Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2017-00353-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada
Decisión: Se confirma la sentencia apelada toda vez que entre el asunto de la
referencia y el proceso 70001 33 31 003 2002 01410 00/01 existe
identidad de partes, causa y objeto.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La accionante ejerció el medio de control de la referencia con miras a que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 028926 del 19 de julio, RDP 035116 del 11
de septiembre y RDP 036449 del 21 de septiembre de 2017, a través de las cuales la
entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió
los recursos de reposición y apelación, respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer la pensión a partir del 9 de julio de 2000 —fecha en la cual se
adquirió el estatus pensional— con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a la consolidación del derecho. Además, requirió que
se ordene el pago de la indexación y el reconocimiento de los intereses que
correspondan, así como la condena en costas.
3. La demandante fundamentó sus pretensiones al reseñar que fue nombrada por el
gobernador del departamento de Sucre en la Escuela Anexa a la Normal de Sincelejo
mediante el Decreto 1017 del 15 de diciembre de 1971, desempeñándose desde el 28
de enero de 1972 hasta el 23 de agosto de 2015. Además, a través de la Resolución
1
Folios 1 a 14.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
9769 del 18 de septiembre de 1973, el Ministerio de Educación Nacional la designó para
ejercer funciones de maestra consejera a partir del 1° de septiembre de 1973, sin que
esto afectara su primer nombramiento ya que continuó en el mismo cargo hasta su retiro
definitivo.
4. Mencionó que, como consecuencia de la reestructuración de las escuelas
normales ordenada por la Ley 115 de 1994, se le eliminó el sobresueldo correspondiente
a su función como maestra consejera para la cual había sido nombrada mediante la
Resolución 9767 del 18 de septiembre de 1973, manteniendo siempre su primer
nombramiento.
5. Afirmó que en el 2001 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la
cual fue resuelta de manera negativa mediante la Resolución 24812 del 24 de octubre de
2001, confirmada posteriormente a través de la Resolución 3163 del 5 de junio de 2003.
Indicó que previamente presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objetivo de obtener el reconocimiento de dicha prestación, advirtiendo que los
hechos y pretensiones en aquella demanda difieren de los expuestos en el presente
proceso.
6. Finalmente, relató que el 5 de abril de 2017 volvió a solicitar el reconocimiento de
la pensión gracia; sin embargo, esta fue negada a través de los actos administrativos
impugnados con el argumento de que el tiempo de servicio prestado fue bajo
nombramiento del orden nacional
Contestación de la demanda2
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que los tiempos de servicio prestados a partir del 1° de octubre de 1973
corresponden a un nombramiento emitido por el Ministerio de Educación Nacional, lo que
le confiere a la actora la condición de docente nacional.
8. Se indicó que la actora carece de legitimidad legal para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia dado que continúa prestando sus servicios bajo un nombramiento
realizado por el Ministerio de Educación Nacional y no acredita los 20 años de servicio
como docente oficial con vinculación de carácter nacionalizada, departamental, municipal
o distrital.
9. Adicionalmente, se advirtió que concurren los elementos necesarios para que se
configure el fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada ya que la demandante había
acudido anteriormente ante la jurisdicción en busca del derecho a la pensión gracia que
reclama en este proceso.
10. Se propuso como excepción la cosa juzgada en razón a que de los hechos de la
demanda se establece la existencia de un pronunciamiento judicial previo que resolvió
2
Folios 93 a 99.
2
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
de fondo la situación que se pretende decidir en este proceso, existiendo entonces
identidad de partes, objeto y causa. Asimismo, se plantearon las excepciones tituladas
como «inexistencia de la obligación demandada por no reunir los requisitos legales» y
«buena fe».
Sentencia apelada3
11. El Tribunal Administrativo de Sucre emitió sentencia el 16 de diciembre de 2019,
en la que declaró probada la excepción de cosa juzgada presentada por la entidad
demandada y condenó en costas a la parte demandante. Esta decisión se fundamentó
en que, respecto a los hechos y las pretensiones planteadas ya existía un
pronunciamiento judicial desfavorable previo en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho donde las partes y el asunto eran idénticos.
12. En este contexto, se indicó que mediante sentencia del 19 de agosto de 2011 el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo rechazó las pretensiones de la
demanda al considerar que el tiempo durante el cual la actora se desempeñó como
docente del orden territorial no alcanzaba los 20 años de servicio requeridos por la Ley
114 de 1913. Dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre
en fallo del 11 de octubre de 2012.
