Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00511-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2016-00511-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00511-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2016-00511-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2023)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Requisitos para la configuración
de la cosa juzgada
Decisión: Se confirma la sentencia apelada toda vez que entre el asunto de la
referencia y el proceso 50001 33 31 004 2012 00200 00/01 existe
identidad de partes, causa y objeto.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 9 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante ejerció el medio de control de la referencia con miras a que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 056338 del 30 de diciembre de 2015 y RDP
011694 del 14 de marzo de 2016, a través de las cuales la UGPP le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a que le reconozca dicha pensión a partir del 22 de febrero de 2004,
aplicando el 75 % del promedio percibido por concepto de salarios y demás factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional, con inclusión del sueldo básico, prima de vacaciones y prima de navidad.
Asimismo, requirió el pago de la indexación de las sumas reconocidas y los intereses
causados a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, tal como lo establece el
artículo 192 del CPACA. Por último, que se condene en costas a la demandada.
3. Como fundamento de sus pretensiones reseñó que laboró al servicio del Estado
en calidad de docente nacionalizado por más de 20 años, así: desde el 12 de agosto de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
1974 hasta el 25 de abril de 1989 en la Alcaldía Mayor de Bogotá y del 10 de marzo de
1994 al 28 de febrero de 2008 para la Gobernación del Meta. Asimismo, afirmó que
cumplió 50 años de vida el 22 de febrero de 2004.
5. Debido a lo anterior, el 20 de agosto de 2015 solicitó por escrito a la demandada
el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta fue negada a través de los
actos administrativos acusados bajo el argumento de que sus vinculaciones se dieron
como docente del orden nacional.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
argumentando que el actor no acreditó haber prestado 20 años de servicio en la docencia
oficial del orden departamental, municipal o distrital. Igualmente, señaló que no resulta
procedente contabilizar el tiempo laborado entre el 12 de agosto de 1974 y el 26 de abril
de 1989, por corresponder a un vínculo de carácter nacional.
7. En su defensa, propuso como excepciones de fondo las denominadas: «ausencia
de vicios en el acto administrativo acusado», «inexistencia de la obligación de reconocer
la pensión», «prescripción» y «cobro de lo no debido».
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 9 de marzo de 2023, declaró
probada de oficio la excepción de cosa juzgada y condenó en costas a la parte
demandante considerando que existía identidad de partes, causa y objeto entre el
presente asunto y lo resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 50001 33 31 004 2012 00200 01.
9. Señaló que, aunque los actos administrativos cuestionados no coinciden
exactamente en ambos procesos, ello obedece a que el actor buscó nuevamente un
pronunciamiento sobre la misma cuestión: el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Además, advirtió que los periodos de tiempo discutidos en ambas causas son los mismos.
10. Precisó que resultaba procedente la condena en costas ya que las pretensiones
fueron desestimadas y el apoderado de la entidad participó activamente en el proceso
contestando la demanda, asistiendo a la audiencia inicial y presentando alegatos de
conclusión.
Recurso de apelación
11. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia solicitando su revocatoria. Como sustento, invocó lo previsto en el artículo 189
del CPACA, en relación con los efectos de las providencias que niegan la nulidad de un
acto administrativo.
2
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
12. Alegó que en este caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada pues no
concurre la identidad de causa petendi, toda vez que en la sentencia del 31 de marzo de
2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio
dentro del proceso 2012-00200, se analizaron las Resoluciones PAP 001503 del 22 de
octubre de 2009 y PAP 010847 del 30 de agosto de 2010, expedidas por la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal).
13. En cambio, el presente proceso busca la nulidad de las Resoluciones 056338 del
30 de diciembre de 2015 y RDP 011694 del 14 de marzo de 2016, es decir, con actos
administrativos, pruebas, fundamentos jurídicos y elementos de juicio diferentes a los del
proceso anterior.
14. Sostuvo, además, que tampoco existe identidad de partes ya que en el litigio
previamente resuelto la demanda se dirigió contra Cajanal —entidad hoy liquidada—,
mientras que en este proceso la parte demandada es la UGPP. Destacó que los actos
cuestionados fueron expedidos por personas jurídicas distintas, lo que impediría
configurar dicho requisito.
15. Adicionalmente, citó y transcribió apartes relevantes del salvamento de voto
emitido por uno de los magistrados que integró la Sala que profirió la sentencia apelada,
señalando que en este proceso concurren nuevos elementos fácticos que ameritan un
examen de fondo a la luz de los principios pro homine y pro actione.
