cierto es
que la formulación de explicaciones más elaboradas o el cuestionamiento de la
valoración probatoria efectuada en el proceso judicial anterior no constituyen
razones suficientes para desconocer la configuración de la cosa juzgada.

40. Finalmente, conviene precisar que, si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que, pese a concurrir identidad de partes, objeto y causa
en los dos procesos analizados, la cosa juzgada debía declararse únicamente
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al fallo de segunda instancia
proferido el 8 de marzo de 2018 por esta corporación, tal postura no corresponde
al criterio actualmente vigente en esta Sección.

41. En efecto, no resulta procedente que, bajo el argumento del
reconocimiento de nuevas mesadas pensionales, se reabra el análisis sobre la
naturaleza de los tiempos de servicio cuando estos ya fueron objeto de estudio y
decisión mediante providencia ejecutoriada. En otras palabras, no puede
confundirse la operancia de la prescripción extintiva de mesadas pensionales con
la configuración de la cosa juzgada respecto de periodos de servicio que ya
fueron objeto de pronunciamiento judicial definitivo.

42. Adicionalmente, la figura de la cosa juzgada parcial, en materia de pensión
gracia, ha sido aplicada únicamente cuando en el nuevo proceso se invocan
tiempos de servicio docente que no fueron valorados en el litigio inicial, siempre
que correspondan a nombramientos autónomos e independientes4 y no la
continuidad en el tiempo del mismo que fue valorado en el proceso inicial.

43. En conclusión, conforme a lo expuesto, en el presente asunto se configura
de manera evidente la cosa juzgada, al existir identidad de partes, objeto y causa
respecto del proceso primigenio con radicado 25000-23-42-000-2015-01930-00.
En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada en su totalidad, lo
que conduce a negar las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

4 Al respecto, véanse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. i)

Sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida dentro del expediente 17001-23-33-000-2021-00143-01
(1925-2025), con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii) sentencia del 5 de octubre de 2023,
expedida con el radicado 19001-23-33-000-2019-00239-01 (3978–2021), con ponencia del consejero
Gabriel Valbuena Hernández.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se declara
probada de oficio la excepción de cosa juzgada de manera total. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual declaró de oficio
la cosa juzgada parcial y accedió a las pretensiones de la demanda incoada por
la señora Ana Herminda Tarazona Rodríguez contra la UGPP. En su lugar,

SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio en su totalidad la cosa juzgada con
relación a lo decidido en el proceso 25000 23 42 000 2015 01930 00. En
consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora Ana
Herminda Tarazona Rodríguez. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01391 01 (1892-2023)
Demandante: Ana Herminda Tarazona Rodríguez

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia

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