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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-004-2019-00399-01

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-004-2019-00399-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que declaró probada la excepción de cosa juzgada. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía y como su sustituta a Ana María Londoño, ambos Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022) portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136 respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 22 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-33-33-004-2019-00399-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Elementos de la excepción
de cosa juzgada y análisis comparativo entre los dos casos en
controversia. Se resuelve solicitud de unificación de
jurisprudencia reiterada. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

ANTECEDENTES

La señora Martha Lucía Rodríguez Martínez instauró demanda en contra de la
UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 032459 del 16 de agosto de
2017, y (ii) RDP 040486 del 25 de octubre de 2017; por medio de las cuales la
entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
reclamante, y confirmó esta decisión al resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas desde 7 de agosto
de 2002, reajustadas anualmente.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y que dé cumplimiento al
fallo de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante nació el 7 de agosto de 1952. Que en su vida laboral estuvo
inicialmente vinculada como docente del departamento del Caquetá durante los
siguientes períodos: (i) del 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1979, (ii) del
1 de febrero al 20 de marzo de 1980, y (iii) del 23 de febrero de 1983 al 16 de junio
de 1993.

Que, luego, fue nombrada educadora de la planta de personal del departamento del
Quindío en calidad de maestra territorial a partir del 7 de febrero de 1997 hasta el
10 de agosto de 2005.

Que, el 1.º de julio de 2017 presentó una petición ante la UGPP para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada por dicha entidad a través
de la Resolución RDP 032459 del 16 de agosto de 2017 al asegurar que los tiempos
acumulados como docente fueron del orden nacional y por tanto incompatibles con
la prerrogativa solicitada.

Que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
negativamente por medio de la Resolución RDP 040486 del 25 de octubre de 2017,
pues se confirmó el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 25, 53, 58 y 150 de la Constitución Política; 1 y 3 de la
Ley 114 de 1913; 15 de la Ley 91 de 1989; 25 y 27 del Código Civil; así como las
Leyes 60 de 1993, 4.ª de 1992, y 115 de 1994.

Que los actos administrativos demandados desconocieron por una parte que mi
representada se encuentra inmersa en el proceso de nacionalización que comenzó

2 Idem.
3 Idem.

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con la Ley 43 de 1975 el 1.° de enero de 1976 y terminó el 31 de diciembre de 1980
y por la otra, que la Ley 91 de 1989 conservó el carácter de nacionalizado a quienes
tuvieran, para la época de la nacionalización, la vinculación con el municipio,
departamento o distrito.

Que las decisiones de la UGPP violan igualmente la normativa descrita porque
estaba en la obligación de reconocer la pensión gracia, toda vez que existe prueba
que demuestra la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (Decreto
1027 del 28 de junio de 1977).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 20 de enero de 2020 fue admitida la demanda,4 la cual se notificó a la UGPP5,
quien manifestó6 que las resoluciones acusadas nunca configuraron violación a las
normas citadas por la parte activa, pues tales actos se encuentran fundados en
normas vigentes y aplicables al caso, así como en las certificaciones laborales
allegadas a la entidad donde se certifica el carácter de la vinculación nacional. Que,
por esa razón, se puede establecer que no se cumplió con el requisito de los 20
años de servicio como educadora territorial, ya que no es viable computar lapsos
prestados al Ministerio de Educación para efectos del reconocimiento del derecho
en litigio.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de competencia por factor
cuantía, (ii) cosa juzgada, (iii) inexistencia del derecho reclamado, (iv) cobro de lo
no debido, (v) legalidad del acto administrativo acusado, (vi) buena fe, y (vii)
prescripción.

El 18 de febrero de 20217 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia
declaró probado el medio exceptivo de falta de competencia por el factor cuantía,
razón por la cual remitió la actuación al Tribunal Administrativo del Quindío, el cual
avocó conocimiento del mismo el 19 de marzo de 2021,8 disponiendo además que
se agregara como prueba el expediente con radicado 63001333100120070027700,
a fin de resolver la excepción de cosa juzgada.

El 8 de abril de 20219 se declaró que habría de dictarse sentencia anticipada en
este caso conforme lo previsto en el artículo 182 A, numeral 3.º del CPACA, por lo
que se corrió traslado por 10 días a las partes para alegar y al Ministerio Público
para conceptuar.

4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10

El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia el 9 de septiembre de 2021
por medio de la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada.

