Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00758-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00758-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00758-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00758-00 (4348-2021)
Demandantes: Astrid Johanna Castrillón Ovalle y otro
Demandados: Nación - Ministerio del Trabajo - Ministerio de Salud y Protección
Social - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de
Justicia y del Derecho
Temas: Exclusión del subsidio otorgado por el Fondo de Solidaridad
Pensional en el reconocimiento de la indemnización sustitutiva.
Cosa juzgada.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por los señores Astrid Johanna
Castrillón Ovalle y Marco Alirio Angarita Lagos, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES1
1. Que se declare la nulidad del numeral 2 del artículo 27 del Decreto 3771 de
20072.
«Artículo 27. Devolución del subsidio. La entidad administradora del Fondo de
Solidaridad Pensional deberá controlar y hacer exigible la devolución de los
subsidios, a las entidades administradoras de pensiones, cuando se presente
alguno de los siguientes eventos:
[…]
2. Cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez
o la devolución de aportes».
1 Índices 2 y 9 Samai -demanda y subsanación-.
2 Compilado en el artículo 2.2.14.1.27 del Decreto 1833 de 2016.
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HECHOS
2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Expresó que en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) son
reconocidas las indemnizaciones sustitutivas sin tener en cuenta el subsidio a
las cotizaciones para pensiones.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Consideró vulnerados los artículos 2, 48, 53 y 83 de la Constitución Política.
5. Expuso que la norma enjuiciada crea una situación jurídica donde los fondos de
pensiones y los jueces de la República, liquidan de forma incorrecta la
prestación, pues se amparan en que solo se tiene en cuenta en la liquidación de
la indemnización sustitutiva, el valor que fue aportado por el afiliado, sin
considerar el subsidio otorgado por el mismo decreto. Que esta circunstancia es
una «falacia», que atenta contra la buena fe y la confianza legítima de los
afiliados al sistema general de pensiones.
6. Explicó que según lo establecido en el Decreto 3771 de 2007, el Fondo de
Solidaridad Pensional (en adelante FSP) tiene como finalidad ampliar la
cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones para grupos
de población que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social; sin
embargo, el aparte demandado «es una burla y un yerro para los más
necesitados», porque creen que están recibiendo un subsidio cuando en realidad
nunca les será tenido en cuenta.
7. El 26 de julio de 2022 se admitió la demanda, y se corrió traslado de la solicitud
de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 23 de abril de 2024.
Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron de la
siguiente forma.
8. Ministerio de Hacienda y Crédito Público3. Solicitó se nieguen las
pretensiones de la demanda, pues de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 28, 29 y 154 de la Ley 100 de 1993, las cotizaciones efectuadas con
cargo al subsidio no constituyen un ahorro a favor del afiliado que posteriormente
pueda ser desembolsado a través de una indemnización sustitutiva, porque
dicho subsidio es una redistribución de trasferencias que complementan los
aportes requeridos para causar una prestación periódica a futuro, por lo que,
3 Índice 20 ibid.
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ante la imposibilidad de obtener una pensión de vejez, los montos subsidiados
deben ser retornados al fondo.
9. Formuló la excepción de ineptitud sustancial de la demanda por la falta de
requisitos formales.
10. El Ministerio de Salud y Protección Social4 y el Ministerio de Justicia y del
Derecho5. Formularon la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque dentro de sus funciones no se encuentra la de administrar el
Fondo de Solidaridad Pensional.