13. Al respecto, el a quo advirtió que se observan las mismas partes y pretensiones
orientadas al reconocimiento de la pensión gracia a partir del 9 de julio de 2000.
Asimismo, existe identidad de hechos pues están relacionados con el período de servicio
prestado por la actora como docente. Se subrayó que la vinculación acreditada por la
demandante correspondía al orden nacional en el mismo período mencionado en el
proceso anterior.
14. Se destacó que en ambos pronunciamientos la actora no logró demostrar que
hubiera cumplido con los 20 años de servicio como docente territorial y que la
presentación de nuevas pruebas no genera una situación diferente que justifique un
nuevo pronunciamiento dado que la discusión se centra en el mismo tiempo de servicios.
Recurso de apelación4
15. La demandante presentó un recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia solicitando su revocación. Invocó la consideración de una nueva prueba que
resulta crucial para determinar la verdadera situación de la docente, con el objetivo de
garantizar la efectividad de su derecho pensional.
16. Argumentó su inconformidad basándose en la existencia de una prueba posterior
allegada al presente proceso, relacionada con el acto de retiro del servicio a través del
Decreto 45 del 23 de agosto de 2015 expedido por el gobernador del departamento de
Sucre, en el que se establece que prestó sus servicios sin interrupción desde el 28 de
3
Folios 212 a 221.
4
Folios 224 a 226.
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
enero de 1972 hasta el 23 de agosto de 2012. Según la recurrente, esto demuestra que
nunca perdió su calidad de docente del orden territorial a pesar de que su nombramiento
inicial fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que no afectó
su primera designación.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 29 de julio de 2021 se admitió el recurso de apelación y el 21
de octubre de 2021 se corrió traslado a las partes, por el término de 10 días, para que
presentaran sus alegatos de conclusión. Asimismo, vencido dicho plazo, se ordenó poner
a disposición del Ministerio Público el expediente para que emitiera el correspondiente
concepto.
18. En esta etapa, la parte demandada5 reiteró los argumentos relacionados con el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada y la vinculación nacional de la demandante. Por su
parte, la actora6 insistió en los motivos de inconformidad enunciados en el recurso de
apelación.
19. El Ministerio Público7 conceptuó que se debe confirmar el fallo de primera instancia
habida cuenta que existe identidad con el proceso identificado como
70001333100320020141001, lo que configura el fenómeno jurídico de la cosa juzgada.
Además, arguyó que no se cumplieron los requisitos indispensables para el
reconocimiento de la prestación ya que la actora no demostró haber ejercido funciones
como docente durante 20 años en el nivel territorial o, en su defecto, haber sido
nacionalizada, tal como lo estipula la Ley 114 de 1913.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
21. En atención a los reparos contenidos en el recurso de apelación, la Sala evaluará
si se debe revocar la sentencia de primera instancia. Para ello, se analizará si en este
5
Índice 15 de SAMAI del Consejo de Estado, archivo
10_700012333000201700353012MemorialWeb20211122191217.
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Índice 14 de SAMAI del Consejo de Estado, archivo
10_700012333000201700353011RECIBEMEMORIAL20211113123017.
7
Índice 17 de SAMAI del Consejo de Estado, archivo
13_700012333000201700353011RECIBEMEMORIAL20211206211241.
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
caso se presenta o no la figura de la cosa juzgada en relación con lo resuelto en el
proceso 70001 33 31 003 2002 01410 01.
22. Este análisis incluirá la verificación de la existencia de identidad en la causa, objeto
y partes conforme a lo establecido en el artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, que es
aplicable a esta jurisdicción por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de
2011.
Análisis del problema jurídico
23. El fenómeno de la cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad
de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la inviabilidad
de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya ha sido analizada
y juzgada sino que también controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista
formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez para conocer y emitir un
pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente resuelto.
24. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en el cual lo
que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición permanente
de sus controversias a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias
en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
25. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas manifestaciones o
estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al respecto, el artículo 303 del
CGP regula esta figura de la siguiente forma:
«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»
26. A su turno, esta Sección8 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son:
i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos
elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material
o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas
o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre
aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo. […].»
27. En este asunto, la discusión central consiste en determinar si se configura el
fenómeno de la cosa juzgada entre el caso en examen y lo decidido por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre
dentro del expediente 70001 33 31 003 2002 01410 00 01. Para tal fin, resulta pertinente
elaborar un cuadro comparativo de ambos medios de control que permita establecer la
existencia —o no— de identidad en la causa, el objeto y las partes, conforme a lo
dispuesto en el artículo 303 del CGP.