Que, en cuanto a la identidad de partes, se evidenció claramente que tanto el
presente asunto como el proceso 63001-3331-001-2011-00277-00 fueron
promovidos por la señora Martha Lucía Rodríguez Martínez, en su momento contra
CAJANAL y actualmente contra la UGPP. Que pese a ser entidades distintas, lo
cierto es que la calidad de demandada lo tiene ahora esta última porque asumió las
funciones respecto a la nómina de pensionados de la extinta caja, por lo que no hay
lugar a dudas de que se trata de los mismos extremos procesales en ambos casos.

Que, al revisar las pretensiones de ambas actuaciones, se advierte que hay un
objeto idéntico, esto es, el reconocimiento y pago de la pensión gracia en su calidad
de docente. Que, si bien los actos administrativos acusados son diferentes, a saber,
en el radicado 2011-00277 la Resolución 10038 del 02 de abril de 2007 y en el
presente asunto, las Resoluciones RDP 032459 del 16 de agosto de 2017 y RDP
040486 del 25 de octubre de 2017, en las dos situaciones analizadas la entidad
demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia que solicitaba la
accionante con las mismas razones.

Que, en tal sentido, las decisiones que se examinan a través del medio de control
actualmente ejercido no modifican ni exteriorizan una voluntad de la administración
diferente a la ya plasmada en la Resolución 10038 del 02 de abril de 2007, de
manera que se debe tener por cumplido este requisito.

Que los hechos que soportan estas pretensiones son claramente los que tiene que
ver con la existencia de una relación laboral de la actora y el no pago de la pensión
gracia que a su criterio tiene derecho por haber cumplido con las exigencias para
ello, esto es, (i) la vinculación con carácter departamental - nacionalizado con
anterioridad a 1980 (entre el 01 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1979) y (ii)
los 20 años de servicios, que acredita con la acumulación de ese tiempo
departamental con el del vínculo de carácter nacional (entre el 1.º de febrero de
1980 al 10 de agosto de 2005) bajo la tesis consistente en que el tiempo de servicio
puede cotizarse en cualquier tiempo, ello a partir de la entrega de la educación al
departamento por parte del Ministerio de Educación mediante Acta del 22 de abril
de 1996, en virtud de la descentralización de la educación de la Ley 60 de 1993.

Que aun cuando la parte activa alega que en el presente proceso se adiciona la
vulneración de la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994 y la Ley 4 de 1992,
argumentando que su vinculación como docente reunió los requisitos de tiempo de
servicio para ser acreedora a la prestación reclamada, se debe precisar que esos

10 Idem.

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mismos tiempos ya fueron analizados por el Tribunal Administrativo del Quindío, al
resolver el fondo del asunto en la vía judicial previa, los cuales consideró el tiempo
con vinculación nacionalizado no eran acumulables con el tiempo de servicio
cumplido en una institución educativa de carácter nacional, cuyo nombramiento
haya sido efectuado por autoridad del mismo orden como lo era el Ministerio de
Educación.

Que, al verificarse el cumplimiento de los tres supuestos anteriores, se concluye que
entre los dos litigios comparados existe completa identidad, lo que impide volver a
realizar un análisis de fondo sobre las pretensiones de la actual demanda, de
manera que se debe declarar probada la excepción de cosa juzgada.

RECURSO DE APELACIÓN11

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se acceda a sus pretensiones.

Que, a pesar de que en los procesos tramitados ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo exista el mismo “objeto” tendiente a obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de gracia, no se configuró identidad en la
pretensión, dado que se busca en esta oportunidad la nulidad de actos
administrativos diferentes, emitidos por entidades distintas (Cajanal hoy extinta y la
UGPP).

Que el juez de origen indica que no se avizora elemento adicional (fáctico, jurídico
o probatorio) lo cual es falso, ya que con en la demanda se aportaron como pruebas
documentos que no habían sido aportados en la solicitud y demanda anterior, como
una serie de certificaciones donde se puede constatar que la reclamante laboró
como docente hasta el 21 de abril de 2008.

Que la controversia específica planteada en este estudio recae sobre las
particularidades propias de la figura de la “cosa juzgada” en temas de carácter
prestacional, por lo que debe tenerse en cuenta que existe un tratamiento especial
propio de la naturaleza periódica de las pretensiones alegadas, por lo que resulta
indispensable tener en cuenta estas diferencias para considerar que el presente es
un litigio nuevo que amerita un pronunciamiento de fondo favorable para los
intereses de la docente, pues demostró que toda su vinculación como educadora
fue bajo el orden nacionalizado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 15 de marzo de 202212 fue admitido el recurso de apelación. En dicha oportunidad

11 Idem.
12 Ver índice 4 de SAMAI.

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se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, luego de notificar
esta decisión, pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a menos que se
presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

Pronunciamiento de las partes

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo.