16. Por último, luego de citar el fundamento jurídico y jurisprudencial de las costas
procesales, subsidiariamente solicitó revocar dicha imposición bajo el argumento de que
no actuó de forma temeraria ya que solo persigue que en justicia se otorgue un derecho
imprescriptible, irrenunciable e inconciliable.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 28 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación.
Asimismo, se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse en torno a la alzada y se indicó que el Ministerio Público
tenía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para emitir el concepto.
18. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio Público1 formuló concepto solicitando
confirmar el fallo de primera instancia, al considerar que en el presente asunto se
configuran todos los elementos propios del fenómeno de cosa juzgada. Aunque el
accionante sostiene que los actos impugnados en cada proceso son distintos, lo cierto es
que en ambos casos las resoluciones cuestionadas negaron el reconocimiento de la
pensión gracia con fundamentos coincidentes.
19. La entidad demandada se abstuvo de emitir pronunciamiento en esta etapa.
1 Índice 11 de SAMAI del Consejo de Estado.
3
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
21. De acuerdo con los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procede a determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia emitida del
9 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta, bajo los presupuestos de que
en este caso existe cosa juzgada con lo resuelto en el proceso 50001 33 31 004 2012
00200 01, comoquiera que hay identidad de causa, objeto y partes.
22. De igual modo, se analizará si hay lugar a revocar la condena en costas impuesta
por el tribunal de primera instancia, tomando en cuenta el argumento de la accionante
según el cual no actuó de forma temeraria en el proceso.
Análisis del problema jurídico
23. El fenómeno de cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad
de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la inviabilidad
de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya ha sido analizada
y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista
formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez para conocer y emitir un
pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente resuelto.
24. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en el
cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales
contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
25. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas manifestaciones o
estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al respecto, el artículo 303 del
CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
4
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]
26. A su turno, esta Sección2 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente
se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]
27. En este asunto, la discusión central consiste en determinar si se configura el
fenómeno de la cosa juzgada entre el caso en examen y lo decidido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta dentro del
expediente 50001 33 31 004 2012 00200 00/01. Para tal fin, resulta pertinente elaborar
un cuadro comparativo de ambos medios de control que permita establecer la existencia
—o no— de identidad en la causa, el objeto y las partes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 303 del CGP.
Radicado 50001 33 31 004 2012 00200 00/01 50001 23 33 000 2016 00511 01
(Proceso anterior) (Proceso actual)
Partes Demandante: Henry Cepeda Baquero Demandante: Henry Cepeda Baquero
Demandada: Cajanal EICE y/o UGPP Demandada: UGPP
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de julio
de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
5
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
Solicitó que se declare la nulidad Solicitó que se declare la nulidad absoluta
absoluta de las Resoluciones PAP de las Resoluciones RDP 056338 del 30
001503 del 22 de octubre de 2009 y PAP de diciembre de 2015 y RDP 011694 del
010847 del 30 de agosto de 2010, 14 de marzo de 2016, expedidas por la
expedidas por la extinta Caja Nacional de Unidad de Gestión Pensional y
Previsión Social –Cajanal–, mediante las Parafiscales –UGPP–, mediante las
Objeto cuales se le negó el reconocimiento y cuales se le negó el reconocimiento y pago
(Pretensiones) pago de la pensión gracia. de la pensión gracia. Como consecuencia de lo anterior, pidió En consecuencia, requirió que se condene
que se condene a dicha entidad a a la UGPP a reconocer y pagar dicha
reconocer, liquidar y pagar esa prestación a partir del 22 de febrero de
prestación desde el 22 de febrero de 2004, equivalente al 75 % del promedio de
2004, calculada en un 75 % del promedio los salarios y demás factores salariales
de lo percibido por concepto de salarios percibidos durante el año anterior a la
y demás factores salariales durante el adquisición de la condición de jubilado,
último año de servicios, incluyendo la incluyendo el sueldo básico y las primas de
asignación básica, la prima de vacaciones y de navidad.
vacaciones y la prima de navidad, con los De igual forma, solicitó que se ordene a la
reajustes legales correspondientes, entidad el cumplimiento de la sentencia y
conforme a la jurisprudencia vigente. el reconocimiento de los intereses
De igual manera, solicitó que sobre el moratorios a partir de su ejecutoria,
valor de la pensión se apliquen los conforme a lo dispuesto en el artículo 192
incrementos previstos en la Ley 71 de del CPACA. 1988. Asimismo, requirió la indexación Pidió también la indexación de las
de la primera mesada, en los términos de mesadas pensionales adeudadas,
la sentencia C-862 de la Corte calculada con base en la variación del
Constitucional, así como la actualización Índice de Precios al Consumidor
de las mesadas pensionales adeudadas certificado por el DANE.