Radicado 70001 33 31 003 2002 01410 70001 23 33 000 2017 00353 01
00/01 (Proceso actual)
(Proceso anterior)
Partes Demandante: Rosa Martínez Demandante: Rosa Martínez
Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP Demandada: UGPP
Solicitó que se declare la nulidad Solicitó que se declare la nulidad de
absoluta de la Resolución 024812 las Resoluciones RDP 028926 del 19
del 31 de octubre de 2001 expedida de julio de 2017, RDP 035116 del 11
por la UGPP y del acto ficto o de septiembre de 2017 y RDP 036449
presunto surgido ante el silencio de del 21 de septiembre de 2017,
la administración, mediante los expedidas por la UGPP, mediante las
Objeto cuales se le negó el reconocimiento cuales se le negó el reconocimiento y
(Pretensiones) y pago de la pensión gracia. pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, En consecuencia, requirió que se
pidió que se condene a dicha condene a la UGPP a reconocer y
entidad a reconocer y pagar esa pagar dicha prestación a partir del 9 de
prestación desde el 9 de julio de julio de 2000, teniendo en cuenta para
2000, al reconocimiento y pago de su respectiva liquidación, todos los
los reajustes de acuerdo con lo factores salariales devengados
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
estipulado en la Ley 71 de 1998, se durante el último año de consolidación
aplique los ajustes conforme al IPC, del derecho y se ordene el pago de la
al pago de los intereses indexación y los intereses que
comerciales durante los 6 primeros corresponden. Así mismo, al pago de
meses y se condene en costas. las costas y gastos del proceso.
Según lo reseñado por el Juzgado En la demanda se indicó que fue
Tercero Administrativo de Oral de nombrada por el gobernador del
Sincelejo, dentro del proceso se Departamento de Sucre en la Escuela
precisó que la demandante prestó anexa a la Normal de Sincelejo a partir
sus servicios al departamento de del 28 de enero de 1972 hasta la fecha
Sucre en la Escuela Normal de del retiro definitivo del servicio ocurrido
Señoritas de Sincelejo desde el 28 el 23 de agosto de 2015, conforme se
de enero de 1973; sin embargo, a dispuso en la Resolución 345 del 23 de
partir del 1 de octubre de 1973 fue agosto de 2015.
Causa nombrada por la Nación, cargo que Mediante la Resolución 9767 del 18 de
(Hechos) continuaba ejerciendo. Cumplió los septiembre de 1973 fue nombrada por
20 años de servicio como docente, el Ministerio de Educación Nacional, a
el 28 de enero de 1992 y cumplió 50 partir 1 de septiembre de 1973, «sin
años de nacida el 9 de octubre de afectar su primer nombramiento».
2000. Refirió que laboró sin solución de
Mediante solicitud elevadas ante la continuidad desde el 28 de enero de
entidad, pretendió el 1972 hasta el retiro definitivo del
reconocimiento de la pensión servicio – 23 de agosto de 2015 -,
gracia, las cuales fueron decididas «cuyo nombramiento se efectuó por
mediante los actos administrativos parte del Gobernador del
demandados. Departamento de Sucre».
Como disposiciones presuntamente Presentó solicitud de reconocimiento
vulneradas, el actor citó los desde 2001, petición que fue negada
artículos 2, 25 y 58 de la por la Resolución 24812 del 24 de
Constitución Política; los artículos octubre de 2001, confirmada por la
27, 30 y 31 del Código Civil; 4 de la Resolución 3163 del 5 de junio de
Ley 4ª de 1966, 1 a 4 de la Ley 114 2003.
de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 3, Luego, mediante petición del 5 de abril
4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 21 del de 2017, insistió ante la entidad en el
Código Sustantivo del Trabajo; 2 de reconocimiento prestacional, decidida
la Ley 153 de 1887; 4 de la Ley 116 en forma desfavorable mediante los
de 1928 y 60 del C.C.A. actos administrativos acusados.
El demandante acudió ante la
jurisdicción mediante demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho
tendiente a acceder a la pensión
gracia. En aquella oportunidad de
manera equivocada se estableció que
la docente laboró con vinculación del
orden territorial solo en el periodo
comprendido entre el 28 de enero de
1972 al 30 de septiembre de 1973 y a
partir de esta fecha era del orden
nacional.