La parte demandada13 intervino en esta oportunidad a fin de solicitar que se
confirme el fallo apelado, para lo cual manifestó que, no basta que el docente tuviera
la condición de docente territorial para acceder a la pensión gracia, sino que además
se requiere cumplir también el presupuesto de "que no haya recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional". Que, por esa razón,
si la docente, así sea territorial, recibe sus salarios del Situado Fiscal (hoy Sistema
General de Participaciones) no tendrá derecho a ser beneficiario de la pensión
gracia, tal como ocurre en el presente asunto.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que resolverá la Subsección es determinar si en el presente caso se
configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este proceso, dentro de una controversia entre las
mismas partes, para lo cual deberá verificarse si ambos procesos comparten causa
y objeto idénticos.

En caso negativo, se verificará si la demandante cumplió con la totalidad de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente los relativos
a acreditar una o varias vinculaciones como maestra oficial con carácter territorial o
nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, e igualmente algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Cuestión previa

En el presente asunto, la UGPP solicitó que se emita una sentencia de unificación
jurisprudencial14 en la que se defina qué es lo que debe entenderse como «plaza
docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin que se precise
cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la

13 Ver índice 10 de SAMAI.
14 Ver índice 11 de SAMAI.

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sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada
nacional, nacionalizada o territorial.

Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y celeridad,
esta Sala precisa que de manera reiterada y previa fueron presentadas las mismas
solicitudes ante varios procesos adelantados en esta instancia judicial con similares
argumentos, las cuales se resolvieron mediante el auto del 20 de octubre de 202215,
reiterado en providencias del 26 de octubre de 202216, en los que se indicó que tal
y como lo prevé el CPACA en su artículo 27117, puede adelantarse el trámite que
permite dar impulso a la función unificadora del Consejo de Estado, con miras a la
aplicación vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.

Sin embargo, al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a
la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para
ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no estaban
dadas las condiciones para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de
unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se
deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la
pensión gracia.

En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 20 de octubre de 202218, reiterado en providencias del 26
de octubre de 2022.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-

00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010-

01800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda,
auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy
del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación:
68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
17 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento

de la solicitud de unificación.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-

00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.

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de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

b. Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada

La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.

Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el cual
lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.

Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la inmutabilidad
y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan tránsito a dicho
fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá ser definitivo,
con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas causales específicas
y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien, ante la interposición del
recurso extraordinario de revisión como lo consagra el artículo 303 del CGP que
expresamente regula esta figura de la siguiente forma:

«[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»

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Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)

El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que, entre otras,
la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante sentencia anticipada
en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A, el cual también dispuso
que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse en cualquier estado del
proceso si se encuentra demostrada, tanto así que puede ser decretada de oficio
conforme al artículo 187 ibidem en el que se señaló que la sentencia se pronunciará
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta
probada.

Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de Estado19
los ha precisado de la siguiente forma:

«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»

[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]»

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, en principio resultaría necesario
verificar el cumplimiento de las exigencias para consolidar el derecho a la pensión
gracia señaladas previamente en el punto a.) del marco normativo. Sin embargo, en
razón del litigio como fue fijado y resuelto en primera instancia, así como en virtud
de los argumentos del apelante único que limitan el objeto de análisis en segunda

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).

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10

Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)

instancia, el enfoque inicial será el de determinar la configuración o no de la
excepción de cosa juzgada.