11. Ministerio del Trabajo6. Argumentó que el artículo 29 de la Ley 100 de 1993
establece que, en caso de que no se configure el derecho pensional, se deben
devolver los recursos que componen el subsidio desde la administradora de
pensiones, al referido Fondo; por tanto, los subsidios no pueden hacer parte de
la liquidación de la indemnización sustitutiva, toda vez que el objetivo de
subsidiar las cotizaciones es la obtención de la prestación de vejez (o
eventualmente la de invalidez), más no financiar otras prestaciones accesorias.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
12. El 17 de septiembre de 2024 se declaró no probada la excepción de ineptitud de
la demanda por la falta de requisitos formales propuesta por Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Por auto del 11 de octubre del mismo año, se
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo
182A del CPACA, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189
ibidem, se decretaron las pruebas y se fijó el correspondiente litigio y en el mismo
auto se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
13. La parte demandante7, los Ministerios de Salud y Protección Social8, de
Justicia y del Derecho9, de Hacienda10, y del Trabajo11, reiteraron las razones
expuestas en la demanda y sus contestaciones.
14. El Ministerio Público no rindió concepto.
15. Se resolverá previas las siguientes,
4 Índice 22 ibid.
5 Índice 23 ibid.
6 Índice 24 ibid.
7 Índice 64 ibid.
8 Índice 63 ibid.
9 Índice 65 ibid.
10 Índice 66 ibid.
11 Índice 67 ibid.
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CONSIDERACIONES
16. Previo al pronunciamiento de fondo, se hace necesario realizar el análisis
respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por los
Ministerios de Salud y Protección Social y de Justicia y del Derecho.
17. Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de
proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser
sujetos procesales con interés, por activa, en el caso de la parte demandante, o
pasiva, en el de la demandada, en la relación jurídico sustancial que se ventila
en el proceso. Se ha explicado que la legitimación en la causa se puede abordar
desde dos perspectivas12:
18. a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa; y b) material. Se predica de la efectiva titularidad del
derecho reclamado (por activa) y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la
obligación, es decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga
avante y que sea quien deba responder por las resultas del proceso.
19. Ahora, cuando se trata del medio de control de nulidad, esta corporación 13 ha
sostenido que la autoría del acto es el primer parámetro para determinar la parte
pasiva, de suerte que, al participar el Ministerio de Salud y Protección Social en
la expedición el acto enjuiciado se encuentra legitimado por pasiva en el
presente asunto. No prospera la excepción.
20. No ocurre lo mismo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual, no
participó en la expedición de la norma demandada, ni tuvo injerencia en la
formación de aquella, y tampoco tiene interés en las resultas del proceso.
21. En el presente asunto, habrá de determinarse si en el presente caso se configuró
el fenómeno de cosa juzgada.
Cosa juzgada
22. El artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que niegue la nulidad de un
acto administrativo «producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación
con la causa petendi juzgada», situación que impide reabrir el debate sobre la
legalidad del mismo acto por unos motivos o causas iguales a aquellos que
dieron lugar a la sentencia previa.
12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En: Sección Primera. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2008-00576-01. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Auto del 16 de septiembre de 2015. Exp. 11001-03-27-000-2015-00044-
00(21848). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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23. Esta corporación14 ha señalado que para la configuración de la cosa juzgada en
procesos de nulidad deben concurrir dos premisas: i) identidad de objeto15, e ii)
la identidad de causa16.
24. La identidad de objeto se refiere a que la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica17. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no fueron declarados expresamente.
25. La identidad de causa petendi, tiene que ver con que la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos
como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa
juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa18.
26. En relación con la identidad de parte demandante, la jurisprudencia del Consejo
de Estado19 ha sostenido que no aplica en procesos de naturaleza pública, como
ocurre con la nulidad, pues este mecanismo de control fue establecido con el fin
de servir de instrumento para velar por la defensa y el respeto del ordenamiento
jurídico, el principio de jerarquía normativa, y de legalidad, por lo que puede ser
ejercido en cualquier tiempo y por cualquier persona.