con base en la variación del IPC Finalmente, requirió la condena en costas
certificada por el DANE. y agencias en derecho a cargo de la parte
Finalmente, pidió que se condene a la demandada.
entidad al pago de costas y agencias en
derecho. Según lo reseñado por el Juzgado En la demanda se indicó que el actor nació
Segundo Administrativo de el 22 de febrero de 1954, cumpliendo 50
Descongestión de Villavicencio, dentro años de edad el 22 de febrero de 2004.
del proceso se precisó que el Se expuso, además, que prestó servicios
demandante nació el 22 de febrero de como docente por un lapso superior a 20
1954, por lo que alcanzó la edad de 50 años, distribuidos así:
años el 22 de febrero de 2004. i) del 12 de agosto de 1974 al 25 de abril
En relación con su trayectoria laboral, se de 1989, vinculado a la Alcaldía Mayor de
señaló que ejerció funciones docentes en Bogotá mediante el Decreto 0990 del 12
Causa dos periodos: de agosto de 1974, y
(Hechos) i) del 12 de agosto de 1974 al 25 de abril ii) del 10 de marzo de 1994 al 28 de febrero
de 1989, vinculado a la Secretaría de de 2008, para un total de 31 años, 8 meses
Educación de Bogotá en virtud del y 1 día de servicio. Decreto 990 del 31 de julio de 1974; y Como disposiciones presuntamente
ii) del 10 de marzo de 1994 al 22 de julio vulneradas, señaló los artículos 25, 53, 58
de 2008, al servicio del departamento del y 150 (numeral 1) de la Constitución
Meta, en virtud del nombramiento Política; los artículos 1° y 3° de la Ley 114
efectuado mediante Decreto 0304 del 28 de 1913; los artículos 25 y 27 del Código
de febrero de 1994 expedido por el Civil; así como las Leyes 4ª de 1992, 60 de
gobernador de dicha entidad territorial. 1993 y 115 de 1994.
En total, estos periodos suman 28 años, Igualmente, manifestó que, aunque en una
5 meses y 1 día de servicio. oportunidad anterior acudió a la
Como disposiciones presuntamente jurisdicción contencioso administrativa
6
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
vulneradas, el actor citó los artículos 25, para reclamar el reconocimiento de la
53, 58 y 150 de la Constitución Política; pensión gracia, tanto el Juzgado Segundo
los artículos 1° y 3° de la Ley 114 de Administrativo de Villavicencio como el
1913; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; Tribunal Administrativo del Meta negaron
los artículos 25 y 27 del Código Civil; así sus pretensiones, bajo el argumento de
como las Leyes 4ª de 1992, 60 de 1993 que el tiempo laborado correspondía a
y 115 de 1994. servicios de carácter nacional. Sin
embargo, en el expediente obran actos de
nombramiento y posesión que, a su juicio,
demuestran que dichos periodos se
desempeñaron como educador del orden
nacionalizado.
28. De lo expuesto se desprende que el demandante ya había acudido previamente a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con radicado 50001 33 31 004 2012 00200
00/01. En dicho proceso, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Villavicencio profirió sentencia de primera instancia el 31 de marzo de 2014,
reconociendo a la UGPP como sucesora procesal de la extinta Cajanal y negando las
pretensiones de la demanda.
29. El fundamento principal de la decisión fue que, si bien estaba acreditado que el
actor contaba con más de 50 años de edad y había laborado como docente nacionalizado
al servicio del departamento de Cundinamarca desde el 12 de agosto de 1974 hasta el
25 de abril de 1989 (13 años, 6 meses y 4 días), el tiempo servido a partir del 10 de marzo
de 1994 no podía computarse para el reconocimiento de la pensión gracia, al
corresponder a un vínculo del orden nacional. En consecuencia, se concluyó que no se
cumplía el requisito legal de haber ejercido por un mínimo de 20 años, continuos o
discontinuos, como docente territorial o nacionalizado.
30. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Meta mediante providencia del 25 de noviembre de 2014,
confirmando el fallo de primera instancia. El Tribunal consideró que, aunque el
nombramiento del actor a partir del 10 de marzo de 1994 se efectuó mediante el Decreto
304 del 28 de febrero de 1994, expedido por el gobernador del Meta y el secretario de
educación, dicho periodo correspondía a un cargo de carácter nacional por cuanto los
servicios fueron prestados en el Colegio Normal Nacional de Villavicencio. Por lo tanto,
no resultaba procedente contabilizar ese tiempo para acceder a la pensión gracia.