En consecuencia, es dable para la Sala efectuar un análisis comparativo entre el
litigio bajo examen y el resuelto por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Armenia en primera instancia, así como por el Tribunal Administrativo del Quindío
en segunda, ello en el proceso 2007-00277, esto para identificar si ambas
controversias comparten identidad de sujetos, objeto y causa, tal como se observa
a continuación:

63001-33-31-001-2007-00277-01 63001-33-33-004-2019-00399-01
RADICADO
(PROCESO ANTERIOR) (PROCESO ACTUAL)
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Martínez Demandante: Martha Lucía Rodríguez Martínez

PARTES Demandada: Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
EICE (actualmente extinta y por tanto sucedida en sus y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
obligaciones por la UGPP)
«[…] Declarar la nulidad de la Resolución No. 10038 de fecha 02 «[…] PRIMERO: Se declare la nulidad absoluta de la Resolución RDP
DE ABRIL DE 2007, suscrita por el Subdirector General de 032459 del 16 de agosto del 2017, expedida por la UNIDAD
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
EICE, mediante el cual se atiende en forma desfavorable la CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
solicitud presentada por mi poderdante MARTHA LUCIA SOCIAL -UGPP mediante la cual negó el reconocimiento y pago de
RODRIGUEZ MARTINEZ tendiente al reconocimiento de la la Pensión Gracia a favor de mi poderdante.
Pensión Gracia de Jubilación.
SEGUNDO: Se declare la nulidad absoluta de la Resolución RDP
040486 del 25 de octubre del 2017, con la cual se confirma la negativa
Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de respecto al reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación Gracia
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: a que tiene derecho mi poderdante.

1. Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social, a reconocer, TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se
liquidar y pagar a favor de mi poderdante, una Pensión Gracia de condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
OBJETO
Jubilación de conformidad y en concordancia con lo dispuesto por PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
(PRETENSIONES)
las leyes 214 de 1933, 116 de 1928 y 37 de 1933, teniendo en PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a título de Restablecimiento del
cuenta los incrementos porcentuales establecidos por el Derecho, a reconocer y pagar a favor de mi poderdante, la Pensión
Gobierno Nacional, las primas y demás emolumentos que de Jubilación Gracia, a partir del 07 DE AGOSTO DE 2002, fecha en
constituyen salario en cuantía del 75% efectiva a partir de cuando que adquiere su estatus de pensionada.
mi representada adquirió el status pensional. CUARTO: Que se le reconozca la pensión de gracia en cuantía del
2. Condenar a la entidad demandada a reconocer, liquidar y SETENTA Y CINCO (75%) por ciento del promedio de lo percibido
pagar sobre las mesadas adeudadas a mi mandante, las sumas por concepto de salarios y demás factores salariales devengados en
necesarias para hacer los ajustes de valor, indexación o el año inmediatamente anterior a la adquisición del status jurídico de
corrección monetaria sobre dichas sumas adeudadas al jubilada. […]»
demandante desde el momento en que se debió cancelar cada
suma de dinero y hasta cuando se verifique su pago, tal como lo
ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
[…]»
«[…] 1. Mi poderdante MARTHA LUCIA RODRIGUEZ «[…] PRIMERO: la señora MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
MARTINEZ, prestó durante más de veinte (20) años sus servicios MARTINEZ, nació el 07 de agosto de 1952, cumpliendo 50 años de
al estado en el ramo de la Docencia Oficial, como se puede edad el día 7 de agosto de 2002.
constatar en su hoja de vida que reposa en la Secretaría de
Educación del Departamento y en el Expediente de trámite de la SEGUNDO: Mi poderdante se vinculó al servicio docente desde el día
Pensión de Gracia, que reposa en la Caja Nacional de Previsión 01 de enero de 1977. Este primer nombramiento fue de carácter
Social. Nacional, no obstante, posteriormente fue nombrado el 1 de febrero
de 1980, con vinculación DEPARTAMENTAL, y de allí en adelante,
2. MARTHA LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ nació el 07 DE laboró hasta el 10 de agosto de 2005, teniendo hasta la fecha de
AGOSTO DE 1952, por lo tanto, cuenta con más de cincuenta elaboración de la presente demanda y con vinculación Nacionalizada,
(50) años de edad. más de 20 años de servicio, con VINCULACIÓN NACIONALIZADA,
ADQUIRIENDO EL ESTATUS DE JUBILADA el día 07 DE AGOSTO
3. Teniendo en cuenta que mi poderdante cumple con todos y DE 2002 […]
cada uno de los requisitos de edad, tiempo de servicios y demás
exigidos por la Ley, se elevó solicitud escrita ante la Caja TERCERO: Una vez se observó que la señora Rodríguez cumplía
Nacional de Previsión Social tendiente a que se reconociera la todos los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de
CAUSA
Pensión de Gracia, anexando los documentos que sirven de gracia, se solicitó su reconocimiento a la Unidad Administrativa
(HECHOS)
soporte a la presente petición. Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
protección Social, la cual negó y posteriormente confirmó en todas
4. La Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la sus partes. Resolución No. 10038 de fecha 02 DE ABRII. DE 2007, resolvió
en forma negativa la petición anterior. […]» CUARTO:

Lo anterior, debido a que la señora Rodríguez con el fin de
acudir ante la justicia ordinaria, radica petición el día 1 de julio del
2017, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, la cual
contesta de forma negativa mediante Resolución RDP 032459 del 16
de agosto del 2017, […]

QUINTO: Respuesta ante la cual se radico recurso de apelación, y
como consecuencia se emitió Resolución RDP 040486 del 25 de
octubre del 2017, la cual confirma en todos sus partes la Resolución
RDP 032459 del 16 de agosto del 2017. […]»

Pues bien, adicionalmente a este ejercicio de comparación, resulta necesario
verificar, con base en los hechos y pretensiones expuestas anteriormente, qué fue

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Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)

lo materialmente resuelto mediante una decisión ejecutoriada en vía judicial dentro
del proceso con radicado 63001-33-31-001-2007-00277-01.

Respecto a dicho proceso, en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Armenia profirió sentencia el 14 de abril de 2011,20 mediante la cual
la cual negó las pretensiones de la reclamante, luego de haber estudiado todos los
requisitos para la consolidación de la pensión gracia y determinar que no demostró
haber acumulado el total de tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizada, toda vez que desde el 17 de febrero de 1997 hasta la fecha de la
providencia (cuando aún seguía activa), se comprobó que su relación legal y
reglamentaria fue del orden nacional, es decir, incompatible con la esencia de la
prerrogativa solicitada.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío emitió sentencia el 29
de septiembre de 201121 con la que confirmó la providencia apelada, pero con otro
análisis según el cual, la actora no acumuló los 20 años de servicio en razón a que
solo podían tenerse en cuenta los tiempos desarrollados por esta entre el 1.º de
febrero y el 13 de julio de 1980 como educadora nacionalizada, así como el período
del 17 de febrero de 1997, al menos hasta el 28 de febrero de 2008 cuando se
expidió el certificado laboral que sostuvo que este interregno fue bajo el orden
territorial, lo cual solo arrojaba un total de 11 años, 5 meses y 27 días que no
satisfacen la exigencia en comento.

Para el efecto, el mencionado tribunal descartó para computar el lapso desde el 21
de febrero de 1983 hasta el 17 de junio de 1993, ya que, según el Consejo de
Estado, las vinculaciones con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, bien sean
territoriales o nacionalizadas, no pueden ser tenidas en cuenta para obtener el pago
de la pensión gracia.

En suma, al margen de las conclusiones a las que hayan llegado en su momento
las referidas autoridades judiciales en dicha causa, lo cierto es que en esa
oportunidad se estudiaron los siguientes períodos: (i) 1.º de febrero al 13 de julio de
1980, (ii) 21 de febrero de 1983 al 17 de junio de 1993, y (iii) 17 de febrero de 1997,
al menos hasta el 28 de febrero de 2008.

Es decir, los jueces que conocieron del caso anterior no solo tuvieron en cuenta el
tiempo de servicio laborado por la actora hasta el 10 de agosto de 2005 (que
corresponde al extremo final planteado por esta en la demanda que dio origen al
presente litigio), sino que también validaron la naturaleza de la vinculación hasta la
fecha de expedición de la última certificación laboral en la que se indicaba que aún
se encontraba vigente, esto es, al 28 de febrero de 2008, data que es la misma que
también fue estudiada en vía administrativa por la UGPP.

20 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
21 Idem.

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Con todo, en virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la actuación 2007-
00277, así como de la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por las dos
autoridades judiciales en comento, lo que la Subsección puede concluir en el
presente asunto es que sí se configuró la excepción de cosa juzgada.

Lo anterior, toda vez que para ambos procesos se observa con claridad que la
controversia se generó entre las mismas partes, esto es, la señora Martha Lucía
Rodríguez Martínez y la UGPP (como sucesora directa de la entonces Cajanal EICE
en virtud del Decreto 2040 de 2011).

De igual forma se puede concluir que estos casos comparten idéntico objeto, pues
si bien existen diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en esencia
estas son iguales, ya que el derecho en tensión para cada litigio es exactamente
igual, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de
1913.

Ello incluso al margen de que se hayan demandado actos administrativos diferentes,
pues es claro que las dos negativas de la administración fueron provocadas a través
de peticiones radicadas en momentos diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo
propio en cualquier tiempo y en múltiples ocasiones al tratarse de un derecho
periódico, pero que, en el fondo, implican una sola manifestación de voluntad.