Resolución al caso concreto
27. En el presente caso se demanda el numeral 2 del artículo 27 del Decreto 3771
de 2007, compilado en el artículo 2.2.14.1.27 del Decreto 1833 de 2016. La
legalidad de este fue analizada por esta Sección, en sentencia del 19 de junio
de 2025. En este sentido, existe identidad de objeto. Además, existe identidad
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de abril de 2025. Exp. 11001 0324 000 2016 00539
00. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
15 El cual se encuentra comprendido “[…] tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la
administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte
resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum”. (Corte Constitucional. Sentencia T – 162 de 1998)
16 La jurisprudencia ha señalado que «la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta
hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa
petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro
lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los
hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación.
En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los
cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica». (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, radicado: 52001-23-31-000-2010-00514-01 (51279). C.P. Guillermo Sánchez
Luque).
17 Cita de cita. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024. Exp.
63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18 Ibid.
19 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de abril de 2025. Exp. 11001 0324 000 2016 00539
00. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00758-00 (4348-2021)
en la parte demandada, esto es, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público,
y de Salud y Protección Social.
28. Igualmente, se presenta identidad de causa petendi, pues el concepto de
violación de las normas expuesto en este y en el expediente objeto de
comparación, resultan iguales en lo que tienen que ver con la ausencia de
inclusión del subsidio del Estado otorgado a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, cuando se reclama la indemnización sustitutiva de pensión de vejez.
29. Así, en el proceso con radicado 11001032500020170018900 (1157-2017), se
expusieron, entre otros, lo siguientes cargos de nulidad:
«En criterio de la parte actora, la norma demandada vulnera el artículo 48 de la
Constitución Política, porque obliga al afiliado que está en situación de
inferioridad a renunciar al subsidio del Estado otorgado a través del Fondo de
Solidaridad Pensional, cuando reclama la indemnización sustitutiva de pensión
de vejez, sin ningún tipo de fundamentación.
Expuso que, la norma objeto de censura va en contravía del principio de
irrenunciabilidad del sistema de seguridad social “al establecer requisitos
objetivos no establecidos en la Norma y que trasgreden inclusive los cimientos
y bastiones propios de nuestro Estado Social de Derecho, cual es lograr el
principio de solidaridad, universalidad e igualdad material de los derechos de
los asociados, presentándose así causal para la invalidez de la norma hoy
denunciada como inconstitucional”.
[…]
Para el demandante, la norma enjuiciada vulnera el principio de igualdad
material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, puesto que
desconoce que el afiliado que no está en condiciones de acceder a una pensión
de vejez, se encuentra en una situación de desprotección mayor, ya que no
tiene a su favor una remuneración mensual y se ve expuesto a recibir por una
sola vez una devolución de sus propios aportes, sin contar con el subsidio del
Estado».
30. La Sala consideró que los anteriores cargos de nulidad no se encontraban
configurados, por las siguientes razones:
«En criterio de la parte actora, la norma demandada vulnera el artículo 48 de la
Constitución Política, porque obliga al afiliado que está en situación de
inferioridad a renunciar al subsidio del Estado otorgado a través del Fondo de
Solidaridad Pensional, cuando reclama la indemnización sustitutiva de pensión
de vejez, sin ningún tipo de fundamentación.
Para la Sala, el cargo expuesto por el demandante, no está llamado a prosperar,
por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, la Sala pone de presente,
como así se indicó en el apartado 2.4 de esta providencia que la indemnización
sustitutiva, forma parte del sistema de seguridad social, como una prestación
que sirve para proteger a los afiliados que aunque cumplen la edad para
pensionarse, no cuentan con las cotizaciones para acceder a la pensión, y se
encuentra en imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
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En tal sentido, la norma enjuiciada, no está como lo afirma el libelista,
imponiendo un mandato de renunciar al derecho a la seguridad social, contrario
a ello, da alcance a la forma en cómo se sufraga dicha prestación según las
voces del mismo legislador plasmadas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993,
en el que se indica que su valor se reconocerá en el equivalente “a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
Como puede verse, la indemnización sustitutiva se sufraga con las cotizaciones
propias que haya realizado el afiliado y que reposen en su cuenta personal. De
allí, que el gobierno nacional en uso de la facultad reglamentaria no impuso una
obligación de renunciar al sistema de seguridad social, como se acusa en el
presente caso, en tanto el derecho de acceder a las prestaciones de la
seguridad social en pensión tienen sustento en el carácter participativo del
afiliado al sistema.