31. En síntesis, al margen de las consideraciones puntuales adoptadas por las
autoridades judiciales en ese proceso, el Tribunal concluyó que el demandante no
cumplía con el requisito de haber laborado durante al menos 20 años como docente
territorial o nacionalizado.
32. En la demanda que dio origen al presente proceso, el apoderado del actor
reconoce la existencia del fallo anterior y que la negativa de las pretensiones obedeció a
que tanto el Juzgado como el Tribunal estimaron que el vínculo laboral a partir de 1994
era de carácter nacional, pese a que en el expediente obraban pruebas que, según la
7
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
parte actora, acreditaban su condición de docente nacionalizado, toda vez que los actos
de nombramiento y posesión fueron expedidos por autoridades del orden distrital y
departamental.
33. Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada, toda
vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente existe identidad de partes.
Si bien la demanda inicial se dirigió contra la extinta Cajanal, en la sentencia del 31 de
marzo de 2014 el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio
reconoció expresamente a la UGPP como sucesora procesal de dicha entidad, en los
términos previstos por el Decreto 4269 de 2011.
34. Además, comparten idéntico objeto, pues si bien existen diferencias en cuanto a
la redacción de las pretensiones, en su esencia estas son iguales ya que el derecho en
tensión para cada litigio es el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114
de 1913, al margen de que se hayan demandado resoluciones diferentes3.
35. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que en ambos procesos el debate
gira en torno al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia, a saber:
haber cumplido 50 años de edad, acreditar buena conducta, haber estado vinculado
como docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
contar con al menos 20 años de servicio en dicha condición.
36. En lo relativo al tiempo de servicio, en uno y otro proceso se invocaron idénticos
periodos laborados: del 12 de agosto de 1974 al 25 de abril de 1989 en la Secretaría de
Educación de Bogotá, en virtud del Decreto 990 del 31 de julio de 1974; y del 10 de marzo
de 1994 al 22 de julio de 2008 en el departamento del Meta, por nombramiento efectuado
mediante el Decreto 304 del 28 de febrero de 1994, expedido por el gobernador del ente
territorial.
37. Los argumentos que sustentan esta nueva demanda se centran en la afirmación
de que los servicios prestados a partir del 10 de marzo de 1994 para el departamento del
Meta constituyeron un vínculo de carácter nacionalizado. Esto se debe a que los actos
de nombramiento y posesión fueron firmados por el gobernador y el secretario de
educación departamental. Además, se sostiene que en el primer litigio no se valoraron
adecuadamente las pruebas que acreditaban esta situación, lo que llevó a clasificar dicho
periodo como de carácter nacional. Sin embargo, la invocación de explicaciones más
sólidas o el cuestionamiento de la valoración de las pruebas no son argumentos
suficientes para desestimar la configuración de la cosa juzgada.
38. Finalmente, el apelante solicitó la aplicación del inciso primero del artículo 189 del
CPACA, que establece: «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi
juzgada».
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado 63001 33 33
004 2019 00399 01 (0966-2022).
8
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
39. Empero, esta disposición no es pertinente para el caso concreto habida cuenta
que se refiere a los efectos de la sentencia dentro del medio de control de nulidad
(contencioso objetivo), mientras que el presente asunto se enmarca en el ámbito de la
nulidad y restablecimiento del derecho (contencioso subjetivo).
40. En conclusión, tal como se ha expuesto anteriormente, en el presente asunto es
evidente que existe identidad de partes, objeto y causa con el proceso primigenio con
radicado 50001 33 31 004 2012 00200 00 01, lo que lleva a confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
Condena en costas en primera instancia
41. La parte actora solicitó la revocatoria de la condena en costas que el Tribunal le
impuso en primera instancia, precisando que en el asunto de la referencia no ha actuado
temerariamente.
42. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. Con base en los argumentos expuestos y comoquiera que en la sentencia apelada
se condenó en costas a la demandante en virtud de la causal prevista en el numeral 1.°
del artículo 365 del CGP porque sus pretensiones fueron negadas en su totalidad, no hay
lugar a revocar dicha decisión, en tanto que estuvo ajustada a los razonamientos
explicados en los párrafos anteriores.
Condena en costas en segunda instancia
46. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la parte actora, por cuanto se niegan totalmente las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
9
Radicación: 50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2016)
Demandante: Henry Cepeda Baquero
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del 9 de marzo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se declaró probada de oficio la
excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.