Como disposiciones presuntamente
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
vulneradas, señaló los artículos 2, 4, 5,
6, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución
Política; 2, 3, 82 y 85 del CPACA; Ley
114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37
de 1933; Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la
Ley 91 de 1989.
28. De lo expuesto se desprende que la demandante ya había acudido previamente a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con radicado 70001 33 31 003 2002 01410
00/01. En dicho proceso, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo
profirió sentencia de primera instancia el 19 de agosto de 20119, que negó las
pretensiones de la demanda al establecer que solamente prestó sus servicios docentes
en el nivel territorial, entre el 28 de enero de 1972 al 30 de septiembre de 1973, tiempo
que resulta insuficiente para acceder a la pensión gracia pretendida toda vez que el
restante lo hizo con vinculación del orden nacional.
29. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Sucre mediante providencia del 11 de octubre de 201210
confirmando la primera instancia dado que no cumplía con el requisito de haber laborado
durante al menos 20 años como docente territorial o nacionalizada.
30. En la demanda que dio origen al presente proceso, la actora reconoce la existencia
del fallo anterior y que la negativa de las pretensiones obedeció a que el Tribunal estimó
que la mayoría del tiempo de servicio era de carácter nacional, pese a que en el
expediente obraban actos de nombramiento expedidos por autoridades departamentales
que, según la parte actora, acreditaban su condición de docente territorial.
31. En este contexto, la Sala encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada
debido a que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente existe identidad de
partes porque en ambos figuran como demandante la señora Rosa Martínez Jiménez
como y demandada la UGPP.
32. Asimismo , comparten idéntico objeto pues si bien existen diferencias en cuanto
a la redacción de las pretensiones, en su esencia estas son iguales ya que el derecho en
tensión para cada litigio es el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114
de 1913, al margen de que se hayan demandado resoluciones diferentes11.
33. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que en ambos procesos el debate
gira en torno al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia,
específicamente, lo correspondiente a estar vinculada como docente territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y contar con al menos 20 años
de servicio en dicha condición.
9
Folios 154 a 158 reverso.
10
Folios 159 a 168.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado
63001 33 33 004 2019 00399 01 (0966-2022).
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Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
34. En lo relativo al tiempo de servicio, en uno y otro proceso se invocaron idénticos
periodos laborados: del 28 de enero de 1972 al 30 de septiembre de 1972 mediante
nombramiento realizado por el gobernador del departamento de Sucre, en virtud del
Decreto 1017 del 15 de diciembre de 197112; y a partir del 1° de octubre de 1973 a
través de nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional por la
Resolución 9767 del 18 de septiembre de 1973; lapsos que corresponden a los mismos
sobre los que ahora se pretende generar un nuevo pronunciamiento.
35. Ahora bien, los argumentos que sustentan esta nueva demanda se centran en la
afirmación de una prueba sobreviniente relacionada con la expedición del Decreto 345
del 23 de julio de 2015, a través del cual la Secretaría de Educación y Cultura del
Municipio de Sincelejo retiró del servicio a la actora por haber cumplido la edad de retiro
forzoso y en la que se registró que fue nombrada por el Decreto 1017 del 15 de diciembre
de 1971, posesionada a partir del 28 de enero de 1972, lo que determina el carácter
territorial de sus servicios.
36. Sin embargo, para esta Subsección13 la invocación de mejores explicaciones, el
cuestionamiento de la valoración probatoria o la presentación de nuevas pruebas no son
argumentos suficientes para desestimar la identidad de causa en torno a la configuración
de la cosa juzgada. Esto se debe a que la identidad de causa se deriva de las mismas
vinculaciones y periodos de servicio que se originan en ambos procesos, los cuales, en
este caso, corresponden a las de los años 1972 y 1973.
37. En conclusión, en el presente asunto es evidente que existe identidad en las
partes, el objeto y la causa con el proceso primigenio con radicado 70001 33 31 003 2002
01410 00/01, lo que lleva a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró
probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
Condena en costas en segunda instancia
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
12
El acta de posesión advierte que los efectos rigen a partir del 1 de septiembre de 1980 dentro de una
plaza de carácter departamental.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2025, radicado
50001 23 33 000 2016 00511 01 (4238-2023) , C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
9
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00353 01 (1661-2021)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
10. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto se niegan en
su totalidad las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2019 emitida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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