En segundo lugar, la Sala reitera que la indemnización sustitutiva, como lo ha
indicado la jurisprudencia constitucional20, es un derecho suplementario, y su
finalidad es “recibir una compensación en dinero por cada una de las semanas
cotizadas al sistema de seguridad social y que tiene como finalidad hacer
efectivo el mandato constitucional que impone al Estado el deber de garantizar
a todas las personas el derecho a la seguridad social Art. 10 de la Ley 100 de
1993”.
[…]
Así las cosas, se infiere de la jurisprudencia constitucional que, el subsidio del
FSP, no solo es específico para cubrir la seguridad social en pensión, sino
además de ello, conlleva que el afiliado cumpla su deber de pagar la proporción
que le corresponde, así también que el valor del subsidio se debe devolver al
fondo cuando el afiliado no cumple los requisitos para acceder a la pensión de
vejez.
En este orden, teniendo en cuenta que la finalidad del subsidio que tiene origen
en el Fondo de Solidaridad Pensional es uno específico, consistente en servir
de aporte para acceder al derecho a la pensión de vejez, no es pertinente
afirmar que el afiliado debe renunciar a el, cuando se hace acreedor de la
indemnización sustitutiva, puesto que en tal evento, no opera una renuncia, sino
el incumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, es en razón de
ello que, el subsidio pierde su objeto y materialidad.
Se infiere entonces que, la noma enjuiciada no impone restricción alguna al
derecho de acceder al sistema de la seguridad social, y en esos términos, el
cargo no está llamado a prosperar».
31. Así, los motivos de inconformidad que expuso la parte actora en el presente
asunto fueron estudiados en el expediente 1157-2017. En efecto, la Sala explicó
con suficiencia las razones por las cuales cuando se genera el derecho a la
indemnización sustitutiva, al momento de liquidarla, no se tiene en cuenta el
subsidio otorgado por el Fondo de Solidaridad Pensional.
20 Sentencia T-385 de 2012. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
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32. Si bien en el proceso con radicado interno 1157-2017 la corporación no ahondó
en razonamientos frente a la vulneración a los principios de buena fe y confianza
legítima, a los cuales se refirieron los aquí demandantes; lo cierto es que no es
necesario hacer un pronunciamiento adicional al respecto, pues los interesados
no expusieron razones diferentes a las antes analizadas. De manera que los
cargos de nulidad presentados en este asunto fueron debidamente estudiados
en la sentencia que puso fin al proceso 1157-2017.
33. En este sentido, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia del 19 de junio de
2025, proferida en el expediente (1157-2017), en la medida en que aquella se
abordó el estudio de todos los cargos expuestos en el presente asunto.
Condena en costas
34. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando
la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en
favor de un sujeto determinado.
35. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la
general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente
de fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
contra los actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto
al decidir la medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. No así en relación con
el Ministerio de Salud y Protección Social, según las consideraciones expuestas.
Segundo. DECLARAR probada, de oficio, la cosa juzgada respecto del artículo 27
(numeral 2) del Decreto 3771 de 2007, en atención a lo expuesto en la parte motiva
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00758-00 (4348-2021)
de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 19
de junio de 2025, proferida el Consejo de Estado, dentro del proceso
11001032500020170018900(1157-2017), que negó las pretensiones de la
demanda.
Tercero. SIN CONDENA en costas.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada Leidy Katherine Gómez Buitrago
identificada con cédula de ciudadanía 1.013.615.989 y portadora de la tarjeta
profesional 259.073 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según poder a ella conferido (índice 66
Samai).
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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