Acerca de este planteamiento es de resaltar que la parte apelante sostuvo en su
recurso que, como la pensión gracia es un derecho con periodicidad en su pago,
esto conlleva un tratamiento especial y distinto respecto del examen de la cosa
juzgada, pues básicamente ello implica que se pueden hacer múltiples juicios sobre
la procedencia de la prerrogativa.

Aun así, es necesario recordar que lo que se causa periódicamente es la mesada,
mas no el derecho a la pensión en sí mismo, pues este último solo se configura una
vez y es cuando la reclamante acredita el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos para su exigencia, de manera que, si en el curso de un proceso judicial
ya se examinaron y definieron tales exigencias como satisfechas o no, no resulta
dable volver a provocar un nuevo acto administrativo para intentar otra demanda,
pues esta finalmente estará dirigida a obtener una prerrogativa ya juzgada.

Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos de hecho
frente a las dos controversias bajo estudio, toda vez que, los elementos que se
alegaron y se examinaron obedecen a los mismos requisitos para acceder a la
pensión gracia, puntualmente la edad, el tiempo de servicio, la acreditación de una
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y que los vínculos sostenidos hayan
sido del orden territorial o nacionalizado.

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Al respecto, lo que se observa es que, pese a que en el presente asunto se
especifican con claridad cada uno de los períodos que la actora pretende acumular
para acreditar los 20 años de servicio, mientras que en el radicado 2007-00277 se
hace de manera general, lo cierto es que los interregnos que se validaron en esta
última actuación con sentencia ejecutoriada, son precisamente los mismos sobre
los que ahora se pretende generar un nuevo pronunciamiento, pues incluyen los
tiempos de 1980, de 1983 a 1993 y de 1997 hasta 2005, los cuales corresponden a
los solicitados con la presente controversia, inclusive con una extensión hasta 2008
como se verificó en el caso anterior.

Precisamente sobre estos tiempos es claro que ya se definió que solo podían ser
tenidos en cuenta los acreditados en 1980 y de 1997 a 2008, lo que hizo inviable
que la accionante cumpliera con la totalidad de los 20 años de servicio requeridos
para obtener el derecho reclamado.

De hecho, es de resaltar que la presentación de la demanda correspondiente al
asunto de la referencia tuvo lugar el 22 de noviembre de 2019,22 es decir, después
de que hubiese cobrado firmeza y hubiera hecho tránsito a cosa juzgada el fallo de
segunda instancia proferido el 29 de septiembre de 2011 en el primer proceso
promovido por la actora, lo que significa que cuando radicó la segunda demanda, la
figura jurídica en mención ya había cobrado plenos efectos de inmutabilidad
respecto de lo resuelto inicialmente.

En todo caso, la parte apelante en el presente proceso afirmó que no podía
predicarse identidad de causa entre los dos asuntos comparados, pues en el que
es objeto de examen se advierten nuevas pruebas como certificados laborales no
tenidos en cuenta en el primer litigio.

Aun así, lo cierto es que la existencia de un argumento o una prueba sobreviniente
no analizada en un proceso anterior, no tiene la capacidad de desvirtuar la figura de
la cosa juzgada en lo relacionado con la identidad de causa, porque esta exigencia
se refiere a los supuestos de hecho que fundamentan las pretensiones, no frente a
las normas violadas y el concepto de violación, así como tampoco respecto de
pruebas recaudadas con posterioridad al fallo, dado que para discutir tales puntos,
eventualmente existirían otros mecanismos.

Como se observa, en procura de evitar la vulneración del principio de la seguridad
jurídica de las partes, lo cual es la finalidad de la cosa juzgada, resulta claro que la
Sala no podrá pronunciarse sobre el cumplimiento o no de los requisitos para
acceder a la pensión gracia, pues este debate ya fue dado en su debida oportunidad
y escenario.

22 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)

En consecuencia, al tenerse demostrada esta excepción como se expuso
previamente, la cual fue decretada adecuadamente por el tribunal de origen, se
confirmará la providencia recurrida.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandante no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que declaró probada la excepción
de cosa juzgada.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Trujillo Polanía y como su sustituta a Ana María Londoño, ambos

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Radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022)

portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136 respectivamente, ello
conforme a los poderes que se observan en el índice 22 de SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión

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